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¿Quién nos está robando poder adquisitivo?

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Alrededor de ocho millones de empleados, que no cuentan con cláusulas de revisión de sueldos, han perdido una buena parte de su poder adquisitivo en 2005. Pero también lo han perdido muchos de los que tienen cláusulas y muchos españoles que no son empleados. Autónomos, jubilados, gente que vive de rentas fijas han sido expoliados una vez más. Está claro que el común de los españoles somos víctimas de este proceso pero, ¿cuál es la causa?

En un momento en el que la mayoría de la población española ha decidido reducir el ahorro y aumentar el consumo, la clase política (nacional y europea) ha mantenido artificialmente bajos los tipos de interés permitiendo una expansión astronómica del crédito. La bajada artificial de los tipos de interés hace que parezca como si la gente estuviese liberando recursos, es decir, aumentando el ahorro, para que sean transformados en bienes futuros por parte de los empresarios. Así, las empresas han interpretado que era el momento de invertir recursos para momentos futuros mientras que los consumidores están consumiendo más que nunca. Y lo que consumen no es otra cosa que esos recursos con los que las empresas creen contar. Esa descoordinación intertemporal, esa lucha por los recursos escasos motivada por el aumento artificial del crédito hace que los precios aumenten al paso que el dinero pierde poder adquisitivo.

Se trata de un cóctel molotov económico cuyos ingredientes principales son, como digo, una elevada expansión crediticia en un momento de baja tasa de ahorro. En efecto, el ahorro privado ha caído en nuestro país en más de 5 puntos porcentuales del PIB desde 1995 situándose por debajo del 20 por ciento del producto interior bruto. En cambio, el crédito al sector privado, que en la Unión Europea ha crecido en torno al 9 por ciento, creció en España algo más del 20 por ciento durante el último año. Si además tenemos en cuenta que esta expansión del crédito está estrechamente vinculada en nuestro país al sector inmobiliario (compuesto por el crédito a hogares para la adquisición de una vivienda, el crédito a constructores y el crédito a promotores inmobiliarios que, sumados, representan el 65,8 por ciento del crédito de las cajas de ahorro y el 52,2 por ciento del de los bancos), un sector en el que los bienes que se adquieren suelen servir de garantía y en el que más de uno pensamos que los precios están sobrevalorados, el cóctel no puede tener más ingredientes que garanticen un desenlace lleno de suspense en el que la víctima somos los ciudadanos.

La baja tasa de ahorro privado en España tan sólo debería de traducirse, en condiciones de libertad económica, en un lento crecimiento económico. Sin embargo, debido a la expansión crediticia inducida nos encontramos ante una abultada pérdida de poder adquisitivo del dinero que se traduce en ese IPC del 3,7 con un punto y medio de diferencia con el conjunto de la Unión Europea. Sin embargo, lo peor está por venir. Y llegará el día que se verifique que debido a este intervencionismo monetario absurdo los recursos están siendo asignados a proyectos empresariales de largo plazo que no son deseados por la mayoría de los españoles que, por el contrario, han decidido consumirlos. Los que injustamente salimos perdiendo, que somos casi todos, deberíamos pedir responsabilidades. Y no precisamente al pollo ni al aceite de oliva.

Defensa propia

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Cada vez hay más bandas organizadas que prefieren esta forma de crimen, efectiva y segura para el delincuente. Están generalmente formadas por la extranjeros, aquellos que prefieren vivir del delito que hacerlo del trabajo honrado. Un reportaje publicado el pasado año recogía una observación de un miembro de la policía: “los delincuentes se han dado cuenta de que en las casas no suele haber ya mucho dinero y pueden obtener más beneficios, y de una manera mucho más fácil y eficaz, con los dueños de la casa dentro”. Actúan con una violencia terrorífica, no muestran respeto por la vida o la integridad de los asaltados y se imponen por la fuerza.

Recientemente se produjo en Canals uno los miles de casos que se dan todas las semanas. Entraron ocho asaltantes. Uno de ellos les dijo al matrimonio “os vamos a matar aunque consigamos el botín”. Les amenazaban con armas cargadas y les repetían constantemente que les matarían. En un descuido de éstos, el empresario valenciano Francisco Ramírez cogió un arma, hizo un disparo de aviso y luego volvió a utilizar el arma para defenderse de los asaltantes, con el fatal resultado de la muerte de dos de ellos. A la espera de que se aclare por completo el caso, parece un claro caso de legítima defensa.

Lo recordaba recientemente Juan Carlos Girauta, “la primera obligación del Estado es proteger la vida y hacienda de los individuos libres que lo sostienen con sus impuestos”. Pero el Estado es torpe, prácticamente incapaz de responder incluso de sus funciones más básicas. Desconozco el dato para España, pero en los Estados Unidos más del 99 por ciento de las intervenciones de la policía se producen cuando el crimen se ha cometido ya. No creo que sea aquí muy diferente. ¿Qué puede hacer el ciudadano? Defenderse en la medida de sus posibilidades, y hasta el punto en que resulte juicioso, de acuerdo con las circunstancias. No es ya que delinquir resulte barato, o que la ley en España proteja al delincuente frente a las víctimas y no al revés. Es que en el momento de producirse el crimen las víctimas están indefensas. Francisco Ramírez y su familia tuvieron la suerte de que él pudo acceder a un arma, y de que sabía utilizarla.

Si los delincuentes que asaltan las casas buscan el encuentro con las víctimas es porque saben que están indefensas. En vez de rehuirlas, de intentar no encontrarse con una víctima que pueda defenderse de algún modo, el criminal sabe en España que él impone su ley y que será dueño de la situación. La solución a este contrasentido quizás esté en favorecer la seguridad privada. Además de los medios que pueda proveerse cada uno, las empresas privadas de seguridad pueden ser un buen camino para evitar estas situaciones. Y de hecho es una industria en crecimiento en España. Sin duda una de las mejores medidas que pueda tomar el Gobierno por nuestra seguridad sea favorecer las soluciones privadas, también en este aspecto de la vida ciudadana.

La ministra Salgado

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero como para ser totalitario no se necesitan muchas luces, nuestros sociatas no han reparado en el fastuoso abanico de posibilidades que la ley antitabaco les ofrece. Por ejemplo, acabar con el paro. Los dos millones de parados que aún quedan, deberían convertirse inmediatamente en funcionarios y dedicarse a perseguir el delito del fumeteo. «La brigada del sifón», podrían llamarse estos escuadrones neopuritanos; Y, oiga, a recorrer los bares apagando cigarrillos a base de chorrazos de agua carbonatada. Los varones, además, podrían llevar una salida auxiliar en la zona de la bragueta, para atajar los casos más graves o los reincidentes, sumando al carácter punitivo de la acción, el escarnio evidente de su puesta en escena. El Ministro Caldera, cuyo cadáver parece que finalmente no va a alfombrar la requisa de documentos de cierto archivo nacional, seguramente sería capaz de dejarse crecer los rizos de nuevo, con tal de ser el primero en anunciar el fin del paro en España, gracias a esta «política activa de progreso» que aquí le brindamos de forma desinteresada.

50.000 muertes al año por causa del tabaco, dice la publicidad del gobierno para justificar su coacción. Bien, el aborto provoca 85.000 y en cambio no es ya que no se prohiba, es que casi se aconseja. Vean ustedes: Cuando un médico abortista extrae parcialmente a un bebé, le clava una cánula en la nuca y lo asesina, los progres, simplemente proclamam que un derecho fundamental ha sido felizmente ejercitado. ¿Y estos son los que nos van a decir lo que hacer con nuestros pulmones? ¡Que les den por el CAC, hombre!

Confesiones liberticidas de un diputat

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

No es que quepa esperar mucho de los políticos, salvo acaso alguna puñalada trapera por la espalda. Su modus vivendi es la coacción y la represión; a diferencia de los empresarios, no se mueven en un contexto de cooperación social y voluntariedad. Su mundo es la utilización de los mecanismos policiales del Estado para dar rienda suelta a sus fantasías totalizadoras.

Aun así, la discusión sirvió para que, de modo educado, ambas partes fijáramos nuestra postura. Al menos no podemos negar la desgarradora sinceridad de algunos socialistas. Luego no podremos decir que no nos han avisado.

El Estado, custodio de la palabra

El Estado lleva siglos esquilmando y moralizando a la población. Lejos de permitirle un desarrollo apacible y pacífico, los estatistas se han afanado por imponer a los individuos su modelo de convivencia. Nos han expropiado nuestras casas, nuestras tierras y nuestras rentas; nos han prohibido tomar ciertos productos, a los que han tachado de nocivos; han impuesto y reglamentado los términos de los contratos privados; han nacionalizado los sistemas de transportes, planificando nuestros desplazamientos; han bloqueado nuestras compras al extranjero; han provocado guerras, genocidios y matanzas varias; han limitado la oferta de suelo, encareciendo el precio de la vivienda, y han creado sistemas de educación pública y obligatorios para adoctrinar y arrebatarnos a nuestros hijos.

En definitiva, el estatismo ha llegado a planificar hasta el último detalle de nuestra existencia, alcanzando unos niveles de asfixia que sólo los más serviles están prestos a aceptar.

ncluso en medio de tanta desolación liberticida, uno se creía capaz de gritar, como Blas de Otero, que nos queda la palabra. En realidad, también los socialistas se habían apropiado de la palabra, al nacionalizar el espacio radioeléctrico, pero en cierto modo todos nos consolábamos creyendo que, por muchos garrotazos que nos propinara el Estado, podríamos sollozar y protestar.

Pues no. Los estatalistas han llegado a la conclusión de que el Estado debe velar por la veracidad de las opiniones. Como dice Donaire: "La libertad de información es un derecho atribuible a los informadores, pero sobre todo a los ‘consumidores’ de la información (…) [que] tienen derecho a la información y a que la información sea veraz".

La palabra no pertenece al emisor, sino al receptor. Todo oyente tiene derecho a exigir al comunicador que no le mienta, que no se equivoque, que no ofrezca una información que perjudique al poder político. Se acabó el hablar de manera espontánea; los políticos nos marcan la pauta exacta de nuestras palabras para proteger a "los consumidores de información" de la falta de veracidad: "No podemos ‘vender’ opiniones como si fueran informaciones. Las informaciones deben ser veraces y las opiniones, por su propia definición, no".

¿Pero qué significa "veraz"? No, no se equivoquen; ni siquiera estamos hablando de que la información sea cierta, sino de que el comunicador se haya comportado de manera diligente en el momento de obtener la información.

Si el monopolio de la verdad ya resulta espantoso, el monopolio estatal de la veracidad pone los pelos de punta. Las burocracias políticas tienen poder para acallar a los medios de comunicación siempre que, según su particular opinión, no se hayan comportado de manera diligente. Los medios afines que mientan pueden no ser sancionados por haber obrado diligentemente, y los medios disidentes que digan la verdad sí podrán serlo, si los burócratas juzgan que no se han portado "bien". ¿Imaginan una mayor arbitrariedad?

De esta manera, el Estado se cubre las espaldas; a través de los Consejos Audiovisuales, los políticos pueden silenciar a todo aquel que les resulte molesto: "Se puede pensar que en determinados casos extremos en los que de forma reiterada se vulneran los principios que avalaron una determinada licencia, un organismo pueda emitir un juicio al respecto". Las licencias las han dado para que se canten sus alabanzas, para que se aplauda sin rechistar; la reiterada oposición debe ser acallada.

No nos queda ni la palabra, pues ésta resulta supervisada por un tribunal inquisitorial repleto de politicastros cuyo objetivo es expandir el Estado lactante, del que maman y engordan.

Los derechos de los consumidores de información son una patraña por la que nunca se han preocupado. El consumidor tiene derecho a escuchar lo que le plazca y a formarse una opinión a partir de la variopinta información que recibe. Lo cierto es que los políticos pretenden mascarle la información, mascársela hasta tal punto que su juicio quede anulado por los Consejos Audiovisuales.

Como también dice Donaire: "Sin ciudadanos informados no hay ciudadanos responsables". Y es que si los ciudadanos se informaran podrían acabar pidiendo más libertad y responsabilidad. Para eso se han instituido los Consejos Audiovisuales, para controlar la información que recibe el ciudadano y, así, su propia mente.

El pretexto del mal universal

Con todo, los políticos son conscientes de que los ciudadanos no aceptarán de buenas a primeras un recorte tan flagrante de libertades. Es necesario allanar el terreno para dar el gran golpe.

Cuando se quiere regular los precios de los alquileres, empezamos a oír hablar de los especuladores sin escrúpulos. Cuando se quiere aumentar los aranceles, sacan a colación la "invasión" de productos chinos. Cuando quieren incrementar los impuestos, terminan hablando de la ayuda a los más pobres.

En este caso, el diputat Donaire ha justificado así el control informativo del CAC: "Los organismos que supervisan los medios audiovisuales no son una rara avis, sino lo más normal del mundo".

La táctica consiste en convencer a la ciudadanía de que el Consejo Audiovisual es necesario porque el resto de países ya lo tienen. Si todos lo tienen, nos dicen, por algo será. El problema es que los defensores de la censura no suelen explicar en qué consiste ese "algo", o lo hacen en términos muy vagos, como ya hemos visto.

No es necesario ahondar en la evidente falacia de este argumento: si todos los países instituyeran el asesinato sumario de los disidentes, no por ello deberíamos abrazar tal medida.

Es más, lejos de extrañarnos, la creación internacional de Consejos Audiovisuales es una práctica del todo coherente con la estructura maligna del Estado. Al poder político le interesa, según hemos analizado, controlar la disidencia política. Su objetivo no expreso es que nadie proteste ante sus abusos de poder, que cuando nos apaleen asintamos gustosos.

Para ello es necesario recurrir a ciertas mordazas. La libertad de expresión es tolerada dentro de sus justos límites; no conviene que la gente se dé cuenta de cuán inútiles, innecesarios y dañinos son los políticos. En Cataluña, en España y en todo el mundo, los estatistas necesitan reprimir a aquellas personas que los incomodan.

Los políticos de uno y otro país, de uno y otro partido, cometen sus tropelías en común para justificarse mutuamente. No hay de que extrañarse: los delincuentes y las mafias también se coaligan para que sus crímenes sean más eficaces. Entre bomberos no se pisan la manguera; entre Estados absolutistas no se tiran los cetros a la cabeza.

Cuanto peor, mejor

Uno de los momentos más desesperantes del debate fue cuando Donaire fundamentó los Consejos Audiovisuales en el artículo 20 de la Constitución. El problema no es tanto si este artículo da pie o no a que se creen organismos censores, sino si debería darlo. Donaire opina que sí, y no parecía muy preocupado por ello.

Es más, según su punto de vista, el hecho de que la Constitución conculcara muchas otras libertades justificaba que también sirviera para agredir a la libertad de expresión:

"De hecho, nuestra constitución (sí, ya sé que replicarás que el PSC no cree en la constitución y bla, bla, bla) limita un montón de libertades en el capítulo de derechos y libertades: 21.2, 22.2., 22.4, 22.5, 28.2, 30.2, 33.3, 37.2… ¿Tenemos que cambiarlos todos?".

Como vemos, para los sirvientes del Estado la opresión es un argumento a favor de seguir oprimiendo, y no de relajar las cadenas. Dado que tenemos tan pocas libertades, ¿por qué escandalizarse ante la censura? Una represión más, una represión menos, ¿qué importa?

Lo sorprendente del caso es que este diputado se estaba regodeando de las múltiples restricciones a la libertad que están presentes en el articulado de nuestra Carta Magna, sin defender, ni un momento, la necesidad de reformar esos preceptos. Ya sabemos que la Constitución tiene que modificarse imperativamente para hacer referencia a la Unión Europea o para que reine la infanta Leonor; ahora bien, toda urgencia de reforma desaparece cuando de lo que se trata es de expandir nuestras libertades.

Cuanto peor sea el estado de nuestra libertad, mejor se encontrarán los políticos. Cuanto menor sea nuestra autonomía, mayor será el poder del Gobierno para dirigir nuestras vidas. Los Consejos Audiovisuales, con su declarado objetivo de controlar las palabras de todos los individuos, son un decidido paso hacia delante en la totalización del Estado.

Como dice Donaire: "Un laisez faire [sic] condescendiente, me lleva plantearme [sic] los límites de la opinión y la información". Los políticos no pueden tolerar la libertad: el laissez-faire, el dejar hacer, debe estar constreñido y limitado por sus subalternos. Una información descontrolada es una información peligrosa para el poder.

Una vez las voces críticas hayan sido amordazadas, so pretexto de no ser veraces, la única alternativa que nos quedará a los individuos será regresar a la caverna de la incomunicación y arrodillarnos ante el refundido Nodo. Y es que la única expresión que quieren oír los políticos con la mayor de las veracidades es: "Sí, bwana".


* Concretamente, en estas dos anotaciones.

La gripe de la desinformación

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El domingo se llegó a confirmar existencia de dos niños y un adulto afectados por la temida variante H5N1 del virus en la capital lo que significa que ha escapado de las cinco provincias turcas que se encontraban en cuarentena. Además, a los tres casos de Ankara podría sumársele una larga lista de afectados. Al menos 23 personas han ingresado en el Hospital Universitario de Van, la región dónde vive la familia Kocygit, y 3 de ellas se encuentran en estado grave.

Ante la desinformación general y el temor a una pandemia, se cuentan por centenares los ciudadanos que acuden a los hospitales aquejándose de los síntomas de la gripe aviar. En medio del pavor reinante el poder político, con el primer ministro turco, Recep Tayep Erdogan, a la cabeza, pide calma y que no cunda el pánico. Se habla, como de costumbre, de una alarma exagerada. Los políticos no suelen caracterizarse por su originalidad. En nuestro país la ministra de sanidad, Elena Salgado, también criticó a finales de octubre la alarma existente entre los españoles –a su juicio injustificada– que había producido la llegada a Europa de la gripe aviar. Aparte de criticar a los ciudadanos por comprar vacunas contra la gripe común y agotarlas en varias comunidades, la ministra criticó lo que denominó como "carrera competitiva" por el aprovisionamiento de antivirales para afrontar una eventual pandemia de gripe al tiempo que expresó su deseo de que no hubiese competición en este campo y de que todas las autonomías compraran la cantidad de antivirales que cubriera a la misma proporción de su población. Vamos, que lo importante no era la cantidad de medicinas sino que la escasez sea la misma en cada región de España.

Es curioso, el poder político, aquí, en Turquía y en la Conchinchina, acusa a la población de alarmarse en exceso y de no estar bien informados al tiempo que censuran una de las informaciones más valiosas que puede haber en este campo: la de las empresas que se dedican a investigar el virus y a buscar una solución. Es de locos pero la realidad es que la directiva europea 2002/83/EC prohíbe la información y la publicidad por parte de las farmacéuticas sobre sus productos, sus características y sus límites. Si la información más fiable está proscrita, ¿cómo esperan que estemos bien informados? Primero cercenan nuestro derecho a la información y luego nos acusan de no estar informados.

Y mientras tanto, la información que no nos está prohibida, la que producen nuestros políticos, es cada día más oscura y contradictoria. Mientras que, por poner un ejemplo, el ministerio de Salgado dice “tener preparados los dispositivos precisos para responder ante el muy improbable caso de que la enfermedad pudiera afectar a alguna persona”, la Organización Mundial de la Salud dice que “cabe prever que la mayoría de los gobiernos sólo empezarán a aplicar medidas de emergencia cuando la amenaza de pandemia sea incontrovertible e inmediata.” Se critica el acopio de antivirales pero la OMS destaca la importancia de aumentar la producción y el suministro de vacunas así como garantizar un acceso equitativo del mismo producto que, de acuerdo con nuestra ministra, no importa cuanto tengamos porque la OMS no ha dado una cifra concreta.

En fin, ellos se lo comen y ellos se lo guisan. Nosotros asistimos atónitos a un espectáculo de cinismo sanitario. Tenemos que estar bien informados pero sólo nos pueden informar quienes menos incentivos tienen a ser honestos. A quienes más saben y, además, se juegan tanto su prestigio como su patrimonio en caso de dar información falsa o inexacta se les prohíbe que nos informen. Alguien debería decirle a nuestros gobernantes que no son nuestros padres y que el timo de desinformarnos por nuestro propio bien no cuela.

Sustituyamos las regulaciones por el libre mercado

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

La Comisión Nacional de la Energía así como el Tribunal de Defensa de la Competencia no son más que órganos burocráticos que harán lo que sus jefes y amigos políticos les digan. Este “capitalismo de amigotes” es demasiado parecido al “estado corporativista” que concebía la economía del fascismo donde órganos relativos al estado lo dirigían todo: precios, producción, relaciones…

La economía del fascismo actuaba contra las posibles decisiones opuestas a la “unidad e interés nacional”, que evidentemente, eran las que el estado designaba. Como la expresión suena muy fuerte hoy día, y parece políticamente correcto estar a favor de la “libre competencia”, los mismos órganos han cambiado el nombre pero han manteniendo iguales fines: el poder hegemónico del Estado sobre el mercado y la gente, porque gente y mercado son lo mismo. Es francamente absurdo que unas organizaciones nacidas para el beneficio político sepan qué es mejor para nosotros cuando, en realidad, la sociedad civil siempre tiene intereses totalmente opuestos al de los políticos. Si algo no necesita la competencia es un “tribunal” inquisidor ni ninguna “comisión nacional”. Y si algo no necesita la gente es a políticos ansiosos de poder que nos digan qué es bueno para nosotros cuando las consecuencias de sus errores las pagamos nosotros, no ellos.

Recordemos que los precios de la electricidad están dirigidos por el gobierno. En todo caso, la tarea de los órganos que velan por la competencia tendría que ser la desregulación inmediata de los precios, la eliminación de cualquier estorbo burocrático, impedir la intervención del gobierno (y eso significa también eliminar todos los impuestos al sector y al consumidor de energía) y después disolverse inmediatamente. Es el intervencionismo el que reprime las opciones del cliente y que los precios no se adecuen a la disponibilidad real de la demanda. Al tener una economía intervenida sólo hay escasez permanente y pérdidas totales netas para toda la comunidad; los apagones de luz y restricciones de agua son un buen ejemplo, los dos se deben a la regulación del estado. El otro día un pequeño empresario de electricidad catalán se quejaba que el creciente intervencionismo sólo estaba dejando lugar para los monopolios de las grandes empresas, y que de seguir así, su cierre sería inmediato. ¿Usted cree que eso va a pesar en la conciencia de algún político? ¿Cómo va a innovar el mercado con monopolios de ley y un mercado organizado por burócratas? ¿Por qué un político ha de imponernos subidas de precios? Que dejen existir a cientos, miles de empresas de energía ya sean extranjeras, nacionales, provinciales, locales… y éstas ya se adaptarán a su cliente con diferentes precios, paquetes, servicios y gustos. Ninguna ley les dirá cuánto producir, cómo, ni a qué precio; lo elegirá el cliente con la opción de cambiarse de compañía siempre que quiera.

¿Y de la OPA de Gas Natural sobre Endesa? qué decir. Que la realice. Ese no es el gran problema de fondo, sino el intervencionismo que asfixia al mercado y necesidades de la gente donde, como no, el peor mal siempre será el estado que es capaz de usar cualquier consigna, ¡el “bien común”!, para sacar el máximo provecho y llenar incesantemente su bolsillo a costa de favores, libertad de las empresas y del dinero y opciones del consumidor y pagador de impuestos.

La educación de los más pobres, privada

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Habrá quien se sorprenda, pero la iniciativa privada es capaz de ofrecer educación a los más pobres entre los pobres, y aún ganar dinero. Y con una calidad que supera con creces la pública. James Tooley lleva décadas investigando cómo estudian los ciudadanos en los países subdesarrollados, y ha hecho un resumen de sus hallazgos en Los fracasos de la educación pública en los países en desarrollo y la respuesta popular. Tooley nos trae el poblado del barrio marginal de Makoko, en Lagos donde habitan unos 50.000 nigerianos. Él explica que “en Makoko (como en otras comunidades pobres de todo el mundo en desarrollo) los padres abandonan en masa la educación pública, molestos por su baja calidad, y los emprendedores educativos establecen escuelas privadas para satisfacer esta demanda. En definitiva, estas escuelas privadas, a pesar de lo que sugieran sus apariencias, son de mejor calidad que la alternativa pública, y logran estándares más elevados a una fracción del costo de la educación pública”.

Los padres que han llevado a sus hijos a las escuelas públicas y a las privadas de ese barrio nigeriano saben bien la diferencia: Una mujer le dijo a Tooley: "Vemos que en la escuela pública, los libros de los niños no se tocan nunca". Otro padre dijo: "Pasamos muchas veces cerca de la escuela pública y vemos a los niños afuera, todo el tiempo, sin hacer nada. Pero en las escuelas privadas, vemos todos los días que trabajan mucho. En la escuela pública, los niños están abandonados". Pese a que la educación pública es gratuita, los padres, con ingresos que rondan los 50 dólares al mes, les pagan a sus hijos una educación en centros privados, no menos de 30 en el barrio de Makoko.

Tooley ha investigado en todos los rincones del mundo a los que no ha llegado el capitalismo, a los que no ha llegado la riqueza que nosotros disfrutamos. En algunas áreas del mundo, como China o India, las escuelas públicas cuestan una cantidad de dinero que no es alta, pero es muy superior a la que piden las escuelas privadas, a cambio de ofrecer una educación mejor. Los padres tienen un mejor control de la educación que reciben sus hijos, y los resultados se ven. En un artículo anterior, Tooley explicó que en India la puntuación media de los colegios privados es de 19,0 puntos en lengua y 17,9 en matemáticas y, mientras que en los colegios públicos es respectivamente de 17,4 y 16,3. El absentismo de los profesores y la masificación, que son dos características habituales de las escuelas públicas, no se dan en las privadas.

Si hay empresarios que ofrecen buena educación a los más pobres del mundo, y éstos se la pueden permitir, ¿habrá todavía quien diga que en un país como España no es adecuada la educación privada porque dejaría atrás a los pobres?

Los derechos humanos gozan de buena salud

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Amnistía Internacional perdió parte de su crédito como organización seria cuando se dedicó a equiparar Guantánamo con el gulag, ese archipiélago de campos de concentración en el que murieron millones de personas. Por supuesto, ese prestigio decayó en países con cierta cultura política e histórica, donde la gente es capaz de razonar aún cuando haya de por medio críticas a Estados Unidos. Por tanto, en España aún reciben oídos cuando se dedican a mostrar sus carencias intelectuales y morales, como cuando esta semana han vuelto a denunciar que los videojuegos violan los derechos humanos. ¿De quién, cabría preguntarse, de unos cuantos conjuntos de píxels que se iluminan en el monitor?

Como bien ha resaltado Antonio, la violencia de esos juegos no está disponible a los niños, sino sólo a los niños cuyos padres lo permiten. Lo que pide Amnesia es que el gobierno viole los derechos humanos a la libertad de expresión y a intercambiar voluntaria y libremente bienes y servicios, a cambio de proteger unos supuestos derechos de la infancia que incluyen que Esteban Beltrán y los suyos hagan con los niños lo que quieran, robando a sus padres la libertad de educarlos.

En una obsesión de los socialistas de todos los partidos el imponer a todos los demás sus propias ideas morales. Su método preferido consiste en quitar la decisión a quienes más información, interés y elementos de juicio tienen para decidir para otorgarla a instancias en las que pueden meter mano. Sin necesidad de salirnos del tema y meternos en leyes como la educativa o la antitabaco, un reciente estudio realizado por asociaciones de protección a la infancia, tras unas encuestas a menores sobre el uso de videojuegos, propone en sus conclusiones que la clasificación por edades la haga un organismo independiente en la que ellas mismas estén representadas. Encima, ni siquiera es una medida que se pueda inferir de dicho estudio, que no evalúa de ninguna manera si la industria está haciendo bien o mal ese trabajo.

Una de las grandes omisiones en todas estas denuncias interesadas es la prueba de que exista relación alguna entre la violencia en los videojuegos y posibles daños a niños. El informe de Amnesia, por ejemplo, no dedica una sola línea a intentar justificar esa relación, como si fuera evidente por sí misma. Sin embargo, al igual que los niños romanos seguramente jugarían con espadas de madera a matar a sus compañeros de juegos, que asumirían a regañadientes el papel de cartagineses, los juegos violentos forman parte de la vida de todos los niños en todas las épocas, mal que le pese a esa progresía que se cree que regalando muñecas a los niños y balones a las niñas se eliminan las diferencias entre unos y otras. Pero tanto los juegos de entonces como los de ahora son eso, juegos; si hay niños incapaces de apreciar la diferencia, de poca ayuda va a resultar que existan leyes que “los protejan”.

Existe hoy una Santa Inquisición Progre que persiste en querer obligarnos a todos a someternos a sus tesis morales, por más absurdas y cambiantes con el tiempo que sean. Se definen en el “Imagine” de John Lennon, cuya letra viene a decir que el mundo sería pacífico y feliz si todos fuéramos, no como Lennon, sino como la imagen beatífica que Lennon tenía de sí mismo. Pero eso no tiene nada que ver con los derechos humanos que, visto a lo que se dedican las organizaciones del ramo en España, deben gozar en nuestro país de una extraordinaria salud.

El nuevo Ché Guevara

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

El discurso que nos ha colocado el presidente boliviano, es la tradicional colección de tópicos con la que el eje marxista sudamericano enardece a la piafante izquierda europea. La soberbia de estos revolucionarios de la ignorancia, les hace cometer gravísimos disparates que hipotecarán a sus países durante varias generaciones. Sus continuas apelaciones a grandes principios abstractos (justicia social, redistribución, revolución, anticapitalismo…) sólo sirven para anestesiar a quienes han de sufrirles, dejándoles inermes frente a la maquinaria de coacción estatal puesta en marcha. Pero lo que los iluminados de izquierda no entienden es que la economía no es una cuestión de buenas intenciones, sino de conocimiento. La sociedad interacciona de una manera natural bajo los principios de propiedad privada, seguridad jurídica y libre comercio. La tendencia humana a seguir esa suerte de piloto automático es tan fuerte, que los experimentos de ingeniería social que han buscado su aniquilación no sólo han fracasado, sino que lo han hecho anegados en sangre. La cosa es bien sencilla: Hay un sistema que proporciona bienestar y riqueza y otro que sólo produce opresión, miseria y corrupción. La elección de uno u otro camino es voluntaria; los efectos de la decisión, en cambio, son ineludibles.

La entrevista entre Evo Morales, que lo ignora todo en materia económica, y ZP, que aprendió la ciencia en un par de tardes, ha debido ser antológica. Es una lástima que la discreción de estos encuentros nos prive de conocer las grandes ideas que, sin duda, han surgido a borbotones durante ese apasionante duelo intelectual. Habrá que conformarse entonces con ver sus efectos. De momento se anuncia la condonación de la deuda del país andino con España (¿Será por talante?), pero con el compromiso boliviano de transformarla en gasto educativo. Otra ración de talante, esta vez para Él y sus negocios editoriales de ultramar.

Acaba de visitarnos la reencarnación indigenista de Ernesto Guevara, a quien el presidente boliviano rinde constantes muestras de admiración. Un Che Guevara, eso sí, con el jersey de Freddy Krugger. No es fácil saber qué da más miedo.

TDT

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Si le hubieran dado todas las licencias a Él, igual les cambiaba un poco la cara, pero es lo que tienen las regiones traidoras, que se apartan del diktat progre y se quedan tan anchas. "¿Es que no hay nadie que le diga a los jueces lo que tienen que hacer?" Se preguntaba en voz alta Felipe González en su día. Ni a los jueces ni a Valcárcel, mire usted; aquí ya hace todo el mundo lo que le da la gana.

Cuando los progres de nómina se cogen una rabieta de campeonato, es señal inequívoca de que la derecha está haciendo algo bien. No falla. Con las nuevas televisiones, un gran sector de la audiencia, actualmente huérfana de representación mediática, tendrá la oportunidad de ver programas en los que no se ofenda a sus creencias ni se insulte a su inteligencia, en los que no se haga mofa de los políticos señalados por la secta ni se hurgue en las braguetas del petardeo oligofrénico.

La verdadera pluralidad informativa, es la que permite la existencia de medios de comunicación de todas las tendencias culturales y políticas. El socialismo la entiende en su forma pervertida: Pocos medios, todos defendiendo el sesgo informativo diseñado por el clan de los ungidos y con algún invitado ocasional ajeno al cotarro para cubrir cuota y dar sensación de ecuanimidad.

Libertad Digital TV, que es el caso que más parece tocar las narices al vocero socialmurciano de mirada felina, tiene ahora su oportunidad legítima para llegar a convertirse en lo que el canal Fox News ha sido para los EEUU, la cadena informativa de tendencia liberal-conservadora que, salida prácticamente de la nada, está batiendo marcas de audiencia. La misma oportunidad tienen también ahora el resto de operadoras, cada una defendiendo su apuesta informativa. Y los espectadores a decidir libremente… mientras la alegre muchachada rojelia nos lo permita.