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Estilo Morales

Evo desvalija empresas extranjeras con un jersey de lana gorda y los políticos europeos desangran nuestros monederos pertrechados con traje y corbata. Evo es un ratero megalómano; nuestros políticos, unas sanguijuelas cojoneras.

La última ocurrencia de los zascandiles bruselenses consiste en gravar con un nuevo impuesto los mensajes a móviles y los correos electrónicos. La UE siempre está a la vanguardia del progreso técnico cuando se trata de vaciarnos la cuenta corriente; cualquier caladero de nuevos euros recibe su obsesiva atención.

Y, cómo no, la propuesta nace de un francés, Alain Lamassoure, usurero mayor del republicanísimo reino uropeo. En opinión de este brillante asalariado-a-nuestras-costillas,

"los intercambios entre países se han disparado, luego todo el mundo ha de comprender que el dinero para financiar la UE debería venir de los beneficios engendrados por la propia Unión".

Entiendo que al chiraquín le cueste diferenciar entre libertad y servidumbre, por algo sigue siendo político sin que las entrañas y la conciencia se le hayan escapado por patas. Ahora bien, me gustaría creer que semejantes chupitos de sentido común no van a sumir a nadie en una descamisada embriaguez socialista, aun cuando muchos serviles crédulos decidan inyectárselos en vena.

Imagine que un grupo de bandoleros le secuestra y le encierra en un cuarto oscuro. Al cabo de unos meses deciden liberarle, de modo que usted reanuda su vida, se pone a trabajar y a ganar dinero. ¿Tendría algún sentido que sus antiguos secuestradores le requirieran una parte de su salario aduciendo que usted está obteniendo ingresos gracias a que hace dos meses decidieron liberarlo?

La pifia argumental es similar a la del euroladrón. Los intercambios entre países se han disparado porque los estados europeos han reducido las barreras existentes entre ellos, favoreciendo de este modo la interrelación de los ciudadanos. El mérito lo tienen los individuos, y los empresarios que crean los medios para que esa interrelación sea posible; la Unión Europea sólo contribuye a ello de la misma manera en que un asesino en serie contribuye a nuestra salud si decide indultarnos.

Además, la extraordinaria prodigalidad paneuropea que muestra Lamassoure con el dinero ajeno sirve perfectamente para ilustrar el origen y el destino de esa colusión de mafiosos sinvergüenzas que se llama Unión Europea: el control de la sociedad.

Todavía hay quien piensa que el origen del euroburocratismo tiene algo que ver con la búsqueda de la fraternidad y la libertad entre sus ciudadanos, pero lo cierto es que la Unión Europea supone una vía no militar de alcanzar el objetivo que Napoleón, Hitler o Stalin ya acariciaran: regir a todos los europeos a través de un solo Estado.

En la práctica, nuestros padres fundadores, a diferencia de los estadounidenses, no pretendieron librarnos de la tiranía, sino armonizarla. Los dirigentes franceses y alemanes renunciaron a conquistar por las armas a sus vecinos y decidieron someterlos mediante la firma de unos tratados con vocación imperialista. Sólo tuvieron que repartirse la tarta del control político para tranquilizar sus ansias expansionistas: si los monarcas absolutistas unían sus dominios a través del matrimonio, los monarcas democratistas del presente los fusionan mediante contubernios pseudoconstitucionales.

No es de extrañar, por tanto, que el destino de este desaguisado estatista sea un crecimiento sostenido de la burocracia a costa de los europeos. Si Lamassoure asegura que el nuevo impuesto sobre los e-mails y los SMS es imprescindible para sostener la Unión Europea, ¿hemos de entender que el armatoste francoalemán está a punto de derrumbarse por insuficiencia de fondos? Supongo que de ser así todos los eurociudadanos deberíamos hacer un euroesfuerzo para evitar que los europarlamentarios, eurofuncionarios y eurochorizos, entre viajes en primera clase a Bruselas y Estrasburgo, tuvieran algo más que langosta y caviar para echarse a la boca.

Pero me temo que el nuevo impuesto no va destinado a financiar la UE tal y como la conocemos en la actualidad, sino a expandir sus programas, competencias, regalos, subvenciones y suculentos salarios. Vamos, los eurócratas exigen más impuestos para incrementar sus despilfarros y remuneraciones. Algunos nunca se dan por satisfechos, sobre todo cuando paga el vecino.

Eso sí, para Lamassoure no tenemos de qué preocuparnos, pues el nuevo impuesto es muy reducido; no es mucho –dicen–, pero, dados los miles de millones de transacciones que se efectúan cada día, podría ayudar a aumentar los ingresos.

Tras ciertas alocuciones sólo queda levantar el acta de defunción de la inteligencia. Si el impuesto no es muy gravoso, entonces los ingresos no serán muy elevados, a menos que los políticos hayan descubierto cómo multiplicar los panes y los peces partiendo de una pequeña suma de dinero. Si los ingresos son elevados, entonces el impuesto sí será gravoso. El Estado no tiene recursos propios, todo procede del expolio a la sociedad; aquél no puede ganar mucho sin que la ésta pierda más.

No debemos pensar sólo en el perjuicio económico que generaría la medida; para recaudar el impuesto será necesario controlar cuántos correos electrónicos y SMS enviamos, lo cual abre las puertas a conocer a quién se los enviamos y qué contienen.

El "proceso de construcción europeo" no es más que nuestra particular revolución bolivariana. Más lenta, pero más firme y segura. La dictadura explícita pasó de moda entre los europeos tras la II Guerra Mundial; ahora se conforman con un despotismo iletrado en forma de parlamentos. Pero no les preguntemos por la libertad: la mayoría ya ha perdido la costumbre. Entre cadenas e impuestos se vive mejor.

Negociando con comunistas

Sin embargo, en el caso de la tregua de ETA, la clave de la negociación no es el abandono de las armas sino las concesiones que hará el Gobierno español a la banda para que está se acerque a sus metas políticas a cambio de no seguir matando, robando y extorsionando de la forma que lo han venido haciendo. Ahora bien, el Gobierno no tiene legitimidad para negociar con los derechos que no le pertenecen. Las familias de las víctimas, por ejemplo, sí podrían negociar términos como la condonación de las penas por los asesinatos de sus familiares, pero no el Gobierno.

Según el CIS, el 49,4% de los españoles considera improbable que la tregua de ETA lleve a una "solución definitiva". En caso de que el resultado de la encuesta sea fiel a la realidad, cuestión más que improbable tratándose del CIS, parece que la mayoría de los españoles tiene más claro que Zapatero que las probabilidades de éxito de una negociación con un grupo terrorista como ETA son escasas. La banda es un grupo marxista-leninista y como tal siempre ha utilizado la negociación como herramienta táctica para acercarse a su objetivo final: la instauración de un estado totalitario de corte comunista en el País Vasco. La población parece consciente de este pequeño detalle que se le escapa al Gobierno.

Pero hay algo peor que las pocas posibilidades de éxito en la negociación con ETA y es el simple hecho de que el Gobierno pueda negociar algo que no sea el abandono de las armas y, todavía peor, la posibilidad de que el proceso abierto sí lleve a una "solución definitiva" en virtud de la cual ETA logre acercarse a sus fines. Y no me refiero a la posibilidad de secesión de alguna parte de España. Me refiero a la posibilidad de que logre instaurar un régimen comunista a las puertas de España gracias a los robos y asesinatos perpetrados contra individuos inocentes.

Los valores en el mercado

Pero ese avance, que es el de la civilización, el capitalismo, la riqueza, no ha colmado la tierra y son millones los que aún viven en la pobreza, aunque su número no deje de disminuir. Acostumbrados a la excepción, a vivir en sociedades capitalistas y ricas, nos duele que otras necesiten emplear a los niños, como nosotros en los siglos anteriores, para poder darles lo más básico. Es un sentimiento de desasosiego moral y estético, que nos crea una repulsa.

Las empresas luchan por ganarse el favor de los consumidores, y por eso rodean sus productos de un halo, de una imagen, y huyen de ciertos estigmas como los europeos del XIV de la peste. El trabajo infantil es uno de ellos, por el profundo rechazo que despierta en casi todos. Inditex ha descubierto por un semanario portugués que una empresa proveedora empleaba a unos niños de 11 y 14 años en el norte de Portugal, y ha reaccionado abriendo una investigación para ver si se cumple su "código de conducta", que "prohíbe el trabajo infantil en nuestras empresas externas". Este comportamiento demuestra que no es necesaria la regulación para que se impongan en las empresas valores que son compartidos por una mayoría; en su mismo interés está dejarse llevar por éstos, si es que quieren nuestro dinero a cambio de sus servicios.

Si pudiéramos exprimir nuestra mente para extraer todas las marcas que conocemos y lo que sabemos de ellas nos quedaríamos impresionados por la cantidad y variedad de información. Al fin, nos bombardea a diario por medio de la publicidad, los medios de comunicación, y nuestra propia experiencia en el consumo. Pero a lo mejor queremos saber de una marca desconocida cierto aspecto al que le damos mucha importancia. Por ejemplo, ¿Han trabajado niños en su fabricación? ¿Están estos productos tratados genéticamente según principios científicos (lo que algunos llaman manipulación genética)? Si de verdad nos importa como para modificar nuestros hábitos de compra, habrá empresas o grupos empresariales que crearán sellos de certificación que darán fe de lo que busca el consumidor.

Pero, ¿y los disidentes? ¿Qué hay de aquellos que piensan, por ejemplo, que las empresas tienen que dar una oportunidad de trabajo a quienes menos tienen? ¿O qué hay de quienes confían en la ciencia, quienes creen que el empeño de una empresa para atraer los conocimientos de la ciencia al servicio de la mayor calidad de una verdura, o su mayor resistencia a las plagas es para su propio bien? El mercado tiene también respuesta para ellos. Si algo hay característico de las sociedades libres es la multiplicidad de opciones; siempre hay una oferta para una pequeña parte de la sociedad, sin perjuicio de que conviva con muchas otras.

No necesitamos de la regulación pública para que las empresas hagan caso y respondan a los valores mayoritarios, y tampoco la necesitamos para asegurarnos de que quienes no los compartan se queden sin opciones. El terreno de la acción pública es otro, el de la imposición de determinadas valoraciones por encima de las preferencias de las de los demás.

El mercantilismo electrocutante

En realidad, bastaría con que los políticos dejaran de restringir e impedir las relaciones libres en el mercado para que pudiéramos asistir a una época de crecimiento sin parangón en el viejo continente. Sin embargo, el agresionismo, ese mal llamado proteccionismo que privilegia a unos pocos agrediendo a la mayoría de la población, se ha convertido en el sello de identidad de las políticas europeas, y bajo su sombra pocas son las cosas buenas que pueden crecen.

En este contexto, el intervencionismo energético del que han estado haciendo gala los gobiernos español y francés es la estocada final al último resquicio de libertad económica que a duras penas se mantenía en pie: el tambaleante mercado único europeo. Primero asistimos con asombro en abril de 2005 a la reintroducción de aduanas para el transporte por carretera, sólo que ahora se les llama tasas al transporte terrestre. Luego vino el bloqueo de la directiva Bolkestein que con tanto retraso traía la liberalización de los servicios sin la cual la libertad de movimiento de personas estará siempre lisiada. Y finalmente Zapatero y Villepin nos obsequiaron con un intento de liquidación de la libertad de movimiento de capitales.

A los amantes de la ingeniería social nunca les escasean las justificaciones para la intervención. En esta ocasión nos salen con el cuento de que el mercado energético es estratégico. Así, sin más. Y se quedan tan a gusto. Como la teoría del monopolio natural ya no les vale para mantener nacionalizada la industria eléctrica, los políticos posmodernos de sonrisa perenne han decidido ahorrar recursos dialécticos y limitarse a poner adjetivos misteriosos para mantener cautivos a sus consumidores. Y es que lo de estratégico no quiere decir otra cosa que importante. Así que por ser importante el mercado eléctrico el gobierno francés diseña una fusión relámpago para que le italiana Enel no pueda comprar una empresa eléctrica francesa. A esto es a lo que siempre se le ha conocido como nacionalismo económico, que tanta pobreza ha repartido allí donde se ponía en práctica. Pero detrás de la nueva ola de mercantilismo que azota Europa hay algo más que nacionalismo. Y si no, que se lo pregunten a Montilla.

El gobierno español, que se encuentra en la vanguardia europea de este movimiento por la liquidación del mercado libre, ha hecho todo lo que ha podido y más para que Endesa, la primera eléctrica española, se quede en manos nacionales. Pero no por una cuestión de patriotismo sino, más bien, por concentrar la oferta energética en manos amigas. Para lograr mantener un cierto control sobre la producción energética no han dudado en amenazar de forma gansteril a la empresa alemana E.On con la suspensión de los derechos políticos de sus acciones de Endesa si continuaban ofreciendo a los accionistas de la eléctrica española una oferta mejor que la de Gas Natural, la empresa catalana controlada por el caja de ahorros pública que regala dinero al partido del ministro de industria. En su empeño por no dejar kilovatio fuera del control político el gobierno se ha atrevido a despreciar las más elementales normas de un estado de derecho y cambiar las competencias sobre opas de la CNE cuando la oferta pública de la alemana ya estaba hecha.

Si el mercado eléctrico y energético es muy importante, más motivo para que sea liberalizado con urgencia. Sólo en el mercado se puede estimar la importancia relativa que los consumidores le otorgan a un producto y sólo en el mercado el tamaño de las empresas puede revertir en beneficios continuados para el ciudadano de a pie. Y no porque el mercado libre sea mágico sino porque permite que las preferencias de los consumidores se reflejen en los precios crean incentivos para no despilfarrar recursos escasos. Sin embargo, este importante mercado no deja de recibir estrangulamientos políticos que amenazan con un sombrío futuro de desabastecimiento energético. Una lista interminable de despropósitos que se amplifican mutuamente, y entre los que destacan la casi paralización de la inversión en centrales nucleares así como el cierre anticipado de una de ellas por motivos puramente políticos, la subvención de tecnologías ineficientes pero políticamente correctas o la elevación del coste de producción gracias a tratados como el de Kyoto, mantienen en jaque a este importante sector.

El que no haya una unidad política, a pesar de ser otra excusa típica, tampoco quita ningún mérito a la libertad económica. Todo lo contrario. Como repetían una y otra vez los grandes pensadores liberales del siglo XIX, cuando los capitales no pueden cruzar las fronteras son los tanques o las caballerías los que lo hacen. Es precisamente la libertad comercial entre países y sobretodo la libertad de movimiento de capitales lo que apacigua los potenciales conflictos bélicos. De hecho, esta fue la idea que inspiró la Comunidad Económica Europea. Medio siglo después una generación de políticos intervencionistas ha secuestrado el barco europeo. Para volver a poner rumbo a una economía libre, próspera y pacífica los ciudadanos debemos hacer ver a nuestros gobernantes que no permitiremos más intromisiones en los intercambios voluntarios entre europeos. Si no lo logramos, apaguemos la luz y vayámonos a otro lado.

Dos tipos de inmigración y una misma solución

Grandes potencias actuales se han levantado gracias a los flujos migratorios que permitieron construir países econonómicamente fuertes. Que la inmigración se haya convertirlo en una molestia social y económica no es más que otro fallo del Estado.

Hay dos tipos de inmigración. La primera es la del individuo que abandona su país, o región, para instalarse en otro lugar (país o región) para obtener un mejor trabajo, libertad y poder conseguir con su esfuerzo un futuro próspero para él y su familia. Ésta fue la inmigración que dio la bienandanza a los Estados Unidos hasta el siglo XX, o a la Cataluña de los años cuarenta y cincuenta. Por el contrario, mucha de la inmigración actual pretende todo lo contrario.

El segundo tipo de inmigración es la de aquellas personas que viajan a países, u otras regiones dentro de un mismo país, para aprovecharse del esfuerzo de otras personas sin dar contraprestación alguna. Si potenciamos la seguridad social o la educación y "ayudas" públicas, sólo avanzaremos hacia un proceso de descapitalización consiguiendo pérdidas totales y un mayor grado de malestar. Pagamos la educación, sanidad, subsidios, etc., de personas que nunca han contribuido a estos servicios. Algunos inmigrantes vienen a España a operarse gratuitamente y luego se van o vienen con sus familias para conseguir dinero y servicios públicos gratuitos. Ejemplos como estos los hay cada día.

Ni muros ni satélites evitarán que este tipo de afluencia parasitaria acabe; el reclamo de la gratuidad es demasiado goloso. Lo único que conseguiremos con este tipo de controles y barreras es aumentar nuestros costes (más impuestos) para dar más fuerza al gobierno. Con las medidas anti-inmigración sólo lograremos desanimar y penalizar al inmigrante que viene a trabajar duro. Ahora mismo el gobierno está decidiendo sobre el bienestar y vida de las personas como si fuera Dios.

No nos engañemos. La solución al problema que ha creado el Estado no es prohibiendo el progreso individual de los inmigrantes. La única solución es crear un entorno de responsabilidad que elimine la inmigración que viene a vivir a nuestra costa, y para ello nos hemos de replantear seriamente en modificar o eliminar los falsos privilegios que los políticos han creado con el estado del bienestar.

Servicios públicos y “xenofobia”

Con estas nuevas llegadas son ya casi 6.900 personas las que han arribado a las Afortunadas desde principio de año, cifra que supera al conjunto de los llegados en todo el año 2005. Es una marea creciente que por un lado refleja un drama humano y por el otro genera una enorme inquietud entre la población de Canarias.

Sin embargo, la verdadera inquietud es la que produce la actitud de nuestro gobierno para el que la solución se fundamenta en un Plan África que consiste en aumentar las partidas de gasto público en cooperación con países subsaharianos y abrir nuevas embajadas en la región. Estas medidas no tienen ninguna relación causal con la resolución del problema. La única cooperación capaz de ayudar a resolver el problema a largo plazo es la cooperación comercial libre entre individuos españoles y africanos que beneficien a ambas partes y ayuden a desarrollar a millones de personas en el continente africano. Las ayudas públicas sólo sirven para quitar dinero a los que son relativamente pobres en España y entregárselo a los ricos de los países pobres. Para colmo, avivará las múltiples corruptelas de la región y creará la falsa apariencia de que sin cambiar las instituciones, las actitudes y las aptitudes es posible crecer porque los recursos pueden caer del cielo.

Además, nuestro gobierno incurre en una contradicción manifiesta que agravará el problema a medio y largo plazo. El reforzamiento del Estado del Malestar que está llevando a cabo no puede ponerse en práctica acompañado de una política de puertas abiertas sin producir un gran conflicto social entre los ciudadanos españoles y los inmigrantes. En un mercado libre y dinámico gran parte de los problemas derivados de la inmigración ilegal desaparecen. Pero ahí donde los impuestos reducen la renta de los ciudadanos para financiar servicios públicos, los contribuyentes ven a los inmigrantes ilegales como el motivo de esos impuestos y la causa del deterioro de la calidad de unos servicios que por necesidad son escasos. Quizá por eso una reciente encuesta encargada por USA Today revela que el 60% de los norteamericanos está en contra del acceso gratuito de los inmigrantes ilegales a servicios como hospitales y colegios públicos.

La política de relativas puertas abiertas exige la liberalización de múltiples servicios públicos. Cualquier alternativa resultará en confrontaciones sociales tan dañinas como innecesarias. Liberalización o cierre de fronteras a cal y canto, esa es la cuestión que el gobierno se empeña en ignorar.

España ante la relocalización

Los costes laborales son allí más bajos. Los impuestos, también, mientras que la protección de la propiedad privada no es necesariamente menor. El capital acude a países que todavía son pobres, con sueldos que no han alcanzado los del primer mundo. Ese capital hace el trabajo más productivo, y la diferencia entre productividad y coste laboral revierte en beneficios para la empresa.

Pero los salarios no pueden quedarse permanentemente relegados tras la productividad, porque están determinados por ella a largo plazo. No hay más que acercarse a la evolución de los costes laborales en Europa para darse cuenta: crecieron de 1996 a 2002 en la República Checa un 11,6 por ciento de media, un 11,7 por ciento en Estonia, un 14,3 por ciento en Lituania, un 10,2 en Rumania o un 9,9 en Polonia. La llegada de capital a esos países les está haciendo más ricos, y los trabajadores son capaces de generar mayores rentas. Además, los consumidores de todos los países pueden acceder a más bienes más baratos gracias a todo ello. Tan positivo es este proceso que la izquierda no deja de criticarlo. Embarrada en su discurso de que este mundo cada vez más abierto va a peor, toda buena noticia para los pobres es una mala noticia para la izquierda.

En el fondo, cómo se beneficien los pobres del mundo por la incorporación de sus sociedades al capitalismo global les trae el fresco. "¿Qué pasa con los trabajos que se destruyen aquí?", se preguntan. Es una pregunta legítima, todo hay que decirlo. La preocupación porque el cierre de determinadas fábricas o el desmantelamiento de sectores enteros cree un desempleo permanente es tan viejo como poco fundamentado. Parte de la idea de que la riqueza está fija, y que cualquier aumento en un punto del mundo creará una carencia en otro. Si tiras de la manta hacia un lado, el contrario quedará descubierto.

Pero esa idea es perfectamente absurda. La escasez nunca desaparece; siempre hay necesidades por cubrir. Y puesto que podemos llegar a ellas simplemente haciendo más productivo el trabajo, éste jamás será sobreabundante; nunca quedarán bolsas de trabajo permanentemente sobrantes, porque siempre nos quedarán necesidades que podremos satisfacer empleándolo. El capital es el que marca la frontera entre los deseos que podemos cumplir y los que aún no están a nuestro alcance.

¿Y qué tiene que ver eso con España? Que los países ricos tienden a perder los puestos de trabajo menos productivos, y se concentran en reorientar la fuerza laboral en aquellos empleos más elaborados, más complejos y en los que la tecnología es más moderna. España, por fortuna, no puede ya competir con salarios bajos, pero podría hacerlo, siguiendo el ejemplo de Irlanda, en la apuesta por la tecnología y el capital humano.

El Tempranillo de los Andes

Morales está sentando las bases de una gran carrera en el mundo de la política. Mucho se tienen que torcer las cosas para que en un par de legislaturas no alcance el objetivo final de todo gobernante marxista: aparecer en el top ten de la revista Forbes, al lado de Fidel. Mejor un par de puestos por debajo, por aquello de respetar la jerarquía. Llegado ese momento, los mismos giliprogres que le aplaudían a rabiar en Bruselas y los totalitarios occidentales de a pie, saldarán el expediente acusándolo de traidor a la causa revolucionaria. Nada más falso. Al contrario, el enriquecimiento desaforado de una elite a costa del pueblo es la constante universal en la Historia del marxismo, a la que sus representantes contemporáneos no hacen sino rendir el debido tributo. El socialismo bien entendido empieza por uno mismo.

La nacionalización de la producción gasística boliviana y la incautación de las inversiones de las compañías petroleras sigue el modelo Rumasa, que tantas satisfacciones proporcionó al primer gobierno socialista, sobre todo porque permitió a nuestros gobernantes ejercitar la virtud de la generosidad con los amigos más cercanos. En aquella ocasión, nuestro Tribunal Constitucional puntuó a los sociatas con un aprobado justito, porque aquel "to pal pueblo" guerrista acabó sonando más bien hipócrita, cuando al cabo de unos meses privatizaron de nuevo el global de la rapiña a través de acuerdos celebrados en yates de superlujo, mientras surcaban las cálidas aguas mediterráneas en proletaria singladura. Mas si el TC español tuviera que juzgar hoy el expolio cometido por el gobierno de Morales, probablemente le daría un notable alto, porque no se avizora en el horizonte ninguna señal de que el tempranillo andino vaya a soltar tan fácilmente el botín. Al contrario. Acabo de ver un vídeo de su vicepresidente, Álvaro García Linera, en el que anuncia la decisión de su gobierno de entregar a los campesinos alrededor de cuatro millones de hectáreas de tierra, "gratis total". No para que la exploten a escala individual, claro, que la gente le coge enseguida el gustillo a eso de la propiedad privada y luego hay que encarcelarla para quitarles el vicio. No. Se trata de entregar las tierras, en palabras del vicepresidente, a "las comunidades indígenas", evidentemente para su explotación en régimen colectivo.

Cuando el Ché Guevara, en su burricie, intentó hacer lo mismo en los albores de la revolución castrista, sus camaradas le hicieron desistir con un razonamiento tan sencillo que incluso alguien como él logró intelectualizar: Ningún campesino querría trabajar la tierra si no iba a poder disponer de sus frutos. Acabaron todos entre la cárcel y el paredón, a partes iguales. Es de esperar que los inditos del tempranillo andino tengan un destino más civilizado, aunque sólo sea para que el día de mañana puedan leer Forbes y ver a su líder junto al Sultán de Brunei. Con el jersey de Freddy Krugger, eso sí.

La nacionalización es un robo y Evo un criminal

Si hiciese tal acción me merecería, sin duda, el apelativo de criminal. Uso la extorsión, esto es, la amenaza de la violencia física contra usted para arrebatarle su propiedad y libertad. También, de dudosa reputación sería aquel que me apoyase.

Esto mismo es lo que está haciendo el presidente boliviano Evo Morales. Es un tanto sorprendente la frialdad de los analistas ante el tema de las nacionalizaciones. Leemos y oímos que nacionalizar puede ser bueno o malo, que puede crear inseguridad para el tejido económico de Bolivia. Yo tampoco estoy libre de culpa. Pero pocos parecen ver la propia naturaleza de la nacionalización, esto es, el uso de la fuerza absoluta contra personas y entidades pacíficas. El estado, que es quien ha de asegurar el respeto a la vida, a la propiedad privada y a la libertad, se ha convertido en Bolivia en la principal amenaza de todas ellas. La mayor organización criminal que hay ahora mismo en el país andino no es la mafia, sino el gobierno de Morales. ¿Cree que Morales envía a un ejército armado hasta los dientes a las instalaciones de empresas privadas simbólicamente? Esos soldados no dudarán en asesinar a todo aquel que pretenda defenderse de tal agresión. Eso sí, por el bien común, y con esta excusa, los izquierdistas tendrán la conciencia tranquila.

Si Morales es un criminal, no lo es mucho menos aquel que le da soporte. Puede ser relativamente aceptable que el presidente español Rodríguez Zapatero considere la disputa entre el gobierno boliviano y las empresas españolas como un problema entre ellos y no un problema de estado, pero de aquí a continuar y ampliar la financiación del criminal con nuestro dinero hay un largo trecho.

Es un hecho inaceptable. ¿Realmente quiere que su dinero vaya a manos de un tirano en lugar de que no salga nunca de su bolsillo? Seguro que usted sabría darle mejores fines a su dinero.

Tras las petroleras, los indígenas

Tras la máscara de hombre solidario que tanto gusta a Zapatero y a los intervencionistas españoles se esconde un tipo autoritario dispuesto a acabar con la propiedad privada y las libertades individuales de propios y extraños.

La nacionalización de los hidrocarburos que afecta de lleno a la petrolera española Repsol no es sino una de las aplicaciones prácticas de su programa basado en el desprecio por la propiedad privada. Evo ha empezado por el petróleo y el gas porque es la única riqueza que puedes expropiar sin que al día siguiente la riqueza se evapore. Aún así necesitará aliados estratégicos que le ayuden a encontrar nuevas reservas y a mantener la industria del petróleo al día en las innovaciones técnicas que se vayan produciendo en el mundo.

Morales, el indigenista, ha dañado a unas cuantas empresas petroleras –quizá eso le ayude a sentirse a gusto– pero mucho mayor ha sido el perjuicio que ha infligido a su pueblo. La credibilidad de Bolivia como emplazamiento para nuevas inversiones internacionales se ha hundido y eso ya no hay quien lo reflote hasta que no le hagan abandonar el poder. Sin duda podrá encontrar la ayuda de algunos artistas, de algún empresario crecido a la sobra de subvenciones y privilegios, o de algún político rojo. Zapatero podría volverle a echar una mano y buscarle empresas colaboracionistas. ¿Por qué no? Si ya has traicionado tu deber de defender con uñas y dientes la propiedad de las empresas españolas ¿qué te impide ahora seguir colaborando con el déspota? Pero lo cierto es que las grandes empresas huyen como la peste de los expropiadores y eso no lo arregla ni ZP.

Morales, el de los jerseys de colorines, está imponiendo un futuro bien oscuro a su pueblo y los indígenas serán quienes más lo sufran. Las comunidades indígenas de Bolivia llevan miles de años siguiendo unas tradiciones sociales respetuosas con la propiedad privada. Muchas de sus prácticas son comunales y tienen sistemas de mutuas que permiten dar asistencia a quienes puedan encontrarse en situaciones de emergencia. Mantienen una complicada estructura privada de la propiedad ligada al mérito social y tienen un sistema judicial distinto del estatal. Todo indígena es libre de salir de estos "clubes" ancestrales y probar suerte como campesino privado. Sin embargo, Morales está empeñado en que el estado se inmiscuya en unas instituciones que llevan muchos siglos evolucionando en libertad. Quiere que el estado emita títulos de propiedad de sus tierras, que las normas de las comunidades queden reguladas, que los participantes queden registrados y que el sistema judicial sea armonizado con el del estado. En definitiva, quiere lo mismo que para las empresas petroleras: que el estado se meta hasta la cocina de estas comunidades libres y las gobierne. Queda por saber si los grupos indigenistas occidentales alabarán estas agresiones o si se emborracharán de socialismo estatalizante.