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Sagas empresariales

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

En la Unión Europea las empresas familiares (EF) representan entre el 60 y el 90% del volumen de negocios, según naciones, y suponen dos tercios del PIB y de los empleos. En Estados Unidos, a mediados de los noventa, más del 90% de las empresas eran familiares, algo más de la mitad de los bienes y servicios de aquel país. La tercera parte de las Fortune 500 (las quinientas empresas más importantes en USA) a finales del pasado siglo estaban controladas o dirigidas por familias. A pesar de cierto menosprecio por parte del ámbito académico, las EF representan una poderosa realidad económica y gozan de buena salud.

Las crónicas acerca de las EF se suceden continuamente. Acaba de publicarse que parte de la familia Areces pleitea en los tribunales una mejor valoración de sus acciones para su próxima salida de El Corte Inglés. Amancio Ortega ha sido recién designado por Forbes el octavo hombre más rico del mundo y no debería obviarse el carácter aún familiar de su imperio cuando su ex-cónyuge, Rosario Mera, posee el 7% de Inditex-Zara. Los ejemplos de EF exitosas enredadas por múltiples cuestiones podrían ampliarse. En cualquier caso, ¿cuál es la marca diferencial de las EF respecto de las empresas estrictamente gerenciales? Siempre se consideró por los historiadores económicos (Alfred D. Chandler y otros) que la gestión eficaz de las empresas debería atribuirse en exclusiva a directivos profesionales y que los negocios familiares eran otra cosa, un asunto menor entre clanes. No obstante, la EF ha sobrevivido a la marea burocratizante, tiene voz propia y levanta el vuelo.

David S. Landes, en su última obra Dinastías (Crítica, 2006), no da una definición totalizadora de la EF –cuestión relativamente ardua si preguntamos en las cátedras de EF– pero sí que descubre un relevante friso de las interioridades de las familias más acaudaladas del mundo. Landes cuenta el majestuoso ocaso de la casa Rothchild, la sempiterna alianza de dinero, poder y corrupción en los Morgan y los Rockefeller, las indecisiones de los Ford y la pugnaz supervivencia de los japoneses Toyoda.

Interesa además en Dinastías ciertas consideraciones en torno al subdesarrollo. El autor eleva la apuesta en favor de las EF como factor de prosperidad en los países pobres ante la globalización. Quizá la tecnología y la logística internacional son insuficientes: "Las ventajas culturales… no son fáciles de emular, y los emisarios enviados al extranjero para aprender o los viajeros que aprenden de sus estancias en el extranjero no siempre están dispuestos a regresar a su país natal. La exportación de talento humano puede ser más duradera que la exportación de capital o de bienes". Landes ejemplifica con la temprana industrialización de Egipto a principios del siglo XIX –vertical, desde arriba– que no funcionó sin un previo tejido empresarial familiar. De ahí la importancia de las estirpes que ofrecen numerosas pruebas de carácter emprendedor y superación de riesgos. Hay interesantes estudios sobre los valores familiares entre comerciantes del Líbano que se mantienen incólumes frente a los desastres de la guerra.

En ocasiones la EF metamorfosea en empresa gerencial y viceversa. Parece una condición guadianesca para la supervivencia: o bien se contratan managers y la familia permanece en segundo plano, o bien se prescinde de extraños y se asume todo el protagonismo. Una muestra: los Agnelli y los Peugeot tuvieron en la ejecutoria de Cesare Romiti y Jean-Martin Folz, respectivamente, una temporal tabla de salvación. Es posible que la clásica explicación de los tres círculos "pariente-propietario-empleado" que se entrecruzan no aclare por completo la realidad del fenómeno familiar, sino más bien la perseverancia de sagas empresariales que fracasan, renacen o se agazapan, sustentadas en capacidades intangibles, tácitas, no articuladas, que el azar o la causalidad hacen brotar o sumergir. Tales capacidades configuran el inaprensible escenario de los negocios familiares.

Problemas con las mujeres

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

"En los doce años que llevo dedicándome a esto, el porcentaje de mujeres ‘informáticas’ que he conocido no creo que llegue al 1%. Cuando empecé la carrera de Informática en el año 95, en Málaga, en mi promoción había 360 hombres y 5 mujeres."

Aquí arriba, en Madrid, la diferencia no es tan abrumadora. Eso no quita para que en mi antigua Facultad el porcentaje de mujeres entre los nuevos matriculados suela oscilar entre el 20 y el 30%. Y las había más desequilibradas. Lo que me lleva a preguntarme, efectivamente, como podrían llegar a ese porcentaje del 40% las empresas del ramo, habida cuenta de la escasez de materia prima. Seguramente, compensando en otras áreas. Ser hombre y trabajar de comercial, administrativo o secretario en una empresa de informática va camino de convertirse en un milagro sólo posible en empresas con menos de 250 empleados, o con sindicalistas increíblemente bondadosos y comprensivos.

Parece que a la izquierda le fuera imposible concebir que pueda haber diferencias entre hombres y mujeres, como si de una imposible e indeseable igualdad a nivel biológico y psicológico dependiera la posible, deseable y ya santificada en nuestra Constitución igualdad ante la ley. Los seres humanos hemos vivido casi toda nuestra historia en tribus, y nuestras habilidades y sentimientos evolucionaron para mejorar nuestra adaptación a ese hábitat. Muchas de las diferencias que existen entre los sexos se deben a ese proceso y se manifiestan incluso en algo tan trivial como la forma en que sacamos las llaves para abrir la puerta de casa.

Evidentemente, la diferencia crucial entre hombres y mujeres es la maternidad. Como dice Thomas Sowell en su Civil Rights: Rhetoric or Reality, "las ramificaciones económicas del matrimonio y la paternidad son profundas y frecuentemente opuestas en sus efectos en hombres y mujeres". Un informático, un científico, un ingeniero pueden ver cómo una parte importante de sus conocimientos y habilidades se quedan obsoletas si se retiran unos años de su profesión. Un profesor, un bibliotecario o un psicólogo no tienen ese problema. Eso podría explicar por qué las mujeres han tendido históricamente a elegir carreras profesionales como éstas últimas. El caso es que si yo podía ver pocas chicas en mi Facultad, mi hermano en cambio pertenecía a la minúscula minoría de hombres que estudiaba en la suya, Trabajo Social.

De hecho, Francisco, como por razones evidentes hacen todos los informáticos, recuerda que "en Telemática todos sabían que, para ver niñas, había que ir a Trabajo Social, a pesar de que nadie les impidiera a las chicas el acceso a aquella carrera". Y se lamenta de que "desde el 2003 hasta hoy, he recibido por correo electrónico 39 currículum, y todos son de hombres". Sin embargo, el PSOE opina que si, por ejemplo, las mujeres navegan menos por Internet que los hombres es debido a "la discriminación que sufre la mujer en el uso y el acceso a las nuevas tecnologías, lo que se conoce como brecha digital de género". Con esa mentalidad le salen las leyes que le salen, claro.

Francisco, como tantos otros, está temblando con la que se le viene encima, pues en caso de ser acusado por ser un machista recalcitrante, además de muy mala persona, la ley prevé que tenga que ser él quien pruebe que no discrimina; será culpable mientras no demuestre lo contrario. Es decir, que si no cumple con la cuota, lo empapelarán. Así es como funcionan las leyes socialistas.

Anciana oprimida

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Artículos en prensa.

Como la primera persona del plural incluye al hablante, resulta que lleva siglos (o sea, doscientos años o más) sufriendo la invisibilidad doméstica y la heteronomía. Sufrimiento que tampoco parece muy creíble en alguien que ha sido funcionaria, política y gobernante casi toda su vida: tal vez su empatía le hace sentir el dolor que ella misma causa a las abundantes víctimas de su coacción política, que son tanto hombres como mujeres. Respecto a lo doméstico, tal vez deba quejarse a sus progenitores y parejas afectivas. Con "frecuentemente exaltadas como objeto puramente estético" seguramente tampoco se refiere a sí misma.

No es raro en un colectivista confundir intelectualmente la parte por el todo. Muchas mujeres han sufrido y sufren agresiones y represión, y en muchos sitios no son iguales a los hombres ante la ley, pero eso no significa que todas las mujeres puedan hacerse las víctimas de los daños sufridos por otras. La justicia no consiste en que unas mujeres no agredidas se beneficien porque otras mujeres distintas fueron o son agredidas; la justicia consiste en identificar a los agresores y obligarles a compensar a sus víctimas, sin que paguen justos por pecadores.

Ignorante profunda de economía y ética, De la Vega protesta con demagogia y cinismo por las "tasas de desempleo superiores a las de los hombres, salarios más bajos, escasa presencia en los puestos de responsabilidad, mayor precariedad laboral". Los salarios más bajos no se deben a sueldos distintos por la misma productividad (si fuera así los empresarios serían tontos si no contrataran sólo mujeres más competitivas); la escasa presencia en puestos directivos tal vez se deba a decisiones libres de muchas mujeres que prefieren dedicar menos tiempo y esfuerzo a su profesión y más a su familia; y el mayor desempleo y precariedad quizás se deban a las regulaciones laborales que presuntamente las protegen pero que lo que realmente consiguen es asustar a sus potenciales empleadores.

No le gusta a De la Vega que las mujeres soporten la carga principal de conciliar actividad profesional y familiar; no está de acuerdo con las decisiones libres que se tomen dentro de cada familia, así que va a corregirlas mediante herramientas políticas: multas y prisión para los malos, subvenciones con cargo al fisco para los que se porten bien. Como intervencionista aspira a la igualdad total, no ante la ley sino mediante la ley, y quiere más derechos políticos y sociales, es decir, violaciones socialistas de derechos de propiedad.

Según el principio de presencia equilibrada, ambos sexos estarán igualmente representados, no sólo en los órganos y cargos de responsabilidad del estado sino también en los consejos de administración de las empresas privadas. Lo siguiente será que los designen por sorteo. Con total desfachatez pretende que esta ley va a contribuir "al progreso de nuestro país, ya que la equidad de género es una exigencia de principio, es una exigencia ética de justicia, pero también es una política inteligente y rentable desde el punto de vista económico y social". La justicia trata de personas, no de hombres o mujeres, así que cualquier ley que considere el género es automáticamente contraria a la ética; y la política no es una actividad donde brillen precisamente la inteligencia y la eficiencia económica. "Hay quienes han dicho que esta norma es intervencionista… Creo sinceramente que cometen una enorme injusticia". Pobrecita, seguramente es cierto que lo cree sinceramente.

La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres es efectivamente un paso histórico: un gran hito liberticida que abarca todos los ámbitos posibles. No se corta la vice al reconocer que busca "cambios profundos en pautas de pensamiento", así que actuará en la educación, la creación artística e intelectual, y los medios de comunicación para imponer el principio de igualdad, la paridad y la imagen igualitaria. No contenta con regular los actos de los demás, también quiere inmiscuirse en las mentes ajenas. "Actuando así estamos extendiendo derechos, ampliando los espacios de libertad e igualdad de los hombres y mujeres de nuestro país". ¿Derechos? ¿Libertad? Resulta dudoso que esta señora sepa lo que significan.

Salgado desprotege a los consumidores

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Como consumidores, a todos nos gusta que los precios de los productos sean lo más reducidos posible. Normalmente, un redondeo al alza nos molestará. Como empresarios, intentaremos siempre que nos compren al mayor precio posible; así pues, un redondeo a la baja no nos agradará.

Se trata de un conflicto de intereses natural, similar a los que pueden darse en otros ámbitos. El trabajador prefiere salarios más elevados; el arrendador, alquileres más altos; el prestamista, percibir unas rentas superiores. Lo característico del mercado es que esos intereses aparentemente conflictivos se concilian y armonizan mediante el intercambio voluntario.

Cuando dos personas efectúan voluntariamente una transacción, esperan siempre salir beneficiadas. Cuando alguien acepta un trabajo, lo hace porque con ello su situación mejora, lo cual no quiere decir que no deseara cobrar más por hacer lo mismo. Cuando alguien compra un producto, lo hace porque valora más dicho bien que el dinero que va a pagar por adquirirlo, lo cual no quiere decir que no deseara comprarlo por un monto inferior. Etcétera.

El Estado, por el contrario, es por completo antagónico a la armonía de intereses. Su existencia se basa en un conflicto permanente entre unos individuos (políticos, subvencionados, funcionarios…) que explotan a otros (contribuyentes) por medio de la fuerza. ¿Cuántos contribuyentes pagarían a este ineficiente y torpe Estado por la provisión de servicios jurídicos y de seguridad si se tratara de una decisión voluntaria? No existe el beneficio mutuo. Si así fuera, no sería necesario utilizar la coacción para recaudar los impuestos.

Pero hete aquí que quienes impiden la armonía pacífica de intereses en ciertos ámbitos sociales son los mismos decididos a obstaculizarla en otros… donde ya existía. La prohibición del redondeo es sólo un primer paso para prohibir acuerdos que podrían alcanzarse sin la intervención y que serían beneficiosos para las partes implicadas.

La excusa oficial de la medida represiva es favorecer a una parte frente a la otra, al consumidor frente al empresario. Se alega que el consumidor es la parte débil porque tiene menor poder de negociación, lo cual es falso por completo.

Nadie que se haya percatado del analfabetismo de nuestros políticos y burócratas podrá extrañarse de que no hayan leído a Carl Menger, pero ya en 1882 el padre de la Escuela Austriaca resumió magistralmente por qué, en todo caso, es el empresario quien se encuentra en una posición más débil:

Aquél que trae al mercado productos que no son dinero se encuentra, en mayor o menor grado, en desventaja. Para poder lograr el mismo dominio sobre lo que el mercado produce, deberá convertir primero en dinero sus productos intercambiables.

El vendedor acude al mercado para captar algo (dinero) que el consumidor ya tiene. Si un empresario quiere consumir, tiene que vender sus mercancías a cambio del dinero que ya tienen sus potenciales clientes.

Es más, el consumidor puede elegir no comprar hasta que le ofrezcan algo que le satisfaga, ya que el dinero seguirá siendo aceptado en el futuro. El empresario lo tiene mucho más difícil para elegir no vender hasta que le ofrezcan una cantidad de dinero aceptable: otros empresarios pueden arrebatarle a los clientes mientras espera; y, en todo caso, tarde o temprano tendrá que vender (o liquidar) sus productos, si quiere lograr dinero con el que poder consumir.

Pero aun suponiendo que el comprador fuera la parte más débil, la regulación gubernamental sólo vendría a debilitarle aún más. Por una razón muy sencilla: el objetivo de todo consumidor es adquirir productos que satisfagan sus necesidades, y el redondeo promueve la mala asignación de los recursos, esto es, la creación de bienes y servicios que no satisfacen las necesidades más urgentes de los individuos.

La inversión productiva de una empresa queda determinada en última instancia por los beneficios futuros que pueda obtener, y esos beneficios vienen a su vez determinados por los precios que los potenciales clientes estén dispuestos a pagar. Cuanto mayor sea el precio que acepten pagar los potenciales consumidores, mayor será el beneficio de la empresa, y por tanto su producción futura de bienes y servicios.

Como ya hemos dicho, si un individuo compra un producto es porque lo prefiere sobre todas las demás alternativas. En el momento en que las ventajas que obtenga sean inferiores al precio, dejará de comprar ese producto y empleará su dinero en adquirir otro. La inversión en "productos caros" caerá, y la destinada a "otros productos" aumentará; esto es, la inversión se dirigirá hacia las alternativas que más satisfagan al consumidor.

Si se prohíbe el redondeo al alza, las empresas sólo tendrán que compensar los menores beneficios con subidas de precios en sus productos, tal y como ocurrió hace unos meses, cuando la medida se impuso a las compañías telefónicas. Pasaron a tarifar por el tiempo realmente consumido, pero incrementaron los precios.

La cuestión es qué hará el Gobierno cuando esta práctica se generalice en otros sectores económicos, como los párkings. Si prohibiera o sancionara las subidas, como ya le han reclamado ciertos grupos de presión, estaría limitando los beneficios de esas compañías y, por tanto, la inversión en aquellos bienes y servicios que los consumidores demandan.

Dicho de otro modo: si los consumidores están dispuestos a pagar mucho dinero a las compañías telefónicas es porque, aun así, les proporcionan unos servicios que valoran más que el dinero que pagan por ello. Precisamente esa gran rentabilidad es lo que permite que se sigan desarrollando y mejorando esos servicios telefónicos que los consumidores tanto valoran.

La fijación de precios es una medida de carácter socialista que, en definitiva, implica el racionamiento y la distribución estatal del capital (tal y como postulaban los economistas fascistas). Es el Gobierno y no los consumidores quien dicta los bienes que deben ser producidos.

En otras palabras: el redondeo sólo traerá subidas de precios que, en caso de que el Estado quiera contrarrestarlas, provocarán malas asignaciones de recursos entre las empresas. Las intervenciones estatales sólo generan nuevas complicaciones y no resuelven ninguna.

Si el Gobierno realmente deseara favorecer una mejora en la situación de los consumidores, tan sólo tendría que eliminar el régimen de licencias de la telefonía móvil. Desde hace más de cuatro siglos se sabe que la mejor manera de que bajen los precios es no limitar artificialmente la concurrencia de vendedores, pues crea oligopolios de facto.

Pero el Estado no soporta que la prosperidad provenga de la abundancia de empresarios, y no de sus chapuceras intrusiones; prefiere manipularnos con propagandas y rimbombantes actuaciones legislativas para que los contribuyentes creamos que se trata de un Dios capaz de solucionar la mayor parte de nuestros problemas. Así no caeremos en la cuenta de que el Estado es en realidad el problema.

Política y competencia según Castillo de Bobadilla

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Jerónimo Castillo de Bobadilla, uno de nuestros clásicos liberales de la Escuela de Salamanca, escribió en 1597 su obra principal en dos volúmenes, denominada Política para corregidores y señores de vassallos, en tiempos de paz y de guerra y para juezes eclesiásticos y seglares, juezes de comisión, regidores, abogados y otros oficiales públicos. Dicho tratado constituye una obra de referencia sobre la ciencia política y administrativa del Siglo de Oro español.

Su Política fue concebida con una finalidad eminentemente práctica, y se convirtió pronto en un clásico en donde se recogía numerosas observaciones y recomendaciones para el buen gobierno de los corregidores, jueces y otras autoridades municipales; todo ello tratado desde la propia experiencia profesional del autor. Si bien la obra sufrió ciertas amputaciones en 1640 a instancias de la Inquisición, se imprimieron numerosas ediciones de su Política hasta bien entrado el siglo XVIII.

Castillo de Bobadilla, sabedor de los desmanes de las autoridades municipales, denunciaba un hecho que, por desgracia, es hoy también de aplicación: “Pocos ayuntamientos hay donde no haya regidores aprovechando”; como se ve, todo un clásico. Ya por entonces nuestro jurista constató que el servicio público era en demasiadas ocasiones una mera plataforma para el lucro o promoción personal a expensas de los demás, siendo un sorprendente precursor del antirromanticismo político de la Escuela de la Elección Pública de J. Buchanan y G. Tullock, por lo menos a escala municipal.

En su haber de logros conceptuales, Castillo de Bobadilla en su Política para corregidores defendió la propiedad privada como refugio frente al poder, el principio de equidad para dar con sentencias justas, la costumbre como fuente de derecho jerárquicamente comparable a la ley escrita y, en ocasiones, superior a ella (acotando, pues, la autoridad del monarca) y pudo también expresar con nitidez sobresaliente –en el capítulo cuarto del segundo volumen de su Política– una de las leyes más universales que existen con respecto a la oferta: “Los precios de los productos bajarán con la abundancia, emulación y concurrencia de los vendedores”.

Éste fue uno más de los numerosos y atinados hallazgos de los miembros de la fructífera Escuela de Salamanca. El pensamiento liberal sabe bien que la competencia supone la movilización más eficiente de los recursos, capacidades y conocimientos de los vendedores/productores en beneficio del consumidor y de la sociedad entera. No obstante, la inaplicación de dicha ley tiene un claro origen: la intervención de los poderes públicos sobre el mercado.

Siguiendo el enunciado de esta ley de Bobadilla, podemos decir que los precios de los bienes y de los servicios no bajan todo lo que debieran –inflación y expansión crediticia aparte– porque existen:

  1. Impedimentos a la abundancia de vendedores: burocracia o abrumadoras regulaciones inhibidoras de la iniciativa empresarial, licencias o autorizaciones selectivas de actividad, tipos impositivos elevados que descapitalizan a empresas, aranceles o restricciones a la importación, clasificaciones y recalificaciones administrativas que impiden la competencia entre oferentes de suelo, etc.
  2. Restriccionesa la emulación de vendedores: leyes excesivamente protectoras de los derechos de propiedad intelectual o industrial, monopolios a la explotación de ideas, etc. y/o
  3. Ausencia de la concurrencia de vendedores: monopolios estatales, concesiones administrativas de explotaciones en exclusiva, cuotas al libre establecimiento empresarial, acciones de oro, etc.

Nadie debiera quejarse por la llegada de la competencia, ni siquiera el empresario (pese a hacerle la vida un poco más complicada) pues es un beneficio social evidente. De lo único que debe lamentarse un empresario es de no ser capaz de modificar su estructura productiva para adaptar sus procesos productivos a los permanentes cambios que se dan en el mercado, siempre dinámico. El consumidor debería, en estos casos, tener siempre a su disposición la respuesta adecuada a dicha incapacidad empresarial: irse a la competencia que mejore lo ofertado (pese a que sus queridas empresas nacionales o de su terruño se queden sin ingresos. Es pertinente traer a colación esta cita de Adam Smith en su Riqueza: “La máxima de cualquier padre de familia [léase también estado] es nunca intentar hacer en casa lo que le costaría más hacer que comprar”).

Las empresas de cierto fuste, incluidas las multinacionales, no temen seriamente a los gobiernos ni a los reguladores públicos (las más de las veces pueden, y de hecho llegan, a acuerdos con ellos). Lo que realmente temen es a la competencia. Ella es un freno eficaz a sus abusos y sirve de acicate real para aumentar su productividad y explorar nuevas vías de producción, dando, por tanto, lo mejor de sí mismas.

Cuando la competencia hace acto de presencia pueden tomarse básicamente dos caminos: o bien abortarla o bien mejorar los precios o calidad de los bienes/servicios ofrecidos mediante la reducción de costes o la introducción de innovaciones de todo tipo.

Es lamentable constatar que el freno a que surja la competencia es fácil de conseguir, pues los empresarios socialmente improductivos o, en el mejor de los casos, saboteadores de la libertad, dedicados a la búsqueda de blindajes, privilegios o de rentas ajenas tienen demasiado a mano el canal legitimador de la coacción pública (sobre todo si ésta adolece de gatillo fácil para legislar a cambio de financiación) para, con su inestimable colaboración, revertir exitosamente esta ley económica expresada por Bobadilla en su Política e impedir que bajen los precios en el mercado mediante el logro de la escasez de oferentes, la restricción a la emulación o la ausencia de concurrencia de vendedores.

En estos casos habrán intervenido fatalmente elementos exógenos a la institución del mercado, poniendo en cuarentena la deseable rivalidad entre empresarios.

La propiedad en China y el asombro

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Dos tercios del PIB chino están en manos privadas, una propiedad sancionada por el mero uso, pero sobre la cual no cabía defensa alguna frente al Estado. Las expropiaciones a los pequeños campesinos eran comunes, y llevaban a miles de ellos incluso a enfrentarse a la feroz dictadura cuando no tenían ya nada que perder, pues sin su pequeña tierra la propia vida corría un grave riesgo.

El poder de la propiedad privada sorprende incluso a sus mayores estudiosos. Cuando uno sabe que puede contar con seguridad con lo que le pertenece, comienza a dedicar sus esfuerzos a mejorarlo y hacerlo más productivo, en la confianza de que los frutos serán tan suyos como los esfuerzos y sacrificios. La emergente clase media que ocupa las ciudades tiene el suficiente poder e influencia como para hacer valer sus derechos, pero los campesinos no. Esta es la marca de los “dos sistemas” bajo un mismo régimen. Y acaso, cuando el socialismo se limite a la dictadura, con sus discursos y símbolos del pasado, cuando surja una sociedad nueva con exigencias nuevas y con más medios con los que defenderlas, el propio régimen tendrá que cambiar.

En los años por venir veremos una auténtica transformación social. Valdría la expresión revolución silenciosa, si no fuese porque el término está ya muy gastado. Una revolución con fecha de inicio, pero con millones de protagonistas desconocidos, con pequeñas aportaciones, interrelacionadas en la red del mercado, e inaprensibles para el ojo del historiador que quiera fijar los hechos heroicos con que trabar su relato.

Si en las últimas tres décadas han superado el umbral de la pobreza 400 millones de personas en China, este cambio permitirá a los que poco tienen progresar aún más rápido. La economía china desafía año a año las persistentes previsiones de enfriamiento. Ahora el asombro puede ser aún mayor.

Apartheid sexual

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La malhadada ley es un compendio de la hética socialista, así, con h, que sin ella la desconocen. Propone sustituir la realidad por sus fantasías, con el método poco imaginativo de imponer cuotas por sexos en este u otro lugar que se les antoja; principalmente en los altos cargos de la administración, las listas electorales y los consejos de administración de las empresas.

Por descontado que la ley es sexista. En lugar de considerar que el sexo es una cualidad más de cada una de las personas, y que todas ellas, independientemente de ésta u otras cualidades que puedan tener, han de ser iguales ante la ley, nos definen a cada uno por ese aspecto de nuestra personalidad, dándole una importancia que no tiene. No la tiene para el trabajo, es decir; no para el desarrollo profesional o para la actividad que cada uno decida que debe ser su principal ocupación. Sí para las relaciones personales, y claro está que no siempre. Además de sexista resulta discriminatoria, ya que literalmente impone una discriminación en función del sexo.

Es arbitraria, además, porque igual que nos quiere discriminar en función de nuestro sexo, también podría hacerlo en función de nuestra raza, con lo que además de sexista sería racista. ¿Qué tiene de malo el racismo que no lo tenga el sexismo? ¿Qué tiene de especial el sexo para que al Gobierno le parezca bien utilizarlo para discriminar y fijar cuotas, que no lo tenga la raza? ¿Qué tiene este apartheid sexual de bueno? Y es contradictoria con otras políticas de este Gobierno, que por un lado desdibuja un hecho natural, como que cada uno tenga un sexo, permitiendo que cada cual lo cambie en el DNI a voluntad, mientras por otro le da una relevancia para la vida laboral que no tiene.

La dignidad de cada individuo está en gran medida al carácter único de cada cual. No ya en sus cualidades personales, sino en sus aspiraciones y deseos, en sus oportunidades vitales, en el encuentro con miles de otras personas tan únicas como él. Reducir esa variedad al sexo es de un obtuso chocante.

Luego, cada cual se busca la vida como le da la gana. Tiene que ser así, y no de otra manera. Y que la realidad refleje esa variedad personal ni nos debe sorprender ni es un hecho malo por sí. ¿Qué en ciertos puestos se ven menos mujeres que hombres? No es asunto del Gobierno; y si es el resultado de la libre elección de cada uno, nadie es quién para decidir que debiera haber sido de otro modo.

Además criminaliza comportamientos normales, y le permitirá al Gobierno perseguir a tal o cual empresa con esta excusa. Desde beber vino a fumar, pasando por anunciar hamburguesas o contratar hombres nos convierte ahora en un fuera de la ley, cada cosa que hacemos normalmente nos hace vulnerables frente al poder. Lo del feminismo no es más que una fachada para su ideología de poder.

Nuestros papás, los políticos europeos

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

No es momento de hablar del fantasmagórico proceso de armonización pero sí de lo intervencionistas que pueden llegar a ser políticos de todo el espectro ideológico con tal de poner cara de redentores en la foto. Que la intervención termine por perjudicar al consumidor a largo plazo no interesa a nadie. Los problemas del intervencionismo tocará resolverlo en otra legislatura; una vez pasadas las próximas elecciones, que es el único horizonte que conoce el 99% de los políticos.

Un claro ejemplo de este intervencionismo populista es lo que ha tenido lugar esta semana en Hannover. Los ministros de telecomunicaciones de la UE han decidido llevar a cabo la mayor intervención sobre un precio de mercado que jamás haya tenido lugar en la Unión. Se trata de imponer un precio máximo a las llamadas de teléfonos móviles que se hacen desde el extranjero. Los señoritos han decidido que el precio máximo que se puede cobrar es de 50 céntimos de euro por minuto. En España este intervencionismo de corte populista no sorprende a nadie, pero fuera de nuestras fronteras se han quedado alucinados. Dicen los ministros que "la competencia no ha bajado los precios y no lo logrará". Así que, más frescos que una lechuga, imponen el precio máximo de medio euro que entrará en vigor antes del verano y, ni cortos ni perezosos, declaran solemnemente que "han logrado que las personas puedan tener unas buenas vacaciones de verano". Populismo en estado puro. Habría que preguntarles qué es lo habría que hacer con unos políticos que nunca bajan los impuestos, el precio que nos obligan a pagar por sus "servicios".

Hay varias cuestiones interesantes en este ataque al libre mercado que es el mayor sufrido por un sector en la historia de la Unión Europea. La primera es que la teoría chapista sobre la que se sustenta abre la puerta de un sinfín de intervenciones de consecuencias desastrosas. La función del mercado libre y del proceso de competencia empresarial no es bajar los precios hasta el nivel que guste a los políticos sino, más bien, garantizar que se respeta la propiedad privada en los medios de producción y los intercambios voluntarios. Así se consigue que los recursos afluyan hacia aquellas líneas de producción que generan más valor o, lo que es lo mismo, que satisfacen las necesidades más urgentes de los consumidores en cada mercado. Al final el precio queda determinado por los consumidores en función de la oferta que haya. Otra cosa es que los políticos no estén permitiendo que en este mercado exista libertad de entrada, limitando así la oferta y elevando el precio.

Otra cuestión interesante es que los precios de servicio de roaming, que representan aproximadamente un 6 por ciento del volumen total de facturación de la telefonía móvil, varían muchísimo en función del proveedor. En Europa van desde el 1,87 euros de Vodafone a los 22,2 céntimos de KPN Mobile, pasando por el euro y un céntimo de telefónica móviles o los 88,7 céntimos de Orange. Así que el consumidor puede elegir proveedores con precios muy distintos y servicios bastante diferenciados. En este marco, el precio máximo impuesto sólo puede perjudicar el modelo de negocio de unas empresas y beneficiar al de otras, dañando el proceso dinámico de competencia y perjudicando en última instancia al consumidor final, que verá empeorar el servicio o elevar la factura por otro lado como consecuencia del intervencionismo político. Eso sí, los señores ministros se quedarán muy a gusto porque pueden anunciar a los cuatro vientos que te mejoran las vacaciones, te acurrucan por la noche y te ponen el chupete en la boquita.

Malthus y la huella ecológica

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

La base de las protestas ecologistas es casi siempre malthusiana. Los hombres siempre estaríamos consumiendo más de lo posible, con consecuencias desastrosas. Si Thomas Malthus puso su atención en la producción de comida, que estaría siempre por debajo de las necesidades humanas y, por tanto, limitaría su crecimiento, los ecologistas modernos se han centrado en todo tipo de recursos, desde el petróleo hasta la tierra cultivable.

Una de las últimas modas consiste en hacer un test para averiguar nuestra "huella ecológica". Según uno de ellos, para mantener mi nivel de vida consumo 4,3 hectáreas (la media española sería de 4,7) y para que todos los habitantes de la Tierra pudieran vivir como yo harían falta 2,4 planetas. Está basado en una medida harto discutible que "traduce" todos los tipos de consumo a áreas, de modo que "ocupemos" no sólo la zona en la que vivimos, sino el terreno necesario para darnos de comer, los recursos energéticos que consumimos e incluso el área de bosque necesaria para absorber el CO2.

No voy a preocuparme en discutir si la medida es buena o mala; parece bastante admitido que no es más que una aproximación que, de hecho, no puede ser precisa. No deja de ser curioso, eso sí, como los ecologistas caigan y hagan caer en la gente una y otra vez en la misma falacia económica, negando la posibilidad de un cambio tecnológico que, de hecho, sucede continuamente. Por ejemplo, la "revolución verde" ha permitido multiplicar nuestra producción agrícola incrementando el suelo cultivado en sólo un 2% desde 1950. Sin embargo, si hubieran inventado esta medida de "huella ecológica" antes de los años 60, la producción alimenticia hubiera cubierto el número de hectáreas necesarias para darnos de comer con la tecnología agraria antigua. Hemos reducido de hecho nuestra huella en la alimentación desde entonces comiendo cada vez más; la tecnología lo ha hecho posible.

Lo mismo sucede con otros recursos como los energéticos. El enorme desarrollo que disfrutan China y la India ha producido, por ejemplo, un gran encarecimiento del petróleo. Eso ha provocado que se comiencen a emplear fuentes cuya extracción no era anteriormente rentable, como las arenas bituminosas de Canadá, y las compañías hayan buscado y encontrado otros lugares donde extraer petróleo.  Y es que, como argumentó Julian Simon, las "reservas conocidas" no son más que la cantidad total existente en las zonas que han sido estudiadas y parecen prometedoras con las técnicas de extracción actual. Así, Exxon asegura que el abastecimiento está asegurado hasta 2030 "y más allá".

Por último, hay que recordar que el precio es precisamente medida de, entre otras cosas, la escasez. En el momento en que cualquier recurso se hace relativamente escaso con respecto a la necesidad que tenemos de él se encarece, reduciendo automáticamente nuestro consumo y obligándonos a economizar. Se crea así un enorme incentivo para que inventores y empresarios pergeñen nuevos modos de hacer lo mismo empleando menos cantidad de ese recurso. Como dice el economista Jesús Huerta de Soto, "el descubrimiento, por ejemplo, de un carburador que duplique la eficiencia de los motores de explosión tiene el mismo efecto económico que una duplicación del total de reservas físicas de petróleo".

El concepto de huella ecológica se utiliza para atacar ideológicamente a las sociedades libres desde dos frentes distintos. Por un lado, olvidadas ya por absurdas las tesis marxistas de explotación del proletariado y las leninistas de explotación del Tercer Mundo (pues éste ya ha demostrado en Asia que puede enriquecerse haciéndose capitalista), ahora se impone el concepto de deuda ecológica; las sociedades prósperas estarían haciéndose ricas a costa del planeta y de los países pobres, a los que estaríamos esquilmando sus recursos. Por otro lado, intenta imponer la idea de que nuestro desarrollo es imposible de sostener porque la Tierra no da más de sí, facilitando la imposición de medidas que lo coarten.

Evidentemente, cada uno es libre de hacer el test de su huella ecológica, preocuparse y reducir su consumo. No veo motivo alguno para censurar esa actitud; los bienes y servicios que nuestra sociedad provee no son obligatorios, que se sepa. El problema está en que el ecologismo no sólo pretende concienciarnos para que cambiemos nuestro modo de actuar, sino utilizar el Estado para que nos obligue a hacerlo, como ejemplifica el protocolo de Kyoto. Es ahí donde conceptos como la "huella ecológica" dejan de ser entretenidos esfuerzos moralistas basados en un concepto del mundo estático e irreal para convertirse en un peligro para nuestras libertades más básicas.

El problema es la subvención

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Lo que de verdad resulta obsceno de todo este escándalo es el hecho de que la mamarrachada se haya financiado con dinero público, que al contrario de lo que opina la CCCP, pertenece a los ciudadanos que pagamos impuestos, es decir, todos menos los luchadores por un mundo más justo y otros especimenes alternativos, que con su afán de salvar a la humanidad de la humanidad misma ya dan por cubierta su cuota solidaria.

Ahora bien, no se trata de dejar de financiar expresiones culturales porque ofendan a una parte de la población, aunque sea mayoritaria, sino de acabar de una vez con la inmoralidad del fenómeno de la subvención. Cuando un organismo oficial dedica dinero público a editar un libro, está cogiendo recursos propiedad de los ciudadanos para invertirlos según el criterio estético de sus dirigentes, y no hay que ser un antropólogo avezado para constatar que los políticos no son precisamente unos expertos literatos. Ahí está la ministra de Cultura para demostrarlo. Lo decente no es dejar de subvencionar a unos para hacerlo a favor de otros, sino acabar con las subvenciones a la (supuesta) cultura de una vez. ¿No quieren los socialistas la igualdad? Pues no se me ocurre otra fórmula más igualitaria que acabar con el nepotismo subvencionador y que cada cual viva de su talento, en lugar de sus relaciones con el político de turno.

Estoy seguro de que los extremeños podrían sobrevivir perfectamente sin que su presidente financie las paranoias exhibicionistas de un abuelete depravado. Si se trata de juzgar el criterio inversor de las autoridades, la construcción de un hospital o de una carretera seguramente contaría con una mayor aprobación popular que estas obras polémicas. En buena lógica política, cualquier desvío de fondos públicos para subvencionar los caprichos de un artista debería tener un coste electoral. Sin embargo, el socialismo ha conseguido penetrar de tal forma en la mentalidad moderna que la ecuación se ha invertido radicalmente. Así pues, si un político actual, sea del partido que sea, decidiera cerrar un departamento de cultura y devolver a los ciudadanos esas ingentes cantidades de dinero malgastado, no duraría ni cinco minutos en la poltrona.

La "redistribución de la riqueza" nos hace malas personas. Desincentiva al creador con talento en favor de una fauna apesebrada que sólo activa su intelecto para descubrir la manera de influir en la voluntad de los políticos, de cuyo favor depende. Sin la subvención de la junta extremeña, el "artista" Montoya tendría que haber buscado un editor privado y confiar en que el público aclamara su talento comprando el libro. Montoyita sería más feliz, constatando que su arte tiene aceptación popular, y los extremeños tendrían un motivo menos para avergonzarse de sus políticos, así que todos contentos. Porque "otro mundo es posible", acabemos con las subvenciones.