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La cruda realidad

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

En Estados Unidos, conocidos analistas como Nouriel Roubini, Felix Salmon o Paul Krugman defienden abiertamente que el Gobierno no debe adquirir los activos de mala calidad, sino quedarse con todo el banco. En España, la posibilidad no se plantea abiertamente (por algo tenemos el sistema financiero más sólido del mundo), pero nuestro Ejecutivo sí que ha lanzado algo más que veladas amenazas a los bancos en caso de que no concedan nuevos créditos. El último fue el vicepresidente económico el pasado domingo desde las páginas de El País: "Los bancos viven de prestar dinero. Si no venden dinero a sus clientes, que es al final la concesión de crédito, mal negocio están haciendo. Por tanto, yo creo que el interés de las instituciones financieras es vender dinero y, por tanto, dar crédito".

La propuesta de nacionalizar la banca (un temor que algunos ya teníamos en abril) surge en última instancia por un error de fondo en la concepción de los planes de rescate. Al margen de la propaganda destinada a justificar lo injustificable (que el Gobierno atracara a los contribuyentes para salvar a los propietarios de unas instituciones quebradas), cuando Solbes y Bush afirmaban que los planes de rescate no iban a costar nada, lo hacían partiendo de una perversa lógica: los bancos están quebrados porque sus activos han caído de precio, si les entregamos carretillas de dinero podrán volver a expandir el crédito y gracias a esta nueva expansión del crédito, los activos volverán a subir de precio, con lo que los bancos dejarán de estar quebrados. Mutandis mutantis era lo mismo que propuso Greenspan en The Economist hace apenas unas semanas.

El problema de esta teoría es doble. Primero, resulta marciano creer que los bancos iban a volver a prestar el dinero que les estaba entrando. Si una institución está quebrada, lo último que hará será prestar el dinero que necesita para sobrevivir. Por el contrario, los bancos están tratando desesperadamente de reestructurar su situación financiera, esto es, incrementar su liquidez y sus fondos propios. En ningún momento, por tanto, podía pasar por sus planes desprenderse del dinero que acababan de adquirir del Gobierno para inmovilizarlo en forma de préstamos que, para más inri, consumen recursos propios.

Y, el segundo es que tampoco convenía que lo hicieran. Uno de los elementos que ha provocado la crisis actual ha sido las burbujas de precios en determinados activos, como la vivienda. A los precios de 2006, a los promotores les resultaba rentable producir 800.000 viviendas anuales. España no necesita 800.000 viviendas nuevas cada año, la actividad productiva tiene que reajustarse y, para ello, los precios tienen que caer (de modo que deje de ser rentable producir nueva vivienda hasta que los stocks invendidos se liquiden). Si los bancos volviesen a conceder masivamente nuevas hipotecas para tratar de reinflar la burbuja, nuestra crisis sólo se prolongaría y agravaría.

En definitiva, no tenía ningún sentido que los ahorros que movilizó el Gobierno mediante las milmillonarias emisiones de deuda pública se destinaran a la adquisición de activos cuyo precio seguía inflado; y todavía tenía menos sentido pensar que ese proceso lo iban a capitanear entidades técnicamente quebradas como los bancos.

Ante el fiasco de la intervención pública, los distintos Gobiernos se están planteando dar un paso más adelante. Al fin y al cabo, los bancos no están reinflando la burbuja, con lo cual siguen perdiendo dinero y vuelven a hacerse necesarias nuevas inyecciones de dinero público sufragadas, en última instancia, por los contribuyentes. Así, la alternativa que se les abre a nuestros burócratas es: si los bancos no se atreven a prestar dinero obliguémoslos a ello, ya que sin saberlo se están suicidando. ¿Cómo? Lo más fácil es quedarse con el banco y dirigirlo como una empresa pública.

El problema es que esta intervención estatal iría en contra de toda lógica de mercado. Consistiría en evitar los imprescindibles ajustes que necesitan nuestras economías (masivas reconversiones industriales y masivas redistribuciones de títulos de propiedad) y en tratar de volver a inflar, como sea, la burbuja. El Gobierno, una vez nacionalizados los bancos, prestaría dinero con pérdidas a los ciudadanos para adquirir activos a unos precios artificialmente altos que, una vez se desinflaran, acarrearían pérdidas aun mayores al erario. La capacidad del Estado para prolongar indefinidamente una situación así (cubriendo las pérdidas con nuevas emisiones de deuda) es limitada y tiene un final conocido: la quiebra del Estado y la hiperinflación.

La solución no pasa, por tanto, por nacionalizar los bancos, o al menos no por nacionalizarlos para obligarlos a prestar. Es cierto que lo que hace trimestres habría sido una transición más suave hacia la recuperación, cada vez se complica más por las cada vez mayores intervenciones estatales. Hace meses, por ejemplo, podríamos haber reducido muy significativamente el gasto público y, gracias a ello, los impuestos. Esto habría generado un volumen de ahorro significativo para financiar la recuperación. Hoy, sin embargo, buena parte de la reducción del gasto público no iría destinada a bajar impuestos, sino a amortizar toda la nueva deuda pública que se ha emitido.

Aun así, la solución a la crisis sólo puede ser una: permitir que los ajustes necesarios se produzcan con la mayor rapidez y flexibilidad posible. El Estado no puede volver prescindible este proceso, sólo puede impedirlo o facilitarlo. Y, de momento, parece que todos los Gobiernos del mundo han abogado por ponerle trabas, con planes de rescate y de estímulo y con regulaciones laborales más restrictivas. Nacionalizar la banca y obligarla a que queme todo el dinero que injustamente se le entregó en su día sería una de las peores decisiones que se podrían adoptar.

¿Hay que nacionalizar la banca?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El caso es que Microsoft vive su particular día de la marmota con las autoridades antimonopolio, que le acusan una y otra vez de hacer lo mismo que sus competidores y le obligan a tomar decisiones absurdas que no benefician en nada a los consumidores.

La última hazaña de los euroburrócratas, la más grande que vieron los siglos, o casi, fue condenar a Microsoft por "abuso de cuasimonopolio", que debe ser algo así como quedarse casi embarazado, y obligarle a distribuir en la Unión Europea una versión de Windows que no incluyera su reproductor multimedia Windows Media Player. Fue el celebérrimo Windows XP N, que sin duda todos ustedes tienen instalado en sus ordenadores. Ah, que no lo tienen. Ah, que nunca oyeron hablar de él. Bueno, no se preocupen: los euroburrócratas lo hicieron por su bien de todos modos. Y ni se les ocurra pensar lo contrario, que se convertirán en peligrosos anarquistas como esos que ponían bombas a comienzos del siglo XX.

Esta semana, y con unos diez años de retraso, los euroburrócratas han decidido perseguir a Microsoft por lo mismo por lo que fue investigada en Estados Unidos en 1998: incluir el navegador Internet Explorer. El problema es que ahora tiene aún mucho menos sentido que entonces. La decisión de incluir Internet Explorer 4 en Windows 98 fue muy controvertida porque muchos pensaron, con buenos argumentos, que no existían razones técnicas para ello sino comerciales: lograr arrebatarle a Netscape su por entonces mayoritaria cuota de mercado. A estas alturas, en cambio, vender un sistema operativo sin navegador (o, ya que nos ponemos, sin reproductor multimedia) es como vender un coche sin ruedas, porque junto al explorador de archivos es posiblemente la aplicación más necesaria y la que más utilizaremos en el día a día.

Ni siquiera hay que acudir a Microsoft para estar seguros de esto: basta con examinar a sus competidores. Tanto las múltiples distribuciones de Linux como Mac OS X vienen de serie con su navegador preinstalado. Como debe ser, por otro lado, porque los usuarios lo echarían en falta si no fuera así. Y es que no son éstos quienes han protestado, sino la empresa Opera. Es el cuento de siempre: se supone que los monopolios son malos para los consumidores y por eso se regulan y se coloca todo el orondo peso de la ley europea sobre ellos, pero quienes ponen el grito en el cielo son siempre aquellos competidores a los que el pueblo llano no ha otorgado su favor. Se ve que son ellos, y los euroburrócratas, los que realmente saben qué es bueno para nosotros.

No es nada nuevo, en cualquier caso. Una nota del Instituto Molinari pone de relieve que la primera gran ley antimonopolio, la Sherman Act estadounidense, promulgada a finales del siglo XIX, empleó durante los debates que precedieron su aprobación la demagogia de la defensa del consumidor, pero se creó con el objetivo de defender a competidores ineficientes frente a las empresas que mejor y más barato servían a los consumidores. Seguramente esto termine con unos cuantos millones de euros más en las arcas europeas con los que pagar a los agricultores franceses y unas cuantas cajas de Windows 7 N cogiendo polvo en las estanterías del Media Markt. ¡Qué sería de nosotros sin los euroburrócratas!

Microsoft y el día de la marmota

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

La revisión del cuadro macroeconómico que presentó Solbes el pasado viernes admite, al fin, que España se enfrenta a una grave, intensa y larga crisis económica. Sin embargo, se queda corto. Por desgracia, ni el Producto Interior Bruto (PIB) caerá un 1,6% en 2009 ni el aumento del paro se frenará en el 16%.

En este sentido, resulta mucho más certero el diagnóstico que acaba de emitir la prestigiosa escuela de negocios ESADE, al vaticinar una contracción mínima del 3%, una tasa de desempleo próxima al 20%, una morosidad del 9% y un déficit público superior al 7%. Cifras todas ellas cercanas a las que ya adelantamos en su día. Así pues, la claudicación de Solbes ante la evidencia, pese a resultar optimista y muy tardía, constituye un primer paso positivo y, sobre todo, ineludible para tratar de afrontar con un mínimo de garantías la cruda realidad que sufre y sufrirá este país.

El problema ahora es que el Gobierno se resiste todavía a aceptar el negro panorama que se cierne sobre la economía nacional. Y es que si el paro se dispara hasta el 20%, el drama no sólo será económico sino también social. Llegado el caso, el término crisis deberá ser sustituido por el de depresión: la tasa de desempleo en Estados Unidos se situó entre el 20% y el 25% de la población activa durante los difíciles años 30. Además, cabe recordar que la economía española es incapaz de generar empleo con un crecimiento anual inferior al 2,5% del PIB y, de momento, ningún valiente se ha atrevido a poner fecha a una recuperación de tales características. Ni siquiera para 2011.

Sin duda, el Ejecutivo acabará por asumir el diagnóstico de la economía española, según la enfermedad se vaya agudizando durante los próximos meses, entrando así en la segunda fase del proceso de resolución (aceptación). Cosa bien distinta será la tercera y definitiva etapa, en la que el Gobierno deberá poner en marcha la terapia de choque correcta para superar la crisis.

Es precisamente aquí donde se desvanece toda esperanza. La política económica desarrollada hasta el momento en nada ha servido para paliar la situación. El despilfarro de recursos se ha cobrado ya una monumental factura próxima a los 50.000 millones de euros (el 5% del PIB del país), y nada hace pensar que Zapatero y su séquito de burócratas estén dispuestos a corregir la nefasta senda emprendida a base de gasto público y endeudamiento masivo, con el fin de "estimular" la economía.

De seguir por este camino, la única solución posible pasaría entonces por un cambio de Gobierno. Sin embargo, la actual cúpula del PP es incapaz de afrontar tal desafío y no lo será por un mero cambio de siglas sino por una profunda reconversión ideológica en materia económica de la que, hoy por hoy, carecen los populares que dirigen Génova.

El PP se define como un partido socialdemócrata y, como tal, abraza sin complejos la intervención pública y la política de subvenciones y prebendas. Así pues, otros serán los llamados a liderar el cambio de mentalidad que precisa esta u otra formación, como en su día aconteció en Gran Bretaña de la mano de Margaret Thatcher o en los EEUU de Ronald Reagan. Es decir, un cambio de Gobierno capaz de llevar a cabo sin dilaciones ni complejos las profundas reformas estructurales que precisa el país. Un nuevo presidente, da igual bajo qué siglas, al que no le tiemble el pulso a la hora de adoptar medidas antipopulares, pese a las amenazas de huelga general.

Un drástico cambio de timón que dirija la política presupuestaria hacia un recorte sustancial del gasto público y una rebaja histórica de la presión fiscal, con el objetivo de liberar los recursos necesarios para impulsar la inversión y el ahorro privados. Un Gobierno que abogue por la liberalización plena de un obsoleto mercado laboral, heredado del franquismo, y por la privatización de los servicios públicos. Un Consejo de Ministros que no acuda al auxilio de sectores en quiebra, como la automoción o la vivienda, y que elimine sin demora las ayudas públicas que nutren a todos aquellos que se escudan en el "interés general" para evitar la temida competencia del mercado.

Un nuevo liderazgo que no obstaculice la ineludible reforma energética y que pueda afrontar con un mínimo de solvencia los grandes desafíos bancarios y financieros en ciernes. Hoy por hoy, un cambio de siglas en Moncloa no garantiza absolutamente nada. George W. Bush, por muy republicano que sea, pasará a la historia como uno de los peores presidentes de Estados Unidos en materia económica gracias, por supuesto, a la inestimable ayuda de su antecesor en el cargo, Bill Clinton, y los generales monetarios Alan Greenspan, Ben Bernanke y Henry Paulson. Lo que realmente necesita la clase política española es un cambio de mentalidad para no caer en los mismos errores que, hace décadas, cometió Argentina, más recientemente Japón (años 90), y a partir de ahora, muy posiblemente, también Estados Unidos. ¡Despierten!

Aparecen las subprime españolas

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

De poco servía explicar, en aquellos momentos de borrachera generalizada, que la morosidad es muy volátil y que sube como la espuma ante los cambios negativos de ciclo. Las burbujas inducidas por la política monetaria flexible de "dinero barato" acaban en grandes reventones cuando se verifica que la gente ha invertido los recursos en sectores que no eran prioritarios para la sociedad debido, precisamente, a que los tipos de interés artificialmente reducidos por los bancos centrales inducen a pensar lo contrario. Ahí queda la historia del ladrillo español para atestiguar el desaguisado que los políticos son capaces de organizar a través de la manipulación del tipo de interés.

Cuando resultara evidente que no existían recursos reales para sostener tanta inversión en vivienda, el castillo de naipes se tambalearía. Pero a mediados de 2007, el futuro se veía más bien de color rosa. En junio el secretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Pedro Pablo Villasante, afirmaba con rotundidad que la subida de los tipos de interés no tendrían gran impacto en la morosidad, que hasta marzo de ese año había alcanzado en los bancos el 0,62%, cercano al mínimo histórico. Sin embargo, con la subida de los tipos muchos negocios empezaron a ser ruinosos y la morosidad se disparó. Así, a finales de año pasado, la morosidad de los créditos alcanzó en España el 3,18%, la cifra más elevada desde hacía 11 años.

Esa media esconde una importante diferencia según se trate de bancos o cajas de ahorro. Los primeros tienen un ratio de mora del 2,6% mientras que en las segundas es del 3,6%. Así, los bancos han triplicado su tasa de morosidad mientras que las cajas la han cuadriplicado. La diferencia entre bancos y cajas es lo suficientemente significativa como para buscarle una explicación. Y resulta de perogrullo decir que la explicación se encuentra en que los créditos concedidos por las cajas fueron menos selectivos o tenían más riesgo de impago que los de la banca. Si la función principal de la banca es reconocer el crédito que tienen los particulares y las empresas para concedérselo con cargo a los ahorros de otros ciudadanos, resulta evidente que las cajas están cumpliendo peor su función que los bancos.

Detrás de estas diferencias se esconde la chapucera mano –a veces visible, otras invisible– del poder político. Si bien es cierto que todo el sector está fuertemente intervenido, lo de las cajas de ahorro es el no va más; son unas instituciones financieras que están controladas por el poder político local o regional y que utiliza su capacidad de crear crédito y concederlo a discreción para que éste mantenga el control sobre determinados sectores, para que los amigos del partido de turno expandan sus empresas o para conceder hipotecas a quienes no tienen crédito. Estas últimas son las hipotecas subprime españolas que tanto daño están haciendo a las familias y a la economía española. Cuando hace un año el presidente Rodríguez afirmaba que España se salvaría de la crisis porque no tenía hipotecas basura, hablaba desde un vertedero hipotecario creado por las cajas de ahorro.

Y George Bush volvió a la Casa Blanca

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

No se ve tanto entusiasmo desde que llegó al poder el primer presidente demócrata, el gran Andrew Jackson, que estuvo a punto de perecer el día de su toma de posesión, arrollado por una masa entusiasta. Desde Lincoln el nuevo presidente tiene un cerco de seguridad en derredor que le protege de cualquier incidente. Los periodistas de todo el mundo, con un entusiasmo mal disimulado, dan cuenta del evento y cifran el futuro de la humanidad en frases cortas e impactantes.

Pero ninguno da con el titular del día: "Barack Obama continuará el legado de George W. Bush". Cabría pensar que los periodistas huimos de titular con obviedades, aún a costa de evitar la noticia, como sería el caso. Pero no. Me da que la noticia del día pasará desapercibida, y es precisamente ésa, que una marea de gente celebra un cambio, cuando lo que tendrá lugar es esencialmente la perfección de la esencia de la Administración Bush II: el encumbramiento del poder sin límites, la erosión de la mejor y más antigua democracia, el entierro de los Padres Fundadores y de su excelsa y frágil creación.

Su lucha contra el terrorismo le ha colocado en la posición de ser él instrumento del terrorismo. La Patriot Act le otorga el poder de espiar a ciudadanos estadounidenses sin orden judicial, basándose simplemente en la sospecha. Si el sospechoso es el ciudadano y no el poder, ¿podemos decir que vivimos en una democracia? Bush ha asentado, hasta donde ha podido, el principio de que el presidente de los Estados Unidos está por encima de las ramas legislativa y judicial. Ni siquiera la Constitución es freno para su poder, ya que como dejó claro en una "declaración firmada" aneja a la ley que le prohibía torturar a los meros sospechosos de terrorismo, "los presidentes no tienen porqué adherirse a las declaraciones de inconstitucionalidad de Congreso, o las decisiones de la Corte Suprema". Su paso por Washington ha supuesto un nuevo aldabonazo a los derechos de los Estados frente al Gobierno federal.

Obama no será distinto. Para él, la Constitución es algo vivo, cambiante, y fruto de las circunstancias del momento, como el texto de 1790 lo fue del suyo, de modo que la Constitución americana, tal como la conocemos, es papel mojado. Él se ve como un instrumento de cambio de la sociedad, igual que Bush, y el poder de Washington, la herramienta más adecuada. Eso sí, mientras Obama apuntala el edificio de poder erigido por Bush, los periodistas están preocupados por saber en qué mes cerrará Guantánamo. Con esta prensa, el nuevo Bush lo va a tener muy fácil.

Hacer videojuegos sin murciar

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Y lo hace además en un sector que recibe fondos públicos de la Unión Europea y que ahora se ha subido al carro de los que quieren chupar del bote de las subvenciones que da el Gobierno español.

La Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (Adese) se dedica a pedir subvenciones para mejorar todavía más las cuentas de las compañías de un sector que pasa por un momento realmente bueno. Sin embargo, una empresa del ramo ha encontrado una forma ingeniosa de buscar financiación que no implica meter la mano en la cuenta corriente de los ciudadanos. Mientras los de la patronal pretenden murciar a los contribuyentes con la complicidad del Ejecutivo, la murciana Newsoft se ha lanzado a vender a través de su web participaciones relativamente baratas que dan derecho a recibir una fracción de sus beneficios durante una década.

En una época como la actual, en la que todos tratan de conseguir que los Estados les den parte del dinero que le quitan a los ciudadanos, noticias así son muy positivas. En realidad no tiene nada de escandaloso que los de Adese pretendan lucrarse de un sistema basado en el expolio sistemático de los sufridos pagadores de impuestos. Tienen la misma legitimidad (en realidad, ninguna) para hacerlo, ellos o la industria del porno, que la banca o el sector cinematográfico. Ahora bien, que no deba provocar más escándalo que en otros casos no significa que posea legitimidad alguna.

Donde sí hay legitimidad es en la estrategia de la compañía murciana que no murcia. No pretende quedarse con el dinero que otros no le entreguen libremente. Quien decida dárselo lo hará por propia voluntad, asumiendo un riesgo pero con posibilidad de ganancias (algo que no existe en el caso de las subvenciones). Tan sólo por eso, por no querer quedarse con lo que no es suyo cuando la patronal del sector sí lo desea, merece destacarse. En tiempos de intervencionismo creciente, elegir el camino de la libertad es digno de mención.

Escuchemos a los altermundistas

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Fracasadas las recetas neoliberales, culpables de la crisis, Iñaki propone que escuchemos con mucha atención a este improvisado panel de expertos y pide a los políticos que tengan muy en cuenta las ideícas de la tropa, si es que de verdad tienen voluntad de acabar con los problemas que afectan a un número cada vez mayor de ciudadanos (y ciudadanas).

La iniciativa es pertinente porque nunca está de más conocer de primera mano el modelo social de los autoproclamados defensores de La Tierra, el medio ambiente, los desfavorecidos y, por extensión, el género humano. Además, estoy seguro de que los progresistas acomodados, como Gabilondo y los artistas de la ceja, pondrán en práctica inmediatamente en su vida privada todos los consejos de estos líderes revolucionarios, que buscan acabar con el capitalismo de una vez.

Los invitados a esta sección han ofrecido a lo largo de esta semana al espectador de Cuatro (porque probablemente había en ese momento un solo espectador, es decir, yo) sus recetas para acabar con la crisis económica y, lo que es más importante, para que no vuelva a ocurrir jamás nada parecido. Como buenos marxistas, empiezan con un error monumental y, a partir de ahí, sólo van empeorando. Entre otros conceptos más sofisticados como imponer una tasa mundial a las transacciones económicas, dice, por ejemplo, que el planeta no es capaz de proveer de alimentos y energía a una masa de población creciente o que el desarrollo económico constante es un imposible metafísico, por tanto lo que procede es abandonar el desarrollo urbano, acabar con las grandes ciudades y volver todos a la vida rural prácticamente en régimen de autoabastecimiento (en ese momento aparece un señor pastoreando unas vacas muy simpáticas). O sea, volver al Paleolítico, cuando el hombre estaba hermanado con la naturaleza, respetaba sus ciclos, viajaba en carretas de bueyes y construía chozas con sus excrementos.

Los multimillonarios de izquierdas deben estar pensando a estas horas muy seriamente abandonar todas sus riquezas y volverse al terruño a practicar el trueque con sus vecinos utilizando los frutos del trabajo manual… aunque no es seguro. Algunos probablemente sospechen que haciéndoles caso a los altermundistas vamos todos a vivir mucho peor (sobre todo ellos) y que, en efecto, no habrá más crisis pero tan sólo porque esa será la situación natural de nuestra existencia. O sea, como el Real Madrid de Calderón. Aunque quizás no tanto.

No crea en el Gobierno

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Según un diario de Reino Unido, la gente ha dejado de tener fe en Dios para sustituirlo por extraterrestres, fantasmas y el poder de los médiums. En España seguimos el mismo el camino. Según un sondeo del diario Público, cada vez creemos menos en la religión católica y más en médiums, extraterrestres y fantasmas.

Esta predisposición a tener fe en cualquier cosa se puede volver muy dañina cuando la trasladamos del mundo místico al político y económico.

Las medidas económicas que han tomado España, Estados Unidos, Alemania y demás países para solucionar la crisis, sólo pueden tener devotos entre aquellos que creen en la magia o en algo más absurdo, la eficiencia del Gobierno. Las medidas contradicen totalmente la férrea teoría económica. El último video publicitario del Ejecutivo nos muestra un trabajador de la construcción feliz porque el Estado le ofrece puestos de trabajo, y esto nos beneficia a los ciudadanos porque "nos arreglan el pueblo". ¿Es el momento de arreglar pueblos, edificios o parques? Piense en su economía doméstica. Si usted sufre una crisis económica, lo último que va a hacer es decorar su casa. Estas cosas se realizan cuando hay dinero. Si usted pasa por un mal momento, lo primero que hará será reducir costes y exprimir cada céntimo para sacarle la mayor productividad posible. La macroeconomía no funciona diferente a una economía doméstica. El gran secreto a voces para solucionar una crisis consiste en reducción de costes y aumento de la productividad. Esto sólo puede significar dar más libertad económica a todos los actores de la sociedad eliminando impuestos a empresas y particulares, disminuyendo el gasto público y eliminando la legislación laboral, las barreras al libre comercio o los funcionarios. Despilfarrar el dinero ajeno en cosas que no demanda la sociedad, nunca ha enriquecido a nadie.

Esto nos lleva a otro gran contrasentido de la eficiencia pública. Ya sabrá que el dinero que dilapida el Gobierno es nuestro. Si en épocas de crisis los políticos nos descapitalizan para gastarse nuestro dinero en cosas que no compraríamos por nosotros mismos, ¿dónde está el beneficio general? Simplemente no lo hay. El Gobierno no invierte, tal y como proclama en sus videos de promoción, sino que sólo se dedica a pagar favores a los votantes, actores, grupos de presión, amigos, etc. Si nos sacan el dinero y lo gastan en cosas que nadie está dispuesta a pagar de su propio bolsillo (cosas que están fuera de mercado), sólo conseguimos pérdidas netas totales.

Aquí llegamos a la tercera característica de la "inversión estatal", el Gobierno siempre es ineficiente. ¿Qué se está haciendo realmente con todo este dinero que nos está robando el Estado? A principios de diciembre, el PSOE destinó 8.000 millones de euros al Fondo de Inversión Local. Casi el 40% de ese monto ya se ha gastado. ¿Sabe en qué? En un circuito de automodelismo, otro de motocross, pistas de Scalextric, un caro parque infantil en Málaga al que nadie va, otro de monopatines… ¡Qué rápido se marcha el dinero cuando lo destruye el Estado! Desde luego, no puede decirse que aprovechen hasta el último céntimo con una mínima eficiencia.

Pero eso no es todo. En el último mes, el Ejecutivo se ha gastado 64 millones de euros de nuestro bolsillo en adquirir bombillas. Recibirá dos en febrero; nunca un par de bombillas le salieron tan caras. Defensa dilapida 700.000 euros en publicidad para el "diálogo entre civilizaciones". El Gobierno quema 26 millones de dólares para querellarse contra la empresa del Prestige. El Ministerio de Vivienda fusila 70.000 euros en una campaña de publicidad puntual. Esto último es bastante curioso porque el 70% de las personas que se acogen a esta campaña no cobran.

A todo esto, Zapatro envía a De la Vega y su séquito a la India. ¿Para qué? ¿Cuánto ha costado esto? Da igual, más publicidad. Rubalcaba ha empleado más de 3,5 millones de euros en arreglar la valla de Ceuta y Melilla. ¿Es de oro? El alcalde de un pueblo ha considerado que si no se gasta 18.000 euros en un fichador digital el mundo dejará de dar vueltas. La alcaldesa de Valencia ha aprobado un plan de austeridad que significa aumentar el gasto en un 40% —360.000 euros de más— en coches y telefonía móvil. Leire Pajín cree que si no regala 3.700 millones de euros a cualquier país que se lo pida, no es nadie. La DGT quiere despilfarrar 12 millones de euros en los anuncios de siempre. Para variar, los políticos de Cataluña apuestan por lo más surrealista: 7.000 euros en financiar un sindicato que no existe. Si eso lo hubiese hecho una empresa privada o usted para desgravarlo en su declaración, le habrían multado. En fin, la lista es demasiado larga y deprimente.

Mientras tanto, en el mundo real, cada uno de nosotros perdió el año pasado 615 euros de poder adquisitivo según FUNCAS. Cada día que pasa supone encontrarse con 2.000 parados más, y aunque el IPC baje, los alimentos suben más que el índice. El presidente del Gobierno es un mentiroso compulsivo que ya ha incumplido más de 20 compromisos electorales. Para colmo, no hay día en el que algún diario internacional no nos deje a la altura de África. Lo peor, es que no les falta razón.

Sí. La gente está ansiosa por creer en algo. Para el bien de todos, que crean en cosas que no nos dañen, como en Dios, Papa Noel, los X-Men, los marcianos o el Mago Merlín. Enfréntese a la realidad, los políticos sólo nos darán bellos eslóganes de prosperidad y paz. Las duras consecuencias serán más pobreza y frustración. Vea este duro vídeo para comprobar los efectos de la ineficiencia y las falsas promesas del Gobierno.

Tres malas ideas

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Curiosa comparecencia que si atendiéramos a sus pronósticos de octubre nunca debería haberse producido. Al fin y al cabo, la crisis financiera debía estar finiquitada en dos meses porque Trichet parecía estar nadando en una abundancia de billetes, algo así como el Tío Gilito del dinero fiduciario.

Desde que lanzara estas predicciones, vaya por dónde, el paro se ha incrementado en 300.000 personas cuando el año anterior lo hizo en 80.000. No está mal para una crisis finiquitada. Claro que Corbacho podía estar refiriéndose a que la que se solucionaría sería la crisis "financiera" (es decir, a la de los bancos, las bolsas, las aseguradoras…) que es distinta, según él, de la crisis de la "economía real"; algo así como Wall Street frente al Main Street en los Estados Unidos.

Las previsiones del ministro, sin embargo, tampoco parecen haberse cumplido aun en este supuesto restrictivo: ayer las bolsas de todo el mundo sufrieron uno de los mayores batacazos desde noviembre por los temores a que la crisis de los bancos siga agravándose, como ilustran las dificultades por las que atraviesa Bank of America (nota: este era el banco al que en septiembre los infalibles gurús económicos consideraban el gran beneficiado por la crisis tras haber comprado Merrill Lynch; olvidaron que tirar dinero bueno sobre dinero malo nunca fue una inversión prodigiosa).

Pues bien, Corbacho está utilizando ese mismo ojo clínico para confeccionar su respuesta al desempleo que está sufriendo España. ¿Su receta? Dificultar el despido, subir el salario mínimo e incrementar las ayudas a los parados. Probablemente, si colocáramos al frente de Trabajo a un mono lanzando dardos sobre una serie de propuestas aleatorias para combatir el desempleo, tendríamos más éxito que con Corbacho.

Primero, dificultar los ERE es sólo una manera de destruir una empresa. Si ésta necesita despedir a, digamos, 2.000 trabajadores para seguir ganando dinero (y por tanto poder seguir pagando su salario a los empleados a los que no despide), dificultárselo sólo hará que vaya descapitalizándose y en el futuro tenga que echar aun a más gente. Es más, la economía no se recuperará mientras ciertos sectores hipertrofiados (como la construcción o ciertos servicios) no reduzcan su tamaño para permitir que otros sectores mucho menos desarrollados (como el exportador) aparezcan. Pongámonos en el caso extremo: el Gobierno prohíbe despedir a cualquier trabajador. ¿Qué sucedería? Básicamente que España seguiría produciendo en torno a 800.000 viviendas anuales. ¿Las necesitamos? No. ¿Las pueden vender las promotoras a precios que compensen sus costes? No. Por tanto, ¿cuál es el propósito de consolidar estructuras productivas caducas?

Segundo, el salario mínimo (SMI) o es inútil o genera paro. Quien cobre un salario de 2.000 euros mensuales no se verá afectado por el hecho de que eleven el SMI a 1.000 euros, pero quien percibe 700 euros, pasará a engrosar la cola del INEM. Ningún trabajador puede cobrar más del valor que genera para la empresa; por tanto, incrementando el salario mínimo estamos excluyendo del mercado a aquellos que no sean capaces de generar al menos un valor equivalente al SMI: básicamente, trabajadores poco cualificados, como pueden serlo muchos inmigrantes.

Y tercero, las ayudas al desempleo las pagan el resto de trabajadores de su salario. Lo que significa que parte de la riqueza que se crea hoy la consumen, sin contrapartida, gente que no la está generando. Podemos considerar que esto es algo dignísimo (y en muchos casos, así es), pero me temo que para ese tipo de transacciones ya existen los centros de caridad. El problema de institucionalizar la redistribución coactiva de la renta es que los recursos que se destinan a las ayudas a los parados no pueden dirigirse a otros usos, por ejemplo a invertir en nuevas empresas que den ocupación a parte de esos desempleados (que pasarían, a su vez, a crear riqueza en lugar de consumirla). Cuando el INEM ya tiene un serio problema de déficit en sus cuentas no parece que lo más sensato sea agravar todavía más ese déficit, esto es, no parece que sea lógico que el Estado emita deuda para gastos corrientes, succionando parte de los ahorros que necesitamos para invertir en la recuperación económica.

No sé si el Gobierno es consciente de las tropelías que está llevando a cabo o si, por el contrario, son unos completos ignorantes que esperan que les salve la papeleta una recuperación económica internacional que cada vez se retrasa más. En cualquier caso, somos los ciudadanos los que sufrimos su pésima política económica. Una razón más por la que el Estado no debería arrogarse ninguna competencia en esta materia.

Un mordisco a la manzana

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

No reclaman subidas de pensiones ni del salario mínimo, no piden el 0,7% del PIB para los países pobres, ni que deroguen el canon digital. Sólo piden que dejen a las empresas vender sus productos en libertad.

El aparatito en cuestión es el iPhone, de la empresa Apple, sobradamente conocido. Al parecer, Apple ha dejado de comercializarlo en Francia, junto al iPod y todos los productos de la marca. Y los franceses están indignados. Ya no podrán comprar, aunque lo deseen, los admirados dispositivos de la manzana. Y todo gracias a los que se dicen protectores del mercado y de la competencia.

Por supuesto, nada de lo anterior es real. Es sólo la creación de una imaginación calenturienta. ¿A quién se le puede ocurrir que unos ciudadanos salgan a la calle a defender a una empresa privada? Y encima en Francia, venga ya. Todos sabemos que las únicas manifestaciones relacionadas con las empresas son las huelgas para evitar la explotación de los trabajadores.

Y, sin embargo, quizá algún día llegue a pasar. Porque hay decisiones que son indignantes, y aún más porque se hacen en pretendida defensa del ciudadano-consumidor. Es el reciente caso de una resolución de la autoridad de competencia francesa, en la que se suprime de forma cautelar la exclusividad en la comercialización del iPhone que habían pactado libremente Orange y Apple.

¿Por qué se irrumpe de esta forma en el derecho de las partes a contratar? Pues no hay básicamente ninguna razón, ya que el propio análisis descarta la existencia de posición dominante en el mercado afectado. Lo único que queda claro es que Apple es una empresa de éxito, y que sus productos se venden como churros. Así que los funcionarios defensores del mercado deciden limitar la duración del acuerdo. Pues eso: que sean las autoridades administrativas las que nos fijen las duraciones de los contratos, las condiciones, los precios y, por qué no, con quién podemos contratar. Seguro que un funcionario sabe mejor que Apple y Orange cómo satisfacer las necesidades del consumidor francés, que lo único que buscaban era que todos los franceses que lo desearan tuvieran un iPhone.

La autoridad de competencia francesa se merece que Apple deje de vender sus productos en Francia. Pero no va a pasar, de momento. El día que ocurra tal vez la gente se dé cuenta de que son los emprendedores quienes realmente, de verdad, están interesados en satisfacer las necesidades de sus conciudadanos; y no los funcionarios que se dedican a ponerles palos en las ruedas.

Canten conmigo en anticipación: "APPLE, SÍ; CONSEIL DE LA CONCURRENCE, FUERA".