Los Bancos Centrales, que nacieron para financiar directamente los déficits públicos de los Gobiernos (así ocurrió con el Banco de Inglaterra, o, en España, con el Banco de San Carlos), evolucionaron más tarde hacia una especie de monopolios públicos destinados a proteger a la bancos comerciales de sus desmanes, excesos e irresponsabilidades, a cambio de que éstos les sustituyeran como paganos de los ingentes endeudamientos estatales. De esta manera, los Estados han logrado sufragar políticas tan represoras de la libertad individual como la educación pública adoctrinadora, las guerras de agresión o la expansión del dispendio social.
La libertad no ha sido la única víctima de esta permanente línea de crédito de la banca al Estado. Los más claros efectos económicos de este estado de cosas han sido las inflaciones galopantes, que han horadado el poder adquisitivo de los ciudadanos, y unos ciclos económicos que han arruinado a millones de inversores, atraídos con engaños a burbujas especulativas artificiales.
La connivencia entre la banca y el Estado está presente, en mayor o menor medida, en todos los países del mundo. En España, por ejemplo, hemos tenido abundantes ejemplos de ello en las últimas semanas.
Ante las sensatas palabras de Eduardo Zaplana sobre los problemas de liquidez que afronta el sistema bancario español, tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía saltaron al unísono para defender a las entidades de crédito. Solbes empleó términos tan rotundos como "lamentables" o "irresponsables" para referirse a las declaraciones del portavoz parlamentario del PP.
Sin embargo, no queda tan claro que esos temores sean del todo infundados. El Financial Times publicaba a principios de febrero que los bancos españoles habían acudido en masa al Banco Central Europeo para solicitar la liquidez que necesitaban y que no les proporcionaba el mercado. Sólo en diciembre pidieron prestados 44.000 millones de euros, frente a la media de 20.000 registrada en los meses anteriores.
Además, y esto fue muy poco comentado en España, el colateral que aportaron los bancos españoles para recibir la liquidez del BCE consistió, en su mayoría, en bonos hipotecarios, para los que, a día de hoy, no existe mercado. Dicho de otra manera, los bancos españoles sobreviven porque el BCE les presta contra unos activos contra los que casi ningún inversor privado quiere prestar. ¿De qué saludable situación estamos hablando?
Lo cierto es que, si las tasas de morosidad llegaran a repuntar en España (lo cual no es nada improbable, habida cuenta la crisis económica y de la subida del paro) y, como consecuencia, esos bonos hipotecarios llegaran a ser degradados por las agencias internacionales de calificación de riesgo (tal y como ha sucedido en EEUU), ni siquiera el BCE podría, según sus estatutos, prestar a los bancos españoles, de modo que éstos afrontarían una auténtica suspensión de pagos.
Con un repunte de la morosidad, a este problema de liquidez se le añadiría otro de solvencia, por cuanto los activos hipotecarios perderían buena parte de su valor. El Banco de España trata de crear una ficticia sensación de confianza diciendo que las provisiones actuales de los bancos suponen más de un 200% de los créditos dudosos. Sin embargo, tal y como ha calculado el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, sólo con que la morosidad alcanzara la media del período 97-99, las provisiones actuales ya serían insuficientes para cubrirla. Y si llegara a situarse a los niveles de la última crisis económica (92-96), la banca tendría que captar más de 120.000 millones de euros para reponer las pérdidas, lo que supondría su descapitalización de facto.
Quizá por ello, el Gobierno ya ha empezado a aplicar medidas tendentes a asistir a la banca, aun cuando las camufle como medidas para beneficiar a las familias españolas.
Ayer mismo, Solbes prometió la gratuidad de la ampliación de plazos de las hipotecas, ante lo cual la banca aplaudió con las orejas. No obstante, Ausbanc, la asociación de consumidores de servicios bancarios, sostuvo que con tal medida sólo se pretende contener la morosidad, que ya está empezando a preocupar a los bancos.
Lo cierto es que la promesa de Solbes es una adaptación de otros planes que ha intentado implantar Bush en EEUU a raíz de la crisis subprime pero que han fracasado de manera estrepitosa. También allí la congelación de los tipos de interés o las ayudas estatales a las familias más endeudadas eran una manera de prolongar el endeudamiento vital de los ciudadanos en beneficio de un sector financiero que los ha atraído con unos tipos fraudulentamente bajos.
En EEUU ya están cayendo los precios de las viviendas, de ahí que a las familias más endeudadas les traiga a cuenta dejar vencer sus hipotecas en lugar de continuar pagando intereses. En España podría llegar a ocurrir lo mismo cuando el pinchazo de la burbuja inmobiliaria se manifieste en caídas importantes de precios. La banca teme esta situación, a la que no podría hacer frente de ningún modo. Por eso acepta cualquier remedio que incentive a las familias a seguir pagando.
Por si el anterior pasteleo fuera poco, el 25 de enero el Gobierno aprobó que el ICO avale los fondos de titulización de activos con 3.000 millones de euros, pero ya se rumorea que podría ampliarse hasta los 10.000 millones y para cualquier tipo de activos inmobiliarios. Sin entrar en demasiadas complejidades financieras, con estas operaciones el Gobierno está comprometiéndose a pagar en caso de que miles de deudores hipotecados no lo hagan. Dicho de otro modo: está trasladando a los contribuyentes el coste de un posible impago generalizado de hipotecas.
La finalidad de este aval es, simple y llanamente, permitir que los bancos puedan desprenderse de esos activos con mayor rapidez, para que así la morosidad no la sufran ellos, sino todos los españoles.
Se trata de algo similar a lo que sucedió en EEUU. El Tesoro venía prestando aval explícito de 2.000 millones de dólares (bastante menos que lo pretendido por ZP) a las dos principales empresas hipotecadoras, Fannie Mae y Freddie Mac, lo cual permitió a éstas elevar su solvencia aparente y extender el crédito hacia actividades mucho más arriesgadas, tal y como denunció Greenspan durante sus últimos años al frente de la Reserva Federal.
En aquel momento sólo el congresista republicano Ron Paul se atrevió a exigir el fin del aval explícito, para evitar que los contribuyentes soportaran las pérdidas futuras de esas dos empresas. Nadie le hizo caso, pero el tiempo, como en tantos otros asuntos, le ha dado la razón: en el tercer trimestre Freddie Mac perdió 2.000 millones de dólares. Pero lo peor está por llegar: esta empresa, con un capital de sólo 42.000 millones, tiene una exposición a las hipotecas subprime de 120.000.
¿Estamos repitiendo en España los mismos errores que en EEUU? De momento, eso parece. La única diferencia a nuestro favor es el superávit de las arcas públicas; que, sin embargo, podría ser engullido por el gasto social que tanto PP como PSOE prometen en plena orgía electoral.
Es hora de terminar con la estrecha relación entre la banca y la política, que sólo daña a la gente honrada: ahorradores, trabajadores, empresarios e inversores que no se cobijan bajo la sombra del poder. La estabilidad financiera y la austeridad presupuestaria que el fin del intervencionismo bancario conllevaría serían dos de los principales baluartes en la protección de la libertad.
