Ir al contenido principal

E.On y la Globalización

En el caso de la OPA Gas Natural-Endesa primero ocurrió con Manuel Pizarro, presidente de Endesa, transformando una operación de mercado en un oscuro complot político de los nacionalistas catalanes. Ahora las cosas han cambiado, E.On quiere "opar" a Endesa y salta Gas Natural –que tomó las declaraciones de Pizarro, y con razón, de partidistas– para reivindicar la españolidad de Gas Natural en contra de E.On que es alemana. ¡Por favor!

Pero eso no es todo, el gobierno que tenemos que a la hora de ser dogmático y corto de miras siempre supera a todos los demás, declaró: "algunos han ido a Alemania sin importarles las consecuencias para España y sólo buscando un mayor interés para el accionista". ¿Y quién es España? ¿Yo? ¿Usted? ¿El Tajo? ¿Los Pirineos?

Una empresa no está formada por accidentes geográficos de un país. Las cosas ya no son como en el jurásico-keynesiano-proteccionista donde un país se podía identificar con una empresa, tipo General Motors y Estados Unidos. Ahora vivimos en una economía más móvil y globalizada donde las empresas tienen que cambiar rápidamente para adaptarse a las necesidades de los clientes y accionistas, incluso luchando contra los dinosaurios del gobierno y sus leyes casi feudales.

Pondré un ejemplo. Hewlett-Packard tiene la sede en Palo Alto, Estados Unidos, y a usted le sonará como una empresa americana, pero la realidad es que Hewlett-Packard tiene más de 140.000 empleados en 178 países siendo la mayor empresa tecnológica en casi todos los continentes, y teniendo sus accionistas, altos directivos y proveedores dispersos por todo el mundo. Hewlett-Packard no sólo paga impuestos en Estados Unidos sino en todos los países donde está. Y lo mejor de todo es que si usted aún considera que Hewlett-Packard es americano, tal vez mañana ya no lo sea porque algún holding de Europa, América o Japón compre un paquete importante y la "desamericanice" más.

En un mundo moderno y globalizado los que mandan de verdad son los accionistas y los consumidores, los gobiernos y políticos sólo son estorbos del pasado. Si E.On quiere "opar" a Endesa a mejor precio que Gas Natural y con dinero en efectivo, no como los intercambios de acciones de la gasista, alabada sea E.On. ¿Y que pasa con los dinosaurios histéricos que "piensan" en España y quieren manipular órganos de "expertos" como la CNE? ¡Tranquilos! Que pase lo que pase España seguirá igual: con su Tajo, sus Pirineos…

El gandulazo

Cuando trabajaba en el campo me llamaba poderosamente la atención el gandul de mi pueblo. Sólo aparecía por los rastrojos los días en que había huelga, encabezando el piquete de semovientes defensores de la clase obrera y el coñac 103, que recorría las fincas amedrentando a los que estábamos en el tajo. El tío era (y es) más flojo que la mierda de pavo, pero esos días se dejaba la piel amenazando a los que íbamos a trabajar a escondidas. Se metía tanto en su papel que había momentos en que lloraba, señores, lloraba seguramente dolido por nuestra insolidaridad. Pasada la huelga se metía un mondadientes "king size" en un espacio interdental cualquiera y volvía a su rutina habitual, calentando las sillas de los bares cercanos a su casa en riguroso orden de proximidad.

El gandul endémico, el vago metafísico y el haragán contumaz, forman un arquetipo antropológico que en la España de ZP está llamado a alcanzar su máximo esplendor. Es lo suyo cuando el país lo dirige un señor que hasta la fecha no ha experimentado la sensación que el diccionario de la Real Academia define con el verbo trabajar. Una prueba cercana la tenemos en Alhama de Murcia. Espoleado por el ejemplo presidencial, el gandulazo oficial responsable de esa demarcación se ha convertido en el principal analista del desarrollo económico de la zona. Su experiencia es un aval incuestionable. Es tanta su aversión hacia el trabajo productivo, que detecta inmediatamente a las empresas portadoras del terrible virus. A estos efectos, es como el chimpancé que avisa al resto del grupo con sus gritos cuando se acerca un depredador. Con él al frente de la manada no hay peligro de que el capitalismo amenace la paz espiritual de los alhameños. Este hombre está llamado a los más altos destinos. No me extrañaría nada que en las próximas elecciones se convirtiera en alcalde por el PSOE.

Espionaje por decreto

Tanto el Gobierno británico como, más recientemente, el canadiense han orquestado una campaña de concienciación social para que el masivo rechazo de la ciudadanía a la impopularísima National Identification Card vaya reduciéndose. El asunto, para desgracia de los anglosajones, vuelve a estar sobre la mesa. Es el momento adecuado para denunciarlo.

Recordemos que la implantación de semejante medida da lugar a dos obligaciones inmediatas; la primera: todo individuo deberá comunicar al poder político una parte sustancial de su información personal; la segunda: todo ciudadano deberá llevar el DNI permanentemente consigo.

En España estas dos obligaciones están plasmadas en el artículo 2 del reciente Real Decreto 1553/2005, donde se nos dice que los mayores de 14 años tienen la obligación de obtener el DNI y de exhibirlo cuando la autoridad así lo requiera.

Tanto el Gobierno británico como el canadiense justifican esta restricción a las libertades individuales escudándose en la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal. También en España han sido éstos los pretextos de peso para justificar la continuidad del DNI. Así, por ejemplo, la Ley Orgánica 1/1992, cuya temática es "la protección de la seguridad ciudadana", incluye (en sus artículos 9 y 11) la necesidad de obtener y mostrar el DNI.

Nuestros políticos deberían estar menos obsesionados con sacrificar nuestra libertad en el dudoso altar de la seguridad estatal. Las crisis no deben servir como punto de apoyo para que las burocracias y los controles administrativos se expandan. La respuesta a cada problema, a cada adversidad, no puede consistir en un recorte de libertades auspiciado por la glotonería estatal. La libertad no es el obstáculo en la lucha contra el terrorismo, sino el valor que preservar.

Pero es que, además, tales atropellos acreditan una inutilidad que sólo suele ser la antesala de coacciones más intensas. La dependencia del poder político no nos ofrece mayor seguridad y protección, sino una menor autonomía y fortaleza. Como dice el congresista republicano Ron Paul: "Subyugar el ciudadano a la vigilancia política nos hará de hecho menos seguros, porque desviará recursos que podrían dedicarse a luchar contra los terroristas y los despilfarrará en perjuicio de americanos inocentes".

Eliminar la libertad de armas entre los individuos no afianza la paz, sino que desprotege a la ciudadanía frente a los delincuentes, que siempre podrán adquirir armas de contrabando. Del mismo modo, implantar un DNI no va a conseguir que los terroristas y los inmigrantes ilegales registren puntualmente sus datos, sólo va a servir para que el ciudadano respetuoso con las leyes sufra el peso de las sanciones ante cualquier olvido.

Repitámoslo una vez más: los terroristas no se someten al ordenamiento jurídico, ni cuando se les prohíbe matar ni cuando se les ordena un registro de sus datos. Si pretenden delinquir, es obvio que pondrán todos los medios a su alcance para que no sea posible identificarlos.

No deja de ser paradójico que el Gobierno inglés defienda el DNI como instrumento antiterrorista, cuando nuestro país ha tenido la desgracia de padecer el mayor atentado de la historia de Europa. ¿De qué sirvió entonces el DNI en España? ¿Acaso ha permitido combatir el terrorismo de algún modo? ¿En qué sentido le resultaba más fácil al IRA atentar sin DNI que a ETA con DNI?

Lo cierto es que el sadismo y el ingenio maligno de los terroristas no se verán refrenados por el lento papeleo de la burocracia pública; no es infrecuente encontrar, por ejemplo, a delincuentes con media docena de DNI falsificados, a los que, en cambio, nunca accederá una persona honrada. La mentira y el camuflaje son tácticas que los criminales necesariamente deberán poner en práctica, haya o no DNI. ¿Alguien confía en que podrán ocultar las bombas y las pistolas pero no sus rostros o su documentación?

Los problemas del DNI, con todo, no consisten solamente en su ineficacia antiterrorista manifiesta; la acumulación de datos personales en manos del poder político sienta las bases para dislates de mayor envergadura. No deberíamos limitarnos a valorar las reformas políticas únicamente por sus efectos esperados a corto plazo, también por las cajas de Pandora que podría llegar a abrir.

El problema de prohibir la tenencia de armas, por ejemplo, no es sólo la pequeña criminalidad que estimula, sino que permite degeneraciones estatales abocadas a grandes genocidios. La Segunda Enmienda de la Constitución americana, de hecho, tiene como principal objetivo permitir que la ciudadanía se defienda de gobiernos tiránicos.

Del mismo modo, la implantación del DNI proporciona a los Estados información personal que, de otro modo, sólo podrían haber conseguido a través del espionaje. Los gobiernos pasan a disponer de una base de datos centralizada que pueden emplear para cualquier propósito.

Conocido es el caso del judío Meyer Rubinstein, a quien en 1950 lo detuvo la policía por no haberse registrado nunca para obtener su DNI. No es de extrañar que Rubinstein recelara de los usos que el Estado inglés pudiera darle a tal información; la Shoá había ocurrido apenas diez años antes.

¿Qué frena a cualquier Estado para que, una vez recolectados los primeros datos, reclame más información? Es más, ¿qué impedirá que los gobiernos, dentro de poco tiempo, pasen a exigirnos también muestras de nuestro ADN? No sería la primera vez que se oyen propuestas de bases de datos policiales con la información genética de toda la población. ¿Alguien sigue pensando, después de la utilización espuria de los historiales clínicos, que los políticos son respetuosos con la información que coactivamente les proporcionamos?

Pero, por si fuera poco, las aplicaciones totalitarias del DNI van mucho más allá. Actualmente ya se emplea para restringir la venta de tabaco o de alcohol, y no es improbable que sus usos discriminadores vayan en aumento. Cuando no existe obligación de acreditar nuestra edad, nuestra residencia o nuestra ascendencia, difícilmente puede regularse el comercio y la producción en función de cualquiera de estos parámetros.

Sin embargo, una vez el individuo tiene que plasmar semejante información privada en un documento público, éste puede convertirse en requisito de cualquier acción jurídica. ¿Se imaginan una restricción de la circulación de automóviles en función de la fecha de nacimiento? (Una medida muy parecida se ha instaurado en diversos países europeos a partir del número de la matrícula) ¿O una prohibición de adquirir ciertas mercancías o de acceder a determinados lugares en función de la procedencia "no nacionalista" de los apellidos?

El DNI obliga a que cada persona renuncie a su privacidad a cambio de una dudosa seguridad. Los individuos deben ser libres para ocultar todos aquellos datos sobre su pasado o su presente que consideren peligrosos o desagradables. Nadie debe quedar marcado como si de una res de ganado se tratara; la violencia no puede iniciarse contra aquél que no quiera revelar cierta información.

Si la lucha contra la delincuencia y el terrorismo justifican la conculcación de nuestra libertad, entonces la presunción de inocencia queda enterrada, y con ella el Estado de Derecho. En España, en Canadá y en el Reino Unido.

Siempre Ganamos Algunos Euros

Ya no existe; fue cerrada por su autor tras una demanda de la sociedad dirigida por Teddy Bautista, aunque las malas lenguas aseguran que tanto uso de los juzgados para callar bocas supone una prueba irrefutable de que se ha convertido en la sucursal española de la Iglesia de la Cienciología. No hace falta mucho esfuerzo para imaginarse a Pedro Farré como auditor del nivel OT-III.

El club de OT no es el único cuya intolerancia a la crítica procura que se cierren sitios. La jihad de las caricaturas no podía dejar de lado Internet. Los ataques no se han limitado a sitios web daneses; los blogs norteamericanos de Michelle Malkin o Zombietime también han sido asaltados. La diferencia entre unos y otros es evidente, clara como la diferencia entre quienes queman embajadas y quienes mandan cartas a los periódicos; unos son civilizados y emplean los tribunales y las protestas pacíficas mientras los otros permanecen aún en la Edad Media, accediendo a los beneficios de un mundo globalizado sólo para poder comprar banderas danesas.

Por eso es completamente inadmisible el proyecto de unos crackers de atacar la web de la SGAE durante un festival musical. La SGAE tiene perfecto derecho a expresar su opinión en Internet, por más que haga todo lo que pueda por intentar negarle ese mismo derecho a los demás. Porque aunque le pueda acoger el derecho de recurrir a los tribunales, al igual que sucede con AXPE, resulta una costumbre irritante y bastante perniciosa en términos de relaciones públicas. En Internet, la crítica se responde con críticas a la crítica, no con demandas; algo similar debiera hacerse fuera, en el reino del CAC. Pero claro, qué otra cosa va a hacer un ente que se dedica a extorsionar a los que montan obras con discapacitados y que llama pendejos a los internautas que lo critican.

Es comprensible que, viendo el éxito que tienen los sindicatos los días de huelga empleando la violencia, haya quien quiera imitarlos en Internet. Pero por la magra satisfacción de ver caído, suponiendo que tengan éxito, el sitio web de la SGAE, lograrán dar hechos con los que éstos puedan basar sus críticas al colectivo de los internautas. Tampoco es que los necesiten; nos insultan por costumbre y por decreto. Pero ahora tendremos que darles la razón con respecto a una parte de nosotros.

El Frankenstein de los políticos europeos

Aún así, todavía les queda mucho por entender. El informe se limita a realizar una proyección de la población en edad de trabajar, la población activa y el número de jubilados para cada país de la Unión para poder calcular cuál será el gasto en pensiones de cada estado a medio plazo y extraer conclusiones. Mediante este sencillo ejercicio han visto que entre 2004 y 2050 la población en edad de trabajar se verá reducida en torno al 16 por ciento y que los jubilados aumentarán un 77 por ciento. En consecuencia el gasto en pensiones en el conjunto de la UE aumentará en un 4 por ciento del PIB. En nuestro país, ese incremento del gasto público necesario para mantener el sistema público de pensiones sería de 7,1 puntos del PIB en 2050. Estos datos les han hecho cuestionarse seriamente la sostenibilidad financiera de estos sistemas.

Sin embargo, los autores del informe no dan una cuando intentan identificar el origen del problema. El estudio se refiere en todo momento al “problema del envejecimiento” como el responsable último del desaguisado. Y esto, queridos políticos, es no haberse enterado de la misa la mitad. El problema no consiste en que la gente decida libremente tener menos hijos. Sin duda alguna, también considerarían un grave problema (medioambiental) que la gente decidiera tener más hijos. La causa del caos tampoco es que la esperanza de vida aumente. De hecho, la perversión del sistema estatal de pensiones queda reflejado en esta contradicción: la libre decisión del número de hijos o la mejora de la esperanza de vida suponen un problema mortal para un sistema supuestamente pensado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¡Qué vergüenza!

El problema es mucho más sencillo. El sistema de pensiones estatal es un fraude basado en un modelo de venta piramidal y coactivo prohibido en España por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Es en ese modelo dónde la libertad de los padres y el incremento de la esperanza de vida son un peligro. En un sistema privado de capitalización una mayor libertad y una vida mejor y más larga son una bendición. La mayoría de los individuos no parece darse cuenta del problema porque la educación pública ha logrado neutralizar tantas mentes que muchos piensan que, lo que es un fraude con múltiples complicaciones en las relaciones privadas, deja de serlo si es el estado quien lo organiza. Así que antes de privatizar las pensiones y pasar a un sano sistema de capitalización no estaría mal quitar la educación pública de las zarpas del estado. A lo mejor entonces hasta los políticos se dan cuenta cómo crearon este Frankenstein y cómo eliminarlo.

Cuando los niños trabajan

La pobreza es la misma condición humana, es como llegamos al mundo. Solo unas pocas personas a lo largo de la historia, y una porción del mundo recientemente, desde la extensión del capitalismo, ha logrado escapar a la miseria. El trabajo infantil es solo un aspecto de la pobreza, y es que los más pequeños dependen en gran medida de su propio esfuerzo, sin que los padres puedan ofrecerles otra cosa. Esta situación cambia cuando los padres se pueden permitir mantener a sus hijos sin la necesidad de que ellos mismos aporten recursos a la familia. Es la riqueza la que alivia el trabajo infantil, como demuestra el hecho de que haya desaparecido de los países ricos (es decir, capitalistas), mientras continúe en los más pobres.

Eric V. Edmonds, quizás el mayor experto en este problema, demostró en un estudio que los países que más comercian, los que más se involucran en el capitalismo mundial, son los que más reducen el trabajo infantil. En concreto, por cada 1 por ciento de apertura al comercio, se reduce el trabajo infantil en 0,7 puntos.

Un caso claro es el de Vietnam, donde se realizó un estudio de grandes proporciones (3.000 familias) de 1993 a 1998. En esos 5 años, en que Vietnam se incorporaba al capitalismo global, el crecimiento medio fue del 9 por ciento y el trabajo infantil cayó un 30 por ciento. Cuando las necesidades básicas están cubiertas, ese aumento de la producción explica el 80 por ciento de la reducción en el empleo infantil. Edmonds concluye que "el trabajo infantil no parece variar con el gasto per capita hasta que las familias puedan cumplir con sus necesidades alimenticias; y entonces cae de forma dramática".

Pese a que es el capitalismo el que libera a los más pequeños de tener que trabajar, los grupos antiliberales dicen llegar a la conclusión contraria. Para eso tienen que identificar el trabajo de los niños con las grandes empresas capitalistas. Pero ha existido siempre, junto con la pobreza, y generalmente ha estado atado al campo como el común de la humanidad. Es también lo que ocurre en la actualidad. La inmensa mayoría de los niños que trabajan lo hacen para sus padres en el campo. Pero eso a los antiglobalización, no les importa. Solo les preocupan los que están empleados por grandes empresas, para utilizarlos como arma contra ellas. Y ello a pesar de que los sueldos que pagan son, de media, el doble del que pueden ofrecer las empresas locales.

¿Qué ocurre cuando estos antiglobalización tienen éxito? Nos lo cuenta Radley Balko: "A principios de los 90, el Congreso de Estados Unidos estudió la aprobación de una ley (Child Labor Deterrence Act) que habría castigado a las compañías que se beneficiaran del trabajo infantil. La ley nunca se aprobó, pero el debate que generó presionó enormemente a varias compañías multinacionales, entre ellas, a un fabricante textil alemán que despidió a 50.000 niños en Bangladesh. La asociación británica Oxfam realizó después un estudio que mostró como miles de esos niños despedidos terminaron en la prostitución, el crimen o en la muerte por hambre". La hipocresía tiene un precio. Pero lo pagan los de siempre.

¡Comed democracia! (avanzada)

La empresa Polaris World, gracias a la cual debemos gran parte del desarrollo económico experimentado por la región en los últimos dos años, tenía en proyecto realizar un magnífico proyecto urbanístico en Alhama de Murcia, con doce mil viviendas y todos los servicios necesarios, incluido el abastecimiento propio de agua a través de una desaladora sufragada por la propia empresa. Cuatro mil puestos de trabajo durante la construcción, más de tres mil fijos para atender los servicios de la urbanización y numerosas infraestructuras públicas para el municipio que también iban a ser financiadas en solitario por la empresa, constituían la mayor inversión jamás realizada en la localidad. En fin, un regalo por el que muchos pueblos de toda España se darían de bofetadas, que gracias a los dirigentes socialistas en Murcia ya no se realizará.

Junto al voto decisivo de una tránsfuga del PP, que tras el escándalo de unas oposiciones a conserje municipal a las que concurrió su marido (ella era Concejala de Personal) experimentó una repentina mutación doctrinal que la obligó a irse al grupo mixto, el PSOE e IU denegaron el martes pasado los permisos para llevar a cabo ese proyecto.

El responsable máximo de la tropelía no es otro que el secretario General del PSOE Murciano, D. Pedro Saura o Perico “el huevo”, como le conocen en su pueblo natal, pues los concejales de ese partido, aunque en privado mostraban su acuerdo, cuando no su entusiasmo con el proyecto (“Meroño, esto es cojonudo”, le decían al Presidente de Polaris World) han preferido seguir la disciplina partidista a la defensa de los intereses de los ciudadanos a quienes representan.

La noche del martes pasado, mientras se votaba en el pleno municipal (el cuarto dedicado a este asunto), a las puertas del ayuntamiento se concentraban varios cientos de trabajadores de la empresa, con pancartas alusivas a la defensa de sus puestos de trabajo, frente a una decena de defensores de la humanidad (con sus melenas tremolando al viento de la sierra y sus crestas de colores, que es la estética habitual de los que se dejan el lomo trabajando a diario) gritando consignas totalitarias como el absurdo “Alhama no se vende”.

No hay razones técnicas para denegar la autorización. El proyecto cuenta con todos los permisos necesarios y había pasado todos los trámites legales a falta de la aprobación final en el plenario municipal. Los que votaron en contra ni siquiera pudieron balbucear un argumento válido para justificar su acción. La pobre concejala Rodríguez tampoco. Se trataba de votar que no para contentar a un partido empeñado en destrozar a las provincias traidoras, aun al precio de no volver al poder regional en varias generaciones y de quemar a su casta de dirigentes actuales.

En los albores de la II República, los terratenientes espetaban a los obreros aquel infame "¡comed república!" mientras les negaban el trabajo. El PSOE nos hace lo mismo a los murcianos, pero ahora el menú es la “democracia avanzada”. Son tan ilusos que creen que así perjudican a los empresarios o al PP. Pobres diablos. El PP seguirá ganando elecciones en Murcia (más que por méritos propios por los deméritos de quien tienen enfrente) y la empresa Polaris World seguirá ganando dinero, aunque a partir de ahora lo hará en otras regiones o países, acaso en Croacia, donde el estado de derecho no es una entelequia como en la España de ZP. Los perjudicados somos todos los murcianos, incluidos los hasta ahora votantes del propio PSOE. Mas si a los socialistas les da igual que España se vaya por el desagüe, ¿cómo se van a preocupar de que una pequeña región, y encima desafecta, vuelva al subdesarrollo?

¡Comed democracia avanzada! Comeremos, comeremos, dos platos si hace falta. Pero hay un detalle que se te escapa, Perico: todas las comidas tienen su postre.

Cuba 1903

Pero de entre todos los cuadros, el más sugestivo es uno de Julio Vila Prados realizado a comienzos del siglo pasado, justo después de que esta provincia (que no colonia) española se independizara. En esta "Vista del malecón habanero", que recrea una estampa típica de la vida en La Habana durante esa época, uno percibe el aroma de un tiempo que no conoció pero es capaz de intuir, acaso por la tenue vibración que ciertas imágenes provocan en los herederos de una determinada tradición espiritual, aunque hayan transcurrido varias generaciones.

Lo relevante de esta pintura es la constatación de que el nivel de vida en Cuba, era en la época tan elevado como en la metrópoli, cuando no superior. En 1903, por el malecón pasean parejas elegantes mientras al fondo los veleros de recreo surcan la bahía. En la actualidad, el mismo malecón es el territorio de las jineteras (y jineteros), y en lugar de veleros hay barcos repletos de europeos en busca de carne fresca.

Un año antes de la revolución castrista, La Habana era una ciudad refinada, cosmopolita, bella y felizmente desigual. Hoy, tras cincuenta años de continuos "éxitos" revolucionarios, los cubanos han alcanzado la igualdad, a costa de vivir todos con el mismo grado de miseria. Lo dijo un dirigente del Partido Comunista Chino unos minutos antes de estirar la pata: "Para evitar que un millón de chinos condujeran mercedes, condenamos a mil millones a ir toda su vida en bicicleta". La igualdad forzosa es la mayor negación de la libertad. O libres o iguales. Esa es la única elección.

Sin privilegios para los fumadores

El error de semejante forma de pensar es palmario. Si toda ley tiene que dirigirse conscientemente a elegir entre qué intereses conflictivos debe imponerse, el derecho se convierte en una herramienta de explotación. La cuestión por dilucidar, en última instancia, es qué fines particulares prevalecen, si los de un grupo social o los de otro.

En realidad, el liberalismo no aboga por defender los privilegios de nadie. Defiende los derechos naturales de todo ser humano; nadie está en mejor posición por una concesión exclusiva del poder político, sino porque ha aprovechado de un modo más acertado sus posibilidades de acción.

La libertad no provoca daño alguno, salvo a aquellos que se beneficiaban previamente con su cercenamiento. El capitalismo acaba con los privilegios y permite que las relaciones sociales adquieran un cariz voluntario y útil.

La Ley Antitabaco no es detestable porque suponga una redistribución de privilegios desde los fumadores hacia los no fumadores, sino porque crea unos intolerables privilegios donde antes no los había. El libre mercado no era un instrumento para que los intereses de los fumadores pudieran imponerse sobre el resto; simplemente no los convertía en parias sociales y les dejaba vivir.

Con la nueva legislación liberticida de ZP, el Estado pretende resolver unos problemas que no existían, pues las personas ya habían alcanzado soluciones pactadas y mutuamente beneficiosas. El libre mercado también imponía restricciones a los fumadores.

Bares y restaurantes

En ausencia de regulación específica, los fumadores sólo podían fumar en aquellos bares y restaurantes donde el propietario efectivamente lo permitiera. Viniendo de una situación donde prácticamente todos los bares lo permitían, la decisión dominical puede parecer irrelevante. Sin embargo, no deberíamos olvidar que el objetivo de la gran mayoría de empresarios en este sector es, claro está, ganar dinero, y para conseguirlo no les queda más remedio que ajustarse a las preferencias de los consumidores.

Si la molestia provocada por el humo sobre los no fumadores era tan grande como pretenden hacernos creer los políticos, entonces aquellos bares que permitieran fumar sufrirían una merma muy significativa de clientela en favor de los bares que no lo toleraran. De hecho, en un sector donde la mayoría de locales permitía fumar, abrir un bar donde se impidiera encender un cigarrillo debería haber sido un modo de crear una ventaja competitiva sobre el resto que atrajera a buena parte de la gente. O los empresarios eran tontos o los políticos se han pasado de listos.

El hecho de que casi ningún establecimiento optara por ello no deja de ser ilustrativo del grado de frivolidad de la Ley Antitabaco. Los no fumadores habían aceptado de buen grado que se pudiera fumar a su alrededor; el humo suponía un coste muy inferior al de dejar de acudir a su bar de toda la vida. No había ningún conflicto, salvo el que deliberadamente han creado los dirigentes neoinquisidores con su cruzada contra el fumador.

Lo cierto es que la ley no es especialmente restrictiva en el caso de los locales de menos de 100 metros cuadrados. Al margen de tratar a los clientes como estúpidos púberes incapaces de darse cuenta de si en un bar se fuma o no (de manera que todo propietario debe indicar claramente si se trata de un local de fumadores o de no fumadores), el poder de decisión sigue recayendo en el empresario.

De hecho, la libertad de elección ha provocado que más del 90% de los bares haya elegido seguir permitiendo fumar. Nueva prueba de que el conflicto es inexistente: los no fumadores ya disponen de locales donde claramente se indica que no está permitido fumar, y sin embargo siguen acudiendo a sus locales tradicionales.

Y no por casualidad la ministra de Sanidad ya ha amenazado a los propietarios de bares pequeños con arrebatarles cualquier libertad de decisión en caso de que no prohíban fumar en sus locales. Es obvio que a los políticos no les agrada la libertad ni la armonía de intereses que promueve el mercado: prefieren imponer su voluntad despótica sobre los individuos.

En caso de que la vuelta de tuerca fascistoide de la Ley Antitabaco llegue a completarse, a los fumadores se les expulsará de cualquier local de ocio. A pesar de que los no fumadores seguían teniendo opciones disponibles (acudir a los bares de no fumadores y presionar a la baja sobre los beneficios de los bares de fumadores), y de que no han hecho uso de ellas, los politicastros siguen con su obsesión de erradicar cualquier ápice de voluntariedad en las relaciones sociales.

El caso de los bares de más de 100 metros sí supone una clara violación de la propiedad privada. Quienes deseen permitir fumar en sus locales deberán habilitar una zona aparte, para segregar a los fumadores, que en ningún caso podrá superar el 30% de la superficie del local.

Imaginemos el caso de un bar de más de 100 metros cuya clientela es mayoritariamente fumadora. ¿Qué sentido tiene hacinar a todos los fumadores en un reducido 30% del recinto, mientras el resto de la superficie se encuentra inutilizada?

De nuevo, se crean problemas y conflictos donde no los había. Los consumidores ya podían elegir antes de la ley, sin necesidad de que los políticos cercenaran la libertad de los empresarios. Un local de más de 100 metros y sin ventilación hacía huir a todas aquellas personas que realmente sentían molestias por el humo. Menos mal que la caballería moralista de Salgado ha venido a salvarlos.

El trabajo

Al igual que en los bares y restaurantes, los fumadores tampoco contaban con privilegio alguno en su puesto de trabajo. Los empresarios eran conscientes de que éstos podían crear un ambiente hostil en el trabajo, en el caso de que su humo molestara a los demás. En consecuencia, o bien les aplicaban una rebaja en su sueldo o les reducían el espacio donde podían hacerlo.

Si el empresario juzgaba que el resto de los trabajadores no se verían impedidos en sus ocupaciones por el humo, o bien que la importancia del trabajador fumador era crucial para la empresa (siendo difícil su sustitución), no surgía problema alguno. Los no fumadores no tienen un particular derecho a un puesto de trabajo libre de humos. Lo mismo puede decirse de los fumadores. Cada cual es libre de elegir entre las opciones disponibles, atendiendo a las distintas ventajas e inconvenientes.

En cambio, la Ley Antitabaco prevé la completa prohibición de fumar en el puesto de trabajo. Las opciones quedan sensiblemente reducidas: en lugar de permitir al propietario conciliar las distintas pretensiones dentro de su empresa, se elimina su autonomía.

A partir de la regulación estatal, el empresario no contrata a fumadores o bien les aplica reducciones en el salario para compensar las disminuciones de productividad que suponen los parones para fumar.

No hay término medio, no hay conciliación posible. O los fumadores abandonan tan ruin hábito o padecen las calamidades que les han preparado sádicamente los políticos.

Conclusión

El libre mercado no supone un privilegio para los fumadores, tal y como afirman los partidarios de la Ley Antitabaco; sólo cabría hablar de privilegios en el caso de que, por ejemplo, el Estado obligara a los empresarios a pagar a los fumadores el mismo salario que a los no fumadores, o intentara imponer cuotas paritarias entre fumadores y no fumadores en los Consejos de Administración (cosa que sí pretende en el caso de las mujeres).

En realidad, sin embargo, los fumadores se siguen sometiendo a la propiedad privada en los mismos términos que los no fumadores. Si fumar supusiera una auténtica afrenta a la convivencia no les quedaría más remedio que soportar las restricciones que espontáneamente surgieran. Un pirómano nunca podrá encontrar ocupación en una gasolinera; un alcohólico tendrá vedada la entrada a la barra de un bar; los que no gusten de mantener una mínima higiene no podrán trabajar de relaciones públicas; aquellos que no hayan sido instruidos en la disciplina del protocolo tendrán el paso cerrado a las fiestas o galas de alto nivel.

El mercado crea sus propias restricciones, sin necesidad de que los políticos pisoteen las relaciones voluntarias. Como siempre, la única función de los políticos consiste en crear problemas y enfrentamientos allí donde no los hay. Y es que, de otro modo, ¿cómo justificarían ante la ciudadanía la imposición de monstruosos tributos para financiar las desbocadas burocracias occidentales si no tuvieran "problemas" que resolver?

Mahoma y la libertad de expresión

Llevan décadas defendiendo a quien, como Andrés Serrano, se gana la vida ofendiendo los sentimientos de los cristianos (cubriendo la Virgen María de heces y pornografía o inundando un crucifijo en su orina), e identificando la dolida reacción de quien se siente ofendido con retrógrados intentos de limitar la libertad de expresión. Pero cuando se trata de quienes practican la ablación del clítoris, la sensibilidad progresista ante los sentimientos religiosos aparece no se sabe de dónde.

La clave es que el cristianismo, nos guste o no, es uno de los dos pilares de nuestra civilización, junto con la tradición clásica. Y como son los valores civilizados como la libertad, la propiedad y la responsabilidad individual (el liberalismo, en definitiva), el objeto de desprecio y crítica por la izquierda post-ruinas de Berlín, cualquier cosa vale contra el cristianismo. Incluso Andrés Serrano. Incluso el Islam. Aunque en un caso defiendan la libertad de expresión por encima del respeto a los sentimientos religiosos y en el otro el respeto a la religión por encima de la libertad de expresión.

En cualquier caso, ¿dónde están los límites de la libertad de expresión, y dónde queda el respeto a los valores ajenos? Ofender no es un acto unilateral, depende de cómo se sienta el otro y sobre ello no podemos tener un control total. Si prohibimos las manifestaciones que puedan ofender a terceros, dado que cualquiera puede sentirse legítimamente ofendido por cualquier cosa, les estaremos dando a todos el derecho de prohibir la libertad de expresión de cualquiera.

La libertad no es lo mismo que el uso para el bien de la misma. También se puede utilizar para lo inmoral, lo feo, lo desagradable. No tenemos más que encender la televisión para comprobarlo. O acudir a ARCO. Pero no podemos permitir la libertad a lo que consideremos bueno, porque acabaremos matándola. ¿Qué nos queda, entonces? Combatir las expresiones de ideas con más expresiones de ideas. Por ejemplo, declarando que tal viñeta u obra de arte nos parece fea o inmoral. Lo que no podemos hacer es ni prohibirla ni lanzar piedras contra embajadas extranjeras.

Una de dos, o logramos que esos valores que hemos hecho nuestros, pero que son universales, como la libertad de expresión, prevalezcan, o estamos perdidos. El triunfo del socialismo en Alemania, Rusia o China en el Siglo XX demuestra que ninguna de nuestras libertades están aseguradas, y que solo un firme apego a ellas nos puede salvar. Este cartel sostenido por una mujer con un Burka, que dice que "la libertad de expresión es el terrorismo occidental", tiene la virtud de expresar que la libertad es nuestra vía para hacer llegar nuestra civilización, y el terrorismo la del Islam de hacer llegar la suya. Pero esto último es innecesario. También tendrán que acostumbrarse a la expresión libre incluso de lo que consideren más incómodo.