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Una posible amenaza para Windows

España vuela ya sin motores económicos que la sustenten. La construcción, la industria, el sector servicios y el turismo presentan tasas de actividad negativas, lo cual se está traduciendo en un rápido incremento del número de parados. De este modo, la paulatina caída de la producción registrada en los últimos meses se materializará, a partir de 2009, en un brusco aterrizaje de consecuencias nefastas para trabajadores y empresas.

España cuenta en la actualidad con una tasa de desempleo del 10,6 por ciento (algo más de 2,4 millones de parados). ¿Se imaginan que esta cifra se dispare hasta los 4 millones? Pues bien, este es el panorama al que nos enfrentamos de aquí a 2010, con tasas de paro próximas al 20 por ciento, tal y como aconteció durante la recesión de mediados de los años 90. De hecho, la economía nacional se enfrenta a un contexto incluso más complejo y desolador que el de entonces, debido al elevado endeudamiento español y a la crisis de solvencia crediticia que se cierne sobre el mercado financiero internacional.

¿Soluciones? Pocas. La crisis es inevitable. Sin embargo, sí se pueden acometer reformas estructurales de calado con el fin de suavizar los efectos que conllevará la tempestad. En este sentido, cabe destacar la aplicación de medidas en materia de empleo. La principal preocupación de cualquier ciudadano radica en poder mantener su puesto de trabajo. Es decir, contar con un flujo de ingresos regular y estable para afrontar con cierta holgura los pagos.

En el contexto actual, la clave no radica tanto en el hecho de mantener un puesto fijo que en ningún caso estaría garantizado, teniendo en cuenta la avalancha de quiebras empresariales que se avecinan, sino en poder encontrar un nuevo trabajo en el menor tiempo posible en caso de despido. Malas noticias. España cuenta con uno de los mercados laborales más rígidos de las economías desarrolladas.

Las empresas se enfrentan, además, a un sinfín de trabas administrativas, tanto a nivel estatal como autonómico, que dificultan en gran medida el libre desarrollo del negocio y, por tanto, el crecimiento de la compañía y la consiguiente contratación de nuevos empleados. La liberalización plena del mercado laboral español no sólo es necesaria, sino ineludible para afrontar con ciertas garantías la peor crisis económica de los últimos 40 años.

Curiosamente, pese a que EE.UU. ha entrado técnicamente en recesión, presenta una tasa de paro de solo el 5,6 por ciento. Por el contrario, el PIB español todavía no ha registrado tasas de crecimiento negativas. Sin embargo, el desempleo nacional duplica ya al estadounidense. El riesgo de la economía española consiste en la dificultad que tienen los trabajadores para reincorporarse al mercado laboral. De ahí precisamente que esté aumentando el número de parados de larga duración.

¿Esperanza? Por desgracia, ninguna. La rigidez laboral se mantendrá intacta durante la presente legislatura. El Gobierno socialista confía en que España recuperará la senda del crecimiento económico en breve. Algo que no va a suceder. Por ello, aboga por la aplicación de medidas transitorias como la anunciada recientemente por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. En concreto, el Ejecutivo de Zapatero pretende contratar en 2009 a 100.000 desempleados procedentes del sector inmobiliario y de la construcción.

Es decir, más empleo público o, lo que es lo mismo, aumento del gasto a costa de restar riqueza al resto de ciudadanos. Una medida del todo insuficiente e ineficaz para atajar uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la economía nacional. ¿Por qué no contratar entonces a los 2,4 millones de parados que existen en la actualidad? Que yo sepa, en países de la talla de Cuba o Corea del Norte tampoco existe el paro, ¿verdad? Papá Estado se encarga de que no falte trabajo. Una gran idea la del ministro. Aunque existe otra incluso mejor: que Corbacho saboree por sí mismo la experiencia del desempleo, y así al menos los contribuyentes se ahorrarían el tener que sufragar su elevado sueldo.

Corbacho, al paro

Desde el Dell Latitude-On podremos acceder al correo electrónico, navegar por la web, acceder a la agenda y leer documentos. Es como tener dos portátiles en uno. La ventaja es que tarda mucho menos en arrancar y, sobre todo, gasta mucha menos batería. Se supone que funcionando sólo con él podremos usarlo durante días, y no durante horas, sin recargarlo. Mientras los ingenieros lo desarrollaban lo denominaron "Blacktop", pues el objetivo era disponer de todas las aplicaciones de una Blackberry, pero en un portátil (laptop) con un teclado de verdad y una pantalla grande.

El problema es que ese sistema operativo recortado es una versión de Linux, y los programas que funcionan sobre él no son de Microsoft. El navegador está basado en Firefox y las demás aplicaciones parecen ser propietarias, aunque completamente compatibles con las del gigante de Redmond; la aplicación de correo muestra los 100 mensajes más recientes del Outlook que tenemos instalado, y entre los documentos que podemos consultar están los de Office. Para una compañía que lleva en los genes la omnipresencia en todos los ordenadores personales del planeta, esto suena un poco a catástrofe.

No es sólo que, como explican en ComputerWorld, sean ahora otras empresas como Dell las que llevan a cabo este tipo de innovaciones de las que hace unos años hubiera sido autora la propia Microsoft. Es que la principal baza de Microsoft, el tener atados a los usuarios ofreciéndoles aquello que están acostumbrados a usar, sufre un verdadero peligro de desaparición si se generaliza este tipo de ingenios. Si los usuarios van acostumbrándose a funcionar con distintos escritorios de sistemas diferentes, les resultará mucho más fácil desplegar las alas y levantar el vuelo desde Windows hasta otros sistemas como Mac OS X o Linux.

La mayor parte de la gente usa el ordenador para las tareas que el "Blacktop" es capaz de asumir y algunas pocas más, como escribir, jugar, ver vídeos y fotografías y escuchar música. Pero cada vez más frecuentemente pueden realizarse estas y otras tareas con ordenadores, sin Windows o en aparatos que ni siquiera pueden calificarse como computadoras de uso general, como las consolas o ingenios como el Apple TV o los nuevos TV widgets que anuncian Intel y Yahoo.

El mundo que empieza a vislumbrarse es uno en el que Windows será menos imprescindible y en el que lo único que se espera de Microsoft es una nueva versión de su sistema operativo más rápida y manejable que use menos recursos. Porque las grandes innovaciones ni están ni se las espera en Redmond.

Los juguos olímpicos

Llena de orgullo, la Efe china informó de que el 15 de agosto se subastó la antorcha olímpica y que su precio, 42.000 dólares, superó ampliamente el de la que se prendió en 1936, por la que se han dado 25.000.

Pero más acertada hubiera sido la comparación con los Juegos de Moscú de 1980, ya que de la Unión Soviética han importado un sistema de promoción de las figuras del deporte al que han puesto por nombre juguo, que literalmente se traduciría como "la nación entera". Consiste en localizar en todo el territorio a aquellos jóvenes que tienen un talento especial y ponerse a explotarlos hasta sus límites. ¿Que se lesiona? ¡Será por chinos! Se le reemplaza por cualquier otro y santas pascuas. El juguo es una fábrica de sueños rotos, un almacén de infancias por estrenar.

La competición deportiva es un lugar para el desarrollo de las capacidades individuales, una forma no violenta de medirse con los demás y superarse a sí mismo. Fomenta los valores propios de una sociedad extensa y libre: el afán por mejorar, el trabajo duro y constante, el compañerismo, la igual sujeción de todos a unas normas comunes… China no se limita, como otros países, a facilitar los medios a colegios y universidades para que el que quiera seguir el duro camino del atletismo pueda hacerlo, sino que convierte a cualquier buen deportista en potencia en una pieza de su maquinaria propagandística. 

Sé que a estas alturas resulta ñoño referirse al "espíritu olímpico", pero si alguna vez existió, no hay ya medium que pueda contactar con él después de las puñaladas que China, como antes Rusia, le ha clavado. China, en deporte, ha llegado más lejos, más alto y más fuerte. Pero no más libre.

Cultura tiene razón

Desde ese departamento han dicho que el canon "no es un instrumento de lucha contra la piratería". El autor de tal verdad es el director general de Política e Industrias Culturales, Guillermo Corral Van Damme. Pero después del soponcio y la preocupación, viene la calma. Tras seguir leyendo, comprendo que el acuerdo entre Corral Van Damme y termina ahí.

Esta verdad en boca de alguien tan próximo al titular de Cultura –lleva varios años ocupando cargos que demuestran la confianza que tiene en él Cesar Antonio Molina, incluyendo su paso por una institución pública en la que tiene mucha influencia la esposa del ministro– fue el inicio de una alocución que parece escrita por el mismísimo Teddy Bautista, o incluso por Pilar Bardem. Ya puedo respirar tranquilo. El sobrecito de tila vuelve a su sitio. Este diplomático, que tal vez aprendió mucho sobre como liar a sus oyentes cuando estuvo destinado en Turquía y Tanzania, aclara que de esa manera "son irrelevantes" los argumentos de que el canon castiga por un presunto delito que todavía no se ha cometido. Sí, es cierto que en esto también tiene razón, claro que también debería aclarárselo a muchos artistas que dicen que este sobreprecio es para compensarles por la piratería.

Continúa diciendo que el canon, por lo que compensa, es por "las copias legales" que los consumidores pueden hacer. Eso sí que es de traca. Para Corral Van Damme está mal que se te castigue por algo ilegal que no has cometido, pero está bien que se te haga por algo legal que tampoco has hecho. Es como pretender cobrar a todos los españoles el impuesto de matriculación por si algún día se compran un coche. ¿Qué no tienes ni carné de conducir? Algún día te lo sacarás… ten presente que "no podemos conducir por ti" (pero ya les gustaría, como nos recuerda de vez en cuando Carlos Rodríguez Braun).

Y continúa el alto cargo con apellido de actor de películas de patadas y puñetazos asestando golpes a nuestra inteligencia. Nuestro amigo (bueno, del ministro y su mujer, no mío), asegura que se trata de una "retribución legítima" que perciben los autores por su creación. Curiosa legitimidad la del pro-castrista Pau Donés para hacerme pagarle por comprar un DVD en el que jamás copiaría una sola de sus aburridas y repetitivas canciones. Y el remate. Tras poner por las nubes a la industria cultural, afirma que el canon sirve para protegerla. Si tan buenos fueran nuestros cantantes, compositores, actores, guionistas de cines y demás, no necesitarían dicha protección. El mundo entero correría a comprar sus obras y ver sus películas. ¿Qué no ocurre así? Es posible entonces que no sean tan maravillosos ni que se merezcan ser protegidos.

Según terminaba este artículo me iba tranquilizando del todo. La preocupación inicial fue producto de la precipitación. Sigo estando cuerdo y el Ministerio de Cultura continúa al servicio de ciertos actores, cantantes y similares. Hay cosas que nunca cambian.

Gane quien gane, usted y yo perdemos

Conviene aclararlo por si algún piadoso contribuyente piensa que el dinero que las autonomías van a obtener cuando finalmente se ponga en marcha el invento, superado el chantaje del PSC, va a repercutir positivamente en algún aspecto de su vida privada.

El estado de las autonomías es el mayor fracaso, y el más siniestro, de la Gloriosa Transición Española. So capa de proporcionar un amable encaje constitucional a las regiones que exigían el reconocimiento de su carácter nacional, el famoso "café para todos" ha convertido  España en una federación de diecisiete republiquitas que compiten entre ellas para ver quién sangra con más éxito la caja nacional. La clase política que dirige estos diecisiete virreinatos tiene, además, que justificar los enormes sueldos que detraen del esfuerzo de todos, inventando continuos problemas y agravios territoriales a los que dar respuesta en aras de la dignidad local. La persecución de la lengua común en algunos territorios o la pelea por la distribución de los recursos hídricos nacionales son ejemplos que hablan por sí solos del desastre autonómico y de sus efectos perversos sobre los ciudadanos, que se ven privados de derechos elementales a mayor gloria de la clase política autonómica.

Sumen los diputados de todos los parlamentos autonómicos, los consejeros o "ministrillos" a una media de doce por autonomía, más el resto de altos cargos ocupados en defender la dignidad y los derechos históricos de sus territorios, y verán que tenemos a más de dos mil señores y señoras cuya única preocupación es exacerbar el elemento identitario de su terruño para justificar sueldos, dietas, secretarias y coche oficial.

Añadan el elefantiásico número de organismos de toda laya dedicados a los asuntos más peregrinos, con la legión de funcionarios necesaria para hacerlos funcionar, y verán que sea cual sea el reparto de los cada vez más depauperados fondos estatales, la mayor parte va a ir a parar a la financiación de miles de entes absurdos y a los sueldos de sus dirigentes. Sin ir más lejos, Aragón, Baleares, Valencia, Murcia y Andalucía cuentan con una "Dirección General para el Cambio Climático", que ya es tener humor, con miles de funcionarios dedicados, entre otras labores igual de elevadas, a que los osos polares no fallezcan de un golpe de calor por culpa del calentamiento global.

La fauna de la tundra quizás aguarde con expectación el resultado del nuevo reparto de los recursos nacionales para ver cuánto les toca a sus protectores españoles. A mí, la verdad, me da exactamente lo mismo. Sea cual sea la decisión lo único evidente es que me va a tocar pagar. Por eso, cuando escucho a los políticos de todos los partidos cantar alabanzas a nuestro sistema autonómico como una de las grandes conquistas de la modernidad no puedo estar más de acuerdo. En lo que a su vida privada se refiere, no cabe duda de que las autonomías han sido un éxito esplendoroso.

Arrimando el hombro

"Todos debemos entender que la educación, las carreteras, los servicios… no son gratis. Todos debemos arrimar el hombro". ¿No le suena esta expresión de "arrimar el hombro"? También es muy usado por el Gobierno socialista español.

Cuando alguien le pide que arrime el hombro entiende que le está solicitando ayuda y que usted, de forma voluntaria, se la da si quiere. Esta expresión recibe un sentido totalmente diferente cuando es usada por los políticos. En política, arrimar el hombro significa que aprobarán leyes obligándole a pagar más dinero al Estado. Esto no es altruismo, ni bondad, ni mucho menos un acto solidario y de civismo, simplemente es un crimen y un robo ya que usted paga los impuestos porque el Gobierno le amenaza y extorsiona con multarle, juzgarle, encarcelarle o matarle si se defiende de la agresión estatal y no cede el tributo al Gobierno de turno.

Afortunadamente, la sociedad española se está dando cuenta de qué son los impuestos y de que estos son siempre ilegítimos. Según el Ministerio de Economía, casi un 50% de la población ve con buenos ojos no declarar al fisco todas las rentas obtenidas. Estos datos contrastan con los años anteriores. En 1995 sólo el 33% de la población encontraba lícito engañar a Hacienda para no dejarse saquear por el Estado. En 2006 esta proporción ascendió al 39% y en 2008 se sitúa concretamente en el 49%.

Casi el 88% de los encuestados piensan que "hay circunstancias en la vida personal o de una empresa que justifican cierto fraude para seguir adelante". Esto es muy interesante, porque contradice totalmente el argumento izquierdista de que los impuestos revierten directamente en el individuo como un efecto multiplicador al estilo keynesiano generando más rentas o bienestar para todos.

No pagar impuestos es algo más que un hecho circunstancial a la situación económica. ¿Se imagina que por ley tuviésemos que informar a un ladrón a qué horas no estaremos en casa para que él entrase a saquear nuestra propiedad? Si los impuestos son una incautación forzosa de nuestras rentas y de aquello que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo, ¿por qué ha de ser inmoral no informar al Estado de lo que ganamos? Si caemos en la extorsión del Estado, éste nos sacará nuestro dinero para comprar más votos, repartirlo entre sus grupos de presión o emprender proyectos de ayuda inútiles que no repercuten en nuestro bienestar. Más bien al revés, lo usarán para crear más leyes que les sirvan para controlar nuestras vidas. Engañar al fisco es un acto de defensa para mantener nuestro bienestar y conservar aquello que nos hemos ganado trabajando. Nadie tiene derecho a sacárnoslo.

¿De verdad cree que la presión fiscal, que supera ligeramente el 40%, es para pagar los llamados servicios básicos del Estado? Sólo en la recaudación por tabaco y licores ya se paga todo el presupuesto de Defensa. ¿Cree que los políticos administrarán mejor su dinero que usted? Ellos no les bajarán los impuestos, así que tome usted la iniciativa.

Telecinco contra YouTube

El norteamericano se refería a una serie de acontecimientos, innovaciones y empresas que habían reducido las diferencias entre ricos y pobres, entre ciudadanos de distintos países, entre empresas e individuos. Internet y la globalización habían reducido las barreras de entrada a un número creciente de mercados para un número cada vez mayor de personas.

Pese a los errores de Friedman, que acertadamente señaló en su día Juan Ramón Rallo, es cierto que la tecnología y la ampliación de los mercados propiciada por la globalización han producido una reducción de costes brutal en muchos campos, lo que ha facilitado que unos recursos otrora escasos y a los que sólo accedían quienes pudieran invertir una cantidad ingente de capital estén ahora al alcance casi de cualquiera. Lo comentaba Glenn Reynolds, autor del célebre blog Instapundit, en su libro An Army of Davids. Ponía un ejemplo personal: él, su hermano y unos amigos disponían de un equipo de grabación mejor que el disponible en los pequeños estudios hace veinte años y que les había costado menos que lo que entonces se pagaba por una maqueta. Eso les había servido para, por ejemplo, producir un disco de un grupo africano, que luego podía distribuirse universalmente y de forma barata por internet.

Lo mismo, naturalmente, ha sucedido en el ámbito audiovisual. Miles de personas suben vídeos elaborados por ellos mismos a YouTube y otras plataformas similares. Algunos logran un gran éxito de audiencia y son recogidos por las cadenas, grandes y pequeñas, en programas de zapping, sin pedir permiso ni a los autores ni a las plataformas donde se alojan. Sin embargo, ay de quien se atreva a subir un vídeo de alguna gran empresa audiovisual, se dedique al cine o a la televisión; una posible demanda espera al responsable de haberlo puesto en internet o a la plataforma que lo aloja en la red.

En España ha sido el italiano Paolo Vasile quien ha destapado la caja de los truenos y ha presentado una demanda contra YouTube. En ella pide que se retiren todos los vídeos de la cadena alojados en el sitio web propiedad de Google, además de exigir una indemnización por haberlos "emitido", pero, eso sí, no está dispuesto a identificar cuáles son. Enrique Dans, antaño colaborador de Libertad Digital, es perito en el caso y cuenta algunas jugosas interioridades, como que la cadena ha rechazado emplear la tecnología de YouTube para identificar vídeos protegidos, empleada por empresas de todo el mundo. Telecinco pretende que el juez ordene la eliminación de todos los vídeos que contengan la palabra "Telecinco" o incluso algunas tan genéricas como "está pasando", "allá tú" o "diario de", y prohibir la aparición de imágenes de su cadena aunque sea a efectos de cita o parodia, algo completamente legal.

Negándose a emplear los medios tecnológicos adecuados para proteger sus derechos y exponiendo pretensiones auténticamente disparatadas, Telecinco y su principal propietario Mediaset parecen más bien empeñados en acabar con una competencia molesta, porque rompe el monopolio de los grandes creadores de contenidos acercando a quienes hasta hace poco eran simples consumidores de las cadenas de televisión en productores. Evidentemente, rara vez un vídeo casero supera en audiencia vía internet a una serie o un programa de alguna cadena nacional, pero que la gente pueda dedicarse a ver contenidos que les gustan por internet en lugar de aceptar pasivamente lo que decidan ofrecerles las empresas de televisión a la hora a la que venga en gana emitirlo no les gusta nada. Y en lugar de competir lealmente, intentan destruir esa posibilidad.

El androide de Google

Que Android sea una plataforma libre donde cualquiera puede desarrollar aplicaciones debería abrirle mucho el camino, pero por ahora no está siendo así. Google está sintiendo en sus carnes unas barreras de entrada que no encontró cuando comenzó a competir con otros buscadores. En el mercado de la telefonía móvil las operadoras y los fabricantes de móviles tienen mucho que decir en el desarrollo futuro del sector y tienen miedo a que Google cobre el mismo peso que tiene en internet.

Marcas como Nokia y Blackberry no quieren ver sustituidos sus actuales sistemas operativos por Android y pelean junto con otras para que el sistema de Google se instale de serie en la menor cantidad de terminales posibles. Microsoft también está en esa batalla, pero ya ha visto que la compañía HTC, que tradicionalmente instalaba de serie su sistema operativo Windows Mobile, va a instalar, cuando esté listo, el sistema operativo de Google. Los sistemas operativos, como ha demostrado el iPhone de Apple, son fundamentales para el desarrollo de una internet móvil real, y los fabricantes y operadoras saben que en estos momentos alrededor de los mismos se está decidiendo el reparto del mercado para los próximos años. Además de las luchas que el propio mercado produce, Google se encuentra con otro inconveniente: Android no estará listo para la fecha prevista de lanzamiento. Ahora se espera que esté preparado a finales de 2008 o a principios de 2009. Andy Rubin, director de las plataformas móviles de Google, ha declarado que desarrollar un software como este y a su vez insertar todas las características que piden sus socios (fabricantes, operadoras y desarrolladores) es muy complejo. Esto ha hecho que la fecha de finalización se haya alargado.

Todo parece indicar que mientras Google está sudando como nunca para sacar adelante este producto, otros fabricantes como Blackberry o Apple están mejorando sus respectivos sistemas, y Microsoft todavía no da su brazo a torcer. Vivimos un momento apasionante en este sector, donde en los próximos meses veremos cómo un mercado competitivo nos ofrece más y mejores soluciones a los usuarios.

Cómo decidir la subida de los funcionarios

Como es sabido, la propuesta del Gobierno se sitúa en 2-3% de subida, frente al 5,3% de inflación interanual (medida por el IPC) que hemos tenido en agosto. Todo ello lleva a preguntarse si este mecanismo de revisión salarial es justo, sobre todo en comparación con lo que ocurre en la empresa privada. La respuesta nos la da la teoría económica.

En un mercado libre, una inflación del 5%, esto es, una subida de precios generalizada por esa cantidad (que solo se puede dar por mayor emisión de moneda) se traduciría en el corto plazo y de forma inequívoca en una subida de los salarios por el mismo porcentaje. Esto es así porque el precio de los factores de producción sigue al de los bienes de uso: los beneficios extraordinarios se terminan trasladando a una mayor retribución de los factores debido al proceso competitivo por los recursos.

Como desgraciadamente nuestro mercado real dista de ser libre, esto no sucede en absoluto, y la inflación no se traslada así de automáticamente a los sueldos de los empleados privados.

Pero, ¿qué pasaría con los funcionarios? La actividad de los funcionarios no se guía por el mercado. En estas condiciones, no existe un precio de mercado para el bien de uso que ellos producen. Hay algunos economistas que califican directamente de waste, desperdicio de recursos, esta actividad, precisamente por no estar orientada por las preferencias de los individuos, sino por otros criterios.

Al no existir un precio de mercado para el bien producto de su actividad, no hay forma de determinar su retribución a partir de su producción, como sí ocurre con los empleados en actividades del mercado. Dicho de otra forma, el salario de los funcionarios y demás empleados de la Administración Pública es completamente arbitrario, pues el mercado no valora su producto. Por supuesto, se puede establecer un sueldo a partir de los de aquellos empleados privados que desempeñan actividades que se puedan considerar similares, pero el problema sigue existiendo.

Llegados a este punto, resulta evidente que es imposible que la inflación se traslade por vía del mercado al sueldo de los funcionarios, como sí ocurriría con el de los trabajadores de las empresas (en un mercado libre).

La única forma que tienen los funcionarios de mantener su poder adquisitivo es la movilización, las huelgas a las que periódicamente nos tienen acostumbrados. ¿Anticipo de un otoño caliente?

Chávez, el mayor ladrón del siglo XXI

Partiendo, pues, de esta definición, se puede afirmar sin ningún género de dudas que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se ha convertido en el mayor ladrón de América Latina.

De hecho, posiblemente ostente ya el honorable título de mayor confiscador estatal del siglo XXI. Al menos por el momento y hasta que algún otro dictador socialista, enmascarado bajo el engañoso velo de la democracia populista, aspire a superar las ansias de poder económico y dominación social que viene demostrando el líder robolucionario bolivariano.

Tras la reciente nacionalización de la filial del Banco Santander en Venezuela, Chávez acaba de proceder a las apropiaciones estatales de la cementera mexicana Cemex, la suiza Holcim y la francesa Lafarge. Tras este proceso, Chávez se ha convertido en el dueño y señor de la industria cementera venezolana. De hecho, desde que llegó al poder político, el gorila rojo ha engullido bajo su proyecto de socialización económica los sectores clave de la economía venezolana: petróleo, siderurgia, minería, medios de comunicación, tierras, distribución alimentaria, sanidad, educación…

Nadie escapa al ansia depredadora del líder chavista. Y eso que su propuesta de reforma constitucional fue rechazada en las urnas en el referéndum celebrado el 2 de diciembre de 2007. Un proyecto con el que Chávez pretendía imponer a todos los venezolanos, y a sus aliados comunistas en el continente, su particular modelo económico, basado en la expropiación forzosa de la propiedad privada.

No obstante, la citada reforma pretendía modificar 69 de los 350 artículos de la Constitución venezolana de 1999. Su objetivo consistía en concentrar los poderes del Estado en la figura del presidente y sustituir el "sistema capitalista burgués" por el modelo socialista de producción. La propiedad privada debía quedar postergada a un mero vestigio jurídico, a expensas del "interés social" que dicte el Gobierno chavista.

Sin embargo, pese a que el texto fue rechazado por la mayoría de los votantes, Chávez se ha servido de los poderes discrecionales que le otorgaba la denominada Ley Habilitante para imponer, a golpe de decreto, su sagrada voluntad. ¿Acaso pensaban que la democracia lograría derrotar al Depredator venezolano?

Ya lo advirtió él mismo tras el rechazo de su proyecto en las urnas: "Nos venció la abstención […], por ahora no pudimos". El Gobierno "buscará la manera" de materializar los ejes de la reforma constitucional bolivariana. Dicho y hecho. Apenas 9 meses después de aquellas afirmaciones, Venezuela avanza hacia la instauración del comunismo al ritmo y tiempo que marca la batuta de Chávez.

Según un reciente informe elaborado por los profesores universitarios Victorino Márquez Ferrer (UCAB) y Luis Herrera Orellana (UCV), la citada Ley Habilitante promulgada por Chávez (aprobada en enero de 2007) ha logrado instaurar en el país, al menos, 11 artículos de la fallida reforma constitucional. Mediante la reciente aprobación de numerosos decretos leyes, el líder bolivariano ha logrado ampliar sus esfera de poder, tanto económico como político, tal y como pretendía su particular proyecto.

Así, el artículo 115 de la reforma, rechazado en referéndum establecía cinco tipos de propiedad y privilegiaba la intervención del Estado en la economía. Ahora, el Gobierno puede expropiar igualmente cualquier bien, sin previa declaración de utilidad pública ni control judicial.

El traslado de competencias regionales y locales al Gobierno central, que estaba enunciado en el artículo 156 de la propuesta presidencial, se concreta, entre otras formas, mediante la creación de autoridades regionales nombradas por el Presidente, según refleja el informe. Además, con los decretos leyes sobre seguridad alimentaria y acceso a bienes y servicios, Chávez ha logrado reeditar el artículo 305 de su reforma, que permitía la nacionalización de todo el sector agrícola.

En concreto, los investigadores concluyen que, pese a su derrota en el referéndum, Chávez se ha salido finalmente con la suya: Elimina el libre mercado, amplía el control estatal y expulsa al sector privado de la economía.

Las leyes Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación (22-06-07), de creación del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (28-01-08), de Pesca y Acuicultura (14-03-08), de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, para la Defensa de las personas en el acceso a los Bienes y Servicios, Orgánica de Turismo y para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular (estas últimas cuatro promulgadas el pasado 31 de julio) constituyen ya el nuevo cuerpo constitucional de Venezuela. Por desgracia, el gorila se ha salido con la suya. Mi más sincero pésame y apoyo a los venezolanos.