De hecho, la diferencia fundamental entre países pobres y ricos es el grado de respeto a la propiedad privada. Eliminarla supone abolir el sistema capitalista y la libertad. En su ausencia, la economía se desmoronaría y el ser humano caería presa de la violencia del más fuerte: estaríamos ante una degradante eutanasia colectiva.

En España, gracias a la poco liberal Constitución del 78, la propiedad privada queda subordinada a la discrecionalidad política. El artículo 33.3 sanciona la legitimación política para expoliar al ciudadano "por causa justificada de utilidad pública o interés social". No tenemos ninguna garantía de que "lo nuestro" continúe siendo nuestro al cabo de unos meses, salvo una cada vez más tímida confianza en las instituciones.

España no se colapsa en una orgía de autodestrucción no porque sepamos que el poder político no emprenderá una masiva nacionalización de nuestra riqueza, sino porque confiamos en que no lo hará. Varias décadas avalan que los políticos españoles no son mucho más carroñeros que el resto de políticos occidentales, y que, por tanto, la inversión en nuestro país no es especialmente arriesgada.

No obstante, no deberíamos dormirnos en los laureles. Cuesta mucho ganar la confianza, pero muy poco perderla. Las famosas fugas de capitales, el "dinero caliente" contra el que tanto braman los socialistas, supone sólo la materialización del miedo de los inversores al Estado.

Además de provocar la descapitalización, el intervencionismo gubernamental tiene un efecto incluso más dañino para la economía y la libertad. El siglo XX ha encumbrado al Estado como rector del bien y del mal; sus leyes, cualquiera que sea su contenido, no pueden ser injustas por ser fruto de la mayoría.

Por desgracia, el Estado es un modelo de referencia para miles de personas. Sus abusos, tropelías e inmoralidades se traducen a su vez en abusos, tropelías e inmoralidades de los ciudadanos. Imaginen que el Parlamento aprobara una ley por la que se instara a los cuerpos de seguridad a apalear a todos los que llevan gafas. ¿Acaso no tendrían una coartada los violentos, terroristas y maleantes para dar rienda suelta a su sadismo actuando como el Estado?

A este respecto, decía Kelvin Throop que "si la gente se comportara como el Estado, llamarías a la policía". En el caso de los lamentables sucesos del pueblo granadino de Jun, la frase no podría ser más certera. Los delincuentes que ocuparon las viviendas se comportaron como la ministra Trujillo había anunciado que se comportaría el Gobierno.

La anécdota de que los criminales blandían un recorte de prensa con el anteproyecto de la Ley del Suelo no debería ser considerada anécdota, sino más bien categoría. No fue casualidad que la ocupación masiva de Jun tuviera lugar después de que se conociera la voluntad política de expropiar las viviendas vacías; de hecho, el expolio tomó como soporte intelectual la ideología socialista y antiliberal del Gobierno.

Los sucesos de Jun ilustran perfectamente la situación de la libertad en España; son la viva imagen del despotismo talentoso que padecemos todos los ciudadanos. Zapatero parece dispuesto a derrumbar todas las barreras morales de la sociedad: ni siquiera la vivienda está a salvo de su rapiña colectivista.

En nuestras sociedades positivistas, el contenido de la justicia está monopolizado por las habladurías de los políticos. Su voracidad represiva se convierte en prebenda ajena. Con el Estado, todo el mundo quiere vivir a costa de los demás. Pero cuando esta maquinaria redistributiva y malévola llamada "Estado" resulta incapaz de responder con celeridad a sus demagógicas promesas, una parte de la población decide "tomarse la justicia por su mano". Ya decía el pensador decimonónico Lysander Spooner que las diferencias entre el Estado y un asaltador de caminos eran mínimas: ambos coaccionan, reprimen y expolian al ciudadano.

El problema es que en Europa, a diferencia de EEUU, no tenemos ningún mecanismo real para defendernos de los abusos del Gobierno, de esos salteadores de caminos. Estamos totalmente inermes ante la ofensiva de unos criminales –tanto los políticos como los de baja estofa– que no dudan en atacarnos cada vez con mayor ahínco; es más, su agresión se produce precisamente porque son conscientes de que los propietarios están indefensos y desarmados.

La Segunda Enmienda a la Constitución de EEUU, que consagra el derecho a las armas, se añadió para evitar que el Gobierno se totalizara. Ningún ejército, por copioso que fuera, llegaría a superar en número a una población totalmente armada. En Europa, todos los tiranos, desde Lenin a Hitler, tuvieron como prioridad desarmar a sus poblaciones para poderlas exterminar. Conferir el monopolio de la defensa al Estado tiene un problema evidente: quis custodiet ipsos custodes? (¿quién nos guarda de los guardianes?).

Ahora bien, Europa no sólo se diferencia de EEUU por estar desarmada físicamente, también éticamente; nuestra decadencia cultural es mucho más acentuada que al otro lado del Atlántico. Padecemos una peligrosa degradación moral, inducida por los distintos totalitarismos, incluido el paternalismo asfixiante del Estado de Bienestar, que se plasma no sólo por el lado de unos delincuentes que obtienen respaldo y argumentos para sus acciones, sino, y lo que es más lamentable, por el de las víctimas.

Hemos dicho que los vecinos de Jun fueron incapaces de defenderse ante el ataque a su propiedad; lo que no queda tan claro es si estaban dispuestos a hacerlo. El Mundo recogía las declaraciones, la sumisión y el síndrome de Estocolmo, de uno de ellos: "Cuando intentas echarlos, te enseñan el recorte del periódico y te dicen que tienen derecho y que el Gobierno les da la razón. Pero esa ley todavía no ha entrado en vigor; era sólo un borrador ¿no?".

Lo preocupante no es tanto que exista el mal –siempre habrá personas dispuestas a delinquir, a dirigir la vida de los demás, a utilizar la violencia para imponer sus fines–, sino que las víctimas se resignen ante el mal.

A la persona que emitió esa declaración le acababan de ocupar su casa, y la única respuesta y esperanza que le quedaba era que el Gobierno no hubiera aprobado todavía la ley que legitimaba la conducta criminal. Esta actitud pasiva, desinteresada y conformista, fruto de décadas de estatolatría, es el auténtico cáncer de las sociedades liberales; el Estado, su intervencionismo, su coacción y su represión se asientan sobre el tácito consentimiento de la mayoría de la población.

Una población que es diariamente apaleada a través de restrictivas regulaciones, sangrantes impuestos e incluso desahucios y expropiaciones, pero que, inexplicablemente, sigue fiel a sus verdugos. Un yugo servil que para algunos puede resultar llevadero, pero que otros lo consideramos excesivamente pesado. No hay ningún problema en que la gente renuncie a su libertad mientras no nos obligue a renunciar a la nuestra.

El problema de Occidente es que un rebaño silencioso legitima las intromisiones del trasquilador estatal sobre todos los ciudadanos. Ese mismo rebaño silencioso que no protesta por estar indefensos, que no protesta por su dependencia del Estado de Bienestar, que no protesta por que el Gobierno expropie las casas, ni siquiera cuando se trata de las suyas.

Se trata, en definitiva, de una estampa deplorable que no augura buenos tiempos para la libertad en España. No sólo debemos preocuparnos por la imagen que estamos mostrando en el extranjero, sino, sobre todo, por el camino de servidumbre que estamos recorriendo. El socialismo no dudará en avanzar y domeñar a la sociedad en tanto ésta se lo permita.

Los ocupas de Jun han sido la avanzadilla de Trujillo, los primeros ejecutores del tipo de sociedad que el PSOE y el resto de partidos políticos quieren implantar en España. En cierto modo, pues, Jun ha sido un reflejo de España: los criminales ladronzuelos por un lado y las decadentes víctimas resignadas por el otro.

Las armas y tretas represivas del Estado no se detendrán, ya que su única finalidad es crecer y multiplicarse. Sólo una cosa interesa a nuestros gobernantes: el poder. Un poder absoluto que, en buena medida, es incompatible con nuestra libertad. No duden en cuál será la elección de los liberticidas ante semejante disyuntiva. La pregunta es cuál será la nuestra.

Para entender el calado de la ofensiva es preciso realizar unas consideraciones previas. Existe un consciente proyecto totalizador entre buena parte de la clase política occidental para expandir el alcance e intervencionismo del Estado. La revolución ha dado paso a la lenta evolución, a la transformación social: la propaganda diaria, el control de los medios de comunicación, el sibilino crecimiento del Gobierno y el desgaste de la propiedad privada.

Los políticos se han transformado en los mesías del proyecto colectivo, del bien común, del paraíso. Nuestra felicidad justifica la opresión política en forma de regulaciones o incremento de impuestos: han instituido un poder político mastodóntico y lo han denominado "Estado de Bienestar".

De esta manera, haciendo creer que existe un conflicto irresoluble entre la libertad individual y el bienestar de la sociedad, el Estado consigue medrar a costa de nuestros derechos. La obsesión del socialismo es enterrar los derechos individuales frente al Estado y sustituirlos por derechos del Estado. Se trata de no reconocer ninguna libertad contraria al proyecto colectivo; de limitar la titularidad de los derechos al ejecutor de ese proyecto colectivo: el Estado.

El preámbulo del proyecto de Estatuto de Cataluña, por ejemplo, recoge perfectamente esta idea totalitaria de subordinar los derechos individuales al arbitrio político:

"Estos derechos se ejercen conjuntamente con la responsabilidad individual y el deber cívico de implicarse en el proyecto colectivo, en la construcción compartida de la sociedad que se quiere alcanzar".

Así pues, quien no subyugue su existencia al "proyecto colectivo" no podrá ejercer los derechos frente al Estado. Pero, dado que ese proyecto colectivo se encarna en el Estado, lo que realmente se está pidiendo es una total entrega a la planificación pública; quien se oponga al Tripartit es un enemigo de los catalanes.

Otro claro ejemplo de la cheka hacia la que nuestros políticos quieren arrastrarnos lo encontramos en la actitud de Llamazares frente al Consejero Delegado del SCH, Alfredo Sáenz. Hace poco más de un año Sáenz, muy cabalmente, se mostró partidario de desmantelar el Estado del Bienestar. La respuesta de Llamazares ilustra perfectamente el esquema que acabamos de trazar: a) el ataque al Estado implica un ataque al proyecto colectivo; b) quien ataca el proyecto colectivo pierde sus derechos individuales.

El líder comunista afirmó: "[Sáenz] acaba de declarar públicamente su beligerancia con el Estado del Bienestar [y por lo tanto] se sitúa no sólo en confrontación con buena parte de los ciudadanos que lo han construido, sino también con la Constitución Española” (punto a). En consecuencia, "al que te quiere destruir hay que responderle en legítima defensa; el SCH ha declarado la guerra, y, por tanto, los servicios públicos no pueden tener relación con quien quiere terminar con ellos" (punto b).

Toda propuesta de eliminar o reducir el peso del Estado supone una ofensa al bienestar de la sociedad, a la pacífica convivencia, al proyecto común. Quien se enfrenta al Estado es un enemigo del pueblo; puesto que, en definitiva, quien tiene derechos no son los individuos, sino el Estado (la legítima defensa de la que habla Llamazares).

El Estatuto del Periodista, por otra parte, también nos ofrece una adecuada ilustración de nuestro argumento. Así, en el preámbulo puede leerse lo siguiente:

"Cuando el derecho a informar que a todos se reconoce se ejerce de modo habitual y profesional queda cualificado con una función social: el derecho se convierte en deber de informar al servicio del derecho del público a ser informado".

Como vemos, la libertad de expresión está al servicio de la función social; el derecho individual se convierte en deber frente al "proyecto colectivo", frente al Estado. Es éste quien retiene el derecho a exigir a los periodistas una información "veraz", una información que no atente contra la verdad que encarna el Estado.

No en vano, el Estatuto del Periodista –inspirado en esta mentalidad totalitaria– supone un vaciamiento de los derechos individuales y un amordazamiento de las voces autónomas. Allí donde el Estado suplanta la justicia, la libertad se extingue.

Después de esta reflexión será mucho más fácil entender el calado de la ofensiva contra la COPE, en su doble implicación: ataque a la libertad de expresión y, sobre todo, a la propiedad privada.

Libertad de expresión

Ignacio Ramonet, uno de los referentes intelectuales de la izquierda, propuso hace dos años "purificar" los medios de comunicación a través de la creación de un Observatorio Internacional de Medios –algo muy similar al Consejo de Información que esboza el Estatuto del Periodista–. Para Ramonet, este observatorio tendría la misión de convertirse en "un arma" para combatir el capitalismo y conseguir el poder eterno de la izquierda:

"En los tiempos de Internet, nosotros decimos que éste será el siglo en que la comunicación pertenecerá a los pueblos y nos apoderaremos de la verdad. Con la verdad triunfaremos".

En ausencia de los instrumentos totalitarios del Estatuto del Periodista, el Tripartit decidió emplear el Consejo Audiovisual de Cataluña para expedientar y censurar a la COPE. El argumento empleado, a primera vista, no podía ser más contradictorio: se estudiaba si la COPE incumplía el artículo 20 de la Constitución, esto es, el derecho a la libertad de expresión.

Sin embargo, retengamos la mutación jurídica que, según hemos descrito, la clase política quiere conseguir. El derecho a la libertad de expresión no es un derecho de los individuos, sino del Estado, destinado y subordinado a la consecución del proyecto común. Es evidente que la COPE no favorece el proyecto común del nacional-socialismo catalán y, por tanto, podría vulnerar la "libertad de expresión del Estado".

De hecho, es significativo cómo un medio de comunicación especialmente servil, El Periódico de Catalunya, sostuvo que la COPE "no ejerce la libertad de expresión: escupe". Fijémonos en la disyuntiva: arrodillarte ante el poder político es libertad de expresión, criticarlo supone escupir. Al fin y al cabo, el editorial de El Periódico llevaba por título ‘La COPE, esa inquisición’. Lo que molesta es que se critique y denigre al poder político, al socialismo y al totalitarismo. No preocupa la inquisición intelectual (no olvidemos que, en el propio artículo, Franco instaba a un inquisitorial desprecio activo hacia la Iglesia Católica), sino la inquisición disidente y libremente ejercida; la inquisición crítica contra los liberticidas y represores políticos.

Por ello, la campaña contra la COPE persigue eliminar la disidencia al catecismo público de sumisión al Estado. Sólo aquellos medios de comunicación, como El Periódico de Catalunya, que se integren en la estructura propagandística del régimen tendrán "derecho a expresarse" y quedarán amparados por el artículo 20 de la Constitución.

El socialismo se ha dado cuenta de que no es necesario nacionalizar la prensa para instituir una dictadura de facto. Leonard Peikoff resumió perfectamente las diferencias entre el control comunista y el control fascista:

"Contrarios al marxismo, los nazis no postulan el poder estatal de los medios de producción. Ellos exigen que el Gobierno supervise y controle la economía nacional. (…) Los individuos, por lo tanto, continúan siendo propietarios, siempre y cuando el Estado se reserve el absoluto derecho de regular la propiedad".

Propiedad privada

La frase de Peikoff sirve para enlazar las dos dimensiones del ataque contra la COPE. Como hemos visto, por un lado estamos ante un intento deliberado de eliminar las voces discrepantes, pero por otro se pretende abrir el camino hacia el completo dirigismo de la sociedad. Primero, porque la campaña política extermina las voces contrarias al estatalismo: sin diques de contención intelectuales, la propaganda estatalista extenderá el mensaje liberticida sin límites. Segundo, porque la agresión a la COPE no sólo supone un ataque a la libertad de expresión, también a la propiedad privada.

Esta última semana, Enric Sopena, el que fuera director de Informativos de TVE (y, por tanto, un sujeto que estuvo viviendo a costa del expolio de la propiedad privada de millones de españoles), reprochó a la Iglesia su "intromisión sectaria" en la "vida pública española". En su opinión, la política comunicativa de la Iglesia Católica debe reducirse al ejemplo de Radio María: encerrar el culto, la fe y los valores católicos en la esfera privada. Los mismos que pretenden censurar a la disidencia incómoda marcan las condiciones para permitir su ficticia subsistencia, a modo de escenificación y farsa pluralista (tal y como el Gran Hermano crea a su alter-ego Emmanuel Goldstein).

Sopena es uno de tantos ejemplos de una izquierda que sólo consiente la existencia de una Iglesia alejada de su labor evangélica; una Iglesia relativista, timorata, encerrada en sí misma; una Iglesia, finalmente, anticatólica. Precisamente, Benedicto XVI denunció hace pocas semanas la "falsa tolerancia" que, "por decirlo así, admite a Dios como opinión privada, pero le niega el ámbito público, la realidad del mundo y de nuestra vida". Eso, dijo el Papa, "no es tolerancia sino hipocresía". Se trata, pues, de matar a Dios fingiendo un respeto hipócrita, una falsa tolerancia hacia la fe.

Sopena marca las condiciones bajo las cuales la Iglesia puede existir: su propiedad privada y su libertad no pueden rebasar ciertos límites. Volviendo a la explicación peikoffiana del régimen nazi, el socialismo español no pretende quemar los templos o ahorcar a los católicos, como hizo décadas atrás; se conforma con regular la Iglesia, engullirla y estatalizarla.

Como ya he indicado en otras ocasiones, este indisimulado ataque contra los lazos voluntarios y la organización interna de la Iglesia Católica –este intento de subordinación del poder espiritual y de la ética objetiva a los dictados positivistas del emperador– supone, en última instancia, la defenestración del Estado de Derecho, de la justicia y de la libertad. La completa reglamentación de los usos de nuestra propiedad, de los fines de nuestra libertad; la imposición del fascismo socialdemócrata.

El ataque a la COPE es un misil directo a la autonomía de la Iglesia, a su derecho a la organización interna; a expresar sus opiniones, a difundir su mensaje y a hacer uso de su propiedad como mejor crea conveniente.

Pero es también un misil directo a los derechos individuales. La propiedad privada queda subordinada a las finalidades de los dirigentes políticos. Son ellos quienes tienen derechos, no nosotros. El socialismo reclama para el Estado el fin de las cadenas éticas, de su sumisión al Derecho; reclama la libertad de expoliar y reprimir a los ciudadanos.

La COPE, junto con Libertad Digital, es uno de los pocos bastiones donde todavía se combate esta avalancha totalitaria, donde todavía se condena la coacción política y la limitación de las libertades. El ataque que está padeciendo es sólo un preludio de la degeneración liberticida más amplia que el estatalismo está preparando para el resto de los individuos. Sería un error considerarlo un berrinche anecdótico de la izquierda. No es eso, no es eso.