Ir al contenido principal

Energía política

Éstas, sabedoras de su condición privilegiada y su dependencia política, tratan de tener buenas relaciones con el poder. Total, que el mercado energético es el perfecto caldo de cultivo para las más variopintas corruptelas.

El caso de la OPA de Endesa por La Caixa-Gas Natural es la estrella de este abrevadero político en el que se mordisquea al mercado libre y a los consumidores. Créditos impagados, informes desechados, un ministro que muestra sus preferencias por las intenciones tácticas de los grupos de su tierra y de sus créditos, vuelos secretos en avión militar de todo un presidente de la Corrupción Europea para discutir sobre la operación con un presidente de gobierno, dictámenes que van a la basura y se sustituyen por conclusiones opuestas, llamadas a los opantes para informarles de lo que no se informa a los opados o la cena de un presidente de desgobierno con los coleguillas autorizados a ordeñar la energía del consumidor son sólo algunos ejemplos de lo que puede dar de sí el afán político de controlar la electricidad con que se mueve nuestra sociedad.

Pero la funesta OPA no es más que un ejemplo de lo que inevitablemente termina ocurriendo cuando aceptamos que el poder político ningunee a los individuos arrogándose todo tipo de poderes que van desde la concesión de licencias hasta el establecimiento de los precios o la no muy graciosa concesión de subvenciones a la producción de las tipos de electricidad que más les inspira. Fuera de nuestras fronteras ha habido casos megaváticos. En Estados Unidos ENRON se convirtió en la materia gris del tándem Clinton-Gore en todo lo que tocaba el campo de la energía y el medio ambiente y protagonizó escándalos casi tan sonados y no menos rocambolescos que los del sexofonista presidente demócrata. Entre otras, la reunión de sus representantes en agosto de 1997 con Al y Bill en el Despacho Oval para estudiar cómo tratar con dureza al CO2 y cómo hacer entrar al país en el juego de Kyoto para mejorar así la posición de ENRON, el mecenas político de turno. Por fortuna este fue uno de los trapicheos energético-políticos que trascendieron a la opinión pública y que no llegaron a fructificar porque el senado norteamericano rechazó por unanimidad la ratificación del Protocolo.

En estos momentos, y ya de vuelta en nuestro país, la bebida energética preferida de los políticos sigue siendo su conchabamiento con la élite energético-empresarial creada por ellos mismos. El último botón de muestra lo tenemos en Canarias, donde una alianza entre funcionarios, políticos, empresarios, autoridad portuaria y sólo Dios sabe que otros estamentos, parece haber estado amañando las licencias de nuevos campos eólicos. Poco tiene de extraño que esto ocurra, y menos en Canarias, cuando se trata de producción energética altamente regulada, con magníficas subvenciones a la inversión, venta asegurada gracias a la obligatoriedad de compra por parte de los distribuidores y precios artificialmente inflados por el poder político. Ahora sólo falta que aparezca Montilla y nos cuente que estas prácticas también son buenas para el consumidor y ayudan a liberalizar el mercado eléctrico. Mientras, el resto nos chupamos el dedo a la luz de las velas.

Los 44 millones de hijos de Salgado

Al leerlo me ha recordado inmediatamente las palabras de Elena Ceaucescu, esposa del ex dictador comunista rumano, que cuando fue apresada dijo: "¡Cómo podéis hacerme esto a mi que os he tratado como una madre!". A las dos elenas les une una nociva vocación maternalista. Y es que, la verdad, con madres como éstas mejor ser huérfano. Muy probablemente la ministra Salgado quiera ser recordada como una persona bondadosa que se preocupaba por la gente. Inteligiblemente se ve autorizada a tomar cualquier acto de fuerza contra nuestra libertad para mejorar nuestro bienestar. Eso sería loable si lo aplicase a su familia, pues ella sabrá como gestionar su vida y la de los suyos, pero que como alta funcionaria intente "mejorar" la vida de más de cuarenta y cuatro millones de personas como si fuesen hijos suyos no la convierte en una persona bondadosa, sino en una atroz enemiga de la libertad individual, porque cuarenta y cuatro millones de personas no somos ni su propiedad ni su responsabilidad ni la del gobierno.

La mayoría de edad ha de verse reflejada en algo, y por el contrario, cada vez significa menos con el gobierno actual y la mentalidad de los políticos. Estudiamos y trabajamos para independizarnos de nuestros padres y cuando lo conseguimos nos damos cuenta que tenemos que seguir sometiéndonos a un sinfín de leyes y regulaciones aunque las despreciemos y las veamos como imposiciones propias de un tirano.

Estoy seguro, ministra, que en lugar de aniquilar la libertad de los demás puede hacer cosas más provechosas como irse de viaje, hacer reuniones con otros políticos, escribir en el algún medio afín y esas otras cosas que no hacen daño a ninguna empresa ni crispan la sociedad. En definitiva: relájese, que la vida son cuatro días, tres para los fumadores y dos para los que dibujan viñetas. Tanta tensión no puede ser buena para su salud y, ya sabe, de eso dice saber mucho. A igual que usted, yo sólo se lo comento por su bien aunque no tenga intención alguna de imponérselo con leyes, amenazas ni multas.

Lo que podría ser FON

Además, permite desmentir una de tantas tonterías que circulan por los círculos que desean regular más aún el mercado de las telecomunicaciones, fomentados generalmente por una visión de la economía estática, estrecha y que deja fuera de la vista la enorme capacidad de la innovación y creatividad empresarial.

FON, el proyecto de Martín Varsavsky, consiste primero en fomentar que los usuarios compartamos el excedente de nuestras conexiones WiFi con los demás "foneros", de modo que podamos enchufarnos a Internet a través de las redes inalámbricas de los demás cuando estemos con nuestro portátil por ahí. La idea es que más adelante haya microproveedores de acceso inalámbrico que cobren por él y usuarios que no compartan conexión alguna pero que paguen por acceder a través de FON. Es una idea que emplea "el poder de muchos" para permitir un acceso más barato y ubicuo a Internet.

Sin embargo, quizá la importancia de FON radica más en esos próximos pasos que piensa acometer. El mayor problema de la privatización y liberalización de las telecomunicaciones es la herencia de un monopolio que, si bien en las redes de alta capacidad que unen y conectan las centralitas hay mucho espacio para varios proveedores, en el bucle local –la línea que va de la centralita al hogar– resulta mucho más costoso y casi siempre inabordable plantear batalla. Economistas, activistas y pensadores de todo tipo como Roxanne Googin, Lawrence Lessig o Vinton Cerf, basándose en esa visión estática de la economía y la tecnología, han planteado este hecho como una situación inamovible que debería llevar a mayor regulación e incluso, a la nacionalización de las redes o parte de ellas.

George Gilder ya denunció en una comparecencia en el Senado que dicha visión significa trasladar toda la innovación en los bordes de las redes, estatificando cualquier desarrollo de las redes mismas, desarrollo que se produce todos los días. Regulaciones parecidas han llevado a Estados Unidos a estar muy por detrás de la calidad y velocidad de las redes de, por ejemplo, Corea del Sur. No digamos ya España. Una malla de puntos WiFi con un software que permita automáticamente descubrir nuevos nodos y conectarse con ellos es, como indica Eric S. Raymond, una solución al problema del bucle local innovadora, de abajo a arriba, barata para empresas y usuarios y, desde luego, perfectamente liberal y respetuosa con la propiedad.

Grandes en Internet como Google, eBay y Skype han crecido innovando en esos bordes de la red de telecomunicaciones. Es hora de que empiecen a revolucionar la red en sí.

En el nombre de la identidad

El Estado, por un lado, nos amenaza con el "palo" policial si no acatamos su represión, pero, por otro, nos concede ciertas dádivas o "zanahorias" (por ejemplo, el Estado de Bienestar) para que nos acomodemos a su existencia.

Todo Estado tiene dos manos: una que da y otra que quita, una que golpea y otra que acaricia. El gran arte de la propaganda intervencionista consiste en convencernos de que la mano pródiga es más activa que la ladrona. Las zanahorias superan a los palos, aun cuando el Estado –a diferencia de los empresarios– no produce zanahorias; por tanto, todas sus reservas deberán proceder de severos palos.

El otro método por el que el Estado nos convierte en voluntariosas mulas consiste, simplemente, en hacernos creer que somos mulas. El ser humano es tan inútil y vulnerable que necesita de un Estado poderoso que lo proteja y lo asista. "O Estado o el caos"; "O justicia social o miseria"; o, como proclamó el autócrata venezolano: "Socialismo o muerte".

El objetivo último es que cada individuo identifique sus fines particulares con los del Estado, delineados por los políticos. El Estado, como pedía Fichte, debe "moldear a cada persona, y moldearla de tal manera que simplemente no pueda querer otra cosa distinta a la que el Estado desee que quiera". Los animales de carga carecen de voluntad propia; soportan los fardos que el dueño quiere que soporten y se dirigen en la dirección marcada.

Los estatistas han utilizado innumerables pretextos a lo largo de toda su historia para fundir la voluntad de las clases dominantes (los políticos) con la de las clases dominadas (los contribuyentes). Uno de los más antiguos y recurrentes consiste en convertir a la cabeza del Estado en jefe religioso: los ciudadanos sólo podrán alcanzar la salvación terrenal y espiritual siguiendo los dictados coactivos de los políticos. Allí donde Dios y política se unifican, la libertad desaparece.

Otro método recurrente ha sido la creación de un enemigo común. Esta táctica ha sido utilizada indistintamente por comunistas y nazis: las conspiraciones del capital o los Protocolos de los Sabios de Sión amenazaban la supervivencia de la clase trabajadora o del pueblo alemán, de ahí que hubiera que masacrar a los terratenientes y a los judíos. Al crear la conciencia de un todo compacto e indivisible, la masa deja de pensar; los cabecillas –los políticos– dirigen y controlan cada una de sus acciones.

Una aplicación particular de la creación de un enemigo común tiene lugar en las relaciones exteriores. Dado que la guerra es la salud del Estado, los políticos se obsesionan con encontrar nuevos enemigos a la paz o a la revolución. Fidel Castro es un maestro en este arte: la invasión estadounidense es inminente; Cuba es un sumidero de espías; la disidencia trabaja al servicio de EEUU.

Con estas proclamas, parte de los ciudadanos legitiman la extorsión estatal al identificar sus propios fines con los establecidos por el partido. El enemigo externo exorciza el instinto gregario y tribal; nos somete a un estado de excepción permanente.

Por último, en esta enumeración no exhaustiva, tenemos que referirnos al papel que desempeña el nacionalismo. El ideal nacionalista es fundir la sociedad civil con las estructuras de mando y control: si toda nación debe aspirar a ser Estado, entonces nación y Estado quedan unidos irremediablemente.

La filiación de un individuo a una nación significaría por necesidad su sometimiento al Estado en que esa nación se ha materializado. La cultura, la lengua o la historia dejan de ser el resultado de la colaboración social y se convierten en un órgano vital de la colectividad que debe ser protegido y resguardado por los políticos.

La frase de Josep Bargalló, conseller en cap del Tripartido, durante la sesión de control es del todo sintomática: "La lengua no puede dejarse en manos del mercado, ni su elección sólo en las de los individuos, pues es el poder público quien debe garantizar su conocimiento".

En otras palabras: "No habléis como vosotros queréis hablar; hablad como yo quiero que habléis". La lengua ya no es un medio, sino un fin en sí mismo; recoge las raíces y el origen de la sociedad. Por ser catalán, según los nacionalista, debo hablar y comportarme como un catalán; debo aceptar y convencerme de que los estándares lingüísticos, sociales e históricos fijados por los políticos catalanes son los míos.

En el mercado, en cambio, cada individuo utiliza la lengua que considera más adecuada para sus fines. Las culturas se encuentran y se purgan mutuamente; los individuos pueden elegir desechar el catalán o modificar sus rígidas reglas. Catalán y español se enriquecen mutuamente, aparecen neologismos catalanes en el español y neologismos españoles en el catalán. Las lenguas no se degradan, sino que evolucionan, cambian y se adaptan, haciéndose más adecuadas para una mejor comunicación entre un mayor número de personas.

Para los nacionalistas, sin embargo, en tanto su cultura es objetivamente superior a las restantes, el mercado –las acciones voluntarias de las personas– sólo puede dar lugar a un uso ineficiente de la lengua. Si las personas deciden usar el español en lugar del catalán, es obvio que se están equivocando; si se utiliza el catalán no normativo, se desata una irrefrenable tendencia hacia la dispersión y la disgregación.

La nación sólo acepta adhesiones inquebrantables y absolutas. No hay espacio para la particularidad y la voluntariedad; cuando un individuo no utiliza el catalán, o lo emplea erróneamente (no sometido al estándar), está contribuyendo a su corrupción y desaparición, esto es, está atentando contra la savia del "pueblo" catalán.

En este punto, el nacionalismo se entremezcla con el militarismo y la creación de un enemigo exterior. Las culturas foráneas son un peligro para la integridad nacional; su irradiante influencia marchita el "superior" modo de vida. A estos "ataques" culturales sólo cabe responder o bien con el cierre de fronteras, o bien con la contraofensiva militar. El nacionalismo degenera, necesariamente, en autarquía y belicismo: si los nacionalistas siguen empeñados en evitar cualquier influencia corruptora sobre su prístina cultura, la única manera es adoptando un modo de vida castrense.

Este miedo al cambio y al progreso, este culto vernáculo de los nacionalistas hacia la comunicación petrificada e inmutable, a "hablar la misma lengua que nuestros antepasados", no es más que un primitivismo atrasado y timorato; un provincianismo acomplejado que, al no poder convencer, sustituye la persuasión por la imposición.

Pensemos simplemente en que, si la política censora, represora y planificadora que defiende Bargalló se hubiera implementado con suficiente ahínco durante el Imperio Romano y éste no hubiera desaparecido, su idolatrada lengua catalana –a la que el conseller en cap subordina la libertad de los catalanes– ni siquiera habría nacido. El latín clásico seguiría siendo la lengua de toda Europa, en lugar de haberse degradado en dialectos como el español o el catalán.

Petrificar las lenguas mediante la fuerza del Estado impide todo cambio, toda adaptación a las necesidades de los individuos. Bargalló tiene miedo a que la sociedad rechace utilizar el catalán o lo utilice de un modo distinto al debido; no está dispuesto a tolerar y aceptar las decisiones libres de las personas.

De este modo, la perpetuación de la especie nacionalista requiere un arsenal de mecanismos adoctrinadores y represores que quedan justificados por su objetivo salvífico. La cultura catalana debe insuflarse desde la cuna a la sepultura; el uso del español debe impedirse en determinados ámbitos sensibles (como la televisión o la radio); el ciudadano debe contribuir con su dinero al sostenimiento de periódicos o películas que utilizan la lengua madre.

Todo pasa por, como dice Bargalló, impedir que los individuos hablen, actúen y piensen por sí mismos. La cultura, que nace como un mecanismo de coordinación social, se nacionaliza y toma la forma de instrumento de construcción social. Son los poderes públicos quienes tienen que decidir qué se habla, cómo se habla, cuándo se habla y dónde se habla; son ellos quienes fijan la perspectiva vital de cada individuo, como miembro de una compacta nación catalana que ellos administran y dirigen.

El nacionalismo, al igual que el comunismo o el militarismo, es una ideología servil cuyo objetivo es someter los individuos al poder político. La corrupción, los robos o las extorsiones quedan convalidados si son perpetrados por el Gobierno catalán. Los fines de nuestros políticos son nuestros fines, sus barbaries son los sacrificios necesarios para conservar nuestra cultura: el precio de nuestra identidad es hacer suya la que fuera nuestra libertad.

Van a por tu coche

Están convencidos o, al menos, nos intentan convencer a los demás de que si bien el coche puede ser un fabuloso bien económico para su propietario, es un terrible mal para la sociedad y para el planeta. Se equivocan. El coche es uno de los principales motores de progreso y mejora del medio en el que vivimos. Y no porque mucha gente trabaje en su producción, distribución y venta. La enorme importancia del automóvil procede de las consecuencias del uso del coche; de los fines que permite alcanzar a cambio de un coste relativamente reducido.

Es evidente que esta máquina del siglo XX incrementa la productividad de toda la sociedad. ¿Se imaginan lo improductivas que serían multitud de empresas si no tuviésemos coches? Pero los automóviles también tienen la virtud de incrementar el tamaño del mercado haciendo que el proceso de división del trabajo se extienda y que la productividad aumente. Esto es tan obvio que parece habérsele olvidado a más de uno. Para colmo de bienes el coche permite multiplicar el aprovechamiento de nuestro tiempo libre. En cuanto al efecto del automóvil sobre el medio ambiente, parece razonable pensar que ayuda a mejorarlo. Por un lado, el estado sanitario de las vías públicas antes de la generalización del coche era lamentable. Algunos admitirán ese argumento pero alegarán que ya es hora de pasar a otro tipo de transporte más “limpio” sin caer en la cuenta de que cualquier alternativa forzada conlleva un uso menos urgente de los recursos y, por lo tanto, un mayor despilfarro que a la larga sólo puede estar asociado a un empeoramiento del medio ambiente. Tampoco parece haber muchos detractores del automóvil que sean conscientes de que si bien miles de personas mueren en accidentes de tráfico, son muchos más los que salvan sus vidas a diario gracias a su existencia generalizada y que, por lo tanto, su eliminación o restricción puede contarse en número de vidas.

Sin embargo, el ataque al coche no cesa. En los EE.UU. la red de ecologistas evangelistas mantienen desde hace un par de años una campaña en contra de los coches grandes. Tras su demagógico eslogan "¿Qué conduciría Jesucristo?" se esconden un sinfín de razonamientos equívocos y falacias infantiles. Al margen de que es evidente que Jesucristo tendría un todoterreno a lo Nissan Navarra para llevar a los apóstoles, la insistencia de estos grupos en restringir por ley los vehículos grandes con la excusa de que contaminan más y de que los principales perjudicados de la contaminación son los pobres no se tiene en pie. Una furgoneta no presta el mismo servicio que un utilitario ni es capaz de llevar al mismo número de personas por lo que hablar de que contaminan más que los coches pequeños es ridículo. Por otro lado, la insinuación de que los pobres son los grandes perjudicados de la existencia de coches grandes como los todoterreno tampoco es muy afortunada. En pocos lugares como en los países pobres se puede verificar de manera más sencilla que estos automóviles de gran volumen ayudan a la gente a ser más productiva, menos dependientes y más capaces de sobrevivir.

En Madrid algunos han llevado estos razonamientos exóticos a extremos violentos. Con la absurda pero extendida coartada de que “cada coche parado es un respiro que se concede al cielo” hay quien ha estado pinchando las ruedas de numerosos vehículos en el centro de la ciudad. No es sino un nuevo ejemplo de cómo el movimiento ecologista se está transformando en una secta tan ignorante como violenta.

Donde dije Digo, digo Diego

A la semana el BBVA no sólo hace unas rebajas del 50%, sino que además ha lanzado un nuevo producto donde aquellos clientes que tengan la nómina domiciliada podrán acceder a un crédito anual sin intereses ni comisiones de hasta 30.000 euros. ¿Es que González no sabe lo que pasa en el banco que dirige?

La situación es similar a la de la tabaquera Altadis que, tras despreciar los intereses del consumidor, subió el precio del tabaco. Una semana después y tras la reacción de Philip Morris, la tabaquera hispano–francesa se ha tenido que comer su estrategia comercial, y a toda prisa, hacer una fuerte rebaja para no quedarse en la cuneta.

La imagen de las dos corporaciones no ha quedado muy bien. A veces los empresarios olvidan, que por muy grandes que sean las compañías que dirigen, el objetivo de una empresa es servir a los consumidores y accionistas en lugar de comportarse como si la falta de competencia fuese su única garantía para los beneficios. Si usted le pregunta a un “experto” en banca si la competencia en el sector es feroz, le dirá sin pensárselo dos veces que sí. Pero si la competencia bancaria es feroz, adjetivo que sitúa en su máximo exponente la rivalidad, en otros sectores como el del automóvil, que compite internacionalmente, servicios minoristas, producción textil, plástica… nos vamos a quedar sin adjetivos.

No querría caer en elucubraciones técnicas pero la situación me ha recordado la Teoría del Monopolio del autor austriaco (de pensamiento, no de nacionalidad) Murray Rothbard: cuando se crea un monopolio natural (aplicable a sectores, y no necesariamente a empresas), y no de ley, su situación de dominio total es finita en el tiempo porque siempre surgirá otro empresario capaz de percibir las nuevas necesidades del cliente y explotarlas comercialmente hasta “derrocar” a su adversario.

A algunos les sería muy útil tener esta teoría en mente antes de decir nada. En fin, que Dios bendiga la libre competencia, aunque sea poca…

La adicción al petróleo

Hablar de la adicción al petróleo es una tontería. Ese país, como el nuestro, consume petróleo porque es una forma barata de producir la energía que sustenta una actividad social y económica florecientes. La conveniencia en el consumo de petróleo se basa en algo real: lo que nos da a cambio de lo que nos cuesta. Y es un buen negocio. Renunciar a algo que nos hace mucho bien es perfectamente absurdo, y confundir el consumo razonable y provechoso de un recurso con la adicción es una idiotez.

En estos momentos la demanda de petróleo crece a buen ritmo, sin que la capacidad de extracción y refino, que están en máximos, pueda seguirla. A consecuencia de ello, su precio está muy alto; notablemente por encima de los en torno a 20 dólares que ronda con un mercado ordenado. Los beneficios de las petroleras, muy altos, se destinan en ampliar la capacidad actual de producción, lo que se empezará a notar en un par de años. Si el precio del líquido negro se mantiene por encima de los 30 dólares de forma estable, comienza a ser rentable la explotación del aceite de esquisto bituminoso (oil shale), del que se pueden extraer en torno a un billón de barriles en el río Orinoco, y 1,8 billones en el río Athabasca. Las reservas de Arabia Saudita, para hacernos una idea, son de unos 0,26 billones. Es decir, que el petróleo va a seguir alimentando el desarrollo económico por muchas décadas.

Y entre tanto, las energías renovables van a tener que esperar, mientras sigan siendo tan caras y escasas. En el caso de los Estados Unidos, recordaba recientemente un editorial del Wall Street Journal, las energías renovables aportan el 3,3 por ciento del consumo energético de ese país. Y porque están subvencionadas. Si las renovables van a jugar algún papel en el empeño económico tendrán que hacerlo en el mismo terreno que las otras fuentes energéticas: sirviendo eficazmente a los ciudadanos a un precio razonable. Es decir, tendrán que ganarse la condena de los ecologistas. Si no, es mejor que queden como un recurso de novelas de ciencia ficción.

Quaero subventiones

No es de extrañar que su objetivo sea simplemente imitar a otros, modelos exitosos que los contribuyentes franceses emplean gratuitamente, viéndose obligados ahora a pagar para calmar el orgullo herido de la grandeur de Chirac.

El presidente francés se duele que en los pérfidos buscadores yanquis, los contenidos de los países europeos no están valorados como merecen. El problema, sin embargo, es que esos contenidos están valorados en su justa medida. Si Internet es un invento norteamericano, la web nació en Suiza; sin embargo, es cierto que la información que devuelven los buscadores está principalmente en inglés y está alojada en Estados Unidos. Pero eso sucede porque la información que está en la web se escribe en ese idioma y está alojada en los servidores con mejor relación calidad/precio. Google, Yahoo, Ask o MSN simplemente intentan hacer lo mejor posible su trabajo, que es devolver los resultados más pertinentes para el usuario. Chirac parece querer promover un buscador que ofrezca los resultados que a él le parecen más adecuados.

El único detalle técnico del que nos hemos enterado es que han pedido a un buscador francés –ya existente y funcional desde el 2004– que les aporte su base de datos de páginas indexadas y la doble de aquí a un mes. Imagino que los creadores de Exalead estarán frotándose las manos ante la publicidad y el dinero caído del cielo o, para ser más exactos, de un montón de franceses que preferirían gastárselo ellos mismos y seguir empleando Google o incluso Voila, un popular portal francés que ya existía antes de que los políticos decidieran que hacía falta uno. Y es que, aunque no sean tan populares, existen muchos buscadores europeos que emplean o han empleado tecnología propia como los alemanes Fireball y Seekport o el noruego AllTheWeb.

Las empresas involucradas en el desarrollo de Quaero (busco, en latín; reconozco que el nombre sí me gusta) son Thomson, France Telecom y Deutsche Telecom. No son precisamente startups, como fueron Google o Yahoo cuando empezaron en este negocio. Y es que, en general, como señala Paul Graham, las nuevas tecnologías suelen surgir de empresas pequeñas, de pocos empleados muy motivados y técnicamente excelentes. Hay ciertamente varios campos en los que se puede superar a los grandes de Internet, como la búsqueda de contenidos multimedia. Pero resulta difícil de creer que estos mastodontes vayan a innovar lo más mínimo. Simplemente, han buscado subvenciones y las han conseguido. Ese es el modelo empresarial básico de nuestra Europa y su “economía social de mercado”. Así nos va.

Tribunales de Defensa de la Incompetencia

Su informe contrario a la OPA de Gas Natural sobre Endesa ha provocado que muchos liberales contrarios a la absorción hayan caído en una especie de veneración por el TDC. Sin embargo deberíamos separar los dos asuntos. Una cosa es que los liberales debamos oponernos a la OPA, por suponer una nacionalización encubierta de una empresa privada –de manera que cualquier obstáculo que se encuentre en su camino sea bienvenido–, y otra, muy distinta, que el Tribunal y la legislación antimonopolio en general merezcan nuestro apoyo.

El concepto de monopolio

La contraposición entre competencia perfecta y monopolio es una de las primeras lecciones que aprende todo estudiante de economía. En el planeta de la competencia perfecta cada bien es ofertado y demandado por miles de vendedores y compradores, que disponen de una información perfecta sobre las circunstancias del mercado. De esta manera, los precios coinciden con los costes y el consumidor no es explotado por el empresario. Al haber miles de vendedores, si uno de ellos incrementa el precio en lo más mínimo todos los consumidores adquirirán los productos de otro vendedor. En cambio, en los mercados monopolísticos, al existir un solo vendedor, éste puede imponer cualquier precio por encima de los costes a los consumidores.

La conclusión es evidente: el mercado es una institución positiva, pero sólo cuando adopta la forma de la competencia perfecta. El monopolio debe ser rehuido a cualquier precio, al tener un coste de eficiencia que perjudica al conjunto de la sociedad.

El problema es que las características de la competencia perfecta son tan sumamente restrictivas que de inmediato a los estudiantes se les anticipa la segunda conclusión: la competencia perfecta no existe, salvo en algunos casos residuales, como los mercados agrarios.

Si el mercado sólo es bueno cuando se articula de acuerdo con la competencia perfecta pero ésta ni existe ni, previsiblemente, puede llegar a existir, el inevitable corolario es que el mercado "realmente existente" es malo (o al menos no lo suficientemente bueno como para no estar intervenido). El mercado no es perfecto, tiene fallos.

El principal error de la doctrina de los fallos del mercado es suponer que el capitalismo sólo es positivo o sólo funciona cuando se adecua a sus ditirámbicos modelos teóricos. En realidad, en los modelos llamados de "competencia perfecta", si algo está ausente es la competencia: todos los vendedores ofrecen exactamente el mismo producto, y ninguno puede reducir unilateralmente el precio. Si todas las empresas son idénticas, ¿quién está compitiendo? ¿Quién está innovando, creando nuevos productos o recortando los precios para satisfacer de un mejor (y por tanto distinto) modo al consumidor? La respuesta es "nadie"; es más, se considera nocivo que alguien compita realmente con el resto.

A pesar de ello, la teoría de los (inexistentes) fallos del mercado aboga por que el Estado corrija los errores y reestructure la economía. Así, como ya hemos dicho, uno de los fallos del mercado más característicos es el del monopolio: en lugar de miles de vendedores sólo existe uno.

El concepto, no obstante, no puede ser más erróneo. Lo que caracteriza, en realidad, al monopolio no es la contingencia de que, en un momento determinado, sólo exista una empresa que venda un determinado producto, sino que ésta impida coactivamente al resto de individuos que puedan ofrecer lo mismo.

Coca Cola, por ejemplo, no es un monopolio por el hecho de ser la única empresa que embotelle refrescos con el envoltorio "Coca Cola". Aun cuando el producto no sea idéntico, es evidente que Pepsi también compite con Coca Cola. No sólo eso: cualquier tipo de refresco o de producto en general compite con Coca Cola por el favor del consumidor.

Una empresa puede quebrar no sólo porque otra similar le haya ganado el terreno, sino porque el consumidor prefiera gastar su dinero en productos totalmente distintos. Las empresas tienen que revalidar diariamente el favor de los consumidores: éstos siguen siendo soberanos aun cuando sólo exista una empresa.

De hecho, si una empresa no puede liquidar la competencia por la fuerza, aunque sea la única del mercado, si incrementa desorbitadamente sus precios, en poco tiempo los empresarios ávidos de beneficios entrarán en ese sector. En otras palabras: cada empresa compite, incluso, con las potenciales nuevas empresas.

Pero además hemos de tener presente que, en caso de que no medie coacción, cuando una empresa ocupa una posición preeminente en un sector se debe a que ha sido y sigue siendo la más eficiente. Cuando una empresa sirve a los consumidores mucho mejor que el resto acapara la mayor parte de consumidores.

Por consiguiente, sólo cabe hablar de monopolio cuando una empresa utiliza la fuerza para eliminar a la competencia. Por ejemplo, cuando el Estado concede una patente o una licencia, o cuando se constituye un monopolio público exclusivo. En todos estos casos, aun cuando se descubran oportunidades de beneficio, el Estado impide que sean aprovechadas.

La defensa de la incompetencia

Sin duda, los liberales deben oponerse a los monopolios, pero a los auténticos. La competencia no significa que todos los productos deban necesariamente ser provistos por dos empresas, sino que nuevas compañías tengan la libertad de entrar en un mercado.

Cuando el Estado crea los llamados "Tribunales de Defensa de la Competencia" en realidad sólo pretende aniquilar a las empresas exitosas y fijar las estructuras de mercado.

Imagine que crea una compañía y que, a través de la mejora del producto y del abaratamiento de su precio, consigue que casi todos los consumidores acudan a ella. La lógica socialista antimonopolio concluirá que su empresa debe ser desmembrada o reducida, para que las demás, torpes e ineficientes, puedan competir con usted en "igualdad de condiciones". Su compañía, por tanto, se ve forzada a no reducir los precios, a no mejorar el producto, a contratar menos trabajadores, a impedir que una parte de los consumidores adquiera su producto o, en última instancia, a desaparecer bajo la bota estatal.

La legislación antimonopolio sólo tiene como objetivo explotar a los consumidores para favorecer a los grupos de empresas incompetentes; los tribunales estatales que instituye nunca han pretendido salvaguardar o defender la competencia, sino la incompetencia y la ineptitud.

Puede que estas conclusiones parezcan exageradas. Sin embargo, echando una ojeada a la historia sólo podemos concluir que nos hemos quedado cortos.

La legislación antimonopolio empieza en EEUU con la denominada Sherman Act (1890), con la excusa oficial de combatir los crecientes monopolios y cárteles que se estaban formando en la economía.

Es importante retener la fecha, porque alude a un período histórico en el que EEUU experimentaba una continuada reducción de precios, lo cual ya indica una cierta discrepancia con la idea subyacente en el monopolio. Recordemos que el monopolio se caracteriza por incrementar los precios (o reducir la cantidad de productos ofrecida) para explotar a los consumidores. Y, paradójicamente, esta época de insoportables concentraciones empresariales –que llegaron a justificar incluso el comienzo de la legislación antimonopolio– se caracterizaba por las reducciones generalizadas de precios.

Pero si además nos adentramos en los datos concretos comprobamos las innumerables tropelías que, en nombre de la falsificada competencia, llegó a cometer el Estado. El historiador Thomas DiLorenzo acudió a los archivos del Congreso para analizar los datos en función de los cuales la Sherman Act trituró y desmembró decenas de empresas, acusadas de monopolio.

Los resultados son sorprendentes. En el período 1880-1890 la economía estadounidense había crecido un 24%. Todas las empresas que fueron acusadas de monopolio habían incrementado su producción por encima de ese 24%; como media, un 175%. Si hacemos la comparativa desde el lado de los precios, vemos que el índice general cayó durante esos diez años en un 7%, mientras que las empresas disueltas redujeron sus precios un 53% de media.

En otras palabras, los políticos atacaron y destruyeron a las empresas más eficientes del mercado con la excusa de que eran monopolios, aun cuando ninguna incrementara los precios ni redujera la cantidad producida.

La legislación antimonopolio fue y sigue siendo un fraude esperpéntico. Los Tribunales de Defensa de la Competencia deben desaparecer para que el consumidor vuelva a ser soberano. Las únicas leyes antimonopolio que necesitamos son las que prohíban que el Estado o cualquier individuo ejerzan la fuerza para eliminar a los competidores.

El Estado no tiene ningún interés en luchar contra los monopolios. De hecho, el propio Estado es un monopolio jurisdiccional que nunca ha pretendido abrirse a la competencia; por eso nuestra libertad mengua ante la intervención catastrófica de políticos incompetentes.

Hacia el pleno empleo

Esta semana el fantasma de los despidos ha vuelto a aparecer. Ford prescindirá de un máximo de 30.000 empleados; Daimler-Chrysler reducirá su plantilla administrativa en un 20%; y en España más de seiscientos empleados de Seat resultarán afectados por el expediente de regulación de empleo. El sector del automóvil, en Occidente al menos, no parece estar muy bien; y tal vez sea la hora de dejar que otros países (o mejor, que personas de otros países) hagan este tipo de trabajo para que nosotros nos dediquemos a explotar otras necesidades.

Algo así parece de sentido común: nuestro sector deja de ser rentable y en consecuencia nos vamos a otros más lucrativos. Eso no significa que Occidente deje de fabricar coches, pero sí que empiece con algo nuevo. Pero parece tan lógico como difícil de conseguir. No es difícil porque los empresarios y trabajadores occidentales estén menos capacitados que los orientales, sino por las leyes del gobierno que trabajan contra la economía y prosperidad privada. En el estado del bienestar cuando a alguien se le despide lo tiene negro para encontrar otro trabajo, y eso no se debe a que la producción sea mayor al consumo agregado, sino que se debe al freno estatal a la innovación y libre mercado: subsidios por desempleo, restricciones de precios y producción, leyes laborales, intereses patronales y sindicales, acuerdos políticos, impuestos… Sólo los “peces gordos”, que son los que están organizados políticamente, son los únicos beneficiados manteniendo una economía corporativista y sistemas productivos obsoletos en decremento de nuestro bienestar material.

Cuando un sector empieza a ir mal, ya se haga patente por despidos o deslocalizaciones, no es una debilidad, sino una señal del mercado y una oportunidad para la economía y comunidad. Si nos enfrentamos políticamente a esta tendencia con subvenciones estatales o ayudas no privadas lo único que crearemos será un zombi que restará trabajo a otros destinos productivos que sí son necesarios. El trabajo por el trabajo no nos da riqueza, pero el trabajo por la producción real sí.

La producción real, por bien o por desgracia, sólo se puede conseguir mediante una vía, la libertad y jamás mediante la planificación central dirigida políticamente. Esta última es la que nos ha traído el desempleo continuo, precariedad y dependencia.

En la economía del laissez-faire siempre que el consumidor tenga una necesidad real, un empresario saldrá para ofrecérselo, y luego otro, y otro hasta llegar a un beneficio general casi homogéneo. Consumidores, empresarios, trabajadores, capitalistas… todos salen ganando.

El pleno empleo del laissez-faire se crea gracias a una movilidad permanente de factores productivos (y el trabajo sólo es uno de ellos) entre toda la estructura de producción económica donde los déficit de un sector desaparecen para ir a buscar los mayores rendimientos en otros, y esto es precisamente lo que las leyes laborales y agentes sociales impiden apelando siempre al bien común y al sentimentalismo socialista que hoy dominan la política izquierdista y conservadora. Sólo así nace la innovación. Amazon, Carrefour, Vueling Airlines y tantos otros no nacieron de la planificación central del estado.

Eso no significa que alguien no se pueda quedar toda la vida en una empresa, porque en el laissez-faire siempre nace la diversidad de opciones. En una economía libre, nadie está obligado a hacer ocho horas al día si no lo elige antes, tampoco nadie se ha de sentir atrapado en una empresa como ocurre hoy día, ni las barreras de entradas para los menos capacitados laboralmente son un inconveniente insuperable sino sólo temporal.

Para la prosperidad, el estado y grupos con fines políticos son parásitos. La diferencia entre el pleno empleo y la precariedad y dependencia es la diferencia entre si usted quiere ser el propietario de su destino y fortuna o permite que lo sean una panda aprovechados que viven de sus ilusiones y esfuerzo. El laissez-faire surgió precisamente de las clases pobres, no de las ricas; y surgió para acabar con un sistema similar al actual donde las elites políticas vivían a expensas de las masas. Revivamos la historia y lancemos un mensaje claro a esas lacras del gobierno: ¡largaros de aquí y dejadnos elegir nuestro futuro!