Caridad privada y cicatería estatal
En circunstancias normales se asume que hay que buscar un equilibrio entre orden y libertad: los individuos deben disponer de su esfera de libertad dentro de las regulaciones estatales. Sin embargo, en momentos excepcionales, como una catástrofe natural, la necesidad por reestablecer el orden aconseja incrementar la coacción a costa de la libertad.
El problema es que, como ya descubrieran liberales tan insignes como Friedrich Augustus von Hayek, el orden no puede ser construido de manera racional y cartesiana: debe emerger, de manera natural y espontánea, de la interacción humana. Precisamente en los momentos catastróficos, donde los mecanismos de coordinación habituales se resquebrajan, el Estado se hace especialmente prescindible.
Los esfuerzos por crear mediante la fuerza un nuevo orden sólo traen el caos y retrasan la emergencia del orden deseado. Los mandatos estatales introducen un ruido que distorsiona el comportamiento de los individuos y los induce a cometer errores innecesarios. Al desastre natural se le suma el Estado desastroso, y la calamidad está asegurada.
Un ejemplo gráfico de esta sucesión de eventos lo encontramos en la tragedia del tsunami asiático, cuando todos los gobiernos del mundo coordinaron sus políticas para tratar de minimizar el daño sufrido por las víctimas. Un año después, conviene hacer un balance de las mentiras intervencionistas, que agravaron la situación desesperada de los afectados y que estos días se están poniendo de manifiesto.
La caridad privada no es suficiente
Una de las justificaciones más recurrentes del Estado es su función redistributiva. Sin un Estado que garantizara la "igualdad de oportunidades", los pobres serían cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Se trata de una monserga que, no por mucho repetirla, resulta menos falaz.
A diferencia de lo que creen los socialistas, no hay pobres porque existan ricos; la riqueza de José no es causa de la pobreza de Miguel. Lo cierto es que existen personas pobres porque el Estado les impide enriquecerse; su tremenda maquinaria burocrática bloquea la búsqueda y creación de nuevas oportunidades (pensemos simplemente en el salario mínimo, una regulación que, de facto, supone la expulsión del mercado laboral de los individuos más desfavorecidos).
La cantinela redistribucionista se acentúa después de un desastre natural. Toda la izquierda planetaria presiona a los distintos gobiernos para que atraquen a sus contribuyentes y donen sumas ingentes de dinero a los países afectados: sólo los Estados son capaces de acaparar semejantes cantidades de recursos en tan poco tiempo.
El argumento no tiene ningún sentido; de entrada, podemos hacer tres críticas. La primera es que el robo fiscal sigue sin quedar justificado, a pesar del pretendido destino del dinero. Las buenas intenciones no purifican un expolio viciado de origen; el fin no justifica los medios, por muy urgente y apremiante que pueda parecer ese fin.
La segunda es que la gestión estatal de la caridad provoca una serie de distorsiones notorias: al no depender la recaudación de las aportaciones voluntarias de los individuos, el Estado no tiene por qué ser diligente a la hora de gastar los fondos incautados.
Si los individuos, por el contrario, entregaran libremente el dinero a empresas u ONG, las distintas compañías tendrían que competir entre ellas para gestionar mejor los fondos, reduciendo los costes o las comisiones y eliminando los proyectos superfluos e innecesarios. Cada individuo sabría el dinero que ha donado, y querría conocer en qué se ha gastado. Las empresas que peor gestionaran la caridad irían desapareciendo, en un proceso competitivo destinado a mejorar tanto la eficiencia como la ayuda a los más necesitados.
Es obvio que esto no sucede en el caso del Estado, que sólo tiene que utilizar la fuerza y recaudar impuestos para conseguir los fondos. No importa si no son usados correctamente: el ciudadano no es propietario de su dinero, por lo que no puede controlarlo y entregárselo a otros gestores más eficientes.
La tercera y más demoledora crítica es que el argumento no es cierto. No existe ningún impedimento que impida a los ciudadanos ser más caritativos que sus estados. Es más, en todo caso, cabría decir que la redistribución pública tiende a desalentar la caridad privada.
Las razones son sencillas de entender. Si el Estado nos quita el 50% de nuestra renta, el margen para ser solidarios disminuye. Por otra parte, si nos creemos que el Estado realmente cumple el objetivo de ayudar a los pobres, si funciona tan correctamente como para erradicar las desigualdades y la miseria, ¿para qué vamos a entregar más dinero a unos pobres inexistentes? ¡Eso es tarea del Estado! Tarea que, además, realiza muy eficazmente. El problema, en todo caso, no estará en el Estado, sino en que ha recaudado demasiado poco.
La ilusión de un sector público eficiente que los socialistas nos venden sólo sirve para que la gente no se tome en serio la necesidad de ayudar a los demás cuando suceden desastres como el del tsunami. Sin embargo, en este caso, cuando los políticos reconocieron su incapacidad para atender a todas las víctimas con los recursos públicos, la caridad privada se disparó y llegó a doblar la cuantía que habían entregado los gobiernos de todo el mundo.
Tal fue el alud de caridad privada y voluntaria que, tan sólo un mes después de la catástrofe, la Cruz Roja tuvo que hacer un llamamiento público para que la gente dejara de enviar dinero con destino al sureste asiático. "Ya tenemos bastantes fondos para planificar nuestra respuesta y cumplir los programas de los próximos diez años", llegaron a decir. ¿Realmente podemos creernos el cuento de que sin Estado no habría caridad?
El colmo de las ineficiencias y de las mentiras fue destapado hace unos días: la gran mayoría de los gobiernos, empezando por EEUU y Europa, todavía no han entregado ni la mitad del dinero prometido. Estas cifras contrastan con las del sector privado, que ha desembolsado la práctica totalidad del dinero adeudado.
Obras son amores y no buenas razones; en este caso, el simple amor al prójimo debería dejar claro que cada vez quedan menos razones para justificar la existencia del sector público.
Impulsar el orden
Si los gobiernos occidentales actuaron de manera torpe y errática en el caso del tsunami, los estados de los países afectados no son menos responsables en la magnitud de la tragedia y de sus consecuencias.
De entrada, son los causantes más inmediatos del subdesarrollo de sus ciudadanos. Si bien es cierto que Asia está experimentado en los últimos años un crecimiento económico notable –paralelo al incremento de su libertad–, la pobreza que subsiste en esos países sigue teniendo como causa la falta de seguridad jurídica y la desprotección de la propiedad privada resultante de un intervencionismo feroz.
Una mayor riqueza permite construir edificios más sólidos y resistentes, así como la rápida provisión de vacunas y víveres después de la catástrofe. Es cierto que muchos socialistas niegan que la riqueza sirva para protegernos del azote de la naturaleza, pero, en ese caso, ¿por qué motivo instaban a los gobiernos occidentales a enviar grandes sumas de dinero? Si la riqueza es inútil, ¿qué sentido tiene redistribuirla?
En el fondo, todo el mundo se ve obligado a reconocer que a mayor riqueza, mayor capacidad para capear la adversidad. Los estados asiáticos, en tanto han reprimido históricamente la función empresarial, son responsables de la falta de desarrollo de los habitantes de esas regiones (falta de desarrollo que los desprotegió frente al tsunami).
Hace pocas semanas nos enteramos de que el 80% de los afectados por el tsunami siguen sin tener una vivienda; no por falta de dinero, sino por las obstrucciones políticas a su construcción. Los gobiernos de esos países no han asignado todavía las tierras donde pueden construirse los edificios, por lo que el dinero recaudado por las ONG de todo el mundo aún no ha podido ser empleado.
Las regulaciones burocráticas de esos estados han paralizado el proceso creador que caracteriza al capitalismo. No sólo se ha empobrecido a los habitantes de la zona, sino que se ha impedido la inversión de las ayudas recaudadas hace un año. ¿Alguien puede extrañarse de que esas sociedades continúen sumidas en la pobreza? ¿Qué empresario va a poder o querer invertir en unos países donde los gobiernos han bloqueado durante más de un año la reconstrucción de viviendas para los afectados por una tragedia de semejante intensidad?
Conclusión
Los gobiernos son incapaces de solucionar los problemas de los individuos. Su conocimiento fraccionario y su comportamiento despótico impiden la colaboración pacífica entre las personas.
El caso del tsunami de 2004 ha sido, desgraciadamente, paradigmático. La ayuda privada no sólo ha desbancado a la pública, además se ha abonado mucho antes. Por su parte, la deliberada acción política de los estados surasiáticos, lejos de favorecer la coordinación entre los individuos, ha impedido que el 80% de las víctimas disponga de un hogar.
Cuando el Gobierno interviene en la economía podemos ver el resultado de sus acciones, pero la mayoría de las veces somos incapaces de comprender todos los efectos invisibles de su devastadora política. Por lo pronto, sabemos que más Gobierno ha significado menor ayuda privada, más pobreza y menos viviendas para el sureste asiático. Pero eso es sólo la punta visible del iceberg: ¿cuántos propósitos habrán dejado de cumplirse por una coacción estatal que sólo ha traído caos y descoordinación?
Parafraseando al gran liberal Ludwig von Mises, podríamos decir que los estados no pueden crear el orden, pero sí destruirlo. El sureste asiático sigue siendo una vergonzante prueba de ello.
Un Gobierno de pocas luces
Con el asesinato a sangre fría de una indigente, a la que quemaron viva tres hijos de puta, Victoria Prego se ha sumado al coro: "no hay en esa cultura de videojuego ninguna sanción ni crítica, ni tampoco advertencia". Según la periodista, "los chicos jóvenes no están educados para tener conciencia de los efectos de sus acciones violentas", debido a lo cual "pueden quemar a una mujer mientras se ríen" hasta que, luego, "lloran porque se dan cuenta, demasiado tarde, que la mujer no era un personaje de un juego bestial para Playstation".
Victoria Prego participa de ese empeño de la progresía internacional de trasladar la responsabilidad de las acciones de cada persona del individuo a la sociedad, que es esa malvada entidad que permite que los niños vean series de dibujos japonesas y películas violentas y jueguen a sádicos videojuegos. Y, claro, luego pasa lo que pasa. No importa los miles de niños que han crecido en esas mismas condiciones y no se dedican a dar palizas a vagabundos para luego quemarlos. Lo que no debe olvidarse jamás, para estos insignes pensadores, es que la responsabilidad nunca es de la persona que comete el delito, sino de una sociedad que le empuja a hacerlo.
Un doctor indio explicaba al psiquiatra inglés Anthony Daniels, también conocido por su pseudónimo Theodore Dalrymple, que la miseria que veía en Inglaterra era esencialmente distinta a la que se veía en su ciudad natal y, a su modo de ver, mucho más grave. Era una miseria moral, emocional, mental y cultural, de personas para las que ya no existe responsabilidad individual. Ladrones que exigen a su médico que les explique por qué tienen esa "necesidad" de robar aparatos de vídeo en casa ajenas, o que echan la culpa a las iglesias por tener sistemas de seguridad tan malos que, claro, provocan y alimentan esa compulsión de robarlas.
Una legión de pedagogos, terapeutas, asistentes sociales descerebrados e ideólogos de la destrucción de la sociedad han formado una industria criminal, liderada por sujetos tan despreciables como Javier Urra, cuyo fin es destruir los conceptos de responsabilidad individual y libre albedrío, destruyendo la sociedad que en ellos tiene su base. Sus mayores éxitos los han encontrado en el tratamiento que la ley otorga a los menores, que permiten que un sujeto como el asesino de la catana vaya a salir ya de la "cárcel". Pero no es el único. España no podrá ser una sociedad sana mientras hacer yoga siga considerándose un mérito que permite salir antes de la cárcel, mientras no se asuma que es perfectamente asumible en una democracia sin complejos la existencia de la cadena perpetua sin posibilidad de obtener libertad condicional.
La culpa, la responsabilidad, es sólo y únicamente de los tres hijos de puta que quemaron a una pobre indigente. Pero si hubiera que buscarla en otra parte no es, desde luego, en los videojuegos donde la podremos encontrar sino en Victoria Prego y los que les permiten evadir sus responsabilidades. En los que crean el clima de impunidad e irresponsabilidad en que vivimos.
Y hablando de libertad y responsabilidad habitual, permitan que un abstemio de humo como yo comience el año fumándose un pitillo a la salud de la ley del tabaco.
La culpa es de Victoria Prego
Pero sigue vivo. Un reciente artículo de Stephen Moore y Lincoln Anderson, titulado The Great American Dream Machine revela que según los últimos datos recogidos por el Gobierno Federal, seis de cada diez familias de los Estados Unidos tienen una riqueza neta (el valor de sus activos menos sus deudas) que supera los 100.000 dólares. Es decir, que el grueso de las familias americanas tienen una riqueza que supera los 85.000 euros, cuando en 1967 era solo uno de cada cuatro. En este período, el porcentaje de familias que ingresa 75.000 dólares al año o más ha pasado del 9 al 27 por ciento. Si dividimos la sociedad en cinco partes con un número igual de personas, el quinto medio que representaría a la clase media y que en 1967 ganaba de 28.000 a 39.500 dólares, hoy ingresa de 38.000 a 59.000. Para poder llamar pobre a un estadounidense hace falta meter en esa categoría a ciudadanos con niveles de vida de una familia media española.
De modo que Estados Unidos es una sociedad dinámica y creativa, que permite que los ciudadanos progresen considerablemente en una sola generación. Pero si nos fijamos más de cerca en los millonarios de ese país, veremos hasta qué punto el sueño americano sigue estando vigente. Thomas J. Stanley y William D. Danko son seguramente los mayores expertos en los millonarios estadounidenses, y han realizado el estudio más ambicioso dedicado a ellos, en su libro The Millionare Next Door. Más de tres millones y medio de familias tienen allí un patrimonio de un millón de dólares o más. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho para llegar hasta allí?
Stanley y Danko, después de 20 años dedicados a estudiarles, han observado que los millonarios estadounidenses ahorran, viven por debajo de sus posibilidades y creen que la independencia financiera es más importante que un estilo de vida alto. Eligieron la ocupación adecuada y asignan el tiempo, la energía y el dinero de forma eficiente. También han sabido ver bien las oportunidades que ofrece el mercado. Y no tienen importantes cargas familiares.
Cuatro de cada cinco familias millonarias de los USA han logrado su riqueza en una sola generación. No hace falta contar con dinero familiar para ser millonario, en los Estados Unidos. Eso sí, dedican de 45 a 55 horas a la semana a trabajar, generalmente en empleos creados por ellos mismos (dos tercios de ellos) o como profesionales liberales (el resto). Y prácticamente todos destinan el 15 por ciento de su renta o más al ahorro y la inversión. Del resto, una buena parte la destinan a la educación de los hijos. ¿Qué han logrado con ese comportamiento? Que sus ingresos anuales son menos del 7 por ciento del valor de la riqueza que poseen. Es decir, que viven con menos del 7 por ciento de la riqueza acumulada. Podrían dejar de trabajar y crear riqueza y sin embargo mantener su nivel de vida. E insisto, en una sola generación.
El sueño americano
Tal vez el problema no sea el relevo, sino pensar si tendríamos que eliminar para siempre a estas organizaciones que sólo sirven al interés del Estado. Todas las organizaciones políticas destacan por lo mismo: ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, o estás conmigo o contra mi.
España, y Europa también, se está matando a sí misma en este camino hacia el socialismo e intervencionismo. En lugar de hacer un cambio de rumbo radical para conseguir el progreso los políticos, como siempre, sólo saben que barrer hacia casa tomando más dinero de la economía privada y más libertad de la sociedad civil. El hombre se está volviendo un sumiso esclavo de los órganos políticos ya se llamen estado, ayuntamiento, CNMV, FMI… Sin darnos cuenta estamos volviendo a una sociedad de oligarcas absolutistas donde la vieja consigna de “todo por el pueblo pero sin el pueblo” está más vigente que nunca. Es más, estamos avanzando hacia un estado puramente totalitario donde el individuo no es más que una vulgar pieza para la satisfacción del bien común, y el bien común no es el bienestar de los hombres, sino el de los oligarcas. Prohíben a la gente fumar porque mata y en cambio envían y mantienen tropas armadas en países extranjeros haciendo peligrar a esos españoles y a la sociedad ocupada (Afganistán y Haití no son una excepción); el gobierno crea una nueva inquisición mediática para castigar a sus oponentes civiles; obliga a la gente a cuánto ha de ahorrar para su jubilación sin ninguna garantía que vaya a recibir nada, adoctrinan a la juventud en colegios públicos para que sean dóciles e inútiles, extorsiona a empresas y particulares con un sinfín de impuestos, gestiona empresas estatales pésimamente matando la competencia y dando fuerza a los monopolios… ¿Necesitamos tanta represión y violencia?
La mayor amenaza de España no es el “islamismo sangriento”, ni el terrorismo, ni la globalización, porque estos son fenómenos no masivos que podemos combatir precisamente con una sola solución: menos intervencionismo, menos estado y más libertad, y cuanto más mejor. Nuestra gran amenaza es la tiranía de las buenas intenciones, el bien común que usan los políticos como excusa para engañarnos y vivir como auténticos seres supremos a costa del trabajo y libertad de la gente.
Es sorprendente a los límites que la sociedad civil ha dejado llegar al opresor político y al estado para sentirse “segura”. Ha sido un Síndrome de Estocolmo masivo que ha tardado años y que a fuerza de represión y engaños ha cuajado ente nosotros. Ahora no llevar un pequeño dictador dentro de nosotros y no querer prohibir al resto todo aquello que no nos gusta por el simple hecho de amar la libertad es sinónimo de antisistema y destructor de la sociedad, los liberales lo sabemos bien. Sólo el que usa y aboga por métodos totalitarios y criminales es el bienhechor de la sociedad. Antes, a estas personas se les llamaba por su nombre: fascistas o comunistas según para donde tirasen, los dos nacen del mismo principio: la igualdad y la utopía, y de aquí el estado del bienestar, una locución, que como la gran mayoría de expresiones actuales ha perdido todo sentido hasta el punto de convertirse en todo lo contrario.
La pregunta está en si podremos cambiar todo esto. La situación me recuerda tremendamente a la novela “Rebelión en la granja” de George Orwell. La fábula es una crítica a la Revolución Rusa, donde recuerden, una panda de infelices llegaron a esclavizar a uno de los países más grandes del mundo con las mismas palabras, la tiranía de las buenas intenciones. No hay diferencia alguna con la actualidad. Parafraseando a Lord Acton: “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
El bien común es para la oligarquía política
Muchos han puesto el grito en el cielo porque el pasado 23 de diciembre el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto de Tarifas Eléctricas para 2006 en el que se sube un 4,48% de media la tarifa para los consumidores domésticos. Los motivos del gobierno para esta subida vienen determinados fundamentalmente por tres factores que están elevando el coste de producción: la subida del precio del petróleo y su impacto sobre las centrales de fuel oil y ciclo combinado, la creciente cuantía de las primas a la producción de energías renovables y los elevadísimos costes e ineficiencias (es, decir, el gran despilfarro) que está provocando el Protocolo de Kioto. Los tres factores son, como suele suceder, a su vez, producto de otras intervenciones estatales.
No sabemos cuál sería el precio de mercado de la electricidad si éste no estuviese intervenido. Lo que sí sabemos es que toda intervención en los precios provoca que se usen recursos valiosos para la producción de fines relativamente poco importantes. Es decir, el precio intervenido genera un enorme derroche del bien en cuestión.
Por eso, no hay que poner el grito en el cielo porque los precios medios de la electricidad suban un 4,48%. Debemos ponerlo por otro motivo de vital importancia. Y es que resulta insultante que el gran despilfarrador, el poder político intervencionista que determina arbitrariamente los precios, haya introducido en ese mismo decreto un sistema de penalización según consumo para, supuestamente, evitar el derroche. De esta forma el gobierno hará que a medida que se consuma más energía, el consumidor la tenga que pagar más cara.
Evitar el despilfarro poco o nada tiene que ver con esto. La gente no se dedica a despilfarrar la electricidad. Lo que hace es usarla en aquellas actividades que valora lo suficiente como para incurrir en los costes necesarios para hacerlas realidad. Y como el valor que se le da a un uso concreto es siempre subjetivo, nadie puede decir que su uso es más importante que el de los demás. Por lo tanto, la única forma de reducir el derroche eléctrico al mínimo es liberalizar la producción, liberalizar el precio y dejar que cada consumidor juzgue cuáles son sus fines relativamente más apremiantes para los que usar la electricidad al precio de mercado.
El verdadero despilfarro es casi siempre el producto de una intervención política. En nuestro caso el poder político se ha encargado en primer lugar de hacer de la electricidad (uno de los bienes más importantes para el crecimiento económico) un bien artificialmente escaso mediante impedimentos a la producción. Luego se ha dedicado a jugar políticamente con el precio desestabilizando la relación entre la oferta y la demanda. Y, ya por último, nos llama despilfarradores y nos quiere cobrar el coste del desaguisado que ha formado. Hay que tener poca vergüenza para tratar así al ciudadano que trabaja cada día para vivir un poco mejor consumiendo, generalmente, un poco más de electricidad.
El PP, como el PSOE
La Ley de Dependencia, según se anuncia, proporcionará subvenciones a las familias con enfermos imposibilitados que necesitan la ayuda de otra persona para valerse. Doña Ana Pastor, en dicha entrevista, se mostraba encantada con la propuesta que, de hecho, ya se le había ocurrido a ella mucho antes; y para que no hubiera dudas sobre su pasión redistributiva, afirmó tajante: “ojalá yo pague muchos impuestos para que el Estado pueda ayudar a estas personas”. Pero si el PP y sus cuadros fuesen de veras un partido liberal y no, como diría Hayek, una socialdemocracia de derechas, denunciarían esta nueva intromisión estatal en la esfera privada, por varios motivos.
En primer lugar, el deseo de la Pastor de pagar muchos impuestos para que el estado sufrague estas políticas no constituye ninguna lección de ética, pues lo moral es un atributo privado del ser humano que depende de únicamente de su propia voluntad, y los impuestos no son contribuciones voluntarias, sino incautaciones coactivas. La solidaridad con cargo al presupuesto no es virtud, sino cinismo, y el hecho de que ella pida a gritos que el gobierno le esquilme el bolsillo aún con más fiereza no la hace mejor persona que los que sentimos más apego a lo que ganamos honradamente.
En segundo lugar, el juego de intereses que se pone en marcha con la redistribución pública ejerce una distorsión profunda en las relaciones sociales, creando castas de ganadores (consumidores netos de impuestos) o perdedores (contribuyentes netos), según los criterios que el gobierno de turno utilice para ejercitar su poder coactivo. ¿Por qué subvencionar a las familias con un enfermo de Alzheimer y no a las que tienen muchos hijos, o a los abuelos que cuidan de sus nietos, o a los bailarines de striptease, que levantan el ánimo de las personas con problemas, o a los curas, que procuran alivio espiritual y son también gente encantadora?
En tercer lugar, es una falacia el pensar que la redistribución estatal opera uniformemente entre ricos y pobres. Al contrario, el peso de esta supuesta redistribución recae en gran medida dentro del grupo de los “no poseedores”, cuyas circunstancias personales les impiden hacerse subvencionar por el resto, en virtud de los criterios estatales vigentes en cada momento. Decía Rothbard que la doctrina de la redistribución se resume en que unos pobres terminan pagando la factura de otros pobres. En el caso de la Ley de Dependencia, habrá beneficiarios netos (enfermos imposibilitados, con rentas bajas pero con bienes patrimoniales suficientes) que estarán siendo subvencionados por personas con un menor poder adquisitivo (por ejemplo, familias numerosas con escasos ingresos y grandes problemas para llegar a fin de mes). La Pastor se muestra encantada con este sistema. Ella sabrá. En todo caso que se lo explique a sus votantes.
Finalmente, la subvención pública desincentiva el ejercicio de la responsabilidad individual y erosiona los vínculos familiares. El estado socialdemócrata aspira a dirigir nuestra vida desde la cuna hasta el final de nuestros días, mediante la expansión de un gigante burocrático que cada vez fagocita un trozo mayor de la riqueza que creamos los ciudadanos. Así, el sistema público de pensiones, alienta a la mayoría de las personas a no preocuparse de ahorrar lo necesario para garantizarse una vejez desahogada, a la espera de que el estado socorra sus necesidades. Los hijos, a su vez, eluden la obligación moral de cuidar de sus progenitores imposibilitados en la ancianidad, exigiendo al Estado (es decir, al resto de contribuyentes) que se encargue de ejercer esa función, con grave deterioro de los lazos intergeneracionales propios de la institución familiar.
Lo cierto es que la socialdemocracia hace mucho tiempo que dejó de ser una opción política para convertirse en un régimen, en cuyo juego de intereses electorales el PP sólo es el ala moderada. Y nada más.
Evo Morales, el camino a la miseria
Seguramente Morales estudió la vía pacífica al socialismo de Salvador Allende, que en sólo tres años logró destruir la creación de riqueza y llevar al país al borde de una guerra civil. Allende expulsó a los técnicos de las multinacionales que explotaban el cobre y otros recursos naturales, y los sustituyó por comisarios políticos. La producción sencillamente se detuvo. Evo Morales no busca eso, de modo que lo que propone, dice, consiste en tener a las multinacionales como “socios tecnológicos”. Dice el nuevo presidente que “si quisiéramos emprender un tema de exploración o prospección necesitamos la tecnología. Se pagará por los servicios de esas trasnacionales, pero fundamentalmente nuestro gobierno estará enfocado en cómo industrializar sus recursos naturales”.
Pero se equivoca de medio a medio. El error del nuevo narcopresidente de Bolivia, muy común, es el de pensar que los problemas económicos son cuestiones técnicas o tecnológicas. La tecnología busca soluciones adecuadas para fines concretos y determinados, como la extracción de gas de un pozo. La economía, sin embargo, estudia los procesos sociales que se enfrentan al problema de la escasez, para satisfacer de la forma más cumplida las múltiples y cambiantes necesidades de los ciudadanos. La economía estudia un proceso abierto e incierto de millones de acciones individuales que buscan satisfacer una pluralidad de necesidades de forma coordinada, mientras que la tecnología se centra en cada uno de estos fines. El uso de los recursos naturales es una cuestión económica. Son recursos escasos y hay que buscar la institución que permita un uso más productivo de ellos. Esa institución, ahora lo sabemos, es la propiedad privada. De nada le servirá a Evo Morales contratar a los técnicos de las multinacionales u otros si lo que va a hacer decidir sobre el uso de los hidrocarburos desde el Estado. El fracaso está asegurado.
Morales, además, no se va a detener ahí. Ya ha anunciado que después de estos, seguirá “los recursos minerales o forestales”. A medida que vaya fracasando y se encuentre en dificultades huirá hacia delante ampliando la cantidad de recursos nacionalsocializados. Como además los empleará en su agresiva política exterior (se hará salida al mar a costa de Chile y extenderá la robolución en América junto con Castro y Chávez), la pobreza y el hambre en Bolivia saltarán a las portadas de los periódicos (de fuera de su país) en pocos años.
Este no tenía porqué haber sido el futuro de Bolivia. El periodista de aquél país Albino Mario Fantini ha recogido en un artículo los datos de un estudio del Banco Mundial, que revelan que las reformas liberalizadoras de principios de los años noventa dieron buenos resultados: “un crecimiento promedio de 4,5 por ciento durante 1994-98”. La inversión pasó del 3 por ciento del PIB en 1995 al 12 por ciento cuatro años más tarde, el desempleo cayó del 10 al 4 por ciento y la pobreza comenzó a remitir, aunque tímidamente, del 52 por ciento de la población al 46 por ciento. Desde 1999 el país ha caído en una crisis institucional que ha sumido al país en una inseguridad jurídica y política en la que es muy difícil prosperar; la inversión busca seguridad y en Bolivia se ha desplomado desde entonces. El nivel de pobreza ha vuelto a crecer hasta el 65 por ciento. El estudio del Banco Mundial estimaba que si ese país hubiera optado por las reformas liberalizadoras que le permitieron comenzar a escapar de la miseria podría haber reducido el porcentaje de bolivianos en la pobreza a menos de un tercio en 20 años. Pero Bolivia ha elegido el camino opuesto.
La Navidad, la Familia y el estado
Estos días hemos recibido la noticia de un terrible caso de maltrato de padres a hijos en la ciudad de Sheffield. Cinco niños con edades comprendidas entre uno y siete años fueron abandonados por sus padres en una habitación. Mientras los niños se ayudaban para sobrevivir entre sus propios excrementos sus padres bebían alcohol y jugaban con la Play Station. Este estado de cosas se convirtió en un depravado ritual que empeoraba día tras día. Afortunadamente la hija mayor logró convencer a la madre para que llamase a una ambulancia cuando su hermano de poco más de un año dejó de moverse. Gracias a esa noble acción y a la rapidez de los servicios de emergencia el bebé salvó su vida.
Ya hay quienes han alertado acerca de la necesidad de incrementar las dotaciones de unos servicios sociales que, a pesar de visitar con frecuencia a la familia, no fueron capaces de percatarse del trágico maltrato. Se equivocan. Es precisamente la maraña de ayudas sociales la que destruye los lazos familiares capaces de poner freno a este tipo de sucesos y los sustituye por unos incentivos perversos que son el caldo de cultivo de desgraciados casos como este. Me explico. En el Reino Unido, como en otros países de la “Europa del Malestar”, cuando una adolescente se queda embarazada recibe una ayuda mensual del estado. Algo así como un premio a la conducta ejemplar y un incentivo a tener hijos lo antes posible. No importa si la familia trataba de convencerle de que esperase algún tiempo, papá estado corre con los gastos. ¡Sigan jugando! Hay premios seguros todavía más espectaculares. En efecto, quedarse embarazada siendo menor de edad también da derecho al gran premio de una vivienda de protección oficial. Al precio que están los pisos en Inglaterra no es de extrañar que más de una adolescente que tenga una bronca con sus padres o simplemente quiera independizarse, decida tener hijos.
En este marco, la madre de estos niños tuvo a los cinco críos entre los 16 y los 24 años. Vivió en una vivienda de protección oficial hasta que se trasladaron a una celda, también estatal. Más de cincuenta trabajadores sociales les visitaron en aquella casa de los horrores de Sheffield y ahora serán psicólogos a sueldo del estado quienes visiten a los niños en sus respectivas casas de adopción y a los padres en los centros penitenciarios. Aquellos no eran capaces de ver los problemas angustiosos de la familia porque el propio concepto de familia les es extraño. Sólo ven ciudadanos más o menos cercanos a estereotipo estatal de buena conducta. Y el resto de la familia no me inmiscuiría porque el intervencionismo estatal en materia social se ha encargado de diluir las relaciones y los compromisos entre miembros.
Son todas esas ayudas junto con las diversas trabas a formar una familia las que hay que eliminar. Hay que procurar que la familia vuelva a ser una institución que evolucione libremente lejos de la corrupción que suponen los favores y los impedimentos estatales. En ningún caso hay que potenciar los causantes del mal, que no es otro que el estatismo en el ámbito familiar. Resulta curioso examinar que si Jesús naciera en la Europa de principios del siglo XXI, tendría muchos puntos para ser apartado de María por un leal trabajador social del estado. Eso sí, María y José accedería a una vivienda de protección estatal y Jesús viviría en una familia de adopción con buenos contactos políticos como la de Herodes.
Los malos humos de la represión estatal
Aparte de las manipulaciones estadísticas, posible exageración sobre los efectos del tabaco, y el poder hegemónico del gobierno sobre las personas, podemos hacer un análisis de qué significará la ley para nuestra estructura productiva.
Recordemos que en España se producen más de 42.000 toneladas de tabaco al año y unas 20.000 familias viven de la industria generando unos ingresos cercanos a los 150 millones de euros. Que la industria tabaquera sea tan grande, a pesar del estado (altos impuestos, regulación de la publicidad…), significa que su existencia es la respuesta a una necesidad real. Esto es, una gran masa de la comunidad quiere consumir tabaco tal y como demuestran los resultados del sector, cualquier otra lectura sería sujetiva y partidista.
Restringir o abolir un sector productivo por razones morales o neo–puritanas significa la pérdida de libertad individual (impuesta por el dictador moral) y la destrucción de la libre estructura productiva por la que ha apostado voluntariamente la comunidad (anulada por el dictador de la producción). Violar la libertad siempre traerá pérdidas netas totales donde la empresa restringe su capacidad creadora y social (beneficios, dividendos, empleos…), y el individuo ve disminuir sus opciones.
En este proceso además aumentarán los trámites burocráticos, costes de vigilancia estatal, funcionarios… a los que se tendrán que someter empresas y particulares. La represión no sólo niega la libertad de unos a expensas de otros, sino que además, es cara de mantener generando corrupción administrativa.
Pero el error va más allá incluso. La ley antitabaco provocará las quejas de los empresarios afectados (bares, discotecas…). Recuperar su estatus anterior radicará en la movilización pacífica y/o violenta que les ha enseñado el estado del bienestar. Si arman suficiente escándalo o destruyen la propiedad ajena como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el gobierno les creará compensaciones económicas, no reduciendo los impuestos que pagan ya que eso sería un acto de sentido común, sino creando ayudas y subvenciones que pagaremos todos (fumadores, no fumadores, inmigrantes, estudiantes…). Esto significa un total o combinación de: más impuestos a empresas ajenas al sector y consecuente pérdida de competitividad, más impuestos a los particulares, reducción presupuestaria en otras partidas estales (sanidad, obras públicas… no, tranquilos que de RTVE no recortarán ni un solo euro), aumento de la deuda (que significa más impuestos en el futuro)… para después transferirlo a los empresarios y trabajadores que han sido víctimas del estado. De hecho, el sector del tabaco ya recibe fuertes subvenciones de la PAC. ¿No le parece un sinsentido? La nueva ley será la excusa perfecta para hacer crecer la vorágine estatal.
¿Qué es lo que han creado los políticos? Otro monstruo, la historia del estado del bienestar resumida en otra ley liberticida. Han convertido un sector que era próspero, generaba numerosos lugares de empleos directos e indirectos, cuantiosos beneficios y respetaba la libertad individual en un arma de control irresponsable donde, claro, el estado es el mayor beneficiario: 7.500 millones de euros por parte del gobierno español en impuestos y 63.000 millones para la Unión Europea.
La libertad nos beneficia a todos, el intervencionismo nos esclaviza social y económicamente. Pero aún y así, si nos “molesta el humo”, la solución no es prohibirlo, sino desregular la economía para que el mercado cree más lugares como Starbucks, donde no se puede fumar.
Estamos en el S. XXI, pero desgraciadamente el fin de la Segunda Guerra Mundial no significó el desmoronamiento del fascismo, ni la caída del muro de Berlín la desaparición del socialismo. El totalitarismo estatal aún está entre nosotros, y eso se paga.
Estampas navideñas
Unos estudiantes preservan sus pescuezos de los rigores invernales con la famosa pañoleta arafatiana, haciendo simpática apología del terrorismo antisionista, otros forcejean desde el suelo con los agentes que intentan esposarlos, con sus pantalones de marca caídos de la cintura y mostrando la ropa interior, finalmente algunos más exhiben la estética típica del borroka, con la capucha del chandal subida. Es difícil saber cual de estas imágenes resulta más repulsiva. En todo caso, si algo representan con sus poses y conducta, es la claudicación moral a la que ha sido inducida una generación entera de españoles por parte de unos ungidos, convertidos en líderes de opinión, que un día se autoconcedieron la facultad de dirigir los destinos de la sociedad. Por supuesto que se trata de una minoría de adolescentes, pero hablamos de los vástagos de la clase media ilustrada de la capital de España, practicando actividades extraescolares que necesitan intervención policial. Todo un indicio del estado actual de nuestra educación.
Cuando en virtud del vitriolo pedagógico esparcido por la izquierda, dejó de considerarse a los niños monstruos en potencia a los que es necesario educar, para encaminarles por la senda del nihilismo, de la astenia moral y del rechazo de todo lo que tradicionalmente se ha considerado un sano esfuerzo de superación personal, el resultado es una generación desnortada de jóvenes, incapaz de tratar con su propia existencia. Los modelos de conducta en los que se mira la generación actual, diseñados a través de consignas, tópicos y prejuicios fuertemente politizados, son una mezcla de depravación y cinismo a partes iguales, fruto de varias décadas de continuo desistimiento de las voces públicas, a las que se había encomendado el papel tradicional de robustecer los principios en los que se asienta la civilización. Cuando las elites desertan de su deber, la catástrofe está asegurada.
Uno de los síntomas más evidentes de esta degradación colectiva es el pavor cerval a la independencia que muestran los adolescentes actuales. Incapaces de formarse un criterio válido para interpretar su papel en el mundo, pues sus mayores declinaron la responsabilidad de proporcionarles las herramientas lógicas necesarias para ello, buscan desesperadamente adherirse al grupo de moda para que sea la tribu la que les diga cómo deben vivir.
Con un ambiente cultural que disfraza el fenómeno terrorista con una aureola de misticismo romántico, que presenta las algaradas violentas de los revolucionarios antisistema como la máxima expresión del utopismo filantrópico y que sacrifica continuamente la esencia individual en el altar de lo colectivo, lo realmente milagroso es que no haya miles de jóvenes quemando restaurantes de comida rápida o cajeros automáticos a tiempo completo.
No deben seguir preocupándose los ideólogos de la LOE por el futuro de esa magna asignatura que nos anuncian. Estos chicos están ya educados para la ciudadanía. Ciudadanía socialista, que es de lo que se trata.
