Uno de los casos más ejemplares ha sido la campaña de acoso y derribo contra Repsol. En una visita que realizó a España en septiembre del año pasado, el entonces candidato a la presidencia de Bolivia manifestó estar dolido con Repsol YPF por estar apoyando a su contrincante Jorge Tuto Quiroga. Según Morales, Repsol había financiado parte de la campaña de Quiroga, hecho que negó la empresa, aunque no parece haber convencido a Morales. Morales lo tiene claro, el que no está con él está en su contra y, por lo tanto, ha de ser castigado.
Morales también siente un profundo odio a todo lo que huela a iniciativa privada y libertad individual. Los votantes de Morales acusan a Repsol, y a cualquier empresa extranjera, de explotarlos, especialmente a los indígenas. La acusación es sorprendente teniendo en cuenta que Repsol ha invertido en Bolivia más de 1.000 millones de dólares entre 1997 y 2005, sin duda, una forma muy peculiar de "explotación". Otra cuestión que alimenta el odio irracional de Morales es que la empresa española gestiona casi el 25% de las reservas de hidrocarburos del país y que en el año 2004, por ejemplo, obtuvo unos beneficios netos de 845 millones de euros. Es decir, acusa a Repsol de hacer lo que los propios bolivianos han sido incapaces conseguir en tantos años: convertir los recursos del país en riqueza real, dar un atisbo de prosperidad al país y a su gente dejando gran parte de dinero (¿español?) en empresas de marketing bolivianas, staff del país, y contribuyendo al sustento de miles de empleos. Y además al más puro estilo capitalista: sin coacciones, sin violencia y de forma contractual. ¡Qué diferentes son las medidas de Morales, que pretende conseguir "riqueza" mediante la manipulación de la ley, los juicios y la represión!
El odio a la libertad e iniciativa privada también lo vemos en los ídolos de Morales, principalmente Fidel Castro, que olvidando los asesinatos del dictador y la continua represión contra la libertad trata a Cuba de democracia ejemplar quedando en una notable evidencia ante los medios de comunicación (vea el video).
Demasiados son los ejemplos que se pueden citar del odio de Morales hacia la humanidad. Pero aún así, los true believers de la izquierda y defensores del pensamiento único seguirán proclamando banderas que no son más que una máscara para ocultar el odio que sienten hacia la libertad. Una de esas máscaras fue el objetivo proclamado por Morales en su época preelectoral: "construir una nación plebeya". ¡Qué bonito! Pero, desgraciadamente, eso sólo encubre una vuelta al dirigismo más retrógrado y a un autarquismo que convertirá a Bolivia en una auténtica nación arruinada y más resentida.
En la sesión de control al gobierno del pasado miércoles, el portavoz del grupo popular, que al contrario que un destacado dirigente del PSOE vasco no ha sido jamás condenado por violencia doméstica, provocó las iras de las diputadas social-comunistas por un comentario sobre la afición a la moda interétnica de la vicepresidenta del Gobierno. Zaplana habló de disfraz, refiriéndose a la indumentaria de Fernández en su gira solidaria por tierras africanas, lo que al parecer colmó el vaso de la paciencia de las diputadas de izquierda. Sin embargo, salvo que la interfecta demuestre que en su juventud se dedicó a la recolección del anacardo en las llanuras de Kenia, parece evidente que el modelito "campiña fashion prêt à porter" con que apareció en todos los telediarios no era otra cosa que lo que dijo don Eduardo. En los 70, Hayek denunció que la justicia social era, además de un espejismo, un residuo de la moral tribal. En pleno siglo XXI, la izquierda reduce por fin el tribalismo de las ideas a un indigenismo de verdad, con saltos, bailes y telas vistosas.
El espectáculo de las culiparlantas abandonando los escaños en protesta por la gravísima ofensa proferida contra su líder femenina, fue realmente conmovedor. La sesión del miércoles pasado será recordada, sin duda, como otra página emocionante en la larga y vibrante lucha de las mujeres progresistas por acabar con milenios de patriarcado opresor. Lo que no quita para que se las pueda acusar de haber exagerado un poco en esta ocasión, sobre todo si comparamos el caso con otros episodios anteriores protagonizados por hombres de progreso. Como cuando al entonces ministro de Justicia, Múgica Herzog, le informaron de que por primera vez una mujer iba a formar parte del Tribunal Supremo y el bueno de don Enrique preguntó si es que habían puesto cocinas en el alto tribunal. Pues bien, que yo recuerde no hubo ninguna asonada de las diputadas ni ninguna feminista se quemó a lo bonzo a las puertas del Ministerio.
Por otra parte, lo que más debiera molestar a las diputadas progresistas no es el comentario inocente de Zaplana, sino la pachorra de sus compañeros varones, que las dejaron solas frente a las huestes enemigas. En efecto, todos los diputados "progresistas" permanecieron en su escaño, con la honrosísima excepción del ministro de Industria, Montilla I El Condonado, que se solidarizó, acaso accidentalmente, con sus compañeras ultrajadas. ¡Toma ya, macho alfa!
Ahora se opone rotundamente al expediente de regulación de empleo propuesto por la Caffarel (empresa que toca muerta es), porque dice que eso sería "firmar el acta de defunción del servicio público". Coño, pues si se trata de una noticia tan excelente, ¿por qué se opone el PP? El servicio público que pueda realizar RTVE ya está cubierto por otras muchas empresas, que además compiten en desventaja pues no tienen acceso al bolsillo de todos los españoles para esquilmarlo como ocurre con el "ente", así que lo único sensato es suprimirlo. Los sufridos contribuyentes admitiríamos incluso que ZP se lo regalara a Polanco para que así tuviera dos "ectoplasmas". Todo con tal de no tener que seguir pagando a los hombres y mujeres de la cultureta sus chorradas izquierdosas que nadie ve, como esa serie sobre la Guerra Civil que, ahora resulta, ganaron los que la perdieron, o aquella otra sobre una abuela cebolleta de izquierdas que a pesar de estar ambientada en los años setenta reunía todos los tópicos de la chorraprogresía del Siglo XXI.
Si de verdad quiere hacer un favor a sus votantes, Macarena, cállese y deje que la tele pública se autodestruya. No intente salvarla, por lo que más quiera. Déle a nuestro cuerpo una alegría, ande.
Piensen un instante en la esencia de las Fallas: tanto los ninots como los cohetes se desvanecen instantáneamente. El cartón, la madera y la pólvora son un gasto caprichoso de corto alcance; se esfuman tan pronto como el fuego entra en contacto con ellos. Los falleros se gastan millonadas de euros para luego quemarlos el 19 de marzo.
Muchas personas estarán tentadas a afirmar que las Fallas suponen un dispendio irracional, un gasto innecesario o una desviación de las necesidades de producción; ese dinero podría utilizarse para otras actividades "más importantes", como la educación o la sanidad.
Estos razonamientos parten del error de suponer que existe una escala de preferencias distinta de la demostrada en su acción por los individuos. El valor es subjetivo: cada individuo persigue sus propios fines y se provee de los medios necesarios para conseguirlos. Antes de consumir debemos producir, y la producción se orienta a satisfacer los deseos del consumo a través de los precios de mercado.
La pretensión de ciertas personas de utilizar los medios políticos para erradicar los deseos de los individuos y sustituirlos por los caprichos de los políticos sólo puede ser calificada de arbitrario robo. No hay excusa posible para privar a las personas de los medios que ellos mismos han producido para satisfacer sus propios fines.
La tragedia del poder político es que, en su magna ineficiencia, es incapaz de producir riqueza de manera pacífica y tiene que rapiñar los bienes y servicios ajenos en nombre de unos fines superiores.
Las Fallas son un buen ejemplo de que las preferencias individuales pueden parecernos estúpidas, incomprensibles o irracionales, pero ello no nos legitima para intentar corregirlas mediante la violencia. La gente incluso puede fumarse billetes de 500 euros si eso le hace feliz: no seamos tan moralistas como para tratar de impedírselo.
El problema de la riqueza no es su mala distribución, como quieren hacernos creer los políticos, sino su coste de oportunidad. ¿A cuánto está dispuesto a renunciar para quemar una montaña de billetes?
La farsa de los bienes públicos
Una de las justificaciones más habituales del intervencionismo estatal la encontramos en los llamados "bienes públicos". Supuestamente, existen una serie de bienes que, una vez producidos, pueden consumirse en cantidades casi ilimitadas, sin coste adicional alguno, y que, para más inri, no permiten la exclusión de estos usuarios adicionales. Un ejemplo recurrente es el faro: una vez construido, todos los barcos se benefician de su luz, sin que sea posible excluir a los barcos que no han pagado.
Estos "gorrones" se conocen en la literatura económica como free-riders, personas que se benefician del bien pero que no han contribuido a financiarlo. En principio, esto supone un impedimento para que los bienes públicos sean provistos de manera privada (sin la coacción del Estado): todo el mundo intentaría que fueran otros quienes pagaran por ese bien que, una vez fabricado, beneficiará a todos. En este contexto, se apela a la intervención del Estado para que obligue a todos los futuros consumidores a contribuir coactivamente a su pago.
Afortunadamente, las críticas teóricas solventes a este ruinoso concepto ya han comenzado a emerger. Pero, además, para mayor pataleo de los estatistas, tenemos ejemplos por doquier de bienes supuestamente públicos que han sido producidos de manera privada sin mayores problemas. Uno de ellos es la caridad; otro, las Fallas.
Pensemos de nuevo en las Fallas. Una buena parte del espectáculo que ofrecen está disponible para una pluralidad de personas, que en su mayor parte, no han pagado nada. Cada falla se construye gracias a las contribuciones voluntarias de sus socios; no es necesario ningún tipo de coacción para financiar la compra de ninots o el lanzamiento de los castillos de fuego a cargo de cada asociación fallera. Valga como clarificador ejemplo la falla Nou Campanar, cuyo presidente, Juan Armiñana, ha invertido la friolera de 600.000 euros, esto es, más de 100 millones de las antiguas pesetas; todo ello sin necesidad alguna de coacción, represión o violencia.
Los teóricos de los "bienes públicos" son incapaces de darse cuenta de que su estrecho modelo de racionalidad (basada en la maximización mecanicista de los beneficios monetarios) no encaja en un mundo donde los individuos también actúan impulsados por la amistad, el amor, la caridad, la compasión o la tradición.
A los valencianos no necesitan explicarnos cómo solucionar el problema de los bienes públicos. Los centenares de fallas que pueblan cada año la ciudad son una buena prueba de ello.
Vandalismo y vándalos
Al principio del artículo decíamos que no podemos arrebatar a los individuos los medios que ellos mismos han producido para satisfacer sus propios fines; luego, que las fallas pueden producirse de manera privada, sin necesidad de coacción pública.
Precisamente porque el asociacionismo voluntario de los valencianos es tan poderoso y pujante, uno no puede más que sorprenderse de que subsistan costumbres tan primitivas como que el Ayuntamiento tenga su propia falla, costeada con los impuestos de todos los valencianos. Que hace unos días unos vándalos la quemaran precipitadamente sólo ilustra el trágico destino del dinero expoliado por la Administración: las cenizas de la represión.
La paradoja de las paradojas es que, mientras esos asaltadores van a ser perseguidos por haber atentado contra la falla del Ayuntamiento, el Ayuntamiento no va a ser perseguido por atentar contra la propiedad de los valencianos.
Ningún acto de iniciación de la violencia es legítimo: ni el robo inicial ni la quema posterior. Nuestros políticos deberían ser menos demagogos: el acto vandálico contra la falla del Ayuntamiento, por el que tanto claman, es perpetrado diariamente por ellos mismos cuando succionan nuestra renta. Cada uno debe responder por sus delitos; también los políticos.
Las fallas como modelo de Alianza de Civilizaciones
Las fallas han sido desde siempre y por encima de todo un grito de sátira y crítica social. Ningún personaje popular se libra de aparecer ridiculizado antes de la quema. Pero hete aquí que los censores socialistas, que también abarrotan el Partido Popular, no han dudado en presionar a las fallas para que se "autocensuren" y eviten cualquier crítica a Mahoma o al Islam.
Las opiniones ajenas podrán parecer verdaderas o falsas, agradables o desagradables y comprensibles o incomprensibles, pero, en todo caso, las opiniones no delinquen. Sólo cuando se inicia la violencia física tenemos un justo derecho a la defensa; de otra forma estamos confundiendo la iniciación del ataque con el pretexto de la falsa protección.
La ofensa de los sentimientos –tampoco de los religiosos– no es argumento suficiente para iniciar la violencia. Si cualquier ofensa individual o generalizada concediera un derecho de represalia, la guerra civil y la destrucción de la sociedad devendrían inevitables.
El respeto no pasa tanto por no criticar al prójimo cuanto por no atacarlo. Es mucho más respetuoso quien critica mordazmente pero de forma pacífica que quien de manera disimulada reprime al prójimo.
El islamismo no puede gozar de prebendas que amparen la restricción de la libertad individual. Como creencia de millones de individuos, queda amparada por los mismos derechos que ostenta cada uno de esos individuos.
La presión y el chantaje del Estado contra la propiedad privada de las fallas resultan del todo inaceptables; a quien no le guste que no mire: en una semana habrá desaparecido entre las llamas. A buen seguro no podremos decir lo mismo de la opresión del poder político.
Conclusión
Las Fallas son una festividad tremendamente popular que, al margen de la diversión que proporcionan, pueden ofrecernos importantes lecciones éticas y económicas. Sólo tenemos que hacernos las preguntas pertinentes y comprender la realidad gracias a la teoría adecuada. La libertad nos da lecciones hasta en los momentos más insospechados.
En medios de comunicación masivos o en boca de los políticos, no escuchamos muy a menudo argumentaciones en favor del derecho a podernos informar libremente sobre asuntos tan personales e íntimos como nuestra propia salud. De hecho, son desconocidos por la gran mayoría de la población los términos en que esta prohibición es efectiva. El mal nombre que popularmente se le atribuye a la publicidad o el peligro de colapso de los sistemas nacionales de salud –y las críticas a éstos que pueden emerger– seguramente sean dos motivos poderosos que impidan que este tema se incluya en las "agendas políticas".
La directiva europea 2001/83/CE, de 6 de noviembre de 2001, "establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano". Si analizamos los términos en que se prohíbe la publicidad de los fármacos en la exposición de motivos de esta directiva, observaremos que el objetivo que se esgrime es que "la publicidad destinada al público de aquellos medicamentos que pueden ser dispensados sin prescripción médica podría afectar a la salud pública, si dicha publicidad fuese excesiva e imprudente". Pero la realidad es muy distinta si nos adentramos en las entrañas de lo que dicha directiva legisla respecto de la publicidad directa al paciente.
El artículo 88 estipula que los Estados miembros prohibirán la publicidad destinada al público de medicamentos que estén sujetos a receta médica, contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes o no estén concebidos para su utilización sin la intervención de un médico. Asimismo, "los Estados miembros podrán prohibir en su territorio la publicidad destinada al público de los medicamentos reembolsables".
Es decir, todos aquellos medicamentos que se prescriben mediante una receta médica, los cuales son mayoritariamente sufragados por el Estado, no pueden recibir ninguna publicidad. Por el contrario, si los paga enteramente el consumidor y no precisan de prescripción médica, sí pueden ser promocionados. Extraña forma de dividir entre el bien y el mal.
El próximo mes de abril, el Instituto Juan de Mariana sacará a la luz un revelador informe de carácter multidisciplinar sobre los estragos jurídicos, éticos, económicos (publicidad, I+D) y de salud pública que está suponiendo la prohibición de información directa al paciente y de la publicidad de medicamentos por parte de las empresas farmacéuticas. Su título es En defensa del derecho de información al paciente. Los efectos positivos de la libertad de información en el campo de los medicamentos.
En dicho informe se repasa a modo ilustrativo el caso de la osteoporosis en España. Esta patología aqueja principalmente a las mujeres: en España la padece una de cada tres mujeres de más de 50 años. Este porcentaje se eleva al 52% en el caso de las mujeres de más de 70 años.
La enfermedad afecta a 3 millones de personas en España, de las que 2,5 millones son mujeres. De entre todos los pacientes, sólo el 18% están diagnosticados. A la osteoporosis se le ha dado en llamar la "epidemia silenciosa" (Revista Española de Economía de la Salud, ‘Prevención de osteoporosis: El coste de la desinformación del paciente’, Jorge Álvarez, nov.-dic. 2002) por la falta de prevención y los diagnósticos inapropiados. Buena parte de la culpa de la acuñación de este "apodo" la tiene la falta de información a los ciudadanos, lo cual se traduce en graves lesiones óseas, así como en un incremento de costes por hospitalizaciones, además de otros costes indirectos.
De los 2,5 millones de mujeres que padecen esta enfermedad, el 10% recibe algún tipo tratamiento, según fuentes de Fhoemo (Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas). En España, a pesar del esfuerzo de "concienciación" (dieta rica en calcio y vitamina D, no fumar, realizar ejercicio, moderar el consumo de alcohol, etcétera), una de las mayores debilidades en el tratamiento sigue siendo el diagnóstico.
Las autoridades nacionales y comunitarias están limitando que las compañías farmacéuticas anuncien e informen sobre los logros de medicamentos innovadores en el tratamiento de la osteoporosis. Las medidas preventivas son extremadamente efectivas para frenar el progreso de esta enfermedad. Los fármacos que se emplean con mayor frecuencia para combatirla consiguen detener la reabsorción ósea y evitar la pérdida del mineral. Son los llamados "inhibidores de la reabsorción", entre los que se encuentran los biosfonatos, los estrógenos o las calcitoninas. Estos tratamientos se complementan con refuerzos como la vitamina D o el calcio. Sin embargo, no regeneran la pérdida ósea sufrida hasta el momento en que se trata la dolencia, sino que frenan el proceso de destrucción a partir de ese punto. Otros tratamientos más novedosos se realizan a través del PTH (hormona paratifoidea), que sí estimulan la absorción de calcio por el hueso, aunque presentan contraindicaciones.
Como se indica en el informe, el argumento de información "sesgada" no puede servir de coartada para que las autoridades europeas prohíban la información directa al paciente. En ningún caso, el papel de los legisladores ha de mezclarse con el de los jueces. Entre las facultades del Ministerio Fiscal está siempre el promover la acción de la justicia cuando se considere que la información transmitida falta a la verdad.
Y es que en todo caso, lo que en la actualidad están impidiendo los legisladores europeos no es la publicidad engañosa (algo que de todos modos ya está prohibido por todas las legislaciones), sino toda publicidad y, lo que es aún más grave, cualquier forma de información ofrecida al paciente por parte de los fabricantes de medicamentos.¿Es que un diabético estaría en mejores condiciones de salud si no tuviera constancia de que para mitigar su padecimiento existe una sustancia como la insulina, con la que puede controlar los niveles de azúcar en la sangre?
En noviembre de 2001 la Comisión Europea presentó una revisión de la citada legislación, entre cuyos puntos se propuso, "a título experimental, ampliar las posibilidades de información sobre los medicamentos dispensados con receta médica a tres clases de medicamentos (para el tratamiento del sida, el asma y la diabetes), retirando así parcialmente la prohibición de que la industria farmacéutica se comunique directamente con los consumidores. Este tipo de información se someterá a los principios de buenas prácticas que deberá adoptar la Comisión y a la elaboración de un código de buena conducta por parte de la industria". A pesar del interés mostrado por la Comisión y de las restricciones que se expresan en el propio texto, un año después el Parlamento Europeo rechazaría de plano esta propuesta, exigiendo "una prohibición total de la publicidad directa a los consumidores" para medicamentos con receta.
En la era de la información, las mujeres que padecen osteoporosis, osteopenia o están cercanas a la menopausia deberían poder conocer los riesgos a los que se enfrentan y las distintas alternativas de tratamiento que pueden emplear. Como se afirma en el informe, la información no debe ser un peligro para nadie. Desde luego, el paciente, como adulto responsable, se beneficia de ello sobradamente. Las compañías farmacéuticas, también; aunque nadie les evitaría tener que enfrentarse a las rigurosas pruebas clínicas y procesos de comercialización ya existentes, a la competencia que existe en el mercado e, incluso, al peso de la ley, si llegara el caso.
Algunos críticos consideran que la relación paciente-médico puede verse afectada. Atesorar mayor conocimiento sobre la enfermedad que un paciente padece, a más de ser un legítimo derecho, no tiene que minar ninguna relación si esto le permite exponer a su especialista, que es y seguirá siendo la figura más relevante en el tratamiento de una dolencia, sus dudas y discutir las distintas alternativas que puedan existir.
Pero, en tiempos de microprocesadores de silicio y banda ancha creciendo a raudales, siempre se puede recurrir a internet. Si alguien desea conocer cómo prevenir la osteoporosis o cualquier otra enfermedad, podrá hacer una búsqueda en la Red. Desgraciadamente, las personas mayores no son las que están más a la vanguardia en este tipo de tecnología. Tampoco se encuentran entre las que tienen mayor dominio del inglés. Debido a que en EEUU y en Nueva Zelanda existe libertad de información en relación con los medicamentos, la práctica totalidad de los datos relacionados con enfermedades y tratamientos puede encontrarse en este idioma. Al no poder los gobiernos cerrar las puertas de la red, siempre existirá este soplo de aire fresco.
Sin embargo, ésta dista de ser, con mucho, la solución más óptima a la carencia de información. Y no ya sólo porque, como decimos, esta desinformación sólo se resuelve, vía internet, para un porcentaje de la población limitado, sino por las menores garantías de veracidad que encontramos en este medio, en comparación con la información que pueda dispensar la empresa productora –la cual se juega su prestigio y su supervivencia– a través del medio de comunicación que estime oportuno.
Insólitamente, se produce un fenómeno de información asimétrica entre los distintos oferentes de servicios de tratamientos de salud. A una empresa farmacéutica no se le permite ofrecer publicidad de un medicamento que ayuda a reforzar el tejido óseo; sin embargo, un herbolario sí puede promocionar unas píldoras de soja que proporcionan la dosis adecuada de calcio diaria, o una compañía de lácteos hará lo propio con unos yogures. No es de extrañar que los herbolarios hayan proliferado y crecido en España de forma exponencial. Sin ánimo de descalificar ninguna actividad comercial, resulta difícil de entender por qué algunos disponen del derecho a informar y a ofrecer publicidad sobre cómo paliar una determinada dolencia y otros no.
Si analizamos las legislaciones nacionales y los tratados internacionales, descubriremos que el derecho básico más laureado en medios de comunicación y ambientes políticos está siendo vulnerado sin piedad. La Carta Magna de 1978 contempla en un mismo artículo el doble derecho a ofrecer (compañías farmacéuticas) y a recibir (pacientes) información:
"Se reconocen y protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión" (art. 20 1.d).
Este derecho a la libertad de información es también recogido por un innumerable corpus legal internacional, tomando relevancia en el mundo contemporáneo tras la aprobación del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948:
"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".
Las compañías farmacéuticas, ante la imposibilidad de ofrecer ninguna clase de información, están abogando por la diferenciación entre publicidad directa al consumidor (DTCA: direct to consumer advertising) y la información directa al paciente (DTPI: direct to patient information) y solicitando poder facilitar al menos esta última. Su propósito es, cuando menos, poder proporcionar a sus compradores y clientes potenciales información relativa a los tratamientos que reciben.
La vulneración del derecho a emitir información libremente es tan evidente que incluso se les niega el derecho a responder a calumnias vertidas sobre un determinado fármaco, ya que estarían incumpliendo la directiva 2001/83/CE.
En resumidas cuentas, la libertad de información al paciente –así como la toma responsable de decisiones que ésta posibilita– haría mucho más por mujeres, hombres, jóvenes o ancianos que muchas de las medidas políticas que pretenden coactivamente alterar el orden de las cosas. La ciudadanía debe ser consciente de que, mientras los políticos mantengan a nuestros enfermos a oscuras, estarán fomentando innumerables dramas familiares.
La devolución de la libertad de información es la única solución decorosa al callejón sin salida en el que una generación de dirigentes irresponsables ha metido a todos los pacientes.
La excusa ofrecida es que una aplicación en Google "lee" sus correos automáticamente para poner anuncios relacionados, violando así algo que llaman "confianza implícita", olvidando que siempre hay aplicaciones que leen los correos automáticamente, aunque sólo sea para enviarlos a su ordenador. Y es que el truco de estas organizaciones consiste en el añadido de "civiles", tras el que se esconden para, en nombre de la libertad con apellido, coartar la libertad sin apodos.
Un pequeño vistazo al listado de organizaciones, además de mostrarnos que algunas de esas "organizaciones" son meros individuos, nos muestra que una docena de los firmantes son asociaciones de consumidores, incluyendo nuestro pequeño grano en el culo local FACUA. ¿Asociaciones de consumidores contra la libertad de los mismos de escoger el producto que más se adecúa a sus necesidades? ¿Cómo es posible semejante desatino? El problema es que no sólo no es extraño, sino que es la práctica habitual de estas organizaciones, práctica al que la propia FACUA llama "consumerismo". Pertenecen a la escuela de Ralph Nader, el político americano de extrema izquierda que inició su carrera escribiendo el libro "Unsafe at any speed", en el que atacaba a un coche llamado Corvair por su gran inseguridad. Nader logró que se prohibiera la venta del auto, pese a que investigaciones posteriores del gobierno no mostraron que fuese especialmente peligroso en comparación con sus coetáneos. Ese libro y la campaña que le siguió le convirtieron, sin embargo, en el más famoso "defensor de los consumidores". Sin embargo, cuando publicó el libro las víctimas por accidente de coche estaban cayendo dramáticamente, sin que Nader ni las regulaciones posteriores inspiradas por él y los suyos marcaran demasiada diferencia.
La defensa de los consumidores, desde entonces, consiste en reducir las opciones de los mismos a las que ellos consideren apropiadas. El propio Nader llegó a escribir que "el consumidor debe ser protegido a veces de su propia indiscreción y vanidad". Ese es el modelo que parecen seguir todas las organizaciones de consumidores, incluyendo las españolas. Sus protestas se reducen a las empresas, bien porque no cumplen sus contratos –una causa evidentemente justa–, bien porque consideran a sus protegidos como menores de edad incapaces de elegir.
Así, si nos centramos en FACUA –esto les pasa por firmar manifiestos– vemos que en su sitio web que se ocupan de temas como los transgénicos, pese a que no han provocado problema ni riesgo alguno de salud, o la "energía sostenible para todos", algo que sin duda no deja dormir a los consumidores cuando encienden su ordenador para consultar tan "consumerista" lema para el "día de los derechos de los consumidores". Sin embargo, buscarán en vano una nota de protesta por el hecho de que la Unión Europea restrinja la importación de ropa proveniente de China, pese a que impida que los comercios del ramo se llenen de productos más baratos que los actuales, para gozo y disfrute de los consumidores de nuestro continente, a los que dicen defender.
Y es que, en su intento de lograr que las autoridades políticas restrinjan la libertad de los consumidores con la excusa de protegerlos de sí mismos, no van a molestarles cuando éstos impiden que se mejoren las opciones de los ciudadanos a la hora de comprar, no sea que se les enfaden. Es más cómodo y fácil denunciar a Google por algo que hacen todos y cada uno de los sistemas de correo existentes en la actualidad.
Crearon varias “zonas seguras”, en la que concentraron, para luego abandonar miserablemente a su suerte, a la población civil masacrada por las fuerzas serbio-bosnias. La ONU se mantuvo “neutral”, en estricta observancia de su posición moral frente al genocidio; una neutralidad aséptica e hipócrita.
Milosevic, como Fidel Castro y otros, es la prueba de que la caída del muro de Berlín fue una gran victoria, pero de una guerra que jamás puede ser definitiva. Milosevic encarna dos ideologías que siguen teniendo un apoyo importante entre nosotros: el socialismo y el nacionalismo; dos ideologías de poder. De poder absoluto. No son las únicas. Se llamó a sí mismo “el Ayatolá Jomeini de Serbia”, lo que le habría debido ganar un puesto de honor en la alianza de civilizaciones de Zapatero.
El problema aquí es el del genocidio. Se produce, como todo lo que hacemos, por causa de las ideas. Las malas ideas. La de que tenemos derecho de disponer de la vida ajena o de los derechos de los demás en aras de un mayor bien: la independencia nacional, la expansión territorial, el socialismo, la igualdad material… El genocidio es la aplicación práctica de la ética consecuencialista que es el núcleo del socialismo: la realidad no nos gusta, y la queremos cambiar por otra cosa, un fin que todo lo justifica.
Pero el problema del genocidio es también el de cómo detenerlo. Luchar contra socialismos y nacionalismos es necesario, pero insuficientes cuando van a caer sobre la población civil con todas sus consecuencias. Como comprobamos una y otra vez, y las guerras de Yugoslavia son solo un ejemplo más, la comunidad internacional actúa a favor de las sociedades civiles sólo en ocasiones y cuando lo hace, generalmente es tarde. Por eso es importante que la sociedad tenga medios efectivos para detener el arrase. Y no puede hacerlo cuando está materialmente indefensa, desarmada.
Los grandes genocidios del siglo XX han estado precedidos de desarmes de la población. Hitler, que tenía interés en facilitarse el trabajo, observó que “el error más tonto que podríamos cometer sería permitir a las razas sometidas la posesión de armas. La historia demuestra que todos los conquistadores que han permitido a las razas sometidas la tenencia de armas estaban preparando su caída al hacerlo. De hecho, iría tan lejos como para afirmar que proveer de armas a los perdedores es condición sine qua non para el derrocamiento de toda soberanía”. Finalmente, perdió la guerra. Pero nosotros no hemos ganado todas las conclusiones que debiéramos de ella.
Lo que no ha sido sorprendente es la reacción del PP, que se opone a la medida porque, según ellos, significa el acta de defunción del ente. Un partido que en muchas ocasiones se ha autoproclamado liberal no puede estar en contra de la omnipotencia estatal. Pero el PP no es un partido liberal, es decir, no cree que el soberano absoluto de la economía y asuntos privados sean el individuo y no el estado. Un partido liberal habría dicho que la medida de ZP es tímida y no arregla nada, la única solución a RTVE (el grupo) es la privatización absoluta.
Un grupo de comunicación "público", como si los privados no fuesen públicos también, no tiene sentido por seis razones. Primero, pagamos por él queramos o no, lo veamos o no. ¿Disfruta pagando más impuestos porque sí? ¡RTVE no nos sale gratis! Segundo, no cubre ninguna necesidad submarginal (económicamente hablando), si le gustan los documentales, ¿prefiere los antiguos y sosos de La 2 o los modernos del Canal National Geographic? Tercero, no es imparcial. ¿Lo fue en la época de Franco, en la época de González o Aznar? ¿Lo es ahora? Cuarto, no es una alternativa a la telebasura; intenta comportarse como un canal privado con programas y películas comerciales, con sus culebrones, sus programas del corazón, emitiendo toda la saga de Harry Potter (excepto la última, por razones evidentes). Quinto, porque su gestión, a diferencia de una compañía de comunicación privada, repercute sobre nosotros y es totalmente deficiente y jamás ha tenido freno alguno. En los últimos años ha generado de media un déficit de explotación de unos 100 millones de euros anuales, más la deuda que va sumando y que se añade a los 7.500 millones de euros ya existentes: un pozo sin fondo a costa de nuestro dinero. Y sexto, sus contenidos comerciales son una competencia injusta y peligrosa para las cadenas privadas, y eso evidentemente engloba a sus empleados también.
¿La medida del gobierno es "el acta de defunción" del ente? Ojalá, y cuanto antes mejor. Su existencia no significa más calidad de vida para nosotros, sino menos capacidad de poder adquisitivo. ¿Y los trabajadores del grupo que serán despedidos? Ellos no tienen la culpa, pero nosotros menos. Seguro que el gobierno los untará sobradamente para que se callen, total, el dinero es nuestro y no de los gobernantes… La única solución al problema del ente sería dejar el mercado abierto, con licencias ilimitadas de radio, televisión y que sea el mercado quien diga basta por motivos técnicos o de desgaste comercial.
En resumen, la medida del gobierno es floja, con poco valor real y seguro que resultará mucho más cara de lo deseable, pero peor ha sido la respuesta del PP que sólo piensa en unos votos que no va a conseguir (dudo que alguno de los empleados de RTVE vaya a votarlos por esto), y en el miedo a heredar un medio de manipulación "débil" cuando llegue al poder.
Pero además benefician indirectamente a otros muchos individuos en un proceso social que tiende a elevar la productividad y el nivel de vida de todos. En un mundo como el nuestro en el que los recursos son escasos y los fines infinitos, cualquier otro modelo de sociedad conduce inexorablemente a la violencia continua o a la pobreza más extrema y generalizada.
En este sentido la historia del occidente y más concretamente del capitalismo puede entenderse como una sucesión inagotable de externalidades positivas realizadas por millones de personas en todo momento y en todas las áreas geográficas del mundo donde se respeta la propiedad privada y el libre intercambio. Pero el hecho de que el modelo de libertad y cooperación social permita que toda la sociedad participe de los resultados exitosos de otros individuos no significa que todos los individuos que persiguen satisfacer una necesidad por medios pacíficos generen iguales efectos positivos sobre el resto de la sociedad. De hecho, los mayores avances de la sociedad se deben a grandes hombres y mujeres que con su inteligencia, esfuerzo y perseverancia tiran sobremanera de toda la sociedad.
Son los héroes de nuestro tiempo, los héroes de cada día. Están empeñados en usar su ingenio para transformar el estado del mundo con el que se han encontrado en uno mucho mejor. A menudo son unos incomprendidos. Suelen ser difamados o menospreciados por quienes tienen miedo a los nuevos fines que persiguen o a los cambios en los métodos para alcanzar viejos objetivos y, con frecuencia, por los envidiosos. Son el Tucker de Francis Ford Coppola. A menudo se hacen ricos debido a la elevación que provocan en el nivel de vida de sus congéneres, pero el enriquecimiento no suele ser el motor de sus acciones sino el resultado natural en el marco del mercado libre. De hecho, no me cabe duda de que estas personas serían héroes fuera del ámbito de una economía (relativamente) libre y monetaria. Sólo que, en ese ámbito, sus acciones no ayudarían a tantas personas porque el cálculo económico que permite el uso socialmente más provechoso de los recursos no es posible fuera de una economía monetaria o en la que no se respeta la propiedad privada.
En general, ya digo, les mueve una visión, un ansia de combinar su inteligencia con la materia para mejorar el mundo. Unos ponen en marcha sistemas de producción de muebles que permiten a toda la población disfrutar de productos baratos y con estilo. Otros cambian la forma de producir o distribuir alimentos logrando una reducción en el gasto familiar en alimentos o una significativa mejora en la calidad de nuestra alimentación. También hay quien mejora la forma de gestionar los ahorros de millones de familias. Este último es el caso de los responsables de la gestora de fondos de inversión Bestinver, con Francisco García Paramés a la cabeza. Paramés fue elegido recientemente como el mejor gestor de Europa por la consultora especializada Citywire. Gracias a su labor y la de su equipo, millones de personas han logrado esquivar los perversos efectos que sobre el nivel de vida tiene la adulteración a la que los sucesivos gobiernos han sometido a nuestra moneda.
El pasado martes 7 de marzo, una avioneta en la que viajaban cuatro miembros de Bestinver se estrelló en la Sierra de Tajonar. Un miembro de Bestinver y uno de los dos pilotos de la aeronave perdieron la vida en el accidente. Sin duda, se trata de una terrible pérdida tanto para sus familiares y amigos como para toda la sociedad. Desconcertado y malherido, Francisco García Paramés, uno de los cuatro supervivientes, se echó a andar monte a través apartando la maleza hasta alcanzar la carretera. Gracias a su acción los servicios de rescate pudieron localizarle a él y a sus compañeros antes de la caída del sol. Esta hazaña no es más que un ejemplo que muestra lo que ya sabíamos: que los grandes hombres lo son generalmente bajo cualquier circunstancia. Lo que hace que sus acciones sirvan a unos pocos o a millones de personas es el entorno en el que se llevan a cabo. Los múltiples mensajes de ánimo recibidos en WebInversor, en la Asociación Madrileña de Consumidores y Contribuyentes y en el Instituto Juan de Mariana para Paramés y sus compañeros muestran que son muchas las personas que son conscientes de todo lo que la sociedad debe a los grandes individuos.
Con toda seguridad, la primera exigencia del mundo subdesarrollado es que se le permita seguir el camino que hace doscientos años inició Europa. El problema es que si, en vez de organizar saraos tercermundistas, los políticos europeos comienzan a facilitar el comercio libre de los productos de los países pobres y a estimular la llegada de capital extranjero, la izquierda se queda sin oprimidos a los que liberar.
La absurda superioridad moral que aún conserva "la vulgata marxista" (Raymond Aron dixit, ministra), se basa en un diabólico juego de intereses. Para la izquierda caviar, es inadmisible cualquier mejora en las condiciones de vida de los pobres obtenida sin seguir sus preceptos, fracasados una y otra vez en el siglo XX, el "siglo socialista". El objetivo no es incorporar a la masa depauperada al primer mundo, sino asegurarse de que su tragedia pueda seguir utilizándose como coartada anticapitalista para mantener su dudosa prerrogativa intelectual en el mundo desarrollado. Como la urraca de las pampas, el socialismo, para despistar, canta en un sitio, pero pone sus huevos en otro.
No hay que ser muy "solemne" para darse cuenta de que la ayuda internacional es la mejor forma de trasvasar dinero de los pobres del primer mundo a los ricos del tercero. De hecho, esto es algo que la izquierda debería percibir de forma intuitiva, pues en materia de trasvase monetario entre bolsillos ajenos, con destino final en el propio, los socialistas son una autoridad. Al contrario, la ayuda internacional no sólo no soluciona el problema sino que lo agrava, pues si al mejorar las condiciones económicas aquélla se reduce, los países beneficiarios carecen de incentivos para progresar.
Pero más allá de estas cuestiones elementales de economía básica, que la derecha ignora y la izquierda desprecia, hay una cuestión que conviene destacar dado el sentido cósmico de la moral que el progresismo sitúa en el epicentro del discurso postmoderno. Porque repartir migajas entre los necesitados con dinero ajeno, es cualquier cosa menos un ejemplo de virtud. En esto, el sentido tradicional de la caridad es también mucho más digno que la solidaridad subvencionada y el turismo tercermundista. Y encima obligamos a los pobres hombres y mujeres negros y negras a tragarse el espectáculo hortera del dichoso bailecito. ¿Qué nos han hecho?
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En dicho informe se repasa a modo ilustrativo el caso de la osteoporosis en España. Esta patología aqueja principalmente a las mujeres: en España la padece una de cada tres mujeres de más de 50 años. Este porcentaje se eleva al 52% en el caso de las mujeres de más de 70 años. 
En noviembre de 2001 la Comisión Europea presentó una revisión de la citada legislación, entre cuyos puntos se propuso, "a título experimental, ampliar las posibilidades de información sobre los medicamentos dispensados con receta médica a tres clases de medicamentos (para el tratamiento del sida, el asma y la diabetes), retirando así parcialmente la prohibición de que la industria farmacéutica se comunique directamente con los consumidores. Este tipo de información se someterá a los principios de buenas prácticas que deberá adoptar la Comisión y a la elaboración de un código de buena conducta por parte de la industria". A pesar del interés mostrado por la Comisión y de las restricciones que se expresan en el propio texto, un año después el Parlamento Europeo rechazaría de plano esta propuesta, exigiendo "una prohibición total de la publicidad directa a los consumidores" para medicamentos con receta.
Si analizamos las legislaciones nacionales y los tratados internacionales, descubriremos que el derecho básico más laureado en medios de comunicación y ambientes políticos está siendo vulnerado sin piedad. La Carta Magna de 1978 contempla en un mismo artículo el doble derecho a ofrecer (compañías farmacéuticas) y a recibir (pacientes) información: 
