Hace unos días, el actor Carlos Bardem publicó un tuit que, por su sencillez, hizo las delicias de muchos socialistas patrios: "Imaginad si los beneficios de Telefónica, eléctricas, gas, etc. en vez de ir a accionistas privados fueran al Estado: seriamos ricos". La lógica es sencilla: Telefónica, Endesa, Iberdrola, Gas Natural o Repsol obtienen en la actualidad gigantescos beneficios anuales, de modo que, si no se hubieran privatizado en su momento, hoy los españoles seríamos todos multimillonarios. Desde luego suena bien. Maravillosamente bien, vaya. ¿No convendría acaso dar marcha atrás en las privatizaciones y regresar a ese Edén que nos fue arrebatado por el neoliberalismo salvaje? Bueno, echemos unas cuentas.

¿De verdad seríamos ricos?

Voy a limitarme al estudio de las cinco compañías antes mentadas para el año 2012 (dado que no tenemos todavía todos los resultados de 2013). Aunque no son, evidentemente, la totalidad de las empresas privatizadas hasta la fecha, sí son las más rentables y representativas. Pues bien, ¿cuáles fueron los beneficios totales de Telefónica, Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Repsol en 2012? Telefónica ganó 3.928 millones de euros; Endesa, 2.034 millones; Iberdrola, 2.840 millones; Gas Natural, 1.441 millones; y Repsol, 2.060 millones: en total, 12.303 millones de euros.

Si añadiéramos los beneficios de otras antiguas ‘joyas de la corona’ como Altadis (por Tabacalera), BBVA (por Argentaria) e IAG (por Iberia), nos iríamos en torno a los 14.000 millones de resultado consolidado en 2012, pero dado que se trata de compañías fusionadas con otras donde es imposible aislar qué porción de las ganancias actuales se corresponde con los activos de las anteriores empresas estatales (y dado que la diferencia entre 12.303 millones y 14.000 no es muy abultada), vamos a omitirlas.

Así pues, 12.303 millones de euros que las arcas españolas podrían haberse embolsado de no haberse privatizado Telefónica, Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Repsol. No está mal, pero pongamos la cifra en perspectiva: si esos 12.303 millones de euros en beneficios se repartieran entre los 46.163.000 ciudadanos españoles… tocaríamos a 266,5 euros por español. Hombre, es un buen pico, mas no creo que Carlos Bardem se atreva a calificar de ‘rica’ a una persona que perciba una renta adicional de 22,2 euros mensuales. Dicho de otro modo, yo —y quiero pensar que Bardem tampoco— no tildaría de multimillonario a un jubilado que cobre la pensión mínima de 633 euros, pese a que 633 euros son casi 30 veces más de lo que le tocaría de socializar los beneficios de las cinco anteriores empresas.

Acaso, sin embargo, el actor se estuviera refiriendo a que esos más de 12.000 millones de euros no deberían repartirse entre la población, sino que debería ser Montoro quien los gestionara directamente para prestar mejores servicios públicos a la población. En tal caso, también tengo malas noticias: los 12.303 millones de euros en beneficios de estas cinco grandes compañías apenas representan el 3,2% de los ingresos fiscales que manejó el Estado español en 2012. ¡El 3,2%! Si esos 12.303 millones de beneficios les parecen muchísimo dinero, imagínense cuánto más nos está arrebatando a todos los ciudadanos la voraz maquinaria del Estado, ésa que día tras día se queja de carestía de insuficientes ingresos.

Pero no nos desviemos del tema. Sucede que ni siquiera la cifra de 12.303 millones de euros resulta demasiado realista. A la postre, la mayor parte del negocio de estas empresas españolas se ubica fuera de España, y supongo que Bardem no pretenderá que estas compañías sean públicas y, al mismo tiempo, se lucren invirtiendo fuera de España: dentro del imaginario socialista de las nacionalizaciones, parece lógico que de la telefonía argentina se ocupe una empresa estatal de Argentina, de la electricidad boliviana, una empresa estatal de Bolivia y del gas brasileño, una empresa estatal de Brasil. ¿Qué sucedería, pues, con los beneficios de estas cinco multinacionales españolas si elimináramos las ganancias que obtienen allende nuestras fronteras? Aunque la mayoría de ellas no ofrece resultados netos específicos para España, sí podemos aproximarlos a partir de su volumen de actividad en nuestro país: serían unos 5.500 millones de euros en 2012.

Por consiguiente, la brutal riqueza que obtendríamos los españoles en caso de que estas cinco compañías siguieran siendo públicas sería de… 10 euros al mes por español. Y eso suponiendo que, por un lado, la gestión pública de estas empresas arrojara los mismos beneficios que la gestión privada; y, por otro lado, suponiendo también que el Estado optara por repartir el 100% de sus ganancias anuales, cosa poco habitual y recomendable, ya que parte de esos beneficios deben reinvertirse en ampliar la calidad del propio servicio o la red de abastecimiento. Por ejemplo, el porcentaje de dividendos que suelen repartir las compañías anteriores oscila entre el 50% y el 60% del total de beneficios, de manera que, al final, apenas tocaríamos a 6 euros al mes por español. Opulentos pequeñoburgueses, cáspita.

¿Y por qué deberían ser estatales?

Pese a las poco favorables cifras, tal vez pueda dársele una interpretación más generosa al tuit de Bardem. La cuestión de fondo a plantearse debería ser la siguiente: si todos estos antiguos monopolios eran propiedad del conjunto de los españoles, ¿por qué hubo que regalarlos a inversores privados? Bueno, de entrada el verbo regalar no es el más acertado: del conjunto de privatizaciones acometidas durante los gobiernos de PSOE y PP se obtuvieron unos 30.000 millones de euros de la época, que equivaldrían a unos 50.000 millones de euros actuales. Una donación desinteresada desde luego no fue: el Estado llenó sus arcas durante esos años. Que luego el Gobierno dilapidara todo ese dineral en lugar de seguir rentabilizándolo hasta el día de hoy ya es otra cantar (cantar que debería hacernos llevarnos a pensar por qué, en cambio, el Estado no dilapidaría hoy los beneficios de esas empresas públicas). Mas la cuestión de fondo sigue en pie: ¿por qué empresas privadas en lugar de estatales?

Al respecto, planteémonos simplemente dos cuestiones. Primera: ¿qué es preferible: que los propietarios de una empresa puedan vender su participación en la misma o que no puedan hacerlo? Yo diría que, claramente, es mejor que puedan hacerlo: si yo tengo un piso o un paquete de acciones y no puedo venderlos en cuanto tenga necesidad o crea que se hallan a buen precio, estaré en desventaja frente a un escenario en que sí pueda hacerlo. Segundo: ¿qué es preferible: que una compañía ostente un monopolio sectorial o que otras empresas puedan competir contra ella? De nuevo, diría que claramente el segundo escenario es superior, a saber, es preferible un sector en el que pueda entrar cualquier empresario con una buena idea para ofrecer un mejor o más barato servicio a los consumidores.

Por consiguiente, hemos llegado a la conclusión de que un sector con libertad de entrada y libre transmisibilidad de la propiedad sobre las empresas es mejor que un sector monopolístico y donde los accionistas están atrapados en su título de propiedad. El segundo tipo de organización sectorial —monopolio e imposibilidad de transferir la propiedad— es el típico de los monopolios estatales que parece defender Bardem: todos somos copropietarios de las empresas públicas pero nadie puede vender a un tercero su derecho de copropiedad. El primer tipo de organización —libre competencia y libre transmisibilidad de la propiedad— es el propio de los mercados libres a la que se opone Bardem y que los liberales defendemos.

Fijémonos que al segundo tipo organización —a los mercados libres— podemos llegar aun partiendo de empresas estatales. Gran parte de las privatizaciones en las antiguas repúblicas socialistas del este de Europa se efectuaron reconociéndoles a los ciudadanos derechos de propiedad sobre las compañías estatales y autorizándoles a vender esos derechos de propiedad. Por supuesto, toda privatización debe ir acompañada de su correspondiente liberalización (es decir, el Estado no debe privilegiar a ninguna empresa privada), que es lo que no ha sucedido en España. Pero, al margen de que nuestro país sea un ejemplo de liberticida corporativismo y no de libre mercado, sí ha de quedar claro que quien se opone por principio a los mercados libres no es que esté a favor de que todo sea de todos: es que está a favor de prohibir o que cualquier ciudadano pueda competir con las compañías ya asentadas ofreciendo un mejor servicio a los clientes, o de que los ciudadanos, en su calidad de copropietarios, puedan desprenderse de estos títulos de copropiedad. Represión por un lado o represión por el otro.

Al final, pues, con la ocurrencia de Bardem ni seríamos ricos ni seríamos libres. No es de extrañar: las sociedades y los mercados abiertos son el camino más seguro hacia la prosperidad y la libertad colectiva; el socialismo, en cambio, es el agujero negro hacia la pobreza y la explotación.

Rusia acaba de prohibir Bitcoin, China lo hizo hace unos meses y los gobiernos occidentales se lo están planteando seriamente. Todos apelan a la necesidad de combatir el contrabando, pero ninguno dice la verdad. A la postre, extraña tanta unanimidad en este asunto cuando todos estos países ni siquiera se ponen de acuerdo a la hora de definir, y respetar, un mínimo de derechos humanos.

Sucede que no son los derechos de sus súbditos los que Bitcoin pone en jaque, sino su propia autoridad. No en vano, uno de los monopolios esenciales para todo gobierno con pretensiones absolutistas es el de la moneda: controlando la moneda pueden controlar el gasto agregado y controlando el gasto agregado pueden controlar la estructura de producción, a saber, qué bienes y servicios se producen o se dejan de producir.

Ha tenido que ser un ex empleado de la Reserva Federal, Mark Williams, quien haya tenido que reconocer finalmente la verdad (o parte de ella) en el Financial Times: "Los gobiernos deberían ser cautos a la hora de permitir la existencia de divisas virtuales mientras no sean capaces de garantizar que los bancos centrales serán capaces de conservar su poder". El contrabando, acarreando ciertos riesgos, es un problema muy secundario para Williams. Por supuesto, el articulista tampoco se sincera hasta el extremo de ligar su apasionada defensa del monopolio de la banca central con la necesidad de que los Estados mantengan sus autocráticos poderes: la suya es una argumentación más pretendidamente tecnocrática; una donde la legitimidad de las relaciones de poder es irrelevante y donde solo entran en consideración cuestiones eminentemente técnicas.

Así, según este exempleado de la Fed, Bitcoin es peligrosa porque "demuestra que podemos organizarnos sin un dinero emitido por el Estado", cuando semejante pretensión no pasa de ilusoria en la medida en que los gobiernos —y en concreto sus brazos armados, los bancos centrales– deben ocuparse de manejar la oferta monetaria y los tipos de interés para garantizar cierta calma macroeconómica en forma de estabilidad de precios, pleno empleo y crecimiento. En este sentido, la política monetaria óptima de una economía requiere de una amplia plantilla de trabajadores dentro de cada banco central que se dediquen específicamente a la complejísima labor de modelizar, comprender y responder al fluctuante comportamiento y las expectativas de los agentes económicos. En opinión de Williams, todo este proceso de análisis previo no es automatizable mediante el algoritmo contenido en ninguna divisa virtual existente o que pueda llegar a existir. Es verdad que, según él mismo reconoce, los bancos centrales fueron incapaces de prevenir la crisis que estalló en 2008, pero a su juicio ahora estaríamos sumergidos en una devastadora depresión de no ser por su decidida actuación desde entonces. En suma, que la adopción de Bitcoin nos llevaría al caos.

El análisis de Williams podrá parecer convincente a fuer de desideologizado, pero lo cierto es que incurre en una serie de errores básicos. El fundamental —del que emanan los demás— es el de confundir dinero y deuda: aunque a día de hoy se suele considerar que los euros o los dólares son el “dinero base” de una economía —y que ese dinero base es creado por el banco central en régimen de monopolio—, lo cierto es que los euros o los dólares son pasivos del banco central. Por dinero en sentido estricto sólo deberíamos entender aquel activo monetario que no es pasivo de nadie más: el oro en su momento y acaso Bitcoin en el futuro. En este sentido, pues, el banco central no ocupa el negocio de la producción y gestión del dinero, sino de la gestión de una parte de la deuda mediante la que coordina una sociedad.

El matiz es importante porque justamente ataca el núcleo de la crítica de Williams: que la estabilidad macroeconómica requiere de una “gestión científica” de la cantidad de dinero. No es así: mientras la cantidad de dinero no sufra de bruscas fluctuaciones, la estabilidad macroeconómica puede lograrse mediante una correcta administración cuantitativa y cualitativa de la oferta de crédito. De hecho, ni la mejor gestión posible de los bancos centrales hubiese podido batir los resultados que se obtuvieron con el patrón oro. Pero, y he ahí el principal error intelectual de los bancos centrales, esa administración del crédito ni puede ni debe ser una administración centralizada, ya que cualquier agente económico disfruta de la capacidad de otorgar crédito a sus pares (siempre que diferimos el momento del pago, estamos otorgando crédito). Al contrario, la administración por necesidad será descentralizada y, por tanto, lo que resulta necesario es que esa administración descentralizada esté sometida a sanos incentivos y contrapesos que eviten una gestión abusiva del crédito.

El principal de esos sanos incentivos y contrapesos es que los acreedores puedan controlar a los deudores: si se instituye un sistema monetario donde se anula la capacidad de fiscalización de los acreedores, por necesidad los deudores tenderán a multiplicarse hasta extremos marcadamente imprudentes e insostenibles. Y, justamente, el mayor mecanismo con el que cuentan los acreedores para controlar a los deudores es poderles denegar el crédito (ya sea exigiendo el pago de las deudas vencidas o no extendiendo nuevo crédito), para lo cual ha de existir alguna forma de “dinero base” que no esté basada en la deuda. Como decíamos, el oro o Bitcoin pueden aspirar a desempeñar ese papel, pues son activos que no son, simultáneamente, el pasivo de nadie más. Pero el euro o el dólar no, porque son deuda del banco central que éste puede crear sin otro límite que el repudio por parte de sus tenedores (tampoco serviría, por cierto, una moneda estatal que no fuera deuda, pero cuya cantidad la decidiera discrecionalmente el Estado en cualquier momento): si el banco central goza de la potestad de refinanciar ilimitadamente a los deudores, es obvio que el poder de los acreedores termina siendo aniquilado y que no hay ninguna manera, salvo la torpe regulación estatal, de restringir el crecimiento explosivo de la deuda.

Por eso las críticas de Williams son falaces: porque el problema no es que la Fed no fuera capaz de evitar la crisis de 2008, sino que fue su autora o, al menos, una de sus principales cooperadoras necesarias. Sin la Fed (y otros bancos centrales), la acumulación de deuda jamás habría alcanzado los niveles que alcanzó y, por tanto, el riesgo de colapso deflacionista —en cuya resolución Williams basa gran parte de su defensa del monopolio de la banca central— ni siquiera hubiera existido. Es verdad que incluso con libertad monetaria y bancaria puede haber pánicos bancarios —incluso pánicos bancarios importantes—, pero son pánicos perfectamente solventables por la propia industria bancaria.

En suma, un triunfo de Bitcoin (o un restablecimiento del patrón oro) no eliminaría la necesidad de una correcta gestión del crédito (que es, en el fondo, en lo que Williams está pensando): únicamente permitiría descentralizarla mucho más y, sobre todo, someterla a los contrapesos necesarios para que pueda tratarse de una gestión verdaderamente racional. Irónicamente, la defensa que hace el exempleado de la Fed de su empleador es el motivo principal por el que habría que cerrarlo: porque la Fed —en tanto deudora de primera instancia— no está sometida al control disperso de sus acreedores (en tanto no pueden forzar el pago de esos pasivos al no ser convertibles en dinero), de modo que no sólo tiene capacidad para seguir cebando extraordinariamente la oferta de crédito (a costa de sus acreedores), sino que incluso carece de bases contables para conocer cuándo está concediendo demasiado crédito y cuándo demasiado poco. Sin someter la deuda al dinero, la política del banco central no es ciencia, sino nigromancia: una nigromancia dirigida a apuntalar el poder del Estado.