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Catastrofismo liberal

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Tanto Rand como Hayek se equivocaron: el Estado del Bienestar es sostenible y no está claro que avancemos hacia una sociedad considerablemente más represiva. Los tiempos de la tiranía evidente han quedado atrás y ahora nos enfrentamos a un enemigo menos liberticida pero mejor camuflado y a la postre más difícil de combatir.

Escuchando las opiniones de algunos liberales, cualquiera diría que estamos a dos pasos del Gulag o del Apocalipsis. Hace poco asistía a una jornada de conferencias liberales en Londres y conversando con unos compañeros belgas, inteligentes y leídos todos, me di cuenta de que era el único del grupo que no pensaba que estábamos al borde del totalitarismo. Parecían creer a pies juntillas que la Unión Europea degeneraría en una nueva URSS en cuestión de pocas décadas, el Reino Unido caería bajo el yugo de un socialismo rancio y de oídas decían que la España de ZP acabaría convirtiéndose en poco menos que una dictadura. Es normal que luego la gente que no está ideológicamente comprometida escuche con incredulidad estas opiniones catastrofistas y concluya que los liberales vivimos en un mundo distinto al suyo.

De todos modos, ni siquiera nosotros mismos damos fe al dramatismo que predicamos. Si nos lo creyéramos estaríamos haciendo las maletas y aprendiendo inglés o chino para emigrar a América o Asia antes de que alzaran otro telón de acero. O empezaríamos a retirar capital o a transferirlo antes de la nacionalización. O estaríamos acumulando un buen arsenal, construyendo un refugio y planificando nuestra resistencia armada al totalitarismo inminente. Como mínimo estaríamos viendo las noticias todo el día, no hablaríamos de otra cosa en la mesa y viviríamos en perpetua ansiedad, pero en lugar de eso vemos el fútbol, hablamos de las próximas vacaciones y dormimos como un tronco. Podemos dejarnos llevar por el pesimismo y parafrasear a Rand y a Hayek, pero en el fondo sabemos que estamos exagerando y que las cosas no van a empeorar tanto.

Es cierto que el tamaño del Estado ha crecido mucho en el último siglo, pero lleva varias décadas medio estancado por debajo del 50% del PIB. La razón es que desde la perspectiva de quienes gobiernan y se nutren del Estado, el intervencionismo tiene rendimientos decrecientes a partir de cierto punto. El mejor Estado no es el que más poder tiene, sino el que maximiza la renta y el status de sus burócratas y cooperantes. Un gravamen del 40% sobre la renta genera más ingresos que un gravamen del 95%, que por ser tan alto desincentiva casi totalmente la creación de riqueza. Regulando la economía, el Gobierno puede ejercer poder y al mismo tiempo alardear de haber fomentado el progreso. Si nacionaliza la economía entera no hay progreso del que reclamar autoría y el poder que toca ejercer (mucho más feo) es el de la guillotina para contener a las masas furiosas.

Los intervencionistas de ahora, más pragmáticos que los de antes, han aprendido que no hay que matar a la gallina de los huevos de oro. Como no entienden muy bien cómo pone la gallina esos huevos, a menudo escañan demasiado al animal y tiene que venir una Thatcher o un Reagan a depurar excesos. Pero estos no llevan a cabo ninguna contra-revolución, se limitan a podar un Estado del Bienestar hipertrofiado para devolverlo a sus sólidas bases.

Algunos proponen la siguiente analogía al referirse al crecimiento paulatino del Estado: si pones una rana en agua hirviendo saltará fuera de la olla enseguida, pero dicen que si la pones en agua fría y luego calientas el agua lentamente la rana no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Así, en lugar de imponer la dictadura proletaria de la noche a la mañana, el Estado va extendiendo lentamente sus tentáculos de forma que la población se va adaptando poco a poco y nunca percibe el abuso en su totalidad. Es cierto que por esta vía gradual el intervencionismo puede llegar más lejos, pero la comparación tiene sus límites: no somos una rana. Creo que nos daremos cuenta antes de que el agua empiece a hervir.

Hay quien considera que el catastrofismo es necesario para que la ciudadanía permanezca vigilante. Sólo si la gente se siente lo bastante amenazada e indignada se movilizará para hacer frente al intervencionismo. Si nos limitamos a acusar de "catastrofista" a todo el que grita que hay peligro caeremos en el conformismo y será más probable que la catástrofe ocurra. Más vale pecar de exagerado que de conformista. Pero la diferencia entre la exageración y la demagogia es difusa, y el drama aliena a potenciales adeptos con más sentido de la realidad.

Asumámoslo, el Estado del Bienestar no evoluciona necesariamente hacia el totalitarismo, pero no hace falta esperar a que lo haga para darle estopa. Aunque la lucha por la libertad en el contexto de una sociedad intervenida parece menos romántica que la resistencia contra la tiranía absoluta, no deja de ser una empresa meritoria, justa y necesaria.

El tonto del Facebook

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Y es que este nuevo PP búlgaro, tan irremediablemente atraído hacia internet merced al interés indudable que tuvo siempre González Pons en la red de redes, parece sentirse incómodo en este nuevo medio que no conoce. En caso contrario sería inexplicable que ahora les haya dado por tomar como una "poderosa ventaja" que Feijóo tenga más amigos en Facebook que Touriño.

Con los avances tecnológicos, sean los que sean, siempre llegan los fanáticos que creen que nada de lo que se ha inventado antes merece la pena ante el nuevo (rellene la línea de puntos) y que es imposible vivir sin el nuevo (escriba aquí su novedad preferida). Así, como no podía ser de otra manera, han surgido toda una serie de tontos del Facebook, que parecen considerar que sin estar en la red social no eres nadie y que nada excepto Facebook tiene ninguna utilidad.

Hay que poner todo en su justa medida. Tomemos como ejemplo la blogosfera y su éxito más reciente, el caso Víctor Gago. Fueron bloggers como Elentir, Prevost o Alejandro Campoy quienes se hicieron eco en primer lugar de la denuncia de Carmen Martínez Castro y los que llevaron a algunos medios convencionales a hacerse eco y pronunciarse, aunque en algunos casos fuera para hacer el ridículo. Pero la blogosfera, de por sí, no puede lograr que una información dé el salto y aparezca en las televisiones o se discuta en las radios. Y quién sabe si la situación cambiará alguna vez, pero ahora mismo seguimos viviendo una realidad en la que aquello que no sale en la tele no existe. Resulta natural, por tanto, que Rajoy no se sienta excesivamente obligado a exigirle a su jefa de prensa que retire la denuncia contra Gago.

Tampoco es que Facebook o los blogs carezcan de utilidad, pero no es cuestión de exagerar su importancia. Pocas cosas me parecen más ridículas que esa carrera por ser el que más amigos tiene en esta red social, o el que más followers tiene en Twitter. Si ya encima se usa como argumento político ni te cuento. Reclutar amigos en Facebook puede tener utilidad si se quiere emplear esos contactos para algo como, no sé, hacer campaña política en su entorno más cercano. Si no, su único uso práctico es que se burlen de ti por tomarlo como si fuera una encuesta del CIS. Con toda la razón.

El Gobierno nos vuelve a camelar

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Cómo retrasa la quiebra? Bueno, primero hay que entender qué significa que una empresa quiebre. Toda compañía (desde las de los autónomos a las grandes multinacionales) puede organizar su situación patrimonial en dos partidas contables: activo y pasivo. El activo no es más que el uso que hemos dado a nuestro dinero (¿en qué hemos invertido? Inmuebles, máquinas, software, inventario…), y el pasivo nos indica de dónde procede este dinero. Grosso modo, el dinero puede proceder de dos fuentes: de nosotros (y de nuestros socios) o del resto del mundo.

Si los fondos con los que constituimos una empresa son nuestros, ésta puede seguir funcionando hasta que se nos acabe el dinero o hasta que nos cansemos de trabajar. Pero si proceden del resto del mundo (es decir, si hemos pedido prestado), entonces tenemos un problema, porque tenemos que devolver lo que nos han prestado.

El dinero hemos aportado nosotros es lo que se denomina fondos propios o capital, y los fondos ajenos son lo que nos han prestado. Obviamente, en el momento de constituir una empresa el activo siempre es igual a la suma de los fondos propios y los ajenos (el dinero que hemos invertido siempre tiene una procedencia). ¿Y qué sucede más adelante, conforme la empresa entra en funcionamiento? ¿Se mantiene la igualdad?

Pues sí. Cuando una empresa gana dinero con sus actividades, primero comienza pagando parte de sus deudas (si las tiene) y luego decide si quiere reinvertir (comprando más activos) o repartir dinero entre sus propietarios (por ejemplo, vía dividendos). En los dos primeros casos el capital se incrementa (se tiene derecho a una mayor cantidad del activo), y en el tercero todo queda igual, ya que el dinero no se usa dentro de la compañía (no hay variaciones de activo ni de pasivo).

¿Y qué pasa con las pérdidas? Cuando una empresa pierde dinero significa que alguna de las partidas de su activo se ha reducido (por ejemplo, hemos vendido las mercancías por un valor inferior al que nos costó fabricarlas), por tanto también debe reducir alguna de las de su pasivo. ¿Cuál? Las deudas, los fondos ajenos, no pueden minorarse, así que sólo quedan los fondos propios. Las pérdidas, por tanto, repercuten sobre el capital, que es algo así como el colchón que tienen los acreedores para cobrar. Si el capital desaparece y la empresa sigue perdiendo dinero, le tocará ponerse a reducir fondos ajenos; es decir, que algún acreedor se quedará sin cobrar. Entonces (cuando el activo se reduce tanto que hace desaparecer los fondos propios) decimos que una empresa está quebrada y que se inicia un concurso de acreedores, que no es más que un procedimiento para ordenar y redistribuir el pago de los créditos.

Una modalidad de pérdida muy en boga en estos tiempos consiste en la caída del valor de los activos. Imaginemos que me prestan 1.000 euros a un año y compro 10 acciones de Terra a 100 euros la unidad. Unos meses después, sin embargo, el precio de las mismas cae a 2 euros. Obviamente, aunque yo no venda, tengo unas pérdidas latentes muy grandes, que debería reconocer para no engañar a mis acreedores. ¿Qué sentido tiene que diga que las acciones de Terra valen 100 euros cuando se han depreciado un 98%?

En contabilidad, esto se conoce como principio de prudencia: reconocer las pérdidas cuando se producen y las ganancias sólo cuando se han realizado. De esta manera se evita que las burbujas relacionadas con el precio de los activos distorsionen la situación patrimonial de una compañía.

En España, una modalidad de inversión muy frecuente durante los últimos años ha sido la inmobiliaria. Los constructores y promotores adquirieron grandes cantidades de suelo para edificar viviendas que esperaban vender con plusvalías al cabo de los años. Ahora, sin embargo, tienen un problema: no sólo no pueden vender (lo que podría suponer un problema de liquidez), sino que la vivienda y el suelo están perdiendo valor a marchas forzadas. Aplicando el principio de prudencia, deberían reconocer que su activo (las viviendas y el suelo) se ha depreciado y, entonces, reducir en correspondencia los fondos propios. Pero si hicieran esto la mayoría de constructores y promotores quebraría.

Y es aquí donde entra la reforma del Gobierno. Cuando la reducción del valor del activo tiene que provocar la quiebra de una empresa, se concede esa exención de reconocer la depreciación en los dos años siguientes. Dicho de otra manera, la empresa seguirá funcionando aun cuando sus activos no le permitan pagar todas sus obligaciones. El argumento empleado es que cuando la crisis económica termine los activos se revalorizarán, así que no puede permitirse que empresas rentables quiebren porque sean incapaces de recapitalizarse con la restricción crediticia actual.

Pero, como en tantos otros asuntos, el Gobierno está camelando a la población: ni los activos inmobiliarios van a revalorizarse, ni las dificultades para la recapitalización son tan insalvables como las pintan. Primero, los inmuebles siguen sobrevalorados un 33% en España. Por tanto, todo parece indicar que estos activos seguirán depreciándose en el futuro, lo que prjudicará más aún a los acreedores, que verán que el pastel que tienen para repartirse se ha reducido. Y segundo, estas empresas podrían recapitalizarse en sede de concurso si los acreedores estuvieran dispuestos a convertir su deuda en acciones; y estarían dispuestos a hacerlo si esperaran que los activos inmobiliarios subirán de valor en el futuro. Pero no parece que sea el caso.

Dicho de otra manera, la medida del Gobierno ataca los intereses de los acreedores y beneficia a los accionistas de las inmobiliarias, precisamente los primeros que deberían pagar por sus errores.

Pero es que además esta decisión tiene otro damnificado: la sociedad española en su conjunto. La crisis no se superará hasta que, entre otras cosas, el precio de los inmuebles se ajuste. Pero si se frenan las quiebras y liquidaciones de empresas, los precios no se ajustarán y el estancamiento se prolongará innecesariamente.

Al final, por tanto, se trata de una concesión estatal de privilegios a los accionistas de promotoras y constructoras, en claro perjuicio del resto de la sociedad. Una práctica que no sólo se está repitiendo hasta la saciedad en los últimos meses (los rescates de los banqueros o los planes de estímulo no son más que redistribuciones forzosas de la renta desde los agentes económicos eficientes pero desorganizados a los agentes económicos ineficientes y organizaos), sino que es la causa última de la crisis actual.

SGAE y CNT

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

No cejan, ni desaprovechan ocasión alguna para tapar las críticas contra ellos. El último episodio tiene que ver con la CNT. He de reconocer que tengo una simpatía enorme por la CNT, ya que comparto sus objetivos anti estatistas, aunque recurra para ello a las ideas más abrumadoramente falsas.

El anarquismo de la CNT no podía dejar inmune a una rémora del Estado, a uno de sus tentáculos más poderosos, como es la SGAE. Y le dedicó un breve apunte con el simpático título “Por la desaparición de la SGAE, a las barricadas”, y que es una defensa valiente de la libertad de expresión de un portal, alasbarricadas.org, al que la sociedad de autores quiere sangrar 6.000 euros del ala, por haber atentado contra el derecho al honor de Ramoncín. Creo que le llamaron el “rey del pollo frito” o algo por el estilo. Y, claro, aquello no lo podía permitir.

La razón de ser de la SGAE parece consistir en tapar bocas. Las de algunos de sus socios, que parece feroz a la hora de ingerir dinero. La de algunos políticos, que no pondrán jamás en duda las cuentas de esta sociedad. Unas cuentas que se merecerían una campaña como la de los autobuses ateos: “Probablemente las cuentas auditadas de la SGAE no existen. Que Teddy Bautista deje de preocuparse y disfrute de la vida”. El Tribunal de Cuentas, que acaba de juzgar a Julián Muñoz, no ha movido un dedo por conocer las cuentas de la SGAE, que vive de los impuestos. Y de un impuesto especial, creado para ella y otras sociedades de gestión, y que se llama canon digital. Los políticos podrían decir algo al respecto, pero la SGAE sabe como hacerles enmudecer.

Y, por último, están sus críticos, a los que incluso espía. A ellos les quiere callar la boca a golpe de denuncias. Eso sí, tiene que toparse con algún juez que no se haya leído la Constitución, una especie de juez de la LOGSE, o uno de esos que quiere crear Bermejo a dedo. ¿Lo lograrán?

Plan I: Insumisión fiscal

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, el citado proyecto consiste, en realidad, en un ambicioso paquete de medidas destinado al Endeudamiento público, el Expolio fiscal, el Exceso Económico Errático o el Empobrecimiento social, como acertadamente lo han descrito algunos de los lectores de Libertad Digital. Basta con observar una sola vez el vídeo-anuncio del jefe del Ejecutivo para percatarse de inmediato del Engaño masivo que esconde su discurso.

La intención política de Zapatero es muy clara: transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ante la "grave crisis económica" que, ahora sí (cuando ya no queda más remedio que admitirlo), atraviesa España. ¡Calma y sosiego!, enfatiza el presidente. El Estado está para ayudar y nos salvará de la ruina. Pero, llegados a este punto, la pregunta clave del ya famoso Plan E resulta evidente. ¿Cómo?

Nuevamente Zapatero, gran conocedor de los asuntos económicos y financieros, nos lo explica con meridiana transparencia: "Más inversión pública", dice; "ayudas a las familias y empresas"; "protección social", reitera; "apoyo financiero a bancos y cajas para garantizar los depósitos de lo ciudadanos"; "aumentando los recursos para la dependencia" y para el "acceso a la vivienda" explica; subiendo las "pensiones" y el "salario mínimo interprofesional", así como "otras" medidas que serán aprobadas por el Gobierno en los próximos meses.

¿Traducción? Más gasto público y más gasto público ¿Y después? Aún mucho más gasto público. Vaya, ¿y cómo pretende financiar el Ejecutivo tal despilfarro de recursos? La sinceridad que en esta ocasión, y de un modo excepcional, adopta Zapatero me deja incrédulo, sin palabras. El presidente solicita la "colaboración de todos". "Todos tendremos que hacer esfuerzos y sacrificios", advierte. Tras esta petición, el presidente concluye su vídeo con un mensaje de "agradecimiento", como no podía ser menos.

Y es que, el Plan E del Gobierno consiste en Esquilmar nuestros bolsillos para sufragar su ambicioso proyecto anticrisis, que incluye por ahora 82 medidas económicas y que, pese a no estar todas en vigor, ya ha abierto un agujero en las cuentas públicas superior al 3% del PIB nacional y, de hecho, amenaza con degradar en breve la calidad de la deuda pública española.

En apenas 12 meses, el Ejecutivo ha dilapidado más de 50.000 millones de euros, y ahora nos dice, sin entrever atisbo alguno de rubor, que la factura será mucho mayor en el futuro y que por eso precisa de nuestra ayuda. La "colaboración" de los contribuyentes, y de los hijos de los actuales trabajadores de este país –y, posiblemente, incluso de los nietos– para tratar de salir del atolladero en el que estamos inmersos.

Hasta ahora, Zapatero nunca se había parecido tanto al inmortal cómico Groucho Marx quien, al grito de "¡más madera! ¡más madera!", trataba de insuflar desesperadamente ánimo a sus hermanos con el fin de salvar una locomotora desbocada y sin control que se dirigía sin remedio hacia el precipicio. Por desgracia, la actual situación tiene de todo menos gracia. El drama económico de España apenas acaba de dar comienzo, y la sobrealimentación del motor productivo a base de gasto público y endeudamiento masivo, tal y como pretende el Gobierno, tan sólo agravará aún más la situación.

El suicidio colectivo está en marcha, y es evidente que nuestra clase dirigente no puede o no quiere verlo. Pues bien, ante el Plan E de Zapatero, yo contrapongo un Plan I, de Insumisión fiscal, para tratar de evitar que el ilegítimo robo gubernamental siga su curso sin oposición alguna. El Estado se alimenta y vive exclusivamente de impuestos captados coactivamente a la ciudadanía, bajo la amenaza de sanción, multa e, incluso, cárcel. Y España se enfrenta ahora al mayor programa de gasto público de su historia reciente, sin tener en cuenta las nefastas lecciones que la historia se ha encargado de imponer a aquellos países en donde el descontrol fiscal y presupuestario mediante la concesión masiva de subvenciones y ayudas ha triunfado. Es el caso de Japón, es el caso de Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador o Zimbabwe, por poner tan sólo algunos ejemplos recientes.

La insumisión fiscal está legitimada. El Gobierno va a por nuestro dinero, a por el salario que con tanto esfuerzo se ganan día a día millones de trabajadores en este país. Zapatero, con la ayuda de su brazo fiscal, Hacienda, quiere meter la mano hasta el fondo de nuestros bolsillos, ya sea vía impuestos, aumento de multas o deuda pública. Quien pueda, que coja su dinero y corra porque el Estado precisa, ahora más que nunca, recursos, y será implacable en su tarea. El Plan E, no sólo no servirá de nada para paliar la crisis, sino que además impondrá una losa a los españoles, cuya factura amenaza con batir todos los récords.

Ante el Plan E, abogo por el Plan I. El problema es que los Estados son concientes de ello y, no por casualidad, han declarado la guerra a los paraísos fiscales, sus grandes enemigos. Pese a todo, conservo la esperanza. No obstante, David logró vencer a Goliat.

La argentinización de España

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Qué significa esto? Pues básicamente que estas empresas, que influyen decisivamente en los inversores extranjeros, están dejando de fiarse de la solvencia de nuestro Estado, especialmente a raíz de las multimillonarias emisiones de deuda que las Administraciones Públicas han tenido que realizar para sufragar los planes de estímulo y los de rescate a los bancos (sí, esos mismos que según Solbes nos iban a salir gratis).

Podrá considerarse, claro, que dado que las tres agencias han fallado más que una escopeta de feria en sus intentos por pronosticar el futuro, el cambio será casi irrelevante. Pues no. Si se degradara la calificación de nuestra deuda pública las consecuencias para toda la economía serían muy desfavorables, tanto más cuanto mayor fuera la rebaja.

Recordemos lo básico: la calificación de la deuda pública (también conocido como rating soberano) trata de dar una imagen del riesgo de impago de esa deuda. A menor calificación, mayor riesgo de impago y a mayor riesgo de impago más alto será el tipo de interés que tendrá que abonar el Estado para colocar la deuda en los mercado internacionales. Dicho de otra manera, si S&P nos baja la calificación (y detrás de S&P vendrán Moody’s y Fitch), el Tesoro tendrá que pagar unos tipos de interés más altos para financiarse, con lo que nuestros impuestos futuros serán aun más elevados de lo que ya iban a serlo.

Pero además, hay otra consecuencia bastante seria para la economía española, aparte del incremento futuro de la presión fiscal. En general, el rating soberano determina la calificación máxima que pueden obtener el resto de empresas e instituciones de un país. La razón es que se considera que si el Estado es incapaz de pagar su deuda, ninguna otra entidad será capaz de hacerlo. A la hora de la verdad, esta rebaja dista de ser automática y generalizada, pero sí es cierto que el mayor riesgo de impago del Estado influye negativamente en el resto de ratings de empresas e instituciones. Por consiguiente, las grandes dificultades para acceder al crédito de bancos, empresas y administraciones públicas españolas todavía se agravarán más. El Estado no sólo dificultará la inversión privada (el componente que necesitamos para readaptar la estructura productiva a las nuevas necesidades de la economía e iniciar la recuperación) al captar con la deuda pública los recursos que, en otro caso, habrían ido a parar a las empresas, sino que además la complicará al aumentar los riesgos asociados a la deuda privada española.

Por último, la ya maltrecha liquidez de nuestros bancos y cajas recibirá un nuevo golpe (pese a la entrega de varios miles de millones de euros por parte del Gobierno), ya que en sus balances poseen alrededor de 46.000 millones de deuda pública (incluyendo la deuda autonómica y municipal) que, al ser revisada a la baja, les limitará y encarecerá su acceso a los mercados interbancarios. ¿Resultado? Una mayor restricción crediticia para la economía interna y una prolongación de la crisis.

Pero tal vez, lo peor de esta amenaza de rebaja del rating de la deuda pública española sea lo que deja entrever. Es cierto que las agencias de calificación no han dado ni una durante la última década, pero en general se han equivocado por ser demasiado "generosas". En cierta sentido, intentan evitar las degradaciones de los ratings tanto como pueden (debido a las enormes implicaciones que tienen en los diversos ámbitos financieros), por lo que cuando se lanzan a esta clase de decisiones (especialmente con los "tipos grandes") es porque ya no pueden retrasarse ni un segundo más.

Posiblemente, si las agencias de calificación no fueran un cartel semipúblico, el rating de nuestra deuda ya se habría rebajado hace tiempo. El Gobierno está metido en una política de despilfarro con la absurda pretensión de estimular "demandas agregadas" a costa de hundir las "demandas concretas" de sectores económicos enteros. Más deuda pública significa menos fondos para los inversores actuales, más impuestos futuros para los contribuyentes y, por tanto, menos consumo privado presente y futuro. Es decir, unas perspectivas más negras para la economía y, por tanto, para la solvencia del Estado.

Si la calidad de nuestra deuda sigue hundiéndose (y nada en la actitud derrochadora y manirrota del Gobierno hace prever lo contrario), nuestro flujo de financiación exterior (de la cual somos uno de los países más dependientes del mundo) podría seguir reduciéndose, empeorando la crisis y reduciendo los ingresos fiscales del Estado (aumentando, de nuevo, el riesgo de impago de la deuda).

En este sentido, puede que lo único que nos separe del drama argentino (que también pasaba por un Gobierno que gastó a más no poder y terminó impagando la deuda exterior) sea que la mayor parte de nuestra deuda está nominada en euros. Pero ¡ah!, que no sólo de planes E vive el españolito. La zona del euro también parece tener un plan C… y eso sí sería Argentina.

Motivos para creer

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Dijo que la crisis era un invento neocón que jamás llegaría a un país con ansias infinitas de paz, como este, y hoy hasta los artículos de gastronomía hablan de ella. Negocia con los terroristas en nombre de la paz y azuza los viejos odios en nombre del consenso. Magdalena Álvarez es la versión progresista, alternativa, de la eficacia. Y Pepe Blanco, de la honradez. Pasado por la piedra de toque de la razón, del sentido común, ¿quién puede defender a este Gobierno? Eso piensa nuestro crítico; se llevará la duda a la tumba.

Bien, puede que el Gobierno de Zapatero no sea un ejemplo muy pulcro de la lógica, el buen hacer, el buen sentido y demás. Lo que no entiende nuestro crítico es que ni lo busca, ni lo necesita. Cualquier apelación a la razón es vana. Sobra, como un índice de términos en un diccionario.

Porque la política impuesta por los socialistas y tragada por Mariano Rajoy no es la del hacer, sino la del ser. No se trata de qué o cómo haga el Gobierno tal o cual medida, sino de quiénes son ellos, quiénes son la oposición y quiénes quieren ser los votantes. La política de Zapatero es radical no porque sea extrema, sino porque ha entendido muy bien cómo funciona la democracia de masas: lo importante no es ni la lógica de las medidas ni sus resultados, sino la identidad.

El objetivo es crear identidades propias y ajenas y forzar al votante a ser de unos o de los otros. Uno no deja de ser del Betis porque pierda varios partidos seguidos. La política zapateril quiere sustituir el ciudadano informado, responsable y libre por el fan del partido, el que no le abandonará bajo ninguna circunstancia y que preferiría dejarse la vida antes de entregar su voto a la oposición.

Que en gran parte el PSOE lo ha conseguido no es una novedad. Que los nacionalistas han triunfado en sus respectivas comunidades, no se le escapa a nadie. Pero aún le queda camino por recorrer. Lo que nos quieren dar los socialistas, nos lo han dicho ellos mismos, son motivos para creer, no para penar.

Autocontrol y las web ateas

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Si acaso, lo único particular es que dicha entidad no tiene tanto de autocontrol del sector como quiere hacernos creer su nombre –¿conseguiría, por tanto, su propia publicidad un dictamen positivo de ellos mismos?– debido a que uno de los dos órganos encargados de nombrar a los miembros del jurado que decide sobre la idoneidad o no de los anuncios es el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Consumo.

Pero lo que desde luego sí resulta sorprendente es que este órgano de supuesto autocontrol vaya a analizar los sitios web de los promotores de la campaña de autobuses. Se supone que su función consiste en decidir si la publicidad es engañosa o no, pero no acerca de las páginas de internet de quien encarga una campaña. ¿Se imagina alguien que estos señores se pusieran a analizar los sites de los evangélicos que han puesto publicidad diciendo que Dios sí existe? ¿O de los partidos políticos ante cada campaña electoral? ¿O los de la Conferencia Episcopal cada vez que ésta coloca anuncios pidiendo que se marque la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta? ¿O la web corporativa de cada compañía privada que contrata spots en radio, televisión, prensa de papel o en la red? Es más que dudoso que lo hagan.

Autocontrol lo único que debería analizar (en realidad ni eso, puesto que el hecho de que el Estado se encargue de nombrar a parte de los miembros del jurado supone un ataque político contra la libertad de expresión) es la campaña en sí. Además, los señores del supuesto Autocontrol deberían explicar qué van a inspeccionar en dichas web. Si lo que quieren es comprobar que sus argumentos no son engañosos lo tienen difícil: tan imposible es demostrar la existencia de Dios como su no existencia. La fe religiosa o la ausencia de ella poco tienen que ver con la verdad comprobable de forma empírica. Además, no pueden pretender que estos sitios web se ajusten a los contenidos de los diferentes códigos deontológicos de la publicidad, puesto que no pertenecen a este sector.

Eso sí, con independencia del resultado de estos análisis y de la decisión que tome Autocontrol, los promotores del Bus Ateo deben estarles muy agradecidos a todos aquellos que han montado en cólera por su campaña. Gracias a estos últimos –que en muchos casos no parecen entender que la libertad religiosa también implica creer que Dios no existe y proclamarlo a los cuatro vientos– miles o millones de españoles que jamás habrían visto esos anuncios se han enterado de su existencia. Si tan terrible les parece ese mensaje, deberían haber respondido como lo han hecho parte de los evangélicos españoles: con publicidad en sentido contrario. Y, eso sí, tampoco a ellos los de Autocontrol deberían mirarles sus web.

Ser mileurista, objetivo vital

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Es cierto que Zapatero ha contado con los servicios del mismo responsable económico que consiguió la hazaña anterior, Pedro Solbes, pero aún así hay que reconocer al leonés su capacidad para enfrentarse al reto de derrotar a su antecesor en cifras negativas y conseguirlo casi sin mover una ceja. Es lo que los freudianos denominan "matar al padre", un paso necesario para alcanzar la madurez que Zapatero ha ejecutado con coraje y decisión.

España destruye más empleo que cualquier otro país en el mundo, con unas estadísticas del paro que acojonan al socialista europeo más pintado por su robustez. Y eso que el maquillaje de Caldera para dejar fuera de las cifras oficiales de desempleados a varios cientos de miles de demandantes de empleo están cumpliendo una importante misión correctora, porque si atendiéramos a los datos reales, la trayectoria de Zapatero como destructor de puestos de trabajo no tendría parangón en ningún otro tiempo o lugar.

Zapatero está consiguiendo, por tanto, que la sociedad esté protagonizando un cambio en su composición y estructura. Es lo que los cursis de la Nueva Era denominan "un salto cuántico", que nos está haciendo evolucionar a toda prisa, aunque el universo final en el que vamos a desembocar tras salir de este agujero de gusano se antoje bastante ominoso.

En la etapa de Aznar, el problema principal que los sindicatos denunciaban era el gran porcentaje de asalariados que ganaban mil euros de sueldo. Con Zapatero, el mileurismo vuelve a ser la principal preocupación de los trabajadores españoles, pero por el motivo exactamente contrario, porque los votantes del PSOE que han perdido el puesto de trabajo como consecuencia de la brillante gestión de su líder ante la crisis matarían ahora mismo por una nómina fija, aunque fuera de sólo mil euros.

Hace unos años, ganar mil euros mensuales era motivo de depresión. Actualmente es estar en la aristocracia laboral. Esa es la verdadera revolución social del socialismo de Zapatero, que continúa ampliando derechos para los españoles: el derecho a ser mileurista.

¿Mejor que en noviembre?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En diciembre el paro se incrementó al ritmo más elevado desde 1977 y el INEM registró el mayor número de desempleados de toda su historia, pero el presidente del Gobierno nos lo ha querido edulcorar con dos mensajes de esperanza. La primera es que este mes de diciembre el paro ha subido menos que en noviembre; la segunda, que a partir de marzo comenzaremos a notar los efectos positivos de los planes de estímulo económico.

Pero de nuevo Zapatero se equivoca (o miente). Puede parecer cierto que el dato de paro de diciembre sea menos malo que el de noviembre. Al fin y al cabo, hace dos meses el desempleo aumentó en 170.000 y en diciembre "sólo" lo hizo en 140.000 personas. Sin embargo, hablar en estos términos resulta confuso y no nos desvela si, en realidad, estamos mejorando o empeorando.

Imagine que en noviembre de 2007 el desempleo hubiese aumentado en 500.000 personas. ¿Consideraría un mal dato que en 2008 creciera en 170.000? Al contrario, podría ser indicativo de que estamos empezando a recuperarnos o de que, incluso, estamos inmersos en una bonanza económica. De la misma manera, si "lo normal" fuera que en noviembre el paro cayera en 100.000 personas, que un año lo haga "sólo" en 25.000 podría sugerir una desaceleración de la actividad.

Pues bien, entre 1996 y 2007 el desempleo en noviembre creció, como media, en 36.000 personas, mientras que en diciembre se redujo en 57.000. Por tanto, en noviembre de este año sólo destruimos 134.000 empleos más de lo que resultaba habitual, mientras que en diciembre el paro creció en casi 200.000 personas con respecto a su media histórica: no sólo no creamos 57.000 empleos, sino que destruimos 140.000. De hecho, en este sentido, diciembre ha sido el peor mes de todo el año y con una notable diferencia con respecto a los anteriores. Por tanto, al contrario de lo que sugiere Zapatero, no estamos mejorando, sino empeorando y a un ritmo acelerado.

Por ese motivo, tampoco cabe esperar que esta tendencia se revierta a partir de marzo, tal y como ha pronosticado el líder socialista. Nada en la economía y en el mercado laboral español permite vislumbrar una mejora. Puede que, en efecto, los planes de estímulo de Zapatero logren "colocar" a algún parado, pero lo harán a costa de destruir muchos otros trabajos y de hipotecar el futuro de nuestro país: más gasto, más deuda y más impuestos.

En realidad, si el presidente del Gobierno quería dar una lectura positiva de las cifras de diciembre lo tenía fácil: serán mejor que las de enero. En la economía española, va volviéndose cierta la frase de que cualquier tiempo pasado fue mejor, especialmente mientras no se adopten las medidas básicas para favorecer la recuperación, a saber, liberalización del mercado laboral y reducción del gasto público.