En realidad, a los socialistas no les irritaba el hecho de que la calle fuera el cortijo particular de un político, sino que no fuera su cortijo. De la misma manera, uno puede recordar la avalancha de críticas, procedentes de la izquierda, que recibió Aznar cuando prometió "limpiar las calles" de pequeña delincuencia. Por lo visto, el socialismo siente una filia irresistible por el robo, los atracos y la intimidación. No es de extrañar, pues, que padeciera una acentuada urticaria cada vez que algún político prometía –aun para no conseguirlo– acabar con la criminalidad.

Combinando las dos filias de la izquierda (la propiedad pública de las calles y su pasión por la criminalidad) inferimos cuál será su obsesión con respecto a las calles: dominarlas para erradicar todo atisbo de libertad.

No debe extrañarnos, por tanto, que el insigne alcalde de Barcelona haya propuesto una nueva "Ordenanza para garantizar la convivencia" que articula el típico sistema represivo y neoinquisidor que tanto agradada a la izquierda.

Solamente el nombre de la ordenanza ya ilustra perfectamente la mentalidad socialista: pretende ordenar la vida de las personas a través de la dirección y del poder político. Como ya dijimos, para la izquierda sólo puede existir la sociedad como fruto de la consciente planificación del político. Los barceloneses necesitan de los mandatos coactivos de su ayuntamiento para poder convivir. O Clos o el caos; a pesar de que con la ordenanza vayan a sufrir a Clos y el caos.

El contenido del anteproyecto es francamente escalofriante y opresor. Clos quiere construir una ciudad de autómatas, de hombres grises sin personalidad ni vida propia. La izquierda odia las desigualdades, no puede tolerar la visión de ciudadanos con distintos modos de vida, con diferentes formas de comportarse. Fuera de casa, en la calle, en los espacios públicos, los ciudadanos deben mantener las formas, deben actuar conforme al estándar de "ciudadano catalán idealizado". Ninguna desviación resulta aceptable.

Por ello, ciertos grupúsculos de indeseables deben ser eliminados, al estilo de la antigua URSS. Y es que el único lenguaje que entiende la izquierda es el de la violencia, la coacción y la represión.

Mendigos y otros maleantes

La ordenanza castiga la mendicidad reincidente con multas de hasta 3.000 euros. Los socialistas no pueden consentir que en su burgo, en su Nueva Jerusalén, exista la pobreza. Al fin y al cabo, ¿no era misión de la izquierda erradicar las desigualdades y el hambre en el mundo? ¿Cómo puede ser que en la propia Barcelona, ciudad progresista por excelencia, haya gente menesterosa? Mejor será esconderla.

Así, las multas irán acompañadas de una reclusión en los centros sociales públicos con el objetivo de "reeducar". Quizá Clos piense que los mendigos barceloneses no han entendido los principios del socialismo militante; en lugar de pedir en la calle, deberían reclamar la subvención pública. Los cineastas españoles saben bastante de esto.

En realidad, con la reclusión estamos ante un intento deliberado por erradicar a los individuos "incómodos", de apartar a los mendigos de la sociedad. Los barceloneses deben ser pulcros y elegantes: no puede consentirse semejante afrenta a la buena imagen internacional de la ciudad.

Vagos y maleantes deben desaparecer del paisaje urbano e institucionalizarse, convertirse en parásitos del ayuntamiento, en una especie de nuevos esclavos; de nuevos juguetes con los que justificar el incremento del gasto social y de la intervención pública.

En lugar de expandir su libertad, de eliminar las restricciones legales que condenan a miles de personas a la pobreza –como es el caso del salario mínimo–, la izquierda sólo tiene en mente continuar con su dirigismo y planificación. No da para más.

La persecución del inmigrante

Ya explicamos en su momento por qué la retórica proinmigración de la izquierda está hueca. Los socialistas quieren hundir en la miseria a los inmigrantes para utilizarlos como ariete político. No les interesa que toda esta gente se asiente, se integre y se enriquezca: en ese caso, en lugar de demandar más intervencionismo, pasarían a clamar por una mayor libertad, de la que es enemiga la izquierda.

En este caso volvemos a comprobarlo. Muchos inmigrantes se ganan la vida dignamente vendiendo CD y DVD, satisfaciendo y amenizando la vida de muchos ciudadanos. Es un proceso típicamente capitalista: ambas partes salen beneficiadas de la transacción.

De manera similar, el PSOE irrumpe en esta transacción con un proceso típicamente estatalista: impedir las relaciones libres entre dos individuos. Tanto el cliente como el vendedor de los "top manta", por obra y gracia del alcalde de Barcelona, podrán ser sancionados con una cuantía de hasta 500 euros. Ya sabe: la próxima vez que le ofrezcan un CD asegúrese de que la policía del pensamiento y las buenas costumbres no esté cerca.

Los antiguos amigos del sexo libre

La actitud neoinquisitorial de la izquierda se demuestra, una vez más, en el caso de la prostitución. Al margen de la calificación moral que nos merezca tal dedicación, lo cierto es que los socialistas nos vendieron durante mucho tiempo una imagen abierta, "progre" y defensora del derecho de un individuo a trabajar en la prostitución. Sólo la derecha cavernaria, afirmaban, podía oponerse a la "libertad de la mujer" para utilizar su cuerpo como mejor creyera conveniente.

Lo cierto es que, en última instancia, la derecha liberal se ha mostrado mucho más respetuosa con las prostitutas –aun cuando considere inmoral su forma de ganar dinero– que la izquierda propagandística. Los liberales son conscientes de que cada persona es libre de hacer cuanto quiera mientras no dañe a los demás.

El PSOE, como es habitual en su tradición, parece no adherirse al valor de la libertad individual; prefiere la coacción colectiva. La ordenanza es clara: tanto la prostituta como el cliente podrán ser sancionados con 500 euros. Nuevamente, la izquierda vuelve a meterse en la cama de los ciudadanos. Cuando aún no hemos conseguido sacarla de nuestros bolsillos –de hecho, cada vez está más adentro–, sus ínfulas intervencionistas se dirigen a erradicar la intimidad y privacidad de los seres humanos. No es de extrañar, por tanto, que un colectivo de prostitutas de Barcelona haya tachado la ordenanza de "dictatorial". Dictatorial y totalitaria, con todas las letras.

¿Y las pancartas?

Las proclamas del "No a la Guerra" pasarán a la historia; al menos, eso parece deducirse de la prohibición de la "contaminación visual" que contiene la ordenanza. Carteles, pancartas y panfletos quedan prohibidos. Es evidente que la izquierda desprecia la libertad de expresión. Siempre lo ha hecho. La restricción del espacio radioeléctrico o el Estatuto del Periodista son dos pruebas más que evidentes.

Con esta ordenanza, además, se propone evitar la difusión de cualquier idea en las ciudades. Si un barcelonés quiere protestar contra su "excelente" ayuntamiento podrá ser sancionado con una multa de hasta 3.000 euros. De esta manera, el poder político pretende conseguir el silencio total y absoluto de la disidencia.

Por poner un ejemplo, los vecinos del Carmel no sólo serán ignorados, a pesar de la agresión política que sufrió su propiedad privada; tras esta ordenanza ni siquiera se les permitirá criticar que el Consistorio socialista los margine.

Se acabaron las buenas épocas liberales de los panfletos y los libelos. La izquierda, ante su analfabetismo ideológico, teme que la gente le lleve la contraria. Por eso pretende acallarla.

Conclusión

Los neoinquisidores utilizan una táctica enormemente eficaz: reprimir al ciudadano y recordarle que tanta coacción no tiene otra finalidad que conseguir su propio bienestar.

En realidad, nos encontramos ante otro intento deliberado por controlar todos los resortes sociales, eliminar la libertad de los individuos y subordinarlos al poder político. El socialismo es un movimiento neoinquisitorial que busca ajustar a todos los individuos en sus retorcidos moldes de comportamiento. Odia la desigualdad y, por tanto, la persigue.

Clos busca unas calles limpias de maleantes, desviados, degenerados subversores, gandules y pobretones. Unas calles arias, en definitiva. La ideología de la pureza racial trasladada a nuestras "obligaciones cívicas" en la vía pública. Nuestra mejor convivencia requiere que nos convirtamos en esclavos del Estado.

Ahora bien, no creamos que el antiliberalismo redomado de Joan Clos es la excepción entre nuestra clase política. Otros, en este caso del PP, no tan tardado nada en atribuirse la paternidad del engendro regulador. De hecho, quienes más han aplaudido el texto izquierdista en el ayuntamiento de Barcelona han sido los concejales del PP y los nacionalistas de CiU. Pocas esperanzas podemos tener en que los políticos protejan nuestra libertad, cuando son sus principales conculcadores.

Al fin y al cabo, como decía Hayek, socialistas los hay en todos los partidos; y me temo que, en España, defensores de la libertad no lo hay en ninguno.

Pensemos solamente en el agua corriente, la luz eléctrica, el frigorífico, la lavadora, el automóvil, el teléfono o la televisión. Ninguno de estos "lujos" estaba a disposición de los grandes monarcas del pasado, mientras que hoy los asumimos como dados.

El capitalismo no sólo sentó las bases económicas e intelectuales para que tales invenciones tuvieran lugar, sino que, sobre todo, multiplicó su cantidad y las generalizó para las masas de consumidores, entre los que se cuentan los trabajadores.

Esta favorable evolución del bienestar de los trabajadores ya debería constituir una razón de peso para que dejara de relacionarse el sistema capitalista con la inmisericorde explotación del obrero. Pero además el círculo del disparate se completa si tenemos en cuenta que muchos siguen considerando el socialismo como la vanguardia proletaria, el motor del progreso de las clases trabajadoras.

Como evidenciaremos a continuación, las políticas intervencionistas del socialismo son del todo hostiles a los intereses del trabajador. En concreto, analizaremos dos de sus políticas estrella: el salario mínimo y los costes del despido.

Salario mínimo

El salario mínimo (SMI) condena a muchos individuos al mínimo bienestar. Hace unas semanas el Instituto de Estudios Económicos auguraba un incremento del desempleo en España si el SMI ascendía a 600 euros.

En principio, la opción de que el Gobierno vaya incrementando el SMI parece atractiva: las clases bajas (las perceptoras) cada vez obtendrán un mayor sueldo, lo cual mejorará su situación. En realidad, como ya vimos la semana pasada, el salario queda determinado entre dos márgenes: la productividad marginal del trabajador (es decir, el valor de lo que produce) y el salario marginal (el salario que percibe el último trabajador que permitiría sustituirlo).

Al incrementarse el salario por decreto, pues, pueden suceder tres cosas: que supere el límite superior, que se quede entre ambos o que esté por debajo del inferior.

En el primer caso los resultados son letales. El Gobierno impone al empresario que pague al trabajador más de lo que éste produce. Imaginen que tienen contratada a una persona y que estiman que su contratación les reporta unos ingresos de 1.000 euros. No obstante, el Estado les exige que le paguen 1.100 en concepto de salario. ¿Seguirían contratándolo? Al empresario le resulta más rentable despedir al trabajador que acumular pérdidas mensuales de 100 euros (o simplemente no lo contratará desde un principio). Por tanto, la primera posibilidad es que el salario mínimo arrastre al paro al trabajador.

En el segundo caso el trabajador puede salir beneficiado a corto plazo, pero a costa de perjudicar gravemente a otros obreros. Imaginemos que un trabajador reporta al empresario unos ingresos de 1.000 euros. Sin embargo, éste sabe que puede sustituir en cualquier momento a aquél por otro individuo que trabaja en la empresa vecina y que cobra 500. Por ello mismo, como ya explicamos, el empresario no pagará más de 500 euros al trabajador, aun cuando le reporte unos ingresos de 1.000.

Supongamos ahora que el Gobierno fija un salario mínimo de 700 euros. En ese caso, el trabajador de la empresa vecina será despedido (ya que el SMI superará su productividad marginal) y la remuneración de nuestro trabajador subirá hasta 700, ya que al empresario le sigue resultado rentable contratarlo (pues le proporciona unos ingresos de 1.000 euros). Aquí, pues, el salario mínimo se ceba con las clases más bajas y menos cualificadas. Algunos trabajadores ven incrementado su salario, pero otros quedan relegados al paro permanente.

Por último, en caso de que el salario mínimo se sitúe por debajo del límite inferior, sus efectos serán nulos. Si yo cobro 1.000 euros y establecen un salario mínimo de 200 no hay repercusión alguna.

Así pues, los efectos de un incremento del salario mínimo podrán ser dos: o inutilidad o nocividad. O es irrelevante (imaginemos que en España se establece un SMI de un euro al mes) o es nocivo (beneficiará a los trabajadores más productivos a costa de destruir miles de puestos de trabajo).

Tanto el PP como el PSOE acometieron ingentes subidas del SMI. En su opinión, los trabajadores obtenían un beneficio neto gracias a sus políticas. Es curioso, sin embargo, que ninguno de ellos propusiera elevarlo a, por ejemplo, 1.500 euros. ¿Es que el mismo razonamiento que se aplica a los 600 euros no sirve para los 1.500? ¿Es que acaso nos ocultaban que los incrementos del SMI acarrean siempre consecuencias indeseables?

Es necesario recordar que quienes más sufren este incremento son los individuos con menor experiencia y cualificación, esto es, jóvenes e inmigrantes. Como siempre, la izquierda al lado de los más débiles.

Costes al despido

El despido debería ser libre. Tanto el empresario como el trabajador deberían tener el derecho a rescindir el contrato sin penalización alguna. En caso contrario pasamos a un régimen de semiesclavitud: o bien el empresario podría obligar al obrero a trabajar para él o bien el trabajador podría obligar al empresario a pagarle un salario.

Los partidarios de dificultar el despido afirman que, en caso contrario, la mitad de los trabajadores del país terminaría en la calle. Es curioso cómo esta misma gente compatibiliza esta opinión con la de que el empresario explota al trabajador. ¿Cómo puede explotarse a quien acabas de despedir? Si el empresario se lucra robando al trabajador parte de su producción, ¿qué sentido tiene el despido masivo de trabajadores? ¿A quiénes explotarían entonces los empresarios?

Lo cierto es que los costes sobre el despido suponen una minoración del salario del trabajador, dado que añaden un elemento de incertidumbre al cálculo empresarial. El empresario, sin duda, contempla la eventualidad de que el trabajador no rinda tanto como espera (o de que se produzca un cambio en la demanda de los consumidores que haga que esa ocupación deje de ser rentable) y, por tanto, que tenga que prescindir de sus servicios.

En tanto el Gobierno penaliza ese error con los costes al despido, el empresario reducirá el salario del trabajador para financiar el "coste extraordinario" que le supondrá despedirlo. Esto será tanto más cierto cuando la fiabilidad del trabajador sea escasa: los casos de falta de experiencia o de baja cualificación. Nuevamente, jóvenes e inmigrantes sufren un mayor descuento en su salario (dado que la incertidumbre con ellos es mayor).

Ahora combinemos ambos efectos: supongamos que el descuento sobre el salario que provocan los costes al despido es tan grande que el sueldo que debería percibir un trabajador se sitúa por debajo del SMI. ¿Qué sucederá en ese caso? Obviamente, que el empresario no contratará al trabajador. Más paro; especialmente, más paro entre los eslabones más débiles de la sociedad.

Conclusión

Si en el primer artículo demostramos cómo el capitalismo enriquece a los trabajadores, en éste hemos analizado la miseria de dos políticas típicamente socialistas. En el corto plazo, el salario mínimo y los costes al despido suponen un incremento del paro. Si esas políticas continúan perpetuándose (de manera que los incrementos en la productividad empresarial lleven aparejados incrementos del salario mínimo y de los costes al despido), el paro también lo hará.

A largo plazo, además, estas políticas suponen una reducción en la inversión empresarial y, por tanto, una menor capitalización, que se traduce en unos salarios más bajos.

La política laboral del intervencionismo, pues, provoca dos consecuencias nefastas para los trabajadores: más paro y menores salarios.

En este sentido, resulta inexplicable que una ideología tan contraria a los intereses de los trabajadores haya merecido el calificativo de "obrerista". La política laboral del Partido Socialista Obrero Español no puede ser más antiobrera. Poco menos puede decirse del PP (autor en su momento de frecuentes incrementos del SMI), salvo que, al menos, no comete la desfachatez de considerarse obrero.

Eso sí, por muy nefastas que resulten las políticas izquierdistas para toda la sociedad, seguirán aplicándose con mano de hierro a través de la coacción estatal. La gloria de los políticos es la ruina de la sociedad. También de los trabajadores.

En este artículo veremos cómo la izquierda desconoce los principios económicos más fundamentales cuando realiza tales afirmaciones. Ni los capitalistas explotan a los trabajadores, ni los salarios se reducirían a niveles de subsistencia en caso de que el intervencionismo estatal desapareciera.

¿Qué es un salario?

Pensemos en un agricultor. Si lo que cultiva tarda tres meses en dar fruto, le será necesario haber acumulado ahorros que le permitan sobrevivir durante ese tiempo. Es evidente que al final del período el agricultor se quedará con el 100% de su producción. Ahora bien, esta producción ¿cabe entenderla como un beneficio o como un salario?

Aunque quizá algunos clasifiquen al agricultor como trabajador, si tenemos presente la definición de beneficio (el exceso de ingresos sobre los costes) veremos que, a diferencia de lo que opinaban Adam Smith y Karl Marx, la renta de aquél no es un salario, sino beneficio puro: incurre en unos costes (especialmente de oportunidad) para obtener unos ingresos que los superen.

Supongamos ahora que nuestro agricultor decide jubilarse al cabo de 20 años, y que en lugar de ir consumiendo sus ahorros prefiere contratar a otro individuo para que trabaje por él en su huerta. Sólo en este caso aparecerá la renta del salario. Así, el salario queda definido como el precio pagado por el capitalista a cambio del alquiler de los servicios de otra persona.

Nuestro agricultor tendrá que compartir una parte de sus beneficios con el trabajador; a esta porción la llamaremos "salario". No sólo eso: además, deberá abonarle el salario antes de que la producción madure. No será necesario que el trabajador espere los referidos tres meses: el empresario le otorgará su porción con cargo a sus ahorros. Es decir, el capitalista adelanta el salario al trabajador antes de obtener los beneficios.

Los salarios, pues, no son más que una porción del beneficio. No cabe afirmar que el capitalista no explota al trabajador apropiándose de su salario, como afirman los marxistas. No existe plusvalía: el salario es una minoración de las ganancias empresariales puras; y, sobre todo, es fruto de un acuerdo voluntario entre las partes y beneficioso para ambas. En caso contrario, ni uno ni otro lo hubieran firmado.

¿Cómo se determina el salario?

En principio, el salario tiene un límite máximo: los beneficios esperados en la producción. Ya que los salarios son una porción del beneficio, difícilmente pueden superarlos. Sin embargo, si nos fijamos detenidamente veremos que esta apreciación no es exacta. Hemos dicho que el capitalista adelanta el salario al trabajador, por tanto el límite máximo no puede ser el beneficio total.

Al adelantar el dinero en tres meses, el agricultor deja de percibir un interés por sus ahorros. En otras palabras, si el capitalista pagara el 100% del beneficio esperado en concepto de salario sufriría un coste por el interés dejado de percibir: mientras que el trabajador cobraría hoy todo el beneficio, el agricultor no dispondría de ese dinero hasta pasados tres meses (durante los cuales no percibirá interés). En este sentido, el límite máximo del salario del trabajador es el beneficio esperado, descontado por el interés; o, expresado en palabras más técnicas, la productividad marginal descontada del trabajador (esto es, el valor presente del fruto futuro de su trabajo).

Esto es válido tanto para el primer trabajador como para los sucesivos. El capitalista contratará a un nuevo trabajador cuando considere que los beneficios esperados se incrementarán por encima de su salario; es decir, nuevamente, el límite máximo vendrá dado por su productividad marginal descontada.

¿Y cuál es el límite mínimo? Para averiguarlo añadamos otro supuesto a nuestro ejemplo. Imaginemos que el trabajador del agricultor cobra un salario de 500 euros; en cambio, otro trabajador de la finca adyacente percibe 300 euros por una labor similar. Si el agricultor cree que éste es capaz de proporcionar el mismo rendimiento, lo contratará por un salario ligeramente superior (pongamos 310 euros) y despedirá a aquél. Así, podemos decir que el límite mínimo del salario viene determinado por la remuneración más baja de entre aquellos trabajadores que el capitalista cree que van a proporcionarle un mismo servicio. O, dicho más técnicamente, el salario del trabajador marginal.

Entre estos dos límites, productividad marginal descontada y el salario del trabajador marginal, se fijarán los salarios.

El papel del capital

Antes de continuar tenemos que referirnos brevemente al papel del capital. Ya hemos dicho que los empresarios tendrán que adelantar el salario a los trabajadores con cargo a los ahorros. Por tanto, la duración del proceso productivo quedará constreñida por las disponibilidades de ahorro. Si, por ejemplo, un capitalista dispone de 10.000 euros y cada mes tiene que pagar 1.000 a su trabajador, el período de producción no podrá ser superior a 10 meses. En caso contrario, el empresario se hallará en suspensión de pagos y no podrá pagar al trabajador.

En principio, pues, parece conveniente que los períodos productivos no sean demasiado duraderos; cuanto más cortos, mejor. No obstante, ésta es una idea primaria y equivocada, ya que se da la circunstancia de que a mayor duración del proceso productivo, mayor productividad. Por ejemplo, si antes de empezar a cultivar el trabajador se dedicara a fabricar un tractor, el período productivo se incrementaría (por la construcción del tractor), pero la producción final también sería más elevada.

Así pues, aunque sería preferible que los períodos productivos fueran muy duraderos, éstos vienen limitados por la cantidad de ahorros.

Por qué el capitalismo enriquece al trabajador

Después de esta exposición nos será más sencillo entender de qué manera contribuye el capitalismo a enriquecer a los trabajadores. Bajo el sistema capitalista el capital se vuelve cada vez más abundante con respecto al trabajo. Es decir, el trabajo se vuelve relativamente más escaso con respecto al capital.

Esto se traduce en dos efectos sobre los límites de determinación de los salarios. En cuanto al límite máximo, hay que tener presente que el incremento del capital (esto es, de los ahorros) permite extender el período productivo y, por tanto, los beneficios. Si esto es así, el límite máximo en la determinación de los salarios aumentará (cuanto mayor sea la productividad marginal descontada del trabajador, mayor podrá ser su salario). En nuestro ejemplo, si la producción del trabajador pasa de estar valorada en 10.000 euros a 20.000, el salario máximo al que éste podrá aspirar ahora será el valor presente de los 20.000 euros.

En cuanto al límite mínimo, esto es, el salario del trabajador marginal, también se verá sometido a incrementos. Cuanto más abundante sea el capital, mayor será la productividad de todas las ocupaciones de la sociedad. Así, los perceptores de salarios más bajos verán incrementada su remuneración, lo cual, además, servirá para incrementar el límite mínimo del resto de trabajadores. Trasladándolo a nuestro ejemplo: si el trabajador de la finca adyacente pasa a cobrar 350 euros, en lugar de 300, el salario del trabajador de nuestra huerta se ubicará entre 350 y 500 (y no entre 300 y 500, como antes). Es decir, el trabajador ganará poder de negociación.

No sólo eso: supongamos que, por esa misma acumulación de capital, los beneficios en nuestra finca, al introducir un nuevo trabajador, se incrementaran en 400 euros. Queda claro que estaríamos dispuestos, en este caso, a contratar al trabajador del campo vecino ofreciéndole una cantidad que se ubique entre 350 y 400 euros. Por tanto, o bien el otro agricultor le paga más de 400 euros o, finalmente, lo contrataremos nosotros.

Vemos, pues, que bajo el sistema capitalista ambos límites, máximo y mínimo, tienden a expandirse, y así también el salario (en tanto se ha de contener necesariamente entre esos dos límites).

Conclusión

Bajo el sistema capitalista (caracterizado precisamente por la acumulación de capital) el trabajo se va volviendo relativamente más escaso con respecto al capital. Ello significa que su utilidad –y por tanto su salario– es cada vez mayor. Cuanto mayores sean sus usos alternativos y mayor sea el valor de éstos, más elevada será la remuneración del factor trabajo.

La crítica de la izquierda carece por completo de fundamento. Sólo un sistema basado en la propiedad privada y la iniciativa empresarial es capaz de incrementar el nivel de vida de los trabajadores.

Las políticas intervencionistas, como analizaremos en el próximo artículo, son del todo pérfidas y dañinas para el interés de los trabajadores. Es decir, como siempre, la izquierda reprime a quien dice defender. Nada nuevo bajo el Sol.