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Caldereta igualitarista

En el proyecto se contemplan medidas tan contrarias a los derechos individuales del ser humano (sea este hombre o mujer) como el que de manera obligatoria haya un mínimo de un 40% de mujeres en los consejos de administración de las empresas o que en las candidaturas para las elecciones al congreso, a los cabildos, a las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, así como al parlamento europeo, las mujeres tienen de estar representadas entre el 40 y el 60%.

Según la Fernández de la Vega, la ley de igualdad "no es para las mujeres, sino para los hombres y las mujeres, porque a todos dignifica". Vamos, que el gobierno no sólo piensa que todas las mujeres están lisiadas sino que cree que tanto hombres como mujeres tenemos averiada la facultad de razonar. La única forma de selección social que puede dignificarnos es una que pase por respetar los contratos libres en el mundo privado y los méritos en el público. Lo que propone el gobierno es un ataque de primer orden a la dignidad de la mujer y una agresión sin parangón a la libertad de contratos. Sorprende sin embargo que muchos amantes de la libertad individual estén callados por no contravenir el discurso políticamente correcto y que la inmensa mayoría de las mujeres no se estén organizando para contestar a este insulto del machismo más extremo.

Para Caldera se trata de una ley "que reparte cargos, ya que las cargas están mal repartidas". Además, añade, "el proyecto creará riqueza y productividad en las empresas". Por mucho que se empeñe el ministro, sus propuestas sólo pueden traer crispación y decadencia socioeconómica. Crispación porque quien deja de alcanzar un puesto merecido debido a la imposición política de una cuota sexista no puede más que indignarse, y decadencia económica porque el intervencionismo de la ley sólo puede limitar nuestro progreso. En su frenesí intervencionista, la ley se inmiscuye en sectores tan vitales como el de los seguros impidiendo que factores como el embarazo puedan tenerse en cuenta para el cálculo de una prima. El disparate es mayúsculo. Si la compañía de seguros no puede discriminar entre individuos con distintos riesgos asociados, el daño a los seguros voluntarios está servido; lo que difícilmente ayuda a la creación de riqueza. Pero claro "las cargas están mal repartidas" y nuestro ministro de trabajo metido a cocinero social sabe cómo hay que mezclar la carne ajena en su caldereta igualitarista para repartir bienestar. Es la fatal arrogancia de los socialistas de todos los partidos y todos los tiempos.

Morados de billetes de 500

Los datos son claros. El 62,65 por ciento del valor de todos los billetes que circulan por el país corresponden a billetes de 500. Puede que usted no haya visto ninguno, pero ya son más de 101 millones de unidades que representan ni más ni menos que un tercio de todos los billetes de esta cantidad que circulan en la zona euro. El caso recuerda al milagro de los panes y los peces por la velocidad a la que se multiplican a nuestro alrededor. Y es que desde el mes de abril de 2005 el número de billetes morados ha aumentado en un 32%.

Este extraño fenómeno no es ajeno a la política del gobierno español. Por todos es sabido, por todos excepto Trichet, que los billetes de elevado valor suelen acudir en ayuda del mercado negro y que, a su vez, el mercado negro crece sin descanso allí donde los gobernantes se empeñan en prohibir, obligar, subvencionar, imponer o intervenir las acciones libres de los ciudadanos. Con casi cada nueva ley que se aprueba en este país se propicia un nuevo ámbito para el mercado libre ilegal.

El afán regulador del gobierno es tal que los individuos ven cada vez más rentable organizar sus transacciones y finanzas al margen de los Solbes, Montillas, Rodríguez y del Estado en su conjunto. En definitiva, la razón para que España esté llena de billetes de 500 euros no es otra que las múltiples políticas de ingeniería social que asfixian la libertad económica, verdadera base del crecimiento económico y del avance de la prosperidad en nuestra sociedad. Que dejen de limitar las libertades económicas de los españoles y ya verán cómo los papelillos morados se van "misteriosamente" para otro lado.

Bush y los principios

Ellos tienen un mercado laboral más flexible que los europeos, en general, y su nivel de impuestos es algo menor. Si roban menos de lo que uno produce y el entorno en el que uno desarrolla su carrera profesional se parece más a un mercado libre allí que aquí, no nos debe extrañar que creen más empleo.

Bush dio ese dato en un discurso pronunciado el pasado sábado. En él lanzó dos ideas muy importantes y sugerentes, pero de las que el propio presidente poco tiene que presumir. Por un lado reconoció que si quiere mantener la prosperidad del país tiene que recortar los gastos públicos, y para ello propone que se otorguen nuevos poderes al presidente para poder paralizar las partidas que considere innecesarias, sin tener que recurrir al veto. Encomiable, pero la propuesta proviene del presidente con el que más ha aumentado el gasto público desde Johnson, y uno de los más generosos con lo ajeno de toda la historia de los Estados Unidos. Y no se ha estrenado en el uso del veto, una prerrogativa a la que Reagan recurrió muchas veces para poder recortar el gasto. La mera amenaza del veto le serviría para negociar con Congreso y Senado y poder así reducir lo que considere innecesario. La suya es una propuesta cara a la galería, no exenta de hipocresía, aunque si sale adelante habría que darle la bienvenida.

La otra idea ha sido una constante en toda su presidencia: para asegurar la paz hay que extender la prosperidad y los lazos comunes entre las naciones, creados por una malla de acuerdos voluntarios en el comercio internacional. Tampoco aquí tiene mucho de qué presumir. Ha dejado a un lado los acuerdos multilaterales. Prefiere multiplicar los bilaterales, en los que ha estampado su firma un número de veces sin precedentes. Quizá la estrategia sea correcta, los grandes acuerdos multilaterales son difíciles y avanzan muy lentamente, aunque cualquier mejora afecta a todos. Los firmados entre dos países, o un número limitado de ellos, son más fáciles de alcanzar. Pero Bush es mucho menos proclive al libre comercio que lo que dice ser. Cedió ante la presión de los grupos de presión en el acero, lo hizo de nuevo con la madera procedente de Canadá, y dio en 2001 un histórico paso atrás en el camino emprendido en 1996 hacia una mayor liberalización del comercio agrícola, aumentando las ayudas que se habían reducido cinco años antes. Su discurso es intachable. Sus realizaciones le desmienten.

Bush todavía puede presumir de los datos de empleo y crecimiento económico, que son buenos en parte por la creciente integración económica mundial y por su rebaja de impuestos. Pero su presidencia se le escapa sin haber sido un verdadero impulsor del libre comercio entre las sociedades de diversos países, sin su mil veces anunciada reforma de la seguridad social, sin la reforma fiscal, sin haber avanzado en lo que llamó sociedad de propietarios. Es pronto para ver el porqué de todo ello. Pero la explicación que me parece más convincente es que a él le faltan convicciones suficientes para llevar adelante las reformas que él mismo ha propuesto. Es verdad que se ha encontrado con una bancada demócrata excepcionalmente sectaria, hasta niveles difíciles de comparar con otros momentos históricos. Pero da la impresión de que su insistencia en los principios y su elocuencia para explicarlos no tienen el respaldo de la fuerza que sólo otorga el impulso de la convicción.

El nuevo Nostradamus

Después de su trompazo en las últimas elecciones presidenciales, ganadas por Bush a pesar de que la SER había dictaminado unas horas antes lo contrario (el muy insolente), Gore ha dejado un tanto de lado los asuntos de la política cotidiana para dedicarse full time a predecir catástrofes planetarias, que es una cosa muy progre a la par que rentable en términos de popularidad.

Según el mensaje que el líder demócrata repite incansablemente cada vez que le acercan un micrófono, el fin de la raza humana está muy próximo a menos que Washington haga algo para impedir que los americanos sigan provocando el cambio climático. En los prolegómenos de la última campaña presidencial, Al Gore dio una conferencia apocalíptica en New York sobre los peligros del calentamiento global. Fuera del local había 18 grados bajo cero sin contar el chill effect pero, ¿qué es la física frente a la doctrina sagrada del progresismo?

Primero, no está demostrado que la Tierra se esté calentando de forma anormal; de hecho entre 1988 y 1997, lapso de tiempo utilizado en sus simulaciones informáticas por el progenitor intelecual del protocolo de Kioto, el planeta no sólo no se calentó, sino que su temperatura media descendió 0,24 grados. Segundo, aunque la temperatura realmente estuviera elevándose, la responsabilidad de la acción humana en ese incremento sería insignificante (el efecto invernadero tiene una incidencia de 153 watios por metro cuadrado, de los que 150 tienen origen natural). Tercero, una mínima elevación de la temperatura media global no sólo no sería peligrosa para el ser humano sino que, en realidad, tendría efectos más positivos que el enfriamiento, por su capacidad de mitigar los extremos climáticos.

Pero la vulgata marxista –ecologistas radicales, antiglobalizadores, anticapitalistas de todo pelaje y modelos de alta costura, éstas últimas más preocupadas por las profecías cataclísmicas que por engordar unos saludables kilitos es inmune al debate científico. Como en cualquier otra secta, el ideario es consecuencia de los dogmas trascendentes que imponen sus dirigentes como una cuestión de fe. El ecologismo apocalíptico es sólo un mecanismo de cohesión grupal con ribetes estéticos, como ir enseñando los calzoncillos o cagarse en la madre de Bush. De hecho, si fuera coherente, toda esta tropa debería apoyar el calentamiento terrestre. Con un par de grados más de temperatura, quizás en un par de décadas acabaría la glaciación cerebral que les atenaza de forma tan cruel.

Somos violentos, sí

Los resultados del estudio no deberían sorprendernos; las mujeres son mucho más sensibles a todos ellos con una excepción: los hombres son especialmente hábiles en reconocer la ira en el rostro de otro hombre. Las razones son evolutivas, ya que quienes son capaces de reconocer este sentimiento tendrán más posibilidades de sobrevivir y de que sus genes pervivan y, dado que la mayor violencia en la historia humana se ha dado en hombres con respecto a otros hombres, esa necesidad es más acuciante en éstos.

Y es que la violencia forma parte de nuestra historia como especie desde que dimos nuestros primeros pasos por el mundo. Por eso resulta especialmente ridículo que algunos ingenieros sociales se centren en denunciar la violencia en el cine, la televisión o los videojuegos como si ésta fuera un comportamiento aprendido y no algo connatural a la misma esencia del hombre. El que la cultura occidental, la mejor adaptada entre las existentes para obtener el mejor partido posible a la naturaleza humana universal, haya dictaminado la genérica maldad de la violencia –con alguna excepción como la defensa propia– no significa que ésta no esté íntimamente ligada a nuestra especie, porque no todo lo natural es necesariamente bueno en términos morales.

Las propuestas de legislación norteamericanas contra los videojuegos parecen olvidar esta cuestión básica. Así, sus propuestas legislativas recuerdan a la indignación del capitán Renault, en Casablanca, cuando cierra el local de Rick porque ha descubierto que en él se juega, segundos antes de recibir sus ganancias de la noche. Si echaran la vista atrás, recordarían sus propios juegos infantiles teñidos de violencia, aunque fueran mucho menos sofisticados y, por lo tanto, entrañables en su memoria. Pero ellos también jugaron a matar a sus amigos del alma, y se divirtieron y rieron con ello. Nada malo hay en ello; al contrario. Ser conscientes de la violencia que anida en nuestra alma es la única manera de empezar a aprender a controlarla en nuestro beneficio y el de toda la sociedad. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esa característica humana es la que hace atractivos esos juegos, no los juegos los que provocan la aparición de la misma.

Los padres, por supuesto, son los más interesados en que sus hijos aprendan ese autocontrol, y en su labor puede interesarles vigilar a qué juegan y cuánto tiempo. Es por esa necesidad que nació el código PEGI, propuesto por la industria para informar a los padres sobre lo que juegan los niños. Resulta absurdo ir más allá; no sólo significaría legislar contra la libertad de expresión –del mismo modo que prohibir la comercialización de ciertos libros a menores lo es también– sino que resultaría tremendamente ineficiente. Los políticos deben empezar a acostumbrarse a dejar en manos de la sociedad civil aspectos como éstos, más que nada porque Internet puede dejar por imposible de hacer cumplir cualquier regulación que quieran establecer. Una razón más para bendecir la Red.

Gestas keynesianas

Y si nada podemos esperar del PSOE, tampoco parece que el PP vaya a ser nuestra tabla de salvación. En lo fundamental, la política económica de los dos partidos mayoritarios es idéntica. Ninguno de los dos trata de reducir el dirigismo político y robustecer la figura central del empresario. Por el contrario, sus esfuerzos pasan por añadir mayores dosis de regulación a la ya encorsetada economía española. El último ejemplo de sumisión socialista en el PP lo encontramos en la Comunidad Valenciana y su recién aprobado Programa Gesta.

Gesta no es más un artilugio politiquero que pretende incrementar la competitividad de las empresas levantinas multiplicando las subvenciones a la I+D. Por supuesto, la filosofía subyacente a este proyecto es totalmente socialista y keynesiana. Parte de la premisa –falsa– de que la Administración tiene que intervenir en la economía para conseguir que los empresarios sean más eficientes. Dicho de otro modo: el Gobierno valenciano se siente legitimado para quitar a la sociedad parte de sus riqueza y gastarla, como si de un Comité Central Soviético se tratara, allí donde él juzgue más conveniente –en este caso, la I+D.

Por desgracia, la investigación tecnológica se presta a este infame pasteleo intervencionista, pues en torno a ella existe una cierta mistificación que los políticos aprovechan para incrementar su poder y control.

El gasto empresarial en I+D supone emplear recursos económicos escasos –capital, trabajo o materias primas– en intentar desarrollar una nueva tecnología, producto o diseño. La I+D, por tanto, no está libre de costes; si bien en caso de tener éxito permite mejorar nuestra técnica productiva, mientras tanto impide que esos recursos escasos se dediquen a fabricar otros bienes y servicios que incrementarían el bienestar actual de los consumidores. En lugar de aumentar la producción de, por ejemplo, televisores o automóviles, nos dedicamos a diseñar los televisores o automóviles del futuro.

Si el empresario cree que la inversión en I+D va a ser rentable, la ejecutará; en caso contrario, dirigirá los factores productivos hacia otros menesteres. El hecho de que la I+D sea rentable significa, simplemente, que los consumidores valoran más los resultados previsibles de la investigación que los bienes presentes a los que están renunciando. Del mismo modo, que no sea rentable quiere decir que los consumidores prefieren que los recursos destinados a la investigación se utilicen para producir otros bienes o servicios.

Por ello, para que el gasto en I+D sea rentable no basta con que tenga éxito en el plano científico, también es necesario que los consumidores valoren más esa invención que los usos alternativos que se podría haber dado a los factores productivos implicados.

En un mercado libre, los empresarios realizan estas valoraciones de manera continua; deciden si invertir en I+D o, en su lugar, en publicidad, en incrementos de la producción o en apertura de nuevas líneas de negocio. Si los empresarios gastan demasiado en I+D, sus ingresos futuros no cubrirán sus gastos presentes y quebrarán; si gastan la cantidad adecuada, prosperarán.

El problema surge cuando el político de turno se cree más listo que los empresarios y decide planificar la investigación y el desarrollo de toda la sociedad, otorgando subvenciones por doquier. Si, como hemos visto, un empresario invierte en I+D siempre que lo considere rentable, las subvenciones de los políticos favorecen que los empresarios inviertan en I+D aun cuando no lo sea.

Las subvenciones a la I+D, por tanto, corrompen la investigación científica, ya que los empresarios, en lugar de satisfacer las necesidades de los consumidores, sirven las de los políticos. Su objetivo no es ser recompensados en el mercado, sino en las Administraciones Públicas.

Los socialistas suelen argüir en este punto que los empresarios pueden no tener dinero suficiente para acometer inversiones en I+D realmente rentables, por lo que la intervención estaría en última instancia justificada. Este razonamiento, sin embargo, olvida que en las sociedades capitalistas existe un poderoso instrumento, llamado mercado de crédito, que permite obtener liquidez a las personas que crean haber descubierto una oportunidad de beneficio y no dispongan de fondos presentes.

Si es cierto que existe una oportunidad de ganancia, los empresarios y los capitalistas, ávidos de incrementar su rentabilidad, la aprovecharán, sin necesidad de que los burócratas los tutelen con su fatal arrogancia. Es más, si los políticos realmente supieran dónde hay que invertir para enriquecerse, serían los primeros en abandonar su profesión y dedicarse a ganar dinero en el mercado. El hecho de que no lo hagan es suficientemente significativo de su incapacidad y ceguera.

El programa Gesta también ha ido acompañado de la habitual retórica populista sobre los beneficios de la intervención. Camps nos promete que creará 4.000 empleos e incrementará el PIB valenciano en un 1%. Lo que no nos indica Camps es cuántos empleos destruirá, ya que el dinero gastado a través de su programa político es un dinero que no podrán dedicar los consumidores y empresarios valencianos en ahorrar, invertir e incrementar la producción.

Camps nos muestra los supuestos beneficios directos de su plan, pero no nos enseña todas las empresas y líneas de negocio que dejarán de crearse porque él está (mal)gastando el dinero de los valencianos. De hecho, no nos habla de las enormes pérdidas de bienestar que experimentarán los consumidores como consecuencia de hipertrofiar un gasto en I+D subvencionado y no rentable.

El PP, en materia económica, es la comparsa socialista de ZP. El keynesianismo despilfarrador y manirroto, el estatismo desbocado y enloquecido y la desconfianza permanente en el empresario y el consumidor –en el ser humano no político– son sus rasgos más característicos.

Para incrementar nuestra competitividad, nuestra riqueza y nuestro progreso sólo hay un camino: devolver la responsabilidad a los individuos. Son los empresarios quienes deben descubrir y crear las oportunidades de ganancia, sin que los políticos les transfieran coactivamente nuestro dinero. Deben ser los consumidores quienes determinen el éxito o el fracaso de una inversión, y no los caprichos de la clase política.

Más capitalismo significa más eficiencia y más bienestar; todo lo contrario que las cacicadas violentas que practican a diario los burócratas nacionales de uno y otro partido.

Contra el empleo y la integración

Pero se ve muy claramente, sin más que pararse a pensar en qué consiste y qué efectos tiene, lo perverso que es el salario mínimo y los enormes riesgos que puede tener en concreto para España. Consiste en prohibir a empresarios y trabajadores alcanzar un acuerdo voluntario para el pago de un salario por debajo de cierto nivel. Tanto hablar de percibir rentas y se olvida que los salarios dependen del valor de la aportación del trabajador (lo que los economistas llaman productividad marginal), descontado el interés. Si lo que puede aportar un empleado no alcanza el mínimo marcado por el Gobierno, queda automáticamente expulsado del mercado laboral. Prohibir trabajar por un determinado salario destruye empleo, el de quienes en ese momento no son capaces de generar una renta mayor. Todavía hay quien se sorprende por esta obviedad.

Pero si la destrucción de empleo es de por sí antisocial, el salario mínimo puede tener otras consecuencias, que en el caso de España pueden ser especialmente graves. Esta ilegalización del empleo no afecta a todos los sectores sociales por igual, siempre se ceba con dos grupos: los jóvenes y los inmigrantes o minorías. A los primeros les resta años de experiencia laboral que en esa época de su vida es al menos tan importante como la renta que puedan generar. Aprenden habilidades que les hacen más productivos y hábitos como el de asumir responsabilidades, cumplir la palabra dada o colaborar con compañeros o con un jefe, que le serán muy útiles más adelante.

¿Y los inmigrantes? Los que llegan en masa a España buscan trabajos con baja cualificación, que es en los que pueden aportar valor con su esfuerzo. Si vienen para descubrir que el salario que correspondería a su aportación es ilegal y no se les puede emplear, ¿Qué opciones tienen? Una parte de ellos volverán a desplazarse a donde puedan trabajar sin mayor problema, otros lo harán de forma ilegal, con lo que pierden la protección de las leyes frente a los posibles abusos, y otros no podrán resistir la tentación del dinero fácil por medio del crimen.

Sacrificio al dios Sol

Al gobierno español este proyecto le viene como anillo al dedo. El ministerio de Medio Ambiente ha reconocido recientemente que el incumplimiento del Protocolo de Kioto por parte de España es monumental, habiendo incrementado nuestras emisiones de CO2 desde 1990 en un 47,87%, cuando nuestro límite lo tenemos fijado en un 15%. Además, el objetivo del gobierno en el marco de su Plan de Energías Renovables es que en 2010 haya 400 MW y por el momento sólo cuenta con 37MW.

Una de las características financieras del plan es que el dinero lo aportarán inversores particulares que se beneficiarán de una rentabilidad del 10%. La pregunta salta a la vista: ¿cómo es posible que la energía solar fotovoltaica ofrezca una  rentabilidad tan elevada? ¿Será que tienen razón los ecologistas cuando dicen que esta forma de producción energética es interesante desde el punto de vista económico?

Lo cierto es que se trata de un nuevo fraude al contribuyente y al consumidor. El más grande de Europa en su modalidad, según los promotores del proyecto solar. Y es que no podía ser de otro modo si tenemos en cuenta que la energía solar fotovoltaica es hoy por hoy una de las más ineficientes que existen.

La fórmula es bien sencilla. Consiste en detraer esa cantidad que se promete a los inversores de la rentabilidad real que ofrecen otras formas de producción energética y, en última instancia, a través del dinero que se le cobra injustificadamente a los consumidores de energía eléctrica quienes pagan indirectamente estos proyectos que sólo sirven para que se forren cuatro gatos. La herramienta básica de la que se aprovechan es el Real Decreto 436/2004 que garantiza que el distribuidor más cercano tiene que comprar la energía producida en los huertos solares. En definitiva, se trata de un negocio sin incertidumbre y con mucha trampa. Para colmo, el precio al que el distribuidor está obligado a pagar esa electricidad es un 575% superior al de la tarifa media de referencia durante 25 años, y del 460% a perpetuidad. Un chollo para unos pocos privilegiados que pagamos todos con una electricidad más cara y un asfixiado mercado eléctrico.

Es también en este ámbito de las búsquedas de rentas donde se explica que se construyan 278 centrales en vez de una. Y es que las subvenciones son menores para las instalaciones de menos de 100 kilovatios. Así que BP Solar va a montará 278 huertos que tengan una potencia siempre inferior a esos 100 kilovatios para poder embolsar todo el maná estatal. Para los ecolo-getas, los políticos demagogos y los buscadores de rentas ajenas estamos ante un gran éxito. Para es resto de la población el anuncio representa un nuevo sacrificio al dios Sol.

Inversiones morales

Como ya hemos dicho, el homo economicus se limita a maximizar sus beneficios a partir de unas restricciones vitales que le están dadas. Carece de escapatorias y de alternativas: su decisión está tomada incluso antes de que él mismo lo sepa. El homo economicus no puede renunciar a un mayor beneficio a cambio de otras consideraciones como la moral, la caridad o la empatía; se trata de un usurero egoísta despreocupado por su entorno que tan sólo pretende acrecer su patrimonio.

Por supuesto, el ser humano no está sometido al dinero, sino más bien al contrario. El dinero es un instrumento del individuo para satisfacer sus fines, de modo que si sus fines entran en contradicción con la rentabilidad puede perfectamente renunciar a ésta.

El ser humano real puede tener objetivos distintos al mero enriquecimiento. La moral, el amor, la amistad o las actividades no monetarias son elementos que forman parte del individuo y que pueden, en su caso, alejarlo del dinero. El individuo puede compartir con su prójimo, puede rechazar proyectos rentables por inmorales, puede olvidarse de sí mismo y dedicar su vida a ayudar a los demás.

En puridad, el homo economicus es una superchería insostenible que embrutece el buen nombre de la ciencia económica. La Escuela Austriaca, a diferencia de la disciplina aberrante que controla nuestras universidades, ha sabido rechazar desde un comienzo este supuesto irreal e inconsistente reconociendo en todo momento la diversidad de los fines del individuo.

Para economistas de la talla de Ludwig von Mises, Friedrich Hayek o Murray Rothbard, el ser humano se caracteriza no por la búsqueda del beneficio crematístico, sino por la acción deliberada que se dirige hacia la consecución de los fines personales. Entre éstos tiene cabida tanto la sed por el dinero como la caridad más intensa. Lo que caracteriza al individuo es que actúa, no la maximización del beneficio.

La universidad española, sin embargo, arrincona a la Escuela Austriaca, ya sea por mala fe o por profunda ignorancia. Todo ello, a pesar de que su cosmovisión es mucho más rica y realista que la predominante en el circuito académico.

Por ejemplo, durante estas últimas semanas asistimos a la creación de un fondo de inversión que se comprometía a respetar en sus operaciones financieras los principios y valores católicos. De este modo, se ofrece a los ahorradores la posibilidad de obtener una rentabilidad a través de empresas que observen el código moral católico; se rechazan de esta manera las compañías armamentísticas o las productoras de instrumentos abortivos.

El paradigma del homo economicus es incapaz de explicar la creación de un fondo que conscientemente renuncie a un mayor beneficio a cambio de un recto comportamiento moral. Esto a buen seguro es cierto en el caso de ciertos hipócritas socialistas como Noam Chomsky, que no dudan en invertir en compañías petrolíferas o militares aun cuando diariamente aborrezcan de ellas.

Sin embargo, es evidente que muchas personas sí están dispuestas a renunciar a una mayor rentabilidad por mantenerse firmes en sus convicciones morales. Algo que la ciencia económica predominante es incapaz de interiorizar y comprender porque se niega a rechazar y denunciar sus paradigmas fundacionales.

Con todo, a pesar de esta estrechez académica, podemos comprobar nuevamente cómo la grandeza del capitalismo y de la libertad de empresa permite ofrecer a los consumidores y pequeños ahorradores –en este caso católicos– innovadores productos que incrementan su bienestar sin necesidad de coaccionar al prójimo.

El católico no tiene por qué defender la prohibición de tales compañías, ya que puede decidir libremente no invertir en ellas y hacer proselitismo para que el resto de la gente lo imite; otros sujetos, no obstante, a riesgo de comportarse de forma inmoral, pueden tomar una decisión distinta. Cada cual es libre de perseguir sus fines sin necesidad de reprimir al prójimo.

Los católicos tienen la puerta abierta para introducirse en el mundo de la inversión sin problemas de conciencia. Apostando por estos fondos, pueden combinar una rentabilidad económica con la tranquilidad de dirigir su dinero a actividades moralmente correctas.

Y es importante que los católicos entiendan la importancia de la inversión y la creación de riqueza. La caridad es un acto de entrega al prójimo que en muchos casos requiere de la asistencia de medios materiales para su éxito efectivo, tal y como nos recuerda Benedicto XVI en la Deus Caritas Est: "Los hambrientos han de ser saciados, los desnudos vestidos, los enfermos atendidos para que se recuperen, los prisioneros visitados, etcétera".

Según las circunstancias, la caridad puede requerir de comida, ropa o medicinas para ser eficaz. Por ello, el católico no puede despreocuparse de la riqueza: tiene que promoverla y multiplicarla para que la comida, la ropa o las medicinas sean cada vez más abundantes. Si el católico ha de dar al prójimo, primero deberá poseer; y antes de poseer deberá producir. Sólo se puede dar aquello que se tiene, y sólo se puede tener aquello que existe.

A través de la inversión, el ahorrador se enriquece a sí mismo y a la sociedad. Las empresas pueden acometer un mayor número de proyectos con los que servir a los consumidores incrementando la producción y el inversor católico puede obtener una cierta rentabilidad que le permitirá en el futuro multiplicar sus actividades caritativas.

El católico no debe rehuir los mercados financieros, tiene que participar en ellos de manera activa pero siempre de acuerdo con sus valores morales; de ahí que estos novedosos fondos de inversión supongan una importante oportunidad para familiarizar a una gran masa de ahorradores con el capitalismo. Mayor producción y mayor riqueza significan unas mayores oportunidades para practicar la caridad.

Los fondos de inversión morales sirven para recordarnos una vez más que la ciencia económica universitaria está podrida por la base y que los católicos tienen ante sí un maravilloso instrumento para participar de lleno en los beneficios del capitalismo.

La singularidad

La razón es sencilla; en su obra argumenta que, si dejamos libres al ingenio humano y la empresarialidad y no la agobiamos con regulaciones ecóbobas y prohibiciones basadas en el principio de precaución y otros estúpidos ataques gubernamentales al progreso, la segunda mitad del siglo XXI verá una revolución tecnológica sin precedentes desde que el hombre empezó a tallar huesos y hacer herramientas.

La historia humana ya ha padecido una singularidad, nuestra aparición sobre la faz de la tierra. Hasta ese momento, el progreso transcurría a la lenta velocidad de la mutación genética. Sin embargo, desde que empezamos a discurrir y a crear herramientas, es evidente que esa velocidad se ha incrementado en varios órdenes de magnitud. Mirándolo desde un punto de vista más amplio, hay más singularidades detectables, como la aparición de vida o el momento en que la evolución llegó a desarrollar los primeros cerebros. No obstante, la nueva singularidad a la que se refiere Kurzweil podría, según él, llegar mientras algunos de nosotros aún estamos con vida. Sería el momento en que las máquinas que estamos creando empiecen a ser capaces de diseñar versiones más avanzadas de sí mismas, un momento que sitúa alrededor de la mitad del siglo XXI. Para entonces ya habrán tomado la voz cantante del desarrollo tecnológico, pero a partir de ese momento el crecimiento y el ritmo de novedades tecnológicas sería tan rápido que los seres humanos sin “mejoras artificiales” serán incapaces de seguirle la pista.

Es evidente que la capacidad en velocidad de proceso y almacenamiento del cerebro humano (el hardware) será sobrepasada mucho antes. El problema, que como experto en inteligencia artificial que también es Kurzweil obviamente identifica, es el software, la capacidad de aprender del ser humano y de obtener patrones a través de la información que llega a los sentidos. Ese problema se solucionaría a través de la ingeniería inversa del cerebro humano, el conocimiento cada vez más exacto de cómo funciona el sustrato biológico en el que se alberga nuestra inteligencia. Eso implicaría una consecuencia adicional: al conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, permitirá la posibilidad de incorporar esa extraordinaria capacidad de las máquinas al mismo, aumentando nuestras capacidades cognitivas. Sólo así, concluye Kurzweil, el ser humano podrá adaptarse al acelerón de progreso que supondrá la singularidad.

La mayor crítica que se le puede hacer a Kurzweil, desde el punto de vista científico, es lo poco que hemos avanzado, dentro del campo de la inteligencia artificial, en la creación de “agentes” en relación con el rápido avance que tienen las herramientas. Estas últimas son los aparatos tecnológicos y las aplicaciones informáticas que conocemos bien: a partir de órdenes precisas y claras de los seres humanos, dan respuestas fácilmente predecibles y reproducibles una y otra vez. Si yo escribo una “o” en el teclado, sé que mi procesador de textos pondrá una “o” en pantalla. Los agentes, en cambio, son los dispositivos capaces de adaptarse a nuevos estímulos y reaccionar ante ellos, aprender de los mismos, interpretar las reacciones de los seres humanos en lugar de obedecerles literalmente. Un sistema de reconocimiento de voz que nos entienda cuando tartamudeamos o hablamos bien lejos de ese nivel de claridad que exigen aún, pese a todos sus avances, es un agente. Ese es el salto para el que necesitamos un mayor conocimiento sobre nuestro propio cerebro, y no está nada claro que se vaya a conseguir con la rapidez que predice. Las predicciones más arriesgadas que hizo en su anterior libro, de 1999, fallan precisamente ahí, cuando se necesitan agentes y no herramientas.

No obstante, el principal riesgo para los avances exponenciales que describe Kurzweil no tienen su raíz en la tecnología ni en la ciencia, sino en la política. El uso del principio de precaución, contradictorio consigo mismo como ha explicado Gabriel Calzada en numerosos artículos, puede llevar a la prohibición de investigaciones y aplicaciones prácticas de las mismas que dificulten o imposibiliten el progreso tecnológico. La tecnología y el capitalismo prometen resolver problemas para los que hasta ahora muchos consideran al gobierno como el único alivio posible. ¿De qué servirá, por ejemplo, la Ley de Dependencia cuando las minusvalías sean solventables mediante ingenios mecánicos y electrónicos? La única ventaja con que contamos es que los legisladores suelen ir muy por detrás de la tecnología con sus regulaciones. El riesgo, que la alcancen demasiado pronto.