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La lógica de la izquierda

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

No hay ningún mal en usar cualquiera de los dos métodos –por algo tenemos libertad de expresión–; al final se nos juzgará por aquello que decimos. Pero lo inaceptable es usar un razonamiento externo (insulto) haciéndolo pasar por un razonamiento interno (conclusión lógica) para después usarlo para someter, marginar o robar a un grupo y favorecer a otro.

Esta forma de proceder es la que caracteriza la acción política y, muy especialmente, la labor izquierdista; casi todo se aglutina en tópicos infundados que luego se usan para imponer y marginar.

Por ejemplo, si usted aboga por el libre mercado le llamarán fascista. Curiosamente la economía del fascismo era lo opuesto al libre mercado. Si estudia los movimientos nacionalsocialista, franquista, peronista y el fascista original de Mussolini verá que tienen muchísimos puntos en común con las leyes antimercado y antisociales de hoy día; no en vano la política económica de Hitler fue elogiada por los clásicos ídolos de la izquierda como Keynes y Galbraith. El mismo Hitler, en un discurso oficial pronunciado en 1941, dijo que "fundamentalmente nacionalsocialismo y marxismo son la misma cosa". ¿Le parece una afirmación liberal?

Otro ejemplo. Si usted dice que la discriminación positiva aplicable a los inmigrantes es irresponsable y potencialmente dañina para la economía, el izquierdista le dirá sin pensárselo que usted es un racista cuando, en realidad, no hay nada más racista que la propia discriminación positiva, basada en la preselección por ley de personas de una raza y no en los méritos propios. La conclusión del progre ha sido falsa y la usará para hacer una imposición, las leyes de discriminación positiva. Ejemplos como estos los hay a cientos en una sociedad que, como la nuestra, idolatra lo políticamente correcto y criminaliza la diversidad de pensamiento, la libertad y la paz social.

Una de las campeonas del pensamiento único es María Teresa Fernández de la Vega. Manipula los razonamientos externos haciendo pasar por lógico lo que es ilógico, para luego hacer apología de la coacción. Concretamente, a la ministra le gusta tachar a todos aquellos que la critican de sexistas. Llamó machista a Zaplana por afirmar que se disfrazaba y ahora la ministra llama a Libertad Digital sexista por decir que cambia de vestidos muy a menudo. De la Vega suspende en autocrítica y conocimientos sociales. El esnobismo no entiende de sexos, edades ni culturas. No se puede deducir que quien llama "pija" o esnob a una mujer sea sexista, y menos aún cuando ni siquiera lo ha hecho. Tampoco por ser mujer y de izquierdas se está exento de ser una esnob. Además, que alguien sea diferente a ella no significa que se le haya de criminalizar ni que se justifiquen así leyes que eliminen la competencia moral e impongan el pensamiento único.

Pero la ministra fue más lejos, y aquí está el auténtico problema. Dijo que este machismo, que identifica falsamente mediante un proceso surrealista, ha de ser corregido por el estado. Falsas premisas, falsa conclusión y, como resultado, represión. Las alucinaciones de nuestra ministra no son una excepción dentro del gobierno. El gobierno es la fuerza, y la política es el proceso para decidir contra quién se usa. Este es el peor sistema para la resolución de problemas. Ningún partido que tenga en su agenda el adoctrinamiento, y en este sentido el PSOE es un campeón, va a favorecer la libertad y la paz social. Decididamente, no es beneficioso para nadie que esta clase de gente tenga tanto poder sobre nuestras vidas.

Un experimento periodístico en Internet

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Al contrario de lo que sucede en los medios tradicionales, donde las noticias se estudian y corrigen antes de publicarse, en la blogosfera se publica primero y luego se corrige, si hace falta, gracias a los comentarios que hacen los lectores o las críticas que se realizan desde otras bitácoras, a menudo completamente opuestas ideológicamente. Es por esa razón por la que muchos consideran a la blogosfera como un medio de comunicación más fiable que los tradicionales, por su capacidad de corregirse a sí misma y exponer sus vergüenzas al respetable para que éste pueda evaluar en todo momento la credibilidad de cada bitácora. A este fenómeno se le ha denominado periodismo disperso.

Dentro de este nuevo género, tenemos en estas páginas un fenómeno del que admito no conocer de ningún caso idéntico. Lo más parecido ha sucedido en momentos puntuales en la blogosfera anglosajona: hace pocas semanas les hablaba del esfuerzo colectivo en la traducción de los documentos del Irak de Sadam por parte de un nutrido grupo de bloggers. Siguen averiguando cosas: hace bien poco han publicado una traducción que habla del traslado de "munición especial" de Najaf a Bagdad justo antes de comenzar la invasión del país; otros documentos indican que era el modo de designar a la cargada con agentes químicos. También recuerda levemente a la campaña Porkbusters, que como les conté hace meses ha llevado a muchos bloggers a buscar los derroches más absurdos en el presupuesto federal para exigir después a los representantes que los eliminen. Un conocido senador republicano, al que ya obligó la blogosfera a renunciar a su puesto como líder de la mayoría de su partido en la Cámara, ya ha protestado de los "problemas" que causa el grupo. Problemas para seguir tirando el dinero de los contribuyentes, claro.

Sin embargo, el de Luis del Pino es el único caso en el que la práctica totalidad de la conversación se ha limitado casi por completo a un solo blog y sus comentarios. Eso sí, miles y miles de comentarios. Dudo que exista en España otro ejemplo de participación tan entusiasta. Tampoco son los comentarios típicos de un blog, en el que se discuten las opiniones del autor, aunque algo (poco) hay también de eso. Principalmente, los lectores están aportando sus ideas y su conocimiento a esclarecer la investigación. Ayer mismo, por ejemplo, uno de los participantes exponía sus conclusiones técnicas sobre la imposibilidad de emplear sólo un móvil para activar el detonador encontrado en la celebérrima bolsa de Vallecas; aunque puede que sí exista la manera de hacerlo, es sin duda un apunte interesante que merece la pena investigarse. Aunque quizá no tan elaboradas, aportaciones de esta índole hay bastantes. También hay apasionantes intentos de establecer cómo se pudieron realizar los atentados, ofreciendo versiones disparatadas y otras que se ajustan mejor a lo que sabemos que la versión oficial, aún sin dejar de ser meras elucubraciones.

Este fenómeno ha decidido pasar desapercibido para los grandes gurús españoles de la blogosfera, quizá porque permanezcan muchos de ellos en esa mentalidad que considera de mal gusto intentar averiguar qué sucedió realmente el 11-M. O que, simplemente, considera que está feo eso de pensar.

Armonizando la servidumbre

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El Estado es un monopolio jurisdiccional: todas las personas que caen dentro de las fronteras de su territorio deben someterse obligatoriamente a su imperium. No se permite una desvinculación voluntaria del Estado y la contratación de otra agencia de protección y justicia; la única relación que conciben los políticos y burócratas es el acatamiento de la plebe.

A diferencia de las empresas, por tanto, el Estado puede seguir engordando aun cuando su comportamiento sea totalmente ineficiente y represor. Mientras que el empresario tiene que pugnar día a día por los beneficios que le permitan permanecer en el mercado (gracias al favor del consumidor), el político sólo tiene que incrementar los impuestos para continuar expandiendo su poder y su influencia.

Sin embargo, los individuos sí tienen una gravosa salida para escapar de la legislación liberticida estatal: emigrar. Dado que el monopolio territorial es inamovible, el exilio se convierte en el último resorte con que cuentan los ciudadanos, para refugiarse en otros estados menos ineficientes y represivos.

Así, gran parte de los habitantes de los países comunistas trataron de escapar de sus estados-prisión, a pesar de los controles fronterizos y de las enormes penas que se impusieron al respecto. La emigración es la consecuencia lógica de una coacción estatal tan lacerante que ni siquiera el desarraigo contiene.

Ahora bien, no todos los tipos de emigración resultan igual de complicados y costosos. Generalmente asociamos los movimientos migratorios con los movimientos de personas físicas, pero no deberíamos olvidar que también es posible la migración de personas jurídicas, esto es, de capitales (lo cual viene a coincidir en el léxico socialista con la temida "deslocalización").

Los traslados de empresas son mucho menos problemáticos que los de personas. Un empresario español puede vender su compañía a cambio de euros, cambiar esos euros por yuanes y abrir otra nueva empresa en China. Todo ello sin necesidad de cambiar de país, comunidad o vecindario.

Ya vimos cómo, si la Unión Europea no modifica su querencia intervencionista, los países miembros colapsarán sobre su propia miseria socialista. Si la legislación fiscal, laboral y medioambiental de Europa es mucho más estricta que la de otros países, las empresas carecerán de cualquier motivo para permanecer aquí. Más que en EEUU, deberemos empezar a fijarnos en África.

Obviamente, la Unión Europea es consciente de este problema, pero en lugar de solucionarlo a través del libre mercado prefiere recurrir a mayores cotas de coacción. El razonamiento de nuestros políticos es el siguiente: "Si el problema está en que otros países son menos represores que nosotros, hagamos que esos países sean tan represores como nosotros". En otras palabras, lo que pretende la clase política europea es conseguir que la legislación de los países extracomunitarios sea igual de represiva que la nuestra para que las empresas tengan que quedarse en Europa, por imposibilidad de huir a otra parte.

Esta estrategia uniformizadora es la que subyace en la mayor parte de los tratados internacionales, en la persecución de los "paraísos" fiscales y en la armonización jurídica que se está implantando intra muros. En concreto, la UE está batallando desde hace años por lograr la armonización de las bases del impuesto de sociedades, para así evitar cualquier vestigio de competencia fiscal en su seno. Si un país reduce su impuesto de sociedades tenderá a atraer a las empresas de los países vecinos y a concentrar la mayor parte de la inversión extranjera, como ilustra el caso de Irlanda.

Ya hace casi diez años que la UE aprobó un Código de Conducta para tratar de evitar la "dañina" competencia fiscal entre los países miembros; en él podían leerse párrafos tan reconfortantes y liberales como el siguiente:

"Las medidas fiscales que den lugar a un nivel impositivo sustancialmente menor –incluyendo los tipos impositivos cero– a los que generalmente se aplican en ese país serán consideradas como potencialmente dañinos".

El interés de la Unión Europea, claro está, es evitar que los estados alivien el expolio de que son víctimas sus ciudadanos.

De ahí que en 2004 finalmente se creara un grupo de trabajo dedicado a redactar un documento que permita a la Comisión Europea armonizar las bases del impuesto de sociedades en 2008. Afortundamente, el Lithuanian Free Market Institute, con el respaldo del Instituto Juan de Mariana y la Asociación Madrileña de Consumidores y Contribuyentes, suscribió la semana pasada un manifiesto contra la armonización del impuesto de sociedades.

Las consecuencias de esta medida serían desastrosas para la libertad en la UE:

– En primer lugar, supondría un incremento de la exacción fiscal en toda empresa cuyo tipo efectivo de gravamen fuera inferior al resultante de eliminar los beneficios fiscales y las deducciones. Un impuesto armonizado significa un incremento del robo estatal, al desterrar toda posible competencia fiscal entre países.

– Segundo: la armonización de las bases abre la puerta a una completa armonización del impuesto en el futuro. Dado que la definición de base imponible deja de ser competencia de los países miembros, la competencia fiscal se trasladará a los tipos impositivos, donde será más evidente y "dañina", en los términos de la Comisión. Por ello, necesariamente nos encontramos ante un primer paso para la total armonización del impuesto por parte de la burocracia bruselense.

– Tercero: buena parte de las empresas perjudicadas por el incremento de los tipos efectivos de gravamen buscará cobijo en otros países extracomunitarios, lo cual acelerará el proceso deslocalizador que padece Europa.

– Cuarto: las empresas que decidan soportar estoicamente el incremento de impuestos verán reducida su eficiencia y, por tanto, su riqueza. Unas empresas más empobrecidas necesariamente dan lugar a una sociedad con menos recursos: menores salarios, mayores precios, menores rentas.

– Y quinto: la armonización de los impuestos supone, a su vez, una fase adicional en la construcción de un Gobierno centralizado europeo. Pensemos que, si se armonizan los ingresos de los países miembros, necesariamente tendrá que armonizarse el gasto; es decir, necesariamente habrá que instaurar un único Gobierno en toda la UE que unifique y distribuya las partidas de gasto.

En definitiva, la armonización del impuesto de sociedades es un instrumento en manos del Leviatán europeo destinado a impedir que los individuos se refugien en aquellos países con menores impuestos de sociedades. Nuestra libertad no se ve expandida, sino constreñida, con unidades políticas mayores que doten a políticos y burócratas con armas más numerosas y poderosas contra los individuos. Los impuestos son un sangrante robo, también cuando se armonizan.

Pon a salvo tu Visa

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Todo el mundo pudo escuchar como amenazaba a Microsoft, cual matón de barrio, en caso de que el sistema operativo Windows Vista no fuese como a ella se le antojaba. Pues bien, ahora le ha dado por molestar a quienes ofrecen sistemas de pago por tarjeta.

A Neelie y sus compañeros de comisión parece que lo único que les gusta de las tarjetas de crédito es usarlas. Le pasa lo que a mí, que me gusta hacer la compra en el mercado pero me cabrea que el tendero quiera que le pague. La mayoría de nosotros nos aguantamos y pagamos porque aceptamos la propiedad privada y el mercado. En mi caso el dueño de los tomates y las lechugas siempre me pide algo a cambio y a mi me suele convenir el intercambio. Si no me conviene me voy a otro tendero o planto tomates en mi terraza.

Sin embargo, Neelie y sus amigos ven las cosas de otra manera. A ellos les gusta el servicio que ofrecen las empresas de tarjetas de crédito pero no están de acuerdo con el éxito de Visa y Mastercard y no les gusta el precio que acuerdan en el mercado por el servicio que ofrecen. Y como las competencias que les han otorgado a estos comisarios son desmedidas, piensan que tienen derecho a multar, sancionar y exigir bajadas de precio como si se tratara de la poda de unos arbustos de su huerto.

El colmo de la desfachatez es que nos digan que acosan a Visa y a Mastercard porque las tarifas que pagamos por el servicio de usar esas tarjetas de crédito son en la práctica un impuesto sobre el consumo que encarece las compras una media del 2,5% en la Unión Europea. Equiparar el precio pactado libremente por el servicio de las tarjetas de crédito con las expropiaciones forzosas que llevan a cabo los gobiernos es una comparación obscena. Para colmo, eso nos lo cuenta la jefa de un grupo de privilegiados que cobran cada mes un sueldo estratosférico con cargo a las rentas arrebatadas a los ciudadanos europeos mediante todo tipo de impuestos confiscatorios.

Si tanto les preocupan los impuestos que afectan al consumo deberían trabajar gratis por la abolición de todas las tributaciones, porque lo cierto es que siempre los pagamos con cargo al consumo; unos consumiendo menos hoy y otros restringiendo el consumo de mañana. La incompetencia y arrogancia de quienes gobiernan el viejo continente no podría ser más palmaria.

Estado policial en las carreteras

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El año pasado, sobre el total de los desplazamientos de Semana Santa, se produjo aproximadamente un 0,0006% de muertos, es decir, de 155.000 personas que cogieron el coche para ir a alguna parte, una murió. Le diré algo que dejará sorprendido a los aprendices de dictador de la DGT: ¡los accidentes pasan! ¡Y ocurren sin que nadie quiera que sucedan! Por eso son accidentes.

Sólo hay dos soluciones para que las muertes en la carretera dejen de producirse. Una es prohibir los vehículos motorizados y la otra prohibir las carreteras. Pero aún así los accidentes seguirán produciéndose en otras partes, por ejemplo, en la ciudad o el hogar. Después, ¿hemos de prohibir las ciudades o las casas que es donde se producen la mayoría de sucesos trágicos? ¿Hemos de instaurar estados policiales con recortes a la libertad individual y severas multas en nuestra ciudad y en nuestra casa con policías y jueces diciéndonos cómo organizar nuestra vida? El gobierno no es nuestro tutor ni amo, no somos de su propiedad; eso significaría que somos sus sirvientes y "teóricamente" es al revés.

Los burócratas nos recortan la libertad pero nosotros pagamos, en todos los sentidos, las consecuencias. ¿Es que ellos sólo no tienen responsabilidades, sólo derecho a imponerse sobre nosotros? Fíjese como enfocan el problema de los accidentes de tráfico, nosotros siempre somos los culpables: que morimos porque no llevamos el cinturón, porque conectamos la radio, que somos unos inconscientes, mienten al decir que sí se puede fumar en nuestro coche y luego nos multan… Pero hay carreteras en mal estado, mal señalizadas, escasos sistemas de seguridad pasivos, incluso coches abandonados que nadie retira por disputas entre ayuntamientos. Hay accidentes que se producen por estas negligencias y ni la DGT, ni la administración, responden por ellos. ¿Por qué pagamos impuestos de circulación pues?

Entonces, ¿hemos de obligarles a que se responsabilicen de sus negligencias? Nunca lo harán de forma real. Como nos demuestra el sentido común y la historia, si esperamos que el gobierno se preocupe de lo que teóricamente es garante las soluciones aún serán peores, los costes se elevarán y el desplazamiento rápido se hará imposible. La economía privada nos dio los coches y el gobierno atascos y carreteras inseguras.

Tomemos otro punto de vista más original y beneficioso para todos: la privatización. El profesor Walter Block, que en breve publicará un libro sobre este tema, y otros autores (Thomas DiLorenzo, Eric Peters, Gene Callahan…) han escrito en diversas ocasiones sobre la seguridad en las carreteras y las razones para privatizarlas, y lo han comparado con ejemplos históricos. Privatización, ahí está la alternativa. Sólo así haremos que el propietario privado de la carretera se haga responsable de lo que ocurre en su negocio. Sólo así lograremos crear a alguien que se preocupe de la seguridad por miedo a las pérdidas económicas y litigios. Sólo así crearemos un tipo de seguridad real y no de boquilla sin pisotear nuestra libertad. El gobierno no es responsable de nada, por eso nunca consigue sus objetivos.

¿Le resulta difícil creer que podamos privatizar las carretas? Las propuestas ya existen. Lo que es imposible es reducir a cero los accidentes de tráfico aun restringiendo la libertad y dinero de todos.

Para aprender liberalismo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La economía en una lección, de Henry Hazlitt, acerca al lector de forma sencilla al razonamiento económico, con aplicaciones a situaciones concretas. Un libro más sistemático, pero del que el lector sacará mucho provecho son los viejos Principios de Economía, de Carl Menger. Ya, quien quiera profundizar y adquirir un conocimiento profundo de cómo "funciona" una sociedad, que se acerque con tiempo a las páginas de La Acción Humana, de Ludwig von Mises.

Pero la economía no es sino la interacción humana en un entorno institucional. De modo que es muy necesario entender cómo funcionan las instituciones, como el derecho, la propiedad, el dinero… La Libertad y la Ley, de Bruno Leoni, es una de esas joyas que le hacen a uno crecer en menos de trescientas páginas. Henri Lepage escribió un libro excelente, ¿Por qué la propiedad?, que lleva al lector a aprender lo más importante sobre esta institución fundamental. En español puede acudir a Propiedad y libertad, de Richard Pipes, y si habla inglés, no deje de leer The Noblest Triumph, de Tom Bethell. Si hablamos de instituciones y liberalismo, Friedrich Hayek es el nombre de referencia, y para acercarnos a su pensamiento sin tener que desentrañar sus obras más difíciles, lo mejor es leer La fatal arrogancia.

Para entender bien las sociedades libres es necesario captar la esencia de su opuesto, el socialismo. Acudamos de nuevo a Hayek para leer Camino de servidumbre, y también a Pipes, en su breve pero útil Comunismo. Si se desea profundizar, la crítica teórica del socialismo está en el libro del mismo nombre de Ludwig von Mises, y la histórica en El libro negro del comunismo, así como en el breve pero excelente El Holocausto, de César Vidal.

Es necesario saber cómo hemos llegado hasta aquí, quizás la mejor guía sea La riqueza y la pobreza de las naciones, de D. Landes. La mejor historia del siglo XX, sigue siendo Tiempos modernos, de Paul Jonson y para saber en qué situación estamos, la Defensa del capitalismo global, de Johan Norberg. Y si lo que le interesa al lector son las cuestiones de política económica, que no deje de leer Libertad de elegir de Milton Friedman. Fuera de catálogo, Riqueza y pobreza, de George Gilder.

Y como no todo está en los libros y estamos en la era de Internet, además de la página en la que ya está el lector, puede buscar buenos artículos en liberalismo.org, los comentarios del Instituto Juan de Mariana, e incluso Webinversor para aprehender lo esencial de la filosofía de la inversión. Que por falta de opciones no sea. En eso consisten las sociedades libres.

Pobreza Cero

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Artículos en prensa.

El propósito de dicho concierto era "presionar a los líderes políticos para que cumplieran sus promesas de erradicar la pobreza en el mundo". Para el cantante del grupo La Unión, Rafa Sánchez, se trataba de pedir a los líderes mundiales que "trabajen para que no reine la injusticia ni el dinero por el dinero".

Entre las medidas de este proyecto contra la pobreza mundial se encuentran el incremento de los fondos de desarrollo hasta el archiconocido 0,7% del PIB, un impuesto a las transacciones financieras internacionales (Tasa Tobin), la condonación de la deuda del Tercer Mundo y el cese de las peticiones de reformas estructurales "que impiden a los países pobres ejercer el derecho a decidir sobre sus prioridades y políticas de desarrollo".

Al parecer, estas propuestas buscan avanzar en el plan liderado por Naciones Unidas de reducir la pobreza mundial "por debajo del 15% para el 2015". Sin embargo, de acuerdo con Johan Norberg, esta meta ya se ha alcanzado, incluso superado. Según el autor de En defensa del capitalismo global, "la pobreza absoluta ha caído de un nivel del 44 por ciento en 1980 a un 13 por ciento en el 2000", y "800 millones de personas han salido de la miseria absoluta en 20 años".

Entonces, si el programa ha sido alcanzado, ¿por qué resulta necesario presionar a los políticos y arrancarles medidas urgentes? Probablemente los datos reales no merezcan ser tenidos en cuenta porque la arrogancia eleva al progre sobre el mundo. Es tal su compromiso "social" (sic) que repudia la realidad en su totalidad. Nada está bien, luego todo tiene que cambiar hasta que lo existente sea una réplica exacta del ideal que adoran. Semejante prepotencia sólo puede conducir al más estrepitoso de los fracasos.

Uno de los casos más conocidos es el del comercio internacional. Según la izquierda, la globalización es injusta porque no se rige por "unas reglas justas que [garanticen] un reparto justo y equitativo de sus beneficios". Evidentemente, lo único que consiguen al frenar el avance del libre mercado es empobrecer aún más a los más necesitados.

Bajo un humanitarismo intachable y unas propuestas solidarias late la vieja doctrina marxista de la explotación: los ricos son ricos porque los pobres son pobres. Esta teoría permite explicar todo cuanto sucede en el mundo y, por supuesto, darles el poder en cuanto lo reclaman. Desde las guerras hasta las catástrofes naturales, cualquier hecho tiene una causa que, en último término, se llama capitalismo, carente de todo recurso para defenderse.

De ahí que toda reducción del intervencionismo resulte, a su juicio, errónea, dado que relacionan incremento de pobreza con reducción del proteccionismo.

Analizando este documento de la Alianza Española Contra la Pobreza podemos encontrar esta tesis cuando exigen "el fin inmediato de cualquier presión a los países empobrecidos dirigida a reducir sus aranceles de importación y de la desprotección de sus servicios frente a la inversión extranjera". En ambos casos consideran que la liberalización es causante de "un crecimiento notable de la pobreza". Sin embargo, a nadie se le escapa que, cuando se rompen las cadenas que atan a los seres humanos y se les deja libres, la creatividad se incrementa exponencialmente.

Al mismo tiempo, como ha advertido Cristina Losada, los antiglobalización sostienen otra de las falacias más letales para el desarrollo, a saber, que "la pobreza se combate con ayudas a los gobiernos". Eso sí, son incapaces de apreciar que "la corrupción de los gobiernos africanos les cuesta a sus países la mitad del monto de su deuda externa". ¿Por qué se desenfocan las causas de la pobreza y se ignoran las vías para erradicarla?

En este sentido, no se ha apreciado autocrítica por parte de los colectivos de ONG, quizás porque tienen que lanzar mensajes apocalípticos para seguir recabando fondos.

Una periodista keniata coincidía con dicha opinión al afirmar: "Estas organizaciones nunca mostrarán a la gente que está trabajando duramente en África, esto no son buenas noticias. Sólo interesan las imágenes angustiosas para conseguir que se done dinero. Al mismo tiempo que exponen una imagen de sufrimiento, te dirán: ‘Por dos dólares al día puedes salvar a esta persona durante este período de tiempo’".

Probablemente esto explique su silencio ante las escandalosas sumas que atesoran en paraísos fiscales, entre otros, Sadam Hussein o Fidel Castro.

En un interesante documental se han tomado la molestia de averiguar lo que piden los pobres, y han llegado a la conclusión de que los africanos sólo reclaman más libertad empresarial y menos trabas para trabajar o abrir sus propios negocios. ¿Será acaso porque no creen en que la demagogia les dé de comer?

En lugar de la condonación de la deuda, lo que continentes como África precisan es que no se les dé más ayuda al desarrollo. No sólo es inmoral, ya que los estados gastan de forma irresponsable el dinero de los ciudadanos, además crea dependencia: el país receptor de fondos decide no cambiar las cosas para que todo siga igual y el dinero siga entrando.

Atendamos a la keniata June Arunga: "La ayuda que ha recibido África durante demasiado tiempo representa más del 50% de su PIB. No ha habido una correlación positiva entre la ayuda externa y el desarrollo. La mayoría de los países que han recibido esta ayuda no han experimentado ningún tipo de crecimiento o incluso han padecido una reducción de su PIB".

A pesar del falaz tercermundismo, los anticapitalistas de Pobreza Cero han recibido el apoyo de los intelectuales de salón. Luis García Montero ha pedido públicamente el apoyo para este proyecto, "porque es el único camino para que la humanidad apruebe sus asignaturas más importantes". Por su parte, Javier Marías ha comentado que es un "trabajo de locos" pero imprescindible. "Si nadie lo hace, el mundo será aún más loco".

Dando cuenta de lo reseñado, la terca obstinación de la izquierda es tal que jamás reconocerá algo tan simple como que la defensa de la propiedad privada y de un orden legal que garantice la seguridad jurídica son los medios más eficaces para luchar contra la pobreza. En el fondo, cualquier país puede imitar a Taiwán o a Singapur y dejar la miseria a un lado.

Lo único que se precisa es que los bienhechores voluntarios dejen de organizar conciertos y pedir más dinero para los tiranos e incompetentes gobernantes del Tercer Mundo. Máxime cuando, como dijo P. J. O’Rourke, "dar dinero y poder a un Gobierno es como dar las llaves del coche y una botella de whisky a unos adolescentes". Si semejante idea jamás se nos pasaría por la cabeza, ¿por qué seguir concediendo cheques en blanco a los estados del Tercer Mundo?

El Medicamentazo

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Otro buen ejemplo es la “Ley del Medicamento” promovida por el gobierno socialista, aprobada el pasado jueves en el Congreso y pendiente de ser tramitada en el Senado. Esta ley amenaza con estrangular buena parte de la inversión en I+D del sector más intensivo en este campo y que es responsable de cerca del 20% del total de la investigación realizada por la industria española.

El gobierno dice ser consciente del problema de nuestra baja inversión en investigación y desarrollo, situada en torno al 1% del PIB, y afirma tener un plan para elevar esa cifra hasta el 2% en el que se sitúa la media comunitaria. Sin embargo, la ley recoge, confirma y refuerza la alta traición de los parlamentarios europeos contra los ciudadanos aboliendo el derecho de información y publicidad al paciente por parte de las empresas que crean o comercializan las medicinas. Esta medida contraria a toda carta de derechos en occidente y a cualquier principio ético no sólo tiene importantes consecuencias perversas sobre la salud pública sino que además daña la inversión en Investigación y Desarrollo al alargar artificialmente los plazos de recuperación de la inversión y ralentizar la llegada de nuevos fármacos al mercado.

La rebaja forzosa de precios en el marco del sistema de control de precios impuesto unido al nuevo descuento automático cuando los fármacos cumplan 10 años desde su incorporación al sistema público de salud, son una vuelta de tuerca más en el intento de compensar el desastre financiero de la seguridad social con el estrujamiento de los márgenes de beneficios de este innovador sector. Por si todo esto no fuera suficiente para espantar a todo inversor en innovación, la nueva ley fija un nuevo impuesto (“aportación” según la eufemística intervencionista) sobre el volumen total de las ventas realizadas a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud. Una nueva ocurrencia que anima sobremanera a deslocalizar la investigación y llevarla a países donde esta actividad es más querida y respetada.

Todas estas tropelías se ponen en marcha a sabiendas de sus efectos perniciosos sobre la investigación, la salud pública y la cartera del ciudadano. ¿Aparecerá en el Senado algún político que denuncie tanta hipocresía? Por la salud de nuestra sociedad, confiemos en que así sea.

Policías a las órdenes de los titiriteros

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

La operación se ha realizado "contra páginas de Internet que se estaban dedicando al intercambio ilegal de archivos P2P". Eso es mentira, aunque a algunos les escandalice leer que nuestra policía miente. Los ficheros no son "P2P"; "P2P" es el modo en que se realiza dicho intercambio y, claro, el intercambio P2P se realiza mediante programas como eMule o Azureus, no por medio de páginas web, de modo que escribir correctamente la frase habría arruinado sus intentos de insinuar que las detenciones están justificadas. Además, mientras no entre en vigor la nueva Ley de Propiedad Intelectual, aprobada con el voto a favor del PP, el intercambio de música, películas o series televisivas sin que haya lucro de por medio es completamente legal. Sólo el intercambio de videojuegos o aplicaciones informáticas –para las que existe el derecho a la copia de seguridad, pero no a la copia privada– está prohibido actualmente en España.

La nota de prensa sigue regocijándose en el dinero que ganaban estas páginas web por medio de la publicidad. Llegan a decir que tenían 900.000 euros anuales de beneficios, para afirmar más tarde que ese dinero eran sólo los ingresos; otra mentira, pues como sabemos, los negocios, sean del tipo que sean, suelen conllevar gastos. Y si de algo entendemos en Libertad Digital es del elevado precio que tiene mantener servidores como para soportar "615 millones de visitas anuales". No obstante, uno se pregunta si es delito ganar dinero por medio de una actividad legal. Al fin y al cabo, ni siquiera Teddy Bautista se avergüenza de dirigir una entidad recaudadora.

Pero si el intercambio no es ilegal ni esas páginas se dedicaban a realizar esos intercambios que tanto molestan a los titiriteros patrios, ¿qué hacían esas páginas? Ofrecer enlaces que permitían a los usuarios encontrar esas descargas. Pero en el artículo 17 de la LSSI –una ley que sí está vigente– leemos que "los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios". Es decir, que la ley indica claramente que lo que hacían esas personas, aún suponiendo que el intercambio de ficheros protegidos por derechos de autor estuviera prohibido, era perfectamente legal. Si no lo fuera, Google, Yahoo, MSN y compañía tendrían que cerrar. Incluso Quaero, si es que lo llegan a inaugurar alguna vez.

Más pronto o más tarde, esas quince personas serán puestas en libertad sin cargos. Todo lo más, se les acusará de haber violado la LSSI por estar ganando dinero por medio de la web sin declararlo a Hacienda ni poner los datos a los que obliga esa ley en la página. Pero entonces no emitirán nota de prensa alguna y los periódicos no nos enteraremos. El efecto que buscaban, asustar a los propietarios de otras páginas similares, ya se ha conseguido. Han detenido incluso a responsables de las empresas que ofrecían servicios de alojamiento a estas páginas, para asegurarse de que no vuelvan a hacerlo, pese a ser legal. En definitiva, la Policía se ha prestado a actuar como departamento de marketing de los titiriteros, empleando la fuerza y la capacidad legal de coacción para favorecer unos intereses privados, al margen de lo que dice la ley. Casi se parece a la definición de mafia.

Excusas para censurar

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Los efectos de este tipo de legislación mercantil son tremendamente nocivos, tanto para el bienestar de la sociedad cuanto para su libertad.

La semana pasada el grupo de comunicación Vocento presentó una demanda contra la COPE y Federico Jiménez Losantos por un "acto de denigración de la competencia", ya que el presentador de ‘La Mañana’ pidió a los suscriptores de ABC que se dieran de baja.

Parece ser que Vocento no confía en la fidelidad de sus lectores y teme que escuchen a Jiménez Losantos. Ante la falta de calidad y de convicción, el silencio es su mejor arma; hay que impedir que otros pongan el dedo en la llaga. Las razones del comunicador tulorense las combaten con el poder coactivo que les proporciona el Estado; incapaces de convencer, prefieren censurar. Pero con esta demanda Vocento no sólo demuestra un escaso afecto a la libertad de expresión –algo que debería hacer reflexionar a sus suscriptores liberales–, también a la idea misma de competencia.

Antes de que el paradigma neoclásico corrompiera la mentalidad de los economistas universitarios, la competencia era entendida como un proceso de rivalidad entre las distintas empresas. Las compañías debían servir indeclinablemente al consumidor; su juicio y su opinión eran soberanos.

Había que ofrecer en todo momento los mejores productos para lograr el favor de los clientes. Para ello era necesario tanto proclamar las virtudes propias como destapar los defectos ajenos. El mercado era una garantía continua de que aquellas empresas que estuvieran engañando a los consumidores serían señaladas por las demás.

La vigilancia no era tanto un proceso fiscalizador y coactivo que sometiera las empresas a una inspección del Estado como un flujo informativo, procedente de las distintas compañías, a partir del cual cada consumidor formaba su opinión y elegía en consecuencia.

La mentira, de este modo, no puede un objeto de sanción. Primero, porque si tan evidente resulta que una empresa miente acerca de otra, ésta no tendrá ningún problema para desmontar las mentiras ante sus clientes, ganando así una dosis adicional de credibilidad frente a la competencia. Segundo, porque nadie dispone de un monopolio natural de la verdad, sino que ésta se alcanza a través de la discusión y el contraste de ideas y opiniones.

Las sociedades libres deben respetar la capacidad de elección de los individuos, no sólo en la adquisición de bienes y servicios, también en la formación de opiniones sobre la realidad circundante. El Estado no puede establecer cuál es la verdad por decreto ley, pues ello impide tanto que la verdad aflore a través de la discusión cuanto que los consumidores se formen libremente una opinión.

De ahí que el proceso competitivo y de rivalidad que hemos expuesto cobre especial relevancia en el caso de los medios de comunicación. Los medios deben poder exponer sus ideas y persuadir a la audiencia de que son correctas; la audiencia debe poder escuchar aquellos medios por los que sienta afinidad y, al mismo tiempo, no relacionarse con aquellos medios que les decepcionen o repelan.

Para ello, otra de las funciones cardinales de los medios de comunicación privados consiste en poder informar a sus oyentes de que la competencia está mintiendo, o manipulando, o que, simplemente, ha adoptado ideas erróneas.

Los consumidores no disponen de una información perfecta, tampoco para saber ipso facto que un determinado grupo de comunicación ha pervertido sus ideales. Esta es una información que las empresas de la competencia tienen derecho a destacar, repetir y publicitar al mismo nivel que cualquier otra información, para que, en su caso, los consumidores dejen de acudir al medio que ha dejado de servirles.

De hecho, el paradigma comunicativo de los totalitarismos consiste eliminar cualquier información distinta a la proporcionada por el Estado y obligar a que los individuos interioricen dicha información. Las personas no son libres para evitar que la información estatal entre en sus vidas; no consumen aquello que quieren, sino lo que el Estado quiere que quieran.

Los diversos medios de comunicación se contrabalancean entre sí ante el veredicto rector del consumidor. Al fin y al cabo, las democracias modernas y su tan cacareada separación de poderes (sus pesos y contrapesos) no son más que una mala copia de unas empresas que se vigilan constantemente entre sí para proteger y satisfacer al consumidor.

La demanda de Vocento constituye un auténtico ataque a la competencia y a la capacidad de elección de los individuos: trata de impedir que una parte relevante de la información llegue a sus oídos, no quiere que sean libres para juzgar y decidir, prefiere imponerles su decisión particular. El ataque se disfraza de protección, y la censura de libertad de expresión.

Y es que en el fondo la demanda es contradictoria en sus propios términos. Una de las más claras intenciones de Vocento es denigrar la imagen de la COPE por medio de llevarla a los tribunales, esto es, practicar una "denigración de la competencia" a través de los medios coactivos que le proporciona el Estado. ¿Deberá Vocento presentar una demanda contra sí mismo por practicar las tropelías que imputa a otros?

Sinceramente, no aconsejo tamaña esquizofrenia. La mejor decisión sería la de retirar la demanda y adoptar una posición liberal en contra de la legislación "en defensa de la competencia". Espero que, si Vocento no cambia, los lectores y suscriptores liberales de ABC sí lo hagan.