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Bienvenidos al Mundo Feliz

Escrito por Laura Mascaró en . Publicado en Artículos en prensa.

Ella sólo quiere poder dar de comer a sus dos hijas. No pide subvenciones ni ayudas de ningún tipo. No quiere que nadie le arregle la vida a cambio de nada. Inmaculada Michinina se erigió en portavoz de los vendedores ambulantes sin licencia e irrumpió en el pleno municipal de Cádiz para decirles cuatro verdades a sus "representantes". Inmaculada hace manualidades y las vende en el mercadillo. Es lo que sabe hacer y lo que quiere hacer, es lo que le permite poner un plato caliente en la mesa para su familia. Todo muy digno hasta que llegan los políticos y deciden que no tiene derecho a hacerlo. Al parecer hay una lista de espera para conseguir licencia que lleva tres años sin moverse. Inmaculada trabaja de todas formas porque no puede ni quiere permitirse el lujo de no hacerlo. Se va al mercadillo con sus manualidades y piensa "a ver si hay suerte y no llega la policía y me echa".

"Cojan el punto" les dice a los concejales en el pleno "porque para ustedes no es más que un punto del día, y voten mayoría". No les costaría nada pero supongo que la sensación de poder les supera. "Tengo valor y educación" continúa "porque pienso que perdiendo las formas se pierde la razón, y yo no voy a perder la razón porque sé que la tengo. Déjennos tener dignidad". Pero lo que Inmaculada no sabe es que la dignidad la perdimos hace tiempo, cuando comenzamos a ceder, siempre por nuestro propio bien. Cuando empezamos a pensar que sí, que ciertas cosas había que regularlas, y que sí, que necesitábamos un estado que nos protegiera y que nos castigara cuando no cumpliéramos con nuestras obligaciones. Nos mueve el miedo y eso lo saben bien los que están en la cúspide del poder. Dominan la escena, el lenguaje y la psicología humana. Provocan el miedo en la gente y luego les convencen de que tienen la solución. Más estado, más control, más normas, más prohibiciones.

Las declaraciones de la alcaldesa de Cádiz evidencian la tesis: "Esta señora sabe cuáles son las ordenanzas municipales. Hay ordenanzas municipales. Lo que no podemos hacer es que unas personas, por razón de sus necesidades -que hay muchas necesidades- tengan privilegios… Porque no. Esta ciudad no se puede convertir en un zoco. Tiene que haber un orden. Esa persona sabe que tiene los servicios sociales del Ayuntamiento." No puede haber más maldad en estas palabras.

Siento profundo asco ante las declaraciones de la señora Teófila Martínez, digna representante del PP que ha puesto en marcha un sistema de denuncia anónima contra el fraude laboral. Fraude que, por otra parte, no existiría si no tuviéramos una legislación tan intrincada y excesiva como tenemos. Siento empatía por todas esas personas que sólo quieren trabajar honradamente, que no quieren acudir a los servicios sociales porque tienen una profesión digna y que no necesitarían acudir a los servicios sociales si el gobierno no les pusiera palos en las ruedas. Siento lástima por la gente que cree que trabajar para dar de comer a tus hijos es un privilegio y que es más digno parasitar a los que sí tienen bula para trabajar. Y siento miedo al comprobar que tantas profecías se están cumpliendo con nuestra callada connivencia: la de Orwell, la de Huxley y la de Rand. Ya las tenemos aquí. Bienvenidos al mundo feliz. Parece que John Galt se nos perdió por el camino.

Gobierno y sindicatos, y no el libre mercado, destruyeron Detroit

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario.

"La actual democracia es un sistema de, por y para el Gobierno".

Detroit hoy parece poco menos que un campo de ruinas. La que en su día fue la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos, hoy cuenta con bastante menos de la mitad de habitantes que hace no muchas décadas (de superar los 2 millones a quedarse por debajo de 800.000 habitantes). Antaño ejemplo de la fortaleza económica de empresas automovilísticas como General Motors o Ford ubicadas allí, hoy Detroit es una ciudad fantasmal y rota, jungla de casas vacías que se venden hasta por un dólar, calles desérticas y espectrales sólo acompañadas por grafitis que maquillan la ciudad con historias de irremediables dramas.

En la actualidad, un desempleo del casi el 20% junto a unas tasas récord dentro del país en analfabetismo, pobreza y criminalidad suman un cuadro social de fracaso estrepitoso. Pero ¿cómo Detroit ha llegado hasta aquí? Aparte de muy abruptos cambios que solicitan explicaciones sociológicas como el paso de 84% de población blanca en los años 50, al 83% de población negra hoy, ¿qué podemos rastrear desde un punto de vista económico?

Si preguntamos a la ortodoxia políticamente correcta, como Paul Krugman, el fracaso de Detroit es culpa, ¡cómo no!, del capitalismo liberal. No debemos extrañarnos el día, si es que no ha llegado ya, que Krugman afirme que la caída del Muro de Berlín evidenció el fracaso del libre mercado. Y es que asegurar tal cosa de Detroit difícilmente puede ser tomada en serio desde un punto de vista científico a no ser que se trate del de lo paranormal. Veamos por qué.

Decir, como suele hacerse, que Detroit entró en crisis en tanto lo hizo la industria automovilística estadounidense es un cómodo recurso de autonegación de la realidad: muchas otras ciudades norteamericanas que prosperaron al albur del automóvil no están sufriendo semejante desgarro económico. Y para poder explicar por qué Detroit resultó tan afectada mientras otras ciudades "automovilísticas" están saliendo bastante airosas tras los cambios en el sector, debemos señalar con el dedo un primer y fundamental culpable: los sindicatos y una legislación hecha a su medida. Debido a las rigideces laborables que forzaron los sindicatos, las compañías americanas como Ford o Chrysler estaban pagando salarios casi un 80% más altos a sus empleados en Detroit que en otros estados norteamericanos donde fueron instalándose competidores y empresas extranjeras de automóviles. Así, en 2008 se calculaba que por cada empleo creado en una compañía extranjera, Ford, General Motors y Chrysler destruían 6, la mayoría en Detroit. El aumento de los salarios de modo artificial y forzoso, las trabas a despedir trabajadores…fueron esenciales para hacer de Detroit una trampa económica. Pensemos en el estancamiento social si los fabricantes de coches de caballos nunca hubieran podido despedir a sus trabajadores aun cuando la competencia de los coches a motor les convirtiera en fabricantes de productos que nadie quisiera ni deseara. Y quien dice carruajes dice gremios medievales o máquinas de escribir. Supondría congelarnos socialmente durante cada generación –al no poder una persona dejar su trabajo poco menos que sólo con su muerte. No hay nada más aterradoramente conservador y retrógrado que el intervencionismo sindical que desprecia el mercado y la libertad.

La otra parte corresponsable igualmente esencial para entender la tragedia de Detroit tiene nombre propio, y se llama Gobierno. Para empezar, resulta de nuevo pintoresco leer en la prensa más correcta que Detroit es un fracaso del capitalismo. Resultará ahora que el Gobierno demócrata e izquierdista que ha dirigido Detroit durante las últimas décadas es el epítome del libre mercado –las dioptrías de la miopía socialista crecen por momentos. Pero hay más. Como comenta el economista Michael Rozeff, el Código Municipal de Detroit parece más bien el código de Satán por la gigantesca burocracia que requiere para comenzar cualquier tipo de actividad económica o intento de reconstrucción de la ciudad por particulares o empresas. Referente a los asfixiantes impuestos que anulan toda libertad económica posible, un estudio del Lincoln Institute de este año corroboró que Detroit sufre los impuestos a la propiedad más elevados de entre las 50 principales ciudades de Estados Unidos, lo cual se traduce en el doble de la media nacional. Ello por no hablar de los impuestos que el estado de Michigan, donde está Detroit, impone a la maquinaria. Es decir, si usted quiere montar una fábrica con maquinaria, el mensaje de la política económica de la ciudad es claro: váyase, por su bien, mejor a otra parte.

Y luego está la parte gubernamental que, permítaseme decir, de no ser cierta resultaría cómica. Adicto a las políticas keynesianas de alegría irrestricta en el gasto público, el Gobierno de Detroit llevó a cabo – cortesía del contribuyente usurpado, por supuesto- voluminosos programas de gasto cuyo destino y objetivo es ‘lo mejor de todo’ este asunto. ¿Adivinan dónde se les ocurrió a estos preclaros políticos dirigir el dinero que arrebataban en impuestos a los ciudadanos? Pues a obras públicas, puentes, carreteras, transporte público… Imagínense la situación: un Gobierno que no tiene otra ocurrencia más que invertir masivamente en viviendas y transporte público a la par que sus ciudadanos huyen y emigran a marchas forzadas a otras ciudades y estados. Por supuesto, semejante absurda decisión jamás habría podido ser tomada dentro de un marco de mercado libre, que rápidamente habría castigado con onerosas pérdidas tan ridículos proyectos. Y lo cierto es que es difícil superar en idiotez a los manirrotos políticos de Detroit; sería algo así como desarrollar una amplia red de piscinas públicas al aire libre en Siberia. Quizás más que ninguna otra ciudad, Detroit emerge en el mapa estadounidense como arquetipo irremediable de las palabras de Ronald Reagan cuando decía que las peores palabras en inglés eran "I am fromGovernment and I am heretohelp" ("Soy del Gobierno y estoy aquí para ayudar"). Mientras el proceso de mercado atiende las necesidades del consumidor, el proceso político atiende las caprichosas necesidades de los políticos. Así, en tanto la democracia ha acabado convirtiéndose en una justificación para que el Gobierno invada todas las esferas sociales imaginables, la actual democracia no es –enmendando a Lincoln-sino un sistema de, por y para el Gobierno.

En el socialista universo de Detroit atrapado en las garras de un Gobierno omnímodo, la corrupción política ha llegado a contagiarse a todas las propiedades de los políticos, como por ejemplo la escuela pública. En suma, Detroit se ha convertido en un pequeña Cuba dentro de Estados Unidos de donde huye la gente que desea realmente trabajar, un pequeño gran experimento de lo que puede hacer el socialismo hace mucho inoculado en aquel país y escondido bajo diversos disfraces y banderas (pues por suerte, el término "socialismo" sigue siendo en EEUU justamente –y tal como es- un sinónimo de "fascismo"). Ver en suma en Detroit algo parecido al capitalismo liberal –la NBC describió la ciudad como ¿¡ejemplo libertario!?- supone un ejercicio tal de enajenación mental de la realidad que Sigmund Freud se deleitaría con su análisis.

Si uno acude a quizás a la más popular y prestigiosa literatura libertaria en forma de novela, no otra cosa sino proféticas resultan las palabras de la libertaria Ayn Rand hace medio siglo retratando los destrozos de las utopías socialistas en su novela cumbre "La Rebelión de Atlas". Hoy, como nos recuerda el periodista británico Danniel Hannan, sus palabras de advertencia parecen un lienzo a medida de lo que hoy es Detroit.

Unas pocas causas aún permanecen levantadas en el esqueleto de lo que una vez fue una ciudad industrial. Todo lo que podía moverse, se fue; pero algunos humanos permanecen. Las estructuras vacías eran escombros verticales; habían sido comidos, no por el tiempo, sino por los hombres: tablas arrancadas al azar, parches desgarrados en los tejados, agujeros en garajes destripados. Parecía como si unas manos ciegas hubieran cogido todo lo que precisaban para el momento sin preocuparse de lo que quedara para el día siguiente. Las casas deshabitadas aparecían al azar entre las ruinas; el humo de las chimeneas parecía el único movimiento visible en la ciudad. Un caparazón de hormigón, que en un tiempo fue una escuela, aún se otea en las afueras; parecía una calavera con las órbitas vacías de ventanas sin cristales, con unos pocos cabellos encima cual hilos rotos.

Más allá de la ciudad, en una distante colina, permanecía la factoría de la Compañía de Automóviles Twentieth Century. Sus pareces, las líneas de sus tejadosy sus chimeneas parecían recortados parecían inexpugnables como una fortaleza. […]

¿Puedes llevarme a esa fábrica?, preguntó Rearden.

La mujer no habló; parecía como si fuera incapaz de pronunciar palabras. ¿Qué factoría?, dijo ella.

Rearden señaló, "Aquélla".

"Está cerrada".

Sartre decía que el hombre, cada hombre, nace libre y sin excusas. No hay excusas, cada vez hay menos si es que alguna vez las hubo, para divulgar las ideas de la libertad. Entre nuestros amigos, familiares… con quienes hemos adquirido el compromiso vital de dejarles como testigos y fideicomisos de nuestros valores e ideas aquí donde vivimos, en la Tierra. No hay excusas para dejar que esa llama se encienda dentro de nosotros, y que prenda, orgullosa y valerosa cada vez más brillante, cada vez más alta. Ésa es la llama que ilumina la Tierra, que ilumina al hombre, a cada hombre dándole un rostro y dignidad individuales y únicos. Y la que ha abandonado casi por completo a Detroit hundida en la negra oscuridad que dejan los últimos rescoldos chispeantes apagados casi ya por el implacable gélido vendaval del colectivismo.Una ciudad ya sin alma, una ciudad sin esperanza, perdida, yerma y sangrante; una ciudad sin libertad. Como el faro que guía al barco, sin la antorcha de la libertad nos quedaríamos como humanos sin más ruta y guía que la muerte a la deriva. Porque la libertad nos hace mucho más que mejores. Nos hace simplemente humanos.

@AdolfoDLozano/David_europa@hotmail.com.

La UE y Hezbolá

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

El pasado 21 de julio los ministros de Exteriores de la Unión Europea culminaron un largo proceso de estudio acerca de la calificación institucional que merece Hezbolá, a tenor de su más reciente trayectoria. El resultado ha sido incluir sólo el brazo armado de la milicia chií libanesa en la lista de organizaciones terroristas de la UE, dejando a salvo de la sanción a sus otras dos facciones, la política y la asistencial.

Es necesario felicitar a los cancilleres europeos por haber conseguido desentrañar las claves de esa trinidad del Partido de Dios, cuya división niegan los propios dirigentes de la organización, pues, como ellos mismos insisten en dejar claro, tal separación, sencillamente, no existe.

El debate sobre Hezbolá en el seno de la Unión Europea surgió con fuerza tras el atentado cometido el verano pasado en Bulgaria. En julio de 2012 un terrorista suicida reventó un autobús lleno de turistas israelíes en la ciudad de Burqas, acción que se saldó con la muerte de cinco israelíes y del conductor del autobús, de nacionalidad búlgara. A pesar de que todos los indicios apuntaban a la organización chií libanesa, la UE decidió que no iba a tomar decisión alguna hasta que concluyeran las investigaciones. Finalmente, las autoridades búlgaras determinaron que la acción había sido obra de Hezbolá, y los Gobiernos europeos se vieron obligados a tomar una decisión sobre este grupo terrorista de forma coordinada. A ello hay que sumar el hecho de que nueve meses antes del atentado de Bulgaria un tribunal chipriota había condenado a un miembro del Partido de Dios por planear una oleada de ataques terroristas contra intereses israelíes en Chipre, amén de la más que evidente presencia de terroristas de Hezbolá en el continente americano.

Sin embargo, la sorprendente distinción entre facciones establecida por los ministros europeos hace que la decisión de considerar terrorista solamente al brazo armado tenga un significado meramente político con escasas consecuencias prácticas. "El largo brazo de Irán" –como fue calificado en The Times por los exjefes de Gobierno de España e Irlanda del Norte José María Aznar y David Trimble– opera en suelo europeo, donde desarrolla distintas actividades ilegales, entre las que destacan el narcotráfico y el blanqueo de capitales, según los informes de distintas agencias de inteligencia. Además, recauda fondos para mantener las actividades asistenciales que lleva a cabo en suelo libanés. La cuestión ahora es dilucidar qué parte de su patrimonio pertenece al brazo armado y cuál está asignada al sostenimiento de las tareas políticas y asistenciales de un grupo en el que, formalmente, no existe la menor separación.

Los propios ministros europeos de Asuntos Exteriores han rebajado aún más la dureza de la sanción impuesta al asegurar que no pretenden socavar la estabilidad política del Líbano, en cuyas instituciones democráticas hay una importante presencia de representantes de Hezbolá. Semejante argumento no puede dejar de sorprender cuando se emplea para referirse a una organización acusada de asesinar al primer ministro libanés Rafiq Hariri, algo que no contribuyó precisamente a la estabilidad democrática del país del Cedro. A su vez, las autoridades libanesas han desempeñado el papel que se esperaba de ellas, lamentando simplemente que la UE no haya realizado "una lectura más prudente de los hechos".

La guinda de este pastel diplomático la han puesto los propios dirigentes de Hezbolá, que el mismo día en que se hizo público el acuerdo de los ministros europeos emitieron un comunicado en el que se limitaron a tachar de "agresiva e injusta" la decisión adoptada, "que no se basa en ninguna justificación o prueba" (sic).

Al final, la decisión de la UE de quedarse en tierra de nadie no parece que vaya a reportarle ningún beneficio inmediato. Los ministros europeos han renunciado a castigar seriamente a Hezbolá, sobre todo en el terreno de las finanzas, lo que no va a impedir que sus países se pongan aún más en la diana del considerado "el Equipo A del terrorismo internacional". Tampoco es previsible que aumente la estabilidad del Líbano y de Oriente Medio, uno de los objetivos que la UE dice perseguir. En cambio, la imagen de la Unión Europea como armatoste burocrático incapaz de actuar enérgicamente en defensa de una concepción moral de las relaciones internacionales ha quedado, una vez más, perfectamente establecida.

© elmed.io

Aranceles y salario mínimo

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Stop productos extranjeros

Las barreras arancelarias son antiquísimas. El arancel es un impuesto aplicado generalmente a los bienes importados para dificultar su entrada en un territorio dado. Nacieron de la mano del comercio internacional hace miles de años. Sirven para aumentar los precios de los productos importados y, por tanto, permiten a los productores domésticos de bienes similares cobrar precios más elevados. Los grupos de presión internos logran de esta manera blindarse frente a una competencia extranjera más barata.

La biografía económica solvente desde, al menos, David Ricardo establece que el libre comercio mundial genera ganancias para todos los participantes en el mismo gracias a las ventajas relativas o comparativas. Sin embargo, a pesar de sus beneficios contrastados, los gobiernos nacionales siguen aún hoy obstaculizando el comercio exterior de muy diversas maneras. Recurrir al argumento de la protección de la industria nacional para imponer aranceles o tarifas está peor considerado que hace unas pocas décadas. Los gobiernos y sus cabilderos buscan ya otras barreras no arancelarias (cuotas, reglamentos sanitarios, de protección del medio ambiente, de calidad técnica, controles de embalaje, etc.) acordes con las sensibilidades actuales con el fin de mantener sus trabas al comercio. Esto es, puro mercantilismo camuflado inyectado por las venas de cada economía doméstica.

Qué duda cabe que los aranceles tienen sus ventajas: mejoran la posición de la balanza comercial, generan ingresos para el Estado y protegen la producción y los puestos de trabajo nacionales al blindarlos de la competencia extranjera. Pero lo que se gana por un lado se pierde por otro: se perjudica a los productores exteriores al dificultarles el acceso a los mercados con potencial demanda de sus bienes (siendo los países en desarrollo los más perjudicados), se daña el poder adquisitivo de los consumidores nacionales en su conjunto pues acaban comprando productos más caros y/o de menor calidad y no se permite que surjan nuevos trabajos a resultas de un incremento en la productividad de la economía al verse enfrentada a una mayor competencia de fuera. Son más los perjudicados que los beneficiados pero estos últimos (lobbies empresariales) están mucho mejor organizados.

Desde hace mucho tiempo los liberales venimos echando pestes de las barreras al comercio internacional por mermar la productividad e innovación en general, por ser empobrecedoras e injustas para los consumidores y especialmente dañinas para los países más vulnerables.  

Stop mujeres, negros, jóvenes e inmigrantes

El salario mínimo (SM) se estableció por primera vez a finales del siglo XIX en Australia y en Nueva Zelanda con la loable meta de preservar un mínimo estándar de vida para los trabajadores menos cualificados. Luego se fue extendiendo a buena parte de las naciones occidentales. El Estado de Massachussets fue la primera jurisdicción que lo adoptó en los EE UU en 1912. Esta legislación primitiva fue, no obstante, muy sincera en sus motivos: prohibió a las empresas de algunos sectores contratar a mujeres y jóvenes por debajo de cierto nivel salarial ya que lo logrado sindicalmente no debía ponerse en tela de juicio. En aquella época no se estilaba lo políticamente correcto, por lo que se proclamó sin tapujos que las mujeres e imberbes debían permanecer en el lugar que les correspondía, es decir, en sus hogares y sin amenazar los ingresos de los padres de familia sindicados. Eran otros tiempos y se podía argüir de forma tan cafre y paternalista según cánones al uso de entonces para defender lo propio. Era lo mínimo que se esperaba del pater sindicalis.

Hasta la década de los cincuenta, en los EE UU la tasa de desempleo de los trabajadores negros iba pareja a la media nacional. Las empresas constructoras del norte contrataban preferentemente a los negros no sindicados provenientes del sur para disgusto de los trabajadores blancos que veían con impotencia mermados sus empleos. Esto cambió cuando el SM federal hizo su aparición con la Davis-Bacon Act de 1931 y se fue actualizando mediante las sucesivas leyes denominadas FLSA (vigentes hasta el día de hoy). Al principio, los niveles salariales mínimos estuvieron por debajo del mercado debido a la inflación, por lo que sus nocivos efectos sobre negros y otras minorías desfavorecidas no se dejaron sentir. Sin embargo, a partir de mediados de los años 50, al subirse el SM de la hora laboral abruptamente por encima del nivel de precios del mercado, el desempleo entre la población negra fue aumentando consistente y proporcionalmente mucho más que la blanca.

El economista norteamericano Walter E. Williams, al hacerse consciente de ésta y muchas otras trabas que afronta el negro estadounidense por culpa de las iniciativas “humanitarias” de los congresistas de su país, escribió State against blacks (1984). Como indica más de una vez en este libro, las intenciones del legislador son irrelevantes para los resultados económicos. Más tarde, en South Africa’s war against capitalism dicho economista analizó las leyes laborales racialmente discriminatorias contra los negros en aquel país africano. Descubrió que las leyes de SM fueron la herramienta más sutil y eficaz de los sindicados blancos para protegerse y evitar que los trabajadores negros les desplazaran por precio de sus puestos de trabajo al dificultar a éstos -por su menor productividad- el alcanzar la rentabilidad mínima esperada para ocuparlos a esos salarios marginales.

Hoy el SM tiene efectos semejantes pero son otros los argumentos utilizados. A esto se suman los efectos inhibidores a la contratación de otras barreras y rigideces laborales.

Se sabe que las leyes de SM dejan en paro también a jóvenes que no tienen la capacidad ni la formación suficientes para lograr ser contratados a los niveles que decreta la ley. Un joven, en los inicios de su andadura laboral, no trabaja esencialmente por dinero sino para adquirir experiencia y aprender del mundo real pues tiene solo inexperiencia y, a veces, mero conocimiento académico (no real). El simple hecho de adquirir experiencia laboral es muy valioso. Un comienzo modesto no es ninguna indignidad, especialmente cuando se están adquiriendo conocimientos y habilidades profesionales que servirán para mejorar sus niveles de ingresos futuros. En cualquier caso, un mal trabajo es mejor que estar parado.

Es una verdadera pena ver innumerables jóvenes desempleados y con la autoestima por los suelos. Los más avispados emigran, los que poseen menos escrúpulos se echan al monte y acceden al trabajo informal o, mucho peor, acaban delinquiendo para malvivir. Otros vegetan impropiamente con subsidios a sus edades, incubando frustración e indolencia.

La mayor parte de la gente que gana por encima del SM no es gente pobre. El problema acuciante está en aquellos que no lo alcanzan. La mayoría de los gobiernos, pese a los efectos destructivos no deseados de las leyes de SM, hacen caso omiso a lo que la mayoría de los economistas tienen que decir al respecto. Como a primera vista parece lo correcto, se usa como medio para lograr la reelección, especialmente cuando las consecuencias económicas a largo plazo llegan demasiado tarde como para ser políticamente relevantes.

En Europa lleva vigente el SM desde hace tiempo en muchos países, menos en la curiosa franja vertical que va de Noruega a Italia. Qué duda cabe que implantar el SM tiene sus ventajas: mejora la posición económica de los trabajadores experimentados más productivos. También sirve para que los sindicatos lo exhiban como un triunfo cada vez que logran subirlo. Pero lo que se gana por un lado se pierde por otro: reduce la contratación u horas de trabajo, se aumentan los precios finales de venta al público y se daña a los marginalmente hoy más débiles, es decir, a los jóvenes en general y a aquellos inmigrantes que estén menos cualificados al quedar fatalmente segregados del mercado laboral.

Solo los liberales desde inicios del siglo XX han criticando las leyes de SM y demás barreras al mercado laboral por destruir oportunidades de trabajo, por ser injustas para la inmensa mayoría de los consumidores y, sobre todo, muy perjudiciales para las personas más vulnerables de la sociedad. Impedirles el que puedan aceptar ofertas iniciales por debajo de un supuesto “umbral de dignidad” es mandarles directamente al ostracismo o apartheid laboral en forma de paro o de trabajo informal. Son más los perjudicados que los beneficiados pero estos últimos (sindicatos) están mucho mejor organizados.

Es ciertamente muy deseable que los salarios aumenten para todos. Solo un mayor crecimiento, un mejor aprovechamiento del capital y una mayor productividad general de la economía lo permite. Por el contrario, si se fuerza dicho aumento por vía de decretos oficiales aparecerán fatalmente siempre y en todo lugar indeseables consecuencias en los comportamientos discriminatorios de los agentes económicos. Lo que importa no son las buenas intenciones del legislador sino las consecuencias de su intervención en el conjunto del cuerpo social.

Dos orejas y vuelta al ruedo

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Moncloa está de fiesta mayor. No sé yo si son los calores veraniegos o simple autosugestión por la que les ha armado Bárcenas desde las portadas de los periódicos. Los brotes verdes quedaron atrás y ya hablan abiertamente de recuperación en marcha. Se apoyan en las cifras de la EPA de julio que, como ya advertí en su momento, iba a ser benigna debido a una temporada turística excelente. Pero como si nada. No importa que prácticamente todos los expertos coincidan en lo coyuntural del “milagro” y lo estructural de nuestra crisis. El Gobierno ha decidido vivir al día y preocuparse exclusivamente por seguir vivo y coleando mañana.

Por si los datos de la EPA no fuesen suficientes ahora se agarran a cualquier cosa. El pasado jueves en el Senado Mariano Rajoy, entre fin de cita y fin de cita, fue desgranando las incontables fortalezas de nuestra economía que, según él, ya está curada y sólo es cuestión de dejar tiempo para que el enfermo se levante y ande. Eso, claro, es lo que le gustaría a él. Las cosas, sin embargo, son muy diferentes. En el mundo real, ese que amarga tanto la vida a los políticos, no basta con desear algo mucho para que suceda, es necesario algo más. Pero Rajoy, asediado por sus propios errores, fruto todos de su vaguería congénita mezclada con la prepotencia que es marca de la casa Génova, poco más puede decir en su defensa y en la de su nefasta gestión durante los últimos veinte meses.

Es cierto que en España algunas cosas van mejor. La primera y más visible es la balanza comercial. Vendemos fuera mucho más que antes e importamos menos. Lo primero es achacable a los sacrificios sin tasa que los empresarios han hecho para evitar el cierre. Al Gobierno no le cabe ningún mérito en ello. En todo caso muchos deméritos, todos fiscales de orden montoriano. Nunca antes las empresas españolas habían tenido que pagar tantos impuestos como ahora, nunca tantos habían trabajado durante tanto tiempo para tan pocos. Las exportaciones tiran sí, pero no gracias al Gobierno, sino, como diría el maestro Rodríguez Braun, a pesar del Gobierno.

La balanza comercial, no obstante, es una simple relación entre lo que se compra y lo que se vende. Ahora vendemos más porque las empresas son más eficientes y competitivas, pero también importamos menos, bastante menos que hace cinco años. Esto no es así porque a los españoles nos haya dado un repentino ataque de patrioterismo comercial, sino porque estamos sin blanca. Quitando el petróleo, el gas y los suministros que precisa la industria, en España cada vez se importan menos bienes, y no tanto porque se estén sustituyendo por producción nacional, sino por el hecho, comprobable por cualquiera en la calle, de que no se consume o se consume poco.

Esto el Gobierno lo sabe, pero prefiere callarlo, porque ahí tocan una fibra muy sensible que afecta directamente a todos. No venimos de la miseria, sino de un país próspero que gastaba sin medida y se endeudaba alegremente. Los españoles nos habíamos habituado a consumir, a gastar en definitiva hasta que nos cayó esta.

Lo que Rajoy no pudo decir en la Cortes fue que la reforma laboral había ahorrado la destrucción de 225.000 empleos en el último año. Esto se lo reservó para que Báñez presumiese tras el Consejo de Ministros. 225.000 empleos, ni uno más ni uno menos, que ya hay que hilar fino, de ahí el cachondeo que hay montado en Internet a cuenta de las cuentas de doña Fátima. Un linchamiento injusto porque el cálculo no lo ha hecho ella, sino el ministerio de Economía. Bien, el número no me lo creo –lo mismo podrían haber dicho 225.000 que 337.473–, pero sí que la reforma laboral le ha ahorrado al país una destrucción de empleo aún mayor. El problema es que no podremos nunca cuantificarlo. El sistema económico es demasiado complejo y no podremos saber jamás las razones concretas que mueven a un empresario a evitar un despido. Lo que sí parece obvio es que, tras la relativa flexibilización del mercado laboral, muchos que hubiesen ido a la calle han conseguido mantener el empleo y otros tantos que no tenían trabajo han conseguido hacerse con uno. Esto es una certeza que compartimos todos los que vivimos en el mundo real y no en una covachuela administrativa.

Si el Gobierno está tan contento con su reformilla laboral –llamar reforma a eso me parece excesivo– no tiene más que profundizar en ella y liberalizar aún más el mercado. La liberalización siempre funciona en el medio y largo plazo. Tal vez los más afuncionariados e improductivos anden de mala uva porque se les acaban sus privilegios, pero el resto ganaremos, especialmente los más jóvenes y los más esforzados. Para febrero del año próximo bien podrían anunciar la segunda reforma, aunque ahora eliminando de una vez la negociación colectiva. Con eso sería para conceder a Báñez dos orejas y la vuelta al ruedo. No sucederá, claro, pero, como en Moncloa es fiesta, lo mismo nos dan una sorpresa.

La defensa social frente al engaño político

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Cuenta Avner Greiff en su artículo “Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade: the Maghribi Traders Coalition” que, en el siglo XI, algunas comunidades de mercaderes mediterráneos magrebíes encontraron una manera de evitar el engaño por parte de los agentes de comercio: la coalición de los mercaderes que contrataban a dichos agentes. Un factor muy importante en el éxito de esta vía era la confianza, el flujo de información y, en especial, la reputación.

Un agente comercial era aquella persona contratada por un comerciante (inversor) para gestionar las operaciones comerciales en las ferias y mercados internacionales. El riesgo de ser engañado era muy alto. El mercader no podía saber qué hacía realmente el agente en las ferias, si gestionaba adecuadamente su dinero y sus mercancías o si le robaba o se ponía de acuerdo con la otra parte del trato comercial a sus espaldas y a su costa. Por ello, los mercaderes se unieron en una asociación surgida espontáneamente comprometiéndose a contratar los mismos agentes y en aplicar un sistema de castigos común. De esta forma, nadie contrataría a un agente mentiroso, nadie penalizaría a quien robara a un agente que hubiese engañado y, el agente cargaría con una mancha que sería tanto más pesada, cuanto más extensa y numerosa fuera esa coalición de mercaderes. Desde el punto de vista del agente, la ganancia de comportarse honestamente, por tentadora que fuera la posibilidad de engañar al mercader una vez en tierra extraña, incluso si el beneficio inmediato del engaño fuera mayor, era mucho más que suficiente, sin ninguna duda, merecía la pena ser honesto. ¿El secreto? La pérdida de reputación, el castigo de no ser confiable en su comunidad de base, el compromiso de todos los mercaderes asociados en esa coalición de no contratarle y de repudiarle, implicaba la ruina futura. El coste de emigrar a un lugar donde esa coalición no actuara y donde pudiera escapar de su mala reputación era prohibitivo. Sin embargo, la perspectiva de beneficios que, a corto plazo eran menores, pero le permitían desarrollar su trabajo a largo plazo, y si mejoraba, ganarse una buena reputación y sacar provecho de la red internacional de mercaderes, era preferible.

La pequeña historia de los comerciantes del Magreb en un siglo en el que no existían acuerdos internacionales o reglas de Derecho Internacional tan sofisticadas como las de hoy en día, nos enseñan, como poco, una lección. Y es ésta: los posibles sujetos de engaño tienen la responsabilidad moral de tomar medidas para evitar ser engañados. Y esas medidas están asociadas a los incentivos para los “agentes”. ¿Hacemos eso con nuestros políticos? Me temo que no.

La corrupción no es un fenómeno moderno. Es un mal asociado a la naturaleza humana. La detección del engaño es uno de los avances de nuestros ancestros. El aprendizaje en este ámbito explica el aumento de confianza cuando reconocemos rasgos familiares en el otro, el miedo al diferente, etc. Siempre ha habido personas que han abusado cuando la situación les era propicia. Pero, lo normal es desarrollar estructuras legales y sociales para evitarlo: la ley, la reputación, el desahucio social, por ejemplo. Y así sucede en otras sociedades. Pero en la española, las cosas son diferentes.

Los auto engaños, ya encastrados en nuestra idiosincrasia, nos pierden. Como la identificación con una tendencia política ocultando la responsabilidad individual del delincuente, o directamente la disculpa del hecho si el beneficio obtenido con el engaño no es mucho, o el olvido al cabo de poco tiempo, porque nos dejamos impresionar por lo ruidoso y brillante, por más que no sea oro, sino baratijas, son comportamientos que están a la orden del día.

¿Qué mecanismos hemos desarrollado en este país para evitar que nuestros “agentes” políticos no nos engañen cuando gestionan nuestros “bienes” o nuestro dinero, en ámbitos tan alejados del ciudadano de a pie como la defensa nacional, la gestión hospitalaria o los acuerdos internacionales? ¿Están asociados al futuro laboral del posible defraudador?

El pasado otoño, el periodista de El Mundo, John Müller, ofreció una conferencia en CUNEF y mostró casi cincuenta portadas de dicho periódico denunciando casos de corrupción durante los últimos 25 años. Las mismas personas, mayores cantidades. Algo debemos estar haciendo mal cuando nuestro sistema judicial no evita que empresarios privilegiados se aprovechen de la ventaja, políticos beneficien a hermanos, amigos y socios políticos, etc. Pero es notable que tampoco la sociedad, el pueblo engañado, hace nada.

Obviamente, siguiendo la lógica de Greiff, dado que no hay pérdida de reputación a largo plazo, no lo paga con su trabajo, ni hay rendición de cuentas, el “agente” político tiene muchos incentivos para seguir engañándonos. Nosotros, en lugar de responsabilizarnos de la situación, esperamos una solución mágica. Tal vez, como los mercaderes magrebíes del siglo XI, deberíamos quitarnos la venda de los ojos y mostrar el repudio a ese comportamiento, de forma que dañe la reputación del político que engaña y también del que ampara el robo por parte de los gobernantes. Tal vez, entonces, acabe el expolio aplaudido y votado por la mayoría.

La salida es la libertad

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Epílogo a cargo de Juan Ramón Rallo del volumen recientemente publicado (julio de 2013) con las actas de los trabajos de investigación presentados en el I Congreso de Economía y Libertad, del 22 al 24 de noviembre de 2012, en cuya celebración el Instituto Juan de Mariana coparticipó, y que fue organizado por la Universidad Católica de Ávila.

Las depresiones económicas constituyen un terreno abonado para que el Estado crezca. En momentos de incertidumbre y de descoordinación económica, los viejos sofismas del Estado como baluarte de la seguridad y como planificador eficiente vuelven a la palestra. El público se siente desconcertado por hallarse sometido a fuerzas impersonales que quedan fuera de su alcance y que parecen arrastrarlo a un desastre del que sólo el sector público, con sus redistribuciones de renta, gastos arbitrarios o regulaciones garantistas, es capaz de salvarlo. Con naturalidad aceptamos ceder algo de libertad –sobre todo, de libertad ajena– con tal de asegurarnos un confort económico que no se distancie mucho del prevaleciente en los tiempos de prosperidad.

Pero, tal como señaló Benjamin Franklin al advertir que quienes renuncien a un poco de libertad para ganar algo de seguridad se terminarán quedando sin lo primero y sin lo segundo, las crisis suponen el peor contexto para restringir las libertades individuales. Desde luego, nunca es un buen momento para recortar libertades, ni cuando somos ricos ni cuando somos pobres; pero, adoptando una perspectiva estrechamente utilitarista, si la libertad trae la prosperidad, parece claro que lo más inteligente en medio de la decadencia económica generalizada no puede ser restringir las libertades para caer todavía con más fuerza en el pozo de la crisis. A cambio de una seguridad transitoria sólo lograremos un mayor cataclismo futuro del que ni una fagocitada economía privada ni un fagocitador sector público ya saturado podrán rescatarnos.

De hecho, las crisis deberían constituir una oportunidad para ampliar los ámbitos de libertad individual en busca de una rápida reorganización. Al cabo, una crisis no es más que un período donde las estructuras productivas y financieras de los agentes económicos se hallan deshechas como consecuencia del artificial boom económico que las precedió y donde, por consiguiente, la autonomía y la flexibilidad de los agentes económicos para reinventar y reconstruir esas estructuras resulta fundamental.

Por un lado, los factores productivos deberían poder desplazarse por la economía sin cortapisas regulatorias, abandonando los modelos de producción caducos y participando en los nuevos. Por otro, los impuestos deberían ser los más bajos posibles para que los agentes cuenten con el capital suficiente para, primero, amortizar sus deudas y, segundo, acometer nuevas inversiones. A su vez, y precisamente por los motivos anteriores, el gasto público debería mantenerse en mínimos: tanto porque su mera existencia determina una asignación inadecuada de recursos cuanto porque, si se combina un elevado gasto público con unos impuestos bajos, supone la emisión de un importante volumen de deuda pública que contrarresta los sanos efectos del desapalancamiento privado.

Por todo ello, cualquier iniciativa dirigida a frenar el exorbitante crecimiento del sector público, particularmente en momentos de depresión económica, ha de ser bien recibida. Éste ha sido el caso del "I Congreso de Economía y Libertad: La Gran Recesión y sus salidas" organizado por la Universidad Católica de Ávila con la colaboración del Instituto Juan de Mariana. A lo largo de tres días, decenas de ponentes fueron desfilando por los distintos paneles y sesiones paralelas del Congreso para abordar la problemática actual desde un rico enfoque multidisciplinar.

Las conclusiones del Congreso, recogidas en el ya conocido como ‘Manifiesto de Ávila de los Economistas españoles’, no pueden ser más coincidentes a la hora de exigir un ensanchamiento del sector privado y un estrechamiento del público como vía más rápida y justa para superar una problemática que, ya desde sus comienzos, ha sido causada por el asfixiante intervencionismo de las burocracias estatales. Si durante su planteamiento el Congreso pretendía encontrar una sintética salida a la Gran Recesión, una vez concluido y ya observándolo con cierta perspectiva, podemos señalar que la salida a la crisis pasa indudablemente por la libertad.

Constituye una auténtica satisfacción para un thinktank liberal como el Instituto Juan de Mariana el haber participado en la organización de un foro de pensamiento que ha enriquecido nuestro bagaje argumental a la hora de combatir al desbocado Leviatán estatal. No me cabe más que felicitar a la Universidad Católica de Ávila por tan feliz iniciativa, con la esperanza no sólo de que pronto podamos asistir a la segunda y sucesivas ediciones de este Congreso, sino, sobre todo, de que las ideas allí debatidas contribuyan a oxigenar nuestro viciado panorama político y económico.

¿Razones para el optimismo?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El pasado lunes, mi amiga y compañera en el Instituto Juan de Mariana, María Blanco, publicó en estas mismas páginas un artículo donde reflexionaba sobre  el futuro económico de nuestro país. Apoyándose en las opiniones de otros amigos, conocidos y buenos economistas como Daniel Lacalle, María planteaba la medianamente razonable hipótesis de que España no sólo estuviera tocando fondo sino de que, subsistiendo numerosísimas incertidumbres todavía, el desenlace final no hubiese de ser trágico por necesidad: “no podemos decir que no nos vamos a recuperar”. Dado que María me incluye en el bando de economistas escépticos con las renovadas esperanzas de recuperación, permítanme clarificar mi postura.

De entrada he de decir que no creo en el determinismo económico, o al menos no en un determinismo que sea cognoscible y desentrañable para ningún analista. Las economías son sistemas lo suficientemente complejos como para que nadie pueda efectuar simplistas predicciones apodícticas. De ahí que cuando el economista afirma que, por ejemplo, “Grecia quebrará si no reduce su gasto público”, no debe entenderse como que la probabilidad de quiebra de Grecia sin reducción del gasto público es del 100%, sino que, en ausencia de otros elementos (el famoso ceteris paribus), Grecia quebrará: o, por expresarlo de otro modo, que sin recortes del gasto, las probabilidades de quiebra de Grecia son altas y crecientes. Por supuesto, al final de la película siempre puede venir Alemania o Draghi al rescate permanente, o el mundo puede comenzar a crecer al 8% y arrastrar a Grecia a la recuperación, o Grecia puede descubrir un gigantesco yacimiento de petróleo en sus costas, evitando así la bancarrota. Pero, en principio, el escenario más factible que deriva de una continua acumulación de déficits –el escenario que deberíamos tener presente en nuestras decisiones diarias– es que, sin cambios en el gasto público, Grecia quebrará.

¿Dónde estamos?

Con las pertinentes diferencias, lo mismo vale para España: nadie ha podido decir nunca que España no se vaya a recuperar. La posibilidad siempre ha estado encima de la mesa: con Zapatero, Rajoy o Cayo Lara. La cuestión no es si estamos necesariamente condenados –nadie lo está– sino si las probabilidades de que nos recuperemos han aumentado de manera determinante. En este sentido, voy a repetir casi punto por punto el análisis que ya efectué a principios de 2013, pues en líneas generales pocas cosas han cambiado desde entonces.

Tras seis años de crisis y de reajuste interno, existen elementos que han experimentado una notable mejora dentro de España: el precio de la vivienda ha caído un 25% desde máximos, familias y empresas se han desapalancado en unos 300.000 millones de euros, los costes laborales se han congelado desde 2010, el sector financiero –sin tener en cuenta los fondos inyectados por el sector público– se ha recapitalizado en unos 120.000 millones desde la quiebra de Lehman Brothers, y sobre todo hemos corregido nuestro fortísimo desequilibrio exterior gracias al marcado aumento de nuestras exportaciones (un 25% desde 2007) hasta el punto de acumular un superávit corriente que ya nos permite comenzar a reducir nuestra deuda exterior. Todos estos elementos no es que sean brotes verdes: es que suponen una saludable corrección de buena parte de los desequilibrios que nos condujeron al desastre de la depresión actual y, por tanto, son precondiciones para salir de ella.

Ahora bien, mientras todos estos elementos se combinan para mejorar progresivamente la situación de nuestra economía, otros se conjugan para mantenerla deprimida. En concreto, no sólo la deuda pública ya ha alcanzado el 90% del PIB, sino que el déficit sigue estancado en torno al 7%. ¿Puede la economía española resistir a medio plazo esta dinámica espiral de creciente endeudamiento e insolvencia pública? A corto plazo es evidente que sí: las compuertas de crédito barato de Draghi están preparadas para frenar cualquier contingencia y las del Banco de Japón ya han inundado todos los mercados mundiales. Pero a medio plazo las espadas siguen en alto: el Gobierno ya ha proclamado a los cuatro vientos que no piensa minorar ni una pizca adicional el gasto público y que toda la circular cuadratura del déficit vendrá por unos mayores ingresos fiscales fruto de una mayor actividad.

Si estuviéramos inmersos en un fortísimo proceso de recuperación y de creación de riqueza, el cálculo presupuestario podría tener sentido, pero pocos –muy pocos– anticipan tal escenario para España en el próximo lustro. No sin razón: para que España no sólo no se estabilice sino que empiece a crecer con fuerza, necesitamos reemplazar buena parte de nuestro tejido productivo y para ello requerimos de cantidades ingentes de nueva inversión. De momento, el volumen de inversión dentro de España se halla en mínimos de la pasada década y, aun siendo cierto que la inversión directa extranjera está comenzando a remontar algo el vuelo, uno no deja de plantearse cómo conseguirá captar nuestro país varios cientos de miles de millones de euros sin resolver previamente una cuestión trascendental –si vamos a seguir o no dentro del euro– que a su vez depende de dos factores poco tranquilizantes: que nuestro volumen de deuda pública no nos lleve al default y que se mantenga una cierta estabilidad política que no opte por una exponencial rapiña generalizada.

Esos dos elementos, que no sólo no están resueltos sino cada vez más enmarañados, son los que me hacen temer que el lento pero sano reajuste que está experimentando el sector privado caiga en saco roto. No porque España esté condenada sin remisión al desastre, sino porque los político que nos gobiernan han convertido el expolio de la escasa riqueza que comenzamos a crear desde el sector privado en la vía para costear su sobredimensionado sector público.

El caso de una empresa llamada España

Acaso se entienda mejor mi argumento con una analogía de esas que tanto desagradan a los keynesianos pero que tan útiles resultan. Supongamos que España es una empresa que entre 2001 y 2007 se hiperapalancó para efectuar ruinosas inversiones inmobiliarias y para disparar el tamaño de su estéril burocracia interna. En 2008, los mercados en los que esperábamos colocar esas megainversiones ladrilleras se nos cierran definitivamente y, lógicamente, entramos en pérdidas. Para sobrevivir, a la compañía no le quedó más remedio que reorganizarse internamente para fabricar nuevos productos que sí tengan mercado, amasar unos ciertos beneficios con su venta y comenzar a amortizar su extraordinaria deuda. Tras mucho sufrimiento, muchas torpes decisiones y mucha ayuda exterior (ajuste monumental de plantilla, contención de salarios, refinanciación excepcionales de sus bancos, etc.), la empresa llamada España llega a 2013 en una situación precaria pero comenzando a presentar unos ínfimos beneficios consolidados de incierta estabilidad. Ahora bien, no sólo esos beneficios son de momento ínfimos para dar credibilidad al repago del enorme monto de deuda, sino que uno de los departamentos dentro de la empresa (el de la inútil burocracia) está fundiéndose la mayor parte de los mismos en costear su funcionamiento. Por si ello fuera poco, a dos años vista se estima que puede haber un cambio en la dirección de la empresa que propugne una rapiña más intensa de los frágiles departamentos productivos para alimentar al ya gigantesco departamento burocrático.

¿Acaso diríamos que esta empresa está salvada? ¿Acaso pensaríamos que los beneficios obtenidos durante un par de trimestres implican que jamás volverá a experimentar pérdidas? ¿Acaso pensaríamos que el repago de su gigantesca deuda está más que asegurado sobre tan endebles bases? Es más: en caso de que la expoliadora dirección anunciara una ampliación de capital, ¿acudiríamos entusiastas a ella pensando que es un completo chollo? Mi hipótesis es que no y por buenas razones. ¿Que la empresa puede terminar levantando cabeza? Sin duda. ¿Que adolece de una fragilidad tan extrema y de una burocracia tan extractiva y reticente a los cambios que la muy verosímil hipótesis de un trágico desenlace sigue plenamente en vigor? Desde luego.

Como ya expuse en mi análisis de la cuestión de hace medio año: “Sin una radical rectificación en esta sede resultará muy complicado que la todavía muy endeudada  y descompuesta España salga adelante. No basta con que haya brotes verdes; lo esencial es que éstos arraiguen y crezcan con fuerza, de ahí que las prisas del sector público por segarlos y devorarlos sean, tanto ayer como hoy, nuestra mayor amenaza”. No sé si ello me coloca en la bancada pesimista o en la optimista: me limito a constatar que seguimos viajando en un barco todavía muy alejado de la costa que se halla repleto de agujeros y cuyo capitán está chiflado. Sí, quizá tras haber tapado unos poquitos agujeros lleguemos a algún puerto y logremos salvarnos; y quizá por ello sea buen momento para recalcarles a los marineros que no todo está perdido y que no hace falta que recurran al suicidio preventivo. Pero tampoco seré yo quien grite ‘Tierra’ y quien exhorte a los tripulantes a que se deshagan de sus botes salvavidas. Y no por celo de prudencia, sino por simple constatación de nuestra triste realidad.

Vacaciones pagadas, o no

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Agosto, España paralizada un año más salvo en las zonas costeras donde los hoteles acogen a turistas, los chiringuitos sirven paellas sin parar y los aviones no dejan de aterrizar y despegar. La Europa productiva busca el sol que no tiene en sus tierras para pasar las vacaciones mientras la Europa no tan productiva también descansa.

Se puso de moda aquello del mileurismo (hoy muchos ni llegan a eso) para remarcar lo mal pagados que estábamos los españolitos. Pero lo que no se tienen en cuenta son las 14 pagas, el mes de vacaciones pagadas y el medio mes de festivos. También tendríamos que añadir un sinfín de permisos que ya le costó muchas críticas y trending topics a José de la Cavada, responsable de Relaciones Laborales de la de la CEOE, cuando osó poner en duda la necesidad de los permisos definidos por ley como el que se le da a un trabajador cuando fallece un familiar.

La ilusión del bienestar nos hace creer que las vacaciones que disfrutamos cuando trabajamos las paga la empresa. La realidad es bien distinta, ese mes que no trabajamos en realidad se descuenta de lo que podría ser nuestro hipotético salario, al igual que los festivos y permisos. De lo contrario cobraríamos más y cada cual se cogería los días según sus preferencias, unos pueden tener más interés en ganar dinero en un momento de su vida y otros disfrutar de tres meses junto a sus hijos mientras no tienen colegio. El salario debería ligarse a la productividad y no al marco rígido de una ley o convenio que trata por igual a una multiplicidad de gente que puede tener intereses no solo diferentes sino que además pueden ser opuestos.

No es una cuestión de restaurar la esclavitud sino de libertad, libertad entre el empleado y el empleador que deben pactar libremente las condiciones del trabajo. En nuestra sociedad de empresarios que viven a la sombra del poder y se aprovechan de los trabajadores esto tal vez no sea posible pero en un mercado laboral libre en el que ni patronales ni sindicatos secuestren a los individuos sí sería posible. No se trata de disfrutar de tener unas vacaciones que nos descuentan obligatoriamente del salario sino de nuestra capacidad para renunciar en un momento dado a esa parte de salario y disfrutar de las vacaciones, en agosto o en enero, un mes o tres días. Se llama libertad, debe ser para todos y no deberíamos tenerle miedo.

Estocolmo

Escrito por Laura Mascaró en . Publicado en Artículos en prensa.

Se nos está atrofiando la voluntad por falta de uso. Por eso permitimos que venga gente como Gallardón a decirnos cómo hemos de vivir nuestras vidas. Su última amenaza legislativa es la imposición de la custodia compartida a discreción del juez, a quien permite hacer caso omiso de la preferencia de los padres, sea ésta cual sea. No vengo a discutir si la custodia compartida es una buena o mala solución. Pienso que es una solución ideal para algunas familias y un trastorno para otras y eso no hay juez que lo pueda determinar.

Por desgracia la custodia compartida se ha usado durante años como arma arrojadiza en la guerra del género, probablemente a consecuencia de la persistente discriminación a la que los tribunales han venido sometiendo a los padres (hombres), imponiéndoles regímenes de visitas estandarizados, impidiéndoles tomar parte en la gestión del dinero destinado a sus hijos y negándoles la custodia por principio. Si a esta ecuación le sumamos la legal atribución del uso de la vivienda al progenitor custodio, aún cuando la nuda propiedad correspondiera al no custodio, el perjuicio causado resulta bastante evidente. De ahí que, sin llegar a justificarlo, uno pueda comprender que surgiera un movimiento de padres pro custodia compartida.

Probablemente terminará, igual que sucedió con las pensiones alimenticias y los regímenes de visitas, en una estandarización de la custodia compartida impuesta. Esto es, ignorando las peculiares características y situaciones de cada familia y de cada uno de sus miembros. Ignorando lo que de verdad es mejor para una familia determinada y los posibles acuerdos a que pudieran llegar. Ignorando que hay cuestiones que pertenecen al ámbito estrictamente privado y que ninguna ley ni ninguna resolución judicial debieran tratar de atajar. Parece ser que el ministro de justicia y sus compinches se quedaron con la anécdota del juicio de Salomón pero no captaron la moraleja. 

Lo peor, sin duda, es la utilización maquiavélica de ese reciente principio del “interés del menor” que inventaron hace algunas décadas, la rendija por la que se cuela la imposición arbitraria de las más absurdas medidas, sustituyendo a la voluntad de los padres (y del propio menor) por las decisiones rutinarias del juez de turno. Principios como éste justifican situaciones de inseguridad jurídica simplemente cambiando la denominación del hecho. La inseguridad jurídica es la falta de claridad en la ley, la existencia de cajones de sastre donde quepa todo o casi todo, permitiendo que entren en la legalidad hechos que a priori habrían estado fuera de ella. Cada vez que eso sucede nos alejamos un poquito más de lo que debería ser un Estado de Derecho. El riesgo de rendirse ante la evidencia es alto y las consecuencias, graves. Asumimos que nuestra voluntad es una tara, agachamos la cabeza y acatamos las órdenes. El sistema funciona a la perfección. La infantilización de la población es necesaria e imprescindible para el control y sometimiento de la población. Cuando la población se convence de que los abusos cometidos contra ella se deben a un interés superior que revierte en “su propio bien”, el proceso de sometimiento está completo. El verdugo ha ganado gracias a la inestimable colaboración de sus víctimas. Sucede a diario y cada vez en un espectro más amplio. El peso de la bota es tan grande que nos hemos insensibilizado a su dolor. Lo disfrutamos, incluso, porque es por nuestro propio bien.