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En el nombre de la derecha

El próximo 7 de Noviembre los norteamericanos renovarán la Cámara de Representantes y consolidarán o pondrán fin con su voto a la actual hegemonía republicana. Las elecciones al Congreso dictaminarán además el cenit o el ocaso de la presidencia de George W. Bush. Sabremos si la guerra de Irak ha lisiado al GOP, si la hipocresía íntima (caso Foley) o la política económica errática de la era Bush tumbaron definitivamente al partido de Lincoln y Reagan. Extrapolando la iluminadora conclusión que reflejan John Micklethwait y Adrian Wooldridge, analistas de The Economist, en su último libro (Una nación conservadora. El poder de la derecha en Estados Unidos) no debería existir duda alguna acerca de lo que pasará en las legislativas: Norteamérica es y seguirá siendo conservadora. Lo cual no quiere decir, como aclaran los autores, que sea técnicamente republicana. Los candidatos demócratas transversales, con ganas de balón y sin desgaste, podrían heredar el legado de la derecha. Bill Clinton, sin ir más lejos, fue el precursor: torcido hijo dilecto de la causa moderada, sin radicalismos, al gusto de muchos; habría ganado en 2000 su segunda reelección si la ley no lo impidiese.

El poder del conservadurismo estadounidense procede, para Micklethwait y Wooldridge, de Dios, los negocios y la geografía. La libertad religiosa inyectó competitividad entre los clérigos e hizo de la religión un factor dinámico en la vida americana. La empresarialidad propició las economías de escala, la expansión tecnológica y la filantropía (Carnegie: "el hombre que muere rico, muere deshonrado") La holgura de Estados Unidos –el cuarto país más extenso del mundo, dos tercios habitables– animó el espíritu de frontera y los sueños particulares.

Hoy la derecha goza de buena salud y es propietaria de un poderoso mercado de ideas. El New Deal de Franklin Roosevelt –que arrinconó a la derecha durante décadas– queda lejos. Libertarios y conservadores sociales son las dos grandes tendencias que lideran el republicanismo; depuran entre sí sus exageraciones y ponen a raya a la izquierda. El equilibrio entre anarcos e intervencionistas no es fácil aunque prevalece el provecho de convivir juntos pero no revueltos. "Hacia la unión por la separación" sería su lema.

Para los autores, el futuro del partido republicano pasa por atender las expectativas de los profesionales independientes, dejarse de mangoneos tipo Enron, olvidarse para siempre de capitales como San Francisco –darlas por imposibles– y por el contrario cuidar a los contribuyentes que habitan en las urbanizaciones de las ciudades medias. El objetivo primordial es conquistar el interés de la madre negra que prefiere que el gobierno le ofrezca un cheque escolar para sus hijos, hastiada de la violencia en las escuelas de la acción afirmativa. Se trata de acercarse a las preocupaciones de la gente, sabedora ésta que los burócratas ya no lo pueden todo. Los riesgos de una derecha caviar ajena a la vida se vislumbran y la siguiente observación resulta significativa:

El otro gran peligro para la rive droite es la introversión. La gente que se pasa la vida entre grupos de expertos tiende a hacerse adicta al radicalismo por el radicalismo. Preguntarle a un miembro de tales equipos si necesitas o no una solución drástica para un problema es como preguntarle a un peluquero si te hace falta un corte de pelo. Estudios que preconizan llevar la libre empresa al espacio exterior, abolir los departamentos del gobierno o derrocar el régimen de Arabia Saudí atraen más atención que garantizar los servicios educativos, sanitarios y gubernamentales. La intelligentsia de izquierdas perdió su pegada en los años sesenta por quedarse anclada en Vietnam y no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en las calles estadounidenses. Lo mismo podría ocurrir con la actual fascinación de la intelligentsia de derechas con Oriente Próximo.

The Right Nation de Micklethwait y Wooldridge es una historia bien contada sobre el universo del republicanismo, sus logros y caídas, la mezcla de tradición y modernidad, los filósofos y la base social que le acompañan, la piedra de toque del 11-S y la generalizada incomprensión europea hacia Estados Unidos; una crónica sugerente que ofrece numerosas claves para entender los acontecimientos que están por llegar.

La Rule of Law adulterada

La Rule of Law es uno de los logros más importantes del sistema político anglosajón para conseguir la seguridad jurídica y proteger la libertad del hombre frente a interferencias de terceros, y muy especialmente del gobierno.

Se podría traducir como el imperio o la soberanía de la Ley frente a las arbitrariedades o caprichos del gobernante y fue, en sus inicios, una conquista de la tradición jurídica y política británica en su esforzada lucha contra las prerrogativas del Parlamento y de la Corona. La filosofía inspiradora de la Rule of Law se propagó por la Commonwealth y se trasvasó luego al continente europeo mediante el concepto del “Estado de Derecho” (Rechtsstaat o état de droit).

Podríamos diseccionar la Rule of Law, en cuatro conceptos o principios básicos interrelacionados que permiten hablar de la grandeza del imperio de la ley, sin los cuales no podría hablarse de la existencia de la misma en un ordenamiento jurídico:

  1. Principio de generalidad: La ley no debe saber de antemano a quién va a afectar. Si se supiera, no sería garantía de objetividad. La ley debe, ante todo, ser neutral.
  2. Principio de igualdad: Todos somos iguales ante la ley y, por tanto, esperamos un tratamiento de las normas igual para todos sin que se tome en consideración nuestras posesiones, alcurnia, poder, facultades o cualquier otra circunstancia personal.
  3. Principio de certeza: Debe haber una uniformidad de las leyes a lo largo del tiempo (esto es así, sobre todo, con las leyes no escritas del Common law) para que sean conocidas e interiorizadas. La interpretación de los jueces reforzaría su certeza y sus destinatarios preverían con bastante exactitud las consecuencias futuras de su aplicación. El “Estado de Derecho” continental se separa radicalmente en este punto de la Rule of Law anglosajona en que la certeza es atributo exclusivo de ley escrita y publicada. En los estados europeos continentales la certeza de la ley es sinónima de norma publicada en un diario o boletín oficial.
  4. Principio de que la acción de gobierno puede ser recurrida ante tribunales independientes: toda acción de gobierno que afecte a los derechos fundamentales del hombre (incluida su propiedad) estaría sometida a juicio independiente en caso de ser recurrida por los afectados (el barón de Montesquieu quedó fascinado por este contrapeso de poderes propio de la Rule of Law durante sus tres años de estancia en Inglaterra).

Me es difícil resaltar el grado de importancia de la Rule of Law y de su mantenimiento para evitar que los gobiernos de las modernas democracias occidentales no sigan perdiendo legitimidad a manos llenas, ante una permanente y sutil adulteración de dichos principios conformadores de la Rule of Law o del Estado de Derecho con la justificación de existir un baluarte seguro “protector”: una mayoría democrática legitimadora de toda acción por parte del gobierno. Veamos las adulteraciones que se han producido:

  1. Principio adulterado de generalidad: Es una pena ver en los boletines oficiales repetidas leyes y decretos pensados para favorecer o impedir situaciones concretas y contingentes que destilan intereses partidistas.
  2. Principio adulterado de igualdad: Hay evidentes situaciones de discriminación gravosa ante la ley como la aberrante progresividad de los impuestos directos. También conocemos las pretensiones exitosas de minorías de todo tipo por imponer su diferencia como fuente de derecho (discriminaciones “positivas”, reconocimiento de “multiculturalismos” “derechos históricos”…); el apetito diferenciador produce, en estos casos, buenos réditos a sus beneficiarios en detrimento del principio de igualdad frente a la ley.
  3. Principio adulterado de certeza: la inflación legislativa, que acertadamente denunciaba el turinés Bruno Leoni, implica que lo que hoy es válido, no tendrá validez en un corto (a veces cortísimo) plazo. El poder legislativo y ejecutivo actual todo lo quiere regular y a todas horas en su afán intervencionista y arrogante pretensión de “corregir” el mercado. Ello es, a la postre, fuente de inseguridad jurídica, agravado con los cambios y derogaciones normativos de la mano del gobierno tras las contiendas electorales y sus consabidos bandazos legislativos.
  4. Principio adulterado de que la acción de gobierno puede ser recurrida ante tribunales independientes: El establecimiento de descaradas cuotas políticas para el nombramiento de altos cargos de la magistratura y de otros organismos públicos de control hace que el juicio contra las acciones del gobierno sea llevado a cabo, en última instancia, por personas dependientes del poder legislativo y/o ejecutivo. ¿Qué clase de control es ese?

Esta tendencia a desvirtuar los principios de la Rule of Law también ha alcanzado de lleno, por desgracia, a las democracias anglosajonas, no sólo a las europeas continentales. Los principios de la Rule of Law se han vaciado de contenido. Podríamos muy bien designarla ahora como la “Rule of many” y al Estado de Derecho continental como el “Estado de Permanente Legislación”; eso sí, todo ello muy exquisita y apisonadoramente democrático.

Nuestras actuales democracias son meramente formales; nuestra seguridad jurídica y la protección de nuestras libertades son más aparentes que reales.

El misterioso caso Kioto

Y esto, ¿por qué lo hacemos? Para reducir nuestra contribución al efecto invernadero. Pero lo que podamos aportar es realmente poco, ya que según las previsiones de Naciones Unidas, si Estados Unidos se subiera sumado al acuerdo y los firmantes cumplieran con el plan previsto de recorte de emisiones, lograríamos reducir el calentamiento en 0,07 grados centígrados. O retrasar en seis años el aumento de las temperaturas previsto para 2100. Todo un éxito.

Pero ¿a qué coste? Según un completo informe de PriceWaterhouseCoopers, no sería inferior a 20.000 millones de euros y dos puntos de inflación. El Consejo Internacional sobre Formación de Capital eleva el coste mínimo a 26.000 millones, más la pérdida de no menos de 600.000 empleos.

Y esos son sólo los costes directos. Hay otros inducidos, mucho más gravosos, como la pérdida de competitividad de nuestras empresas o el fomento de la relocalización a otros países. Y tendríamos que pagar todo ello por ajustar la economía española a un plan que no cumple sus objetivos, y que de haberlo logrado sería a costa de mayores sacrificios económicos; y todo para retrasar en seis años las previsiones de calentamiento. Esto es lo que se dice hacer las cosas bien.

En lo que sí hemos tenido éxito es en criminalizar a los Estados Unidos por tomar la decisión democrática de no sumarse. Mientras nosotros seguimos el racionamiento que impone Kioto, acaso como contribución a la memoria histórica del primer franquismo, EEUU apuesta por el desarrollo y el avance tecnológico, y entre 1997 y 2003 aumentaron sus emisiones en un 0,007 por ciento. Es decir, que hay otra forma de hacer las cosas. Entonces, ¿por qué Kioto? Un misterio.

Ciudadanos

Los nacionalistas, con la soltura y el desparpajo que otorga la protección institucional, han llevado de nuevo a la práctica sus ideas con amenazas y llamamientos a nuevos pogroms contra el Partido Popular en Tortosa. El último domingo de campaña, el PP ha convocado a los medios de comunicación en Cataluña para informar del asunto. Y, ¿saben qué? No ha ido ni uno.

El nacionalismo es una ideología de poder, que lo supedita todo a la contribución a un ideal colectivista, inasible; la construcción nacional. Es una llamada a nuestros atávicos sentimientos tribales y a la compulsión de la pertenencia a un grupo que supera al individuo, y lleva al enfrentamiento nosotros-ellos. Para esa ideología el libre ejercicio de los derechos resulta en muchas ocasiones molesto, entorpecedor, y al final "intolerable". Donde triunfa el nacionalismo, el papel de las personas con derechos básicos, lo que conocemos como ciudadanos, queda supeditado al tótem de la construcción nacional. En Cataluña ese nacionalismo se ha desarrollado sin oposición, ha ocupado el poder y desde él ha infiltrado todos los aspectos de la vida antes ciudadana. Los medios de comunicación, que están para contar lo-que-pasa, llegan al extremo de huir de la noticia, como ha pasado el domingo en Tortosa.

Un grupo de intelectuales, alertados ante el secuestro de las libertades de los catalanes en nombre de la Nación, ha reaccionado (tarde) bajo el significativo nombre de Ciudadanos de Cataluña. Aportaron el análisis y las ideas y tuvieron el valor de enfrentarse con ellas al nacionalismo. Luego les ha llegado el turno a los políticos, que quieren insertar estas ideas en las instituciones. El uno de noviembre es el turno de los votantes.

Mientras la dirección del PP lucha por convertir a ese partido en un CiU-sin-echarse-al-monte, Ciudadanos habla claramente de la libertad y de los derechos de los catalanes, señala sin ambages las heridas de la enfermedad nacionalista de Cataluña y ha creado un discurso que rompe frente por frente la silenciosa dictadura que se ha ido creando en ese rincón de España. Cataluña y el resto de España necesitan de esa voz y considero que los votantes deben dársela. Siento que me hayan dejado sin candidato en Madrid, pero les agradezco como ciudadano que hayan puesto en marcha la iniciativa política más valiosa de los últimos años.

Otra vez el coche

Las razones que un político ofrece para justificar la subida o creación de un impuesto sobre el consumo (en realidad de cualquier impuesto) más allá del mero afán recaudatorio, esto es, confiscatorio, son, en el mejor de los casos, decorativas.

Al fin y al cabo la confiscación se consumará y parecerá que es cosa nuestra decidir la cuantía del robo, ya que seremos nosotros los que, al perseverar en nuestra libertad de consumir esto o aquello, habremos optado por el bien cuyo gravamen nos va a agujerear el bolsillo, aunque sea poquito, un poco más.

En agosto, en plena canícula veraniega y con los precios del petróleo dibujando negros nubarrones en el futuro de nuestra economía, el Sr. Solbes anunció una subida “moderada” de los impuestos sobre hidrocarburos a partir de 2007. El ministro ofreció entonces tres motivos: la caída de la recaudación; la práctica congelación del impuesto, cuya cuantía, fija por cada mil litros de combustible, no se ha renovado desde el año 2000; y la dichosa armonización fiscal con la UE.

Aun con todo, la confiscación en 2005 supuso 10.210 millones de euros para la caja del Estado, 289 millones de euros menos de los presupuestados. La desviación está ligada a la generalizada caída en el consumo tanto de gasolina sin plomo (-7,2%) como la del gasóleo (que en realidad modera su crecimiento). Una caída que encuentra sus causas en la conocida y padecida subida de los precios de todos los carburantes y, en el caso de la gasolina, en la dieselización que ahora quiere frenarse.

Desde luego se podrá estar en radical desacuerdo con los motivos aducidos, pero al menos no se adornan con la habitual demagogia ecologeta, una suerte de moralina impuesta a mano armada con la que es habitual hacernos comulgar, dos por uno, cuando los gestores de la cosa pública (ajena) nos meten la mano en la cartera. Ahí está el Ministerio de Medio Ambiente para darle colorido institucional a la cosa nostra con regulaciones pigovianas inspiradas, generalmente, en medidas importadas a la fuerza (directivas UE) o sin esfuerzo.

Pese a la tendencia a la baja señalada por el ministro-vicepresidente, no parece que por nuestras estatalizadas carreteras vayan a trasegar menos vehículos privados. Al menos la reducción no será significativa al nivel en que usted o yo podemos constatarla, es decir, sobre el asfalto. Con un incremento del precio+IVA y de los impuestos de tarifa plana se logrará recuperar, algo, la hucha del Estado (tampoco estaría de más que se ajustara mejor el presupuesto) pero no creo que el efecto, la coartada, sobre el medio ambiente (menos tráfico, reducción de las emisiones de CO2) sea significativa. Es notoria la poca elasticidad del consumo del combustible. Así las cosas, la señora Narbona vuelve a la carga con su otrora frustrado plan para “conceder prioridad a los vehículos que usan más eficazmente (sic) el espacio público y que disminuyan la contaminación atmosférica, lumínica y acústica“. Estos es: gravar el uso del vehículo privado en las ciudades mediante la aplicación de un peaje, medida que se complementaría con la construcción de aparcamientos periféricos y con el fomento del uso del transporte colectivo.

Posiblemente, en un primer momento y como ha sucedido en Londres o Estocolmo, esta medida puede suponer una reducción apreciable en el volumen de los atascos, siempre que las plazas de aparcamiento y la disponibilidad del transporte colectivo (privado-liberalizado, espero) lo permitan. Sin embargo no veo qué utilidad puede tener esta medida en una ciudad como Madrid, por poner un ejemplo cercano. Es decir, la mayoría de los atascos, al menos los más graves de los que nos informan los boletines de noticias y que padecemos algunos, se dan en las vías de circunvalación, es decir, lejos del centro urbano, en las proximidades de los grandes espacios comerciales y polígonos industriales. En estos casos el uso del coche no sólo es una decisión libre sino la única alternativa sensata.

La diferencia fundamental entre un buen gestor y uno malo es que el primero pone a prueba sus hipótesis, es más, genera hipótesis con el propósito de entender la realidad, mientras que el segundo mira a los ojos a una realidad impostada, sin molestos intermediarios, los hechos, que pudieran arruinar su objetivo que, en cualquiera de los casos, será de los de corto plazo.

Cierto que los atascos son consecuencia de la ley económica que establece que la demanda siempre se expandirá por encima del suministro de bienes “gratuitos” para crear “colas”, sin embargo, antes de generalizar las medidas coactivas que preconiza el Ministerio de la señora Narbona es preferible buscar soluciones más modestas, que no se pierdan en la espesura de la demagogia gubernamental.

Botswana, o el buen gobierno

Muchas de las explicaciones tradicionales (es decir, socialistas) sobre la pobreza en África, como basarla en la difícil herencia de la época colonial, han argüido motivos que hubieran explicado igualmente la pobreza en Asia. Desgraciadamente, el éxito de los tigres asiáticos primero y de China e India actualmente no ha llevado a muchos de sus defensores, entre los que se cuentan naturalmente los manifestantes antiglobalización y sus portavoces mediáticos, como TVE, a modificar sus posiciones. Así pues, aún contando con que los de siempre seguirán en su mundo feliz en el que los males del mundo se explican por las maldades del imperialismo yanqui y el capitalismo "salvaje", quería aportar otro contraejemplo: Botswana.

Este país sudafricano ha sido un ejemplo para toda África, ejemplo que las demás naciones del continente no han dudado en no seguir. Ocupa el puesto 31 en la clasificación de países más libres económicamente que edita la Heritage Foundation (justo por delante de España, y empatado con Noruega y Portugal) o el 35 en la del Fraser Institute (página 17), lo que lo convierte en el más libre del África subsahariana. Es un país pequeño en el que la mayor parte del territorio es desértico y que no cuenta con salida al mar, dependiendo de sus vecinos para efectuar muchas de sus exportaciones. Desde su independencia en 1966 ha conservado su sistema multipartidista de gobierno y, sobre todo, su respeto por instituciones como la propiedad privada y el Estado de Derecho. Durante los treinta años que siguieron a esa fecha, Botswana estuvo entre los países de más rápido crecimiento, un 7,7% anual de media.

Aunque los liberales tendamos a criticar principalmente la intromisión del Estado en la esfera de actividad individual y el tamaño elefantiásico que ha llegado a tener, lo cierto es que no es sólo eso lo que cuenta a la hora de impedir la prosperidad de un país. La calidad del gobierno puede ser un factor tanto o más importante, en algunos casos. Un buen gobierno busca la prosperidad de su gobernados creando un marco estable en el que las personas de a pie puedan buscarse la vida y prosperar. En África, la escasez de calidad es un problema que se extiende mucho más allá de tiranos conocidos como Mugabe. Muchos de los gobiernos son depredadores; sus ocupantes no tienen ninguna preocupación por sus gobernados y se dedican a robar y rapiñar mientras permanecen en el poder. A más bajo nivel, los súbditos encuentran en la corrupción policial un obstáculo casi insalvable para prosperar. Un ejemplo clásico son los "controles" en las carreteras, en los que los uniformados intentan buscar cualquier excusa para acusar a los viajeros, incluyendo a los transportes de mercancías, de violar la ley y poder cobrarles su parte.

Botswana supone un ejemplo de lo que debe hacer un gobierno si desea que su país prospere. No se gastaban el dinero que no tienen, y el que pudieron obtener, principalmente a través de la minería del diamante, no lo gastaron en costosas y superfluas suntuosidades sino en infraestructuras, sanidad y educación, evitando el riesgo de depender en exceso de ese recurso natural. Aprovecharon las costumbres y estructuras tribales tradicionales para crear un marco en el que se respetara la propiedad. Ha recibido relativamente poca ayuda exterior, incluyendo en esto al FMI y el Banco Mundial, de los que no depende como otras naciones. Y ha dado la bienvenida al capital extranjero, eliminando trabas y creando un ambiente favorable para la inversión.

El ejemplo de Botswana pone de relieve un hecho importante. Pese a que el proteccionismo europeo y estadounidense en materia agraria suponga de hecho un freno al desarrollo africano, el libre comercio no es suficiente para el desarrollo de un país. Lo más importante es siempre la política económica interna. El camino para África es abandonar coartadas como las políticas agrícolas occidentales o la "herencia del colonialismo" y asumir que si se hace lo adecuado, cualquier país africano puede prosperar. Los habitantes de estos países son tan capaces como cualquiera de actuar en el mercado libre con provecho para ellos y sus conciudadanos. Pero para que puedan hacerlo, los gobiernos fallidos de la zona deben dejar de impedírselo. Botswana es el ejemplo en que deberían basarse muchos de ellos.

Aún a oscuras, pagamos luz

En contraposición, esta misma semana, David Vegara, secretario de Estado, ha afirmado justamente lo contrario: se han de subir las tarifas. Su justificación, la economía: si no suben las tarifas eléctricas "podríamos estar cayendo en algo tan sorprendente como que nuestros hijos estén pagando la energía que estamos consumiendo".

Este buen hombre no está muy bien informado porque lo que apunta ya se está produciendo. El déficit de las tarifas eléctricas acumula ahora mismo 8.000 millones de euros. Así, a finales de 2006 aún estamos pagando el consumo de electricidad de los años 2001 a 2003. Sólo el estado es tan irresponsable e ineficiente como para convertir un negocio lucrativo, sólo hace falta ver los beneficios de las eléctricas, en una ruina para el consumidor. En realidad esto sucede con todo lo que gestiona el gobierno: los jóvenes pagan las pensiones de los ancianos, los adultos pagamos durante toda nuestra vida la educación de los hijos de otros, o financiamos con impuestos la comodidad de los agricultores europeos aún siendo letal para los países subdesarrollados.

El sector energético está suficientemente maduro como para que funcione solito sin regulaciones, controles, ni precios máximos. De hecho, es tan fuerte que funciona a pesar de la intromisión e ineptitud gubernamental. ¿Cómo puede ser que tres compañías acaparen el 90% del mercado? ¿Qué libertad de elección tenemos aquí? Cuanto más precios máximos, más regulaciones sobre las diferentes fuentes energéticas, más control de la competencia y, en definitiva, cuanto más intervensionismo habrá más apagones, más carestía, más beneficios para unos pocos y más recibos inflados e impuestos tendremos que pagar.

De esta situación, ¿sabe cuál es la principal preocupación del gobierno socialista y de toda su corte de burócratas? No, no es nuestro bolsillo; si fuese así ya hace años que habrían privatizado el sector totalmente (y no me refiero a la chapuza del 97), o al menos habrían hecho algo más que contemplar como crece el problema mes a mes. La máxima preocupación del gobierno es que si suben las tarifas les tachen de "venderse a las grandes empresas" perdiendo popularidad y votos. Al final la factura eléctrica nos saldrá muy cara. Puede estar convencido que no serán los políticos quienes la paguen.

Pasotismo y liberalismo

Un gran amigo liberal me contaba, durante una de nuestras charlas hasta las tantas de la madrugada, como su padre había liderado a los soldados aliados en la liberación de los campos de exterminio nacionalsocialistas alemanes al término de la Segunda Guerra Mundial. En su momento, los judíos habían apoyado los controles de armas propuestos por los nacionalsocialistas. Pero no es sólo que, una vez desarmados, fueron las primeras víctimas. Contaba su padre que los soldados alemanes se habían tronchado atemorizando a los pobres desgraciados con simples paseos por el campo portando armas descargadas. Nada más delicioso para un tirano que la voluntaria y timorata ignorancia de la víctima. Episodios como este, que añaden más humillación y vergüenza a lo que ya era de por sí una de las páginas más patéticas de la historia, llevaron a varios judíos a crear la asociación de Judíos por la Preservación de la Propiedad de las Armas de Fuego. Pasar de temas que suenan tan feos como el derecho a portar armas puede salir caro.

Son historias que se repiten con cierta frecuencia aunque en demasiados casos pasen desapercibidas. Y suelen empezar casi siempre igual: abusando del último de la clase en popularidad. A veces es un genocidio, otras unos encarcelamientos. La masa, mientras tanto, discutiendo en el bar sobre el último partido de fútbol o lo imprescindible que es esta vez votar al menos malo, simplemente porque los otros son peores, todo sea por el voto útil y ni plantearse lo impensable. ¡Sobre todo, nene, no te salgas de la raya!

Cada dos por tres me viene a la memoria lo que contaba Rand de su inmensa pero desdichada tierra natal:

De una manera pasiva e indiferente, la mayoría del pueblo ruso estaba con el Ejército Blanco: no estaban a favor de los blancos, simplemente estaban contra los rojos; temían las atrocidades de los rojos. Yo sabía que la atrocidad más profunda de los rojos era intelectual, que lo que debía atacarse (y derrotar) eran sus ideas. Pero nadie las contestaba. La pasividad del país se tornó en un letargo apático a medida que la gente iba rindiéndose. Los rojos tenían un incentivo, la promesa del saqueo a escala nacional; ellos tenían el liderazgo y la semidisciplina de una panda de criminales; tenían un programa pretendidamente intelectual y una justificación pretendidamente moral. Los blancos tenían iconos. Los rojos vencieron.

Llega un punto en que a los malos no les hace falta ni cargar los fusiles, simplemente porque delante no tienen nada. Ganan por goleada por incomparecencia del adversario. Maldito letargo mortal. Entonces, para imponerse sobre esa resistencia nula basta con la más mínima intención. Van paseando zarrapastrosamente con toda su ineficiencia de dictadorzuelo por el campo de juego y marcan gol, porque no hay nadie que se moleste en pararlos.

El mismo amigo del que hablaba al principio, decía que "en la conferencia del ISIL, electrifiqué a muchos liberales –Libertarians, dice él– al decir lo que para mí es obvio. Somos una minoría, pero una minoría de los mejores. No debemos decirnos que somos un movimiento minoritario y repetir el zeitgeist de la autolimitación. Al contrario, reconozcamos que somos el movimiento líder en el desierto intelectual de esta época […] No os dejéis engañar por los que dicen que vuestros derechos fueron anulados por el voto de la mayoría […] No se necesita una mayoría para detener esto. El liderazgo moral de la minoría puede llamar al pan pan y al vino vino y aquellos que irán con ella es todo lo que se necesita."

Los liberales debemos dejar de ser como aquella tía despampanante pero solitaria de la que hablaba Murphy; tantas virtudes no pueden, no deben quedar ociosas. Y tampoco es plan decir que es sólo cuestión de tiempo.

El progresismo, subproducto gramsciano

Se ha estudiado relativamente poco la obra filosófica (pseudofilosófica en realidad) de Antonio Gramsci y menos aún sus implicaciones prácticas en la evolución del marxismo ortodoxo a la socialdemocracia progre actual. Sin embargo, los trabajos de Gramsci son el basamento de la estructura moral de la izquierda contemporánea, aunque sus epígonos, alérgicos a la lectura (ahí está Zapo para demostrarlo) ignoren a quien deben la creación del programa subversivo al que recurren como única tabla de salvación, tras el naufragio del comunismo ortodoxo con la caída del muro de Berlín. En otro lugar he tratado de clarificar la responsabilidad de Gramsci en el programa subversivo contra los valores de Occidente desarrollado por la izquierda especialmente a partir de los años sesenta, aunque el asunto merecería un estudio "in extenso" que alguna vez habrá que realizar. Ahora me propongo comentar, acaso de pasada, la evidencia de que el socialismo, en contra de sus estudiosos y admiradores, no es una filosofía propiamente dicha, sino precisamente la negación de la misma en tanto herramienta necesaria para buscar la verdad objetiva.

En el marxismo, tradicionalmente, han convivido una serie de aspectos diversos: una metodología historiográfica, una determinada moral, una teoría supuestamente científica de la política y, sobre todo, un análisis sociológico en clave económica. A menudo, estos elementos entran en conflicto, dando lugar a determinadas corrientes dentro del marxismo en función de la primacía que se otorga a una u otra interpretación de las muchas a que da lugar un compendio doctrinal tan complejo.

El éxito de Antonio Gramsci fue resolver las aparentes contradicciones de un sistema heterodoxo, hasta integrarlo en una filosofía completa basada en la identificación de la teoría y la praxis. Todo el esfuerzo teórico de Gramsci fue destinado, en efecto, a construir una filosofía que agrupara graníticamente todos los elementos que el marxismo tradicional había dispersado a través de múltiples interpretaciones.

Gramsci es quien convierte al marxismo clásico en una simple escatología mediante la transformación de sus raíces pretendidamente filosóficas en una "no-filosofía". Para el pensador italiano, lo único relevante para determinar la validez de un principio es si éste contribuye al fin último pretendido por el marxismo: la creación de una sociedad regida bajo las premisas totalitarias del socialismo. Todo lo que contribuya al advenimiento del orden nuevo socialista será aceptado e integrado en la teoría (será declarado moralmente bueno) y cualquier impulso en la dirección contraria será puesto en el punto de mira como un elemento a destruir.

El resultado es la voladura de los pilares pretendidamente filosóficos esbozados por Carlos Marx, pues, después de Gramsci, la verdad de una proposición analíticamente demostrable (piedra de toque de la filosofía como ciencia) no importa lo más mínimo, sino tan sólo su eficacia como herramienta ideológica y política para convencer a las masas. Y ello no por una suerte de ineptitud intelectual, sino por la rigurosa exigencia de una cosmovisión que identifica la teoría y la praxis como un todo. El único oficiante autorizado para esta integración entre la teoría y la praxis es el partido comunista, que de esta forma reemplaza al "sistema" de los antiguos filósofos. El filósofo tradicional, para verificar la certeza de una afirmación recurría a su contraste con el cuerpo de argumentaciones coherentes que constituían su "sistema". En cambio, para el marxista, la doctrina es cierta si, y solo si, es sostenida por el partido.

Esta es, a mi juicio, la clave que explica la pintoresca estructura de pensamiento del progresismo contemporáneo, que despoja el análisis de la realidad de cualquier implicación ética más allá de verificar su compatibilidad con el ideal revolucionario. De esta forma, la izquierda apoya sin prejuicios al Islam por su capacidad para minar las bases del orden occidental (cristiano y capitalista). El hecho de que discrimine a la mujer u oprima a los homosexuales (algo intrínsecamente inmoral) no supone ningún problema para el progresismo, pues el fin último es lo que determina la moralidad de un proceso (Gramsci en estado puro). Otro ejemplo muy similar: la Cuba castrista es culpable de las mayores atrocidades contra el ser humano, algo sobradamente conocido y documentado, lo que la convierte, quizás, en uno de los regímenes más inmorales del planeta. Sin embargo, la izquierda sigue al sistema castrista, pues, nuevamente, es el ideal revolucionario socialista lo único moralmente aceptable.

El marxismo y sus descendientes provocan una gran tosquedad mental en sus seguidores. Además les convierte en malas personas, en sujetos amorales o con una moral depravada, sujeta siempre a los designios de sus dirigentes. Pero la droga marxista tiene otro efecto destructor más potente: también los convierte en necios. De nuevo sólo hay que pensar en quien citábamos al principio.

¡Socorro, que nos regulan!

Tampoco debemos culpar en exceso a los culos que calientan las sillas del CAC; toda agencia gubernamental está hecha para servir a su amo y no a los fines, siempre prístinos y ejemplares, que declara perseguir.

La excusa más habitual para justificar que el Estado se dedique a regular, es decir, restringir, un derecho tan esencial como es el de la libertad de expresión se encuentra en que es él quien otorga las licencias de emisión y, por tanto, debe cuidar que sean usadas con respeto para el "bien común". El espectro radioeléctrico es un bien escaso y, por tanto, ha de ser el Estado quien lo reparta y cuide de que se use adecuadamente. Sin embargo, es precisamente la escasez de un recurso lo que hace necesaria la propiedad privada para un uso adecuado y beneficioso para la sociedad del mismo. El espacio radioeléctrico debiera haberse otorgado por usufructo, limitándose el Estado a registrar la propiedad de las frecuencias y garantizar que se respeten, por ejemplo, persiguiendo a quienes provoquen interferencias. Pero aún sabiendo que no se ha hecho así, no existe razón para justificar que el Estado vigile el buen uso de las frecuencias después de concederlas al modo arbitrario tradicional. Atenta contra la libre expresión de ideas, algo mucho más importante para la existencia de democracia que la introducción de papeles en una urna.

Además, el poder político tiene una regla que conviene que los ciudadanos, a la hora de apoyar o rechazar cualquier medida legislativa o de Gobierno, debieran grabar a fuego en sus mentes: toda intromisión estatal tiende a aumentar con el tiempo. Así está sucediendo en la Unión Europea con la regulación televisiva, la famosa directiva de "Televisión sin fronteras", que extiende la definición de televisión a servicios como los fragmentos de vídeo para móviles o el vídeo bajo demanda como puede ser el disponible en la web en páginas como YouTube, Google Video, Daily Motion y tantas otras. ¿Existe en este caso la excusa de las licencias y la escasez del espacio radioeléctrico? Por supuesto que no. Pero si con esa excusa regularon las emisiones televisivas tradicionales, ahora ya hemos asumido todos (políticos y ciudadanos) que la autoridad tiene potestad para intervenir en la televisión y se asume como algo natural que regulen todas sus formas, incluyendo aquellas que incumplen las excusas que se dieron en un primer momento para justificar la regulación.

Se prevé así un escenario dantesco en el que poner un vídeo en tu web personal con algún anuncio de Google te obligaría a registrarte como emisor de televisión y tener que cumplir con una costosísima regulación. Esa es la aportación euroburócrata a Internet. Y no sólo eso, claro. Como denuncia el ministro del ramo en el Reino Unido, "el verdadero riesgo es si impide la aparición del próximo MySpace debido al coste de cumplir con regulaciones innecesarias. Estas empresas pueden operar sin trabas fuera de la Unión Europea".

¿Cuántos productos de la libre iniciativa y la libre empresa han sido ahogados antes de su nacimiento por culpa de la bota del Estado? Como diría Bastiat, esa es la parte que "no se ve" de la acción del Estado. Pero deberíamos tenerla siempre en cuenta cuando una nueva propuesta nace de las zahúrdas del poder.