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Medicinas y libertad

Pero es en el caso de los medicamentos donde la cuestión adquiere un tono más trágico. La mayoría de consumidores desconoce que existe una prohibición legal para que recibamos información sobre medicinas. En efecto, el apartado 1 del artículo 88 de la directiva europea 2001/83//EC, establece que "los estados miembros prohibirán la publicidad destinada al público de los medicamentos (…) que sólo pueden dispensarse por prescripción facultativa". La medida ha de ser duramente criticada por ser contraria a un derecho elemental, cual es emitir y recibir información libremente. Pero es que además, en este caso se da la agravante de que la motivación principal de esta norma liberticida es de carácter económico, pues los gobiernos saben que si los pacientes estuvieran al día acerca de los nuevos descubrimientos de la industria farmacéutica, exigirían ser tratados con estas nuevas fórmulas, cuyo coste escapa a la capacidad financiera de los sistemas públicos de seguridad social. De esta forma, se nos mantiene en la ignorancia más absoluta acerca de nuevos remedios que podrían aliviar muchas enfermedades, lo que entra prácticamente en el terreno de lo delictivo, sin contar con que esa imposibilidad de publicitar sus productos desincentiva a las empresas farmacéuticas, muchas de las cuales ya han decidido trasladarse a Estados Unidos, lo que dice muy poco de una UE que pretende ser la principal economía mundial en 2010.

Ante la disyuntiva de salvar vidas humanas o proteger el ruinoso sistema público de seguridad social en sus últimos estertores, los políticos eligen lo segundo, poniendo el máximo cuidado en que a los contribuyentes no nos llegue información para poder opinar al respecto. Es un buen motivo para «vociferar», así que le invito a que proteste usted también. ¿O es que va a ceder a un ZP cualquiera la capacidad de decidir sobre su salud?

Boicot estatal frente a boicot privado

Cuando los argumentos terminan, los políticos deciden recurrir a la fuerza policial. Por mucho que Huguet se empeñe en distorsionar la realidad, el boicot no tiene nada que ver con la represión estatal, ni mucho menos el primero justifica la segunda. Conviene, pues, trazar una clara diferencia entre el boicot privado y los boicots estatales.

Boicot privado

El boicot privado a una empresa consiste en la decisión individual y voluntaria de no comprar un producto, por cualquier motivo. Para que el boicot sea exitoso suele ser preciso que un gran número de individuos lo siga de manera mancomunada. En estos casos el boicot puede ser liderado por algunas personas o asociaciones, pero siempre a través de la persuasión y nunca de la imposición.

La finalidad o la causa del boicot es del todo irrelevante. En ocasiones puede tener loables implicaciones políticas (como el realizado contra la petrolera Shell por su apoyo al régimen de apartheid que regía en Sudáfrica), en otras puede basarse en tópicos absurdos (por ejemplo, pretender boicotear a las empresas cuyos empleados lleven gafas). Pero en cualquier caso deben respetarse todos.

Como decía el gran pensador liberal Murray Rothbard: "Desde el punto de vista de la moral, el boicot puede perseguir objetivos absurdos, reprensibles, loables o neutrales. (…) En nuestra opinión, lo que importa, en este tema, es que sea voluntario, es decir, que se trate de una acción dirigida a intentar convencer (…) En principio, el boicot es legítimo per se".

El consumidor es soberano en el sistema capitalista. La empresarios se dirigen a servir sus intereses, que no tienen por qué estar relacionados exclusivamente con el producto ofrecido. Una empresa puede resultar penalizada por contaminar, proferir opiniones racistas, tratar de manera inadecuada a sus trabajadores o, simplemente, estar presidida por un señor poco simpático.

Y es que, en todo caso, la soberanía del consumidor consiste en la capacidad individual para boicotear a las empresas que no sirven a los individuos. La competencia de las empresas en un sistema capitalista es una competencia por satisfacer a los consumidores, esto es, por evitar su boicot: los individuos, al decidir comprar un producto, están boicoteando a los restantes, con la consecuente exhortación a que se adecuen a sus gustos, so pena de desaparecer del mercado.

Las empresas tienen que adaptarse o desaparecer si no satisfacen a los individuos. Ningún empresario tiene derecho a permanecer en el mercado en contra de la voluntad del consumidor. Cometeríamos un gran error si pensáramos que las empresas quiebran solamente por ser poco competitivas en lo relacionado con los precios; el descontento puede surgir, así mismo, de un continuado maltrato –en cualquier sentido– a los consumidores soberanos.

Boicot estatal

En sí mismo, el Estado es un boicot continuo a la sociedad, pues nos impide contratar con otras empresas los servicios que nos proporciona. Tenemos que pagar impuestos porque sí; y ese dinero que el Estado nos roba no podemos gastarlo en otras actividades. El Estado está empeñado en impedir la provisión de sus mismos servicios por otros cauces.

Otras formas de boicot las encontramos en la imposición de aranceles (el Estado pretende evitar que compremos productos extranjeros), en los precios máximos (el Estado impide que compremos a aquellos empresarios desaprensivos que venden por encima de un "precio digno") y mínimos (el Estado impide que nos "aprovechemos" de la situación de debilidad de ciertos productores). La intención es clara: en el caso de los aranceles, debemos comprar productos nacionales; en el de los precios máximos y mínimos, se nos obliga a pagar menos y más, respectivamente.

Los boicots estatales se caracterizan por implicar el uso de la violencia y la represión policial. No es el consumidor soberano quien elige, sino el político liberticida. El boicot privado es un instrumento acorde con la libertad; el estatal es un instrumento acorde con su restricción.

Es curioso cómo los políticos sólo protestan por los boicots que los ciudadanos libremente practican con sus empresas satélites. A ninguno de ellos se les ocurre levantar la voz contra su intervencionismo recalcitrante, contra sus boicots coactivos. No ya en los casos mencionados, también en el de los boicots subvencionados directa o indirectamente por el poder político. El caso de "Compreu/No Compreu" es paradigmático: los propios empresarios catalanes que no etiquetan en catalán están financiando coactivamente campañas de boicot contra sus propios productos. El colmo de las explotaciones.

Por supuesto, a pesar de esta incoherencia manifiesta (dar cobijo a boicots estatales de carácter violento y criticar los privados y libres), los políticos, en tanto personas, están legitimados para criticar los boicots privados, intentar disuadir a sus seguidores o, incluso, organizar contraboicots. Mientras no utilicen la fuerza para combatir un boicot privado, sus acciones no resultan problemáticas desde una perspectiva liberal.

Ahora bien, el reciente caso de Huguet no tiene absolutamente nada que ver con este procedimiento persuasivo. Huguet ha hecho un llamamiento a la intervención del Ministerio del Interior; esto es, a que la policía sancione a quienes induzcan a o practiquen el boicot.

De esta manera, nos trasladamos a un Estado policial y comunista, donde las autoridades asignan a cada individuo su porción concreta de productos. El consumidor deja de ser soberano y el empresario ya no produce para darle satisfacción; más bien al revés: el consumidor, forzado por el Estado, se ve obligado a proporcionar ingresos a un empresario que no lo hace feliz.

Además, Huguet ha anunciado subvenciones para las empresas afectadas por el boicot. Ya lo sabe: si vive en Cataluña, sólo tiene que denunciar que sus productos no se venden en el resto de España debido a la conspiración del boicot y el Gobierno le entregará un fardo de billetes. Nunca vivir a costa de los demás fue más sencillo.

Ahora bien, lo más gracioso del caso es que la represión del boicot privado y la subvención pública suponen, en realidad, un boicot estatal. Cuando el Gobierno nos obliga a comprar un producto nos impide gastar ese mismo dinero en otros y, por tanto, practica un boicot violento contra los mismos. El Estado pretende forzar a esos empresarios y trabajadores a que se dediquen a otros negocios, y para ello impide a los consumidores adquirirlos. Por ejemplo, si las autoridades obligan a los consumidores a comprar cava de Freixenet, se estará boicoteando el cava valenciano.

Del mismo modo, si se subvenciona a una determina empresa se impide que los consumidores adquieran otros productos con ese mismo dinero. La subvención modifica la estructura de gasto, así pues, supone un boicot estatal a ciertas empresas. La nacionalización de parte de nuestra renta tiene como propósito violentar a ciertas empresas para que cambien de actitud y produzcan otros bienes y servicios.

Los partidarios de la subvención y de la intervención policial contra los seguidores del boicot prefieren que el Estado imponga un boicot violento a que los consumidores practiquen libremente un boicot voluntario. En otras palabras, prefieren la violencia y la represión a la libre elección.

Las impagables palabras de Huguet para definir el mercado son una perfecta ilustración de la idea socialista de libertad: "Hay partes del territorio español que no se comportan como un mercado libre, porque en estas zonas no hay un comportamiento en función de la calidad-precio". Dicho de otra manera: el mercado no es libre cuando los consumidores actúan en libertad; el mercado libre se consigue cuando los consumidores actúan como quiere Huguet: forzados por la represión policial.

Parece que esta gente nunca entenderá que el libre mercado no se basa en un comportamiento robótico y reactivo entre los precios, sino en una elección individual y continua de aquellos comportamientos que más feliz hacen a cada persona.

El boicot a los productos de las empresas catalanas que apoyan el estatuto podrá parecernos adecuado o torpe, pero en todo caso es legítimo. Huguet, con su retórica fascistoide, sólo pretende domeñar a los consumidores para que se gasten el dinero en productos que no les gustan. Pretende, en definitiva, suplantar la soberanía del consumidor por la soberanía de los politicastros.

No es una novedad, pero queda suficientemente claro que el Tripartito catalán tiene poco apego a la libertad.

Intervencionismo a todo gas

La Sherman Act es, a pesar de la retórica intervencionista, una legislación pensada para impedir la libre competencia en Norteamérica. En claro contraste con esos orígenes, los estados miembros de la Unión Europea no contaron con una legislación antimonopolio hasta la década de 1950. La explicación a este hecho seguramente sea que por aquel entonces el deporte preferido de los gobiernos europeos consistía en vaciar la cartera de los ciudadanos a base de erigir todo tipo de empresas monopolísticas. Sin embargo, cuando se constituye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero los estados miembros recelaron del uso que los demás gobiernos podían hacer de su legislación para imponer tributos encubiertos al resto de los ciudadanos de la Unión a través de la monopolización de ciertas actividades. Así las primeras medidas europeas antitrust nacieron para evitar el control político sobre la actividad económica.

No hay más que mirar el caso de la OPA de Gas Natural sobre Endesa para darse cuenta qué poco queda de aquellos bienintencionados comienzos. Pensemos, por ejemplo, en que Gas Natural disfruta de las rentas que le otorgan las barreras legales de entrada a su mercado establecidas por la administración española y que con esas rentas pretende comprar la mayor compañía eléctrica española. Desafortunadamente ese sometimiento político no representa un hecho que hoy en día merezca la atención de las autoridades europeas antitrust.

Como es bien sabido, el principal accionista de Gas Natural es La Caixa, una caja de ahorro que, como todas, está controlada por el poder político de su región de origen. Las cajas son instituciones financieras que se dedican a expandir la masa monetaria para satisfacer el hambre de control político de sus amos. Al desconocer la propiedad privada, no son opables por individuos o empresas capaces de darle una mejor utilización a sus recursos. Por increíble que parezca, tampoco este control político ha merecido la atención de la Comisión Europea.

Ni siquiera el impago de un suculento préstamo concedido por La Caixa al partido del ministro de industria, el regulador del ramo, tiene la más mínima importancia. Aquí ya no incumbe que el poder político trate de intervenir la libertad de mercado. Lo único que importan son las apariencias. Que las empresas no sean “demasiado grandes”. Da igual si se logra gracias a ofrecer fantásticos productos que los consumidores adquieren, a las rentas monopolísticas o al apoyo de una institución financiera que responde a designios políticos.

También es el volumen lo que determina el estudio de los casos por parte de la Comisión Europea. La regla es que sólo se estudian los casos de OPAs en los que alguna de las empresas en cuestión realiza un tercio de su negocio en el ámbito europeo. Curiosamente Endesa sobrepasaba este porcentaje según las nuevas normas de contabilidad exigidas por la propia UE., pero no hay regla que resista a una reunión política de alto nivel.

Por su propia naturaleza el poder político se traduce en la promoción del intervencionismo a todo gas. Así que si queremos promover la libre competencia tenemos que acabar de una vez por todas con las cajas de ahorro y con las instituciones políticas diseñadas para la defensa de la competencia perfecta por medio de la aniquilación del libre mercado.

Agencia Española del Canon por Nada

Para Lozano, que las entidades crediticias ofrezcan cacerolas, baterías de cocina o lo que sea que gratifique al cliente por la contratación o aportación a los planes de pensiones es directamente aberrante “porque no encajan en la filosofía del producto”. Como solución quiere “estudiar qué tipo de promociones pueden encajar con estos productos y cuales no” según su criterio partidista. Sólo él, como planificador central en lugar de multitud de clientes y empresas, decidirá cómo han de ser los planes de pensiones. Efectivamente, el señor Lozano es otro dictador de la producción.

Pensemos en el coche de motor frente al de caballos, el estilo de escritura periodístico contra el de la prosa “erudita”, e incluso el ordenador contra la máquina de escribir. Algunos tildaban estas innovaciones de tonterías, otros de prostituir su digno origen, otros decían que sólo los usaban las personas incultas… La pregunta que nos hemos de hacer a esto es, ¿y? ¿Qué problema hay si uno escoge lo que quiere sin coacción? Es más, si lo paga, es por que quiere.

Lozano no es nadie para eliminar nuestra libertad de elección ni la libertad de las empresas diciéndoles qué ofrecer y qué no. Porque no todas ofrecen regalos, algunas usan la estrategia “anti regalos” para vender sus propios planes. Esa es la ventaja del libre mercado: diversidad; y es que a más libertad económica y financiera mayor innovación y pluralidad.

Uno de los argumentos del señor Lozano para aplicar su política de coerción es que los regalos encarecen el producto porque nada es gratis. Pero también lo encarecen el salario de los trabajadores, el inmovilizado, los impuestos que paga la empresa, las absurdas leyes a las que se ha de acoger ésta quiera o no… Y es que el único peligro para el futuro del cliente y empresa sólo son los costes coactivos que dictan el estado y órganos reguladores, no los costes nacidos de la libertad y voluntariedad, porque es gracias a estos últimos que se puede ofrecer el producto que demanda el cliente. ¿Cree que si la empresa paga más impuestos o estuviese más regulada haría mejores productos? La planificación central nunca ha dado sanos resultados.

El concepto de “gratuidad” me ha recordado el artículo 27.4 de la Constitución española: “la enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. ¿Es que miente la constitución? Sí. De hecho, según Magisterio Español, cada alumno cuesta 3.700 euros a los españoles. La diferencia entre la gratuidad del artículo constitucional y los regalos de los planes es el mismo que hay entre la coacción y la voluntariedad. A la educación pública contribuimos todos queramos o no a punta de pistola, porque si no pagamos, el estado tomará represalias contra nosotros ya sea usted soltero, pareja sin hijos, o lleve a sus descendentes a escuelas privadas (y es que privatizarla, sólo nos aportaría ventajas). Pero abrir o hacer aportaciones a un plan de pensiones es un acto voluntario y libre donde nadie se ve obligado a nada. La entidad que mejor se adapte al cliente, ya sea con cacerolas, sorteos o televisores es la que tendrá el mayor beneficio sin coaccionar a nadie.

Un técnico nos puede aconsejar, pero jamás ha de tener la capacidad de escoger por nosotros, porque sino, habremos creado una injusticia contra los trabajadores, directivos y accionistas de una empresa y contra los clientes de ésta. Y además, habremos mutilado la libertad y la tendencia del mercado; y el mercado es usted, porque es el cliente quien le dice a la empresa por donde ha de ir y por donde no, aquella empresa que no sabe escuchar a su cliente pierde el plebiscito de éste pagándolo con pérdidas.

Cuando alguien le diga de regular el mercado por razones técnicas o de bien común, no lo hace para su bienestar, sino para imponerle su moral frente a la suya, y a eso jamás se le puede llamar bienestar ni prosperidad, sino la tiranía de las buenas intenciones, que en resumen, no es más que tiranía.

Ricardo Lozano y la libertad de elegir

Una de ellas estaría representada por Thomas Jefferson, que toma a la libertad individual, el gobierno mínimo, los derechos de los Estados frente al gobierno federal y el aislacionismo como claves de su visión de la política. La otra la encarnaría su oponente, Alexander Hamilton, y por otras grandes figuras como Henry Clay, Abraham Lincoln (primer presidente del partido Republicano) o Teodoro Roosevelt. Quieren crear lo que se llama “sistema americano”, con un poder central poderoso con el que hacer amplias reformas, transformar el modelo económico y favorecer desde el Gobierno la prosperidad general. Jefferson, decía Brooks, ha fracasado y este es el momento de aferrarse al legado de Hamilton.

Se puede decir que George W. Bush ha elegido en parte el segundo camino. Está aumentando el gasto a un ritmo solo superado por el derrochador Lyndon B. Jonson y está introduciendo un sistema socializante en la educación y en la sanidad. Pero su política tiene elementos de signo contrario, como su modesta propuesta de reforma del sistema de pensiones o su inconstante pero decidida política a favor de la expansión del comercio mundial, frente al proteccionismo del “sistema americano”. También se puede considerar que su rebaja de impuestos va en el sentido opuesto. Pero la rebaja de tipos lleva generalmente a un aumento de la actividad económica y a un aumento, no a una disminución de los ingresos públicos, como está pasando en los Estados Unidos.

No obstante, la política de Bush está llevando a los republicanos a abandonar los principios de gobierno limitado que le habían caracterizado, frente a un partido Demócrata que se ha convertido en el campeón del gasto público, la regulación y el Estado Providencia. Esto resulta casi paradójico, porque si uno observa con cuidado las elecciones presidenciales y legislativas desde la primera victoria de Ronald Reagan, las victorias del partido republicano coinciden con grandes promesas de aferrarse a los principios de poco gasto y bajos impuestos y más autonomía para los ciudadanos. Las últimas elecciones, Bush logró una victoria espectacular. Pero con un discurso liberal, aunque su política se estuviera ya dirigiendo hacia un creciente gasto federal. A estas alturas los estadounidenses no se llaman a engaño. Y quienes apuestan por más Estado prefieren a los Demócratas, mientras que una parte del votante tradicional republicano puede verse traicionado o mal representado. Esta es una de las causas detrás de la caída en la valoración del presidente Bush.

Pero en Estados Unidos, mucho más que en Europa, los partidos están constituidos por corrientes internas. Allí, los partidos son plataformas electorales que congregan a grupos distintos con unas pocas ideas en común. Y hay toda una corriente dentro de los republicanos que no está nada conforme con la dirección a que está llevando George W. Bush a su partido. Y esto es cierto especialmente entre los más jóvenes, más preocupados por luchar contra la mano muerta del Estado Providencia y de la socialización de los servicios. Es muy difícil que el partido Republicano, dirigido por el poderoso Bush, cambie radicalmente. Pero el resultado de las elecciones legislativas de 2006 servirá para saber qué dirección tendrá que tomar el GOP en 2008, la de Hamilton o la de Jefferson.

Bush, Hamilton, Jefferson

La justificación que ofrece esa cabeza privilegiada que es Rodríguez-Salmones para prohibir definitivamente la copia privada es que eso equivale a "comprarse un coche y dejar todas las puertas abiertas para que te lo roben". El problema, y una de las justificaciones más habituales para quienes dudan de que la propiedad intelectual deba mantenerse, es que el coche que te roban dejas de tenerlo tú. Sin embargo, la copia de una canción o película no impide que el propietario de la misma deje de disponer de ella.

De hecho, si nuestra pepera predilecta puso un ejemplo tan poco preciso fue porque se lo copió al presidente de la Unión Videográfica Española que, sin embargo, puede seguir utilizándolo en sus conferencias y ruedas de prensa sin problemas. Esta respetable organización merece que se tomen sus opiniones en consideración aunque cualquier persona prudente lo hará con la distancia que merecen las de cualquier lobby, en este caso de distribución de vídeo. De hecho, dado que la copia privada se hace voluntariamente y sin ánimo de lucro, sería un ejemplo igualmente falso pero más ajustado a la realidad indicar que el gobierno quería limitar a tres los amigos a los que podíamos dejar nuestro coche y Rodríguez-Salmones quiere eliminar esa posibilidad.

Para nuestros legisladores, los derechos de autor son un bien de tal naturaleza que nadie se plantea si debe o no ser protegido por ley, sino más bien cómo debe ser protegido. La concesión graciosa del derecho de copia privada fue realizada porque no se podía evitar que la gente intercambiara música y películas. Ahora que el legislador considera que se puede evitar con medidas tecnológicas, se elimina ese derecho porque ejercerlo equivale a robar coches, nada más y nada menos. Quizá Rodríguez-Salmones considera que una gran mayoría de los españoles son ladrones pero yo tengo mejor concepto de mis vecinos y, para qué engañarnos, de mí mismo. Tan buen concepto tengo de ellos que sé que las medidas tecnológicas que se quieran implantar serán sistemática y cuidadosamente destruidas una por una, porque si se puede escuchar, se puede copiar.

Dado que, sin embargo, populares y socialistas tienen tanta fe en lo contrario, la modificación de la ley permite y apoya la adopción de medidas anticopia por parte de compañías como las discográficas y cinematográficas, cuyo escaso respeto hacia nosotros ha sido demostrado recientemente por el caso del “rootkit” de Sony. Esta empresa publicó discos con un sistema anticopia que instalaba software espía sin permiso y sin conocimiento del comprador cuando éste se disponía a escucharlo en su ordenador. Un software espía, instalado así en medio millón de computadoras, que facilitaba la creación de virus que lo utilizaran para infiltrarse en los aparatos infectados, hacía Windows más inestable y propenso a fallos y, encima, incumplía las leyes de derechos de autor al incluir sin permiso código que no era suya. Gracias, Sony. Pero qué majos que sois, caramba.

Sin embargo, quizá el más asombroso prodigio de ese partido que nos emocionaba el sábado con un hermoso discurso en el que hacía descansar la defensa de la nación en argumentos liberales, es la creación de una nueva burocracia estatal: la Agencia Española de Propiedad Intelectual. Los populares proponen que se cree un nuevo engendro que, entre otras cosas, albergará la sagrada Comisión de copia privada, en la que la mitad de su número par de miembros será nombrado por la SGAE y demás sacamantecas afines, mientras el resto se dividirá –divide y vencerás, oigo decir al fondo de la sala– entre fabricantes y usuarios. Esa comisión decidirá el montante del canon por copia privada impuesto sobre soportes como los CDs y DVDs vírgenes. Es curioso: se hace desaparecer el derecho a realizar una copia privada mientras se construye una burocracia dedicada a decidir cuanto pagaremos a cambio de poder ejercer ese derecho. ¿Ustedes lo entienden? Yo tampoco. Será cosa de cerebros privilegiados como los de Rodríguez-Salmones y la Camarada Carmen Calvo Poyatos.

Los escamots de ZP

Pero que un asaltapiscinas y sus escamots enmascarados se dediquen a la performance totalitaria frente a un medio de comunicación, no es lo sustantivo. En última instancia, hablamos de los representantes de una fuerza necesariamente marginal, con un discurso político antisistema, cuya relevancia política, hoy desgraciadamente decisiva, proviene únicamente de los beneficios que le reporta la existencia de un endiablado régimen electoral.

Lo relevante en esta cuestión, es la respuesta que el estado de derecho opone a sus provocaciones, de ahí que las declaraciones al respecto del Presidente del Gobierno, adquieran un especial interés por su carácter liberticida.

En su entrevista televisiva, R.Z. saldó la cuestión afirmando que ni le gusta que se ataque a los medios de comunicación, ni el mensaje agresivo de alguno de ellos; como ven, se trata tan sólo de una cuestión de paladar. Pero en el primer caso hablamos de un delito y en el segundo, del ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión. Poner ambas cuestiones en el mismo plano de legitimidad, acota perfectamente la forma en que el gobierno entiende el funcionamiento de la democracia. El acoso intimidatorio a la sede de un medio de comunicación mediante manifestaciones no autorizadas, constituye, en efecto, un delito. El deber de R.Z., más allá de sus gustos personales (bastante dudosos por otra parte, a tenor de sus lecturas y amistades) es, como político condenarlo y como Presidente del Gobierno impedirlo o, al menos, castigar severamente a los culpables. De lo contrario, está actuando como el juez que considera una atenuante del delito de violación, cuando no un eximente, el hecho de que la víctima vistiera minifalda. Con esa decisión, el magistrado pierde su legitimidad como árbitro del derecho, exactamente igual que R.Z. perdió la suya el pasado miércoles como garante de nuestra libertad.

Ahora bien, lo más productivo de la famosa entrevista fue la confirmación presidencial de que “habrá nuevo estatuto para Cataluña”. John Kerry, Angela Merkel y el referéndum francés sobre el tratado de la UE, son tres importantes muescas en el revólver profético de ZP, que no es que sea gafe, es que es letal. Por tanto, cuando proclama abiertamente su vaticinio de que “habrá nuevo estatuto”, podemos estar seguros de una cosa: No lo habrá. También pronosticó que el Barça ganará la Champions League y Ronaldinho no deja de llorar desde entonces, sin contar la gravísima lesión de Xavi, ocurrida esta misma mañana. ¡Con lo esperanzados que estábamos este año todos los culés!

Ecomarxismo

Las asociaciones ecologistas más combativas tienen un componente totalitario decisivo. De ahí que, en lugar de elegir para sus campañas eslóganes en clave positiva ("defendamos a la culebra parda", o "Ama la naturaleza, coño"), prefieran otros mensajes más contundentes, como el cachondo "Murcia no se vende", que patrocina cierto conglomerado ecomarxista regional.

Bien, en primer lugar es necesario desbrozar si la oración se ha de entender en sentido reflexivo o imperativo. Dado que Murcia no existe como sujeto jurídico, difícilmente puede venderse a sí misma, así que tendremos que entender el eslogan como una orden tajante a todos los propietarios de bienes raíces, para que eviten hacer uso de su derecho de propiedad sin el visto bueno de estos supremos vigías de la ortodoxia rojiverde.

El manifiesto que hicieron público el pasado domingo es, en sí, una pieza literaria, más interesante por lo que sugiere que por lo que expresa. Entre lo lacrimógeno y lo amenazante, el texto desgrana un completo memorial de agravios muy poco coherentes. Por ejemplo, nos advierten de que en los últimos diez años se han construido más viviendas en Murcia que "en toda la historia de esta región milenaria" (sic). Hombre, cualquier persona sensata encontraría en ese aserto un motivo de satisfacción, por lo que supone para el desarrollo y el bienestar de los murcianos. En cambio, para la cosmovisión ecomarxista, se trata del efecto nocivo de un modelo económico inaceptable, no por el daño medioambiental, dado que la mayoría de urbanizaciones sospechosas están en secarrales indómitos, sino porque hay gente que está haciendo mucho dinero y ese es el mayor pecado para una mentalidad socialista, que tiene su razón de ser en lo que Fernández de la Mora llamó "la envidia igualitaria".

Si se detecta algún caso de corrupción, al juzgado caiga quien caiga. Mientras tanto, dejen a los ciudadanos hacer uso de su propiedad libremente, como si estuviéramos en un Estado de Derecho.

El monopolio estatal de la verdad

No se puede sostener, a la vez, que todos los hombres somos iguales pero que unos tienen que dirigir la vida de otros a través del Estado. No se puede defender, al mismo tiempo, que el empresario explota a los trabajadores por apropiarse de una parte de su salario y que el Estado, en cambio, los protege robándoles la mitad. No se puede, en definitiva, argüir que el socialismo es concordia y el capitalismo un régimen salvaje, cuando el primero se basa en la violenta expropiación de todas las propiedades y el segundo en las relaciones y los acuerdos voluntarios de las personas.

Dada la natural podredumbre de sus bases intelectuales y de su lógica argumental, la izquierda, animada por su gula estatólatra, no ha tenido más remedio que utilizar la propaganda para difundir su credo liberticida. Pero no ha podido evitar caer en contradicciones tan graves como las anteriores: utilizar la libertad de expresión para defender su entierro prematuro.

Una vez tomado el poder mediante arengas e indisimulados embustes a las masas, sus falacias, contradicciones y falsedades no han dejado de acentuarse. El caso más escandaloso es el de las revoluciones comunistas, que, tras haber prometido la abundancia sin límites, la eliminación del trabajo y la libertad irrestricta para el ser humano, sólo trajeron miseria, esclavitud y salvajes genocidios.

La socialdemocracia también cae en clamorosas manipulaciones. Su entramado burocrático y ultraintervencionista del Estado de Bienestar no deja de ser una reelaboración del Estado fascista y corporativista de Mussolini; una maraña de fracasos y de recortes progresivos de la libertad. Nos prometen bienestar, pero sólo nos han traído un mastodonte estatal que se nutre de nuestros impuestos y de nuestro trabajo.

La burocracia se ha extendido al son de unos grupos de presión que se alimentan de los ciudadanos desorganizados y apolíticos para seguir medrando sobre la plataforma del malestar redistribuido. El Estado social se convierte en el mecanismo para desocializar a las personas, para enfrentarlas unas con otras, para reclamar prebendas, privilegios, fueros y subvenciones. Todo el mundo, como ya dijera Bastiat, pretende vivir a costa de los demás; todo el mundo quiere utilizar el Estado para esclavizar a sus conciudadanos.

George Orwell entendió perfectamente este carácter zalamero del socialismo: apelar a unos valores para aniquilar su contenido y su virtualidad. El Ministerio de la Abundancia ofrecía pequeñas porciones de abundante hambruna, el del Amor insuflaba amoroso odio a diario, y el de la Paz servía para librar pacíficas guerras sin final. En cierta manera, el granero ideológico de la izquierda se nutría de estos tres ministerios. La izquierda es, por partes iguales, pobreza, odio y violencia. La pobreza es su destino, el odio su origen y la violencia su instrumento.

Pero la piedra angular del socialismo, el engranaje que permite que el odio se transforme en pobreza a través del ejercicio de la violencia, es la mentira. No en vano el cuarto ministerio de Orwell, el protagonista de 1984, es el de la Verdad.

La izquierda sólo puede sobrevivir con la mentira y en la mentira. Controlar el pensamiento resulta, pues, un punto esencial en su plan estatalizador. Por un lado, hay que atar a los nuevos pobladores que vienen al mundo. Todo españolito tiene que pasar por los centros de adoctrinamiento que el Estado, mediante el dinero confiscado a todos los españoles, ha esparcido por el territorio nacional. Por otro, el control del espacio radioeléctrico se convierte en una histérica prioridad para dar voz a los corifeos del régimen y silenciar a todo aquel que socave los pilares de "la convivencia"; de la convivencia política con el poder, el nepotismo, el dirigismo y la corrupción.

Toda dictadura –toda apoteosis del Estado– necesita controlar, cercar y encarcelar a la verdad. En consecuencia, necesita asentar su propio sistema educativo y tener firmes a los medios de comunicación.

El Gobierno autonómico de Cataluña ha ido asfaltando de manera incesante ese camino de servidumbre que todo Estado quiere hacer recorrer a los individuos. Y conviene recordar –tanto a los catalanes dormidos en los laureles como al resto de españoles, cegados por un extra de libertad cada vez más devaluado– que hablamos de Cataluña no porque su situación sea única con respecto al resto de España, sino porque sus rasgos despóticos están bastante más pronunciados.

La apelación a la lengua catalana ha servido como salvoconducto para que los ciudadanos aguantaran los desmanes colectivizadores de su Gobierno. La educación debía ser transferida a los dirigentes catalanes para que extirparan con urgencia el cáncer españolista. A ningún político catalán se le ocurrió sugerir que, si de verdad existía una demanda social para formar a la población en el espíritu catalanista, la solución más adecuada pasaba por privatizar la educación y dejar que los padres eligieran libremente.

En realidad, la lengua, la cultura y el resto del andamiaje ideológico del nacionalismo –en Cataluña– y del socialismo –en todas partes– han sido meros pretextos para asaltar las aulas y formar ciudadanos afectos al poder político.

Por supuesto, no podía faltar la otra pata de la propaganda política: el control de los medios de comunicación. Esta semana hemos asistido a la pasmosa pretensión de asignar a un organismo público la facultad para distinguir entre el Bien y el Mal (entre la Verdad y la Mentira), y sancionar en consecuencia.

La aprobación de la Ley Audiovisual de Cataluña supondría que el CAC –la consejería de la Verdad orwelliana– tendría capacidad para, teledirigido desde la Administración, forzar una completa homogeneidad ideológica. La censura redomada se integraría en los resortes del intervencionismo autonómico.

De hecho, la imposición de dos sanciones por haber "mentido" –según el particular criterio de los mayores mentirosos patrios: los políticos– acarrearía la retirada de las licencias de comunicación (art. 51.4 e).

Aparte del hecho deplorable de que los políticos se atribuyan la propiedad de las frecuencias radioeléctricas, el procedimiento para acabar con cualquier atisbo de crítica al poder estatal resulta palmario: todo aquel disidente será sancionado en dos ocasiones, y a partir de ese momento su voz se esfumará de las ondas catalanas.

El problema de todo esto no es, ni mucho menos, que el árbitro encargado de imponer las sanciones no sea imparcial. La cuestión es qué imparcialidad sirve para justificar la censura. Los mismos progres de pana que se han pasado décadas criticando al Santo Oficio por juzgar opiniones doctrinales de miembros que voluntariamente formaban parte de la Iglesia se erigen ahora como inquisidores de la verdad. Aquel que no comulgue con ideología oficial, con los buenos modos y costumbres, con el barniz talentoso de los represores, no tiene derecho a hablar.

La dictadura de los buenos modales con el poder ha llegado a convencernos de la falsa legitimidad que tiene el Estado para censurar a aquellos que mienten. Desde aquí quiero reivindicar el derecho a hablar y a mentir; porque el derecho a mentir es el derecho a equivocarse y la posibilidad de rectificar.

No necesito de censores que me sellen la boca y me afeen la conducta. No necesito de un estándar de veracidad. No necesito de censores que vigilen cada palabra que emito. No necesito de organismos que regulen, organicen y estructuren mis palabras. Cada ser humano tiene el derecho a expresarse de acuerdo con sus ideas y conciencia, por muy falsas o equivocadas que las podamos juzgar. Qué lejos quedan en España las palabras de John Milton en Areopagítica: "Dame, por encima de todas las libertades, la libertad de saber, de expresarme y de hablar libremente de acuerdo con mi conciencia".

Pero la izquierda, que nace y medra en la mentira, pretende esconder sus orígenes combatiendo en otros su propio componente genético. Precisamente porque el ser humano tiene el derecho a mentir, la izquierda tiene el derecho a existir.

El estatalismo, consciente de su condición y sus debilidades, pretende una vez más imponer por la fuerza sus ideas salvajes, antisociales y liberticidas. Nosotros, los liberales, también debemos ser conscientes de que la mentira, su mentira fundacional, es la gran debilidad del socialismo y del antiliberalismo en general.

En medio de los horrores del comunismo, el nazismo y el intervencismo, uno de los defensores más enérgicos del liberalismo en toda la historia, Ludwig von Mises, adoptó como lema propio una frase de Virgilio que se convirtió en el estímulo de su lucha diaria contra los enemigos de la libertad: Tu ne cede malis, sed contra audentior ito, esto es, "nunca cedas ante el mal, combátelo con mayor audacia".

Sin duda, son momentos para hacer nuestra la frase.

ZP no es el garante del mercado, sino el problema

ZP se cree el Dios de la moral y de la producción, pero como a todo potencial Dios terrenal siempre le ha faltado el artefacto represor que hiciese posible llevar a cabo su obra divina. Efectivamente, la maquinaria represora del Estado ha convertido a ZP en el redentor mesiánico que siempre ha ansiado.

Sin duda alguna, al auténtico Dios no le harían falta leyes, impuestos, ni crear deuda pública o manipular la oferta monetaria a su antojo para conseguir su fin porque Él sería capaz de hacer lo imposible: convertir los recursos escasos en ilimitados. Eso sería fantástico porque la economía ya no tendría sentido y todos disfrutaríamos de todo tipo de lujos sin hacer nada: comida, vivienda, automóviles, escuelas… Todo nos lo ofrecería la naturaleza. El problema es que ningún ser humano puede cambiar esta situación, y si lo intenta mediante el uso de la fuerza, tomando el poder del Estado, veremos las típicas señales de cualquier dictadura de la producción: pérdida de nuestro poder adquisitivo, de libertad y el asesinato del individualismo. En otras palabras, cuando un gobernante cree que él, como Dios terrenal, y sus ángeles (ministros) son los garantes del bienestar económico entonces nos convertiremos en los esclavos de los dirigentes políticos.

El Estado siempre es una molestia para la economía privada y desarrollo. Lo mejor que puede hacer es no meterse en los asuntos de los demás, porque cuando lo hace no es para nuestro bien, sino para su bien a nuestra costa. De hecho, ¿cuántos euros ha visto usted de los 130 mil millones (sin contar déficit ni deuda) que despilfarra el estado?

La rebaja, ni siquiera eliminación, de impuestos que ha prometido ZP puede parecer una contradicción a lo apuntado, pero no es más que otra promesa que carece de valor real. La única buena noticia, en lo que se refiere al impuesto de sociedades, sólo puede ser una: eliminarlo inmediatamente. Porque si el impuesto es perjudicial para la economía de aquí cinco años también lo es ahora, mantenerlo sólo obedece a motivos recaudatorios, electoralistas y partidistas.

Usted tal vez crea que eliminar la gran mayoría de los impuestos sea imposible, pero no es menos imposible que eliminar los accidentes automovilísticos, la violencia en las calles o el consumo de drogas. La única diferencia es que eliminar los impuestos sólo nos enriquecerá a todos, mientras que permitir que el Estado tome la responsabilidad de suprimir los males que “provoca” el perverso hombre–blanco–judeocristiano estimulará que los políticos nos roben más dinero, libertad con leyes y castigos y anulen nuestra voluntad individual. Además, aquellos males de los que el dictador moral nos responsabiliza seguirán existiendo habiendo nosotros traspasado nuestro dinero y libertad al estado para nada.

El único garante del (libre) mercado y solidaridad es el hombre libre, no el Estado ni burócratas que se enriquecen a nuestra costa ¡Hay algo más antisolidario que la usurpación violenta de su dinero! Un catalán no necesita a un político para comerciar con un aragonés o un madrileño, el interés personal de cada uno de ellos creará esa solidaridad interterritorial que ZP quiere para él. Cuando el político crispa el ambiente, la solidaridad y comercio desaparecen. Que se lo cuenten a Freixenet.

¿De verdad cree que un grupo de funcionarios como ZP o Montilla saben gestionar su vida y economía mejor que usted? Si los políticos le dejan sin dinero no serán ellos quienes lo paguen, sino usted.