Ir al contenido principal

Etiqueta: Dinero y sistemas financieros

Con Conthe no han podido

De modo que sólo puedo imaginarme la sensación que produce tener la voluntad de imponerse sobre los demás y creerse con la capacidad de tumbar cualquier oposición, pero me da la impresión de que José Luis Rodríguez Zapatero la conoce perfectamente.

Fíjense, si no, en el caso Endesa. Acuerda entregársela a Gas Natural a 21,30 euros por acción, de los cuales se paga en dinero dos terceras partes, y financiando parte del coste con la venta de una parte de los activos a Iberdrola. Como quiera que ese acuerdo tiene sentido en un patio de colegio o de prisión, pero no en un mercado abierto, E.On ve la oportunidad de adquirir la empresa española a muy buen precio (27,50). Gas Natural no tiene con qué enfrentarse a la alemana, pero Zapatero sí, o al menos eso es lo que hace ver desde el comienzo.

Apela al nacionalismo; él, que no cree en España. Cambia la legislación para dar más poder a la CNE, ese organismo risible, y utilizarlo para hacer menos atractiva a E.On la compra de la española. ¿Qué en el "corazón de Europa" le dicen que allí los Tribunales no son como la fiscalía española? ¿Qué le recuerdan que no le van a permitir saltarse las leyes? Ahí se las den todas, mientras tanto tiene tiempo para imponerse.

Como E.On avanza impertérrita, mueve los hilos buscando alguna empresa española que la frene. Suenan varios teléfonos, pero es el de Acciona el único que da buen resultado. La empresa entra, pero no logra detener a los alemanes. El Gobierno barrunta un acuerdo de la empresa de los Entrecanales con E.On, y le basta con hacer mención de la regulación sobre energías renovables, la gran apuesta de Acciona, para que ésta responda en primer tiempo de saludo. No hay trato con E.On. Aún así, todo indica que los alemanes se llevarán el gato al agua, de modo que Zapatero pactó con Prodi la entrada de Enel.

Adam Smith ya advertía del error de quienes ven la sociedad como un tablero de ajedrez, porque aquí las fichas tienen su propio impulso. Nuestro iletrado presidente no lo ha tenido en cuenta y ha topado con un alfil rebelde: Manuel Conthe, que ya se había atrevido a poner en evidencia que un periodista de la SER fue el encargado de entregar en la CNMV un dossier contra Francisco González; un hombre así resulta imprevisible. Conthe, hasta donde yo sé, no es un hombre dado a compromisos. Y, hablemos claro, se ha negado a ser una pieza más en la estrategia zapateril y tiene más aprecio por su dignidad y su persona de lo que Zapatero es capaz de concebir. Como en todas, en esta historia hay un elemento que mantiene abierto el final: que hay personas que, como Manuel Pizarro o Manuel Conthe, no tienen miedo de alzarse sobre sus pies.

Endesa y el capitalismo de Estado

¿Verdad que suena bien? Ni rastro de dirigismo político ni de intervencionismo reprochable. Pura y simple libre competencia.

Lo siento, pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

El caso Endesa es un ejemplo de lo que pasa no en un auténtico sistema capitalista, sino en el capitalismo corporativista, también conocido como neoliberalismo o capitalismo de Estado.

El capitalismo corporativista, a diferencia del liberalismo, se caracteriza porque el Estado utiliza su poder político para influir y orientar las decisiones de los individuos. Impuestos, subvenciones y regulaciones son sus rasgos diferenciadores. Es cierto que los individuos son libres para elegir, pero están sometidos a la fiscalización, la supervisión y el control del Estado.

La OPA de Gas Natural sobre Endesa estuvo diseñada desde el principio para pagar réditos electorales a los aliados del Gobierno socialista y manejar la compañía, merced al control que los políticos ejercen sobre las cajas de ahorro. El PP se opuso a la operación so pretexto de una supuesta concentración monopolística de poder, pero lo que pretendía era conservar su influencia en Endesa gracias a Caja Madrid.

Ya expliqué en su momento por qué desde un punto de vista liberal no cabía criticar la oferta de Gas Natural sobre Endesa por el tamaño resultante de la empresa, sino únicamente por el origen y el calado políticos de la operación. Por supuesto, para un poder político cualquier recurso a la demagogia es bueno, con tal de que satisfaga sus sus aspiraciones.

La aparición en escena de E.On, el 20 de febrero de 2006, pareció dar un respiro al PP y encabritó al PSOE. La oferta de Gas Natural parecía exigua ante lo que estaba dispuesto a pagar la alemana. Si todo terminaba así, el PSOE no podría cumplir sus compromisos y, lo que era peor, tomar el control de la primera eléctrica española.

Los engranajes del Estado se pusieron en marcha para tratar de obstaculizar la operación. Al día siguiente Zapatero se dirigía en tono mafioso a Bernotat para advertirle de que el Gobierno no aprobaba la OPA de E.On. En un sector tan altamente regulado como el eléctrico, Zapatero recordó a aquél que el marco regulatorio y la rentabilidad prevista para Endesa no eran "reales".

Dicho y hecho: unos días después, el Gobierno aprobaba un decreto-ley (recordemos que, según la Constitución, sólo pueden dictarse en caso de "extraordinaria y urgente necesidad") por el que se ampliaban las competencias fiscalizadoras de la CNE, controlada por el PSOE, para abarcar la OPA de E.On. Tal era la situación de acoso que, en la reunión que mantuvieron en abril Angela Merkel y Zapatero, la canciller alemana pidió al Gobierno español que respetase las reglas. Petición que, obviamente, el Ejecutivo socialista no atendió.

En julio, la CNE aprobaba unas durísimas condiciones para la OPA, entre las que destacaban la obligación de vender el 15% de los activos de Endesa y la de ceder algunos activos a empresas españolas.

E.On quería comprar; el Gobierno y la CNE, ponerle tantas trabas que finalmente desistiese de hacerlo. Tal fue la cacicada que incluso la ultraintervencionista Comisión Europea protestó airadamente y exigió que las condiciones fueran retiradas.

El Gobierno, consciente de que sus intenciones estaban quedando al descubierto y de que su táctica era insostenible, decidió entonces seguir un camino mucho más sibilino.

En los mercados de capitales es común que los inversores recurran a los brokers para ocultar su identidad. Así no descubren sus cartas; y si existen oportunidades de beneficio son capaces de aprovecharlas con disimulo. Pues bien, el Gobierno se buscó su propio broker: Acciona. Así, el 25 de septiembre la empresa de la familia Entrecanales compró el 10% de Endesa.

Recordemos que E.On comunicó su intención de adquirir Endesa el 20 de febrero. Siete meses después, la alemana no había adquirido ninguna acción de ésta, mientras que Acciona se hizo rápidamente con el 10%. La razón fue que la Ley del Mercado de Valores española, con la absurda excusa de proteger al pequeño inversor, obligaba a que toda empresa que quisiera adquirir más del 25% de una compañía lanzara una OPA.

Sin embargo, como vemos, el procedimiento para lanzar una OPA es lentísimo (y carísimo). Hasta el 16 de noviembre la CNMV no autorizó la oferta pública de adquisición. En todo este período Acciona pudo ir adquiriendo porcentajes inferiores al 25% de Endesa sin necesidad de lanzar una OPA y someterse a un proceso tan rígido. Así, el 20 de octubre ya controlaba el 20% de la compañía.

No es de extrañar que el Gobierno, inserto de lleno en este cambio de táctica, intentara lavar su imagen retirando buena parte de las condiciones que la CNE impuso a E.On. Simplemente, ya no las necesitaba.

El problema es que Acciona no podía comprar más de un 25% sin presentar una OPA, así que el Gobierno, tras reunirse en Ibiza con Prodi, concertó la participación de otro actor: la empresa pública italiana Enel, que adquirió en febrero de 2007 otro 10% de la compañía. Unas semanas después, Enel compraba hasta el 24%, de nuevo sin necesidad de acudir al lentísimo procedimiento de la OPA.

Aun cuando Endesa se encontraba ya en su práctica totalidad en manos de Enel y Acciona, E.On decidió a la desesperada aumentar el precio de su oferta hasta los 40 euros por acción, lo cual fue autorizado por la CNMV con la restricción de que no podría volver a incrementar el precio de la OPA. Siendo conscientes de ello, Enel y Acciona filtraron el rumor de que ya estaban dispuestos a lanzar una OPA a 41 euros la acción, deshaciendo así cualquier posibilidad real de E.On.

Si además tenemos en cuenta el profundo control que el Gobierno sigue ejerciendo sobre las empresas eléctricas españolas (hasta el punto de que fija sus precios), ¿a alguien le extraña que E.On decidiera retirar su OPA?

No, todo esto nada tiene que ver con un sistema capitalista. E.On no debería haber sido acosada con chantajes y regulaciones políticas; y, lo que es más importante, debería haber tenido la opción de comprar las acciones de Endesa en cualquier momento en que sus propietarios hubieran estado dispuestos a vender, sin necesidad de pasar por rígidas y lentas supervisiones.

El matonismo inicial del Gobierno dio paso al aprovechamiento de la ley en beneficio de quien ha sido capaz de bordearla: Enel, Acciona y el PSOE. Quien quiera ver en todo este despropósito un ápice de libre mercado, simplemente se equivoca. Una operación con futuro empresarial ha sido sustituida por otra cuyo principal reclamo son las recompensas por el buen servicio que pueda dejar caer el Gobierno español.

De momento, la historia, como ya predijera el pitoniso Zapatero, ha terminado con un final feliz para el Gobierno. Con todo el arsenal legislativo a su favor, lo extraño habría sido lo contrario.

Así que ya sabe: si quiere invertir en grandes empresas españolas, más le vale tener buenos contactos en las altas esferas políticas. Si no recurre a las burocracias corruptas, no obtendrá resultados, por muy rentables que pudieran ser. ¡Y a esto algunos lo llaman capitalismo!

La protección del inversor

El caso Endesa y la reforma de la Ley del Mercado de Valores ha vuelto a colocar de actualidad la idea de que el Gobierno tiene la misión de proteger a los inversores en los procelosos mercados de capitales. Bajo esta perspectiva, los pequeños accionistas tienen una especial predisposición a ser engañados por grandes y poderosos grupos económicos que podrían llegar a dilapidar los ahorros de toda una vida.

La protección frente a las ofertas públicas de adquisiciones es amplia pero me gustaría comentar una imposición en concreto: la obligación de lanzar una OPA por la totalidad del capital cuando se adquiera un cierto porcentaje de acciones (en la nueva ley el 30%).

En principio, la finalidad de la norma es que la adquisición de las compañías tenga un carácter "público" de modo que todos los inversores tengan tiempo de estudiar las condiciones de la oferta y exigir una prima superior a la que podrían obtener si las adquisiciones fueran secretas, no anunciadas y mediante comisionistas. En realidad, la normativa es un completo despropósito que destruye todos los incentivos para el aprendizaje financiero por parte de los inversores y que dificulta la reasignación de recursos hacia los nuevos proyectos empresariales.

Recordemos que una acción es una parte del capital de una compañía que da derecho a esa parte del capital y a las rentas futuras (beneficios) que genere. Dado que los beneficios futuros todavía no se han realizado y son inciertos, los inversores no capitalizan completamente esas rentas futuras en el precio de las acciones sino que las descuentan según su lejanía temporal (preferencia temporal) y la incertidumbre que puedan percibir (aversión al riesgo).

Cada individuo, en función de sus expectativas sobre las rentas futuras, de su preferencia temporal y de su aversión al riesgo estará dispuesto a desprenderse de las acciones por un precio determinado. Precio que será superior al valor presente de esas rentas futuras y que, por tanto, será mutuamente satisfactorio. Por consiguiente, cuando un gran inversor o una gran empresa quiere adquirir a otra es porque a) prevé que la compañía opada logrará beneficios superiores a los que esperan sus actuales propietarios, b) está dispuesta a esperar más tiempo para conseguirlos, c) tiene más confianza en la empresa.

El punto a) puede alcanzarse bien porque la empresa adquiriente tiene mejor información que los propietarios actuales (por ejemplo, porque cree que la demanda de sus productos se incrementará sustancialmente) o, lo que es más común, porque se cree capaz de reorientarla y mejorar su gestión actual.

La imposición de que toda adquisición se efectúe mediante oferta pública pretende que los accionistas actuales tengan la ocasión de exigir un precio superior, bien porque sospechen que la empresa opante tiene información que ellos no, o porque quieran apropiarse de parte de los mayores beneficios futuros que engendrará el nuevo proyecto. Las adquisiciones secretas, en cambio, no modifican las expectativas de los propietarios por lo que pueden hacer que vendan las acciones sin ser conscientes del mayor precio que podrían obtener.

Pero, ¿por qué motivo un accionista ha de tener el derecho a quedarse con parte de los beneficios que todavía no se han realizado y que no ha sido capaz de anticipar o, lo que es peor, con los beneficios que generará el nuevo empresario? El derecho de propiedad sobre una acción da derecho a elegir si vender o no hacerlo, pero no a elegirlo con un determinado nivel de información. De hecho, los propietarios que se desprendan más rápidamente de sus acciones serán los que anticipen menores beneficios futuros, los que los juzguen más inseguros o los que sean más impacientes por realizarlos. ¿Por qué debe privilegiárseles frente a unos adquirientes que confían en el futuro y la solidez de la empresa?

Las condiciones de adquisición que impone la legislación elevan sistemáticamente los precios de compra y desincentivan el aprendizaje y la búsqueda de información por parte de los inversores, confiados en que llegado el momento el Estado les protegerá. Por ambos motivos, el capital se asigna más ineficientemente entre los proyectos empresariales y muchas operaciones que podrían ser rentables a precios más reducidos no llegan a efectuarse.

La concesión de privilegios a algunos inversores equivale a la atrofia de los mercados financieros y de la sociedad de propietarios. Los movimientos empresariales quedan controlados, supervisados y fiscalizados por el Estado, quien les marca el paso y restringe su creatividad, y los consumidores son peor servidos de cómo podrían serlo.

Si, como dijo Mises, una sociedad pasa a ser socialista cuando los mercados de capitales han sido nacionalizados, deberíamos empezar a preocuparnos.

Una historia de la que aprender

La primera es que los liberales siempre hemos tenido razón abogando por la abolición de cualquier institución que pretenda regular la economía. La tiranía de las buenas intenciones sólo es la supremacía de la oligarquía política a expensas de las acciones descentralizas del hombre libre. Una sociedad que pretende encontrar su bienestar por medio de la imposición de la ley es una sociedad que jamás podrá funcionar bien ni conforme al principio de libertad y prosperidad.

La segunda, que las acciones humanas son infinitamente más complejas de lo que parecen y que los grandes salvadores de nuestras penas no son más que charlatanes y oportunistas que no hacen más que vendernos sueños que jamás van a cumplir ni tienen intención de convertirlos en realidad.

La CNMV, con casi 20 años a sus espaldas, jamás ha evitado un escándalo, ni ha mejorado la trasparencia del mercado, ni ha hecho tal cosa abstracta como velar por la buena formación de los precios. Lo cierto es que ha sido más bien al revés; la CNMV siempre se ha visto envuelta en un profundo obscurantismo, ha sido protagonista de venganzas políticas, decisiones partidistas y ha hecho cerrar a muchas empresas honestas con leyes que sólo tenían por misión aumentar los costes a las pequeñas firmas, los famosos "chiringuitos financieros", para reducir la competencia a las grandes compañías financieras. Corporativismo de libro. En los noventa a esto se le llamó "capitalismo de amiguetes", pero cuando esta forma de gestión política nació en la Italia de los años veinte se le llamaba economía del fascismo, esto es, el mantenimiento y organización de un mercado controlado por el Estado y sus instituciones.

A esto hemos de sumar los beneficios de la rentable extorsión al libre mercado, auténtica razón de la existencia de estas instituciones de control que a los políticos siempre se les olvida mencionar. En el año 2005, la CNMV obtuvo unos resultados positivos de 24,5 millones de euros, de los que la mitad terminó en las arcas del Estado. No está nada mal para una organización que no produce absolutamente nada.

Si algo deberíamos haber aprendido de la lección de Endesa es que la unión entre el Gobierno omnipotente y sus instituciones de fiscalización a la libertad sólo conducen al despotismo de la oligarquía política y al beneficio económico de sus grandes aliados. En el caso de Endesa, éstos han sido la eléctrica semipública Enel y la privada Acciona, muy próxima al entramado PSOE-PRISA y que ya acumula unos beneficios superiores a los mil millones de euros con esta operación. ¿Aún cree que si la CNMV u órganos como la Comisión Nacional de Energía (CNE) no hubiesen existido la situación habría sido peor? El Gobierno ya es de por sí suficiente molesto para la economía; no deberíamos permitir que monte organismos extra para crearnos más dificultades y problemas.

Las consecuencias de la manipulación del dinero

En países como Estados Unidos están viviendo lo que puede ser el inicio de una crisis anunciada y que en algún momento llegará aquí. El mercado de la vivienda empieza a retroceder y está repercutiendo directamente en la economía financiera.

Uno de los grandes detonantes del actual estado de volatilidad del mercado ha sido la aparente crisis del carry trade debido a la reciente subida de los tipos de interés del Banco de Japón. El carry trade es una inversión apalancada que se realiza en una divisa cuyos tipos de interés son más bajos que el crédito de los activos que van a ser comprados en otro país. Por ejemplo, pedimos una hipoteca denominada en yenes. Pagamos una cuota muy baja ya que el tipo oficial a corto plazo de Japón está al 0,5% para comprar una casa en España. El problema surge cuando el yen sube como está ocurriendo. En ese momento vamos a tener que devolver el dinero más caro de lo que lo hemos adquirido, luego perdemos. No sólo eso, sino que además estamos financiando un activo a largo plazo (20, 30 años o el término de la hipoteca), con otro de corto plazo. La enganchada puede ser monumental. El carry trade en general, no sólo el hipotecario, mueve más de un billón de dólares, por lo que la subida del yen es una buena razón para el nerviosismo norteamericano.

A esto se ha sumado en Estados Unidos la crisis de las hipotecas subprime (secundarias) que son las concedidas a clientes de alto riesgo, esto es, a aquellos clientes con poca o nula capacidad de financiar proyectos a largo plazo. Las empresas que conceden este tipo de préstamos se endeudan con otras entidades financieras para ofrecer financiación a terceros a un mayor tipo de interés para compensar el riego. Las subprime representan el 20% del mercado hipotecario americano. El problema es que estás empresas tienen los días contados, de hecho, empresas como Central Pacific Mortgage o la gran New Century Financial Corp. están en quiebra. Esta última, por ejemplo, no puede hacer frente a los créditos que tiene con grupos como Merrill Lynch, Citigroup o Morgan Stanley. Por tanto, éstos también tienen un problema, y gordo.

La Bolsa se ha hecho eco de esta situación y sólo se está traduciendo en pérdidas, especialmente en la banca. Las noticias en España no acompañan, parece que vamos de cabeza y a toda velocidad en la misma dirección que Estados Unidos: la deuda bancaria de los españoles se ha doblado desde 2002 (entrada del euro), pasando de 15.500 euros por cabeza en ese año a los poco más de 31.000 euros en 2006 según la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). Como no podemos con los pagos, ¿qué hacemos los españoles? Nos endeudamos más aún: la reunificación de créditos aumenta. Curiosamente, esas empresas que están quebrando en Estados Unidos se dedicaban precisamente a esto. ¿Y todo esto qué provoca? Que el ahorro familiar se hunda a cotas anteriores a las del año 2000. El ahorro es una de las piezas clave para una economía sana, y está desapareciendo. Además, en España la deuda hipotecaria roza el nivel del PIB y la subida de tipos por parte del BCE harán aumentar la morosidad.

No es que esto sea el fin, pero tampoco son precisamente buenas perspectivas. Las empresas aún están teniendo muy buenos resultados y los ratios empresariales son más que aceptables. Además, los márgenes de intermediación de las entidades de crédito aún son amplios y pueden soportar cierto grado de pérdidas, pero está claro que este modelo de economía no es sano ni deseable. Algo falla aquí. Teóricamente, estas cosas no tendrían que ocurrir, porque para eso los gobiernos crearon los bancos centrales. Pero éstos no sólo no evitarán una crisis en el futuro, sino que la están provocando.

Los bancos centrales son los responsables de la emisión de dinero y la "estabilidad de precios". En lugar de estabilizar los precios con altos tipos de interés acordes a las necesidades reales productivas han forzado con su política monetaria expansiva y populista algo que jamás tendría que haber ocurrido. Han generado enormes cantidades de papel moneda que no está respaldada por nada y lo han lanzado al mercado. Las consecuencias están a la vista: inflaciones crediticias (no confundir con el IPC) imposibles de asumir por el ciudadano medio que ve subir mes a mes los precios y sueldos que se mantiene igual que la década de los 90. Antes de la creación de los bancos centrales nunca había habido antes tantas crisis globales de tanto calado.

Si los bancos centrales siguen manipulando nuestro dinero como si fuese suyo y sin responsabilidad, las crisis seguirán ocurriendo de forma crónica. La solución pasa por eliminar a estos planificadores monetarios y recobrar un sistema sano y próspero como fue el patrón oro.

Una nueva herramienta de inversión: los ETF

Los ETF (Exchange Trade Funds) están siendo ya considerados por muchos analistas financieros como el instrumento de inversión del siglo XXI. Se trata de unos fondos de inversión de características similares a los tradicionales, con la principal novedad de que cotizan en los mercados bursátiles como un valor más.

Los fondos de inversión, como todo el mundo sabe a excepción de los "luchadores por otro mundo más justo", son cestas de valores gestionadas por una entidad especializada, abiertas a la participación de particulares como medio de ahorro y de inversión. Por su propia estructura, el partícipe de un fondo de inversión tiene que asumir unos gastos derivados de los costes de comercialización del producto y de la propia gestión del mismo, lo que hace que la rentabilidad final del fondo se vea disminuida en mayor o menor grado, dependiendo de la política de costes establecida por la matriz que gestiona la inversión. Además, al tratarse de una cesta de valores adquirida por la gestora con vocación de continuidad, en ocasiones el suscriptor es penalizado económicamente si vende su participación en un plazo inferior al mínimo establecido por las normas del fondo en cuestión, con el añadido de que en muchos casos se requiere una inversión mínima bastante elevada para poder participar en el fondo.

Los ETF, por el contrario, no detraen al cliente ninguna cantidad en concepto de costes de gestión, puesto que no se trata de una cesta compleja de valores que hay que "cuidar" vigilando cotizaciones o tendencias y adoptando decisiones de compra-venta según la coyuntura, sino que directamente el producto EFT cotiza en bolsa como un valor más y, por tanto, su comportamiento será el que dicte el mercado, no el equipo de gestores. Además, no existe ninguna penalización por desinvertir en el producto, como no la hay cuando uno vende acciones bursátiles (más allá de la retención fiscal que el Estado aplica a estas operaciones financieras).

Otra ventaja adicional, y no menos importante, de los ETF es que las bajadas en la cotización de una acción se ven sensiblemente amortiguadas por su pertenencia a una cesta de valores más compleja. Esta diversificación hace que el nivel de riesgo sea muy inferior al de la inversión directa en acciones.

Hay ETF que replican los distintos índices bursátiles, otros que aglutinan valores de un determinado sector productivo, etc., de forma que el inversor puede seleccionar aquél producto que más se acomoda a su perfil de ahorrador.

En definitiva, se trata de una interesante mezcla entre acción y fondo de inversión, que aprovecha los movimientos rápidos del mercado propios de la primera, con la diversificación del riesgo que caracteriza al segundo. La proyección para los próximos cinco años según la tendencia actual es que esta fórmula de ahorro e inversión crecerá a un ritmo del 33% anual. Habrá que ir preguntando en nuestra gestora de confianza.

Conthe y las regulaciones masivas

Evidentemente, esto significa más control y burocracia para las empresas cotizantes y más poder para la CNMV, medidas que no llevarán a nada positivo.

La burocratización del mercado siempre nos conduce a una ralentización del mismo; no sólo a nivel global, sino también particular. Por ejemplo, todos sabemos que una empresa con un alto grado de burocracia o normativas internas se vuelve torpe, resta recursos económicos y humanos enfocados a los clientes para desviarlos hacia el control interno y desaniman a los actores económicos que participan, ya sean clientes, trabajadores o accionistas. Si así ocurre en una empresa concreta, ¿por qué no ha de ocurrir cuando algún ingeniero socio-económico las impone por la fuerza a todo el sector? Si Conthe se dedica a burocratizar el mercado financiero sólo conseguiremos desanimar a los inversores y a los procesos naturales de mercado como OPAs, OPVs, fusiones, etc., creando un sobrecoste artificial. Excepto para la CNMV, claro, que ganará poder dejando estéril una parte del terreno económico.

Otro gran problema del control burocrático de Conthe son los abusos reales del regulador. ¿No se tendría que sancionar a la CNMV por culpar falsamente a empresas como Martinsa cuando el regulador la acusó de filtrar información privilegiada? Si tanto le gusta la transparencia a Conthe, ¿no tendría que informar de las razones por las que cierra una empresa y hace despedir a 50 personas como ha ocurrido recientemente con el caso Vetusta? ¿No tendría que ser sancionada la CNMV, o al menos investigada, en el caso Gamesa? La empresa en cuestión tuvo malos resultados y antes de la publicación oficial de los mismos se los envió a la CNMV. Al rato, y antes que la información llegase al mercado, la cotización de Gamesa llegó a perder hasta un 2%.

Si se burocratiza el mercado sólo conseguiremos que sea la burocracia la que se compre y se venda. Los burócratas ni son infalibles ni son mejores moralmente que nosotros. La gran diferencia entre el regulador y una empresa, entre el alto burócrata y un particular, es que los primeros dictan las leyes pudiendo pasar por encima de ellas cuando les conviene, mientras que los demás sólo podemos obedecerlas.

Los "males" que muchos ven en el libre mercado y la sociedad no se erradican con prohibiciones ni miles de leyes. Si así fuese, la respuesta a todos los problemas de la humanidad serían facilísimos: instaurar un estado comunista mundial y matar la libertad para siempre. Cuando alguien así ha actuado en el pasado en nombre del bien común sólo ha producido tragedias irreparables. El señor Conthe está haciendo con las empresas que cotizan en bolsa lo mismo desde que ocupó su cargo: luchar contra lo que considera injusticias del mercado debido a su erróneo concepto de la economía, creando injusticias más grandes que todos pagan y que sólo benefician a unos pocos.

La situación del euro cinco años después

Hace un lustro tuvimos ocasión de ser partícipes en uno de las medidas más publicitadas de la Unión Europea, el euro. El uno de enero de 2002 se introdujeron en la mayoría de países pertenecientes a esta organización los billetes y monedas de esta divisa, retirándose las antiguas.

Los motivos aducidos por los gobiernos de estos países para dar dicho paso fueron varios. Entre ellos se mencionaban la eliminación del riesgo de tipo de cambio en las transacciones intracomunitarias, la supresión de costes de conversión entre estos países, la transformación de esta moneda en una divisa reserva a nivel internacional y la estabilidad de los agregados macroeconómicos de los países pertenecientes a la zona euro.

Cinco años después cabría preguntarse si la introducción del euro ha sido un fracaso o un éxito. Si atendemos a los criterios de los responsables de la eurozona, la implantación de la moneda ha sido todo un éxito que ha respondido a todas las expectativas depositadas. Así, los costes de comerciar entre países de la zona euro han decrecido (al haber desaparecido los costes de cambio) y han disminuido los costes asociados a las exportaciones extracomunitarias (al gozar de mayor aceptación el euro en el exterior que las antiguas divisas nacionales). También se ha convertido en moneda reserva de distintos bancos centrales no comunitarios, por lo que la convertibilidad con otras monedas nacionales es más sencilla.

No obstante esta opinión favorable al éxito no es ni muchísimo menos unánime si se realizan encuestas a los usuarios de las monedas. Es muy común en España encontrar opiniones personales de que la inflación se ha disparado con el euro, en Alemania una encuesta mostró cómo el 1 de junio de 2005 un 56% de los encuestados era favorable a la vuelta del marco, y cómo distintos partidos nacionalistas franceses e italianos pedían el regreso del franco y la lira, respectivamente.

Quizás para medir el éxito o fracaso de esta moneda deberíamos examinar el motivo por el que existen las mismas. Durante gran parte de la historia de la humanidad no existió nada similar a la moneda, ya que las transacciones entre los distintos individuos se llevaban a cabo mediante el trueque. Fue con el florecimiento de las civilizaciones del neolítico cuando surgió la moneda de manera espontánea. Con la especialización del trabajo y el aumento de la oferta de bienes llegó a hacerse inviable realizar las transacciones económicas mediante el trueque. Era posible que una persona desease un bien de otra, pero que a la última no le atrajese ningún bien de la primera. Para ello se emplearon bienes líquidos como herramienta de pago, que todo el mundo estuviese dispuesto a aceptar, como los metales preciosos o la sal.

Por lo tanto tenemos que el primer motivo por el que se emplean las monedas, independientemente de su tipo, es para poder efectuar transacciones con otras personas. No obstante ése no es el único motivo. Otro segundo motivo para demandar monedas es el ahorro. Puede que, en un día determinado, una persona obtenga cierta cantidad de dinero que no piensa emplear en ninguna transacción, y que simplemente decida quedarse con la misma para poder realizar otras en un futuro inmediato o lejano.

Atendiéndonos a las bases por las que existe el dinero y si lo aplicamos al euro obtenemos dos resultados contrapuestos. El euro como herramienta de intercambio ha resultado un éxito, ya que ha sido adoptado por los ciudadanos de los distintos países de la eurozona sin mayores inconvenientes. Cierto es que legalmente estaban obligados a ello y que aunque no hubiesen querido hacerlo, los gobiernos de dichos países habían definido como único medio de pago legalmente vinculante al euro.

Si atendemos al dinero como herramienta de ahorro nos encontramos sin embargo, con que los resultados no son tan halagadores. Según un informe de la Comisión Europea el 93% de los europeos percibe como el valor de dicha moneda se ve erosionado por la inflación. Esta impresión que comparten muchos ciudadanos ha sido tachada como errónea por los gobernantes europeos refugiándose en el valor del IPC (índice de precios al consumo) del país y de la eurozona. No obstante, la inflación simplemente se trata de la pérdida de valor que sufre una moneda, mientras que el IPC es un una media ponderada de la subida de precios de una determinada cesta de bienes que es elaborada por distintos organismos estadísticos estatales.

Como indicativo de la inflación se pueden emplear varios índices. En primer lugar tenemos la oferta monetaria. Existen varios indicadores habituales para medir esta magnitud, de los cuáles, los más habituales suelen ser M1 (dinero efectivo en circulación más depósitos a la vista), M2 (M1 más los depósitos a plazo) y M3 (M2 más cesiones temporales de dinero, fondos del mercado monetario y valores distintos a las acciones con vencimiento inferior a los dos años). Atendiendo a este último valor el crecimiento de la masa monetaria ha sido del 8% anual, valor superior al de los últimos años de la peseta. Estos datos también se pueden corroborar por la subida de precios de productos relacionados con el ahorro. Así el valor monetario de dos de los principales productos de ahorro, la vivienda y las acciones, ha subido espectacularmente durante estos años del euro, lo que evidencia que como instrumento de ahorro el euro no ha sido todo lo brillante que se auguraba.

Aunque el éxito del euro como medio de transacción pueda parecer tan brillante que de alguna manera compensa su fracaso como herramienta de ahorro, lo segundo no se trata de asunto baladí. Como bien explicaban los escolásticos españoles, la inflación es el más injusto de los impuestos, ya que recae especialmente en los individuos más pobres de la sociedad (cuyo instrumento de ahorro es fundamentalmente la moneda) y se trata de un impuesto que no ha sido aprobado por el parlamento. Además esta pérdida de valor de la moneda es motivo de imposición por parte de las administraciones tributarias, ya que al comprarse y venderse un determinado bien, se produce una plusvalía ficticia, causada por el envilecimiento de la moneda, pero que sin embargo es tratada como un enriquecimiento personal y se encuentra sujeto a imposición.

Por tanto, cinco años después de la introducción de la moneda única, cabe concluir que se han cumplido los objetivos trazados inicialmente en cuanto a herramienta de intercambio, pero que ha fracasado como medio de ahorro, al no sólo no haber enmendado la tasas de inflación existentes con las antiguas monedas nacionales, sino haber empeorado con el aumento de la oferta monetaria, envileciendo el ahorro de los ciudadanos europeos.

Hasta el BCE lo admite: con el euro somos más pobres

Un reciente informe de la Comisión Europea muestra que el 93% de los europeos asocia la introducción del euro con un aumento de los precios. Esta afirmación también la han apuntado los ciudadanos de los países de la ampliación, donde el 45% de las personas confirma que con la divisa paneuropea los precios han subido. ¿Pero es una realidad o una falsa percepción?

El propio Banco Central Europeo (BCE) ha reconocido este efecto euro, es decir, la pérdida de poder adquisitivo, aunque como siempre se ha presentado como el salvador de la situación que ellos mismos han creado, minimizando además el impacto negativo de la moneda en nuestras vidas. Este negativo golpe no sólo se ha producido en España, sino en toda Eurolandia, pero nuestro país ha sido junto a Francia el más castigado.

De entrada, los servicios y productos que más consumimos –que viene a representar un 40% de nuestro gasto total– se han encarecido de media un 60% según la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU). Según los análisis, la barra de pan y la cerveza han doblado su precio, un café con leche ha subido un 80%, la peluquería y la tintorería un 20 y 21% respectivamente y bienes como la vivienda han subido un 156% desde 2001 (último año con pesetas). ¿Y los salarios? Sólo han subido un 13,5%. Así pues, es evidente que somos más pobres.

La razón, en parte, de esta pérdida de poder adquisitivo ha sido la excesiva emisión de agregados monetarios por parte del BCE. Este fenómeno no es nuevo. Desde la monopolización del dinero por parte del Estado los aumentos inflacionistas son constantes, creando ciclos y crisis. Uno de las variables más seguidas para ver la evolución de la inflación es el agregado M3, o masa monetaria, que es uno de los componentes de la llamada oferta monetaria, que en España se ha mantenido en crecimientos de alrededor del 8% según el Banco de España cuando, antes del euro, oscilaba alrededor del 6% (que ya era alto). Si se inyecta más dinero a la economía (o lo que es lo mismo, crece la oferta monetaria y con ella la M3) y la producción se mantiene constante esto se traduce en inflación, que no hay que confundir con la diferencia de precios relativos de los productos, que en sí no es nociva porque este aumento relativo ya incorpora un incremento de los salarios adaptándose a todo el conjunto de la estructura productiva del país o zona geográfica concreta.

Tanto el BCE y la prensa, que se cree y no analiza todo lo que le dice el regulador, siguen echando la culpa de este encarecimiento al redondeo, pero tal explicación es absurda. Primero porque si efectivamente hubiese sido una subida inflada de los precios "sin razón" por parte de los empresarios habría existido una contracción de la demanda reequilibrándolos otra vez: es un principio de economía básico. Si no llegamos a final de mes, dejamos de gastar, lo que acaba produciendo una contracción de los precios. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario con el euro. A pesar de la pérdida de poder adquisitivo aún hemos gastado más, esto es, nos hemos endeudado más porque la gran cantidad de liquidez nos lo ha permitido. Esta liquidez nos ha dado la sensación de riqueza, cuando en realidad sólo hemos tenido un envilecimiento de la moneda que nos ha traído menos poder de compra.

También es absurdo pensar que el gran aumento en el precio de la vivienda (156%) haya sido por el redondeo. Aquel que lo aumenta el precio de 20.000 en 20.000 euros no está redondeando, sino subiéndolo sin más. Culpar a los empresarios de semejantes "manipulaciones" no es más que un intento del BCE para exonerarse de la nefasta "estabilización de precios" que practica. Con estas excusas insulta a los consumidores, dando a entender que somos tan bobos que sólo gastamos como robots sin seguir nuestras cuentas personales, pero si así fuera el sentido de competencia entre empresas no tendría sentido, y todos los productos, servicios, comisiones, etc. serían los mismos en todas las empresas. Además, ya no tendríamos dinero tras los primeros meses de la entrada del euro porque nos lo habríamos gastado todo.

Desgraciadamente el futuro a corto plazo no pinta muy bien viendo la evolución de la M3 a la que antes aludíamos ya que, según el mismo BCE, ha aumentado un 9,3% y ningún banco central es amigo de mantener tipos de interés altos por la poca popularidad política que tienen. La actitud del BCE no parece la más adecuada para solucionar el problema que ha creado.

La inflación crediticia no es el único factor que nos ha hecho aumentar los precios. El expansionismo regulatorio, el incremento continuo de la presión fiscal y el resto de abusos del Estado sobre el mercado han contribuido a la desastrosa situación en la que nos encontramos y nos espera.

La planificación central no sirve ni en la mal llamada "economía productiva", ni en la financiera, ni en la monetaria. No es más que socialismo y, por tanto, pobreza. Los burócratas de Maastricht tendrían que dejar de manipular tanto nuestros ahorros, gastos e inversiones con el manejo fraudulento del dinero e implementar un sistema monetario sano y eficiente como ya fue, por ejemplo, el patrón oro, para eliminar también esa corte de funcionarios del BCE que, como ya hemos visto, sólo sirven para empeorar nuestras vidas.

Argentina: la crisis del intervencionismo monetario

El 27 de marzo de 1991 fue sancionada en Argentina la Ley de Convertibilidad Austral por la que se establecía un tipo de cambio fijo entre el austral y el dólar en una cuantía de 10000 a 1. Posteriormente el austral sería sustituido por el peso convertible, cuyo tipo de cambio con el dólar pasó a ser de 1 a 1.

En otras palabras, la convertibilidad del peso con el dólar establecía que toda emisión de nueva moneda por parte del Banco Central estaría respaldada por un incremento de dólares en sus activos: la ley configuraba la responsabilidad de que todo pasivo (peso) tuviera su correspondiente activo (dólar).

En sus primeros años de funcionamiento, la Ley de Convertibilidad logró detener la hiperinflación que estaba sufriendo Argentina al respaldar su divisa con un activo con suficiente credibilidad como es el dólar. Las deudas del banco central (sus pasivos o pesos) parecían tener ahora una mayor calidad.

Los problemas vinieron durante la década del 1991-2001. Mientras la economía creció un 40%, el gasto público se multiplicó por dos. Buena parte de ese incremento fue financiado a través de la emisión de deuda pública denominada en dólares y adquirida por extranjeros.

En enero de 1998 el gobernador del Estado brasileño de Minas anunció el impago de la deuda pública y posteriormente el gobierno brasileño devaluó el real. Esto encareció y hundió las exportaciones argentinas, dando lugar a un empeoramiento de la situación económica del país, a una mengua de la recaudación fiscal y a un incremento del riesgo país con el derivado aumento del coste de financiación. Todo ello agravó aún más la situación de las arcas públicas.

En 2001 el pago de la deuda ascendía a 12.000 millones de dólares y para el período 2003-2005 alcanzaba los 40.000. El previsible impago (en diciembre de 2001 el Parlamento decretó el impago de toda la deuda externa entre gritos de "Argentina, Argentina") hundió el valor de la deuda pública, lo cual redujo el valor de los activos de los fondos de pensiones y, especialmente, de los bancos comerciales.

Dado que la deuda formaba parte de los activos de los bancos, la caída de valor imposibilitó que éstos pudieran atender al pago de sus deudas con los acreedores (depósitos a la vista).

En este contexto de crisis bancaria se aprobó el célebre corralito, por el cual los argentinos sólo podían retirar una pequeña cantidad diaria de dinero en efectivo por semana o bien "transferir saldos mediante cheque, giro o transferencia", en otras palabras, se permitía que otro se subrogara en la posición de acreedor frente al banco pero no que ejecutara su crédito para cobrar en efectivo. Este corralito interno fue acompañado por su corolario externo, esto es, la prohibición de extraer más allá de una cierta cantidad de dinero del país.

El objetivo de esta retención de fondos en los depósitos bancarios tenía bastante poco que ver con tratar de conceder más tiempo a los bancos para que lograran atender a sus deudas y pasara el pánico bancario ya que, de hecho, el corralito sólo logró estimularlo y magnificarlo con las famosas caceroladas.

En realidad, la finalidad del gobierno era la de confiscar los depósitos de los argentinos derogando la ley de convertibilidad peso-dólar y luego devaluando el peso en un 40%, de manera que los bancos sólo tuvieran que responder por un importe del 60% de sus deudas originales, aun cuando restituyeran el 100% del nominal en el peso devaluado.

Para que entendamos la jugada plutocrática: imagine que deposita 1000 litros de aceite en un banco agrario. El banco consume 500 litros de ese aceite y al cabo de un mes entra en bancarrota. Usted acude a la ventanilla y pide que le devuelvan los 1000 litros, pero obviamente éstos ya no están en reserva. Para evitar el incumplimiento contractual el gobierno emite una ley que redefine la unidad de litro como 500 mililitros. El "nuevo litro" tiene la mitad de líquido real que el "antiguo litro", pero ello permite al banco agrario devolverle los 1000 "nuevos litros" de aceite.

La convertibilidad fracasó precisamente porque el excesivo endeudamiento público deterioró la calidad de la deuda y de este modo los activos del banco central y de los bancos comerciales. La imposibilidad de atender la deuda envileció el peso, hizo caer en un 25% el PIB del país y confiscó a los ahorradores argentinos y extranjeros más del 40% de su dinero.

Lo más gracioso de toda la historia, sin embargo, es que los socialistas siguen atribuyendo la crisis argentina al mal funcionamiento del sistema capitalista. Será que el déficit desbocado, la monetización de la deuda o el monopolio del dinero son recetas típicamente liberales hacia la prosperidad.

En cualquier caso, si la experiencia argentina algo ilustró fue la teoría austriaca del ciclo económico y las nefastas del intervencionismo monetario que permite prever. No es posible crear riqueza convirtiendo las piedras en pan ni el papel en crédito solvente; una lección importante que se suele aprender demasiado tarde.