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Buenas noticias para los fumadores

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El 20 de enero, el Consejo de Ministros aprobó una fuerte subida de los impuestos sobre el tabaco en un intento de asfixiar a los fumadores con una nube impositiva. En respuesta a la Ley Antitabaco y al decreto sobre la fiscalidad del tabaco, la tabaquera hispano-francesa Altadis anunció la elevación del precio de sus principales marcas. Sin embargo, en un movimiento empresarial inesperado, Philip Morris informó que bajará el precio de clásicos como Marlboro o Chesterfield. Por primera vez en la historia, Fortuna pasaba a ser más cara que Marlboro. De repente, y como por arte de magia, el consumidor ha visto aparecer un rayo de competencia en uno de los mercados históricamente más intervenidos. Es triste que haya ocurrido en respuesta a sucesivas intervenciones que han dañado gravemente a la industria pero lo cierto es que, una vez agredidos los consumidores y la industria, mejor que aparezca una empresa como Philip Morris aplicando una estrategia de subsistencia a base de competir.

Los estanqueros han reaccionado con la insolencia y el desprecio hacia sus clientes que en una sociedad abierta sólo se puede permitir un grupo privilegiado. Reclaman, cómo no, que el gobierno imponga un precio mínimo de dos euros a todas las cajetillas de tabaco. El martes 31 de enero se reunirán para decidir cómo presionar en defensa de sus propuestas coactivas. Para llevarse el gato al agua a costa del consumidor no descartan negarse a vender las marcas baratas o incluso cerrar sus establecimientos. Esta actitud es realmente intolerable pues, como ya explicara en 1609 Juan de Mariana, “lo mismo es decir poner estanques que pechos (impuestos) pues todo sale a una cuenta, y por un camino y por el otro toma el príncipe la hacienda de sus vasallos”. En este caso son los estanqueros los que toman la propiedad de los consumidores en su condición de privilegiados delegados del príncipe, es decir, del Estado. Es la típica desvergüenza de quienes se creen que su robo, por ser legal, es legítimo.

Que los grupos privilegiados ataquen al consumidor puede entenderse –aunque no aceptarse– pero lo alucinante del caso es que la OCU haya decidido aplaudir la subida de impuestos del gobierno y de Altadis pidiéndole además a la administración que los vuelva a subir. Más que de consumidores la OCU parece ser una organización de palmeros del intervencionismo estatal; la peor de todas las políticas contrarias a los intereses de los consumidores. Estos farsantes han llegado a declarar estos días a través de un portavoz que “la asignatura pendiente de la Administración es subir todavía más los impuestos sobre el tabaco para que la gente deje de comprar”. Sin duda, a los de la OCU se les está cayendo la careta.

En medio de este alucinante ataque a los consumidores de tabaco por parte del estado, del gobierno y de los privilegiados estanqueros, ha surgido una fantástica noticia. La Asociación Madrileña de Consumidores y Contribuyentes, después de dar la bienvenida a la rebaja del precio realizada por Philip Morris, ha calificado la actitud de los estanqueros como de “amenaza mafiosa” por negarse a vender mientras ostentan la exclusiva de la distribución del tabaco pretendiendo utilizar a los consumidores como “rehenes en una extorsión a la tabaquera americana.” Por si su postura en defensa del consumidor y de la libertad individual no hubiera quedado clara, la AMCC ha declarado por boca de su presidente, Javier Alonso, que “todo esto no es más que la demostración palpable del daño incalculable que ocasionan sobre los consumidores las regulaciones y restricciones al libre comercio, en este caso del tabaco”. La aparición de esta organización es una gran noticia para los fumadores pero también lo es para el conjunto de los consumidores.

Irlanda como ejemplo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La sangría emigrante, que redujo los más de ocho millones de irlandeses que vivían en su tierra en el XIX a solo tres, se ha detenido e incluso ha cambiado de signo, y el crecimiento económico desde 1996 ha rondado el 9 por ciento. En 2004 se le consideró el país con mayor calidad de vida del mundo. Y todo gracias principalmente a una reforma fiscal que nada tiene que ver con la del Gobierno socialista.

En Irlanda, el mejor consejero resultó ser el desastre. La deuda superaba con creces lo que producía el país, la tasa de desempleo llegó al 17 por ciento y el crecimiento apenas se notaba. Cuando la economía alcanzó una situación desesperada, cuando el Gobierno era consciente que se había probado casi todo y todo había fallado, se optó por hacer caso, por una vez, a los mejores consejos económicos. Redujeron de forma significativa el gasto público (en más de un 20 por ciento), y comenzaron a rebajar los impuestos y los aranceles. El tipo del Impuesto de Sociedades se rebajó del 40 por ciento en 1996 al 24 por ciento en 2000, y se ha seguido rebajando hasta el 12,5 actual. Estas condiciones han sido una llamada a la inversión extranjera, que ha acudido decidida.

La transformación que ha experimentado la economía irlandesa ha ido forzando a los responsables a tomar otras medidas, como la desregulación del mercado de telecomunicaciones y otros sectores, que han contribuido también a hacer del país un lugar muy adecuado para la inversión y el trabajo. Irlanda ha ido ganando posiciones en los dos índices de libertad económica, hasta alcanzar la tercera posición en el de la Heritage y el WSJ y el noveno en el de los institutos Fraser y Cato.

En España seguimos el ejemplo contrario. Se rebaja el tipo del Impuesto de Sociedades en un atrevido plan de un punto al año durante cinco años, y eso que no sabemos qué quedará de España en 2011. Pero a cambio elimina las deducciones, que permitían que el tipo efectivo quedara bastante por debajo del 35 por ciento para numerosas empresas. Si los inversores extranjeros ya comienzan a desconfiar de España, si la competitividad española está claramente a la baja, esta contrarreforma fiscal no va a ser de ninguna ayuda. Hubiéramos debido fijarnos en el ejemplo irlandés. No lo hará el Gobierno de Zapatero.

Empresa y política

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Como la posición de este periódico respecto al ataque "retranqueado" contra un famoso empresario murciano ya ha quedado suficiente y, he decirlo, brillantemente fijada por su Director junto al más destacado de nuestros columnistas (tranquilo Abarca, tus amigos prometemos ir a visitarte a la cheka), no es cuestión de echar albarda sobre albarda, por lo que sólo añadiré que aunque el socialismo es la principal expresión política del defecto de la envidia, lo cierto es que los sociatas murcianos a veces exageran.

Solo bajo un sistema de coacción estatal generalizado, como ocurre en las socialdemocracias europeas, los empresarios están permanentemente bajo sospecha. Los creadores de riqueza, los espíritus emprendedores capaces de ver una oportunidad de negocio que para los demás pasa inadvertida, con talento y decisión para llevarla a cabo jugándose su patrimonio, son los que hacen prosperar a las sociedades, no quienes las explotan; para eso ya está la clase política.

El empresario de éxito debería cultivar, en palabras de Ayn Rand, "la sana virtud del egoismo". Ni tiene que perdón a la sociedad por ser rico, ni dedicar parte del dinero honradamente ganado a la filantropía o la solidaridad para devolverle una parte, porque nada le debe. Al contrario, es tanto el desprecio que se proyecta hacia su figura desde los centros de enseñanza, las tribunas académicas, los foros políticos o los medios de comunicación, que lo justo es que nos pagara con la misma moneda. La escolástica progre, tan enraizada en el mundo del pensamiento y en el ambiente cultural, sigue señalando al empresario como un vulgar explotador, pero esa acusación pertenece al ámbito de la teología marxista, no al de las relaciones económicas en un sistema de libre mercado.

Si alguien incumple una ley, ahí están los jueces para que lo sancionen en su caso. Mientras tanto a callar y a ver si entre todos aprendemos algo de los paisanos que triunfan. Igual así empieza a mejorar esta puñetera región.

El mal gobierno que promueve el Estado

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Todos esos papeles pueden ser desempeñados en régimen de monopolio por el Estado. Las agencias burocráticas y los comités de planificación serían los encargados de descubrir y dar respuesta a las necesidades de las personas. El individuo, para ser feliz, sólo tendría que someterse a las leyes históricas que los planificadores hayan descubierto de manera científica. La única misión de cada ser humano consistiría en obedecer y acatar los mandatos del Estado.

De hecho, las personas creativas, innovadoras e independientes representan un peligro y un obstáculo para los planes unívocos. Cada individuo debe mantenerse, como en un campo de batalla, en la posición determinada por el Estado: cualquier disensión del plan general constituye un acto de sabotaje. No debe haber alternativa para el individuo.

Y es que, cuando el socialismo saca a relucir su tirria contra los empresarios, no deberíamos reducir la definición de empresario a ocupante del escalafón más alto de una gran corporación. Todos nosotros, en distinta medida, ejercemos la función empresarial, esto es, utilizamos nuestra capacidad innata para descubrir las oportunidades de ganancia.

Al buscar ofertas o buenos productos, al ayudar a un amigo, al dar consejos o al informarnos sobre las previsibles consecuencias de nuestras acciones estamos tratando de anticipar el futuro y solucionar los eventuales problemas de coordinación social: estamos actuando como empresarios. La figura del empresario es, por tanto, central para la convivencia humana.

La socialdemocracia, aun cuando afirme haber rechazado el comunismo, mantiene esta desconfianza hacia los individuos y la sociedad, esto es, hacia los empresarios. El Estado sigue siendo considerado un mecanismo adecuado para solucionar los problemas y los conflictos entre las personas; la educación, la sanidad, la seguridad, las catástrofes, el mercado de trabajo, incluso los medios de comunicación, son ámbitos donde los socialistas afirman que la regulación y el control público deviene imprescindible.

Al igual que en la URSS, la obsesiva regulación del Estado limita el ejercicio de la función empresarial. Los sectores donde el Gobierno aplasta a los empresarios con su pesada bota sufren un fuerte retroceso en su capacidad para satisfacer a los individuos. Allí donde el Estado interviene la empresarialidad no puede ejercitarse, de manera que la innovación, las mejoras y las adaptaciones a las necesidades de las personas se paralizan casi por completo.

Así, por ejemplo, Mariano Rajoy estuvo bastante acertado esta semana cuando criticó el Estatut de Cataluña por arrebatar el poder "a los ciudadanos de Cataluña, a los empresarios y a la sociedad dinámica". Lástima que una cosa sea predicar y otra dar trigo.

Pero, en efecto, las peores consecuencias de leyes intervencionistas como el Estatut es que traspasan la capacidad de elección de las personas a los políticos, esto es, nacionalizan nuestra libertad. El poder de los empresarios consiste en ofrecer a los consumidores mejores productos y servicios, en solucionar los problemas de la gente y en dar ejemplo de cooperación al resto de las personas. El poder de los políticos, en cambio, pasa por imponer coactivamente sus decisiones a la ciudadanía; los problemas, en lugar de solucionarse, se crean, y el ejemplo ofrecido al resto de la humanidad consiste en expoliar al prójimo. Si el ideal del empresario es el genio creador, el ideal de político es la garrapata: uno enseña a servir a los demás; el otro, a vivir a costa del resto.

Con poco más de un tercio de todos los recursos, los empresarios son capaces de sostener económicamente todo el ineficiente y mastodóntico sector público (no olvidemos que el Estado no tiene recursos propios y que toda su financiación procede de la sociedad) y, además, producir todo aquello por lo que juzgamos que vale la pena vivir. Piense que todo lo que tiene a su alrededor, desde los elementos más insignificantes hasta los bienes más importantes, ha sido producido por empresarios inteligentes que anticiparon sus necesidades.

El contraste es demasiado evidente como para que incluso la ceguera socialista pueda negarlo. De ahí que el Estado necesite engañar a la ciudadanía para que no se dé cuenta del horroroso atropello que está cometiendo. El pueblo necesita seguir creyendo que el Estado es el sustrato de la sociedad, el requisito de la seguridad y el bienestar.

Para ello no sólo precisa adoctrinar a las personas en las bondades del estatismo, también necesita corromper, adormecer y absorber a la clase empresarial. Si éstos se vuelven tan torpes e ineficientes como el Gobierno no habrá peligro de que los ciudadanos despierten de su ilusión socialista. Los empresarios tienen que comportarse como el Estado para que éste pueda respirar tranquilo.

El Código del Buen Gobierno que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha preparado para las empresas españoles que cotizan en Bolsa parece dirigirse decididamente hacia semejante objetivo. Ya de entrada sorprende que el Estado, paradigma del caos y la ineficiencia, tenga que imponer a las empresas conductas que aseguren su buen gobierno: un paralítico llevando en brazos a un atleta, un ciego ejerciendo de oftalmólogo.

Pero es que, además, las empresas no necesitan que nadie les imponga coactivamente ningún código de conducta. ¿Acaso su buen gobierno no se revalida diariamente ante sus consumidores y accionistas? ¿Acaso el mal gobierno no va acompañado –a diferencia de lo que sucede con el Estado– de la aparición de pérdidas empresariales y del riesgo cierto de desaparecer del mercado? ¿Qué misión puede tener, por tanto, este Código del Buen Gobierno salvo enredar hasta lo indecible?

Si bien es cierto que, en buena medida, el Código no resulta de aplicación coactiva, su no acatamiento deberá justificarse ante la CNMV, como si de un redentor se tratara: "El principio de ‘cumplir o explicar’ deja a la responsabilidad de la sociedad cotizada seguir o no las recomendaciones del Código, pero le exige que, cuando no las cumpla, explique el motivo pública y razonadamente, para que los accionistas y mercados puedan juzgarlos".

En otras palabras, cuando una empresa no se someta a los arbitrarios dictados de la CNMV deberá autoflagelarse, ante al escarnio y el griterío público. La imagen que pretende transmitir el Estado es que todas las empresas que no acepten su código de buen gobierno se están comportando de un modo incorrecto (su gobierno es malo); la sociedad debe mirarlas con recelo y rechazo.

Así, por ejemplo, una de las recomendaciones más conocidas es la de incrementar el número de mujeres en los Consejos de Administración de las empresas ("Cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo deberá explicar los motivos y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación"). Claramente, la CNMV pretende endosar el sambenito de la misoginia a toda compañía cuyo Consejo sea mayoritariamente masculino.

La propuesta, como el resto del Código, no tiene ni pies ni cabeza. La misión del empresario es servir al consumidor y maximizar, de esta manera, el valor del accionista; el empresario no es un rentista ni un funcionario, su puesto no es un privilegio ni una concesión política, sino una posición sujeta a su correcta actuación. Los Consejos de Administración tienen que estar compuestos por las personas más habilidosas y perspicaces, sean éstos hombre o mujeres.

La recomendación de la CNMV presiona para que haya mujeres en el Consejo aun cuando no sean las más adecuadas para ocupar ese puesto; en otras palabras, el Estado pretende reducir el bienestar del consumidor y el valor del accionista por consideraciones meramente sexuales.

Si una mujer o un hombre quiere ocupar un puesto en un Consejo de Administración deberá demostrar su valía y su capacidad. Las empresas no deben ser el campo de operaciones de la progresía patria: ningún empresario tiene derecho a ocupar su puesto al margen de la voluntad soberana de consumidores y accionistas. Tampoco las mujeres.

Con este código la CNMV pretende corromper a las grandes empresas españolas, para que se burocraticen y se conviertan en pequeños apéndices del Estado. A la CNMV no le importan lo más mínimo los consumidores y accionistas: es un matón político al servicio del Estado. Su labor supervisora resucita la vieja tradición totalitaria de los tribunales políticos, cuyos jueces son nombrados a dedo por el Ejecutivo; un organismo inquisitorial que nunca debería haberse creado y cuyo mejor destino sería el vertedero municipal.

En una ocasión, Murray Rothbard le preguntó al gran economista liberal Ludwig von Mises a partir de qué momento podríamos afirmar que un país ha abandonado el capitalismo y ha adoptado un sistema socialista de planificación centralizada. Mises, sin dudarlo, le contestó que una economía podía considerarse socialista cuando la Bolsa hubiera sido nacionalizada por el Gobierno.

En España uno de los brazos del Estado, la CNMV, se encarga de supervisar y controlar la actividad empresarial de las empresas que cotizan en Bolsa, esto es, tiene como misión indicar quiénes pueden ser empresarios y cuál debe ser su comportamiento. Desde luego, no podemos hablar de nacionalización, pero sí de intensa vigilancia e intervención estatal.

El Estado necesita tapar su mal gobierno, sus vergüenzas e ineficiencias; nada mejor para ello que corromper a toda la sociedad, comenzando por las empresas, a las que, hipócritamente, les impone un Código del Buen Gobierno.

No deberíamos pensar que este tipo de medidas no nos afectan en absoluto a los individuos de a pie: como ya hemos visto al principio, todos somos en buena medida empresarios. Los Códigos de Buen Gobierno de hoy pueden convertirse en las leyes de buena ciudadanía de mañana. Basta con dejar que el Estado prosiga caminando en su senda totalitaria, con seguir creyendo ingenuamente en la bondad de los organismos socialistas como la CNMV.

El exterminador nuclear

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Cuál fue la prestación de Cataluña que llevó al resto de España a aceptar una obligación que acaban de descubrir Artur Mas y Zapatero? ¿En qué momento se firmó el préstamo, con qué firmantes? ¿Cuáles fueron los términos? ¿Cuál es la historia de la deuda histórica?

Este descubrimiento de Mas y Zapatero no es sino una forma de acuñar en una expresión cursi el coste en inversiones en Cataluña del acuerdo sobre el texto del nuevo Estatuto. Y muestra con toda su crudeza en qué consiste la política: actuar como mecanismo redistributivo que le quita renta y riqueza a unos y se la transfiere a otros, con peaje para la propia clase política. También consiste en discriminar entre distintos grupos para tener el poder de decidir quién sale ganando y quien no, y sacar de nuevo tajada de ese poder. En eso consisten el Estado y sus gestores.

El robo, la extracción coactiva de la renta y la riqueza, recibe el nombre de “impuestos”. Como limitarse a sacarle jugo a los trabajadores y emprendedores les llevaría a la rebelión, el Estado y la política han ido aprendiendo con la historia y su estrategia ha variado con el tiempo. El robo desnudo se convierte en la redistribución a distintos grupos, en función de su poder e influencia, que una vez en el juego se ofrecen para apuntalar al entramado estatal. Según cambien las circunstancias históricas, los grupos o sectores sociales con mayor influencia se llevan una cuota mayor de poder o de participación en el botín. La transferencia suele hacerse de grupos desorganizados a grupos organizados. En el caso de la España de Zapatero (junto con otros grupos), la ventaja ha sido tomada por la Generalidad y su entorno. Y no se olvide que, a diferencia de una sociedad de libre mercado, en el juego de los robos y las transferencias políticas no hay ni armonía de intereses ni aumento de la prosperidad para todos. Aquí lo que se lleva uno es a costa de los demás. Adivine quién pagará la “deuda histórica”. No mire muy lejos.

Como la alianza entre distintos grupos para sostener el enorme mecanismo de distribución de riqueza no es suficiente para mantenerlo a largo plazo, es necesario un elemento más: la legitimación. El reparto de un botín es mucho más eficaz si uno es capaz de legitimarlo ante la sociedad. Y poco hay mejor para ello que hablar de conceptos metafísicos, e incluso metahistóricos como los que utiliza el nacionalismo. “Deuda histórica” es un buen ejemplo.

La deuda histórica

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Quizá usted no lo sepa, pero hoy en día hay personas que se pueden ganar la vida jugando al ordenador. De hecho, es un mercado lo suficientemente jugoso como para atraer no sólo a profesionales liberales, sino a empresas especializadas. Existe un tipo de videojuegos en los que, además del juego en sí, se paga una suscripción para entrar en el mundo virtual en el que éste se desarrolla y en el que se encuentran todos los demás jugadores que lo han adquirido. En él podremos formar equipos con otros jugadores, realizar misiones, matar bichos malos y feos o adquirir experiencia y objetos que nos puedan ayudar en nuestras correrías. Y ahí está la clave: existe una incipiente industria consistente en conseguir dichos objetos y venderlos a los jugadores a cambio de dinero real, contante y sonante.

Aunque al comienzo estos tratos fueran realizados de forma más o menos individual, emprendedores de países con salarios bajos, principalmente chinos, se han dado cuenta de que pueden explotar esa diferencia salarial creando empresas dedicadas a contratar jugadores chinos, que se dedican exclusivamente a conseguir objetos virtuales del juego para venderlos por dinero real. A esta actividad se la denomina gold farming. Desgraciadamente, la necesidad de estos trabajadores de cumplir sus cuotas les lleva a actuar dentro del juego de una forma tremendamente fastidiosa para los demás. No tienen incentivos para que sus personajes virtuales mejoren con el tiempo o establecer relaciones de confianza con otros jugadores; sólo desean obtener esos objetos, por ejemplo, atrayendo monstruos para que maten a los demás miembros de su grupo y así quedarse con sus pertenencias.

Este problema ha llevado a muchos jugadores de habla inglesa a actuar como racistas, discriminando por medio del lenguaje. Cuando un jugador pide unirse a un grupo, se le hace un par de preguntas, buscando fallos ortográficos o gramaticales; si los encuentran, los rechazan sin más. Los prejuicios han entrado en el mundo del juego por Internet. Desgraciadamente, es algo que crecerá si las empresas creadoras de estos videojuegos no consiguen reducir la práctica del gold farming, porque es un comportamiento racional. Edmund Burke, aún reconociendo que el prejuicio podía degenerar en superstición, lo definía como “la respuesta que dan la intuición y el consenso ancestral cuando el hombre carece del tiempo o del conocimiento para llegar a una decisión basada en la pura razón”. Y la experiencia en el mundo virtual de estos videojuegos lleva a los jugadores expertos a no confiar en jugadores de habla no inglesa, a falta de otra información. Por muy injusto que sea para los jugadores chinos honrados, es perfectamente racional.

Salvando las enormes distancias, es lo mismo que sucede si, caminando de noche y solos, nos cruzamos por la calle con una persona a la que no conocemos. La sensación que uno siente es bien distinta si esa otra persona es una mujer española a si es un varón magrebí. ¿Por qué? Es sencillo: los hombres son nueve veces más peligrosos que las mujeres y, además, los varones magrebíes son siete veces más peligrosos que los varones españoles. Aunque las cifras concretas nos sean desconocidas, los casos reales que conocemos nos hacen intuirlas: por eso, siempre a falta de otra información, actuamos en base a ellas. Nuestros prejuicios no se reducen al sexo y la raza, claro; los tatuajes y la indumentaria también cuentan, por ejemplo. Los patrones norteamericanos del siglo XIX colgaban carteles indicando que no era necesario que los irlandeses, tan blancos como ellos, pidieran trabajo porque no se lo iban a dar. Aunque injusto con los irlandeses trabajadores y abstemios, los numerosos borrachos y pendencieros de esa procedencia les llevaron a actuar según ese prejuicio.

Eso sí, mientras los progres se pasan el día machacándonos con lo peligrosos que somos los hombres en todos los medios de comunicación a su alcance, insultan a todo aquel que se atreve a insinuar que quizá los inmigrantes también lo sean. Desgraciadamente, ambas cosas son ciertas en lo general y, a la vez, tremendamente injustas en los casos particulares. Entre el millón y medio de jugadores chinos del World of Warcraft, la inmensa mayoría no trabaja en la industria del gold farming, pero entre dichos trabajadores, la mayoría son chinos. Mark MacKay pide a los jugadores que “tengan la mente abierta y confíen un poco más en los demás”. Pero, mientras tanto, mantiene un sitio web dedicado a listar los precios de los objetos en venta más comunes. Si hay una industria pujante en el mundo es, desde luego, la hipocresía.

Discriminación racial en mundos virtuales

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Los “analistas” de los medios de comunicación se pelean por décimas o como mucho por puntos y no se atreven a decir la verdad. Lo que es aplicable a estos “expertos” también procede para los políticos de la oposición. En ocho años el PP hizo míseros recortes impositivos mientras aumentaba la presión fiscal.

Y es que como relata el cuento el rey no va vestido con finas sedas, sino que está desnudo. Sólo hay una sola reforma válida del IRPF e Impuesto de Sociedades: su anulación absoluta y en el menor tiempo posible, porque si los impuestos nos perjudican de aquí a uno, dos, tres años también lo hacen ahora; no tiene sentido perpetuar el mal. Pero tal medida iría contra los intereses del estado y por lo tanto que un político lo haga efectivo es imposible; los políticos siempre barren para casa, sólo eso les da dinero y poder.

Por ejemplo, Solbes en sus declaraciones sobre la reforma se ha preocupado más en los efectos que representa para el estado que para el ciudadano, entre 4.000 y 5.000 millones de euros. En realidad esa cifra no es ningún problema para el estado ya que puede cubrirla rápidamente aumentando el déficit, y ya sabe, el déficit de hoy es la deuda de mañana y más impuestos para pasado mañana. ¿Y los límites de deuda y déficit que dicta la Unión Europea? Por favor, qué risa. Miren Alemania y Francia lo rigurosos que son con sus objetivos.

Pero, ¿cómo puede ser que hagan una reforma fiscal y la prioridad sea la estabilidad del estado frente a la del ciudadano y economía privada? Más dinero para el estado es menos riqueza para la gente, con todas las evidentes consecuencias lógicas que esto provoca en la estructura económica y capacidad productiva.

Recuerde, con lo que el estado recaudó el año pasado en impuestos al tabaco se podría haber pagado todo el presupuesto de Defensa, que es una pequeñísima parte de los gastos totales del estado. Es ridículo pensar que la expropiación de nuestro dinero ganado con trabajo es para el bien común porque el bien común es el mismo que el bien individual. Quien nos intenta incautar nuestra propiedad por cualquier motivo, ya haga referencia a los sentimientos o falsos tecnicismos, no es más que un ladrón. Usted no paga impuestos para su bien o de forma voluntaria, los paga por miedo a las represalias del gobierno, así, el gobierno actúa igual que la mafia, extorsiona a la gente para defendernos de él mismo.

Fíjese que las medidas que “perjudican” los intereses del estado son pragmáticas, conservadoras, progresivas, prudentes… Es decir, son tan light que casi no tienen efectos positivos para nosotros. Es lo que ha pasado con la reforma del Impuesto de Sociedades que será “progresivo”, “prudente”… hasta el 2011, lo que significa que no se hará; porque ¿y si el PSOE no está en el gobierno en el 2011? Y aunque lo apliquen, su modificación es minúscula. En cambio, las medidas que van a favor del estado para robar la propiedad y libertad a la sociedad civil siempre son radicales e inmediatas: la ley antitabaco (ahora subirán además los impuestos), los nuevos controles opresivos de blanqueo de capital o las directivas de la CNMV son fantásticos ejemplos. Eso no sucede sólo en España, mire las medidas de Bush y Blair para aumentar la “seguridad”, son un auténtico linchamiento a la libertad individual para traspasarla al estado. ¿Y donde está la promesa de Bush de “gobierno limitado”? Aún se debe estar riendo.

No seamos tan ilusos y pedantes como los “expertos” y “analistas” de los medios de comunicación tradicional: ¡el rey va desnudo! Los impuestos son un robo contra nuestro trabajo y propiedad que actúan como un parásito sangrante en la estructura productiva de la economía matando nuestros logros y aspiraciones materiales, obligándonos a endeudarnos, llevándose empresas fuera de nuestras fronteras y creando fuertes barreras de entra para la innovación y propiedad. Todo hombre decente debería avergonzarse del gobierno bajo el que vive.

El apetito voraz del estado

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Esto lo dice el mismo que afirmaba que la guerra de Irak era innecesaria, injusta e ilegal al tiempo que su ejército llevaba a cabo bombardeos en Costa de Marfil. En fin, todo un hombre de estado.

Una de las principales características de las armas nucleares es que no pueden discriminar. Se llevan por delante a todos. Tanto a culpables como a inocentes. La teoría de la guerra justa desarrollada por los pensadores escolásticos españoles del Siglo de Oro entendía la posibilidad de discriminación como una condición necesaria para que una acción bélica pueda ser considerada como justa. Cuestión de disputa es si se comete un error utilizando medios que permiten la discriminación y mueren personas inocentes. Pero el caso de Chirac no tiene discusión porque lo que plantea es acabar con gobiernos terroristas a través del exterminio de su población civil. Y no sería muy descabellado aventurar que en ese caso serían precisamente los gobernantes quienes sobrevivirían. Ante los problemas de la maquinaria militar estatal para frenar el fenómeno del terrorismo internacional, el gobierno francés ha decidido dar un paso más en su particular interpretación de la justicia y amenazar a toda la población de los países cuyos gobiernos apoyen el terrorismo.

¿Por qué no se limita el gobierno francés a amenazar a esos gobernantes con lanzarles un misil convencional en plena reunión ministerial? ¿Existe una especie de acuerdo tácito por el cual los gobernantes se respetan mutuamente hasta en la guerra y juegan la partida con los recursos y la vida de su población? ¿Qué sentido tiene amenazar a millones de inocentes con la justificación de que sus gobernantes apoyan el terrorismo?

Responder a estas cuestiones es responder a la razón por la que el mundo pasó de asistir a guerras de guerreros a horrorizarse y sufrir con la guerra total. Con anterioridad a la revolución francesa las guerras podían durar décadas o siglos y la población civil casi no se enteraba. Es con el surgimiento del estado moderno y su capacidad para detraer recursos de los individuos mediante fórmulas coactivas cuando surge la guerra total.

A partir de finales del siglo XVIII la población de un país enemigo que ha instaurado la conscripción pasa a ser objetivo militar. Al fin y al cabo con la aparición del reclutamiento forzoso todos los varones se convertían automáticamente en un recurso militar. En el siglo XX, el avance tanto del impuesto sobre la renta como, sobre todo, la inflación sin frenos como medios para financiar las guerras reforzarían la idea de la población civil como objetivo militar. Después de todo, si el estado enemigo se financia mediante el robo de poder adquisitivo a de todos sus habitantes a través de la inflación, todas las personas que vivan bajo esas leyes de curso forzoso se convierten en parte de quienes nos agreden.

En definitiva, es el estatismo el que ha puesto a los inocentes en el punto de mira de la guerra. Desde el levée en masse del Comité para la Salvación Pública de Robespierre hasta la amenaza de Chirac de usar armas nucleares contra el terrorismo, la justicia y el respeto por la libertad individual no han hecho más que disolverse en el ácido del estatismo.

Bye bye, Europa

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Después de calificar el proceso como "deslocalización", los estatistas han reclamado la inmisericorde actuación represiva del Estado para frenar la antisocial desbandada capitalista. En su opinión, la deslocalización sólo tiene como objetivo explotar los bajos salarios del Tercer Mundo, arruinando colateralmente a Occidente; el Estado tiene que impedir que las empresas huyan impunemente de nuestros territorios.

Para la izquierda, en definitiva, los obstáculos arancelarios que impiden a la gente entrar en nuestros países han quedado desfasados; necesitamos de nuevas barreras que, cual Muro de Berlín, impidan a los ciudadanos salir de la Europa socialista.

Sin embargo, las causas y las consecuencias de la "deslocalización" son muy distintas a las que el pensamiento único socialista nos transmite todos los días a través de los medios de comunicación. Conviene, por consiguiente, poner algunos puntos sobre las íes para despejar gran parte de las cortinas de humo económicas; sólo así podremos señalar a los auténticos responsables de los auténticos problemas que sufrimos los auténticos europeos.

Especialización y división del trabajo

La deslocalización no es un fenómeno reciente: ha existido desde el siglo XIX, y sólo se vio interrumpida en el XX por los totalitarismos y las guerras mundiales. No obstante, el nombre de la deslocalización sí es nuevo: hasta fechas recientes se la conocía, simplemente, como "movimientos internacionales de capital".

A la izquierda, claro está, le interesa confundir los términos y tildar de deslocalización (que suena a dislocación) un proceso empresarial beneficioso para todas las partes. Ya vimos en otra ocasión que el capital es uno de los instrumentos con los cuales el ser humano se enriquece.

Cuando los empresarios buscan la mayor rentabilidad para su capital están dirigiendo los recursos productivos a aquellas actividades que mejor sirven al bienestar de los consumidores. Un proyecto es muy rentable cuando los frutos esperados son muy elevados, los frutos son muy elevados cuando la gente los quiere comprar, y la gente los quiere comprar cuando satisfacen sus necesidades.

A menores costes productivos, mayor será la cantidad de bienes y servicios que una empresa podrá producir y, por tanto, mayor el número de consumidores que podrán adquirirlos. Por tanto, los empresarios tenderán a dirigir sus inversiones allí donde los salarios sean más bajos. De esta manera, no sólo incrementarán los salarios de esas zonas, además aumentarán la cantidad de bienes y servicios ofrecidos en el mercado, reduciendo así su precio.

En otras palabras, cuando las empresas europeas se deslocalizan hacia el Tercer Mundo, por sus bajos salarios, no sólo provocan un enriquecimiento de esas zonas, sino que los consumidores occidentales podemos adquirir los mismos productos que antes a un menor precio.

Occidente, por tanto, se beneficia a través de dos vías de la "deslocalización": por un lado, los accionistas occidentales de esas empresas ven incrementadas su riqueza y su propiedad; por otro, los consumidores europeos experimentan un aumento de sus rentas reales y, en definitiva, de su ahorro. La mayor renta de unos y otros permite incrementar la acumulación de capital y, en definitiva, nuestra riqueza. Así mismo, los trabajadores del Tercer Mundo perciben mayores salarios que antes, lo que, a su vez, les permite ahorrar, acumular capital y enriquecerse.

Los movimientos internacionales de capital, guiados por la perspicacia y el empuje empresarial, conforman una división internacional de trabajo que mejora el bienestar de todas las partes. Los ricos se vuelven más ricos y los pobres –a pesar de la izquierda– también se vuelven mucho más ricos.

Los europeos no deben temer, en principio, a la mal llamada "deslocalización"; precisamente, es su mayor aliada. En lugar de producir textil nos especializamos en actividades con un valor mayor, lo que nos permite seguir comprando textil en el extranjero y a menores precios.

Ahora bien, como suele ser habitual, en un mundo donde el socialismo sigue imponiendo sus doctrinas a través del intervencionismo estatal, no todo resulta tan alentador.

Huyendo de Moscú

Hasta ahora hemos afirmado que los movimientos de capital tienen como objetivo rentabilizar las inversiones para satisfacer a los consumidores. Sin embargo, la "deslocalización" también tiene otras causas menos positivas. El capital es una forma de acumular riqueza por parte de los individuos. Por ello, en muchas ocasiones el capital, simplemente, se traslada fuera de determinados países para rehuir el desgaste expoliatorio al que se ve sometido por el Estado.

No se trata tanto de que en otras zonas la inversión sea más rentable, sino que el intervencionismo gubernamental ha eliminado cualquier tipo de rentabilidad en el interior de un país. Los casos más extremos de estos fenómenos son las hiperinflaciones o las nacionalizaciones; en esos momentos, los propietarios tratan de escapar en masa del Estado, refugiándose en otras partes del mundo. El fenómeno se ha venido a conocer como "dinero caliente": la gente no busca negocios más rentables, sino la supervivencia.

Un caso particular, mucho más lento y menos repentino, de este "dinero caliente" lo estamos padeciendo también en Europa. No existe una urgencia irrefrenable de huir de unas legislaciones cada vez más opresivas, pero conforme los activos de capital inmovilizado van depreciándose –y conforme otras partes del mundo van adquiriendo mayor estabilidad institucional– los empresarios dejan de invertir en Europa y se concentran en otros países. Sin prisa pero sin pausa.

La razón de este goteo de desinversiones la tenemos en las sangrantes legislaciones fiscales, laborales y medioambientales, que no dejan de incrementarse, en Europa. Cada vez es más complicado conseguir la más mínima rentabilidad, cuando gran parte de los costes son impuestos arbitrariamente por el Estado. A los empresarios sólo les queda ubicarse en otras regiones del globo con ordenamientos jurídicos más laxos.

De hecho, los gobiernos occidentales se han dado cuenta de este silencioso desprendimiento y se han afanado por concluir tratados internacionales que "armonicen" en todo el mundo las distintas legislaciones, para, según ellos, evitar el "dumping social".

No obstante, esto sólo incrementa la magnitud de la opresión y, por tanto, acelera la necesidad de fuga. Cuantas más cortapisas establezcan nuestros gobiernos –en forma de barreras de salida– menor será el atractivo para los empresarios de reinvertir en Europa.

Ejemplos de chantajismo político como el que ha practicado el ministro de Industria en la propia sede de Volkswagen ilustran el tremendo grado de corporativización y control en que está degenerando la Unión Europea, y sólo sirven para alertar a los empresarios de que conviene buscar, cuanto antes, otros destinos menos dirigistas.

Conclusión

Si durante mucho tiempo Europa constituyó un atractivo destino para los empresarios que pretendían invertir en sociedades ricas y prósperas, hoy toda su pujanza se ha marchitado en un aquelarre de intervencionismo, burocratismo y proteccionismo.

Europa va camino de una profunda descapitalización, similar a la que sufren las familias más acaudaladas cuando despilfarran las riquezas que cuidadosa y diligentemente habían acumulado sus ancestros. La credibilidad de nuestras bases liberales se va agotando y los empresarios cada vez confían más en otras zonas del mundo, como Europa del Este o, sobre todo, Asia.

Los políticos han clausurado nuestras sociedades abiertas, dando paso al ocaso europeo. Los empresarios cierran para no volver, mientras que la mayoría de los trabajadores se quedan sentados esperando un subsidio público que compense la pérdida de sus puestos de trabajo. El problema es que cada vez van quedando menos empresas a las que chupar la sangre. ¿Quién pagará entonces los subsidios? ¿Quién financiará un mastodóntico Estado de Bienestar? ¿Quién seguirá dispuesto a cumplir unas regulaciones que imposibilitan cualquier tipo de negocio?

Los gobiernos europeos han desplumado la gallina de los huevos de oro. Si el intervencionismo imperante no retrocede, sólo nos queda observar cómo acaba de hundirse en sus propias miserias socialistas. Cuba, Venezuela y Bolivia se han convertido, por desgracia, en el referente de Europa.

A más regulación, más caos y corrupción

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Ante el escándalo, algunos han atacado a los directivos, consejeros, asesores y demás de la compañía para acusarles de hacer filtraciones aun a pesar de que estos siempre han sabido los resultados con anterioridad y nunca antes había pasado nada. Evidentemente la CNMV no encontrará a ningún funcionario corrupto o, tal vez, cogerá al más despistado y como mucho lo echará compensándolo sobradamente, o como ya ha ocurrido con otros casos, será readmitido con el tiempo.

Este hecho nos muestra una vez más que el control de la fuerza, el de “si no haces lo que te digo te castigo” al que antes se llamaba extorsión y ahora “solidaridad”, no sólo no sirve para nada sino que perjudica a los actores económicos en beneficio de los que están capacitados por ley a aplicar la fuerza. ¿Pero donde está la extorsión de la CNMV si las comunicaciones al regulador sobre la marcha de la empresa son voluntarias (las circulares de la CNMV están enmarcadas dentro de las “soft law” que jamás “pueden agravar deberes ni tipificar infracciones ni sanciones”)? Podría ser que el Síndrome de Estocolmo haya contagiado a Gamesa y ésta hubiese anticipado sus resultados a la CNMV para quedar bien, pero teniendo en cuenta la actitud de los reguladores podemos hacer una hipótesis más probable y ver cómo funcionan las “recomendaciones” de estos organismos.

Todos los órganos reguladores, eufemismo que significa “planificador central”, siguen un férreo control de las empresas a las que fiscalizan. Los actuales planificadores centrales (CNMV, Banco de España…) se dedican a enviar misivas (circulares, e–mails…) a diestro y siniestro a las empresas que controlan como “recomendaciones”, pero a diferencia de una recomendación normal, que su aceptación siempre es voluntaria y se suele hacer con buena intención, la de los planificadores centrales es una orden con duras consecuencias de no ser acatadas. Lea la carta de la CNMV y decida usted mismo, una recomendación con pelos y señales, donde la segunda parte de la carta (las “Recomendaciones”), parece más una ley de comportamiento que una bienintencionada recomendación, todos los verbos están formulados en imperativo y no en condicional.

En el momento que las empresas (generalmente pequeñas) no cumplen la “recomendación” entonces el planificador lanza toda su fuerza contra ellas pidiendo informes, datos… haciendo aumentar el nerviosismo dentro de la empresa privada, costes operativos y el tiempo de los empleados al no poder canalizar el trabajo de éstos al consumidor final. La empresa no trabaja para el cliente, sino para la burocracia.

Ahora algunos analistas abogarán por más control, dirán que España es un país de opereta, y en fin, lo de siempre. De lo que no se dan cuenta es que la corrupción, por el propio carácter de la acción humana siempre existirá, y ésta afecta a cualquiera, ya sea empresario, funcionario, ama de casa… Aquel que crea que traspasar la libertad de las empresas a los órganos coercitivos afines a los medios políticos es arreglar el problema, sólo conseguirá los efectos contrarios a los deseados.

La razón es evidente, si damos poder hegemónico a una elite de burócratas que se rigen por el mismo principio que el resto de las personas sólo usarán su poder total para su beneficio. Las empresas privadas harán lo contrario, no porque sean mejores, sino porque sus “malas artes” sólo repercutirían en pérdidas para ellas: fuga de accionistas, consumidores insatisfechos, daños en su imagen corporativa (y recuperar la buena imagen es muy caro), etc. La única garantía para la transparencia privada (la estatal nunca ha existido ni existirá) es la libertad económica, porque además, la libertad también nos garantiza que las empresas trabajen en exclusiva para el cliente y así logren mayores beneficios para los accionistas, retribuciones para los empleados y amplíen su capital humano.

Si analizamos a los órganos reguladores por sus efectos, y no por lo que dicen, su misión es clara: aumentar los costes empresariales, disminuir la competencia, crear monopolios y transferir la libertad y beneficios de la economía privada al estado y amigos. No hay tercera vía ni políticas pragmáticas para arreglar el caos que ha generado el control hegemónico de la política. La única solución a este desorden y evidente corrupción es el laissez-faire, y eso significa acabar con todos aquellos órganos que dificultan la prosperidad económica y financiera.