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El neoprogresismo salvaje destruye el planeta

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Sus profetas extienden la falsa creencia de que la única forma de evitar el cataclismo que se avecina es limitar el crecimiento económico, pero se trata únicamente de una estrategia hábilmente diseñada para que los líderes de esta nueva religión puedan esquilmar los recursos terráqueos con mayor impunidad. Nosotros volvemos a las cavernas y ellos arrasan el planeta con la conciencia tranquila.

El vicepresidente de la era Bill Clinton, reconvertido en el Ananías del cambio climático con su documental de chorra-ficción, consume en su casa, por ejemplo, doscientos veinte mil KW-hora, frente a los diez mil que gastan las familias norteamericanas de media . Lo más curioso es que las familias modestas, que ahorran energía para no acabar con las especies en peligro de extinción, tienen que soportar los sermones que Gore I El Derrochador les coloca periódicamente para crearles mala conciencia.

Cuando la compañía eléctrica de Tenessee, proveedora de energía para la casa de Al Gore, desveló los datos de facturación, nuestro protagonista se defendió argumentando que en su casa utiliza bombillas fluorescentes compactas. A juzgar por su consumo de electricidad deben ser bombillas elefantiásicas, del tamaño de la cabeza de Ted Kennedy, porque de lo contrario no se explica que una casa normal utilice semejante volumen de energía.

George W. Bush, en cambio, ha hecho instalar en su rancho de Crawford un sistema de bombas de calor que utilizan la energía geotérmica, así como un depósito para recoger y depurar el agua de lluvia y al mismo tiempo reciclar el agua procedente del uso doméstico con destino al riego de la finca. ¿Quién es entonces el asesino de bebés foca?

Monopolio urbanístico

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Análisis diario.

"Las leyes son muchas en demasía; y como no todas se pueden guardar, ni aún saber, a todas se pierde el respeto".
 Juan de Mariana

Me veo en la necesidad de expresar mi rechazo a lo expuesto en el artículo publicado en el diario El País sobre la corrupción urbanística y sus posibles soluciones, escrito por mi apreciado y respetado ex-profesor don Gerardo Roger Fernández.

Según el señor Roger Fernández, para que haya corrupción se tienen que dar tres factores: "desde la oferta, un producto generador de enormes plusvalías; desde la demanda, un universo muy amplio de solicitantes perentoriamente necesitados del mismo y, en tercer lugar, un mercado lo más restringido y, a poder ser, lo más monopolístico y opaco posible". Pues bien, que un producto genere enormes plusvalías y que exista un amplio número de solicitantes necesitados del mismo no es ninguna razón para que exista corrupción, sin embargo, un mercado restringido y monopolístico si lo es, pero no por las razones que él expone.

Don Gerardo cae, como otros muchos, en una errónea definición de monopolio, lo que además se demuestra, como veremos más adelante, por las soluciones que plantea.

Muchas personas, erróneamente, creen que se tiene el monopolio de algo cuando alguien tiene la propiedad de todo un determinado producto o recurso. Esta definición y otras similares han sido utilizadas por el pensamiento único para poder justificar la destrucción de la propiedad privada o el hurto de la misma. Sin embargo, el monopolio existe cuando alguien por la fuerza física o coactiva se hace con el control del mercado e impide que otras personas puedan intercambiar unos determinados bienes y servicios. Es por ello que existe un monopolio del suelo y éste lo ostenta el Estado.

Con la excusa de que el suelo es escaso, y apoyado por muchos intelectuales y políticos de izquierda, el Estado monopoliza el mercado de suelo para poder controlarlo y hacer con él lo que más le plazca. De esta manera el Estado planifica nuestras ciudades, nuestro medio ambiente, nuestras costas y nuestros ríos, y de esta forma se asegura lo que para él es alimento vital, el control de los individuos. Indudablemente, ostenta el monopolio de la propiedad del suelo, aunque nos engaña con diferentes concesiones de usos del mismo para hacernos creer que nosotros somos los propietarios y así poder continuar con su tiranía comunista del urbanismo.

Con este panorama es lógico que exista corrupción, pero no por los argumentos que expone el señor Roger Fernández, sino porque en vez de estar los individuos compitiendo en el mercado para satisfacer las necesidades del resto de las personas (qué tipo de ciudades satisfacen sus fines, en qué tipo de viviendas quieren vivir, a qué tipo de playas les gusta ir, etc.), al estar coaccionados y administrados prefieren influir sobre la toma de decisiones del suelo por el órgano de poder y así poder lograr sus fines sin necesidad de contar con los fines del resto de la población. Por otro lado, el órgano director (controlado indudablemente por diferentes grupos de poder) busca sus propios fines haciendo uso de este monopolio y además justificando la actividad coactiva ante los individuos que administra para mantenerse en el poder.

Pero lo más sorprendente, después de un análisis más que equivocado de por qué existe la corrupción, son las soluciones por las que aboga el profesor Roger.

En primer lugar "que el suelo se valore legalmente ‘por lo que es’ y no ‘por lo que pueda ser’, acomodándose al mandato constitucional a impedir la especulación y si se apuesta por un desarrollo sostenible del territorio". O sea que la solución que se plantea es: la eliminación de los precios de mercado y sustituirlos por valores irrisorios que serían decididos a su antojo por burócratas y políticos; la eliminación de la especulación económica necesaria para la vida misma y, por último, la protección coactiva de todo el suelo bajo la justificación del erróneo argumento de desarrollo sostenible.

En segundo lugar, "ábrase a la competencia la producción de ciudad por la iniciativa privada, terminándose con viejos monopolios de raíz preliberal. Que para los casos en que se delega la producción de la ciudad en los privados, ésta se lleve a cabo en régimen de libre empresa, en concurrencia bajo estricto y escrupuloso control público en aras de evitar malas prácticas aplicativas, tanto para el interés general como para los privados legítimamente obtenidos". Con este párrafo lo que el autor del mismo nos viene a decir es que permitamos que empresarios sin necesidad de ostentar la propiedad del suelo puedan realizar edificios y urbanizaciones siempre y cuando el órgano director lo supervise y lo permita. Por lo tanto, carta libre para el agente urbanizador y edificador y de esta manera agrandar el monopolio del suelo por parte del Estado, más corrupción y más dinero para hacer ricos a los amigos del órgano director. Por supuesto, todo eso bajo la justificación del interés general. Además lo que se propone en estas líneas, pero no se dice abiertamente (por qué será), es la eliminación de la propiedad privada mediante la nacionalización del suelo.

Por tercer y último lugar, "procédase a segmentar la oferta de una parte del mercado, disponiéndose garantías jurídicas que propicien la presencia de suelo a precio acorde a las rentas familiares medias con destino a vivienda protegida. Sólo una disposición legal que comporte la reserva de una parte del suelo para vivienda social, tal como la experiencia nos demuestra, podrá satisfacer el derecho constitucional a la vivienda establecido en el artículo 47 de la Carta Magna". ¿Una parte del suelo a viviendas sociales? ¿Es que acaso el resto de las viviendas no son sociales? Lo que don Gerardo Roger pretende es que se establezcan más impuestos mediante viviendas de precio intervenido y de esta manera las viviendas de precios supuestamente no intervenidos o libres (y digo supuestamente porque no existen, ya que todos los precios de vivienda en la actualidad están intervenidos por el control estatal del suelo) verían incrementado su precio de venta para poder soportar los costes económicos de las viviendas de precios tasados por el Estado. Eso sí, justificado por el artículo 47 de la constitución que otorga a todos los españoles el derecho positivo a una vivienda digna.

Termina don Gerardo anunciándonos que "medidas legales de estas características se recogen en el Proyecto de Ley de Suelo estatal y en algunas legislaciones autonómicas progresistas". Precisamente puesto que medidas como las expresadas se encuentran en el Proyecto de Ley de Suelo, éste no debe de ser aprobado nunca y retirado de inmediato, pues incrementaría la corrupción sin lugar a duda al igual que la fomentan todas esas legislaciones autonómicas supuestamente progresistas.

Las soluciones al problema de la corrupción urbanística son otras muy distintas. Sin duda las dos principales son, primero, que exista la propiedad privada para que de esta manera pueda existir mercado y éste sirva para coordinar el territorio y las ciudades, y segundo, desmonopolizar la asignación de los usos del suelo por parte del Estado, con lo que se eliminaría la especulación, pero no la económica, ya que tratar de evitar ésta es desequilibrar el mercado y distanciar la oferta de la demanda, sino la política. Puesto que la especulación política inducida por las diferentes formas de intervención pública en el libre uso del suelo es una de las principales causas de la corrupción y el fomento de la misma. Sólo de esta manera se conseguirá el progreso. Además, adelanto que tarde o temprano se transitará por ese camino. El muro de Berlín cayó por su propio peso e igualmente caerán los planteamientos de ingeniería social por medio del monopolio estatal del urbanismo y la ordenación del territorio. De esta manera se podrá seguir avanzando para alcanzar la libertad y el bienestar de los individuos.

Es bueno que haya empresas que cierren

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Para ver un poco mejor el sinsentido de esta medida, alarguemos este intervencionismo al infinito: ante la posibilidad que una empresa cierre, el Gobierno interviene para que ésta siga abierta. Este tipo de intervencionismo nos llevaría a la contradicción del propio sistema capitalista, llegaríamos a la eliminación de la diversidad de productos y precios. Al final, el incentivo de la oferta no sería el beneficio de la demanda o consumidor, sino conseguir las rentas proporcionadas por el Estado.

Esto nos llevaría a la mayor contradicción del capitalismo: tendríamos una estructura productiva plana, inerte, socialista. En este contexto no hay ningún incentivo real para invertir, descubrir necesidades ni avanzar. Si siguiéramos este proceso, dentro de cincuenta años, por poner una fecha, tendríamos el mismo tejido productivo que ahora. El problema es que los países que hubiesen abrazado el capitalismo no estarían como nosotros, sino mucho más avanzados: tendrían una estructura productiva dinámica, rica, diversa, libre y próspera. En algún momento, su superioridad económica acabaría ahogando nuestro bienestar y dejaríamos de ser competitivos para convirtiéndonos en un país subdesarrollado más.

Fíjese en los países comunistas donde siempre había pleno empleo. Mientras las naciones civilizadas avanzan y su bienestar crece, los socialistas se quedan estancados, la pobreza aumenta, la gente quiere escapar de ellos y son incapaces de competir contra nadie. Por el contrario, los países más capitalistas son los más ricos y los que disfrutan de mayor bienestar. Precisamente han sido los antiguos países de la Unión Soviética quienes mejor han acogido al capitalismo y han tenido unos incrementos en bienestar espectaculares. Sería absurdo afirmar que ahora están peor que antes.

Mantener empresas que la gente –o lo que es lo mismo, el mercado– ya no quiere para ganar votos es cerrar la puerta al progreso y a las libres decisiones de los consumidores. Cuando el Gobierno evita un cierre empresarial apoya abiertamente la ineficiencia, el parasitismo y el retroceso económico, creando además una falsa sensación de seguridad laboral y productiva que acaba pagando la sociedad entera con mayores impuestos y desempleo, un mercado laboral rígido e ineficiente y menor diversidad económica. Justo lo que tenemos en España.

La obsesión cortoplacista del Gobierno en detrimento del largo plazo, de la que mantener empresas improductivas que no tienen futuro inmediato no es más que un ejemplo, resta capacidad de riqueza a la comunidad. Localiza los recursos útiles (capital, factor humano…) en labores no productivas. Podemos resumirlo en la expresión: "pan para hoy, hambre para mañana".

Mientras que la economía es una ciencia, la política, tal y como vemos cada día, no es más que la manipulación de los sentimientos para conseguir beneficios a corto plazo a expensas del resto de la sociedad. Mezclar economía con política no hará variar las leyes esenciales de la ciencia económica, sólo nos sumergirá en una ficción de bienestar que nos hará más pobres.

Ley del Suelo, por qué hay que votar “no”

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

Además, la ministra ha lanzado la siguiente advertencia: "Los grupos que finalmente no la apoyen, si eso ocurre, deberán explicar por qué". Por ello me veo en la necesidad de solicitar a los diputados del pleno del Congreso a que voten no y a exponer cuáles son los porqués. Entre las razones por las que hay que votar no, destacan las siguientes: incentiva la especulación, incrementa la corrupción, aumenta la inflación, elimina el principio de indemnidad patrimonial en las expropiaciones, y gran parte de su articulado es inconstitucional.

Empezando por el final, la ley es inconstitucional porque no hace caso a la Sentencia 61/1997 del TC, que eliminó el debate sobre si el Estado podía legislar o no en materia urbanística y, además, le atribuye como únicas competencias la de dictar cuáles son los derechos y deberes de la propiedad del suelo y el régimen de valoraciones en los casos expropiatorios. Pues bien, la ley que se somete hoy a votación hace caso omiso a esta sentencia e introduce derechos y deberes, como los de los ciudadanos, que poco tienen que ver con la propiedad.

Por otro lado, también da cobertura a la iniciativa urbanizadora y edificadora a terceros sin necesidad de ostentar la propiedad, con lo que incentiva las expropiaciones privadas que chocan de forma directa con el concepto de propiedad privada definido en nuestra Constitución. Además, este tipo de expropiación incluida en diferentes leyes urbanísticas autonómicas como método de gestión está actualmente denunciado en los tribunales europeos. Por último, la ley introduce un gran número de preceptos que afectan a materias de competencia autonómica, como la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda. Algunos de éstos son: los convenios urbanísticos, los plazos de información pública del planeamiento, exigencia de documentación que debe incorporar el planeamiento (como, por ejemplo, el de sostenibilidad económica, que lo único que le preocupa es que las arcas locales estén saneadas), y para terminar introduce increíbles límites totalmente arbitrarios en los desarrollos urbanísticos que contemplen crecimientos superiores a un 20% de la población actual del municipio o de su territorio (¿por qué no el 14%, el 16% o el 38%?).

Tanto el Tribunal Constitucional, diciendo que debe entenderse como "correspondiente indemnización", como el Tribunal Supremo mediante reiterada jurisprudencia, han venido defendiendo el denominado principio de indemnidad patrimonial, mediante el cual debe existir "un equilibrio entre la indemnización de la expropiación y el valor económico del bien". Sin embargo, esta ley desoye dicho principio y lo elimina por completo mediante el cambio sustancial que sufren las valoraciones de suelo para supuestos expropiatorios. Con el cambio de criterio de valoración (que de ser en función de la clasificación pasa a ser en función de su situación), así como los cambios de los mecanismos o métodos de valoración del suelo, las compensaciones expropiatorias serán infinitamente menores a la de los precios de mercado y, por lo tanto, al valor económico del bien. Por todo ello, el criterio de indemnidad patrimonial definido por la Justicia es eliminado y sustituido por el de indignidad compensatoria o injustiprecio expropiatorio.

La ley en ciernes utiliza como premisa legitimadora de la misma una deducción totalmente errónea de la tendencia inflacionista de los precios, probablemente, producto de la falta de reflexión y del desconocimiento del funcionamiento del mercado por parte del legislador. Ésta atribuye a las clasificaciones de suelo los aumentos de los precios y de la especulación, sin darse cuenta de que lo que produce verdaderamente encarecimiento de precios es la intervención sobre la oferta de suelo, ya sea mediante la clasificación o cualquier otro tipo de intervención estatal que limite los potenciales usos del suelo por parte de su propietario. Si lo que se quiere es acabar con la tendencia inflacionista de los precios, lo único que hay que hacer es eliminar el control sobre los mismos, como explica la ciencia económica. Sin embargo, la ley no sólo produce un importante aumento de la intervención del suelo sino que además introduce nuevos impuestos, como el aumento hasta un 20% de la cesión de la edificabilidad a las arcas municipales y la reserva mínima de un 30% de la edificabilidad destinada para viviendas sujetas con algún régimen de protección, este último de dudosa constitucionalidad. Sin duda alguna, estos nuevos impuestos producirán una tendencia inflacionista de los precios de las viviendas libres.

Por otro lado, otro de los supuestos fines de la futura ley es eliminar la corrupción. Como ya hemos dicho, ésta no sólo no lo conseguirá sino que además la fomentará, ya que incentiva mediante su creciente intervención del suelo la especulación con base en la actividad política y administrativa. Este tipo de especulación, y no la económica, que es necesaria para equilibrar el mercado, inducida por las diferentes formas de intervención pública en el libre uso del suelo, es una de las principales causas de la corrupción y el fomento de la misma. El artículo 47 de nuestra Constitución, cuando dice que los poderes públicos deben impedir la especulación se refiere a ésta, puesto que impedir la economía es llevar nuestra economía al colapso.

Éstas son algunas de las razones de peso por la que todos los representantes parlamentarios deben votar no. Estoy convencido de la buena fe del Gobierno en querer solucionar el problema de la vivienda y la corrupción, y es por ello que, si verdaderamente quieren hacerlo, deben retirar hoy este proyecto de ley y confeccionar una reforma legislativa que gire en torno a los dos siguientes principios: el respeto al derecho a la propiedad privada del suelo y la liberación de la asignación de los usos del mismo. De esta manera se eliminará la especulación política y con ella la corrupción. En caso de que el Gobierno no retire esta catastrófica ley y los diputados del Pleno no quieran utilizar estas razones para explicarle a la ministra por qué han votado no, la oposición debe presentar de inmediato un recurso de inconstitucionalidad de la misma y además derogarla en el primer Consejo de Ministros el día que vuelva al poder.

La derecha sin remedio

Escrito por Gorka Echevarria en . Publicado en Análisis diario.

Simple y llanamente, lo que le falta a la derecha es una filosofía individualista que estructure su pensamiento Hasta ahora, la derecha ha sido conquistada por una mezcolanza entre reacción al progreso y religiosidad llevada a la política, donde los grandes temas eran la oposición al aborto, a la eutanasia y a las células madre y la defensa de la familia. Normalmente, si bien se ha sostenido la importancia de la propiedad, se han aceptado infinitas concesiones en nombre del pomposo "bien común".

El conservadurismo como filosofía es claramente incapaz de oponer a la izquierda algo más que un miedo al experimento y una crítica del racionalismo extremo con que el socialismo quiere re-diseñar al hombre. Por ello, y dependiendo de las circunstancias ha tenido que asumir ideas de otros, normalmente de los liberales. De ahí que, a veces, se produzca una alianza liberal-conservadora en la que al final, la puñalada siempre la reciben los mismos: los amigos de la libertad.

Los conservadores, por su desdén hacia el individualismo, son incapaces de aceptar la necesidad de separar el Estado de la sociedad. El individualismo lo que plantea es algo muy sencillo, que el hombre cuenta con unos derechos y que el Estado debe respetarlos porque las personas tienen unos fines y, para cumplirlos, precisan una esfera de soberanía personal para decidir y actuar en consecuencia. Por eso, si un señor quiere drogarse o lanzarse por un precipicio, está en su derecho. Nadie, repito, nadie es quien para impedírselo.

Esta idea, aparentemente sencilla, no suele ser digerida con facilidad. Normalmente, se prohíben comportamientos porque así se protegerá a los menores y se evitarán males mayores. Pensar en estos términos impide que se produzca un verdadero cambio social. Si el propósito es acabar con la hegemonía de la izquierda, hay que ofrecer un ideario coherente basado en el sacrosanto principio del "déjeme en paz". Dicho de otra forma, vive y deja vivir.

Bajo este principio, se insiste en la responsabilidad individual y en los costes que para cada uno tienen sus decisiones. Si alguien desea predicar el anticapitalismo y las comunas hippies, adelante. Que consiga un terreno, unos cuantos amigos y se lance a ello. Que alguien quiere ser profundamente religioso, pues fantástico, que él y los suyos cumplan con lo que establece el credo que profesen. Pero en todos y cada uno de estos casos, por favor, que no nos digan cómo debemos comportarnos.

El que la derecha acabe asumiendo el individualismo, desgraciadamente, no es cuestión de tiempo. En sus genes se halla cierto espíritu colectivista, aunque todavía queda algún resabio de libertad. Que en sus venas corra más sangre liberal es algo sólo remotamente probable porque, como dijo Acton, "en cualquier época han sido pocos los amigos sinceros de la libertad, y sus triunfos se han debido a minorías, que han prevalecido por su asociación con otros, cuyos objetivos a menudo eran distintos a los propios; y esta asociación, que siempre es peligrosa, a veces ha sido desastrosa, al darle a los adversarios bases justas sobre las que oponerse, y por disputarse inocentemente el botín a la hora del éxito. Ningún obstáculo ha sido tan constante o tan difícil de superar como la incertidumbre y la confusión referidos a la naturaleza de la verdadera libertad."

Sin embargo, aún hay lugares como éste, donde el amor por esa libertad y por el respeto al individuo son tan grandes que, sólo por eso, merece la pena seguir creyendo en que algún día, una gran mayoría tengan el laissez faire por leit motiv.

El futuro del chavismo

Escrito por José Ignacio del Castillo en . Publicado en Análisis diario.

Habida cuenta de que la tercera parte de la renta nacional venezolana y alrededor de la mitad de los ingresos gubernamentales proceden del petróleo, no hace falta ser un lince para adivinar que la suerte de Hugo Chávez –como ocurrió con la de sus predecesores– está en manos del precio del crudo. Cuando Hugo Chávez llevó a cabo su primera intentona golpista (febrero del 92), el oro negro venía de perder el 50% de su cotización en poco menos de un año y medio. Cuando ganó las elecciones de 1.999, el barril de petróleo no alcanzaba los 15 dólares.

Desgraciadamente, desde que Chávez llegó al poder, el petróleo ha multiplicado su precio por cuatro. Tal aluvión de dólares ha convertido a lo que no hubiese pasado de ser un demagogo iluminado en un peligroso megalómano con recursos suficientes para influir decisivamente en toda América Latina. El grifo petrolero ha permitido en el último par de años sufragar las elecciones de Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua y, recientemente, Rafael Correa en Ecuador, amén de haber estado a un paso de colocar a López Obrador y a Ollanta Humala como mandamases de Méjico y Perú, respectivamente; los petrodólares de este antiguo militar golpista engrasan una inmensa maquinaria de agit-prop por todo el mundo y hasta aspiran a prolongar el castrismo cuando el tiranosaurio ya ha enfilado el camino del cementerio.

El cuadruplicado precio del oro negro también ha permitido la política de “pan y circo” con la que apuntalar la base social y electoral del chavismo, costear las milicias roji-pardas “bolivarianas” y hasta dar viabilidad por un tiempo a los controles de precios que Chávez decretó en 2003 (subvencionando a productores, financiando importaciones…).

Pero Chávez es también esclavo de sus gastos. Cada vez que el petróleo baja de precio, las cuentas dejan de cuadrar. El gasto chavista pasa a financiarse con una mezcla de inflación monetaria y oleadas de expropiaciones. Hasta ahora tal cosa sólo ha ocurrido en contadas ocasiones. La primera caída significativa en el precio del petróleo coincidió –no por casualidad– con el apogeo de la rebelión cívica contra el chavismo (2001-2002). Chávez decreta el control de precios a principios de 2003 para aparentar “combatir” la inflación por él creada y de paso tener a quién culpar cuando los desabastecimientos se produzcan. Pero la imparable subida del petróleo a partir del 2003 llega en su auxilio. Chávez no sólo logra salvar la cabeza y tapar huecos, sino tener millones y millones que distribuir y despilfarrar.

La segunda corrección de importancia se ha producido en los últimos seis meses en los que el barril ha caído desde los 75 a los 50 dólares (adviértase que el gráfico incluye, asimismo, predicciones para la primera mitad del 2007 que el lector hará bien en pasar por alto, pues son poco más que un ejercicio de adivinatoria). De nuevo, se ha puesto en marcha la consabida combinación de envilecimiento monetario y zarpazos expropiadores. Chávez vuelve a estar en apuros y si el petróleo no llega en su ayuda nuevamente, sus políticas socialistas tan sólo servirán para acelerar el colapso completo de la economía.

¿Mi vaticinio? Hugo Chávez Frías difícilmente resistiría en el poder en el caso de que el barril de petróleo se mantuviese por debajo de los 40 dólares durante más de año y medio. Si tal cosa sucederá o no es algo que sólo el futuro nos aclarará.

El día sin móvil

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Y todo porque, según el diario de Prisa, "una regla fundamental en la llamada economía de mercado es que los ciudadanos deben pagar por los servicios que obtienen; ni más, ni menos". Desgraciadamente, no fueron nada coherentes con sus propios editoriales y siguieron sin permitir a sus lectores pagar sólo por las páginas de su diario que realmente leen; ni siquiera les permitieron no pagar por los suplementos dominicales que muchos tiran directamente a la basura. Será que la única regla "de la llamada economía de mercado" que siguen es la ley del embudo.

La consecuencia de dicha ley era previsible y, efectivamente, ha llegado. Movistar, Vodafone y Orange tarificarán por segundos, sí, pero aumentarán los precios para seguir cobrándonos más o menos lo mismo de siempre. La primera en anunciarlo ha sido la operadora de Telefónica, pero las otras dos han aclarado que se piensan sumar al aumento. El establecimiento de llamada subirá de 12 a 15 céntimos (pero sin cobrar el primer minuto) y el precio por segundo, sumados 30, también sube con respecto a los bloques que cobraban antes. Las compañías aseguran que no prevén aumentos en sus ingresos con estas subidas, pues lo que hacen es compensar el cambio en el modo en que cobra. De modo que todos aquellos que se tiraban de los pelos porque "se estaba cobrando por un servicio que no se daba" digo yo que ahora estarán muy satisfechos. Pues no.

Evidentemente, eso de que las tarifas debían medirse en segundos era una excusa: los que pedían el cambio lo que querían era pagar menos. Pensaron que una ley obligaría a bajar los precios, y ahora están enfadados no con su propia estupidez, que sería lo lógico, sino con las operadoras, que resulta más satisfactorio para su ego. De modo que han empezado a enviar mensajes de correo electrónico en cadena pidiendo que nadie utilice el móvil el próximo 1 de marzo, día en que entra en vigor tanto la ley como las nuevas tarifas. El objetivo es "enviar una señal" a Movistar, Vodafone y Orange. Es decir, suponen que los gestores de estas empresas son tan idiotas que no saben que sus clientes prefieren pagar menos.

Los precios son señales de una realidad económica subyacente, y aunque una ley pueda obligar a cambiarlos, esa realidad no varía, y se manifiesta de alguna otra manera. Por ejemplo, si el Gobierno de Zapatero tuviera la ocurrencia de fijar precios máximos pagaríamos menos, pero recibiríamos un servicio de peor calidad. Las antenas se estropearían con más frecuencia y el servicio de atención al cliente sería aún peor de lo que ya es, por poner dos ejemplos. Se podría pensar que simplemente evitaríamos así las consecuencias de un oligopolio, pero lo cierto es que no parece existir un campo excesivamente amplio para las reducciones de precios. España es un país con una población bastante dispersa y que requiere por tanto de mayores gastos en infraestructura que otros países europeos en los que la telefonía móvil es mucho más barata.

Eso no quiere decir, claro, que una mayor competencia no pudiera hacer que los precios bajaran algo. El operador Yoigo (el antiguo Xfera) ha anunciado que mantendrá sus tarifas al pasar a tarifar de medio minuto a un segundo. Quizá todos esos que quieren "enviar una señal" lo harían mucho mejor si, en lugar de lloriquear y quejarse como nenazas, se limitaran a algo tan simple como cambiarse de operador. Entonces sí que algunas empresas podrían empezar a preocuparse.

Suelo y corrupción

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, las soluciones del PSOE y del PP no podían ser más opuestas. Mientras que el primero propone poner coto a la corrupción incrementando el control político en esta área, el PP parece haber optado por la liberalización. Los socialistas afirman, fieles a sus principios y tradición, que "una mayor y", (¿cómo no?), "mejor intervención pública" sobre la oferta de suelo ayudará a reducir la especulación y, por ende, la corrupción que es fruto, supuestamente, de una libertad que en el mundo real brilla por su ausencia.

Los populares han sustituido su tradicional intervencionismo en este campo por el laissez faire, en el convencimiento de que es precisamente el control político de la oferta el detonante de la corrupción urbanística y de la especulación que la fomenta. El acierto en el cambio de política de los populares y el despropósito socialista no se comprende si no entendemos que la especulación tiene dos orígenes bien distintos: uno autónomo, que permite la adecuación de la oferta a la demanda en el plano intertemporal (la especulación económica), y otra, inducida por las diferentes formas de intervención pública en el libre uso del suelo (la especulación política).

Tratar de evitar la primera es desequilibrar el mercado y distanciar la oferta de la demanda, con los graves problemas que estas divergencias ocasionan. En cambio, tratar de evitar la segunda de una forma distinta al cese de la intervención que ha causado el problema es sentar las bases de ulteriores intervenciones que, de nuevo, descoordinarán las acciones de los agentes económicos y motivarán nuevas ocasiones para vivir de la especulación sobre futuras intervenciones. A su vez, este aumento de la especulación con base en las futuras decisiones políticas y administrativas fomentará aún más la corrupción política en el sector urbanístico.

Una cuestión que añade confusión al asunto es que, conforme al artículo 47 de la Constitución, los poderes públicos deben impedir la especulación. El problema es que la Carta Magna no hace distinción entre los dos tipos de especulación. Pero debería quedar claro que la Constitución sólo puede estar refiriéndose a la especulación política, ya que si se intenta evitar la especulación económica el resultado previsible será el colapso del sector por descoordinación. En este contexto resulta obvio que la propuesta liberalizadora del PP reducirá la corrupción mientras que la socialista la exacerbará aún más.

El especismo, la última frontera de la estupidez

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario. 10 comentarios en El especismo, la última frontera de la estupidez

Hay una regla de oro en política que nunca falla: toda estupidez no sólo es susceptible de ser superada sino que, en la práctica, es siempre e inevitablemente superada. Lo vemos a menudo entre los que viven de ella, y si no van más allá es porque pisar el acelerador pondría en entredicho la paga del mes. Entre los que se dedican a teorizar en universidades y ONGs, en cambio, la cosa cambia. Si el discípulo no supera al maestro en desvarío y chifladura ni uno es discípulo ni el otro maestro.

Cuando creía haberlo visto todo en cuanto a servilismo, ideas descabelladas y modos de perder el tiempo a costa de los demás, me he encontrado con una corriente de "pensamiento" que deja en la cuneta todo lo que ha pasado delante de mis ojos en los últimos veinte años. Se trata del especismo, un "ismo" idiota a añadir a otros tantos, que, de puro extravagante que es, me ha llamado tanto la atención que me he informado de qué y contra quién va.

Fue creado por un psicólogo británico llamado Richard Ryder en la década de los setenta y consiste en la creencia de que todas las especies, bueno, no todas, sólo las animales, son iguales y están dotadas, por lo tanto, de los mismos derechos. Debidamente hilvanada la teoría sobre un principio tan absurdo, el psicólogo concluyó que los perros, los gatos o los chinches de los colchones son exactamente lo mismo que los seres humanos y como tal hay que considerarlos. Quien no comulgue con esto es algo parecido a un racista. Así de simple.

Sin entrar en cuestiones obvias, como que se debe tratar a casi todo el reino animal con respeto y del modo más humano posible, la especie (y nunca mejor traído un sustantivo) que Ryder y sus epígonos propagan es una soberana estupidez. Lo es porque la vida humana vale mucho más que la de cualquier animal, y en esto no creo necesario recurrir a teoría ni escuela de pensamiento alguna sino que al más elemental sentido común, que es de lo que andan ayunos los especistas.

Por desgracia, nuestro mundo no es un lugar donde la razón impere siempre. Los especistas se han hecho hueco y sus irracionales soflamas impregnan buena parte del movimiento ecologista. Pretenden, por ejemplo, que dejemos de comer carne (los que podemos, claro) para integrarnos en su dieta vegetariana o vegana, que es una variante pero absteniéndose hasta del queso. Hace unos años los especistas más bizarros, que se agrupan bajo una asociación cuyo nombre tiene ciertas connotaciones narcóticas: PETA, lanzaron una campaña que decía, textualmente, "Holocausto en su plato" haciendo referencia a la afición que muchos tenemos de comer pollo frito. No entro en la banalización del verdadero holocausto, pero sí en lo desmadrado del eslogan, propio de gente que no está bien de la cabeza.

Pretenden también proscribir la caza, la pesca y que dejen de criarse animales para consumo humano. No se plantean que muchas especies existen precisamente por eso, porque las consumimos, de ahí que tengan su supervivencia garantizada mientras la especie humana esté sobre la Tierra. Tampoco se plantean que una dieta rica debe ser completa y no sólo a base de vegetales. No tienen en cuenta que millones de personas viven de la industria alimentaria y gracias a la industria alimentaria. Y, por supuesto, en ningún momento piensan que cada uno come lo que le viene en gana cuando le viene en gana, siempre y cuando no termine en su plato un semejante, es decir, un ser humano. Porque esta es la madre del cordero. Los seres humanos no somos iguales que el resto de los animales. Estamos por encima en la escala evolutiva. Creo que eso debería ser suficiente, aunque lo reconozco, explicar algo tan básico a los de PETA puede ser tarea imposible.

Chirac, un personaje siniestro

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Entre su cúmulo de despropósitos sobresale esta perla: "El liberalismo es igual de peligroso que el comunismo, y conducirá a los mismos excesos". Tampoco debe sorprendernos mucho, pues ya hace dos años sentenció: "El ultraliberalismo es el nuevo comunismo". Pero tampoco entonces fue original: setenta años antes, José Antonio Primo de Rivera había proclamado: "El movimiento nacionalsindicalista está seguro de haber encontrado una salida justa, ni capitalista ni comunista". Y antes que José Antonio estuvo Benito Mussolini, que en 1932, en su artículo "La doctrina del fascismo", dejó escrito: "Que el XIX haya sido el siglo del socialismo, el liberalismo y la democracia no significa que el XX vaya a ser también el siglo del socialismo, el liberalismo y la democracia".

Resulta sintomático que, entre alabanzas a derechistas como Giscard d’Estaing y socialistas como Mitterrand, critique a Le Pen por su racismo y xenofobia. "Siempre he sido alérgico al Frente Nacional; es casi físico, no puedo soportar todo lo que sea racismo o xenofobia". Por supuesto, Chirac no tiene nada contra la xenofobia, tal y como demuestra su antiamericanismo visceral; pero parecer tener menos que nada contra el resto del ideario del Frente Nacional…

Chirac es ante todo un hombre de orden castrense. Rechaza tanto el ideal liberal de que los individuos sean libres frente a cualquier coacción como el socialista de que el Estado organice en todo momento las relaciones sociales. En el ejército, los soldados gozan de una relativa libertad… dentro de la disciplina militar, pero una vez iniciada la guerra se convierten en peones del general. Del mismo modo, Chirac parece creer en la autonomía del individuo… dentro de un Estado centralizado y poderoso, capaz de regir la sociedad y hacia los más elevados objetivos. En sus propias palabras, hay que encontrar "un buen equilibrio", que se encuentra " en medio de los dos sistemas", es decir, del capitalismo y el comunismo.

Es curioso cómo el relativismo y la huida de los valores pueden dar forma a un credo vacío, que sirva para cualquier menester. Si, según Chirac, el capitalismo es tan asesino y represor como el comunismo, no se entiende muy bien por qué el justo medio entre ambos iba a dejar de ser un sistema abominable. A menos, claro está, que Chirac quiera situar al Estado entre dos criminales para convertirlo en una suerte de Cristo redivivo y erigirlo en símbolo de una nueva fe.

La virtud no siempre se encuentra en el punto medio, ni los extremos tienen por qué solaparse. Por poner sólo un ejemplo: la extrema bondad no tiene nada que ver con la extrema maldad. Al equiparar comunismo y liberalismo, esclavitud y libertad, miseria y progreso, veneno y alimento, Chirac muestra su lado más auténtico y terrorífico.

Esta confusión relativista entre libertad y coacción es patente a lo largo de su demagógico discurso. Si hace dos años fue capaz de afirmar: "Tenemos que imponer, a escala planetaria, nuevas formas de gobierno y leyes para el mercado global", y hace unos meses aseveraba: "El modo en que la globalización está funcionando ahora, el modo en que los ricos la imponen, es incompatible con mi idea de moralidad global", en su nuevo libro se queja de la "hegemonía" de empresas como Coca-Cola porque representan… una imposición del punto de vista norteamericano.

Chirac ignora su rol como político, como monopolista de la compulsión social, y lamenta que unas compañías estadounidenses logren hacer tan felices a los franceses como para convertirlas en "hegemónicas". La relación empresario-cliente tiene un carácter voluntario que nunca lograrán las cadenas Estado-contribuyente, por mucho que les duela a los intervencionistas.

Chirac se describe como un "desconocido"; no será por sus ideas. El estatismo, el proteccionismo, el antiliberalismo, el agrarismo y la antiglobalización impregnan por igual a fascistas y socialistas, accionistas mayoritarios del pensamiento único. Uno sólo puede lamentar el infortunio de una sociedad que ha sido dirigida y controlada durante 12 años por tan siniestro personaje… y tocar madera para que no nos veamos nosotros en las mismas. Pero algo me dice que en España todo puede ir a peor.