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Crónica de una quiebra y de una nacionalización anunciadas

El motor que muestra las páginas es WebKit, desarrollado por Apple para su Safari a partir del KHTML empleado en Linux por el navegador Konqueror. Sin embargo, han desarrollado su propio intérprete Javascript, que es el lenguaje en el que se escriben las aplicaciones web, al que han llamado V8, y que es el más rápido que he probado hasta la fecha. Como resultado, Chrome arranca muy rápidamente y muestra las páginas a toda velocidad, especialmente las aplicaciones web complejas como Gmail.

Para mejorar la estabilidad, cada pestaña es un proceso separado. De hecho, si miramos el "administrador de tareas" mientras navegamos con él, podremos ver un montón de procesos "chrome.exe". De este modo, si una de ellas se cuelga, no afectará a todo el navegador y podremos cerrarla sin problemas. La contrapartida es que emplea más memoria, aunque es posible que en un uso continuado en el que abramos y cerremos un buen número de pestañas el gasto sea menor que en otros navegadores.

Por lo demás, tiene un interfaz bastante minimalista (carece de barra de menús) y muy pocas opciones, hasta el punto de carecer de un gestor de favoritos digno de tal nombre; permite importarlos y añadirlos y pare usted de contar. Pero dentro de su reducido abanico de opciones ha cogido lo mejor de cada casa. Las pestañas y ventanas nuevas se abren mostrando las opciones más habituales al empezar a navegar, al igual que Opera: nuestras páginas más habituales, el buscador o los últimos favoritos añadidos. La barra de direcciones permite buscar entre las páginas visitadas, como la de Firefox, y añade algunas mejoras como hacer búsquedas o sugerir sitios que aún no hemos visitado pero que concuerdan con lo que estamos tecleando. Dispone de un "modo de incógnito" que no guarda el historial ni deja otros rastros en el equipo, opción anunciada para Explorer 8 y que algunos han bautizado como "modo porno".

Pero repasar la lista de características oculta la pregunta que muchos nos hacemos: ¿por qué Google ha creado su propio navegador? Al fin y al cabo, es el principal patrocinador de la Fundación Mozilla, responsable de Firefox, y ha renovado recientemente su apoyo hasta el 2011. El problema es que, pese al éxito de la versión 3.0, este navegador aún no ha logrado desbancar al Internet Explorer, y sólo está erosionando poco a poco su cuota de mercado. La razón es que la mayoría de los usuarios emplean el que viene preinstalado en su ordenador y no se preocupan por cambiarlo. El volumen de usuarios que puede llegar a sumar, aunque considerable, no logrará erosionar el dominio del Internet Explorer mientras sea el navegador que la mayoría de los usuarios se encuentra cuando compra un ordenador.

Quizá hayan leído, por ejemplo a Enrique Dans, argumentar que lo que Google pretende con Chrome es "restar valor al sistema operativo", lo que traducido con el diccionario consultor-español, español-consultor, significaría lograr que al usuario le importe poco si el ordenador funciona con Windows, Linux o Mac OS X, porque sus aplicaciones están en internet. Es algo que llevo escuchando desde el lanzamiento de Netscape 4, allá por 1997, época en la que Google era un proyecto de dos doctorandos. Chrome aporta poco en ese camino, al margen de la velocidad, traer Gears instalado de serie y la posibilidad de crear iconos en el escritorio que ejecuten directamente Bloglines o Google Docs, de modo que no creo que sea eso lo que tienen en mente.

Lo que pienso es que Google planea, cuando sea un proyecto más maduro y aceptado por los llamados early adopters, es decir, tecnófilos a los que les encantan las cosas nuevas, emplear su músculo financiero para lograr que las principales empresas de venta de ordenadores –Dell, Acer, HP, etc.–  preinstalen su Chrome. Aunque la apoya, Google no controla la Fundación Mozilla ni sus productos, y no va a gastarse un dineral en colocar Firefox en las nuevas computadoras. De hecho, pese a ser una versión beta, ya le ha abierto una puerta a Chrome que nunca le mostró al zorro de fuego: un enlace para descargarlo directamente desde su prístina página principal. Un movimiento que le ha permitido alcanzar entre un 1 por cierto de cuota de mercado en un par de días, formado en aproximadamente tres cuartas partes de usuarios de Firefox.

Si en algo todos estamos de acuerdo es que el principal objetivo de Google es reducir la amenaza que supone Microsoft en el único punto en que el gigante de las búsquedas no estaba presente: el navegador. Pero eso significa que el software al que quiere atacar es Internet Explorer, no Windows. En cualquier caso, el tiempo nos lo dirá.

¿Por qué Google Chrome?

Dicha iniciativa se desmarca por completo de la actual deriva que ha emprendido la negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, en donde las regiones de uno y otro color político pugnan entre sí por llevarse a su plato el mayor trozo de pastel estatal posible. Y es que, mientras la mayoría de las autonomías depositan sus esperanzas en atraer dinero público a sus respectivos territorios a través de subvenciones e inversiones productivas, en base a los criterios de reparto que fije la nueva reforma, Aguirre centra su estrategia en cautivar a compañías y empresarios para que se animen a invertir todavía más en Madrid.

De este modo, la presidenta de la Comunidad se ha vuelto a desmarcar de sus homólogos regionales. No centra sus esfuerzos en un reparto estatal en el que, al fin y al cabo, siempre estará determinado por intereses arbitrarios y partidistas, sino en atraer el mayor número de empresas e inversiones posibles a su región, con el objetivo de crear riqueza y puestos de trabajo. La competitividad se ha convertido en un ámbito clave del sistema autonómico vigente en España, y Aguirre ha sabido verlo, a diferencia del resto.

La ponencia económica que el PP madrileño presentará en su congreso regional va, precisamente, en esta dirección. Dado el creciente número de "barreras" normativas que impone el Estado y las autonomías al libre desarrollo de las actividades económicas, Aguirre pretende garantizar a las empresas la mejor regulación posible. Su "cláusula de normativa autonómica más favorable" permitirá a las empresas beneficiarse de la regulación vigente que mejor responda a sus intereses, sin la necesidad de tener que solicitar nuevas autorizaciones o permisos administrativos para operar en Madrid.

Qué diferencia respecto a otras autonomías, tales como Cataluña, Galicia, Baleares o Andalucía, por citar tan sólo algunos ejemplos. El consejero de Economía de la Generalidad, Antoni Castells, llegó a tildar de "competencia desleal" la política de recortes fiscales emprendida por Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. De hecho, reclamó la intervención del Estado con el fin de imponer un umbral mínimo en materia fiscal, común a todas las regiones, para evitar la deslocalización empresarial que sufre Cataluña desde hace años, ya que las compañías están huyendo en busca de normativas más flexibles.

Una petición muy curiosa la de Castells, quien aboga por un mayor nivel de independencia y autodeterminación para Cataluña, pero que, sin embargo, no duda en acudir al Estado reclamando el establecimiento de un nivel mínimo de impuestos para que la Generalidad no se vea obligada a recortar los suyos. En este sentido, Galicia y Baleares imitan, igualmente, el modelo catalán, imponiendo en sus respectivos territorios restricciones administrativas y obligaciones lingüísticas que en nada favorecen el desarrollo de la actividad empresarial. Basta observar el absurdo conflicto abierto con Air Berlin, en el caso del Gobierno balear, o la denegación del permiso a Pescanova por parte de la Xunta para implantar una de las piscifactorías más avanzadas del mundo en Galicia, arguyendo motivos ecológicos del todo irrelevantes.

Asimismo, Andalucía y Extremadura siguen encabezando la lista de regiones con menor nivel de renta per capita y mayor tasa de paro, pese al ingente volumen de recursos que han percibido a lo largo de estos años gracias al denominado modelo de "solidaridad interterritorial", en el que las autonomías más ricas se dedican a subvencionar a las más pobres. En nada han mejorado su situación económica si se compara ésta en términos relativos con respecto a hace 20 o 30 años.

Aguirre, una vez más, ha demostrado ser la presidenta regional más lista de la clase, adelantándose al resto de sus compañeros. Mientras algunos se copian entre sí en los exámenes para obtener finalmente un suspenso en materia económica, otros se dedican a hacerle la pelota al profesor (en este caso, Zapatero y su ayudante Solbes), con el objetivo de rascar lo máximo posible al Estado y vender el aprobado como un éxito a sus electores. Sin embargo, la presidenta madrileña, aprovechando las debilidades que detecta en el resto de sus homólogos, aspira al sobresaliente, centrando su política en atraer capital, trabajo y empresas a su región. Chapó.

El efecto Aguirre

Porque hay maquinaciones de los políticos que son para salir a la calle en plan V de Vendetta, a decirles que nosotros somos más y hay cosas por las que no pasamos. La última es el apaño de repartirse el CGPJ. El gobierno de los jueces, pero por lo que se ve no por los jueces, sino por los políticos y para los políticos. Aquí no se deja nada al azar, a la autonomía de las instituciones, al devenir de los acontecimientos según su propio curso. No. Nada debe escapar al control de los políticos. "Dividamos los poderes para poder repartírnoslo mejor", se dicen a escondidas. "Democraticemos las instituciones" dicen desde los atriles, frente a las cámaras, ante los micrófonos. "Venga: ‘Mon’ para mí, ‘tes’ para ti y ‘quieu’ para el otro, que así no habla". Y a comerse su carne muerta, por si a alguien se le ocurre resucitarlo.

En el CGPJ es carnaval todo el año. Los políticos se disfrazan (de jueces) y todas las normas morales están ahí para romperlas. La justicia no está invitada ni para violarla, que este es el templo de la política. Que los socialistas estén en ese juego es de esperar. Son totalitarios y no están dispuestos a permitir, si el coste de impedirlo no es excesivo, que la sociedad funcione al margen de los designios de la política. ¿Y el PP? Aznar llegó al poder prometiendo "regeneración democrática" y salió de él creyéndose mejor que los socialistas porque ellos eran más generosos en el reparto. Ellos sí que son tontos y cobardes. Tontos porque participan de un juego abyecto sin aprovecharse de él al máximo y cobardes porque no tienen la hombría de denunciarlo y ponerse al frente de la manifestación. Y eso con Aznar, no digamos con el PP pactista de Rajoy. Sí, hace falta una "marcha verde" pero no por el Sahara, sino por cuatro o cinco puntos de la capital, para hacerles ver que estamos hartos. Claro, que al final seríamos cuatro gatos, porque son muchos los que hasta disfrutan con el espectáculo.

Tontos y cobardes

Dado que las hipotecas empaquetadas que vendía Fannie Mae contaban con la garantía del Estado (si el hipotecado no pagaba, lo hacía el Gobierno), la compañía podía venderlas ofreciendo una remuneración más baja que el resto de sus competidores. Dicho de otra manera: si Chiringuito SA quería que le prestasen dinero, tenía que pagar un tipo de interés más elevado que Fannie Mae por la mera razón de que, a diferencia de ésta, podía quebrar.

En principio, todas las partes salían ganando: los bancos comerciales recuperaban de inmediato el dinero recién prestado (de modo que podían conceder otra hipoteca), los inversores privados contaban con la garantía del Estado de que las hipotecas que compraban no resultarían impagas y los estadounidenses veían reducir los tipos de la deuda hipotecaria. Sólo había un pequeño perjudicado: el sufrido contribuyente, que era en última instancia quien subvencionaba la compra de las viviendas. Al fin y al cabo, Fannie Mae podía pagar tipos más bajos por su deuda porque el Gobierno le había concedido el privilegio de poder desplumar al contribuyente en caso de necesidad.

A finales de los 60 el Gobierno quiso dejar de consolidar las actividades de Fannie Mae en los Presupuestos y privatizarla. Dos años después, y ante la posición de dominio que había logrado la firma –a golpe de privilegios–, decidió introducir competencia en el mercado y creó Freddie Mac.

Por supuesto, ya la terminología empleada resulta venenosa. Fannie Mae nunca fue privatizada, dado que, implícitamente, el Gobierno seguía respaldando su deuda. Era un secreto a voces que si quebraba, el Tesoro se haría cargo de sus obligaciones, que es lo que de hecho ha sucedido. Por otro lado, Freddie Mac no suponía una genuina competencia, pues se trataba de una empresa diseñada por los políticos y, al igual que su hermana, por ellos privilegiada.

Así las cosas, en las últimas décadas Freddie Mac y Fannie Mae acapararon más de 5 billones de dólares en hipotecas (el mercado estadounidense apenas llega a los 12). Se trata de 5 billones (3,5 veces el PIB español) que nunca se habrían concertado de no ser por los tipos de interés subvencionados que ofrecían esas dos firmas.

A nadie debe extrañar que la reciente crisis financiera haya abocado a la quiebra de ambas. Al fin y al cabo, Fannie y Freddie siempre se han encontrado, gracias a sus privilegios políticos, en la vanguardia del negocio hipotecario. Estaban en el epicentro del terremoto. Su quiebra estaba cantada desde que la Reserva Federal comenzó a gestar la actual burbuja inmobiliaria con sus rebajas de los tipos de interés. Nadie le hizo caso, y ahora hay que lamentar las consecuencias. Ante la amenaza de quiebra, la mayoría de los economistas ha aplaudido sin disensión alguna la nacionalización, es decir, que finalmente el contribuyente estadounidense se haga cargo de las deudas de esas entidades teóricamente privadas.

Para defender semejante intervención se ha aducido, no sin razón, que su quiebra podría derribar el sistema financiero. Al fin y al cabo, los principales acreedores de Fannie y Freddie son los bancos comerciales y de inversión, que acaparan la mayor parte de los ahorros de los ciudadanos de EEUU.

La justificación de la intervención, sin embargo, dista de estar clara. Un primer problema que surge es que, con los antecedentes de Bear Stearns, Freddie y Fannie, se genera un enorme riesgo moral en el sistema financiero. En la práctica, los acreedores de los bancos (incluidos los depositantes) saben que tienen carta blanca porque el Gobierno (léase los contribuyentes) terminará respondiendo.

Al margen de estos malos incentivos a largo plazo, existe otro problema –a medio– no menos preocupante. La deuda de Freddie y Fannie supera los 5 billones de dólares, y el Gobierno apenas ha inyectado 200.000 millones (es decir, el 4% de la misma), lo que significa que apenas repunten los impagos deberá proceder a nuevas inyecciones de capital. Es más, después de Freddie y Fannie vendrán otras muchas instituciones financieras que ya se encuentran al borde del colapso: las agencias monoline (Ambac y MBIA) o los bancos Lehman Brothers, Merrill Lynch y Morgan Stanley.

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno de EEUU con tal de que no quiebre banco alguno? ¿Tendrá capacidad de garantizar que los deudores de todas esas entidades van a cobrar? Mucho me temo que la respuesta es negativa: estamos ante una crisis de solvencia, y se han de producir fuertes ajustes en las valoraciones de los activos reales y financieros de los ciudadanos y las empresas. El Gobierno está intentando evitarlo a toda costa, pero su función no es refinanciar la deuda de las entidades privadas.

Esto último también incumbe a la Reserva Federal. Con los últimos acontecimientos se ha demostrado una vez más que su política monetaria inflacionista es un rotundo fracaso. Pese a envilecer con saña el dólar y empobrecer a los estadounidenses, no ha logrado evitar la quiebra de Bear Stearns, Freddie y Fannie. Quienes proponen recortar los tipos de manera salvaje y alocada se olvidan de que los orígenes de esta crisis no están en una falta de liquidez, sino en un aumento de la insolvencia que provoca una restricción de liquidez.

Eso sí, por favor, que nadie insista en que esta merienda de negros es un mercado libre. La crisis la provocó la Fed manipulando el crédito; la elevada exposición de Freddie Mac y Fannie Mae se debió a sus privilegios políticos; y la nacionalización de estas dos compañías ha sido orquestada por el Gobierno y van a pagarla todos los estadounidenses.

En un mercado libre no debería haber un banco central inflacionista (sino una moneda estable y de calidad respaldada por oro), prebendas intervencionistas ni rescates de empresas fracasadas. El sistema financiero actual es un atentado sistemático a los derechos de propiedad, perpetrado por los políticos y los gestores de ciertas empresas y bendecido por unos economistas –la mayoría– que perdieron hace mucho tiempo el norte (si es que alguna vez lo encontraron).

El robo como garantía de éxito

Los pone bajo la tutela del Gobierno Federal: sustituye a los actuales gestores por otros designados por el Tesoro, que inyectará una cierta cantidad cada trimestre para sacar a las dos empresas adelante. Son un caso muy especial: fueron creadas por el Congreso de los Estados Unidos, pero su capital es privado.

Juntas tienen cerca de la mitad de la deuda hipotecaria viva en los Estados Unidos, un enorme globo hinchado desde hace años por la política laxa de la Reserva Federal. Yo recuerdo que del primer al último día que pasé en Nueva York veía un anuncio en la televisión en que aparecía un hombre viviendo claramente por encima de sus posibilidades. Una entidad financiera salía en su rescate, refinanciando sus deudas contra el nuevo valor, presumiblemente mayor, de su vivienda. Esta retroalimentación de crédito e inflación de los valores de la vivienda no es un cuento sin fin, sino que acaba siempre en la acumulación de malos créditos y en el colapso de las cuentas de las instituciones financieras menos cautas.

Freddie Mac y Fannie Mae, además, no tenían ningún incentivo para adoptar un comportamiento financiero razonable. Dado que todo el mundo sabía que si todo iba mal este día llegaría y el Gobierno Federal intervendría, las dos empresas podían endeudarse con un menor tipo de interés, ya que el riesgo de impago era menor. Esta diferencia le ha permitido a las dos empresas semipúblicas pero con capital privado unos beneficios fabulosos. De 1990 a 2000 su cotización en bolsa se sextuplicó.

Ahora la capacidad de hacer frente a su propia deuda está en entredicho, y los dueños de esa deuda (los bancos centrales de China, Bélgica, Japón o Luxemburgo, entre otros) no quieren dejar de cobrarla. No hay problema. Si hay que socializar las pérdidas, para eso están los contribuyentes estadounidenses, que son los que van a pagar, volis nolis, todo este desaguisado. Cuando los ingentes beneficios quedan atrás y por delante sólo aparecen impagos, pérdidas y quiebras, los que tienen bien llenos sus bolsillos no quieren responder. Que lo haga el ciudadano de a pie.

La medida se ha justificado, a los dos lados del Atlántico, diciendo que es positiva porque no se puede dejar caer a dos gigantes como estos sin hacer temblar el mercado financiero. Y la intervención pública da, al parecer, un mensaje de confianza especialmente necesario. Pero es precisamente la certeza en que los políticos cometerán el crimen de robar a los ciudadanos cuando vienen mal dadas lo que ha llevado a la actual situación. La promesa del robo es un mensaje de confianza sólo para quienes piensan en repartirse el botín.

Lo que necesitamos no es eso, sino un buen historial de quiebras sin intromisión del Gobierno hasta que quede claro a todo el mundo que latrocinios como el de Freddie Mac y Fannie Mae no se van a repetir.

Bibiana, la ministra zen

Al par de bombillas del ministro Sebastián, se suma ahora la iniciativa de la ministra Bibiana Aído para reactivar la industria del aborto, sector estratégico para cualquier Gobierno de progreso por sus contundentes efectos en la transformación de la sociedad sin posibilidad de retorno.

"No hay derecho – dice la Miembra – a que las mujeres tengan problemas para ejercer su derecho a abortar". Hombre, si a eso vamos, tampoco hay derecho a que su papá se suba el sueldo más del doble de una tacada a costa del bolsillo de todos los ciudadanos. Y nadie hasta el momento ha propuesto la redacción de una ley que impida a los papis de las ministras de cuota meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes con tanto impudor. Pero como todos ellos son progresistas y trabajan por cambiar el mundo, habrá que fastidiarse y rascarse el bolsillo.

La ministra de Igualdad disfruta de un coqueto jardín estilo zen en el patio del ministerio (hay que ser hortera), que debe ser el lugar en el que se le ocurren estas ideas tan brillantes. Allí, sentada en la posición de loto, la ministra medita al estilo budista, que consiste sencillamente en no pensar, actividad que cualquier ministro de Z –no digamos Él–, realiza sin la menor dificultad de forma absolutamente natural. Y al salir del trance las ideas, claro, surgen a borbotones.

En una de esos nirvanas de todo a zen, a Bibiana se le ha ocurrido que para qué vamos a reformar una ley que todavía pone algún impedimento al "derecho" al aborto. Lo que procede es legalizar completamente el asesinato de los bebés no nacidos, por supuesto con cargo al bolsillo de los ciudadanos, que para eso el dinero público no es de nadie. Con la nueva ley, escándalos como el de las clínicas del doctor Morín no volverán a producirse, pues, a tenor del talante de los expertos que van a pergeñar el engendro legislativo, las trabas para matar a un bebé a una semana del parto desaparecerán por completo.

La industria del aborto y sectores asociados verán así paliados los graves efectos de la recesión. Y es que Bibiana es tal vez la miembra que mejor ha intelectualizado la necesidad de que el Gobierno actúe para mejorar la economía de los ciudadanos. Que se lo pregunten a su padre.

Chávez y Castro contra internet

El amigo de Fidel Castro va a establecer un sistema de control similar al chino y que recuerda en muchos aspectos al cubano, si bien no llega (al menos por el momento) a los extremos existentes en la mayor de las Antillas.

La Asamblea Nacional, en manos de los partidarios de Chávez, prepara una Ley de Telecomunicaciones que establece la creación de un punto de acceso propiedad del Estado a través del cual estarán obligados a conectarse los diferentes proveedores de internet. Esto permitiría al Gobierno impedir que los internautas venezolanos accedieran a aquellos sitios web que el Ejecutivo decidiera que deben ser bloqueados. Pero aún hay más. Al pasar todas las comunicaciones online a través de esa interconexión, los lacayos del caudillo bolivariano podrían vigilar hasta los contenidos de los correos electrónicos o las conversaciones a través de chats.

En un lugar donde las televisiones están cada vez más sometidas al control del poder político o bajo la amenaza de intervención de este (en este mismo proyecto de ley se incrementa de 23 a 57 los motivos por los que se puede sancionar a una emisora), internet cobra un especial valor a la hora de difundir información y opinión crítica con el Gobierno. Por ese motivo resulta tan importante para Chávez someterla a un control lo más férreo posible. De hecho, cuando se ponga en marcha el punto de acceso previsto en la norma, el presidente venezolano tendría capacidad para desconectar al país de internet casi de forma completa.

Pero este sistema de control no sólo le será útil a Chávez, sino también a los hermanos Fidel y Raúl Castro. En junio de este año se daba a conocer que se tenderá un cable de fibra óptica de gran capacidad entre Cuba y Venezuela para "dar servicios de internet" a la Isla. La excusa no podía ser otra que el embargo de Estados Unidos, que según el gobierno de La Habana impide que los cubanos accedan a la red. Lo que este argumento oculta es que poco antes de que los caudillos caribeños anunciaran esto, el Gobierno de Washington había ofrecido al cubano conexión a la red para la Isla.

Pero la opción venezolana es más cómoda para la dictadura de los hermanos Castro. Mientras que Estados Unidos reclamaba que el régimen cubano comience a levantar restricciones, Hugo Chávez no deja de mostrar su admiración por la dictadura comunista. Además, al pasar por Venezuela, el filtrado de este último país se pondría al servicio del castrismo y permitiría una operación de maquillaje consistente en eliminar la necesidad de permiso gubernamental para conectarse a la red. De que los cubanos no vieran nada "inconveniente" procedente del exterior ya se encargarían los filtros establecidos tanto en su propio país como en su vecino bolivariano.

Vamos a pagar por cavar zanjas y taparlas

Más de cien mil personas engordaron las listas de desempleo en agosto, por lo que ya suman, en un año, más de quinientas mil. La afiliación a la Seguridad Social tiene la mayor caída desde agosto de 1993 y el INEM podría estar en déficit. Las previsiones de desempleo no son nada halagüeñas, pues casi todos los informes hablan de una horquilla de desempleo para 2009 de entre el 13% y 15%.

Ante estas impresionantes cifras, el Gobierno Zapatero pretende generar empleo mediante trasferencias obligatorias de capital de los actores productivos a los no productivos. A eso lo han llamado invertir en "actividades de interés colectivo". Eso significa que el Gobierno asignará trabajos a cosas que el mercado, esto es, la sociedad, no demanda, por ejemplo: más funcionarios, más constructores, más personas dedicadas a la conservación de espacios naturales, etc. Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración, quiere aplicar lo que Keynes ya decía hace 80 años, a saber, que los desempleados caven zanjas para después volverlas a tapar. El mercado no demanda cavar zanjas para luego taparlas, porque si así fuera existirían empresas privadas dedicadas a hacerlo. Tampoco demanda más inútiles funcionarios en las oficinas gubernamentales que hagan crecer la burocracia ni más obreros de la construcción. De no ser así, no se estaría hundiendo el sector de la construcción ni habría dos millones de viviendas vacías.

Lo que propone Corbacho es que haya quien trabaje por trabajar para asignarle un sueldo después. Pero el trabajo, cuando no implica producción útil para la demanda, sólo genera pérdidas netas. Eso lo saben muy bien más de la mitad de las empresas que acaban cerrando antes de cumplir su primer año por no ofrecer bienes o servicios por los cuales la gente esté dispuesta a pagar lo que le piden. En última instancia, lo que hace el libre mercado es intercambiar de forma voluntaria la producción propia por la producción de otro. En cambio, lo que hace el Estado es robar al que produce para quedarse con una parte y transferir el resto al que no produce. Aquí no hay generación de riqueza, sólo transferencias de dinero obligatorias. Es un mero acto criminal contra la comunidad que, además, genera corrupción, parasitismo, una cultura hedonista acostumbrada a vivir de las rentas de los demás y una absoluta falta de responsabilidad y esfuerzo personal.

Las medidas del ministro de Trabajo no sólo van dirigidas a los trabajadores, como la prensa ha querido vender, sino también a grandes empresas como constructoras e inmobiliarias. Las medidas del Gobierno suponen quemar nuestro dinero para mantener un sector en declive, mantener los amplios márgenes para las grandes constructoras y comprar los votos de aquellos a los que subvenciona por realizar trabajos improductivos.

Los socialistas siempre apelan a las necesidades colectivas como imperativo moral de una justicia mayor, la justicia que impone el dictador de la producción. Como todo demagogo en busca de rendimientos electorales apelan al corazón y no al sentido económico. Cosas como casas gratis, libros escolares gratis o sanidad gratuita no existen, todo se paga. Si las casas, los libros escolares, la sanidad y todo lo demás fuese gratis eso significaría que los productores, tanto el empresario como sus proveedores y cada uno de los trabajadores de ambos no habrían cobrado nada para proporcionar ese bien a la sociedad, lo que es absurdo porque todo el mundo trabaja por un salario. Si el Estado ofrece algo gratis o a un precio reducido, eso sólo puede significar que alguien está pagando los servicios de otro en contra su voluntad. ¿Los ricos? Los ricos no pagan. En España hay poco más de 4.000 personas que declaran tener unas rentas anuales superiores a 600.000 euros, lo que representa un 0,03% de todos los declarantes. ¿Hay alguien tan inocente que se lo pueda creer realmente? ¿Cuáles deben ser las rentas reales de estas personas? ¿Ya sabe que los impuestos generados sobre esas rentas, a nivel de contabilidad nacional, no dan ni para el chocolate del loro? En España, el 97% de los contribuyentes, 14,5 millones de personas, tenemos unas rentas inferiores a 60.000 euros. Somos los que estamos en ese 97% quienes vamos a pagar los platos rotos del Gobierno.

La gran contradicción a todo esto es que si todo el mundo quiere vivir del dinero del Estado y el Estado sólo puede vivir de nuestro dinero, ¿qué futuro nos espera? En un momento de crisis como la actual, si al ciudadano y a las empresas nos suben los impuestos y nos multan, que ya todos los ayuntamientos se han puesto manos a la obra en esa tarea, ¿no se alargará la crisis y viviremos peor? Los meses futuros lo dirán.

Cambio de ciclo

Google ataca el único monopolio que tiene Microsoft en internet, el navegador se convierte de nuevo en caballo de batalla justo a la vez que se está decidiendo cual es el sistema operativo y/o navegador que se impone en los teléfonos móviles.

Google afirma que con este navegador sólo quiere fomentar la innovación y la competencia, y que por eso seguirán financiando Mozilla, por lo menos hasta 2011. Esta fecha parece no estar elegida al azar y puede marcar el fin de la financiación de productos como Firefox por parte de Google, justo cuando Chrome tenga una cuota de mercado aceptable. Durante esos cuatros años se pueden desarrollar diferentes versiones del navegador y hacerlo llegar a la mayoría de mercados que son interesantes para la multinacional. Llegados al 2011 Mozilla deberá caminar sólo si el precio de la financiación hace insostenible mantener dos navegadores.

Pero vayamos a lo práctico, ¿qué ofrece el navegador de Google? ¿Puede existir un progreso significativo en un navegador web? La primera gran diferencia con su principal competidor, Internet Explorer, es que Chrome está basado en código abierto, por lo que cualquiera puede modificarlo y mejorarlo. La segunda es que Google pretende convertirlo en una plataforma para aplicaciones, en principio las suyas propias. El gigante plantea integrar las búsquedas con su sistema Google Suggest, y al parecer se están desarrollando otras aplicaciones que toman como base productos de Google (Adsense, Analytics, etc.) para integrarlos en esta navegador/plataforma. Y la tercera es su velocidad, su motor JavaScript v8 hace que se puedan ejecutar de una manera más rápida procesos comunes y aplicaciones futuras que necesiten mayor capacidad de procesamiento. Por lo tanto, sí parecen existir mejoras significativas que hacen que merezca la pena probar este navegador y comparar. Por ahora sólo existe una versión beta para usuarios de Windows, los usuarios de Mac y Linux tendremos que esperar para poder probarlo.

Este nuevo paso de Google resulta, cuanto menos, inquietante, ya que es casi lo único que le faltaba para estar presente en todas las actividades de un usuario en la red: búsqueda, contenido, análisis, publicidad y, ahora, navegación. Habrá tiempo para observar qué hace Google con toda la información que recoge de estas actividades, pero lo que sí demuestra a día de hoy el lanzamiento de Chrome, sumado a muchos otros, es que indica un cambio de ciclo en el mercado de las tecnologías de la información, en el que Microsoft va siempre a remolque de las iniciativas que proponen empresas como Google o Apple.

Por una internet petrificada

Los argumentos favorables a imponerla por ley parecen encuadrarse en dos grandes tendencias. La primera es la demagógica, la de quienes hacen salir al coco asegurando que nos esperan los mayores males a la vuelta de la esquina si no se impone por ley que las operadoras de telecomunicaciones gestionen sus propiedades como a ellos les parece bien. Por ejemplo, asegurando que cortarán el acceso a Google o Yahoo si éstos no les pagan un extra.

La cruda realidad de que jamás ningún operador lo ha hecho, pese a que las leyes no les imponen el mantenimiento de neutralidad alguna. Y no ha sido así porque sería estúpido y contraproducente para ellas: a sus clientes no les haría ninguna gracia y previsiblemente se largarían a la competencia. El único incumplimiento real de la neutralidad en países como Estados Unidos o España es la medida adoptada por algunos operadores, como Ono en nuestro país, de poner impedimentos técnicos al tráfico P2P. El objetivo: reducir costes y poder ofrecer un servicio más barato y mejor a sus clientes (a los que no emplean la mula o el torrente, claro).

Pues bien, recientemente el organismo regulador estadounidense, el FCC, ha fallado en contra de Comcast por esta práctica en una estrecha votación de tres contra dos. Una victoria para quienes apoyan la imposición de la neutralidad en la red, aunque paupérrima, porque aunque el organismo castiga a la operadora por discriminar "arbitrariamente" entre tipos de tráfico y no informar a sus clientes de sus políticas, reconoce la necesidad de hacer una gestión de su red "razonable" y la posibilidad de imponer limitaciones a los usuarios que más consuman. La reacción de la compañía era esperable, y ha consistido en variar el modo en que restringe el ancho de banda que pueden emplear sus clientes. A partir de ahora, quienes consuman más de 250 gigabytes al mes serán avisados de que se están excediendo un pelín, lo que podría acabar derivando en una cancelación del contrato.

Los mismos que hacen campaña por una red neutral han pasado a poner el grito en el cielo por esta nueva limitación. Aunque 250 gigabytes sea una cifra más que suficiente para las necesidades actuales, incluso si se emplea el P2P, preocupa que en un futuro próximo no dé de sí, especialmente si empieza a popularizarse el vídeo en alta definición. Lo que me lleva al segundo tipo de argumentos favorables a imponer una red neutral, los que ignoran por completo el hecho económico básico de que "no hay comida gratis". Gestionar una red y disponer de las infraestructuras necesarias para que el ancho de banda sea suficiente para los clientes tiene un coste, que al final tendrán que pagar los usuarios de un modo u otro, o la operadora quebrará y se quedarán todos sin servicio. Sin duda, todas las operadoras podrían ofrecer anchos de banda garantizados (es decir, que correspondieran a la cifra que se da como máximo) sin límite mensual de tráfico, pero pocos usuarios estarían dispuestos a pagar la cifra que haría rentable esa oferta. De modo que se buscan las castañas para ofrecer un servicio cuyo coste sea más ajustado que ese ideal al que todos querríamos llegar.

Romper la neutralidad en la red es una de las maneras en que pueden hacerlo. Quizá no sea el mejor, y puede que los límites que ha propuesto Comcast sean una manera más apropiada. En todo caso, debería tener la libertad de escoger la mejor vía, siempre que informe a sus clientes, claro, que es el único cargo contra la empresa que me parece que tiene sentido. Porque sólo con libertad pueden probarse nuevas soluciones, más creativas, para intentar reducir el hueco existente entre las expectativas de los clientes y las duras realidades económicas. Quienes defienden una "red neutral" se fijan sólo en los extremos de la red, en las nuevas aplicaciones que se pueden crear para ella, pero para que éstas funcionen correctamente hace falta también que se innove dentro de las redes, tanto técnica como empresarialmente. Y la mejor manera de lograrlo, o más bien la única, es siendo libres de intentarlo. Coartar esa libertad por medio de la regulación es una vía segura para maniatar a las operadoras y petrificar el desarrollo de internet.