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Exxon Mobil le moja la oreja al gorila

Primero un rey que no suele destacarse por su audacia interceptó una de las chácharas prepotentes del militar golpista lanzándole aquel famoso "por qué no te callas". Luego vendría el revés en el referéndum para terminar de instaurar el socialismo real. Chávez no contó con que el movimiento estudiantil pudiera forzar su derrota usando la fuerza de las ideas frente al totalitarismo disfrazado de demagogia bananera.

Ahora ha sido Exxon Mobil, la gran petrolera capitalista, la que le ha estropeado la digestión al líder de esta "hermosa experiencia democrática" que tanto gusta a los titiriteros españoles. Hace casi un año el inagotable apetito de propiedades ajenas del líder socialista venezolano se concretó en la nacionalización de gran parte de las explotaciones petrolíferas de la Faja del Orinoco. El 1 de mayo dio comienzo el festín expropiador y, como de costumbre, la mayoría de las empresas extranjeras así como los gobiernos de sus países de origen se plegaron al latrocinio chavista que, de la noche a la mañana, suspendía unilateralmente los contratos firmados entre Venezuela y las empresas y se quedaba, a través de la empresa estatal PDVSA, con un mínimo del 60% de las acciones de las empresas mixtas que operaban en la Faja.

Sin embargo, Exxon Mobil es una multinacional petrolera que se caracteriza por plantar cara al socialismo –tenga color verde o rojo intenso–, de modo que no aceptó continuar operando bajo las condiciones impuestas y presentó demandas en diversos países para recuperar el valor de la propiedad que el Gobierno de Chávez le había arrebatado. Desde entonces, tribunales de Reino Unido, Holanda y Estados Unidos le han dado la razón a la empresa norteamericana ordenando la congelación de algo más de 12.500 millones de dólares en activos en esos países de PDVSA.

Al Gobierno venezolano no le gusta que haya jueces que se aparten de su concepto de justicia social que en la práctica se traduce en darle siempre la razón a quien trate de actuar con el objetivo de establecer el socialismo en la tierra o, de manera más específica, a quién actúe según los designios del dictador bolivariano. Por eso, a este noble ejercicio de restitución el ministro de Energía y Petróleo Venezolano lo calificó de "uso terrorista de la justicia". Vamos, que les duele que todavía haya quienes crean en el concepto clásico de justicia y pongan coto a sus latrocinios.

Claro que pronto podremos asistir a conferencias de Stiglitz y otros aduladores de cuanto político intervencionista se cruce en su camino hablándonos de la valentía que ha tenido Chávez al rescatar los recursos de la madre tierra y explotarlos a través de una empresa "del pueblo". No faltarán empresas o fundaciones españolas que financien sus parlanchinerías. Algunas, incluso, dirán que son liberales.

Otros dirán que todo el que se ponga de parte de la petrolera expropiada debe estar a sueldo de la multinacional y que esa presunción contra la que no cabe rechistar invalida sus opiniones y argumentos en una nueva versión del polilogismo marxista. Jueces, académicos y columnistas quedaremos condenados a la hoguera por el mero hecho de discrepar y defender la propiedad de unas empresas que se dedican al terrible negocio de producir energía y ayudar a prosperar las sociedades.

Circunflejos por la alegría (presupuestaria)

Son luchadores por la libertad y la democracia y eso se nota a la legua. El ejemplo de Concha Velasco participando en el videoclip ad maiorem ZP gloriam como una especie de madrina del evento, es un dato particularmente interesante.

Conchita Velasco fue siempre, como es bien sabido, una luchadora por las libertades de este país. Su pasado como aguerrida luchadora antifranquista queda suficientemente esmaltado en su trayectoria fílmica de finales de los sesenta, en los que compartió plano con Manolo Escobar, otro peligroso revolucionario. Al socaire de unas comedietas románticas aparentemente insustanciales, la Velasco puso en cuestión las bases ideológicas del franquismo y dio aliento a la lucha revolucionaria que los camaradas progresistas llevaban a cabo desde el exterior.

La Historia de la democracia en España se hubiera escrito de otra forma completamente distinta de no haber sido por títulos como Juicio de faldas o la más arriesgada En un lugar de la Manga. Hombre, no son El padre coplillas, pero una atenta lectura entre líneas de cualquiera de estos guiones saca a relucir un contenido ideológico devastador para las estructuras del régimen.

Conchita Velasco luchó contra el franquismo desde dentro, que era el puesto más arriesgado en la batalla por las libertades destepaís. Tuvo que ser muy duro forrarse el riñón haciendo aparentes españoladas, siendo Conchita una persona de firmes convicciones socialistas, como hemos descubierto recientemente.

Y es que a Concha Velasco el aznarismo la trató fatal. Por ejemplo, después de quedarse arruinada por culpa de ciertos problemillas con la hacienda pública, a los que no fue ajeno su entonces marido Paco Marsó, la Televisión Española del señor Aznar tan sólo le concedió presentar semanalmente un espacio en horario estelar titulado Tiempo al tiempo, gracias al cual la Velasco comenzó a recomponer sus maltrechas finanzas. En aquel programa televisivo Conchita protagonizó escenas de elevado progresismo, como aquella vez en que pasaba revista a los aspectos más escabrosos de la biografía de una tonadillera, y la pobre entrevistada decía con voz trémula: "Lo siento Concha, es que no quiero llorar". En ese momento la Velasco le espetó un progresista "Llora, llora, ¡llora!" mientras ambas se fundían en un abrazo lleno de emoción, hipidos y mocos.

Junto a ella otros actores de los sesenta, cantantes que sobrepasan la cincuentena y algún director de cine multimillonario, abandonaron por un día sus mansiones de la sierra madrileña y sus lujosos lofts del barrio de Salamanca para apoyar al candidato del partido de Pablo Iglesias. En fin, un grupo de abueletes revolucionarios a quienes "el sistema" les oprime de forma insoportable, como lo demuestra su tren de vida.

Lo más sorprendente es que muchos jóvenes, que se hipotecan a cuarenta años para comprar una solución habitacional por la mitad de lo que Bermejinsky se gasta en amueblar un ático, aplaudan entusiastas y les reconozcan como referentes intelectuales del progreso. ¿Hay algo más absurdo que ser mileurista y babear con las performances de estos depredadores presupuestarios? Lo hay: votar a Z.

El titiritero de Bruselas

Si pensamos en el lugar de origen del miembro en cuestión de la Comisión no deberíamos desconfiar. Procede de Irlanda, que junto con el Reino Unido y Luxemburgo conforma el trío de países miembros de la UE en los que no existe la llamada compensación por copia privada.

Sin embargo, sí hay motivos sobrados para temerse lo peor. En primer lugar, si se quiere armonizar la regulación en esta materia queda claro que los eurócratas pretender hacer obligatorio el canon para todos. A los eurócratas les encanta igualar al alza siempre que se trata de impuestos y similares. De hecho, McCreevy no pone en duda en ningún momento que este tenga que existir, tan sólo las cantidades, a que productos se aplica y cómo se cobra. Si se sale con la suya, Rajoy ya puede ir olvidándose de eliminar dicho sobreprecio y tanto británicos como irlandeses, así como los luxemburgueses, deberán ir preparándose para abrir sus carteras.

Hay otra cosa hace desconfiar profundamente de sus intenciones: la pretensión de casi duplicar, al pasar de 50 a 95 años, el periodo de "protección" de los derechos de intérpretes con la excusa de acercarlo al vigente para los compositores. Ni se plantea la posibilidad de reducir la de estos últimos en vez de aumentar la de aquellos. Al fin y al cabo, tan arbitraria es una cifra como la otra. De hecho, y como ya se explicó en esta misma columna hace tiempo, el propio concepto de propiedad intelectual es cuando menos discutible.

Dice el comisario europeo –que decide actuar tan sólo después de que Philips haya denunciado a España por su elevado canon– que en la cuestión de la "tasa" en cuestión debería articularse una "solución razonable" y "acorde con las perdidas causadas por la realización de copias privadas". Aunque es más que dudoso que cause perdida alguna la copia privada en sentido estricto, esto es, para uso personal de alguien que haya adquirido el original de forma legal (¿quién se va a comprar dos veces el mismo disco para poder escucharlo en el portátil mientras trabaja y en el coche mientras conduce?), ya se ha puesto encima de la mesa esa solución razonable en más de una ocasión: aplicar el canon al original.

Pero dudamos que las ideas de McCreevy vayan por ahí. Nos tememos que, una vez más, las malas noticias lleguen de la Unión Europea. El comisario tan sólo quiere hacer un pequeño maquillaje para que todo continúe básicamente igual, y para que a algunos les vaya peor. Desconocemos si ya tiene apodo, ganado en el Ejecutivo comunitario o en el Parlamento irlandés. En todo caso proponemos uno: "el titiritero de Bruselas".

La política cierra las puertas al inversor internacional

Hasta ahora, España era atractiva por su ritmo de crecimiento y por ciertos sectores con alta rentabilidad, a pesar de las leyes jurásicas que todos los gobiernos de este país han impuesto a la economía.

Todos los partidos están comprando el voto del elector con favores que no harán mejorar la economía de forma sustancial; sólo son charlatanes incapaces de entender lo que necesitan la gente y su reflejo, el mercado. Un claro ejemplo es, precisamente, la manera en que los partidos afrontan la desinversión del capital extranjero en España. Ninguno ha dado soluciones reales.

Miremos esta situación con un poco de perspectiva y comparemos algunos números. Dos de los países convertidos en paradigma de la economía socialista son Suecia y Finlandia. Los socialistas los alaban por sus protecciones sociales, pero pocos saben que España es aún más rígida, intransigente y socialista que ellos. Los nórdicos, al menos, saben quién les da de comer.

En el ranking que compara el clima regulatorio y empresarial del Banco Mundial, Finlandia y Suecia se sitúan en los puestos 13 y 14 respectivamente. España está bastante más lejos, en el 38. Expresando de otra forma, nuestro país es casi 3 veces menos competitivo que los mencionados. ¿Las razones? España dista de Finlandia y Suecia en la facilidad para crear una empresa en 102 y 96 puntos respectivamente. En este sentido, hasta gobiernos como el de Etiopía, Burkina Faso, Botsuana o Zambia otorgan mayor libertad a los empresarios nacionales y extranjeros para crear una empresa que nuestros mandatarios.

El esfuerzo que ha de hacer una empresa para conseguir las licencias en España es 3 veces más alto que en Suecia. En España, cuesta hasta 6 veces más registrar una propiedad que en Suecia. En Finlandia, cerrar una empresa es 3 veces más sencillo que aquí. Cuando una empresa destina su inversión fuera de sus fronteras, lo primero que pregunta es cuánto le costará cerrarla si las cosas se ponen feas. Si el país receptor del capital exige muchos compromisos, entrarán pocas inversiones, pues preferirán irse a otro sitio. Comparativamente, estas leyes que tenemos no sólo afectan negativamente a la creación de riqueza, sino que también contribuyen al propio deterioro de la economía. La falta de competencia y alto nivel de intervencionismo que el Gobierno ha fomentado en estos años han hecho que España sea el último país de la UE en productividad. Algo así no anima a ninguna empresa extranjera a venir; de hecho, la baja productividad española ha merecido llamadas de atención de instituciones como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.

Sólo hay una cosa en la que España gana por goleada a los países nórdicos con los que nos hemos comparado, ¿se imagina cuál? En la concesión de crédito, uno de los principales factores del actual derrumbe económico. Evidentemente, si esta es la diferencia con países tan anclados en el pasado como Suecia y Finlandia, no es difícil imaginar el abismo que existe entre España y otros estados de tradición más liberal como Nueva Zelanda, Hong Kong o Estados Unidos. ¿Y los charlatanes del parlamento que opinan de esto? Nada, porque con políticas serias y abiertas al libre mercado no se pueden comprar votos.

Peligro: rebajas fiscales

Sí, claro, averigüemos el por qué de esta minúscula reducción de la confiscación tributaria, a ver si los contribuyentes se acostumbran, piden más libertad y respeto a sus derechos de propiedad, y los pseudointelectuales cortesanos al servicio del poder político no sabemos qué decir para continuar con el expolio.

Siguiendo un criterio ético bastante chapucero, asegura que "las reducciones fiscales no se pueden justificar porque los impuestos o el gasto público en España sean elevados. Los impuestos están entre los más bajos de los países avanzados de la UE". Parece que la justicia sólo se consigue si uno se aproxima a la media: si tenemos poca delincuencia igual necesitamos más; si te roban, no te quejes porque quizás a otros les va aún peor. Ni se plantea la alternativa de que sean los otros países los que reduzcan su fiscalidad.

Además, "España gasta mucho menos en casi todas las actividades públicas que la mayoría de los países avanzados de la UE". España, paraíso de la libertad y de lo privado, quién lo iba a decir. Zubiri denuncia las deficiencias evidentes en todas las áreas: sanidad, educación, justicia, obras públicas. Y sólo se le ocurre recomendar más gasto. Ni se plantea que los problemas puedan deberse al carácter burocrático, monopolístico y funcionarial de los prestadores de esos servicios: gente no precisamente esforzada que no depende de la satisfacción de sus clientes.

Zubiri asegura que a menudo se proponen recortes fiscales porque se cree que estimularán la actividad económica de forma que los ingresos totales (y el gasto público y las prestaciones correspondientes) no se verán reducidos, y critica que no hay ninguna garantía de que esto suceda. Es cierto, y ni falta que hace: el dinero donde está mejor es en el bolsillo de los ciudadanos. No se trata de dar un poco más de libertad a la vaca para que produzca más leche, ni de garantizar derechos a unos perceptores de ayudas y subsidios que se creen que tienen derecho a todo gratis a costa de los demás (y votan en consecuencia).

Su visión de la democracia es idílica: "políticamente es mucho más sencillo bajar los impuestos que subirlos"; si va a resultar que los liberales no les pedimos algo tan complicado a nuestros representantes, a ver si se limitan a lo fácil. Como su experiencia empresarial seguramente es nula, cree que "dentro de unos amplios márgenes, para la mayoría de las empresas los impuestos son un factor de segundo orden a la hora de tomar decisiones de ubicación y tienen efectos menores en su competitividad". Y los inversores no van a escapar fácilmente: "el capital de los residentes se puede gravar de forma razonable si se aplican las normativas y mecanismos de control adecuados". Qué majo.

Pagar menos por los SMS

A la susodicha no se le ha ocurrido otra cosa que acudir a la mayor feria de empresas de telefonía móvil, que se celebra estos días en Barcelona, para afirmar, muy rotunda ella, que bajará por decreto el precio de los SMS y la descarga de datos cuando se hacen en el extranjero si no lo hacen las operadoras antes del verano. Pero todas y cada una de ellas; no le sirve con que lo hagan las más importantes y que más clientes tiene. Es decir, que bajará las tarifas manu militari sí o sí.

¿Y eso que tiene de gracioso? Bueno, eso en concreto nada. Si hay una medida económica que ha mostrado su poca eficacia a lo largo de la historia es la de imposición de precios máximos. La economía de mercado funciona porque quienes participamos en ella simplificamos una información complejísima convirtiéndola en una cifra que llamamos precio. Lo expresaba bien Leonard Read en su clásico ensayo Yo, el lápiz. En él describía el proceso que seguían cada una de las partes que componían un objeto tan barato y sencillo como es un lapicero: la obtención de la madera en Oregon, el grafito extraído en Sri Lanka, los distintos componentes metálicos y de otro tipo para poder colocarle una goma, el procesamiento que requiere cada una de sus partes… Un proceso tan complejo que ninguna persona sabe realmente cómo hacer un lápiz. Pero esas personas se coordinan, y lo hacen a través del sistema de precios.

El fabricante de lapiceros puede saber, por ejemplo, qué madera le viene mejor, pero eso no significa que sepa cortarla, almacenarla y transportarla de la manera más eficiente posible. Pero comprando la alternativa más barata está premiando a los proveedores más eficaces. Seguramente compre ya hechas las gomas de borrar e ignore incluso de qué material están hechas. No le hace falta, porque hay otras personas y empresas especializadas en ello y que lo fabrican mucho mejor de lo que él lo haría nunca. Los precios reflejan costes de material y producción, entre otros; si se bajaran artificialmente se obligaría a las empresas a reducir la calidad o dejar de poner su mercancía en el mercado legal. Así que eso de que se quieran bajar precios porque sí es más bien peligroso.

¿Entonces, qué es lo gracioso? Pues que, seguramente sin quererlo, la comisaria Reding ha dejado entrever por qué quiere bajar los precios. La excusa suele ser ayudarnos a usted y a mí, simples mortales a los que el Poder, de tanto en tanto, deja unas migajas. Pero en esta ocasión los ciudadanos favorecidos serían, según Reding, los hombres de negocios europeos que podrían así moverse por nuestro continente con la misma facilidad que los norteamericanos por su país, sin tener que pagar facturas excesivas.

Es decir, que alterarán un precio de unos servicios que la mayoría de los ciudadanos no usa, o usa muy infrecuentemente, para que un grupo reducido y de alto poder adquisitivo pague menos. Lo que nunca dirá la comisaria es que los ingresos que las operadoras dejen de percibir por esta rebaja los repercutirán de algún modo, sea incrementando las tarifas, sea reduciendo o paralizando bajadas previstas en sus precios, sea reduciendo el mantenimiento de sus infraestructuras o empeorando aún más el servicio al cliente.

¿Pero eso es gracioso? Bueno, no. Lo gracioso es que entre esos favorecidos por la mano de la diosa Europa hay un grupo en concreto que seguramente les sonará de algo. Sí, los euroburócratas como la comisaria Reding. Este plan tendrá como resultado incrementarnos las tarifas o bajarnos la calidad de los usos que damos al móvil la mayoría de los europeos para que ellos paguen menos. Y a mí, qué quieren que les diga, cuando muestran tan a las claras qué son en realidad, los políticos me hacen bastante gracia.

Vuelven los inflacionistas

Dos economistas cercanos al PSOE, Miguel Sebastián y José Carlos Díez, se han unido al coro mediático que reclama al Banco Central Europeo que recorte los tipos de interés. En su opinión, la situación actual es insostenible y sólo puede aliviarse con una decidida intervención del BCE.

La popularidad que han alcanzado estos dos analistas no se compadece con la calidad de sus argumentos, ideológicamente similares a los que manejan lunáticos partidarios de la abolición del dinero como Silvio Gesell. Repasémoslos someramente.

El crédito se está contrayendo

José Carlos Díez centra sus temores en una hipotética contracción crediticia (credit crunch), que podría llevarse por delante bancos y sectores económicos enteros. En su opinión, los primeros síntomas ya comienzan a apreciarse: "Los bancos (…) han visto cómo se cerraba su acceso a los mercados de capitales, y les comienza a repuntar la morosidad".

Precisamente en su formulación del supuesto problema es donde se encuentra el mayor error de Díez. El economista jefe de Intermoney confunde los mercados monetarios (como el interbancario, donde el BCE trata de hacer notar su influencia) con los mercados de capitales, básicamente los de acciones y bonos a largo plazo.

Los mercados monetarios sirven para reasignar la liquidez en el sistema financiero, mientras que los de capitales deberían utilizarse para distribuir los ahorros entre los distintos proyectos de inversión. El problema es que las entidades de crédito, con la asistencia de los bancos centrales, utilizan los primeros para financiar inversiones en los segundos; por ejemplo, captan depósitos a la vista para invertir en bienes inmuebles (hipotecas) o en crédito empresarial.

En la medida en que los bancos centrales influyen sobre el tipo de interés (o de descuento) en los mercados monetarios, provocan una expansión del crédito en los mercados de capitales por encima del monto de los ahorros reales. De esta manera, se generaliza la creación de deuda y la demanda de activos reales y financieros, cuyo precio se dispara (como ha ocurrido con la vivienda, la bolsa o las materias primas).

Esta pirámide de mala deuda tiene que derrumbarse en algún momento, simplemente porque se ha emitido con el respaldo de unos activos sobrevalorados y con cargo a unos ahorros que no existen. La esperanza de los inflacionistas como Díez es que ese volumen de ahorros inexistente sea suplido con nuevas expansiones crediticias del Banco Central; es decir, se trata de sustituir el ahorro real por ahorro fiduciario de papel y anotaciones electrónicas.

El problema es que cuanto más crezca el crédito no respaldado, mayor será la inflación y más reacios serán los ahorradores a invertir en activos nominados en una moneda que pierde valor. Al final sólo hay dos opciones: o la concesión de crédito se cortocircuita por los inversores (en cuyo caso se produce la temida contracción) o la moneda se termina repudiando (hiperinflación).

En este momento, el sistema bancario ha decidido dejar de prestar dinero por razones evidentes: buena parte de sus préstamos anteriores están o van a acabar siendo impagados, y tampoco se fían (con razón) de la solvencia de los potenciales prestatarios, cuyas garantías parecen asentarse casi en exclusiva en activos sobrevalorados (como la vivienda).

La propuesta de Díez es ineficaz y torpe. Aun cuando el BCE rebaje enérgicamente los tipos de interés, resulta improbable que los bancos vuelvan a prestarse dinero entre sí y al gran público. Por muy barato que ofrezca el BCE el dinero a los bancos, a éstos puede resultarles demasiado caro, ante el riesgo de impago total por parte de los prestatarios. En Japón los tipos llegaron a estar al 0%, sin que ello tuviera una influencia visible sobre la inversión. Si miramos más cerca de casa, hace pocas semanas el Euribor se situaba casi un punto por encima del tipo de interés fijado por el BCE. Su moderación actual sólo refleja una tensa calma, y puede volver a dispararse en cuanto regresen los impagos.

Pero es que aun cuando el BCE lograra reactivar el circuito del crédito, como pretende Díez, esto sólo sería un parche temporal que prolongaría la distorsión en los precios relativos de los activos y alargaría la posterior recesión: más activos inflados, más deuda de mala calidad, mayor contracción.

Las rebajas de tipos no causan inflación

Miguel Sebastián también se muestra partidario de rebajar los tipos; por un motivo análogo al de Díez: para solucionar los problemas de liquidez y que éstos no lleguen a afectar a la economía real.

Aparte de la deformación neoclásica de considerar el dinero como un instrumento neutral, al margen de la economía real (y es que, a los ojos de Sebastián, parece ser indiferente que una empresa que tenga que pagar a tres meses a sus proveedores disponga de abundantes saldos de caja o sólo de numerosos terrenos; ¿sabrá qué es una suspensión de pagos?), lo que nos interesa del artículo de Sebastián es su planteamiento de que las rebajas de tipos no causan inflación: según sus series de datos, la correlación entre inflación y tipos de interés es casi nula.

De nuevo comprobamos los riesgos del positivismo económico, que, como nos advirtió Hayek en su discurso de recepción del Nobel, pretende reducir los complejos fenómenos económicos a magnitudes mesurables para poder trabajar con ellos. Aquello que puede medirse existe en economía; lo que no puede medirse, por muy importante y relevante que sea, no.

La inflación es un fenómeno muy complejo que la economía neoclásica, con un reduccionismo preocupante, ha logrado equiparar al IPC. Sin embargo, el IPC sólo muestra el encarecimiento de unos bienes de consumo, cuando en la economía existen muchos otros bienes y activos. Para Sebastián y los de su ralea, los precios de la vivienda podrían multiplicarse por nueve y sin embargo no haber inflación, siempre que los precios de los bienes de consumo que han escogido arbitrariamente no cambien (situación nada hipotética, pues ha sido lo que ha ocurrido en España en los últimos años).

En la década de los 20, los precios de las acciones en EEUU se multiplicaron una media de 3,5 veces en cinco años, pero los precios de los bienes de consumo no variaron significativamente. ¿Deberíamos concluir que no hubo inflación? ¿Por qué? ¿Porque excluimos de los índices de inflación, sin motivo alguno, los activos financieros ?

Por supuesto, Miguel Sebastián tampoco apreciará en toda su magnitud la inflación que se ha derivado de las rebajas de tipos de la Fed, debido a que se ha concentrado en las materias primas: desde agosto, los precios de éstas han aumentado como media más de un 20%. ¿Acaso sostiene Sebastián que esto no es inflación simplemente porque el INE no lo considera como tal?

El mal instrumental analítico de Sebastián lo arrastra a una confusión general, ya que en otro reciente artículo se pregunta si estamos ante un shock de oferta (causado por la subida de precios de las materias primas) o de demanda (generado por la restricción del crédito). La respuesta adecuada es que el nuevo crédito ha dejado de afluir a los activos inmobiliarios sobrevalorados y se ha dirigido a las materias primas, de ahí que el crédito se restrinja para promotores y familias y la demanda (y los precios) de materias primas se dispare.

Resulta poco inteligente creer que se puede expandir permanentemente el crédito no respaldado por ahorros reales y que esos nuevos fondos artificiales no van a incrementar el precio de aquello a lo que se destinen. Si los bajos tipos de interés que hemos tenido en España durante los últimos años hubiesen afluido, en lugar de al crédito hipotecario, hacia el crédito al consumo, el IPC se habría disparado (en vez de los precios de la vivienda) y sí habríamos sufrido inflación, según Sebastián. En realidad, el ex candidato a alcalde de Madrid confunde el reflejo de la inflación con su existencia.

Conclusión

No es momento de bajar los tipos de interés. Se trata de una política abocada al fracaso, como podemos constatar a la vista de la crisis actual, producto de las rebajas que la precedieron. La ideología inflacionista (ora keynesiana, ora monetarista) no es capaz de entender ni de dónde viene la inflación ni cómo repercute el crédito fiduciario en la estructura productiva.

A menos que gustemos del masoquismo, no conviene escuchar a los malos economistas que nos han llevado a la pésima situación en que nos encontramos. El alivio a la crisis no pasa por unos tipos de interés artificialmente bajos, sino por rebajar los impuestos, por liberalizar los mercados de factores y por un gradual regreso al patrón oro.

La gaviota del PP se tiñe del temible verde ecologista

De este modo, el PP viene a engrosar las ya abultadas hordas de creyentes en la nueva fe sociopolítica del siglo XXI: el algorianismo. Con dicha estrategia electoral, el PP en nada se diferencia del ecologismo socialista, que, so pretexto de proteger el medioambiente y evitar o prevenir, en la medida de lo posible, el Apocalipsis Climático, apuesta por incrementar sin medida el intervencionismo estatal, en detrimento del desarrollo económico, la libertad individual y la esencia misma del capitalismo.

El programa eco-popular elaborado por el tándem Rajoy-Costa, que tanto ha de agradar a Greenpeace, no deja lugar a dudas: la gaviota del PP, otrora símbolo de la libertad y la esperanza, ha quedado teñida del color verde intenso propio de los afectados por el virus ecolojeta, que está causando estragos entre las clases políticas española y, sobre todo, europea. Sus ejes, recientemente expuestos por la propia elite popular, no dejan lugar a dudas:

– Aprobación de una Ley Integral de Lucha contra el Cambio Climático.

– Reducción de un 20% en las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero (GEI) para el año 2020.

– Elaboración de una Ley Básica de Eficiencia Energética para que en 2020 el 20% de la energía provenga de fuentes renovables.

– Aplicación de un Plan de Eficiencia Energética en todos los edificios de la Administración General del Estado (AGE).

– Puesta en marcha de un Programa de Adquisición de Vehículos Ecológicos para que la AGE se dote de automóviles movidos por biocombustibles.  

– Creación de un Plan de Renovación Ecológica de Vehículos para incentivar la eliminación de los coches más contaminantes e inseguros.

– Inclusión en las facturas de la gasolina y la electricidad del volumen de las emisiones de CO2 asociadas al consumo.

– Creación de un Fondo para el Patrimonio Natural dotado con 375 millones de euros anules, así como de un ambicioso Programa de Reforestación, por el cual se plantarán 500 millones de árboles, con un coste estimado en cerca de 900 millones de euros, a lo largo de la próxima legislatura.

– Establecimiento del Proyecto Costa Natura para la conservación y recuperación de espacios litorales con valores ambientales.

– Apuesta, cómo no, por la conservación de las "especies emblemáticas" de la fauna ibérica.

Éstas y otras medidas se traducen, en realidad, en una mayor regulación administrativa y burocrática; en más gasto público, presión fiscal, trabas a las empresas; en una subida artificial y arbitraria en la factura de la luz (y en la del agua), tanto para los ciudadanos como para las industrias; y, lo que es aún más grave, en el seguimiento a pie juntillas de la Estrategia contra el Cambio Climático ideada por la Unión Europea y que tanto gusta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, en la ejecución de uno de los programas políticos más perversos y perjudiciales para el conjunto de la economía comunitaria desde la implantación del modelo de Estado de Bienestar de los años 60 y 70: el Protocolo de Kioto.

El programa medioambiental del PP es, como se ve, muy coherente con el liberalismo que tanto se vanagloria de pregonar a los cuatro vientos don Mariano…

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La nueva legislación comunitaria en materia de cambio climático y energía amenaza de forma directa los fundamentos del desarrollo económico contemporáneo. El  comercio de emisiones de CO2 que establece Kioto amenaza con generar unos costes a la industria europea próximo a los 50.000 millones de euros anuales. En la era post-Kioto, paradigma de la eficiencia energética, al decir de sus acérrimos defensores, la factura podría ascender a 120.000 millones de euros anuales, según contempla la propia Comisión Europea. Y eso sin tener en cuenta los terribles efectos colaterales: pérdida de competitividad, proteccionismo comercial, destrucción de empleo, deslocalización masiva, reducción de las exportaciones… Todo un ejemplo de liberalismo económico, vamos…

En España, la Hacienda Ecológica recaudará unos 7.000 millones de euros entre 2008 y 2012, según ponen de manifiesto los últimos estudios sobre la materia, si bien el monto puede llegar a los 16.000 millones allá por el año 2020, de acuerdo con un reciente informe del Ministerio de Industria alemán. Así pues, no será precisamente el planeta, sino el conjunto de la economía nacional, quien padecerá las consecuencias negativas de esta guerra desatada por el lobby ecologista.

Con tales propuestas, el PP no hace ninguna objeción a la Estrategia de Desarrollo Sostenible elaborada por el Gobierno, todo un conjunto de medidas fiscales y regulatorias que debilitarán de forma directa la ya de por sí frágil competitividad del tejido productivo español. Y ello en un momento de incertidumbre e inestabilidad financiera global que, en realidad, anuncia la llegada de una crisis económica en los próximos meses.

Los populares parecen desconocer que el ecologismo nace de las cenizas que dejó el derrumbe del Muro de Berlín y de la utopía comunista, en 1989. Ignoran, o al menos así lo parece, que la enseña de este movimiento radical es verde en su cara visible pero rojo intenso, totalitario, en la invisible. Que, para esta gente, la protección del medioambiente es sólo una excusa.

No es cierto que exista un amplio consenso científico en torno a las teorías catastrofistas del cambio climático, tal y como exponen los medios de comunicación a través de los polémicos informes del Panel Internacional sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC). Frente a lo que preveían los agoreros, el que acabamos de dejar atrás no ha sido el más cálido de los últimos cien años. De hecho, la temperatura media del planeta ha dejado de aumentar desde 1998. Es más, algunos de los centros astronómicos más prestigiosos del planeta, como el de Púlkovo (Rusia), y más recientemente la NASA (EEUU), advierten del advenimiento de una nueva era glaciar para mediados del presente siglo. Además, y por mucho que se empeñen los ecologistas y sus Gobiernos afines, el cumplimiento íntegro de Kioto apenas lograría retrasar en cuatro o cinco años la subida de cuatro grados centígrados que auguran los modelos econométricos empleados por la ONU.

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El coste económico de las medidas propuestas por el Gobierno socialista, y ahora también por el PP, puede ser ciertamente dañino para el crecimiento y el desarrollo del país. De existir el calentamiento global, puede combatirse de muchas formas acordes con el libre mercado; por ejemplo, impulsando las nuevas tecnologías y, sobre todo, apostando por la energía nuclear como fuente limpia de energía. Las regulaciones, las sanciones, las exacciones fiscales, aparte de no solucionar el problema climático (las emisiones de la UE siguen aumentando por encima de las de EEUU), ponen en tela de juicio la base misma del sistema capitalista, al tiempo que menoscaban sin medida las libertades individuales.

El Partido Popular se equivoca. Comete un enorme error de juicio y de estrategia al abrazar las tesis intervencionistas que proponen tanto el PSOE como los ecolojetas. O bien ignora el alcance económico de su actual propuesta programática o, lo que es aún peor, conoce sus efectos pero se acompleja ante la reacción que un programa serio y liberal en materia energética pudiera originar entre las masas y los partidos que beben de la nefasta demagogia discursiva instalada en la corrección política.

El pico de Hubbert

El pico de Hubbert se llama al máximo de la curva de la producción mundial que, se dice, tendrá que llegar algún día. Si hubo una producción cero de petróleo y acabaremos consumiéndolo todo, entre medias habrá un punto máximo. No parece un gran hallazgo, pero se oye hablar de él como si fuera un asunto de la máxima importancia.

Es posible que haya en algún momento un máximo, pero ¿es porque se acaba el petróleo sin remisión, como ya se viene diciendo desde los 20’? No parece el caso. El yacimiento de Alberta no ha sido explotado y se calcula que es tres veces el de Arabia Saudita. El petróleo sintético, destilado a partir de alquitrán mineral, podría surtirnos de petróleo, a los actuales niveles de consumo, durante 5.000 años.

El problema es que es caro. Pero con los actuales precios del barril, ese problema comienza a no serlo. El Cambridge Energy Research Associates considera que el famoso pico, si se tienen en cuenta los petróleos sintéticos, se podría alcanzar una producción de 112.000 millones de barriles diarios, por encima de los en torno a 85.000 que se producen actualmente.

Luego la subida de precios no tiene que ver con una caída de la producción. Tiene más relación con que las compañías petrolíferas han desmantelado gran parte de su capacidad productiva durante los años 80 y 90 por los bajos precios de entonces, y le está costando adaptarse a la nueva situación, con una demanda creciente y dos naciones de dimensiones continentales, India y China, que crecen a ritmos espectaculares. Además, los nuevos yacimientos se encuentran en lugares más inaccesibles. Todo ello hace que la oferta real no siga el ritmo a que aumenta la demanda. Pero ello no quiere decir que no lo haga nunca.

El famoso pico del petróleo podría llegar, pero acaso tenga más que ver con la demanda que con la oferta. Con la demanda, porque toda la campaña política contra los hidrocarburos acabará teniendo efecto.

Un contrato de integración

Pero con la inmigración han dado en el clavo de lleno. La prueba es la actitud de los socialistas: primero les acusan de xenófobos, luego Zapatero dice que es mejor no hablar de ese tema y después el Gobierno le ofrece un pacto sobre inmigración (con los supuestos xenófobos) para desactivar la propuesta de Rajoy de ofrecer un pacto de integración a los inmigrantes. Rajoy ha lanzado un mensaje comprensible y atractivo sobre una cuestión que preocupa mucho a quienes vivimos en este país, y no sólo a los españoles. La inmigración le hará ganar las elecciones generales.

Resulta hasta un punto sorprendente que un mensaje como "que tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, pero los mismos deberes" pueda resultar tan efectivo. Si es así es porque los españoles piensan mayoritariamente que la integración es un fracaso hasta el punto de que muchos de quienes llegan a España no comparten ese principio tan sencillo. Y porque observan que el Gobierno de Zapatero no ha hecho nada en ese sentido.

No es quién Rajoy ni el Gobierno que presida para legislar las costumbres, y todo lo que no entre en materia penal (ablación de clítoris, corte de manos a los ladrones y demás logros de la Alianza de Civilizaciones zapateril), pertenece al ámbito privado y el Gobierno no debería entrar en ello. ¿Qué el velo es símbolo de opresión de la mujer? La hoz y el martillo es símbolo de la opresión de hombres y mujeres y de la muerte de 100 millones de personas. ¿Vamos a prohibir ese símbolo ahora?

Pero el hecho de que desde las instituciones se respalde moralmente nuestras costumbres y normas de convivencia es muy importante. La cuestión no es que nos gusten los toros y la tortilla de patatas o de que hagamos el cordero de un modo u otro, sino que asumimos, incluso cuando las violamos, una serie de normas que son propias de una sociedad abierta y libre como la nuestra, y que nos facilitan la convivencia con personas de nuestra sociedad, incluso cuando no las conocemos personalmente: el respeto por el otro, por su libertad y por los derechos inherentes a la persona, la convivencia ordenada y en paz, el uso de un idioma común y que nos permite entendernos, y demás. Todo ello es muy razonable y la gente lo entiende y lo valora.

Miren el caso de los Estados Unidos. Es una sociedad que se ha creado desde la inmigración, que tiene unas costumbres muy variadas, pero comparte un consenso básico muy arraigado, basado en las normas esenciales de convivencia dentro de una sociedad abierta. Thomas Sowell explica en Migrations and Culture (¿Para cuándo la traducción al español?) que los comerciantes en Estados Unidos que proceden de otros países cumplen más las normas y son más honrados que los nacionales. La razón es que temen más que ellos la sanción administrativa o judicial, y también la social, si violan las normas. Es un perfecto ejemplo de que es la fidelidad a las normas de convivencia lo que resulta verdaderamente integrador.