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¿Dónde va nuestro dinero?

El mes que viene tendrá lugar en Túnez una cumbre mundial sobre la sociedad de la información organizada por la UIT, el organismo de telecomunicaciones de la ONU, cuya principal función será hacer de plataforma propagandística antinorteamericana por negarse a ceder a las benditas manos de los burócratas internacionales el control sobre Internet. Y eso, en el mejor de los casos; es decir, en el caso de que los useños no cedan.

Ya resulta significativo que sea en Túnez donde se celebre esta reunión repleta de burócratas inútiles de varios países, que deciden como entrometerse en nuestras vidas empleando para ello los hoteles y restaurantes más lujosos y pagando con nuestro dinero; es decir, esta cumbre mundial. Han elegido para pedir a Estados Unidos el control de Internet un país que encierra a la gente por criticar al gobierno en la red. Muy propio de la ONU, sin duda. Tampoco cabe duda que ese pequeño detalle será ocultado por la mayor parte de los medios, que consideran que toda lo que sale de dicho organismo está bendecido y, si está corrupto, es corrupción santa y justa; si produce resoluciones liberticidas es porque hay demasiada libertad; y si produce falsos consensos científicos es porque la realidad es errónea.

El gobierno de Internet, que es un organismo privado llamado ICANN situado en Estados Unidos, es un gobierno bien reducido. Se limita a decidir el reparto de números IP entre naciones (algo así como si repartiera los prefijos telefónicos) y la decisión de quien se encarga de gestionar los nombres de dominio genéricos como el .com, pues los de cada país lo decide el gobierno del mismo (por eso los dominios de Somalia carecen de dueño). Entre las quejas en su contra, la más repetida es el temor de los gobiernos de países enemigos a Estados Unidos a que éste les “desenchufe” de Internet, una protesta ridícula que ha sido formulada recientemente por Irán. Desenchufar de Internet a Irán significaría cortar la influencia occidental sobre ese país y facilitar un mayor control total sobre la información por parte del régimen. ¿Qué beneficio traería a la población y a la política exterior useña? Ninguno, y por eso no ha estado nunca sobre la mesa de ICANN tomar una acción semejante contra ningún país. Ese supuesto temor se emplea como excusa para aprovecharse del antiamericanismo ambiente como palanca en la que impulsar la propuesta de ceder a la ONU el control de Internet.

Ya hay ley en Internet sin necesidad de la ONU. Si usted vive en España comete en Internet un delito según nuestras leyes será detenido del mismo modo que lo sería si lo comete fuera de la red. Lo que pretende esta cumbre es que Robert Mugabe pueda participar en la decisión de si está usted cometiendo o no un delito. Pretende que Irán pueda tener más control para machacar a los opositores a los ayatolás. Pretende que la colaboración con el régimen chino deje de ser una obligación legal para las empresas situadas allí para serlo de todas.

Internet ha conseguido que incluso en los regímenes más opresivos, con la excepción de Corea del Norte, haya entrado un soplo de libertad. Meter a los gobiernos por la puerta de atrás en el control de la red sería un suicidio para Internet.

Los burócratas ansían Internet

No hay nada de malo que usted done dinero a una fundación. Tampoco importa en absoluto que usted haga la donación a una fundación con fines humanitarios (aunque probablemente se lo acabará quedando algún dictador), a una fundación que defienda una determinada postura ideológica, a la Iglesia… Al fin y al cabo, es su dinero, haga con él lo que quiera.

Pero sí que hay un problema cuando es el estado quien se dedica a hacer las donaciones. ¿Por qué? Porque evidentemente no es su dinero, sino que es dinero arrancado de forma ilegítima al pagador de impuestos. No importa a qué fines vaya a destinar el dinero del pagador de impuestos; ese dinero es dinero sucio; dinero que le han arrancado a usted y que dedicará a los fines que a él le convengan.

Tal vez usted sea “pro israelí”, o tal vez sea “pro palestino”, pero probablemente, sea del grupo que sea (si es que simpatiza con alguno) nunca le daría dinero a los que considera unos “enemigos”. ¿Acaso le ha preguntado el estado si le parece bien a usted que done su dinero a tal grupo o tal otro? No. El estado no respeta nada: ni su propiedad por arrebatarle el dinero, ni su libertad para hacer lo que usted quiera.

Pero más lejos de ahí, el estado, mediante las donaciones a fundaciones, se dedica a financiar sus propias organizaciones. Evidentemente todos los partidos llegan a rápidos acuerdos a la hora de cerrar este capítulo. Aquí van unos ejemplos con los nombres de las fundaciones, dinero que reciben y partidos afines a las que pertenecen:

– Fundación FAES: 2.128.755 euros de euros (PP).

– Fundación Pablo Iglesias: 2.085.437 de euros (PSOE).

– Fundación Rafael Campalanys: 350.558 euros (P. Socialista de Cataluña).

– Fundación por la Europa de los Ciudadanos: 177.145 euros (Izquierda Unida).

– Nous Horizons: 51.872 euros (Iniciativa per Catalunya-Verds).

– Fundación Ramón Trias Fargas: 138.434 euros (Convergencia Democràtica de Catalunya).

– Institut d’Estudis Humanistics Coll i Alentorn: 46.145 euros (Uniò Democratica).

– Josep Irla i Bosch: 144.089 euros (ERC).

– Sabino Arana: 93.007 euros (PNV).

– Galiza Sempre: 46.105 euros (BNG).

– Gaspar Torrente: 20.823 euros (Chunta Aragonesista).

En total se destinarán este año 2005: 5,28 millones únicamente a las fundaciones de los partidos. Algunos tal vez le digan que son migajas comparado con el total del presupuesto estatal, pero es que con esos cinco millones de euros se pueden hacer muchas cosas mejores. Ese dinero es suyo y el estado no tiene derecho alguno a sacárselo para beneficiarse. Si usted es del PP no le va hacer mucha gracia que su dinero se vaya al PSOE, y si usted es de ERC no querrá que su dinero se vaya a manos de los dirigentes del PP para que lo usen, todos ellos, en fines propagandísticos que usted muy probablemente no aceptaría.

Pero como he anotado antes, ese no es todo el dinero que el gobierno se dedica a regalar; y es que las ONG, cada vez más, se financian con dinero que el estado ha recaptado en impuestos. Lo de “NG”, “no gubernamental”, cada vez está teniendo menos sentido. Algunas ONG incluso han visto en la generosidad de los estados un medio perfecto para financiar sus grupos más radicales y armados. Cuando algo así sale en los medios de comunicación todo el mundo se escandaliza, pero ningún político hace nada.

La próxima vez que un político le diga que los “impuestos son buenos”, no se lo dice porque vaya a usar ese dinero en usted, sino porque se va a quedar con una generosa parte o porque se la dará a algún amigo suyo.

Víctimas del talante

Los niños asesinados en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza no murieron por ser "constitucionalistas", sino por españoles, que es "una de las pocas cosas serias que se puede ser en esta vida". Es una perogrullada pero conviene recordar, ahora que todo se olvida, que los terroristas no asesinan para deteriorar una democracia en la que no creen, sino para destrozar a España. La nación es lo sustantivo; su forma política sólo coyuntural, adventicia.

Pero es que además, en la situación actual, con los políticos de algunas regiones en abierta rebeldía constitucional bajo la sonrisa cómplice de quien un día juró cumplir y hacer cumplir los preceptos de la Carta Magna, el decir que uno muere por la Constitución del 78 es como afirmar que se ha ido al otro mundo defendiendo la ley de costas o el reglamento del catastro. Una gilipollez, que diría el insigne alcalde lorquino.

El consenso de partidos, siguiendo el férreo dictado de la izquierda, trazó una línea en el tiempo que dividía a las víctimas en malas o buenas según hubieran caído antes o después del seis de diciembre del 78. El origen de esta halitosis moral hay que buscarlo en los estertores del franquismo, cuando contra el régimen valía todo, hasta el asesinato de guardias civiles andaluces o extremeños, a los que se administraba un responso clandestino para sacarlos por la puerta de la sacristía en una caja de pino con destino a su pueblo.

Ahora parece que se anuncian movilizaciones contra el último embate del separatismo. Si es para reivindicar "el espíritu de la transición", a mí que no me esperen. No pienso escupir a los muertos dando vivas al proceso que los convirtió en carne de cañón.

En realidad, lo único práctico en toda esta época de desahucio moral colectivo, es que las víctimas no tendrán que cambiar las siglas de su asociación: AVT, Asociación de Víctimas del Talante.

El abrazo del oso

El socialismo se ha caracterizado desde siempre por estas prácticas antiliberales; robar a los ricos para ayudar a los pobres se considera una práctica no sólo justa, sino eficaz. Por desgracia, tampoco los conservadores han estado exentos históricamente de estos desafortunados comportamientos. La prohibición de las drogas, la censura de ciertos comportamientos "obscenos" o la obstrucción a un mercado de órganos han sido reivindicaciones frecuentes de quienes siguen considerando el Estado como un instrumento de cambio y gestión social.

Con todo, puede que una de las peticiones más conocidas y con mayor raigambre social sea la de proteger a las familias para estimular la natalidad. Recientemente, por ejemplo, el colectivo Hazte Oír ha exigido a Zapatero el cumplimiento de su compromiso de pagar 100 euros al mes a todas las madres de España con niños de hasta tres años.

Lo triste de este caso es que es difícil discernir quién está siendo más antiliberal: si ZP por haberlo prometido o Hazte Oír por recordárselo cuando parecía haberse olvidado.

El fallo de esta petición es de base. Precisamente cuando Zapatero pretende expandir sus poderes sobre la sociedad para someterla a través de sangrantes impuestos y regulaciones totalitarias, no conviene dar al capitoste de la izquierda excusas para incrementar su poder mediante súplicas de ayuda.

El Gobierno tiene que limitarse y reducirse; debemos combatir su paternalismo absorbente, su ataque continuo a la estructura familiar para sustituirla y aniquilarla; debemos impedir que nos bautice, nos case y nos entierre. Y, desde luego, la mejor manera de defender a la familia de las zarpas estatalistas no consiste en convertirla en un apéndice del Ministerio de Asuntos Sociales.

Si realmente queremos proteger a la familia debemos impedir este progresivo proceso de fagocitación según el cual el Estado define, controla, planifica y financia a la familia. Debemos evitar que una de las grandes obsesiones de la izquierda –romper los lazos de fidelidad y unión entre los miembros de la unidad familiar para sustituirlos por el sometimiento del individuo al Estado– se convierta en realidad.

Argumentos sociales

Los defensores de estas rentas periódicas para las familias suelen aducir dos tipos de argumentos para justificarlas. El primero, que podríamos denominar "argumento social", consiste en afirmar que las familias tienen derecho a una retribución del Gobierno. A su vez, este derecho suele defenderse con una pléyade de razones: la sociedad tiene que ayudar a cada familia a llegar a fin de mes, las familias son acreedoras de la sociedad por "criar" a las generaciones futuras en una especie de mandato o delegación, o bien porque uno de sus miembros (generalmente la mujer; las denominadas "amas de casa") desempeña un trabajo en el hogar que merecería ser retribuido como si de un trabajo por cuenta ajena se tratara. Sin embargo, ninguno de estos argumentos tiene fundamento.

Primero, cada familia debe planificar cuántos miembros es capaz de criar y mantener. No tiene sentido que dos personas decidan traer al mundo un número de niños que no van a ser capaces de manutener. Imaginemos que todos los individuos tuvieran más niños de los que pueden acoger con sus recursos financieros –presentes y futuros–: ¿sería éste un comportamiento responsable? ¿A quién pediríamos los fondos para sustentarlos? Está muy bien que una pareja quiera tener hijos –muchos hijos–, pero no está tan bien que quiera tenerlos a costa de los contribuyentes.

Segundo, la familia tiene la obligación de criar a sus hijos. No es un privilegio renunciable, y mucho menos una obligación endosable al resto de la sociedad. Es más, la idea de que la familia merece una retribución por ser una especie de mandataria de la sociedad para que críe y eduque a los niños pequeños hasta que se vuelvan ciudadanos adultos es una idea totalmente colectivista.

Los niños no son mercancías propiedad de la sociedad, entregadas a dos personas (la familia) para que los críe y los eduque hasta que crezcan. En realidad, la familia es el núcleo de vida de esos niños, la sociedad no tiene ningún tipo de derechos sobre ellos. Por lo tanto, dado que la familia no es un instrumento de la sociedad para el "cultivo" de adultos (no es una red de pequeñas piscifactorías del Estado), tampoco merece un "salario" en concepto de "servicios prestados".

Sin duda, pocas cosas hay más peligrosas para la supervivencia de la familia que esta absurda concepción, pues supone de facto su nacionalización y eliminación como institución privada y libre.

Tercero, el trabajo de las amas (o amos) de casa es totalmente respetable, pero no por ello deben recibir una renta. A diferencia de lo que ocurre con los salarios, el ama de casa trabaja para sí misma y su familia. Los frutos de su trabajo (tener una casa limpia y habitable) redundan por entero en su bienestar. En el trabajo dependiente y por cuenta ajena, en cambio, un individuo (trabajador) alquila sus servicios a otro (empresario), a cambio de los cuales percibe un salario. Es un intercambio libre y voluntario entre "servicios" y "salario".

Decir que las amas de casa merecen un salario, que debe ser pagado por el Estado (o más exactamente, por el resto de contribuyentes), es equivalente a señalar que también lo merece el estudiante que ordena su habitación, o el individuo que corte leña para calentar su hogar en invierno. El trabajador percibe el fruto de su trabajo o, en caso de que haya vendido anticipadamente ese fruto, un salario. Dado que el ama de casa no ha vendido nada, tampoco debe proporcionársele coactivamente un salario.

¿Por qué el Estado tiene que obligar a un individuo X a que le pague a otro individuo Z cuando éste limpia su casa? ¿También, entonces, deberán pagarnos un salario cuando mantenemos limpio y sano nuestro cuerpo (esto es, cuando vamos al gimnasio, nos duchamos, nos lavamos los dientes y nos echamos colonia)?

Argumentos económicos

Junto a los argumentos sociales tenemos otros estrictamente económicos, a saber: que es rentable para la sociedad que el Estado invierta en la promoción de la natalidad. Las razones por las que se suele señalar que una amplia natalidad es beneficiosa económicamente son variopintas. Sin embargo, nos conformaremos con citar dos: las externalidades positivas del crecimiento poblacional y el sostenimiento del sistema de pensiones.

Los defensores de la doctrina de las externalidades positivas son declarados antimalthusianos (no sin razón). En su opinión, una mayor población supone un mayor crecimiento económico debido a una división del trabajo más profunda, una mayor especialización de cada individuo y una cantidad superior de genios. En otras palabras, el crecimiento de la natalidad produce unas externalidades positivas por las que las familias no se ven recompensadas, lo que hace que la cantidad de niños sea "socialmente subóptima" (esto es, que nazcan menos niños de lo adecuado). En consecuencia, el Gobierno tiene que incentivar los nacimientos a través de una paga periódica.

Sin embargo, el argumento tiene una pequeña contradicción. Si el crecimiento es bueno en tanto que favorece una mayor división del trabajo, ¿cómo puede defenderse la redistribución estatal de la renta, que, precisamente, supone la destrucción de la división del trabajo? Tengamos presente que el impuesto produce una redistribución ineficiente de la renta, apartándola de sus usos prioritarios, determinados en cada momento por la división del trabajo. Por ello, los impuestos ponen fin a la división del trabajo y la sustituyen por una organización socialista de la producción (es el Estado quien decide dónde deben invertirse los recursos y cómo deben organizarse los trabajadores).

Por tanto, el sarcasmo del argumento de las externalidades positivas de la natalidad es que parte de los beneficios del mayor número de trabajadores, empresarios y genios para luego proponer acosar a trabajadores, empresarios y genios con impuestos.

Otro argumento frecuentemente utilizado es el de señalar que, si la natalidad no aumenta, "las generaciones presentes no llegarán a cobrar las pensiones públicas". Suele ser especialmente recurrente para justificar la inmigración y la reproducción masiva de los inmigrantes.

No obstante, el problema del sistema de pensiones es otro. Se basa en la redistribución de la renta y no en su capitalización. Si incrementamos el número de contribuyentes para financiar las pensiones actuales, ¿no estamos simplemente prorrogando el problema? ¿Es que este ampliado número de contribuyentes no clamará en el día de mañana por sus pensiones? ¿Hasta qué punto es razonable esta política de planificación social de los nacimientos para conseguir salvar un sistema corrupto de base?

Sin duda, la sociedad se beneficiaría mucho más con la quiebra del sistema público y su sustitución por uno privado de capitalización, donde cada individuo ahorrara para su futuro. Por tanto, tampoco este argumento consigue fundamentar una rentabilidad económica en las transferencias coactivas de renta a las familias.

Conclusión

A lo largo de este artículo hemos tratado de esbozar la injusticia que supone la redistribución de renta y, en concreto, la redistribución de renta a las familias. Aun siendo conscientes de la enorme importancia de la institución familiar para la salvaguarda de nuestro bienestar y libertad, difícilmente podemos por ello justificar el sacrificio del bienestar y la libertad a través de los impuestos y de la progresiva implantación del socialismo.

Ni es éticamente justo, ni económicamente rentable, ni estratégicamente acertado. La familia tiene que desvincularse totalmente del Estado y no convertirse en un órgano delegado. Los comunistas intentaron destruir la familia y sustituirla por el Partido; la socialdemocracia actual pretende difuminar su contenido, su importancia y su trascendencia para dominarla a través del Estado.

No es, por tanto, razonable proteger la familia a través de quien pretende eliminarla. El Estado es el enemigo de las instituciones, no su aliado. Mientras semejante ilusión perdure, se las seguirá erosionando con total impunidad. Y eso, precisamente, es lo que no conviene ni a la sociedad ni a las familias.

Contra la libertad de información

El sistema público de seguridad social constituye una de las intervenciones del estado en la vida pública más inmorales, dañinas y con mayor número de efectos siniestros sobre una gran cantidad de actividades y derechos. Desde el sistema piramidal fraudulento de las pensiones hasta la obligación de pagar el servicio de sanidad y pensiones al margen de su utilización voluntaria, pasando por la competencia desleal que representa para las innovadoras compañías privadas de seguros médicos o el desempleo que genera su elevado coste, la seguridad social corrompe todas las actividades que roza y mantiene bajo coacción permanente a todos cuantos vivimos bajo su imperio. Como es bien sabido, toda esta cadena de injusticias y despropósitos se justifica con la memez auto legitimadora de que constituye un “derecho social”.

Resulta paradójico que uno de los efectos perversos menos conocidos de este sistema estatista de financiar y dirigir la sanidad es la abolición de uno de los verdaderos derechos fundamentales del ser humano: la libertad de expresión en su vertiente de derecho a informar al prójimo. Y es que, por totalitario que pueda parecer, en la Unión Europea existe la prohibición expresa de informar directamente a los pacientes y al público en general acerca de las propiedades de las medicinas para las que el estado decide que sólo pueden ser vendidas mediante prescripción médica. En concreto, el apartado primero del artículo 88 de la directiva 2001/83/EC dice que “Los Estados miembros prohibirán la publicidad destinada al público de los medicamentos […] que sólo pueden dispensarse por prescripción facultativa”.

Esta proscripción de la información directa al paciente tiene consecuencias que van mucho más allá de la gravísima e intolerable violación de una de las libertades más básicas. Mantiene a millones de ciudadanos europeos desinformados sobre las diferencias entre fármacos o la existencia de nuevos y mejores medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades. El elevado coste de mantenerse informado en estas circunstancias se traduce en elecciones distintas a las que de otro modo hubieran adoptado los pacientes, un nivel de salud más bajo y, en ocasiones, puede llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, se estima que 65.000 europeos que padecen hipercolesterolemia mueren cada año sin saber que podían haber sido tratados con Estatinas, unos fármacos cuya publicidad suele estar prohibida.

Y lo más triste es que mantener al paciente en un estado de ignorancia es precisamente el objetivo de esta directiva europea. El sistema de seguridad social no puede aguantar el coste financiero que supondría el que los pacientes exijan las más avanzadas terapias existentes y ante esta situación quienes nos gobiernan han decidido que lo mejor es mantener desinformada a la población para así salvar su sistema. La prueba del algodón de que nos encontramos ante el amordazamiento de la industria y el abandono de nuestros enfermos con vistas a maquillar el decrépito estado de un esperpéntico sistema sanitario basado en la financiación universal coactiva y la subvención de la compra de medicinas es que en el tercer apartado del artículo 88 se añade que los estados miembros también pueden prohibir la información sobre medicamentos que no precisan receta pero que sean financiados por los sistemas públicos de salud. Este secuestro de la libertad de expresión es, con toda probabilidad, una de las intervenciones que mayor número de víctimas provoca en Europa. Terminar con la prohibición y con el sistema que la requiere no sólo es vital para recuperar uno de nuestros derechos fundamentales sino para poder cuidar nuestra salud de la amenaza que representa la “seguridad” social.

Montilla amenaza pero no da soluciones

Cuando un alto burócrata del gobierno “pide” a una empresa privada que modifique sus precios no es el mismo tipo de consejo que usted pueda darle a un amigo. En el último caso, usted da el consejo desinteresadamente, y su amigo, si quiere, lo acepta o no sin represalias por parte de nadie. Sin embargo, cuando el gobierno da consejos, si no se cumplen, habrá consecuencias graves. Esta es una de las estrategias que suele seguir, por ejemplo, el Banco de España. Envía consejos a los directivos bancarios. A veces no se toman en cuenta porque tomar esa medida significaría perder clientes. La reacción del “policía bancario” es crear inspecciones para escarmentar al inspeccionado haciéndole perder dinero y tiempo. Así trabaja el burócrata contra la gente.

La regulación hace que las empresas trabajen, no para el cliente, sino para el inútil y obsoleto ente burocrático. Cuando la economía adolece de algún “problema” la solución no es más intervención, eso sería complicar el problema.

Una solución idónea para reducir el precio de la gasolina sería eliminar todos los tributos a los combustibles (casi el 60% del precio de la gasolina son impuestos en España). Pero Montilla ha dado la típica excusa de técnico mediocre: “es que eso es muy difícil por…”. Imagínese que el consumidor de una empresa privada deja de comprarle porque considera sus precios altos. ¿Serviría de algo que el presidente de la compañía dijera que no pueden bajar los precios porque los tecnicismos lo impiden? Evidentemente que no. Los consumidores se irían a la competencia sin importarle las excusas de la empresa. El fin de una empresa privada es servir a su consumidor, si el cliente está contento la empresa también porque así ganará más dinero. Así funciona el Capitalismo.

Lo que no entiende Montilla es que a los españoles poco nos importan los problemas que pueda tener él para eliminar los impuestos a la gasolina. Por eso, él como un sicario, prefiere amenazar a empresas (y a los trabajadores de esas empresas) para que reduzcan su margen y pongan en más apuros al mercado laboral del sector energético.

Pero hay más. Montilla se cree un gran empresario del sector, por eso se permite el lujo de dar “consejos” a las petroleras de cómo han de gestionar su negocio. Les ha dicho que profundicen en la modernización tecnológica mediante el aumento de inversiones en el área de refino e investigación y desarrollo (I+D). Exxon, a mediados de los ochenta, decidió invertir en energía renovables gastando hasta 1.000 millones de dólares; los resultados fueron nefastos y Exxon dijo que no volvería a pasar por eso otra vez. La empresa lo intentó, pero su cliente (el consumidor final como usted o yo) le dijo clara y abiertamente que ese no era el camino. Un político, como Montilla, puede amenazar y aprobar las leyes que quiera contra la industria petrolera y la sociedad para conseguir su plan divino, pero eso no hará un mundo mejor, sino que directamente acabará con ese sector aumentando los costes y encareciendo a la larga, más aún, el precio del producto final.

Señor Montilla, la solución es muy fácil. No intervenga nada en la economía y todo irá mejor. Deje de amenazar a las empresas y particulares y tome una solución real para los españoles: desregule totalmente el sector de la energía; elimine todas leyes supuestamente ecologistas, eso interesa a los políticos y a los histéricos grupos de presión, no al padre de familia que no llega a final de mes o al empresario que ve aumentar sus costes sin parar por culpa del intervencionismo estatal; elimine todos los impuestos a los combustibles; y sobre todo, tómese unas largas vacaciones y no haga nada; su trabajo nos hace perdedores a todos.

El error de boicotear Yahoo

Los antiglobis suelen protestar por las condiciones de trabajo que ofrecen las multinacionales en el Tercer Mundo. Al hacerlo ponen el dedo en la llaga de unas vidas duras y difíciles, más allá de lo que consideraríamos aceptable en un mundo occidental que, de puro próspero, ha olvidado lo que es la pobreza. Reneé Zellwegger, en una entrevista con motivo de su última película, recordando su propia infancia, la define como “no tener la libertad de escoger”. No es del todo cierto: un pobre tiene la misma libertad que cualquiera; lo que sucede es que tiene muchas menos opciones donde elegir. Y ahí está el error de los globófobos, que considerando inaceptables las condiciones de un empleo concreto no se plantean qué alternativas reales se tienen en un mundo tan distinto al suyo. Si la protesta más insistente de esos trabajadores explotados es que las multinacionales no amplían sus operaciones y, por tanto, no pueden contratar a sus familiares, me da que es porque el resto de las opciones que tienen ante sí son mucho peores. Porque yo, al menos, creo que ser pobre no es lo mismo que ser idiota.

Quizá los liberales que tomamos la libertad de expresión como un derecho natural e inalienable estemos cometiendo el mismo error. Damos tan por sentada la libertad que disfrutamos en nuestras democracias liberales para expresar nuestra opinión, que no nos damos cuenta de las opciones reales de quienes, como los chinos, viven bajo un totalitarismo represor. Del mismo modo que los trabajadores de los países pobres aceptan con júbilo jornadas de 14 o 16 horas por un sueldo que a nosotros nos parece miserable, al ser su mejor alternativa, ¿no estarán los chinos contentos con Yahoo, Google o Microsoft, pese a las restricciones a la libertad de expresión con las que operan, por ser una opción mejor a las demás?

Se ha comparado, salvando las grandes distancias, el comportamiento de Yahoo con el de IBM durante el holocausto. Sin embargo, no parece que tengan siquiera el mismo trasfondo. Yahoo, como otras multinacionales de Internet, ofrece un servicio valioso para la causa de la libertad de expresión. Es una ventana tapiada por las leyes y los compromisos que le impone el gobierno chino, pero que aún así deja pasar un poco de luz por las rendijas, luz que se extinguiría si nunca hubiesen operado en ese país. Nada de lo que hizo IBM en Alemania fue de utilidad ni ayudó a nadie de ese país más que a su gobierno totalitario. Si IBM no hubiera hecho negocios con los nazis, al pueblo alemán –y sobre todo al judío– le hubiera ido mucho mejor. ¿Puede decirse lo mismo de Yahoo? IBM podría haber alegado en su día, como mucho, desconocimiento de con quien se jugaba los cuartos y del uso final que se haría de sus máquinas. Yahoo, en cambio, puede afirmar que su empresa ayuda a los chinos en la medida en que la dictadura comunista les deja; que por cada Shi Tao hay millones de personas que tienen un acceso al mundo exterior sin precedentes en el país.

No acabo de sacarme de la cabeza que, al final, las protestas contra Yahoo no sean más que una intromisión de ociosos burgueses que, en el fondo, buscamos más sentirnos mejor con nosotros mismos que mejorar las condiciones de la libertad de expresión en China. Ponerse como justiciero, sin costes personales, es tentador para cualquiera. Nuestras protestas parecen tener como único objetivo final el que Yahoo deje de cumplir las leyes chinas cuando éstas amenacen los derechos humanos, lo que conllevaría su probable expulsión del país. No veo qué bien va a hacer a los chinos la reducción de sus opciones, como tampoco qué bien puede hacer a los trabajadores de Nike en países pobres el dejar de tener la posibilidad de trabajar para ella. Tampoco parece que los propios internautas chinos lo tengan claro, pues no tengo noticia de que hayan abandonado en masa los servicios de Yahoo. Mientras no esté clara la parte del plan que va desde la retirada de la multinacional del mercado chino a una mayor libertad de expresión en el país, no veo sentido a hacer campaña contra Yahoo. Tan sólo contra esa dictadura. Como siempre.

Contra el coche y el ser humano

Por otro lado, sin embargo, la izquierda ecologista insta al hombre a que abandone el uso de su razón. El ser humano debe vivir "en armonía" con la naturaleza, guiarse por sus instintos y, en consecuencia, no modificar el medio para adaptarlo a sus necesidades. Un canto al irracionalismo que, por ejemplo, fue denunciado en la Declaración de Hilderberg, donde se calificaba al ecologismo de "ideología irracional que se opone al progreso científico e industrial e impide el desarrollo económico y social".

Con todo, si nos fijamos, en ambos casos se exige al hombre que se pliegue ante fuerzas superiores contrarias a las decisiones que tomaría haciendo uso de su razón. En realidad, pues, tanto el hiperracionalismo planificador comunista como el ecologismo son dos especies del mismo género de irracionalismo. El abuso de la razón no tiene nada de racional; más bien al contrario, se trata de una pretensión por el conocimiento inexistente, de una completa ignorancia acerca de los límites de la propia razón.

Al fin y al cabo, tanto el comunismo como el ecologismo destruyen el progreso económico: el primero, porque elimina la propiedad privada y, con ello, el fundamento de la riqueza y del bienestar; el segundo, porque restringe los usos que puede darse a la propiedad privada y porque se opone al progreso científico.

Un buen ejemplo del irracionalismo ecologista lo encontramos en el famoso y fracasado "Día sin coches", esto es, en la ofensiva contra uno de los más claros símbolos del bienestar occidental y de la globalización.

Si nos detenemos a pensar en qué consiste la tan mentada globalización entenderemos que, en última instancia, significa que la acción humana se encuentra menos constreñida por las distancias físicas. El trabajo y las mercancías se trasladan de un lugar a otro con mayores facilidades. El empresario estadounidense ya no tiene que servir exclusivamente a sus conciudadanos, sino que puede vender en Europa o en China. El trabajador polaco no tiene por qué quedarse en su país, donde los sueldos son más reducidos que en Alemania.

Todo ello se debe, claro está, a unos sistemas de transporte y comunicación más eficientes, que permiten a los individuos abastecerse de aquello que necesitan en un tiempo mucho más corto. Los trenes, los caminos, los aviones, los barcos, las líneas telefónicas o internet permiten una inmediata comunicación y un veloz transporte.

Sin embargo, el coche emerge como una muestra palpable, visible y clara de los beneficios del capitalismo y de la globalización. El automóvil permite a cada individuo experimentar directamente y por sí mismo los sentimientos de libertad y de progreso. Un ciudadano puede no entender cuáles son los beneficios de unos trenes o camiones más veloces, en tanto que la provisión de mercancías en los supermercados parece algo automático. En cambio, es obvio que todo el mundo siente que el coche le permite desplazarse allí donde quiera y cuando quiera. No necesitamos perder ingentes horas de nuestra vida en acudir al pueblo de al lado; no tenemos por qué trabajar en el mismo vecindario; podemos acudir a las zonas festivas aun cuando se encuentren a kilómetros de nuestra vivienda.

Esta sencilla pero fundamental autonomía ha convertido el coche en objeto de culto y veneración para muchos individuos. Quieren coches más rápidos, más seguros y más bellos. Para el ciudadano occidental, el coche –junto con la comida, el vestido, la vivienda y, en cierto modo, la televisión y el teléfono– es uno de los elementos más importantes de su vida. Piensen, simplemente, en cuáles son los primeros bienes que casi todo el mundo intenta adquirir: sin duda, el coche está entre ellos.

No sólo eso, el automóvil es un producto de la ciencia y de la razón humana, usadas para mejorar la vida de los demás (a diferencia de lo que ocurre con el hiperracionalismo socialista, esto es, la razón empleada para destruir la existencia del hombre). Un producto en apariencia elitista pero que, gracias a los métodos de producción capitalistas, se ha conseguido extender a las masas.

En otras palabras, el coche es un producto de la razón y del capitalismo que amplía la capacidad de elección del ser humano y, por tanto, su felicidad.

Precisamente por todo ello, el milenarismo irracional ecologista ha situado siempre el automóvil en el centro de sus críticas. La ofensiva no proviene solamente del Día sin Coches, también de varios impuestos, dirigidos a aminorar su uso (matriculación, circulación o sobre hidrocarburos), encareciendo y alejando de las masas un bien que el capitalismo había generalizado. Las excusas son variadas –la contaminación y el calentamiento global, la histérica escasez del petróleo o su superior siniestralidad– y a la postre irrelevantes.

Los enemigos del automóvil –que a su vez son enemigos de todo lo que el automóvil representa: la ciencia, la razón, el capitalismo, la autonomía y el bienestar– insisten en que debemos cambiar nuestros hábitos y nuestra vida. El transporte público y las bicicletas han de situarse en la vanguardia.

No voy a ser yo quien diga, y mucho menos imponga, a los demás qué medio de transporte es el más adecuado para sus vidas. Mucha gente considera más sano desplazarse en bicicleta, incluso disfruta haciéndolo. Es algo totalmente comprensible y lícito: cada persona tiene unos fines, y para satisfacerlos selecciona los medios más adecuados.

El problema es que, por ese mismo razonamiento, tampoco tiene sentido imponer el uso de la bicicleta a todas aquellas personas que prefieren el coche. Repito: cada cual tiene libertad para seleccionar los fines que juzga más adecuados. Puede que una persona prefiera dormir media hora más cada día en lugar de pedalear hasta su trabajo, por muy saludable que sea este hábito. Es más, ¿se imaginan la bicicleta en un día lluvioso? ¿Se imaginan utilizar la bicicleta para cargar la compra semanal, llevar a los niños a la escuela o trasladar a un familiar al hospital?

Así mismo, es evidente que el desmedido clamor por el uso del transporte público tiene mucho de pulsión colectivista. Primero, decenas de personas se apilan como ganado en un mismo compartimiento. Segundo, el individuo pierde la capacidad de adaptar el medio de transporte a sus gustos (no podemos decorar el metro, ni poner la música que nos gusta por los altavoces). Tercero, la autonomía del automóvil no es comparable a la del medio de transporte de masas; por mucho que las rutas mejoren, es evidente que ni los trenes, ni los autobuses, ni los metros serán capaces de dejarnos "en la puerta" de nuestro destino. El transporte colectivo, por su propia naturaleza, se dirige hacia puntos comunes y de tránsito. Sólo a través del transporte individual (pies, bicicleta, ciclomotor o coche) somos capaces de trasladarnos desde esos puntos de encuentro hasta nuestros destinos particulares. Y cuarto, el transporte colectivo también reduce la privacidad e intimidad de la que podemos gozar en un automóvil: nos expone a la mirada de todos los acompañantes.

Desde luego, el transporte público puede ser muy útil (especialmente cuando la construcción de carreteras sigue siendo una tarea del Estado y, por tanto, los atascos son harto frecuentes), pero debe tratarse de una elección libre, no de una imposición moralizadora.

Afortunadamente, todos estos motivos han provocado que el Día sin Coches se convierta, año tras año, en un rotundo fracaso. Puede que una parte de la población, haciendo alarde de progresismo y "conciencia social", afirme estar de acuerdo con sus reivindicaciones últimas. Pero al final la retórica se consume entre las llamas de la necesidad. De la misma manera que nadie está dispuesto a renunciar a la lavadora o al frigorífico, el coche constituye un elemento indispensable para nuestra vida cotidiana. Eliminarlo supone un frontal ataque a nuestro bienestar y a nuestra autonomía; la mayoría de la población sigue negándose a suicidarse.

Quizá por ello, las Administraciones –como representantes de un interés colectivo que a nadie interesa– imponen su práctica cortando a la circulación los centros de la ciudad. Desde luego, esto sirve para ilustrar cómo la propiedad pública de las calles provoca comportamientos despóticos y caciquiles que, en algún momento, podrían empeorar (por ejemplo, todas aquellas leyes dirigidas a prohibir intermitentemente la circulación de los coches con matrícula par).

Vemos cómo los ecologistas no dudan en moralizar al mundo a golpe de pistola, es decir, utilizando la omnipotencia estatal para prohibir y restringir el uso del coche. No son equivocados predicadores que pretendan convencer a la sociedad de que tiene que cambiar de costumbres; lo suyo no es la persuasión, sino el uso de la fuerza.

Tengamos presente que, como hemos dicho al principio, esta ofensiva contra el automóvil es sólo un caso paradigmático de la hipocondría ecologista que recorre Occidente. Sus objetivos, en realidad, van más allá. Estamos ante una embestida contra la ciencia, la razón, la libertad y la idea misma de ser humano.

El ecologismo puja por reducir la ciencia a un catastrofismo milenarista al servicio del poder político, por impedir el uso de la razón para la satisfacción de las necesidades del individuo, por impedir la elección y el uso de los mejores medios para alcanzar nuestros fines y por subordinar al género humano a la naturaleza.

Practicando el irracionalismo más disparatado, los ecologistas pretenden que el hombre se coloque al servicio de las plantas, los insectos, las ranas o las bacterias. Como dijo Al Gore, no queda claro que la vida humana posea un valor superior al de los árboles. De hecho, muchos ecologistas ya han decidido que tiene un valor incluso inferior. El ataque contra el coche representa un ataque contra nuestro modo de vida y nuestra naturaleza humana. Un claro síntoma de la terrible enfermedad intelectual llamada "ecologismo".

Katrina: ¿Falta de estado?

Si a la primera teoría se han apuntado los ecologistas, el ministro de medio ambiente alemán y las personas de buena fe que creen ciegamente en la existencia de un peligroso cambio climático originado por la actividad humana, a esta segunda explicación se ha sumado la mayoría de los intelectuales que idolatran al estado y la mayoría de quienes han pasado por los centros de adoctrinamiento estatal. A menudo una y otra teoría se juntan en una misma persona, después de todo no son incompatibles y las dos culpan al mercado libre. Era de esperar. Lo que sí sorprende en la idea de la falta de estado como causa de la catástrofe es su escasa consonancia con la realidad de los hechos. Veamos.

Tan pronto el agua había entrado por las roturas de los diques de la calle 17 y de London Avenue dejaron de funcionar la inmensa mayoría de las 149 bombas de achique con las que cuenta la ciudad. Las razones son diversas: Falta de combustible, falta de suministro eléctrico, colapso del mecanismo por culpa del agua que entró en las estaciones de bombeo (sic) y el mal estado de mantenimiento de muchas de ellas. En cualquier caso, el principal responsable es la empresa propietaria. Pero resulta que los propietarios no son las malvadas empresas capitalistas sino agencias públicas locales y federales.

Los equipos de emergencia estatales no pudieron llegar pronto para auxiliar a los habitantes de la ciudad por dos malditas razones que poco tienen que ver con el exceso de libertad de mercado y mucho con los “efectos colaterales” de todo lo “público”. El sistema de autopistas interestatales (especialmente la I-10) que une la costa de Florida, Alabama, Misisipí y Luisiana se desvaneció al paso del huracán. He conducido en numerosas ocasiones por esa autopista y siempre me pareció increíble que aún habiendo sido construida por el estado –una agencia que gasta el dinero que ha quitado a la gente a la fuerza y que, por lo tanto, no tiene incentivos para cuidar el valor de los activos que controla- se invirtiese tantísimo dinero en una obra tan vulnerable. Por otro lado, otra circunstancia ajena al mercado, la descoordinación debido a las disputas políticas de líderes locales y nacionales, puso su roquita de arena para retrasar la ayuda a los desesperados habitantes que tanto confiaban en los planes de salvamento del ayuntamiento, del estado y del gobierno federal. En fin, un desastre. Pero un desastre gubernamental y estatal.

Si hubo una causa directa de la catástrofe esa fue la rotura de los diques que protegían la ciudad. La propiedad de esos diques que se desquebrajaron sin que el agua les hubiese superado -o, al menos eso es lo que afirman los ingenieros civiles del Centro de Huracanes- era (¿lo adivinan?) estatal. En esta ocasión no hay empresas privadas de servicios que cobren “exagerados” precios a cambio de un “mal” servicio a las que poder culpabilizar. No las hay porque el responsable en condición de monopolio del sistema de protección de la ciudad es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra. Y puesto que, si bien la Constitución americana reconoce el importante y legítimo papel que las milicias privadas pueden desempeñar en la seguridad y defensa del país, hoy por hoy el ejército más grande del planeta es absolutamente estatal, poca responsabilidad puede tener el mercado libre en el defectuoso diseño del sistema y su estado de semiabandono que diversos expertos del Centro de Huracanes y de la Universidad de Luisiana señalan como causa principal del desastre.

¿Todavía quieren más estado? En el país del capitalismo, la agencia que cuida de la prevención, ayuda y mitigación de las pérdidas en casos de emergencias –con especial dedicación a las inundaciones- no es, curiosamente, una empresa privada. Estos servicios los gestiona otro monopolio público: La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA). Mucho se ha hablado de la reducción del presupuesto del gobierno federal para las partidas del cuerpo de ingenieros. Pero casi nada se ha dicho sobre el incremento del 34,2% en el presupuesto del presente ejercicio del FEMA que hace pequeña aquella reducción. Pues bien, los 7.374 millones de dólares que se asignaron para estas tareas en el año 2005 no sirvieron para que los 4.776 empleados de esta agencia pública estuvieran en Nueva Orleáns cuando miles de personas tenían literalmente el agua al cuello. ¿Alguien puede imaginar una empresa privada de esas dimensiones que esté en la luna de Valencia cuando en Nueva Orleáns tiene lugar el evento dramático para cuya prevención y atenuación ha sido diseñada? Difícilmente. El motivo es obvio: el futuro de esa empresa dependería de ayudar de la manera más efectiva y rápida posible a los damnificados mientras que la agencia estatal seguirá existiendo haga lo que haga.

Eso sí, a los amantes del estado siempre les queda decir que no había suficiente estado, que si bien es cierto que el presupuesto del FEMA se había aumentado en 1.881 millones de dólares, el del proyecto del Cuerpo de Ingenieros del Ejército recibió 13 millones menos de lo que pidió, o que los tanques y soldados de Irak tenían que haber estado en el lago Pontchartrain. Y podrían tener parte de razón. ¿Por qué no? Al fin y al cabo el mejor uso de los recursos no es algo objetivo. Los recursos son escasos y su mejor asignación de acuerdo con las necesidades subjetivas más urgentes de los individuos sólo se consigue mediante el mercado libre. Cualquier otra alternativa consiste en dar la espalda a lo que los individuos consideran lo más adecuado. Haga lo que haga una entidad coactiva siempre será tan arbitrario como ineficiente. Y siempre podremos objetar que lo que hacía falta era gastar más. Es decir, quitarle a la gente más recursos con los que podrían intentar solucionar –a su manera- sus necesidades particulares. Pero el trasfondo insustituible es que el típico despilfarro y la clásica ineficiencia estatal no desaparecen con los desastres. Se elevan hasta puntos mortalmente insoportables. Pero todo esto, de nuevo, no es un problema de exceso de mercado sino de estatismo.

¿Falta de estado? ¿Dónde? ¿En la propiedad de los diques? ¿En el mantenimiento del sistema de protección frente a las inundaciones? ¿En la gestión de la catástrofe? ¿En los elevados impuestos? ¿En la cuantía del gasto público? La falta de estado solo existió en la mente del estatista recalcitrante. Lo que vimos fue precisamente al estado más grande del planeta en acción. El traumático resultado es bien conocido: Más de mil muertos, más de 100.000 millones de dólares en daños materiales, cientos de miles de damnificados y miles de familias destrozadas. Irremplazables vidas y bienes anegados. Pero no a causa de las aguas sino de la marea de estatismo que todo lo inunda.

Desnacionalizar el mar

Es una solución a medias, que asemeja el comportamiento del mercado, sin crear verdaderamente uno. Pero supone un enorme avance sobre la gestión puramente pública que ha arruinado muchas pesquerías en el mundo.

De forma poco advertida, pero consistente, está cambiando la forma en que creemos que se deben gestionar nuestros recursos. Es el caso de los que viven en el mar, de los que extraemos gran parte de las proteínas. El XX es el siglo del estatismo. No solo el de los socialismos más extremos, sino incluso en las democracias occidentales se ha ido sustituyendo la libre iniciativa por el ordeno y mando estatal. El caso de la pesca es uno más. La Escuela de Salamanca, en especial Francisco de Vitoria y Vázquez de Mella, asentaron el principio de la libertad de los mares, que ha sido parte del ideario liberal y del derecho internacional desde el XVI. Después de la II Guerra Mundial esa libertad cayó frente al expansionismo imperialista de los Estados. Según la “doctrina Truman”, de 1945, los Estados tenían el derecho de apropiarse de la extensión de mar frente a las propias costas, hasta un límite que luego se fijó en 200 millas. Esta política ha extendido la gestión pública a los recursos marinos. El resultado ha sido ineficacia, arbitrariedades y mala gestión.

Lo que ha ocurrido con el decreto de que las pesquerías son públicas es que se han encontrado con la tragedia de los bienes comunales, la constatación de que cuando un bien es de todos y no privado, se sobreexplota. Para evitar esta consecuencia no deseada, se han introducido reglamentaciones sobre las artes de pesca, paros biológicos y demás morralla legislativa. Todo ello hubiera sido innecesario con la privatización del mar.

Pero existe una solución intermedia, satisfactoria aunque no ideal, que es la de las ITQs. Se acerca a una propiedad privada sobre los recursos, y por tanto se acerca a la institución que permite una buena gestión de los recursos. En Islandia (país del que la mitad de las entradas de divisas depende del pescado) está funcionando desde 1979 con muy buenos resultados, tanto en la evolución de la producción, como en su sostenibilidad en el tiempo. También se ha desarrollado en Nueva Zelanda desde 1986, de nuevo con buenos resultados. Aunque fue recibido con desconfianza, el propio éxito ha borrado muchas críticas desinformadas, y hoy tiene un amplio apoyo. La experiencia australiana, más reciente, también está cosechando éxitos.

En los mismos Estados Unidos lleva tiempo funcionando, aunque de forma limitada. Allí, como en otros lugares en los que se han puesto en marcha ITQs, varias pesquerías que estaban agotadas se han recuperado. Quizás sea mucho pedir para una Unión Europea esclerotizada por la burocratitis, pero debería plantearse seguir el ejemplo de otros países que han llevado reformas pro-mercado a las pesquerías con mucho éxito. No solo se aseguraría la sostenibilidad de las pesquerías, sino que haría innecesarias varias regulaciones arbitrarias que más que solucionar problemas los han creado.