Ir al contenido principal

Etiqueta: Fiscalidad

Cuando un mínimo superávit no es suficiente

Escrito por Raquel Merino Jara en . Publicado en Análisis diario.

El economista alemán del XIX Adolph Wagner, figura central de la Escuela alemana del socialismo de Estado, dio origen a la que se conoce como la "ley de Wagner". Ésta sostiene que el crecimiento económico tiene gran peso en el gasto público y, por ende, en las funciones que crecientemente asume el Estado. Así, el gasto público tiende a crecer de manera más rápida que la producción del país.

No nos debería extrañar esta ley tras lo vivido en los últimos años de esplendor económico español con pies de barro. Como tampoco nos asombra el resultado final de todo ello: una explosión de la deuda pública desde el año pasado que hace tambalear no sólo los cimientos de la economía nacional sino de la Unión Europea y su moneda común.

El Estado, durante los años de ese grandioso auge económico y crediticio que experimentamos hasta 2007/2008, gozó de ligeros superávits públicos o de equilibrios presupuestarios, lo que redundó en que la deuda pública (sobre el PIB) apareciera completamente bajo control.

Pero ¿y el gasto público y, más aún, los compromisos públicos? Qué pasó con ellos. ¿Se cumplió la "ley de Wagner"? Huelga decir que sí. Ahondaremos en las razones que suelen aducirse para explicar el significativo incremento de gasto público durante los años del boom. Aunque no todas se corresponden con las motivaciones aportadas por el propio autor, de cuya teoría manaba más el ideal comunal y de Estado (capaz de dirigir centralizadamente la producción de manera más eficiente) que tanto admiraba.

El primer motivo aducido por el autor es que una sociedad más rica es más compleja, por lo que genera grupos más divergentes. Las demandas de servicios o bienes públicos por parte de este ramillete de grupos (¿de interés?) son superiores y variadas. Se necesita más gasto público para atender a necesidades diversificadas (razón no le falta y los grupos de interés bien lo saben).

La segunda razón se asienta en que progreso y riqueza económicos inflan el gasto estatal en tanto que la "demanda de gasto público tiene una elasticidad a la renta superior a uno". Lo que esto significa es que un incremento porcentual de la unidad en la renta nacional (por ejemplo, PNB) generaría un incremento superior al uno por ciento en el gasto público debido a la naturaleza de los bienes y servicios que aprovisiona el Estado. Dado que el tipo de bienes y servicios que se arroga el sector público es de lujo o superior, ante incrementos en la renta o ingresos nacionales, el gasto necesario para poner en marcha los nuevos servicios será superior. Ello producirá, bien déficits fiscales, bien un efecto expulsión del sector privado (que tendrá que consumir menor proporción de las crecientes rentas al derivarse más fondos a gasto público).

En palabras del propio Wagner: "Interpretada desde el punto de vista económico-nacional, esta ley significa la creciente extensión absoluta, y también relativa, de la forma de organización pública junto a, y en sustitución de, la económico-privada dentro de la economía pública".

Esta ley ha sido frecuentemente discutida y ha habido innumerables intentos de validarla empíricamente. En todo caso, la hipótesis es más que plausible en el contexto económico en que se enmarca (creciente PIB), y no debemos ningunear el poder (y el peligro a largo plazo) de la misma: que las economías en crecimiento impulsan el aumento del Estado en una proporción superior al de la propia economía.

Pero la "ley de Wagner" no sólo se cumple por los argumentos expuestos por su autor, centrados en el lado del gasto. El ciclo económico, en su fase de auge, tiene un papel determinante en una variable no mencionada aún: los ingresos fiscales. Ya se ha comentado que los años del boom se caracterizaron por presupuestos aparentemente saneados (en el periodo que va de 2000 a 2004, entre +1% y 0,2%; y ya déficits no muy significativos del -1% al -2% entre 2005 y 2007).

Pero ésta se trataba de una situación engañosa. La recaudación fiscal pareció emanar del cuerno de la abundancia durante estos felices años merced a la fuerte actividad económica, acarreando un riesgo a largo plazo para las arcas públicas por la falsa percepción de bonanza perpetua. El gasto público creció al ritmo en que lo hicieron los ingresos fiscales. Es decir, todos esos ingresos fiscales del auge se gastaron en su totalidad, comprometiendo gasto estatal de todo tipo y condición para ejercicios futuros, lo que acabó por impedir la capacidad de reacción del sector público cuando la actividad económica se desplomó a partir de 2008.

Y tras 2008, pasó lo que cabía esperar, que la recaudación, a partir de ese año, pero, sobre todo, de 2009, se hundió por el fango y que una gran parte del gasto comprometido en el boom resultó ser muy rígido a la baja. Y ahora, quién le pone el cascabel al gato. Fatal desenlace tras la actuación de nuestros supuestamente prudentes dirigentes políticos durante el auge, que exprimieron el presupuesto al máximo con fondos provenientes de unos ingresos públicos inflados e irreales en el largo plazo (por la propia naturaleza de la burbuja inmobiliaria) y que en la crisis y recesión irremediablemente colapsaron. Por no hablar de las políticas de gasto que desde 2008 se pusieron en marcha, con los rescates bancarios, los "planes E" y las crecientes prestaciones por desempleo (inevitables éstas por el fuerte desempleo), que no hicieron sino echar más gasolina al fuego (pero ahí ya entramos en otra fase del ciclo económico, la crisis y recesión, que no pretendo abordar en este artículo).

Sí, Rubalcaba, la burbuja inmobiliaria no se frenó a tiempo. De hecho, se hizo lo posible por alargarla y acabó frenándose sola, tarde y mal. Pero a quién le interesaba entonces pararla. ¿A una demagoga clase política –ayuntamientos, autonomías, gobierno- que veía la oportunidad de consagrarse en el poder de manera casi perpetua, recaudando a espuertas y prometiendo aún más, al tiempo que a la ciudadanía poco le importaba el destino de sus impuestos porque tenía trabajo, acceso al crédito fácil y creciente valoración patrimonial? Y no nos detengamos en el sector bancario, ahora sometido a una dramática insolvencia… Bien sabemos que no interesó a nadie en aquel momento, pero si había un agente social al que menos preocupó fue al gobierno, empeñado, a través de su Ministerio de la Vivienda, en que, primero, pareciera que no existía "burbuja" y luego, en que ésta no "estallara".

¿Por qué no lo frenasteis, Rubalcaba y Zapatero (y Aznar)? Pues porque la avaricia recaudatoria y confiscatoria del Estado no tiene fin. Quién es el verdadero Scrooge aquí: aquel empresario a quien su "avaricia" durante el boom le cava su propia tumba o aquellos irresponsables que nunca se verán obligados a liquidar sus activos, a cerrar ni irán a prisión -cosa que sabemos sí pasa en las empresas privadas-, y que no hacen más que abrir fosas durante el auge para meternos a todos dentro tras la orgía de deuda pública de la recesión (que nos traerá más impuestos, devaluaciones, hiperinflaciones…). Cómo se ve la paja en el ojo ajeno… y no el "edificio" en el propio.

Efectivamente, como se colige de la "ley de Wagner", el crecimiento del tamaño del Estado, vía ingresos, fue de una proporción superior a lo que crecía la economía medida en términos de PIB. Esto es consecuencia de que los ingresos fiscales reaccionan como un resorte amplificado ante la coyuntura económica (tanto durante el auge como en la crisis). Esta sensibilidad o elasticidad de los ingresos ante variaciones del PIB viene explicada principalmente por tres razones.

  • La primera de ellas, la progresividad fiscal y la reducción del desempleo hacen que un incremento de la renta nacional redunde en una recaudación fiscal superior al alcanzarse tramos superiores de rentas (sobre todo, en lo que respecta a gravámenes como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas –IRPF–).
  • Asimismo, los impuestos indirectos que recaudan las diferentes Administraciones Públicas también son sensibles al ciclo económico. El número de transacciones de este tipo de bienes en la economía se multiplica considerablemente (piénsese no sólo en el IVA, sino en los impuestos especiales, como la gasolina o bebidas alcohólicas, o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados -ITP/AJD-).
  • Por último, y quizás de mayor importancia recaudatoria, están los beneficios empresariales, de los que el Estado ingresa el Impuesto de Sociedades (IS). Estos crecen en una proporción muy superior a las ventas durante la fase expansiva del ciclo, principalmente, por el aprovechamiento de las economías de escala. (Avanzamos que durante la contracción también las pérdidas serán más sensibles a la caída de las ventas, lo que significa que el sector público verá muy mermada su recaudación).

Puestos a decir, durante los felices años de la abundancia (de crédito y gasto) en España, las políticas fiscales que se pusieron en marcha ni siquiera pueden considerarse keynesianas. Se trató de simple estatismo despilfarrador. Keynes en todo caso abogaba, por ejemplo, por reservar las obras públicas para la recesión (y no durante el auge). Asimismo, sabiendo que en la recesión los déficits se van al 7 y hasta el 10%, como ha sucedido en España en 2009 y 2010, los superávits durante el auge deben estar permanentemente por encima del 5%, lo cual no debe suceder a costa de subir impuestos, sino de no asumir más gastos y compromisos… Así nos va.

Lo realista es apostar por la libertad

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

El pasado sábado Alberto Recarte publicó su quinta entrega de lo que se ha llamado “Informe Recarte 3”. En ella, el presidente de Libertad Digital detalla su propuesta de reforma fiscal para cumplir con el objetivo de déficit con el que el actual gobierno se ha comprometido en los próximos años.

De forma resumida se basa, por una parte, en recortar gastos suprimiendo duplicidades en las administraciones públicas, reformando éstas para que su funcionamiento sea más eficiente y, por otra, en subir los impuestos indirectos (aunque también menciona una subida del IRPF para las rentas “más altas”) mientras se baja el impuesto de sociedades y se traslada parte del coste de la seguridad social, que hoy en día se financia por medio de cuotas que abonan las empresas en nombre de sus empleados, al IVA.

Por lo que entiendo de estas medidas, asume que el gasto no se va a poder reducir lo suficiente como para cumplir el déficit, por lo que apuesta por subir ciertos impuestos, sobre todo especiales, para cubrir el exceso de gasto, mientras reestructura IVA, IRPF y sociedades para que las empresas soporten menos impuestos, que serán trasladados al consumo y a penalizar aún más a los trabajadores altamente cualificados. Además, al estar los sueldos blindados por los convenios colectivos, opta por la bajada igualitaria de salarios por medio de reducciones de las cuotas de la SS, que obviamente tendrán que ser compensadas con la correspondiente subida de IVA al no proponer el cambio del sistema de reparto (esquema ponzi) a un sistema de capitalización. Con ello se supone que las empresas españolas ganarían cierta competitividad sin que los sindicatos puedan hacer nada.

Por lo que se ve es un plan de rescate en toda regla para mantener a flote el sistema actual a expensas de una clase media que va a soportar la mayor parte de la subida de impuestos recibiendo a cambio unos servicios que cada vez serán peores.

Como es evidente no estoy de acuerdo con ningún punto de los que se compone este plan. No hay ninguna razón para que los gastos no puedan ser recortados hasta cumplir el déficit, y mucho más allá, sin tener que subir impuestos. Y, como ya expuse, trasladar las cuotas de la SS a los impuestos indirectos es sólo una forma de engañar a los asalariados que no resuelve el problema de fondo: el sistema de reparto es una estafa.

Ante este rechazo, ciertas personas, mayormente conservadores pero también algunos liberales, me acusan de soñador o radical. Me recuerdan que vivimos en un país socialista y, por tanto, unas reformas en profundidad son imposibles; “mejor esto que nada” afirman, vaticinando que podemos terminar como Grecia si no llegamos a un acuerdo de mínimos que salve al Estado de la quiebra.

Mi respuesta es la que titula este comentario; no porque suene bien o me quiera agarrar a mis principios sino porque es la verdad. Un socialista tiene que renunciar a buena parte de su ideología cuando llega al poder, no porque quiera llegar a un consenso de mínimos con los que no compartimos sus ideas, sino porque sabe que las suyas nos llevarían a todos a la ruina, incluido a ellos mismos, en unos pocos años. Ellos tienen que ser realistas, nosotros lo somos de partida. Y por eso mismo no tenemos que renunciar a la realidad para amoldarnos a una visión socialista que lo enfanga todo, que nos lleva a la ruina pero con el agravante de ser ésta escogida por nosotros mismos. Un castigo por no ser lo suficientemente valientes como para escoger nuestro destino sin importar lo que pensará cierta parte de la población, más o menos numerosa, que hace tiempo que dejó de interesarse en cómo poder salir adelante por ellos mismos para centrarse en cómo vivir a costa de los demás.

¿Utópico? No, lo utópico es pensar que se puede renunciar a nuestras ideas, la única arma que tenemos, y que no nos van a apuñalar con las suyas en cuanto las circunstancias sean más propicias. No, así no funcionan las cosas. La única forma de avanzar en nuestra libertad es defender siempre y en cualquier circunstancia nuestras ideas. ¿Que no son mayoritarias? ¡Qué más da!, ya se encargará algún político de consensuarlas con el resto de las ideas imperantes en ese momento. Y cuando ese consenso vuelva a fallar, ahí estaremos nosotros para recordar que no hemos pedido ningún consenso sino más libertad. Pero si al realizar propuestas partimos de un sometimiento al socialismo que anula casi por completo cualquier avance de la libertad, entonces y sólo entonces podemos dar por seguro que la realidad se impondrá y nosotros seremos desechados con el resto de malas ideas que nos han llevado al desastre.

El liberalismo se convierte en neoliberalismo y no queda nadie para defender la libertad. Y entonces es cuando entendemos, demasiado tarde ya, que lo realista habría sido apostar por ella.

Terapia de choque

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Tras el pistoletazo de salida dado oficialmente por el Consejo de Ministros el pasado lunes, se abre uno de los periodos de mayor incertidumbre de la reciente historia de España, dentro de una generalizada crisis mundial.

El futuro nunca está escrito, pero, como en una pesadilla, parece que van concatenándose las peores consecuencias de las políticas gubernamentales con otros acontecimientos que conducen a un desastre de difícil arreglo por mucho tiempo.

No se repetirá bastante hasta qué punto el gobierno saliente ha emponzoñado la vida de los españoles, ha arruinado sus expectativas de prosperidad con sus recetas keynesianas de desenfrenado gasto público e intervencionismo, ha despedazado los escasos resquicios de sometimiento al Derecho que parecían salvaguardados en la Constitución y ha conculcado las libertades individuales. Su irrupción tras la conmoción por los crímenes de lesa humanidad del 11-M, cuyo esclarecimiento impide, no pudo ser casual.

El supuesto partido de la oposición tampoco se queda a la zaga de la culpa en todo este drama. En lugar de forjar un discurso alternativo consistente contra la degradación institucional y la destructiva gestión económica socialista, ha reculado en las ocasiones que planteaba críticas certeras, cuando no se ha prestado a seguir la corriente o al pasteleo más obsceno.

En este sentido, los estertores de esta agonizante legislatura de Rodríguez Zapatero al frente del gobierno muestran a las claras que la casta política española mantiene tratos similares a los clanes mafiosos. No solo el portavoz del Partido Popular en el Senado despidió al presidente del gobierno con unos inmerecidos buenos deseos, confundiendo la buena educación con el compadreo, sino que este partido pergeñó un apaño con el gobierno para aprobar por vía de urgencia una prevaricación legislativa que permitirá a jueces y fiscales que saltaron a la política volver directamente a sus anteriores puestos con efecto retroactivo. Esta medida de recolocación parasitaria, a expensas del contribuyente, privilegiará a diputados, ministros y ex ministros, así como a sus homólogos autonómicos, y anticipa aún más manipulaciones partidistas del poder judicial. Hace años la misma Ley del poder judicial se reformó –se dijo– para evitar casos de saltimbanquis como el juez Garzón. Aquella cínica frase acuñada por el ministro de Justicia (¿?) Bermejo para defender en un momento u otro los trapicheos con la ETA, "cuando lo aconseje la jugada", ha vuelto a desplegarse como auténtica fuerza motriz de la putrefacta política española.

Dentro de este panorama desolador, los españoles han sido llamados a las urnas el próximo 20 de noviembre por una casta política especializada en medrar para sí misma y sus amigos, gracias a la voladura de todos los controles, incluso en las condiciones económicas más penosas para los demás. Su miopía no resulta incompatible con la cruda defensa de los intereses más primarios de sus miembros.

La "gracia" de estirar la legislatura hasta hacer coincidir las elecciones generales con el aniversario de la muerte del anterior dictador impide en cualquier caso que cualquier gobierno presente un presupuesto para 2012 antes de fin de año. Ese presupuesto, dadas las condiciones del sistema, sería el principal instrumento para atajar el desbocado déficit fiscal por la vía de la reducción del gasto, habida cuenta de que la coyuntura internacional convierte en suicida el recurso al endeudamiento por parte de un gobierno que puede verse obligado a suspender pagos en cualquier momento. Todo ello suponiendo que ese gobierno eligiera políticas sensatas. Evidentemente, podría alargar la agonía del Estado del Bienestar, puesta de manifiesto con esta crisis económica, y prestar atención a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de subir los impuestos, al mismo tiempo que se prorrogan los presupuestos vigentes.

Paradójicamente, el mismo sistema democrático imperfecto, diseñado para tomar demasiadas decisiones colectivamente, se presenta como la única oportunidad de derrocar a un gobierno que quiere sucederse a sí mismo, encabezado por otro candidato que juega a ser antisistema cuando es uno de los principales muñidores del mismo. Las actuaciones del Partido Popular y la magnitud de los problemas acumulados hacen pensar, empero, que incluso una derrota sin paliativos de la actual mayoría social nacionalista (con la ETA al fondo) no redundaría por sí misma en una mejora de la situación. Para ello haría falta que el gobierno surgido de una mayoría distinta adoptara una terapia de choque valiente y escapara, despacio pero sin pausa, de la dialéctica política dominante forjada a lo largo de muchos años en los medios de comunicación y el sistema educativo formal. No puede aceptarse que la política gire alrededor de un pacto con una banda de asesinos dispuestos a sacar tajada de poder de sus crímenes y el terror impuesto durante muchos años. Ni que simplezas tan cacareadas por los socialistas de todo pelaje como la "preservación de lo público" o "los derechos sociales" oculten la realidad de lo que significan, que no es otra cosa que el aprovechamiento de la coacción estatal para otorgar ventajas particulares a grupos concretos que se convierten en clientes de la extorsión a los demás. Tampoco que los gobiernos autonómicos pugnen por sustituir la hidra del gobierno central ampliándola e impongan su corrupción aldeana y la arbitrariedad como práctica habitual en sus dominios.

Por el contrario, se trataría de gestionar la transición desde las ruinas de este estado del bienestar, liberticida e inviable, al Estado de derecho y a la economía de mercado. No hay nada malo en que ese estado mínimo adopte, además, una forma simétricamente federal. Y de plantearlo abiertamente. A medio plazo, estos cambios profundos conllevarían reformas constitucionales y de tratados internacionales, pues la positiva interdependencia alcanzada entre los pueblos de la tierra gracias a tímidas liberalizaciones del comercio mundial requiere zafarse del corsé ordenancista que los tiene sometidos a todos. Sería mejor que los encargados de pilotar esas reformas estuvieran convencidos de lo que tienen que hacer, ya que deberían explicarse eficazmente a personas que no han conocido otro sistema y no son conscientes de que la libertad y el bienestar general dependen de su desmantelamiento.

Llegados a este punto, querido lector, pensará que el que suscribe está soñando. Sin embargo, debe pronunciarse con claridad a dónde se quiere llegar para vencer las suspicacias de muchos denostadores del liberalismo y del libre mercado. La gravedad de la situación, en medio de la descomposición del malhadado estado de bienestar en todos los países donde se ha instaurado, exige esta terapia de choque con vagas resonancias de las políticas inconclusas emprendidas en los países del Este tras el derrumbamiento del socialismo soviético. Se trata de que la rapidez en los cambios permita percibir inmediatamente los efectos perseguidos, que son conseguir mayores cotas de libertad y prosperidad general.

La reducción del gasto público, única vía para evitar la recesión económica

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

La evolución de la economía de España dependerá de que un próximo Gobierno logre implementar satisfactoriamente una drástica reducción del gasto público como condición previa para lograr una salida de la recesión económica.

De otro modo, el lastre del gasto "social" de las administraciones públicas hará que el hundimiento de la economía española sea aún más profundo. Es decir, en caso contrario, la recuperación será una travesía larga y aún más penosa durante el transcurso de la presente década.

Ya se comentaron algunos ajustes microeconómicos imprescindibles para introducir competitividad en la economía española y también la importancia de introducir límites constitucionales al déficit presupuestario, los tributos y el endeudamiento. A continuación, por su importancia a corto plazo, nos centraremos en analizar la urgente necesidad de reducir el gasto público.

1. Gasto público en España

El gasto público total del año 2011 esta presupuestado en 362.459,62 millones €. Si se analiza su composición en el cuaderno blanco de los Presupuestos Generales del Estado 2011, comprobamos la magnitud del cáncer presupuestario en la economía española, ya que se consumen los recursos de los pagadores de impuestos con una triple metástasis: el gasto social, el gasto de las administraciones territoriales y el gasto en endeudamiento soberano.

Un ajuste presupuestario serio debería provenir principalmente del gasto social, dado que asciende a 183.230,91 millones € lo que significa un 50’55% del presupuesto público de la Administración General del Estado (AGE).

Es preciso señalar que, como el gasto social ya consume un 50,55% y el endeudamiento otro 20,47%, tan sólo queda un 28’98% del gasto público que corresponde a los servicios públicos de la AGE (17,17%) y a las transferencias a las administraciones territoriales (8,47%) y a la Unión Europea (3,34%).

2. Gasto en endeudamiento de los PGE 2011

El gasto público total del año 2011 está presupuestado en 362.459,62 millones € con un 20,47% comprometido en el pago de la deuda soberana (74.196,53 millones €). Esto implica que al pago del endeudamiento del Estado se dedican uno de cada cinco euros presupuestados, lo que es ya de por sí una cifra que manifiesta la mala gestión realizada en los últimas dos legislaturas. Y el endeudamiento deja tan sólo un 79’53% para poder hacer recortes.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2011 fueron realizados con una previsión de crecimiento del 1,3% PIB y una disminución del desempleo del 0,3%. Por otro lado, el Ministerio de Economía y Hacienda tuvo en cuenta un tipo de interés del alrededor 4% en los bonos de deuda soberana de España de septiembre de 2010 y una prima de riesgo de 200 puntos básicos respecto del tipo de interés en Alemania.

Sin embargo, tal y como señaló el Instituto de Estudios Económicos, las previsiones económicas realizadas por el Gobierno fueron erróneas. Por el lado de los ingresos públicos, el crecimiento del PIB estará entre el 0,4% y el 0,8% en lugar de en el 1,3% empleado para calcular los PGE 2011, por lo que los ingresos serán menores de lo inicialmente previsto.

Y, por el lado del gasto público, los PGE 2011 plantearon un recorte del 12% (11.000 millones €) respecto de las cuentas del 2010, pero no mencionaban que parte de ellos consistían en los recortes ya efectuados por 7.900 millones € durante la crisis de deuda del año 2010. Por tanto, el ahorro "real" es de 3.100 millones € en los PGE 2011 respecto del año anterior. Por otro lado, si el desempleo parece que aumentará en un 0,5 % en lugar de la previsión gubernamental de descender un 0,3%, significaría un coste adicional en torno a los 1.500 millones de €.

El escenario económico y financiero está empeorado sustancialmente ya que, a fecha del 4 de agosto de 2011, el tipo de interés de bonos españoles era del 6,2% y la prima de riesgo llegó a rebasar en algunos momentos los 400 puntos básicos, lo que significa un sobrecoste de gasto de "endeudamiento" en torno a los 25.000 millones € y, por tanto, un 6,89% adicional en el gasto público, que podría llegar a ser efectivo si en algún momento el Banco Central Europeo dejase de comprar la deuda soberana española.

3. Gasto de las administraciones territoriales 

Algunos entendemos que el gasto en administraciones territoriales es susceptible de ser recortado, dado que hace tiempo que urge implementar planes de austeridad autonómicos y municipales, lo que se justifica si tenemos en cuenta los numerosos casos de corrupción y de clientelismo político y sus 2,7 millones de empleados públicos.

Probablemente, se requiera una reducción del número de municipios, la eliminación de las diputaciones provinciales, la fijación de sanciones por rebasar límites de déficit y endeudamiento, y un severo plan de austeridad que incluyese un recorte de los empleados y presupuestos públicos de las administraciones territoriales para evitar las duplicidades con la administración central y la ociosidad en los más de 2’7 millones de empleados públicos.

Por el contrario, un recorte presupuestario adicional en la AGE es posible pero su alcance sería siempre limitado, teniendo en cuenta que ya se redujeron 7.900 millones € el año 2010 y que se recortan otros 3.100 en el año 2011, aparte de haber asumido en exclusiva los recortes efectuados por el actual Gobierno. Por proporcionar algunas cifras interesantes, de los cerca de 675.000 trabajadores que había en la AGE en el año 1978, ahora apenas cuenta con 592.000 personas, muchas de ellas atendiendo servicios públicos básicos (Seguridad Interior, Justicia, Defensa y Política Exterior), que son aquellos que garantizan la seguridad (interior, jurídica y exterior) de los ciudadanos para poder actuar en libertad y que suponen 19.731,10 millones €. Es decir, sólo 5’44% del presupuesto público.

 4. Recorte del gasto social en los PGE 2012

Si queremos evitar que el tridente que erosiona el gasto público paralice la economía española durante la presente década con el gasto social, el gasto en administraciones territoriales y el gasto en endeudamiento, será preciso que el Gobierno realice un nuevo Plan de Austeridad equivalente al recorte de 79.000 millones € en Italia.

Teniendo en cuenta que las elecciones en España serán en los próximos meses, un nuevo Gobierno no tendrá tiempo de aprobar nuevos presupuestos por lo que habrá que prorrogar los PGE 2011 para usarlos en el año 2012 lo que supondrá un grave problema, dado que no contemplan el sobrecoste de los intereses de la deuda soberana de España, ni los incumplimientos del Gobierno del ínclito Sr. Rodríguez Zapatero, ni la deuda oculta en ayuntamientos, autonomías o empresas públicas.

Sin embargo, es esencial que se cumplan los presupuestos y que no sigan creciendo los intereses de la deuda para evitar que la crisis se agudice con la posibilidad de que España deba ser rescatada por el Banco Central Europeo y/o por el Fondo Monetario Internacional, con las graves consecuencias que tendría para nuestra economía durante la presente década.

En cualquier caso, la clave está en realizar una reducción importante del gasto social, porque es la mejor opción que existe para realizar un ajuste presupuestario "estructural" y con la profundidad suficiente como para corregir las cuentas públicas de España también a medio y largo plazo, dado el alcance que supone actuar sobre un 50,55% del gasto público.

Permítanme esbozar tres ideas al respecto. Podría ser aconsejable reducir el gasto en Seguridad Social (34%) con la introducción del copago sanitario, tal y como acaba de realizar Italia con el abono de 10 € por cada consulta al especialista y 25 € por cada atención en servicio de urgencias que no sea de imperiosa necesidad. También se puede modificar el cálculo de pensiones públicas para extenderlo a toda la vida laboral y promover un sistema de capitalización privada de pensiones. Y, finalmente, se puede iniciar el tránsito hacia un sistema de prestaciones privadas por desempleo.

LEER MÁS

Es la insuficiencia de impuestos, estúpidos liberales

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

Una vez más, el gobierno español ha mostrado una notable pluralidad de opiniones respecto a las políticas económicas más deseables. La pluralidad está muy bien en muchos ámbitos, pero no es del todo recomendable cuando se refiere a las declaraciones de los policy-makers, quienes implementan las políticas. Principalmente porque de esta manera se genera inseguridad, falta de credibilidad e incertidumbre.

Esto viene al caso de la reciente controversia por las dispares declaraciones de miembros del gobierno sobre la subida de impuestos a los ejecutivos de la banca. Aprovechando que se sacaba el tema de los impuestos, José Blanco defendió la necesidad de incrementar los impuestos como forma de mantener un nivel adecuado de infraestructuras y de prestaciones sociales, repitiendo las declaraciones que ya hiciera el pasado año. "Nuestro país tiene que plantearse si con nuestros recursos y con la menor carga impositiva de la UE se pueden mantener las carreteras, los trenes y el Estado del bienestar", dijo en esta ocasión.

Cándido Méndez se apuntó al carro de la fantástica idea de subir los impuestos, asegurando que éstos "son un elemento fundamental para que funcione nuestro país". Afirmó además que hay que resolver la diferencia de 7-8 puntos que existe entre la presión fiscal entre España y sus socios de la UE.

Elena Salgado, sin embargo, negó que el gobierno vaya a subir los impuestos "en el corto plazo". Otra cosa distinta es que así vaya a ser. Tras decir el pasado año en febrero que los salarios de los funcionarios no se iban a tocar, uno tiene razones para la desconfianza.

Pero lo relevante para esta columna no es el batiburrillo de opiniones ni la confianza en sus promesas. Lo que quiero destacar es que tanto Blanco como Méndez han vuelto a sacar a la palestra el argumento de los bajos impuestos en España, haciendo uso de la presión fiscal. El problema para ellos (y otros muchos) es la insuficiencia de ingresos públicos, y no una estructura de gastos excesiva que solo podía sostenerse en periodo de burbuja económica.

Este argumento no es en absoluto nuevo en la historia económica española. Un argumento muy similar fue esgrimido por el economista español Antonio Flores de Lemus en su dictamen de 1929 sobre la conveniencia de implementar el patrón oro en España. En él, este autor recomendó olvidarse del rígido patrón metálico al considerar que la peseta no sería sostenible debido a que existían problemas estructurales, de entre los cuales destacaba, en última instancia, la insuficiencia endémica de los ingresos fiscales.

Ignoro cuánto hay de cierto en el juicio de Flores de Lemus acerca de las circunstancias de la época. Pero sí percibo una importante asimetría entre la gestión financiera que se considera deseable del Estado y la de los agentes privados. Pensemos en una familia de bajos ingresos que se dedica a llevar un ritmo de gastos por encima de lo que pueden financiar sus ingresos, viviendo por encima de sus posibilidades. A esta familia seguramente le recomendaríamos que restringiera sus gastos para ajustarlos a sus posibilidades. Sin embargo, con los Estados parece razonarse de la manera contraria: en lugar de restringir sus gastos, se les pide que aumenten sus ingresos para que puedan continuar con sus actividades de la misma manera que antes.

Volviendo a la actualidad, el problema con la tesis de Blanco y Méndez de que los impuestos son bajos en España es mucho más amplio que el que acabo de señalar. Precisamente a contrarrestar esta idea dedicamos el estudio comparado de fiscalidad del Instituto Juan de Mariana, titulado La falacia de los impuestos bajos en España. A través de distintos argumentos, como el análisis desagregado de las principales figuras impositivas o el uso de indicadores alternativos, tratamos de mostrar cómo el fijar la atención exclusivamente en la presión fiscal es errado. En esencia, señalábamos cómo este último indicador genera confusión al mezclar recaudación fiscal baja real (debida al elevado paro y la escasa productividad) con una inexistente baja imposición.

Tal y como concluía el informe, es conveniente repetir que nuestro país no necesita más impuestos, sino mayor empleo, productividad y dinamismo empresarial. Para ello, es prioritario llevar a cabo una serie de reformas estructurales como las siguientes: una reforma que realmente liberalice y flexibilice el mercado laboral y ayude a crear empleo productivo; reducir la pesada carga administrativa y burocrática que soportan empresarios y emprendedores en sus actividades generadoras de riqueza y empleo; y recortar drásticamente el gasto del sector público –que también debería ajustar sus cuentas a las circunstancias actuales– mediante el recorte ambicioso de programas de gasto y subvenciones o la racionalización del conjunto de las Administraciones Públicas con el objetivo de que el abultado déficit público no obstaculice la recuperación, y se devuelva la confianza a los inversores en la "marca España".

¿Cuántos impuestos pago?

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en ¿Cuántos impuestos pago?

Es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez y a la que no todos han encontrado respuesta. La mayoría son asalariados a los que su nómina no deja ver la realidad. Y no se la deja ver por algo muy sencillo: al Estado no le interesa.

Para una persona corriente, la nómina es aquello que le ingresan en el banco el día 30 de cada mes. Puede ver, si se molesta en mirar, que unos porcentajes le son deducidos del sueldo en concepto de IRPF y seguridad social, pero respira aliviado al ver que, aunque le quitan un pico, no supera el 25-30% del sueldo.

Pero la realidad es muy distinta. El Estado, muy preocupado por nuestra comodidad, nos ha privado de la obligación de calcular cuánto le pagamos y de realizar la transferencia a sus arcas. Gracias a su generosidad, es la empresa la que debe realizar estas gestiones e ir quitándonos de nuestro sueldo el porcentaje oportuno que él establece. Por supuesto esta deducción se realiza en cada paga para que el dinero nunca llegue a nuestras manos y no se nos ocurra pensar que ha sido alguna vez nuestro.

Además ha establecido la curiosa norma de que sea la empresa la que pague una cuota a la seguridad social en nuestro nombre(aparte de la pagada por el empleado). Afirman que es un pago que realiza la empresa por el hecho de contratar a un trabajador; algo curioso si tenemos en cuenta que su montante se fija en el 32% del sueldo bruto que cobre el asalariado hasta un tope de 11-12 mil euros. Digo que es curioso porque, teniendo en cuenta que ese dinero se va a dedicar a pagar la pensión de cada asalariado (en realidad se dedica a pagar la de los jubilados presentes), tendría que ser éste, y no la empresa, quien hiciera las aportaciones como en cualquier otro tipo de plan de pensiones.

¿Por qué ha escogido el Estado este método? Es muy sencillo, si la mayor parte de los 12 millones de asalariados del sector privado viera que de cada nómina se les extrae el 50% del sueldo en vez del 25%, seguramente el sacrosanto Estado de Bienestar iba a hacer aguas. Los socialistas afirman que esto no es así, que lo hacen para obligar a las malvadas empresas a pagar unas cuotas que el trabajador no podría asumir, ya que si no las pagaran la empresas los trabajadores tendrían que asumir la cuota de su actual sueldo y el empresario se embolsaría la cuota que actualmente paga a la S.S. aumentando su insaciable codicia.

Esto es profundamente absurdo. Si los trabajadores tuvieran que pagar 500 euros más al mes al Estado, es totalmente evidente que pediría ese dinero a la empresa para seguir trabajando en ella. Un trabajador, y cualquiera, calcula siempre su sueldo después de impuestos, no antes. Pero es más, los sueldos en España, por desgracia, están vinculados a los convenios colectivos. ¿De verdad los sindicatos son tan estúpidos como para no incluir en el sueldo de los trabajadores el dinero que éstos van a tener que pagar a la S.S.? ¿Y las malvadas empresas van a oponerse a pagar un dinero al trabajador que ya están pagando a la S.S. y, por tanto, forma parte del coste que ese trabajador tiene?

No, la única función de la cuota del empresario a la S.S. es ocultarle al asalariado que le están quitando la mitad del sueldo en cada nómina. Que la mitad de los 20 días que trabaja al mes, de las 20 mañanas que se levanta a las 6 de la mañana, de los mil problemas que ha tenido que solucionar, en definitiva, de las infinitas penurias que van aparejadas a un trabajo, han sido para que el Estado se embolsara el fruto de su esfuerzo. Ni más ni menos que la mitad: semiesclavitud, nunca mejor dicho. Durante la mitad de nuestra jornada, durante la mitad del año o durante la mitad de nuestra vida trabajamos para otros, no para nosotros mismos. Ese es el secreto que guarda el Estado con una operación tan simple como trasladar una cuota al empresario (minoría mal vista) en vez de dejárselo al verdadero generador de la riqueza con la que se paga (inmensa mayoría que decide las elecciones).

Además, hay un efecto colateral que casi nadie sabe, excepto los economistas con aspiraciones a Ministro; en tiempos de crisis, como los que vivimos, a los políticos se les llena la boca diciendo que no van a tocar los derechos de los trabajadores. Pero, mira por dónde, los trabajadores desconocen que la empresa está pagando por ellos una suma bastante importante a al S.S., y por tanto, como cualquier derecho desconocido por su beneficiario, es pisoteado sin contemplaciones bajando esa cuota para liberar al empresario de esa carga, pero sin que en el convenio laboral (esa maravilla que salva al pobre trabajador de la opresión) se traslade esa cantidad al sueldo del empleado.

Se podría pensar que esto sólo afectaría a los actuales jubilados, que son los que perciben el dinero que se recauda de las cuotas, pero no. Los jubilados siguen cobrando su pensión, puede que congelada, y el dinero no recaudado con la bajada de las cuotas sale del aumento de un otro impuesto que con toda seguridad será pagado en su 90% por los asalariados.

Pero el Estado no se conforma con esto, todavía queda el segundo pago más importante que hace el trabajador: el IRPF. Este no lo puede ocultar y se le descuenta al trabajador de su sueldo bruto, pero se hace de la manera más astuta para, en primer lugar, disimular el montante total del pago y, por otro, hacer que sea prácticamente imposible que pueda evadir ni un céntimo.

¿Cómo lo hace? De nuevo, pasándole la pelota a la empresa, que está obligada a gestionar el pago del impuesto sin que el trabajador pueda intervenir. Además este pago se realiza en cómodos plazos, como en la teletienda, y de forma inmediata. Así el asalariado nunca llega a ver el dinero y muchas veces no es consciente del monto total que el Estado le está deduciendo de sus ingresos.

¿Cuál tendría que ser el método? Pues el mismo que se sigue con los autónomos: pagar por trimestres o por ejercicio fiscal. De esta forma el trabajador desembolsaría las cantidades de golpe, conociendo cuánto paga exactamente y con la posibilidad de pedir desgravarse el IVA de la gasolina, comida, etc., de los impuesto que paga como hacen el resto de sociedades.

Muchas personas pensarán que exagero y que las ventajas de conocer cuántos impuestos pagan los asalariados no compensan las desventajas de las comodidades a las que tendrían que renunciar. A todas esas personas les sugiero que entren en la web www.cuantosimpuestospago.com y pongan la cantidad bruta de su sueldo. Luego que piensen en pagar al Estado en cada declaración de la renta 10 mil (en caso de ser mileurista), 15 mil (en caso de tener un sueldo medio) o incluso 21 mil (en caso de tener un sueldo de clase media-alta) euros de golpe.

¿Sorprendido, eh? Ahora sabe cuántos impuestos paga, cuándo y por qué. Solo queda por saber qué va a hacer al respecto.

Sobre la suspensión de pagos de EEUU

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Comenzamos la semana con la intolerable insubordinación de esa agencia de rating llamada S&P al advertir sobre la posibilidad de arrebatarle la triple A al Gobierno estadounidense: ya saben, una parte del oligopolio privado de las agencias de calificación amenazando a quien ha creado y sustenta ese oligopolio privado. Enternecedor.

Con todo, más allá de este apaño para guardar las apariencias, EEUU debería haber perdido la máxima calificación crediticia hace mucho. No ya porque su deuda pública supere el 80% del PIB, no ya porque su déficit público ronde el 10% del PIB, sino porque de momento no hay ningún plan creíble para reducir el abultadísimo déficit público futuro derivado de su "gasto social" (sí, en los turboliberales EEUU hay tanto de eso como para abocarlos al impago). Bill Gross, el mayor gestor de renta fija del mundo, ya se ha puesto corto en la deuda pública estadounidense, señal de que pintan bastos a menos que la Reserva Federal lo evite.

Y es que, de hecho, ahí se encuentra la madre del cordero. A punto de concluir el Quantitative Easing 2 –el programa por el que la Fed ha adquirido prácticamente toda la deuda pública emitida en los últimos meses–, ¿qué hará Bernanke? ¿Continuará monetizando más deuda pública para que Obama siga despilfarrando a placer en lugar de ajustar sus cuentas o, en cambio, cerrará el grifo permitiendo que los tipos de interés se disparen?

Técnicamente, el Gobierno de Estados Unidos, siempre que tenga detrás a la Reserva Federal, no puede suspender pagos. Si se les acaba el dinero, basta con que lo pinten. Disponen de un monopolio monetario controlado por el Gobierno (¡vaya si es un monopolio!) que les concede autonomía monetaria, es decir, autonomía para destruir la moneda.

Pero no se confundan. Recurrir a la inflación para no impagar la deuda es impagar la deuda, pues se devuelve una moneda de menor valor que aquella que se prestó (al acreedor le da igual que le devuelvan un 30% menos de dólares que el 100% de unos dólares con un 30% menos de valor). Se dice que Estados Unidos nunca ha suspendido pagos, pero obviamente sí lo hizo: cuando Nixon abandonó Bretton-Woods, los bancos centrales extranjeros se quedaron sin el oro al que daban derecho los dólares que tenían en sus saldos de tesorería. Es una lección muy sencilla de la que los argentinos son unos maestros: redefine la unidad monetaria hasta que puedas devolver el importe nominal al que te comprometiste.

Claro que los riesgos de esta política deshonrosa (si no puedes pagar, admítelo, pero no te cargues la divisa) son bastante elevados. Las dinámicas inflacionistas a tan alto nivel, una vez desatadas, son muy difíciles de controlar. Nada tienen que ver con la inflación de tipo crediticio que hemos vivido en los últimos 50 años: no son una inflación que nace de crear demasiado crédito sino una inflación que estalla por diluir la moneda para destruir demasiado crédito.

De momento, el mercado sólo está penalizando ligeramente al dólar porque piensa que la deuda pública monetizada por Bernanke terminará pagándose a través de los ingresos tributarios del Gobierno estadounidense. Todo cambia, sin embargo, si los operadores de mercado y los tenedores de dólares llegan a la convicción de que el Gobierno sólo amortizará la deuda pública de la Fed a través de los dólares que consiga monetizando nueva deuda pública.

Ése sería un punto hiperinflacionista de muy difícil retorno, porque significaría la descapitalización completa del banco central: los activos de deuda pública de la Fed estarían formalmente impagados en la medida en que sólo podrían atenderse a través de un mayor endeudamiento (de una mayor monetización de dólares) por parte de la misma Fed. Básicamente, el dólar se convertiría en un fraude piramidal como el de Madoff del que los inversores saldrían en desbandada.

Por eso Obama y Bernanke están jugando con fuego. A la muy zapaterina manera, no se están tomando en serio los riesgos a los que se enfrenta la mayor economía del planeta. Uno gasta y gasta porque el otro imprime e imprime. Que luego no nos vendan que eso también es culpa del libre mercado.

¡Marchando otra de impuestos!

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

El Ministerio de Economía acaba de revisar por undécima vez en esta legislatura el cuadro macroeconómico que sirve de base para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin embargo, lejos de corregir sus engañosas cuentas, mantiene intacta su estimación de crecimiento para 2011 (1,3%) y tan sólo la rebaja en dos décimas para 2012, hasta el 2,3%, superando así las expectativas de la mayoría de analistas, incluidas las del propio Banco de España (0,8% y 1,5%, respectivamente).

Para empezar, cabe recordar que adivinar el futuro a golpe de previsiones de este tipo es un imposible al que, por desgracia, la mayoría de economistas dedican inútilmente grandes esfuerzos. Sin embargo, los presupuestos funcionan así, a priori, de ahí la importancia de elaborar estimaciones realistas e, incluso, a la baja, sobre todo en períodos de crisis, para no incurrir en desviaciones. Dicho esto, el problema radica en el amor incondicional que profesan los socialistas hacia la figura estatal. Y venerar al Estado conlleva legitimar, siempre y en todo lugar, el aumento del gasto público. Prueba de ello es la política puramente keynesiana aplicada por el Gobierno hasta 2010, hasta el punto de llegar a gastar casi el doble de lo que ingresaba por vía fiscal.

Y puesto que los PGE anteriores, al igual que el vigente, se construyeron sobre previsiones económicas optimistas y, por tanto, estimaciones de ingresos del todo infladas, el sector público ha terminado incurriendo en niveles de déficit históricos muy próximos aún al 10% del PIB. Más déficit, implica más deuda, y ésta más intereses. Y si a este cuadro se le suma una economía en stand by debido a su excesiva rigidez y gran endeudamiento privado, lo raro es que no estalle una crisis de deuda pública como la actual. Ante tal panorama, resulta primordial contar con unos PGE realistas para cumplir así con la reducción del déficit marcado por Bruselas.

Y es que, toda desviación en este campo tendrá que ser, obligatoriamente, corregida. Esto es, precisamente, lo que acaba de advertir el Banco de España al Gobierno: las previsiones de los PGE no se sostienen y el déficit, muy posiblemente, será superior al estimado, con lo que será necesario aplicar nuevos ajustes. ¿Y en qué consistirán? Quizá en reducir algo más el gasto público, pero dado que el Gobierno, firme defensor del Estado, es muy reticente a este tipo de recortes, un nuevo ajuste significará en todo caso más subidas de impuestos, que se vendrían a sumar a las ya aprobadas.

El error presupuestario de Salgado implicará entonces un nuevo castigo para el contribuyente medio, obligado por ley a pagar los desmanes de su clase política. Así pues… ¡marchando otra ronda de aumentos fiscales! ¿Qué tocará ahora? Grecia, inmerso en un constante plan de ajuste desde hace más de un año, subirá el IVA y algunas otras tasas. Veremos qué nos depara Salgado esta vez.

El canon rompe el Clan de la Ceja

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Esto viene a confirmar una vez más que la famosa Disposición Final que permite el cierre de webs con enlaces a redes de intercambios de archivo es un disparate jurídico. Sólo dos días después supimos que la Audiencia Nacional anuló "de pleno derecho" el canon de marras. La decisión supone un duro varapalo para las entidades de gestión, que durante años han estado ingresando ingentes cantidades del dinero sustraído a los ciudadanos por esta vía. Y sin esperar al fin de semana, el viernes se escenificó una fractura en el "Clan de la Ceja" por estas cuestiones.

Dos de los máximos representantes del "artisteo" (considerarlos intelectuales o representantes "de la cultura" es demasiado generoso) orgánico hispánico, Imanol Arias y Juan Echanove, protagonizaron una discusión pública por estas materias. El debate es importante, puesto que se trata de dos actores muy próximos al Gobierno de Rodríguez Zapatero, que protagonizan juntos una serie de no ficción en la TVE (el Ejecutivo es generoso utilizando las empresas públicas para premiar a sus fieles) y comparten amistad. Hasta hace poco cabría haber esperado que mostraran una unidad sin fisuras a favor del canon y en contra de las descargas de internet, puesto que son dos de las banderas que tradicionalmente han unido a culturetas varios y el Gabinete de ZP.

Echanove representa lo más rancio del mundillo izquierdista del cine español, que es muy similar a su equivalente estadounidense tan mimado por Obama. Su discurso es el tradicional: defensa del canon, victimización con la excusa de las descargas (¡cómo si las películas españolas fueran especialmente compartidas en las redes de pares!) y la técnica recurrente de "si quieren contenidos gratis, que los pague el Estado". Esto último sería lo que realmente les gustaría. Que además de las generosas e injustificables subvenciones que ya reciben los cineastas españoles, se les pagara con los impuestos de los españoles por la posibilidad de que alguien quisiera ver una película suya bajada de internet. Cualquier cosa con tal de no adaptarse a una realidad cambiante y no tener que depender del gusto de los consumidores, que un día sí y otro también dicen que no les gusta el cine que se hace en España.

Por el contrario, Imanol Arias apuesta por un discurso distinto, sorprendente por lo general en el panorama artístico español. Al igual que Alex de la Iglesia, sostiene que hay que escuchar a los internautas y no ataca las descargas gratuitas de internet. Como en el caso del director de cine, hay que celebrar su conversión. El ambiente en el que se mueve es sumamente sectario, y no cabe descartar que su carrera pueda sufrir represalias por ello. El "Clan de la Ceja" comienza a romperse por el canon y las descargas. Zapatero y Sinde deberían preocuparse por ello.

El ‘efecto Keynes’ en España

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Las cuentas públicas españolas acaban de cerrar su tercer año consecutivo en números rojos, con un déficit público del 9,24% del PIB en 2010, equivalente a la astronómica cifra de 98.227 millones de euros, tras el 11,1% registrado en 2009 y el 4,1% en 2008. ¿Cómo se ha fraguado este brutal desequilibrio presupuestario?

Para empezar, debemos distinguir dos etapas claramente diferenciadas dentro del trienio 2008-2010, al que ya podemos considerar histórico en términos de deterioro fiscal. Tras el estallido de la crisis financiera internacional a mediados de 2007, y su posterior materialización en lo que se ha venido a denominar la Gran Recesión, los países más desarrollados del planeta, agrupados en torno al G-20, pusieron en marcha amplios y extensos planes de estímulo (gasto público) con el ilusorio fin de impulsar la ansiada recuperación económica.

Su aplicación se concentró fundamentalmente en 2008 y 2009, al menos en lo que se refiere a la zona euro. Posteriormente, y sólo tras el estallido de la crisis de deuda soberana en 2010, los gobiernos se vieron forzados a dar marcha atrás, frenando en gran medida la extensión de tales estímulos ante el riesgo inminente de quiebra por parte de algunos países. Este cambio de rumbo se observa perfectamente en las cuentas españolas:

Evolución de gastos (interanual): 8,8% en 2008; 7,4% interanual en 2009; -1% en 2010.

Evolución de ingresos (interanual): -6,6% en 2008; -9,6% en 2009; 3,8% en 2010.

De este modo, el gasto público aumentó un 15,7% si compramos los Presupuestos de 2007 con los de 2010, mientras que la recaudación cayó un 12,3%.

Ahora bien, medir el déficit público en términos de PIB maquilla, en gran medida, el despilfarro presupuestario del Gobierno. En este sentido, las cuentas pública deberían ser analizadas empleando términos contables similares a los aplicados por las empresas.

Es decir, no tiene sentido medir el déficit en términos de PIB. Es más correcto medirlo el déficit en términos de ingresos fiscales. De este modo, observamos las siguientes cifras: mientras que el conjunto de las Administraciones Públicas gastaron en 2007 un 4,6% menos de lo que ingresaron; en 2008 gastaron un 11,2% más; un 32% más en 2009; y un 25% más en 2010.

Así pues, el caso más paradigmático en este campo se produjo en 2009, año culmen de los planes de estímulo a nivel internacional y, sobre todo, nacional. Durante ese ejercicio el déficit del Estado (excluyendo CCAA y Ayuntamientos) alcanzó la cifra récord de 99.258 millones de euros. En concreto, sólo el Estado, gastó 205.000 millones de euros frente a unos ingresos no financieros de 105.000 millones. Es decir, gastó un 93,8% más de lo que ingresó por vía fiscal, casi el doble.

Entre 2007 y 2009, Irlanda, Grecia, España y Portugal han registrado los déficits públicos más elevados de la zona euro, e incluso de toda Europa si se excluye a Reino Unido y a la ya quebrada Islandia. En concreto, a lo largo de estos tres años, España ha acumulado un déficit público total de 260.000 millones de euros, equivalente al 25% de la riqueza que produce todo el país en un año. Una cifra descomunal. Empleando la contabilidad presupuestaria señalada anteriormente, el Gobierno ha gastado de media un 22,6% más de lo que ha ingresado por vía fiscal entre 2008 y 2010.

¿Resultado? El Gobierno español ha incurrido en uno de los mayores deterioros presupuestarios del mundo desarrollado, tan sólo superado por Islandia e Irlanda: un desequilibrio fiscal neto superior al 13% del PIB entre 2006 y 2009 (últimos datos disponibles de la OCDE).

Todo este descuadre, como es lógico, se ha materializado en un espectacular aumento de la deuda pública, que ha crecido desde el 36% del PIB en 2007 hasta el 60% en 2010. Es decir, 24 puntos porcentuales del PIB, equivalentes a esos 260.000 millones de déficit acumulado. De hecho, según las propias previsiones que maneja el Gobierno, la deuda pública rondará el 70% del PIB en 2011, con lo que el Ejecutivo habrá duplicado la deuda existente en apenas 4 años, hasta el punto de rozar el nivel de Alemania.

En resumen, estamos asistiendo a uno de los mayores deterioros presupuestarios de la historia reciente de España y del mundo desarrollado en el contexto de la actual crisis financiera y económica internacional. Y la razón esencia estriba en la política puramente keynesiana aplicada por el Gobierno español.

Esta política keynesiana made in Spain está contenida en el denominado Plan E, "Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo", que incluye un total de 99 medidas. El plan de estímulo se puede dividir en tres bloques básicos: medidas directas de impulso fiscal, centradas en mayor gasto público para paliar el paro y tratar de activar la demanda; medidas de impulso financiero (financiación pública a bancos, familias y empresas); y los tradicionales "estabilizadores automáticos" (prestaciones públicas).

La cuestión es que dicho deterioro presupuestario se debió, por igual, tanto al aumento de gastos como al desplome de ingresos. Así, casi la mitad del déficit público acumulado hasta 2009 se debe a la reducción de ingresos y la otra mitad al aumento de gastos (responsabilidad directa del Gobierno). De este modo, si el Ejecutivo hubiera congelado el gasto público desde 2007, España habría registrado en 2009 un déficit próximo al 7% del PIB. 

Y es que, entre 2008 y 2009, el Gobierno puso en marcha políticas de gasto discrecionales cuyo coste ascendió al 4,2% del PIB, muy superior a la media europea (1,5%), mientras que el coste de los estabilizadores automáticos fue del 4,9%, unos 53.000 millones de euros, frente al 3,3% de la UE-27.

Así pues, España ha realizado una de las políticas keynesianas más activas y amplias de los países desarrollados sin haber logrado impulsar la ansiada recuperación. De hecho, el único resultado ha sido disparar el déficit hasta cifras récord y duplicar el volumen de deuda en apenas 4 años, levantando de paso serias dudas acerca de la solvencia del Estado español. Si a ello se suma la grave situación del sistema financiero español, podemos concluir que esta política no sólo ha sido errónea sino catastrófica para el futuro de la economía nacional, pendiente ahora de si finalmente es rescatada o no por la UE y el FMI.