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La factura de la crisis va a cargo del ciudadano

El PP propone cosas como las que cito textualmente del documento pronunciado ante el parlamento el 21 de julio: afrontar la realidad sin engañar a los españoles, garantizar la independencia y transparencia de los organismos reguladores, respetar el libre mercado y reducir la cotización al fondo de garantía salarial. Incluso ha hecho propuestas tan ridículas como crear una oficina de información y seguimiento de los precios, como si no hubiesen suficiente burócratas haciendo estudios inútiles sobre la evolución de la economía.

No hace falta ser un premio Nobel para formular propuestas de este calibre. El problema es cómo hacerlo sin crear más burocracia, más lobbies y reducir el gasto a la vez haciendo ganar poder adquisitivo al ciudadano. Ante los problemas propios de la política, que ya son los difíciles de resolver, el PP no dice nada. Muy probablemente no lo habrá ni pensado.

El partido de la oposición sólo ha sido claro en dos temas, el gasto público y la reducción de impuestos. En lo referente a los PGE 2009, el PP propone aumentar el gasto un 2% frente al 5% del Gobierno socialista. ¿En plena crisis, y el PP aún quiere aumentar el gasto público? Puede ser una proposición muy políticamente correcta y centrista, pero carece de valor real. Los presupuestos del Estado han de reducirse al menos en dos dígitos, y no incrementarse.

Esto contrasta con otro pilar del PP, reducir impuestos. Concretamente reducirlos en un 20% para las PYMES. ¿Aumento del gasto y reducción de impuestos? Algo así es inviable. Lo que nos viene a decir el PP es que desviarán ciertas partidas innecesarias para colocarlas en otras más urgentes. Desde el punto de vista político, esto no se puede hacer porque surgen quejas de todos los lobbies y sectores estratégicos. El Gobierno siempre acaba cediendo a las minorías chillonas, porque las mayorías, la clase media, no se quejan nunca. Este es el gran filón de financiación de todo Gobierno, la clase media. La explicación más lógica es que el PP hiciese lo que ya realizó con Aznar, bajar algunos impuestos y subir otros. En la era Aznar, a pesar de las bajadas de impuestos que hubo, la presión fiscal aumentó. ¿Qué sentido tienen bajar impuestos de esta forma? En términos netos, es un aumento de impuestos.

No menos absurdas ni falsas son las medidas del Gobierno. Zapatero ha dicho por activa y pasiva que no reducirá los servicios públicos. Sin embargo, los fondos destinados a la ley de la dependencia ya se han reducido un 25%, nada menos que 200 millones de euros. Por otra parte, tenemos intervenciones en el sector privado como la de Corredor, que quiere gastarse 300 millones de euros para la construcción de vivienda protegida (VPO). Esto es lo que se llama socialismo para ricos. Durante todos estos años los constructores se han enriquecido legítimamente en el mercado, y ahora que el mercado se ha cansado de ellos, recurren a papá Estado. Esos 300 millones van a salir de los bolsillos de todos los españoles, tengan VPOs o no. Aquí no hay valor añadido a la producción porque la demanda no exige más viviendas, por eso los precios están bajando, de lo contrario subirían o al menos se mantendrían. Aquí el Gobierno se limitará a hacer transferencias de capital del pagador de impuestos (ciudadano) al consumidor de impuestos (constructores).

No hay político en este país que pueda solucionar o atenuar la crisis que ya tenemos. Sus propuestas son débiles o directamente falsas. Zapatero ha reiterado que no quiere pactar con el PP porque no quiere que los platos rotos los paguen siempre los mismos. No es el PP, sino esta ineficiente clase política, que sólo trabaja para las minorías y obliga a los de siempre (la clase media) a pagar los platos rotos, la cubertería, las reformas… en definitiva, todo.

Las redes sociales y la movilidad

También iré a SMX Local & Mobile, que es una de las conferencias más relevantes en los EEUU en lo referente a búsqueda local y móvil. San Francisco es una ciudad que respira Internet por los cuatros costados, y la celebración de estas dos conferencias en la misma semana no hace más que asentarla como la ciudad de referencia en el ámbito tecnológico.

Facebook presentará oficialmente este miércoles su nueva cara. La nueva versión que lleva funcionando en fase beta durante los últimos meses parece que ya va a ser propuesta a los usuarios como versión definitiva, y relegará a la antigua a partir de ahora. Zuckerberg tendrá que explicar en la conferencia el porqué de este cambio, el cambio de diseño más drástico desde la creación de Facebook. En la página principal sigue existiendo una cabecera como navegación principal, pero las tres columnas se quedan en dos, la principal donde se muestra el contenido y una nueva barra lateral en la parte derecha donde, entre otras cosas, se agrupan los estados de nuestros amigos y el acceso a aplicaciones. En el resto de la navegación coexisten páginas a dos columnas y a tres, como en los perfiles. Antes de que lleguen las explicaciones de su fundador, está claro que los espacios reservados a la publicidad han ganado peso y que no están tan relegados como en la versión anterior. Facebook necesita ser rentable, y la estrategia de comercialización marcará su futuro y el de las demás redes sociales.

Además de las palabras de Zuckerberg, los desarrolladores esperan con entusiasmo a los responsables técnicos de la plataforma, tanto para que les aporten información sobre la creación de aplicaciones en el nuevo entorno como para conocer las estrategias a seguir para comercializar estas aplicaciones. Una de las charlas que más interés suscita es Made for Mobile, donde se analizará el papel de la plataforma en entornos móviles. Sólo hay que ver el éxito de aplicaciones como la Facebook en el iPhone para entender el interés de la charla.

Después de la resaca de la conferencia de Facebook, el jueves y el viernes tendrá lugar SMX Local & Mobile. Tiene todo el sentido que la búsqueda local y la búsqueda móvil se traten de forma conjunta. En este país la búsqueda local está muy avanzada, tanto en la parte tecnológica como en la de los pequeños comercios. Se están desarrollando cada vez más aplicaciones móviles. Sólo hay que ver el caso del iPhone y cómo las empresas están entendiendo la forma de aprovechar la tecnología para ganar y fidelizar clientes.

Aparte de la locura desatada por el iPhone, el proyecto móvil que se espera con más entusiasmo por estos lares es Android, el software para dispositivos móviles que está desarrollando Google. La compañía californiana quiere desarrollar un sistema operativo móvil gratuito donde la rentabilidad deberá venir de las aplicaciones que se generen a partir de este software. El interés de Google por estar presente con la misma fuerza en el móvil que en la Web viene de hace varios años, pero se ha acelerado en las últimas fechas. ¿Por qué? Lo revela la revista Wired en su edición de Julio de 2008. Porque sólo en las primeras 24 horas desde la salida del iPhone, el 5% del tráfico de la versión móvil de Google venía de este dispositivo. La batalla se juega ahora en el móvil, y en EEUU esto ya no es una predicción, sino una realidad.

Doha como milagro

No cuenta con una posición privilegiada para el comercio, ni contaba con una historia económica ni de otro tipo que le enseñase qué camino seguir, ni tenía (ni tiene) unos recursos abundantes o ricos. ¿Qué le ha convertido en uno de los pueblos más ricos de España? El comercio internacional. Es la globalización lo que le ha permitido colocar sus productos, extraídos en un “mar de plástico”, como se dice de forma despectiva, en los mejores mercados. El Ejido es un punto de comunicación con todos los mercados gracias al comercio internacional y, por esa vía, con la prosperidad.

Es así de sencillo. El intercambio incrementa la riqueza porque el simple hecho de darte algo que valoras más de lo que tú me entregas te hace más rico, como me lo hace a mí, que valoro lo que me das más que lo que te doy a cambio. Pero los beneficios van más allá, porque el comercio amplía el mercado y por tanto las posibilidades de participar en una división del trabajo más profunda y compleja y por tanto con más capacidad de generar riqueza. El comercio acerca los productos propios a los consumidores que más los valoran y nos traen a los consumidores bienes que de otro modo no compraríamos o tendríamos que adquirirlo de peor calidad o a un precio más alto. El comercio, además, nos abre al mundo, a otras formas de vivir. Y disciplina las empresas locales, que tienen que competir con las que vienen de fuera para seguir ganándose nuestro favor.

Este lunes comienza el último intento por sacar adelante la Ronda Doha. O ahora o nunca, porque Obama es un enemigo declarado del comercio internacional, es decir, de los pobres del mundo. Será por eso que cuenta con tantos apoyos. Si no se convierte en el último éxito de George Bush (y sería el mejor), Doha quedará para los libros de historia. Cuando llegan las crisis arrecian los mensajes proteccionistas, como se está comprobando en esta ocasión. Pero abrir los mercados ahora sería una buena noticia; mucho mejor si consideramos la ristra de malas noticias que le preceden y que le seguirán.

Europa tendría que rebajar sus aranceles a los productos agrícolas de los países pobres, pero Sarkozy, ese histrión trotamundos, ese tahúr insoportable, ha dicho que prefiere mantener artificialmente el nivel de vida de 100.000 agricultores europeos al de los millones de pobres del mundo que apenas tienen algo más que lo que arrancan a la tierra, sin apenas capital, para salir adelante. Valiente Sarkozy. Y Estados Unidos tendría que diezmar sus sustanciosas ayudas a los ricos agricultores locales, pero no parece posible. Y los gobiernos de los países en desarrollo tendrían que permitir a sus ciudadanos comprar nuestros productos sin encarecerlos artificialmente. Pero ya han dicho que verdes las han segado.

No pintan bien las cosas para la Ronda Doha. Pero aferrémonos a la fe en los milagros.

ZP es el mayor constructor de España

Es decir, usted, ciudadano, no sólo tendrá que cumplir puntualmente con el pago mensual de su hipoteca, sino que además se verá obligado a sufragar con sus impuestos la abultada deuda crediticia que acumulan las inmobiliarias españolas.

Si no quieres lentejas, toma dos platos. Zapatero, haciendo un uso irresponsable de parte de sus ingresos como trabajador, se ha convertido de facto en el mayor constructor del país y en uno de los más importantes de Europa. ¿Cómo? Hagamos cuentas. El Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Economía, ha puesto en circulación 5.000 millones de euros (casi 1 billón de las antiguas pesetas) para avalar la titulización de préstamos hipotecarios destinados a la compra de vivienda protegida (VPO). Tales créditos, que se agotaron en el mismo momento de su emisión, servirán para financiar la salida al mercado de casi 30.000 pisos públicos en el presente ejercicio.

De este modo, sus impuestos, presentes o futuros (a través de la emisión de deuda pública) servirán para pagar la casa de su vecino. Pero tal cuantía tan sólo es el comienzo. Si se descuentan los cerca de 10.000 millones de euros en préstamos que el Gobierno pretende inyectar a las pymes, Zapatero pondrá a disposición de los promotores otros 25.000 millones de euros para facilitar la compra de VPO en 2009 y 2010.

Y todo ello con el objetivo de cumplir la promesa electoral de construir 150.000 vivienda protegidas al año. Más de la mitad de los pisos que se iniciarán anualmente en España durante los próximos ejercicios, según las previsiones que manejan los expertos del sector. Así, el rescate inmobiliario de ZP esconde, en realidad, la cuasi nacionalización del parque residencial español a lo largo de la presente legislatura. Además, el Ejecutivo pretende impulsar la construcción de obra pública mediante la inyección de miles de millones de euros en la licitación de infraestructuras de toda índole.

Si a ello sumamos el denominado Plan Renove para rehabilitar viviendas e infraestructuras hoteleras, cuyo coste alcanza los 5.000 millones de euros en créditos del ICO en 2009 y 2010, así como la intención de adquirir los terrenos sobrevalorados que acumulan las constructoras, la factura de dicho plan alcanzará, sin duda, cifras desorbitadas. Y todo este despilfarro ¿para qué? ¿Para salvar a un sector en crisis que se ha enriquecido de forma artificial gracias a la burbuja inmobiliaria de la última década? ¿Para evitar la sangría de trabajadores en paro que está provocando el derrumbe de una industria improductiva? ¿Para seguir fomentando el consumo y el endeudamiento extremo cuando, precisamente, lo que necesita la economía nacional es fomentar el ahorro y saldar cuanto antes las cuentas pendientes con los bancos?

Dos apuntes a modo de conclusión. El plan de créditos e inyecciones públicas a fondo perdido ideado por el Ejecutivo no conseguirá, en ningún caso, mantener a flote el sector inmobiliario nacional, sino que, además, hundirá por muchos años el mercado de la vivienda residencial.

En su denodado esfuerzo por salvar el cuello a algunos empresarios irresponsables y poco previsores, el fomento de la VPO tan sólo servirá para depreciar, aún más, el valor de la vivienda libre, poniendo a su vez en serios aprietos a todos aquellos ciudadanos que quieran poner su piso a la venta con el objetivo de saldar deudas e incluso obtener beneficios. Es decir, degradará más, si cabe, la riqueza patrimonial de muchos españoles que gracias a su trabajo y esfuerzo han adquirido un piso en propiedad. Tales efectos también se extenderán al mercado del alquiler de la vivienda libre, puesto que la Administración también pretende impulsar el arrendamiento de VPO.

La intervención pública en el mercado residencial agravará las consecuencias de la profunda crisis inmobiliaria que padece España, posponiendo en tiempo y forma el deseable ajuste de precios y oferta de pisos que, por sí sólo, se está encargando de aplicar el mercado. Olvídense, pues, de las recién caídas Martinsa o Colonial. El nuevo referente del sector inmobiliario español tiene nombre y apellidos: José Luis Rodríguez Promotor.

La desvergüenza intelectual del socialismo

Es típico de los intervencionistas informar a la plebe de lo que "hay que" hacer: recurren a una forma impersonal cargada de imperativo moral para ocultar que en realidad se trata de que unos pocos tienen que mandar y muchos tendrán que obedecer, porque cuando alguien gobierna, otros son gobernados. Y casualmente quienes mandarán serán ellos, los socialistas de todos los partidos; simplemente porque por su esencia los liberales no aspiran a dirigir las vidas ajenas, sino que respetan su autonomía.

Los colectivistas disfrazan su ansia de poder sobre los demás de actos de responsabilidad. Señalan una ardua tarea presuntamente imprescindible y se ofrecen implícitamente para realizarla: "la sociedad de la globalización está sin Gobierno y, en consecuencia, todo desarreglo, disfunción, especulación, trapacería o violencia puede encontrar su asiento sin mayor impedimento". Ni se plantean la alternativa intelectual de que la globalización sea un orden espontáneo, resultado no diseñado de las interacciones voluntarias de enormes cantidades de individuos, que no sólo no necesita la manipulación política sino que sistemáticamente la sufre. Insisten en que los problemas son globales ("la selva en que se ha convertido el mundo económico internacional"), sin ver que son ellos mismos quienes los han causado o agravado.

En un ataque de realismo, Sartorius reconoce que "sería ingenuo pretender que pudiésemos contar con un ‘Gobierno mundial’ democrático". Pero si el mundo es quizás demasiado, "sí sería factible ir creando grandes áreas de gobernanza democrática, con libertad comercial y cohesión social". Bien por la libertad comercial; pero lo que entiende por cohesión social no es la tupida red de relaciones libres de todo tipo (afectivas, comerciales, solidarias) que mantienen unidas a grandes cantidades de personas interdependientes, sino la redistribución coactiva de la riqueza desde "contribuyentes netos", tales como "fondos de convergencia".

La sensatez no es su fuerte cuando tiene la enorme desvergüenza de culpar al mercado libre de las grandes guerras mundiales. Cuesta creerlo, pero aquí está: "hubo una época en que, a nivel del Estado nación, imperaba el ‘dejar hacer, dejar pasar, pues el mundo caminaba por sí mismo’, y ello condujo a conflictos sociales internos y guerras externas". Ante una acusación tan grave y tan falsa sólo parece posible en un descerebrado o un indeseable, no aparece ni un argumento explicativo de cómo la libertad lleva a la guerra. Nada más que insistencia en la estulticia: "Se comprendió que era necesaria una cierta dosis de intervención de los poderes públicos para corregir los graves desbarajustes que producía el mercado dejado a su libérrima inclinación".

La gran evasión

En este caso se trata del penúltimo episodio en el escándalo desatado por el pago del Gobierno de Merkel a un delincuente para robar listados de depositarios de cuentas bancarias en el principado de Liechtenstein. Que los políticos y la Agencia Tributaria española hayan participado en esta campaña de acoso con intimidación y violencia no debería extrañar a nadie. Hacienda no somos todos, como han repetido las campañas televisivas de lavado de cerebro durante años y ahora pretenden enseñan a nuestras futuras generaciones a través de Educación para la Ciudadanía, sino una panda de cuatreros profesionales a sueldo de la usurpadora clase política.

El apetito del Estado y sus gestores es insaciable. Es algo bien sabido por el sufrido pagador de impuestos español, pero esta última operación tiene menos que ver con el hambre de un Estado en tiempos de crisis que con la crisis del Estado voraz. Me explico. El dinero que Hacienda puede recaudar con esta operación es una minucia. No daría ni para pagar los gorritos de los chóferes de los coches oficiales con los que la clase política se pavonea por nuestras calles. Además, el simple hecho de que las pruebas provengan de un acto ilícito debería invalidar cualquier condena. El objetivo es meter el miedo en el cuerpo a todo aquel padre de familia que se esté planteando arriesgarse a sacar el dinero del alcance de los tentáculos de nuestra clase privilegiada y lograr una mejor educación para sus hijos, una mejor pensión, una mejor sanidad o simplemente un colchón con el que poder contar si el Estado decide desplumarnos aún más a través de la maquinaria inflacionista. Este Estado tragaldabas, que cuando no impone verdaderas confiscaciones monetarias a través del pago de toda clase de gravámenes nos quita el poder adquisitivo a través de políticas inflacionistas o se endeuda en nuestro nombre, ha entrado en crisis. No se trata de una crisis financiera. Se trata de una crisis de legitimidad. Cada día son menos los que se creen el cuento de que lo hacen por nosotros; y mucho menos que nos roban para cuidar de los más desfavorecidos. Así es como el Estado voraz ha entrado en crisis, y la reacción de quienes lo gestionan ha sido rugir, mostrar las fauces y dar unos cuantos zarpazos para intimidar al personal.

Consciente de lo peligroso que podría resultar para la salud de la bestia que la población se diera cuenta de la manera en que está siendo desplumada, además de la elevada altura del muro con el que tratan de evitar las fugas de nuestros infiernos fiscales a los paraísos económicos, operaciones policiales como la de la semana pasada se intentan camuflar tras un marketing exquisitamente estudiado. A la operación le llaman "Jade-Limusina" para hacer ver a la opinión pública que los perseguidos son los odiados ricachones. La estrategia es vieja. Consiste en poner la envidia al servicio de las políticas confiscatorias. ¡Patrañas! La Agencia Tributaria tuvo que reconocer el pasado abril que en su mayoría los ciudadanos perseguidos por haber sacado parte de su riqueza de nuestro país sin darle una mordida al Gran Hermano son "gente normal". En cualquier caso, ricos o no, estos perseguidos ciudadanos deberían estar en su perfecto derecho a poner lo que han ganado legítimamente en manos de quien les plazca.

Dejemos que el mercado del petróleo funcione

De todas las respuestas, la más curiosa es la que culpa a los especuladores. Si éstos pudiesen manejar el precio a su antojo, lo harían subir sin límite y tendrían una forma segura y fácil de ganar dinero. ¿Por qué no lo hacen, si son ellos los que suben los precios? Sencillamente, porque ellos no tienen esa capacidad. Intentan adelantarse a la evolución futura de los precios, ya sea al alza o a la baja. Son testigos de un teatro improvisado y en el que ellos no tienen más voz que los demás.

Todos los expertos coinciden. Los precios suben porque la demanda de petróleo es cada vez más intensa, y porque la oferta, a diferencia de lo que ha ocurrido otras veces, no sigue la estela de la demanda. Por eso estamos tan lejos del secular precio del barril a 20 dólares, y llegamos a ver cómo se compran y venden más allá de los 140 dólares.

Tony Hayward, consejero delegado de British Petroleum (BP), ha explicado recientemente en un artículo escrito para el Financial Times qué está ocurriendo con esa demanda y con esa oferta. La mayor parte del incremento de la demanda proviene de países que se están incorporando crecientemente a la globalización y con alto crecimiento, como India y China, pero en los que el precio del combustible está subsidiado, como recalca Hayward. No ocurre lo mismo en Estados Unidos y Europa. Aquí los consumidores se han adaptado a los precios más altos ajustando su consumo, y "se está comenzando a imponer la eficiencia energética".

Pero ¿Y la oferta? Está decayendo en muchas partes del mundo. La OPEP ha cerrado el grifo y en 2007 ha lanzado al mercado 350.000 barriles menos cada día. BP, como el resto de grandes compañías productoras, tiene el capital y el conocimiento suficientes para extraer más petróleo, pero el "nacionalismo de los recursos", es decir, el socialismo con tintes nacionalistas que conocemos bien en Europa, está restringiendo su entrada. "Los problemas para traer nuevo petróleo no están tanto bajo el suelo como sobre él, y no son geológicos, sino políticos".

La conclusión es evidente, y sólo podemos sumarnos a ella: deberíamos dejar que productores y consumidores adapten su comportamiento a las señales del mercado. "Los altos precios nos dicen que necesitamos más inversión en eficiencia energética, en nueva extracción, nuevas tecnologías y nuevas fuentes de energía." Pero para ello los gobiernos tienen que hacer su trabajo, eliminando todas las barreras al el mercado del petróleo.

Mientras, nos acordaremos del socialismo y del nacionalismo cuando llenemos el depósito.

Sospechoso por viajar con tu móvil

Da igual que declaren a Madrid como la comunidad autónoma más solidaria o a Galicia como la mayor perceptora en términos netos, porque obviamente ni Madrid, ni Murcia, ni siquiera Cataluña, son entidades jurídicas sujetas a pago de impuesto alguno, al contrario de lo que sucede con sus habitantes, que sí estamos obligados a ello sea cual sea nuestro lugar de residencia.

La única balanza fiscal posible es la que estudia la percepción neta de dinero público por los contribuyentes individuales o las entidades jurídicas, que pagan toda clase de impuestos y anualmente liquidan sus cuentas con la hacienda estatal. Por eso resultaría de gran interés que algún gabinete de estudios, público o privado, realizara el balance fiscal medio de dos grupos sociales de lo más sugestivo, conservadores y progresistas.

Entonces podríamos saber en qué medida contribuyen a las finanzas del Estado una familia con tres hijos y un pequeño negocio, y un "luchador por un mundo más justo" encargado de la gerencia de una ONG. El análisis es mucho más sencillo que el pretendido estudio realizado sobre los territorios. Aquí sólo habría que tirar de datos fiscales y analizar los impuestos pagados por cada uno, así como el montante de las subvenciones públicas y otros beneficios estatales recibidos, perfectamente cuantificables, como por ejemplo la educación pública o las ayudas al cine español, por poner dos ejemplos sencillos.

Los luchadores sociales a un lado y los emprendedores privados a otro, incluidos en este segundo grupo los currantes con familia a su cargo que rechazan la verborrea progresista e intentan prosperar a base de su esfuerzo diario.

¿Cuánto contribuye al bienestar general la reata habitual de artistas comprometidos (con la subvención)? ¿Cuánto los universitarios partidarios del socialismo caribeño? ¿Y los miembros de las organizaciones ecologistas y grupos antiglobalización financiados con dinero público? ¿Más que los pequeños empresarios y los trabajadores que se declaran de derechas? ¿Menos? ¿Igual? ¿A cuánto asciende en términos monetarios su concepto de solidaridad?

Esa balanza fiscal sí ofrecería una información de gran interés. Y además tendría una utilidad adicional: la de que mucha gente de derechas se sacudieran de una vez el absurdo complejo que permite a la izquierda blasonar de solidaria.

Otra balanza fiscal es posible

La UE pretende convertir en presunto culpable (Borau estará contento) de "contrabando digital" a todo aquel que ose salir de un avión llevando consigo un ordenador portátil, un reproductor de mp3 o un teléfono móvil. De prosperar la propuesta del G8, cualquiera que llegue a un aeropuerto se arriesga a que las fuerzas de seguridad le confisquen temporalmente cualquiera de los dispositivos señalados, u otro susceptible de contener archivos "pirateados".

Es cierto que la propuesta es para tratar de localizar a quienes entren, por ejemplo, con una cantidad inusual de soportes que permitan almacenar canciones, películas u otros archivos que tanto preocupan a las SGAE, DAMA, RIAA y similares de todo el mundo. Pero también lo es que, tal como está hecha, cualquiera puede ser parado en el control del aeropuerto y quedarse por un tiempo sin su portátil o su móvil, por ejemplo. Además, a diferencia de otro tipo de controles en el aeropuerto, revisar el contenido de muchos de estos dispositivos supone una intromisión absoluta en la intimidad. Cabe preguntarse, por ejemplo, quién impedirá que las fuerzas de seguridad lean el correo electrónico o revisen la agenda de contactos.

A eso hay que añadir los problemas adicionales a los que se pudiera enfrentar un viajero que viera cómo alguno de estos aparatos o soportes le es retenido. Cualquier persona podría verse privada por un tiempo, aún sin definir, de un elemento de comunicación tan importante como su móvil, o de una herramienta de trabajo como su ordenador. El daño que producido por la imposibilidad de ponerse en contacto con alguien cuyo número tan sólo se tiene guardado en el teléfono, o por no poder contar en una reunión de trabajo con los documentos o la información guardada en el portátil o un DVD puede ser muy grave.

¿Cómo sabrán los encargados de buscar a esos presuntos "contrabandistas digitales" que un CD es una copia "pirata", y no esa "privada" que permite la legislación de muchos países, o que las canciones que contiene un mp3 han sido compradas por Internet? ¿Y cómo distinguirán si unas canciones tienen los derechos de autor tradicionales y no otro tipo de licencia de las denominadas libres? Cuesta mucho creer que todos los aeropuertos dispongan de listados de todas las obras que existen en el mundo según el tipo de licencia a la que se acojan. Eso por no hablar que, en el primer supuesto, es un poco demencial pretender que se viaje con el recibo de todos los discos, películas o canciones sueltas que se han comprado.

La realidad es que, aunque por el momento todo esto es sólo una propuesta, resulta sin embargo muy preocupante. Que los jefes de Estado y Gobierno se planteen estas cosas demuestra hasta qué punto la industria del entretenimiento y las entidades de derecho de autor en todo el mundo han adquirido una influencia desmesurada. Por lo tanto, no resulta descabellado pensar que este tipo de controles aeroportuarios pueden terminar implantándose en todo el mundo.

Mal andamos cuando la defensa de los intereses de cantantes y cineastas se equipara, por ejemplo, con la lucha contra el terrorismo.

La lección de Raúl Castro a la política occidental

¿Se imagina que habría pasado si algún político del PP hubiese pronunciado algo semejante? Los periodistas lo habrían tildado de retrógrado, el Gobierno socialista correría para aprobar alguna ley que prohibiese hacer apología del anti-igualitarismo, con su ministra de igualdad Bibiana Aído a la cabeza, y los actores habrían pedido directamente la ilegalización del PP.

Castro ha dado una importante lección a los políticos del mundo que intentan cambiar las cosas con pactos, acuerdos de decenas de países y grandes cantidades de dinero usurpadas al pagador de impuestos: las grandes reformas empiezan por uno mismo y sólo se producen si realmente existe voluntad real. Esta fue una lección que ya vimos en Europa en el siglo XIX con el empresario y político Richard Cobden. El político inglés hizo una proeza tan difícil de imaginar entonces como ahora. Cobden y sus aliados empezaron la abolición unilateral de los derechos arancelarios para expulsar el monopolio de ley que tenían las clases privilegiadas y aristócratas. Sin permiso de nadie y sin grandes pactos internacionales, la apertura del mercado de forma unilateral llevó al Reino Unido a la mayor época de gloria que jamás haya vivido.

Los políticos occidentales de nuestros días han optado por el camino contrario. A diferencia de Cobden y Castro, no quieren hacer las reformas en su casa, sino en la casa del vecino primero. Han creado grandes monstruos burocráticos para conseguir el objetivo contrario al que inicialmente pretendían. Los bancos centrales, cuya misión es la estabilidad de precios y la prudente emisión de moneda, han creado una crisis mundial que nadie puede parar. Organizaciones como el FMI y el BM pretenden socorrer a los países pobres y con problemas, pero no ayudan al bolsillo del ciudadano, sino al de sus Gobiernos, dejando a la gente desamparada. Tal vez el mayor fracaso conocido sea la ONU. Esta organización jamás ha impedido ningún conflicto. Al contrario, sus fuerzas de pacificación son una fuente continua de tráfico de armas, corrupción, violaciones y abusos sexuales. ¿No se creó para todo lo contrario? Un organismo paralelo, la FAO, ha presionado recientemente a los casi 200 países que la componen para que apliquen de una vez las medidas pactadas. ¿Si no lo han conseguido en 60 años, que nos hace pensar que ahora cambiarán? ¿Cómo se van a poner de acuerdo 200 países con intereses tan diferentes y que están dirigidos además por políticos que jamás han destacado por su honradez, prudencia ni mesura?

Raúl Castro podría haber mantenido una línea perfecta con la revolución socialista llamando al victimismo tal y como hacía su hermano quejándose de que todas las penas de Cuba se deben al imperialismo yanqui, o correr a países amigos, como por desgracia España, para pedirles dinero. La decisión del líder cubano está siendo valiente, va en la buena dirección para sus ciudadanos, ya que les da mayor libertad, y parece una reforma sincera, no como la Alianza de Civilizaciones o los macro pactos gubernamentales contra el hambre que se firman con la intención de salir en la prensa y no hacer nada después.

Si Cobden hubiese impulsado el liberalismo a través de alianzas librecambistas como las que pretenden el NAFTA, CAFTA y acuerdos políticos similares, muy probablemente habría disfrutado del mismo éxito que tienen ahora estas alianzas, ninguno. La intención de crear un mundo mejor no se consigue a través de la buena voluntad de los políticos ni con los supuestos consensos a los que llegan. Las reformas empiezan desde dentro, dando entrada de forma radical al capitalismo y a la libertad individual. Esperemos que Cuba no se detenga aquí y llegue a ser un símbolo del capitalismo, es decir, de riqueza, prosperidad y libertad.