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El Fondo Monetario y las recomendaciones de la cigarra

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

Países como Italia, o España, casi han vuelto a la situación ‘pre-crisis’– Christine Lagarde

The Fund is acting as enforcer of the banks’ loan contracts – Karen Lissakers (FMI)

La frase que encabeza el articulo parecería una broma si no fuera porque “volver a la situación pre-crisis” para el Fondo Monetario Internacional es colocar deuda, mucha y barata. Lo demás “pre-crisis” no importa. Si hay seis millones de parados, un 100% de deuda sobre PIB, si el déficit supera los 70.000 millones de euros o si la actividad industrial ha caído a niveles de 2004, o la renta disponible se ha cercenado un 25% con fiscalidad confiscatoria, eso no importa. Lo que importa es que se emite rápido, bien y con alegría. Baja la prima de riesgo a 196 puntos básicos… todo va bien.

Sí, la economía española está mejorando, y más rápidamente de lo que se esperaba, pero queda mucho, mucho por hacer.

Cuando uno lee de Christine Lagarde, directora gerente del FMI, frases como la del encabezamiento, o que los “bancos centrales han sido los héroes de la crisis”, le entra más preocupación que esperanza. Es como decir que los virus son los héroes de los hospitales porque sin ellos los médicos no tendrían trabajo.

En los últimos treinta años el mundo ha vivido más de 100 crisis financieras de enorme calado. Casualmente esos periodos de expansión de burbuja y crisis posterior (boom and bust cycles) vienen dictados por las políticas de los bancos centrales y las ‘recomendaciones de la cigarra’ del FMI, que los estados, enganchados a la deuda, están encantados de seguir. Gastar y endeudarse cuando hay tipos bajos y exceso de liquidez y, cuando explota todo, supuestas “austeridades” que esconden mantener a toda costa el peso del estado y supuestas “liberalizaciones” que han sido en gran parte fiascos donde el gobierno seguía manteniendo una intervención masiva.

Bajar tipos y aumentar masa monetaria para acentuar las burbujas y el exceso de crédito, y luego, cuando explota… bajar tipos y aumentar masa monetaria.

A la enorme mayoría de las crisis financieras se ha llegado desde la intervención masiva a través de la creación de dinero y crédito excesivo y se han intentado solucionar buscando mayor intervención aun. Lean The Origin of Financial Crises: Central Banks, Credit Bubbles and the Efficient Market Fallacy, de George Cooper para aterrarse con los datos. El Fondo Monetario Internacional ha respondido a todas ellas de la siguiente manera:

– Aceptando las medidas de los gobiernos y bancos centrales sin analizar los detalles y siempre ignorando los riesgos de extrema liquidez. 

– Recomendando unas supuestas liberalizaciones y planes de austeridad que, o no se han llevado a cabo para nada, o se han dirigido, como en la crisis europea, a sostener a toda costa las estructuras estatales hipertrofiadas. Casi todas las “medidas de austeridad” implementadas en treinta años han recaído en recortes en la inversión, y no en el gasto corriente, lo que debilita aún más a las economías.

– Equivocándose casi siempre en las estimaciones. Pongan el caso de Grecia, o de Latinoamérica, … o de España. Las equivocaciones en las estimaciones de crecimiento, y paro, han sido brutales. Hasta un 300% de error. En Grecia estimaban una caída del PIB del 5,5% y fue del 17% (entre 2009 y 2012). Ahí es nada.

– Y terminando pidiendo perdón por “no haber estimado correctamente” los efectos, recomendando… Lo han adivinado: gastar y endeudarse.

De esas cien crisis de los últimos treinta años casi siempre han salido los países más endeudados y más frágiles. “Salir de la crisis” para el FMI es que en la OCDE haya aumentado el total de deuda un 40% desde 2008.

El Fondo Monetario Internacional tiende a equivocarse con demasiada frecuencia en sus estimaciones, y además, siempre toma los excesos de optimismo de los mercados financieros como resultado de mejoras reales, obviando elementos tan importantes como el exceso de liquidez o los efectos negativos de la intervención monetaria masiva. Pero sobre todo, el problema del Fondo Monetario Internacional es que actúa como una especie de Departamento de Comunicación Corporativa para Estados y Bancos. Cuando hablan de “medidas estructurales”, pero no se cambia nada, como en Europa, lo aceptan. Palabra de gobierno, palabra de santo.

¿Por qué? Porque al FMI no le interesa realmente la situación financiera total o la fortaleza económica. Le interesa que se pague la deuda, pero no que se reduzca, sino que se emita bien.

Y es ahí donde la visita de Rajoy a Washington el lunes es muy importante. No caer en la trampa de las ‘recomendaciones de la cigarra’ y no entregarse al triunfalismo igual que no caímos en el desastre garantizado de pedir el rescate que reclamaba tanta gente.

El Gobierno de España se presenta con datos esperanzadores para su visita a Washington. Un paro que ha caído en 147.000 personas, con aumento de la afiliación de 64.000 en diciembre, el consumo repuntando, una balanza comercial saneada y un crecimiento estimado que superará en mucho la previsión del propio FMI (+0,2%). Esa será la noticia del día. “El FMI apoya las medidas del gobierno y revisa al alza sus perspectivas económicas”. ¡Todo va bien!. Pero no podemos caer en la autocomplacencia.

Lo que más importa desde el punto de vista del FMI son las comparaciones entre 2014 y 2013, y van a ser espectaculares por el efecto rebote, aunque las cifras sigan siendo preocupantes. Ojo con entregarse a la euforia y recaer. Por ejemplo, pasar de un déficit del 7% al 5,5%, aunque sea una acumulación de deuda de unos 125.000 millones de euros, compara muy bien. Reducir el paro en 200.000 personas o más (calculo hasta 500.000) en 2014 compara estupendamente a pesar de que la cifra de paro siga siendo excesiva.

España seguirá mejorando en exportaciones. Un incremento anual de exportaciones del 5% en 2014 y 2015 esperado es una cifra potente, pero el total no deja de ser menos del 35% del PIB.

Por supuesto, hay que añadir una prima de riesgo que ha caído a niveles de 2007 gracias a la fiesta de liquidez global, el “search for yield” (búsqueda de rentabilidad en bonos) y disipar la percepción de riesgo de salida del euro o de hacer esas quitas monstruosas que algunos recomiendan como solución. Cuidado, porque la deuda publica crece tanto en stock (volumen) como en flujo, como en porcentaje del PIB.

España se presenta con una recuperación incuestionable, muy positivos cambios estructurales en el modelo ladrillero de “estimular la demanda interna” creando sobrecapacidad, pero con unas necesidades de refinanciación en 2014 de más de 200.000 millones de euros, un déficit que sobrepasará los objetivos, un crecimiento muy lejos del potencial por un esfuerzo fiscal excesivo como comentábamos en Impuestos y Burocracia, Escollos a la Recuperación y un gasto publico que sigue por encima de los niveles de pico de burbuja de 2007, y superará el 50% del PIB incluyendo empresas públicas.

En el lado de la deuda privada corporativa, esta se ha reducido un 16% desde 2010, pero sigue siendo muy alta, hasta un 35% superior a Estados Unidos o Reino Unido. Esto quiere decir que el famoso mantra keynesiano de que “el estado se endeuda –oh, qué generoso- para permitir el desapalancamiento de empresas y familias“, no se da. Se ha disparado la deuda pública y mantenido el gasto político, pero la reducción de deuda privada ha sido muy inferior al aumento de la del estado. En total, la deuda acumulada del país no ha bajado desde 2010.

Ante esta situación, esperanzadora y positiva, incuestionablemente, pero con enormes desequilibrios, es muy tentador relajarse, y aún más tentador sacar la chequera en blanco del gasto  público. Pero cuando el entorno de crédito, la fiesta de la liquidez y el optimismo se contengan, deberemos afrontar unas necesidades de refinanciación anuales que no pueden dispararse a más de 300.000 millones de euros en 2016 mientras “nos recuperamos” un 1% o un 1,5% anual. Es cavar más el hoyo. Porque el invierno llega. Y entonces el FMI recomienda cosas tan "fantásticas” como “confiscar un porcentaje de los ahorros privados”. Eso sí, dirá que perdonen, que se equivocó. Paga usted.

Volvemos a 2011

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Como si la bolsa o la prima de riesgo fueran oráculos que leyeran infaliblemente nuestro futuro, los medios de comunicación viven estos días una situación de renovado optimismo a cuenta de las recientes subidas de la bolsa española y de la notable reducción de nuestra prima de riesgo. Parecería que, esta vez sí, la economía avanza hacia una saludable recuperación que nos permitirá dejar atrás el amargo trago de una crisis económica que comienza su ya octavo año. ¿Realmente podemos cantar victoria o sería prudente no dejarse llevar por un infundado optimismo que nos conduzca más adelante a la frustración?

Aquí ya hemos estado

“El Ibex 35 sube hasta los 10.800 y la prima de riesgo baja de los 180 puntos básicos”. Éste es un titular que acaso podamos leer en los próximos días pero que, en todo caso, sí leímos en abril de 2011, momento en el que la bolsa y la prima alcanzaron cotas muy similares a las actuales. El recordatorio no busca despertar nostalgias de tiempos pretéritos, sino constatar algo muy sencillo: ya hemos estado en una situación casi calcada a la actual y no salimos bien parados de ella. A la postre, después de abril de 2011 llegó julio de 2012, momento de máxima tensión en el que nuestra economía estuvo a punto de quebrar.

Justamente, lo que sucedió entre mediados de 2011 y mediados de 2012 fue que la supervivencia del euro se puso seriamente en cuestión incluso por la propia Alemania debido a los intensísimos desequilibrios y agujeros financieros presentes en la periferia (comenzando por Grecia y terminando por Francia, pasando por España e Italia). Dado que España no era viable por sí sola y habría sido una clarísima perdedora neta en caso de ruptura del euro, la incertidumbre sobre la Eurozona espoleó la masiva salida de capitales del país con destino Alemania y otras sólidas economías europeas que pudieran actuar como refugio.

Dicho de otra manera, entre mediados de 2011 y mediados de 2012 España —y el resto de la periferia europea— se halló en una situación de pre-quiebra. Lo que cambió en julio de 2012 no fue el buen hacer de Rajoy y Montoro (quienes siguieron en sus trece de machacar a los españoles con más gasto público y más impuestos), sino la mística intervención de Mario Draghi prometiendo, con el plácet alemán, que haría todo lo necesario para salvar el euro. Palabras que, desde entonces, el italiano ha reiterado siempre que ha tenido ocasión, hasta el punto de crear a tal efecto una nueva ventanilla dentro del BCE (la famosa OMT).

Gracias a ello, Draghi ha conseguido estabilizar financieramente a la periferia europea: desde julio de 2012, la prima de riesgo española se ha reducido en 450 puntos (un 71%) y el Ibex 35 ha aumentado un 65%, la prima de Italia ha caído en 330 puntos (un 62%) y su FTSE MIB se ha revalorizado un 55%, la prima de Portugal ha disminuido en 650 puntos (un 65%) y su PSI 20 ha crecido un 61%, y la prima griega se ha recortado en 2.075 puntos (un 77%) y su ASE se ha disparado un 120%.

Actualmente, todas las primas de riesgo de la periferia —no solo la de España— se hallan en unos niveles muy cercanos a los que exhibían en la primera mitad de 2011. Hemos hecho retroceder tres años el reloj. ¿Por qué ahora deberíamos seguir un destino diferente al que seguimos entonces?

¿Ha cambiado algo?

A pesar de las consideraciones anteriores, sería engañoso afirmar de manera taxativa que España se encuentra en una situación exactamente calcada a la de comienzos de 2011. No lo estamos. Algunos de nuestros problemas han mejorado y otros han empeorado.

Entre los primeros —como ya apunté hace año y reiteré posteriormente hace varios meses— cabe destacar la situación del sector exterior (que ha seguido creciendo y reforzando su competitividad, hasta el punto de dar un vuelco en nuestro saldo corriente con el exterior), el desapalancamiento de familias y empresas, la mejor salud financiera de los bancos (lograda, desgraciadamente, a costa de los contribuyentes) y la algo mayor flexibilidad laboral. Entre los segundos, sobresale una mucho peor situación de las finanzas públicas (el endeudamiento público ha aumentado 30 puntos desde principios de 2011, a pesar de que hayamos logrado el pírrico resultado de recortar en 2 puntos el déficit anual), una fiscalidad muchísimo más agresiva contra familias y empresas, una electricidad encarecida debido al mantenimiento de un no-mercado disfuncional y un millón de parados más que, aun con perspectivas tal vez mejores, habrá que recolocar.

En conjunto, pues, no estamos peor que a comienzos de 2011, pero tampoco claramente mejor. La única diferencia es que ahora parece que sí tenemos el respaldo de Alemania para completar nuestro proceso de reestructuración económica y financiera: transitar hacia un nuevo modelo productivo y reducir nuestro endeudamiento total. Es decir, la sustancial diferencia con 2011 es que ahora tenemos más tiempo. Pero, ¿más tiempo para qué?

Tres escenarios posibles

El tiempo que nos proporciona Alemania —en forma de crédito— puede aprovecharse con dos finalidades: ahondar en las reformas y ajustes necesarios (liberalizar la economía y reducir el gasto público y los impuestos) o no hacer nada y aguantar tal como estamos ahora mismo. La primera de las vías es la que defiendo en mi libro Una alternativa liberal para salir de la crisis: pinchar y sanear las tres burbujas que han azotado a España (la financiera, la productiva y la estatal). La segunda vía es la que ha venido implementando el Gobierno desde que alcanzó el poder y en la que parece que ha decidido enrocarse con mayor convencimiento en los últimos meses: aguantar sin reformas esperando que la ansiada recuperación internacional y la dificultosa reestructuración del sector privado nacional consigan generar suficiente riqueza como para tapar los agujeros de las tres burbujas anteriores.

La primera es la vía de la responsabilidad; la segunda es la vía del broteverdismo. Con la primera maximizamos nuestras probabilidades de éxito, con la segunda nuestras probabilidades de fracaso. ¿Que, aun siguiendo la vía de la responsabilidad, podríamos fracasar? Sin duda: el éxito no es inexorable nunca. ¿Qué, aun siguiendo la vía del broteverdismo, podríamos salir adelante? Sin duda: el fracaso tampoco es nunca inexorable. La cuestión es que el Gobierno está poniendo baches a la recuperación en lugar de facilitándola. Su objetivo no es solventar los desequilibrios de la economía española, sino llegar vivo a las siguientes elecciones.

Así las cosas, la vía broteverdista nos abre tres posibles escenarios futuros: uno, el más improbable a mi juicio, que completemos nuestro saneamiento económico a pesar del Gobierno y salgamos adelante; otro, que no lo completemos y Alemania nos vuelva a quitar los soportes, regresando a una situación casi calcada a la de la primera mitad de 2012; y el último, que a pesar de no hacer las reformas y de no completar nuestra saneamiento, Alemania nos siga refinanciando sine die, en cuyo caso entraríamos en un proceso de japonización.

Lejos de celebrar las alzas bursátiles y la reducción de la prima de riesgo, deberíamos preocuparnos de que el Gobierno se duerma otro año más en los laureles salvo cuando se trata de subir impuestos. Está bien no haber quebrado gracias a Mario Draghi; no está tan bien que, merced a ese crédito barato, caigamos en una suicida autocomplacencia.

Los otros Eurovegas que perdió España

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Como cada año, en enero llegan los exámenes universitarios. Suelen fijarse a principio de curso para que cada alumno sepa el plazo de que dispone para preparar la asignatura. Este año, España conoce de antemano las fechas de los informes de las tres agencias de calificación europeas Fitch, Standard and Poor’s y Moody’s, que sumarán un total de siete evaluaciones desde febrero hasta casi final de año. Siempre en viernes, siempre una hora antes de la apertura o una hora después del cierre de los mercados. Solamente falta que además se les diga qué deben decir los dossiers.

La necesidad de prepararse

Estos informes estudian el pulso crediticio de cada país, su capacidad para devolver sus deudas habida cuenta de su patrimonio y sus activos. Además, el informe incluye una perspectiva que indica si esta calificación es estable, si se espera que mejore, o si las cosas, previsiblemente, irán a peor.

España no va muy bien. De momento, mientras Standard and Poor’s y Moody’s nos califican como un bono basura, Fitch nos sitúa apenas un escalón por encima. Veremos qué pasa en los siguientes informes que comenzarán en febrero.

Pero la novedad es que el gobierno de la nación y los de las Comunidades Autónomas ya saben de antemano, como los universitarios, cuándo se van a publicar esas evaluaciones. Esta idea, que podría parecer de lo más lógico, pervierte en cierta manera el sentido de las calificaciones de las agencias de rating.

Porque el objetivo es evaluar la capacidad de devolver la deuda de un país (o Comunidad Autónoma) en cualquier momento, en general. Y lo que se consigue con esta medida, como sabemos los profesores universitarios, es que de la misma manera que nuestros estudiantes tienden a estudiar "para el examen", nuestros gestores van a hacer lo necesario (gracias a un conveniente maquillaje estadístico, o lo que haga falta) para que todo cuadre y la calificación obtenida engorde y salir bien guapos en la foto.

Las dudas sobre el evaluador independiente

Pero en la misma información en la que este periódico explicaba las novedades de los informes de las tres principales agencias, se ponía sobre la mesa el que dichos organismos fueran cuestionados tras la crisis y el interés por parte de la Unión Europea, de aumentar su control sobre ellas.

Si bien es cierto que Moody’s, S&P y Fitch, en el pasado, tuvieron en sus manos la capacidad para alterar los mercados al cambiar sus informes sobre un país u otro, porque lo que mueven no es sino la confianza de los acreedores respecto a la deuda en sus manos, ese deseo de la Unión Europea dice mucho. Y nada bueno.

En todos los ámbitos en los que juega la confianza, la existencia de un observador externo, no sesgado, que emita una opinión, es no ya bueno, sino imprescindible. En el momento en que el sistema financiero está vinculado a la política internacional, sea por debajo o por encima de la mesa, este veredicto externo es tanto más importante. Cuando un país se comporta mal y baja su rating, los acreedores se deshacen de su deuda y le resulta tanto más difícil que le presten: el mundo financiero pierde la confianza en ese país.

Por eso, los gobiernos europeos unidos, que son los que se hacen cargo de los desastres de cada uno de los países morosos, a través de los diferentes mecanismos de rescate, quieren controlar la emisión de estos informes, y como no pueden controlar su contenido directamente, exigen que se sepa la fecha exacta de los mismos. Lo mejor es que la razón que blanden para esta reclamación es el supuesto sesgo de las agencias de rating. Y no se trata tanto de la santidad inmaculada de estas organizaciones como de la intención de los gobiernos de la Unión Europea, que pretenden extirpar todo atisbo de juicio independiente. ¿No está más sesgada la opinión del gobierno?

¿Cuál es el mensaje que lanzan al mercado financiero? Pues, de la misma manera que un estudiante que exige agobiado saber la fecha del examen está gritando a voces que no estudia regularmente y no lleva la asignatura al día, los gobiernos europeos están diciendo que necesitan cierta "preparación" para dar la talla crediticia.

Obviamente, ni nosotros ni los mercados somos tontos, y habrá que descontar este efecto del resultado de los informes.

Ya espero grandes titulares con los buenos resultados de los exámenes. Sería el colmo que encima las evaluaciones no nos favorecieran. ¿Se imaginan?

Irak, reino del espanto

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

La ONU hizo público esta semana un informe de su Misión de Asistencia en Irak que da cuenta de la escalada de terror que ha vivido el país en el último año. En efecto, 2013 ha sido el año más sangriento desde 2008, con un total de 7.818 víctimas mortales entre la población civil. Sólo en el pasado mes de diciembre se produjeron 759 asesinatos, mientras que 1.345 personas más resultaron heridas en actos de violencia sectaria, según datos oficiales recogidos por la referida misión de la ONU, cuyo responsable, Nicolay Mladenov, clamó por atajar este tremendo drama.

Diez años después de la caída del dictador Sadam Husein, ni la situación de Irak ni sus relaciones con EEUU son las que cabrían esperar después del esfuerzo de la intervención militar y la tarea de estabilización llevada a cabo para dotarlo de un régimen democrático. Las fuerzas aliadas lideradas por EEUU podrían estar desempeñando una importante labor en pro de la seguridad del país y el afianzamiento de sus instituciones, pero desde finales de 2011 no hay soldados norteamericanos allí a causa de la decisión de Obama de romper las negociaciones con el Gobierno de Nuri al Maliki en torno a la inmunidad de las fuerzas militares desplegadas en el territorio.

El cierre, en diciembre de 2011, de la base norteamericana Camp Victory, principal centro de operaciones aliadas, situada junto al aeropuerto de Bagdad, fue acogida con euforia, como gesto que devolvía la soberanía completa al pueblo iraquí. Sin embargo, hoy cunde la desesperación cuando se constata que ni la Policía ni el Ejército son capaces de mantener la seguridad en un país azotado por la violencia sectaria.

La frustración de la minoría suní, que el Gobierno chií de Nuri al Maliki no puede o no quiere solucionar, es una de las causas principales del resurgimiento de la violencia sectaria que asuela el país, buena parte de la cual es responsabilidad del Estado Islámico de Irak y el Levante, una de las marcas de Al Qaeda.

No se trata de atentados aislados cometidos por células independientes, sino de toda una ofensiva que busca poner amplias zonas del país al servicio de los objetivos del yihadismo vinculado a Al Qaeda. Los terroristas del Estado Islámico han tomado el control en los últimos días de dos ciudades del oeste, verdaderos feudos del extremismo suní. Se trata de Faluya y Ramadi –esta última, capital de la provincia de Al Anbar–, en las que los terroristas vinculados a Al Qaeda hacen exhibiciones de fuerza patrullando las calles a bordo de vehículos con armamento pesado. Fuentes del Ministerio del Interior iraquí se veían forzadas a reconocer esta pasada semana que la mitad de la ciudad de Faluya está en manos del ISIS, así como amplias zonas de Ramadi.

Terroristas yihadistas, vestidos de negro y con banderas de Al Qaeda, entraron en ambas ciudades el día de Año Nuevo después de los disturbios ocasionados por el violento desalojo por parte del Ejército de una acampada suní, en el transcurso del cual murieron 13 personas. Los combates directos comenzaron al día siguiente, cuando las Fuerzas Armadas intentaron recuperar el control de las ciudades, con los milicianos yihadistas ya firmemente instalados en ellas, y desde las que realizan continuos llamamientos por la megafonía de las mezquitas instando a los vecinos a la lucha.

La guerra de Siria es otro factor de desestabilización. Sus efectos en Irak sobrepasan la capacidad de reacción del Gobierno Maliki. A lo largo de 2013 los atentados, a cuál más sangriento, han castigado especialmente ciudades y barrios de mayoría chií, y no parece que la situación vaya a revertirse a corto plazo, sino más bien todo lo contrario.

EEUU dejó Irak en 2011 con las milicias suníes de Al Sahwa integradas en los esfuerzos por erradicar la amenaza de Al Qaeda en la región. Dos años después, el conflicto de Siria y la incapacidad de las autoridades iraquíes para integrar a los suníes en las instituciones han hecho que Irak vuelva a vivir la pesadilla de hace unos años, cuando entre 2006 y 2008 el país estuvo prácticamente al borde de la guerra civil.

© elmed.io

¿Es recomendable aprobar un ‘impuesto al lujo’?

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

Es habitual escuchar alegatos a favor de aumentar los impuestos "a los ricos". Menos común es que estos pedidos obedezcan a la lógica económica y fiscal. Un buen ejemplo lo tenemos en España, donde suele afirmarse que las rentas altas torean al fisco. La realidad es otra. Por ejemplo, los datos de la Agencia Tributaria nos recuerdan que Hacienda consigue más del 60% de la recaudación por IRPF de las rentas altas.

Pese a ello, nuestro país ha consolidado en los últimos años todo tipo de alzas impositivas destinadas a castigar a las personas de mayores ingresos. La estrategia suele centrarse en confiscar un porcentaje mayor de los ingresos personales o empresariales. No obstante, también se ponen encima de la mesa otro tipo de propuestas fiscales.

Una reivindicación muy común pasa por gravar el consumo de bienes de lujo. Se pretende que la compra de un vehículo deportivo, un yate o una mansión implique un pago adicional al Estado. Diferentes partidos políticos llevan tiempo defendiendo esta reforma fiscal: 

En EEUU, el Nobel de Economía Paul Krugman también se ha quejado de que "se vuelven a ver mansiones, aviones privados, yates…". En esta línea, no se ha mostrado a favor de un impuesto al lujo, pero sí ha pedido subir el Impuesto sobre la Renta hasta un tipo máximo del 91%.

Las consecuencias no esperadas

El Blog Salmón apunta algunas dudas de partida que los entusiastas de estos artificios tributarios no parecen tener muy en cuenta:

  • Es difícil definir qué es lujo y qué no. Por ejemplo, puede que consideremos que un yate de 100.000 euros entra en esta categoría… ¿pero qué pasa si su propietario reside en la embarcación y no posee una vivienda?

  • El precio como valor absoluto no es una buena indicación. Por ejemplo, una botella de vino de 100 euros es sin duda costosa, pero está al alcance de muchos bolsillos.

  • La libertad de comercio en la UE anularía el efecto de este gravamen, ya que el recargo extra exigido en España podría ser vulnerado comprando el mismo artículo en Francia, Italia, Portugal, Reino Unido… Con las nuevas tecnologías, es posible que esa compra la hagamos sin siquiera salir de nuestra casa, lo que facilitaría la elusión del tributo.

Hay que añadir más consideraciones. Por ejemplo, en el caso de los vehículos de alta gama, su factura tributaria ya es más alta debido a los tipos del impuesto de matriculación aplicados. Así, matricular un Ferrari 458 Italia implica pagar al Fisco un 35,75%, no un 21%.

A todo lo anterior se une otro aspecto no advertido, pero fundamental: el impacto sobre el empleo y la actividad económica. Perseguir la compra de bienes y servicios de lujo implica deprimir la actividad de numerosas empresas. Esto se traduce en una reducción de beneficios que, a su vez, lleva a una reducción de plantillas. El círculo vicioso va a más si consideramos que esos despidos generarán un mayor gasto público debido al subsidio de desempleo.

Ted Kennedy y el impuesto a los yates

Peor aún, ya que quienes más sufren el impacto de estos gravámenes son los trabajadores que producen estos bienes. Un buen ejemplo lo tenemos en Estados Unidos. En los años 90, el país norteamericano aprobó un impuesto especial del 10% aplicado a la compra de yates por más de $100.000 dólares.

En este sector estaban ocupados muchos trabajadores de ingresos modestos. Aquel gravamen también pretendía castigar la compra de coches, joyas, aviones privados… El legislador demócrata Ted Kennedy impulsó esta propuesta fiscal, pero la subida tributaria duró poco. Solamente en la industria de los yates, se dieron desplomes de ventas de hasta el 77%.

El New York Times explicó que el empleo en el sector de los yates y las embarcaciones de lujo cayó de 600.000 a 400.000 personas después de la introducción de este tributo. Los precios de los barcos se resintieron notablemente (una deflación de hasta el 50%) y las empresas que siguieron en pie se salvaron principalmente por las exportaciones.

Empresarios del sector como los hermanos Healey dejaron su trabajo y se fueron a Washington para representar los intereses de la industria ante los políticos estadounidenses. Las labores de cabildeo y lobby fueron encauzadas por los propios afectados, no por despachos de especialistas. Por suerte, el esfuerzo llegó a buen puerto y el gravamen acabó siendo retirado. Mientras se aplicó, recaudó cientos de millones por debajo de lo esperado y generó una intensa destrucción de empleo.

Italia ha vivido una experiencia similar más recientemente. Durante esta crisis se aprobó un impuesto a los yates que imponía una tasa por cada año de utilización. Este tributo podía ser de 800 euros para embarcaciones pequeñas, pero llegaba a 4.400 euros en el caso de barcos de entre 20 y 24 metros de eslora. Peor aún era la situación de los grandes yates: desde los 64 metros de largo, el pago al fisco era de 25.000 euros.

Según explicó Roberto Fusco en The Economist, "los propietarios del 20% de los barcos eligieron no renovar sus permisos para así evitar este tributo. Las ventas de combustible en los puertos registraron caídas de hasta el 40%. En playas cercanas a Roma detectamos caídas de negocio cercanas al 50%". Por supuesto, esto se tradujo en destrucción de empleo, menor recaudación, etc.

El mercado del lujo en España

A nivel global, los estudios de la Fondazione de Altagamma cifran el mercado del lujo en los 680.000 millones de euros. Un 30% entra en la categoría del lujo personal: cosméticos, moda, accesorios, relojes, joyas, vinos, hoteles, restaurantes, mobiliario, yates y automóviles.

Europa supone el 38% de este mercado pero ¿cuál es la realidad a nivel español? El Observatorio del Mercado Premium y los Productos de Prestigio, constituido por IE Business School y dirigido por María Eugenia Girón tiene la respuesta:

  • El mercado del lujo mueve en España alrededor de 5.000 millones de euros cada año. El gasto per cápita en este sector es de 116 euros, por lo que no hablamos de una profundidad excesiva.

  • Entre los consumidores nacionales, el 30% de las compras proviene de hogares con ingresos totales de entre 45.000 y 100.000 euros. Hablamos de clientes que no recurren a estos bienes y servicios de forma rutinaria, sino en ocasiones especiales.

  • Los grandes patrimonios apenas suman el 10% del mercado del lujo, si bien el gasto medio de estos compradores es elevado.

  • Los turistas sostienen estos niveles de facturación, convirtiéndose ya en el 30% del mercado. Este porcentaje es superior al 40% en Francia o Italia, por lo que aún hay mucho margen de crecimiento.

  • En 2012, los visitantes llegados de fuera de nuestras fronteras aumentaron su gasto en artículos de lujo un 22%, compensando así el descenso de ventas domésticas, estimado en el 7%.

  • Los turistas más apetecibles para este mercado llegan de países asiáticos, Rusia, Brasil y México.

Quienes proponen este gravamen a través de plataformas como Change.org afirman que la recaudación obtenida "permitiría bajar el IVA" a niveles de 2011, eliminando así la subida aprobada por la Administración Rajoy en 2013. Sin embargo, un vistazo sereno a los números muestra que esta afirmación es un disparate, ya que gravar a este mercado como proponen ERC, IU o UPyD generaría un máximo de 300 millones de euros, tal y como indican los cálculos más generosos de Actibva.

Eso sí, hablamos de un juego de suma cero, y por tanto los ingresos extra del Estado implicarían menos dinero para el sector del lujo. Como ya hemos visto, esto se traduciría en menos empleo y menos actividadeconómica. Las ramificaciones llegarían a sectores como el turístico o el publicitario. En suma, el coste fiscal derivado de este empobrecimiento podría anular buena parte de la recaudación obtenida.

Loewe como ejemplo

Hay quienes encuentran frívolo el coste de los productos de empresas como Loewe. Sin embargo, estas firmas se caracterizan por la excelencia en materia de diseño, fabricación y presentación, justificando así ese diferencial de precio frente a otras marcas.

El caso de Loewe es muy ilustrativo para el asunto que nos ocupa. Dicha firma acaba de anunciar que duplicará su planta de producción en Getafe, convirtiéndola en su centro mundial de investigación y desarrollo y ampliando su volumen de trabajadores hasta las 430 personas. A esta generación de riqueza se unen los empleos generados directa e indirectamente (venta al público, transporte, publicidad, marketing…) o aspectos intangibles que también benefician a nuestra economía (internacionalización, imagen de excelencia y prestigio…).

Pueden seguir a Diego Sánchez de la Cruz en su blog de Libre Mercado, sucuenta de Twitter y su página de Facebook.

Los planes del Gobierno para 2014: recaudar, recaudar, recaudar (y una alternativa)

Escrito por Antonio España en . Publicado en Artículos en prensa.

Es habitual escuchar que el principal problema económico de España es la falta de demanda, es decir, la falta de gasto. Si ésta regresara, también lo haría la inversión, la creación de empleo con salarios crecientes, el consumo, la recaudación fiscal y, en última instancia, la solución a todos nuestros problemas. Las causas de la falta de demanda suelen tasarse en la incertidumbre económica que paraliza cualquier decisión de los agentes y en el muy notable apalancamiento privado que impide que familias y empresas destinen su renta disponible a algo que no sea la amortización de su deuda.

La explicación tiene la ventaja de que encaja con la percepción popular sobre la crisis –como ya no gastamos tanto como antes, la economía ha encallado y se ha ido deteriorando– y, sobre todo, con el repertorio justificativo del intervencionismo estatal –si el problema es la falta de demanda y el sector privado no puede tirar del carro, deberá ser el Estado quien lo haga mediante “planes de estímulo” y gigantescos déficits públicos–. Pero, por intuitiva que pueda parecernos, la explicación es esencialmente falaz y no deja de ser preocupante que, habiendo iniciado nuestro séptimo año de crisis económica, todavía no hayamos desentrañado adecuadamente sus causas.

El problema es de oferta, no de demanda

Si nuestro problema es la falta de gasto, será que en agregado no gastamos tanto como en 2007, momento en el que la economía funcionaba a pleno rendimiento y el desempleo alcanzó mínimos históricos. El problema de gastar al nivel de 2007 es sólo uno: en ese año, 1 de cada 10 euros de nuestros desembolsos procedía de nuestro endeudamiento exterior; a saber, sólo el 90% de lo que gastábamos en España era producido dentro de España, proviniendo el otro 10% de importaciones netas desde el extranjero que quedaban pendientes de pago.

Así pues, España vivía a todo tren porque un 10% de ese tren era financiado por nuestros acreedores extranjeros. El caso no es demasiado distinto al de una persona que se endeuda con el banco durante varios años y, merced a las líneas de crédito obtenidas, vive muy por encima de sus posibilidades: ciertamente, su endeudamiento le permite gastar más, pero su nivel de gasto resulta insostenible.

Regresar al nivel de gasto 2007 implica, pues, regresar a la estructura de gasto de 2007, es decir, al ritmo de endeudamiento (insostenible) de 2007. Sólo habría una excepción para la proposición anterior: si desde 2007 a esta parte, el aparato productivo de nuestra economía (la oferta) hubiese cambiado de tal modo que hoy nos permitiera atender el nivel de gasto de 2007 cubriendo con producción interna no el 90% de ese gasto, sino el 100% (en realidad, más del 100%, pues necesitamos exportar una parte de nuestra producción interna para amortizar nuestra deuda exterior), podríamos gastar al nivel de 2007 sin endeudarnos al ritmo de 2007. Dicho de otro modo, nuestro problema siempre ha sido de oferta: cómo modificar una muy deficiente y burbujística estructura productiva para transformarla en una superavitaria y equilibrada estructura productiva que nos permita fabricar no sólo muchos más bienes que en 2007, sino bienes muy distintos a los de 2007 (no necesitamos más viviendas).

¿Contamos hoy con una estructura productiva capaz de fabricar más y mejores bienes y servicios que los de 2007? Con seis millones de parados, parecería que los sectores económicos que necesitamos todavía no hayan sido creados (pues, si lo estuvieran, los desempleados estarían ya contratados y generando riqueza). Acaso podría pensarse que no lo están por falta de demanda: pero fijémonos que el problema no es que españoles no deseen poseer esa mayor cantidad y calidad de bienes y servicios (todos queremos vivir mejor), sino que no poseemos renta suficiente para adquirirlos. Pero, ¿de dónde procede la renta salvo de la producción? El trabajador cobra un sueldo cuando es contratado para producir y el capitalista cobra dividendos una vez ya se han producido (y vendido) las mercancías.

En otras palabras, salvo cuando nos endeudamos, por necesidad la producción antecede al gasto. Nadie puede disponer de aquello que no ha producido (salvo que se lo dejen prestado, es decir, salvo que se endeude). De ahí que afirmar que nuestro problema es de falta de demanda equivale hoy a afirmar que nuestro problema es de falta de endeudamiento. ¿De verdad el sector público y el privado necesitan de más deuda cuando a duras penas pueden devolver sus titánicos pasivos actuales?

Implicaciones del problema de oferta

El debate sobre si los problemas de España proceden de la inadecuada oferta o de la insuficiente demanda no es en absoluto bizantino. Si el problema fuera de demanda, la solución pasaría por endeudarnos y por gastar más, sin atender demasiado a la composición concreta de la oferta. Si, en cambio, el problema es de oferta, la solución no pasará por endeudarnos todavía más como país, sino por remover los obstáculos que impiden a nuestros empresarios reconfigurar sus planes de negocio y generar nuevas industrias (ésas que permitan aumentar la cantidad y la calidad de los bienes que podemos fabricar internamente): será justamente ese aumento de la oferta el que generará las rentas que permitan aumentar la demanda (las rentas que nos permitan aumentar nuestro gasto sin endeudarnos con el exterior).

¿Cuáles son esos obstáculos? Por un lado, todas aquellas condiciones institucionales que generen incertidumbre sobre la viabilidad a largo plazo de nuestra economía: en esencia, nuestro desequilibrado déficit público que amenaza la solvencia a largo plazo del Estado. Por otro, todas aquellas regulaciones y sobrecostes estatales que impidan conformar, dentro de las condiciones actuales de España, planes de negocio rentables: normativas que bloquean el ajuste del precio de sus factores con su productividad (leyes de salario mínimo y convenios colectivos que inflan artificialmente los costes salariales, intervenciones en el sistema eléctrico que hipertrofian su precio o racionamiento del stock de viviendas a la venta para seguir retrasando el pinchazo definitivo de la burbuja) y gravosos impuestos de todo tipo que minan las ganancias post-mordida estatal.

En suma, necesitamos una economía más segura, más flexible y más libre para superar el shock distorsionador que le supuso la burbuja inmobiliaria y para encontrar su lugar dentro de una economía globalizada que descansa sobre una división del trabajo internacional (dentro de la que se tiene que insertar España, sacando partida de sus ventajas comparativas). No será el gasto indiscriminado y basado en la deuda el que, llevándonos a especializarnos en la producción de cualquier cosa, nos saque de un embrollo en el que, justamente, nos metió el gasto indiscriminado y basado en deuda: al contrario, serán las decisiones racionales, ponderadas, equilibradas y juiciosas a propósito de planes de negocio viables las que nos permitan aumentar sosteniblemente nuestra producción, nuestra riqueza y, al final, nuestra demanda.

Los políticos españoles, así como la inmensa mayoría de economistas de este país, han remado en la dirección contraria entre 2007 y 2013. Por desgracia, nada hace sospechar que vayan a cambiar de perspectiva a partir de 2014.

2014 empieza con una nueva subida de impuestos a empresas y autónomos

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Seguramente han visto alguna vez a un crío pequeño, sea alguno de sus hijos, sobrinos o nietos, jugar con juguetes que simulan, en vivos colores, las herramientas de carpinteros, fontaneros y otros oficios manuales. Probablemente se han fijado también en que la herramienta favorita de los niños es el martillo, con el que igual clavan un clavo de juguete, que un tornillo, que les “arregla” alguna lámpara o cualquier otro objeto decorativo de su salón. Pues bien, esta conducta, formulada como “dele un martillo a un niño, y pensará que todo son clavos”, responde a lo que el filósofo Abraham Kaplan denominara la ley del instrumento en su obra de 1964 The Conduct of Inquiry, y es justamente lo que ocurre con el Gobierno, que creen que van a resolver a martillazos fiscales los problemas de nuestra economía.

Si por algo se ha caracterizado la acción de gobierno del gabinete de Mariano yalopensarémañana Rajoy durante el 2013 que hemos dejado atrás, es por su esmero en ‘clavarnos’ a impuestos, tasas, cotizaciones y otras exacciones fiscales a los españoles. Un atosigamiento fiscal capitaneado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Taxman Montoro, y al que alegremente se han unido otros miembros del Ejecutivo, como los ministros de Justicia –entrada en vigor desde enero de 2013 de las tasas judiciales–, de Industria, Energía y Turismo –nuevos impuestos a la generación vigentes también desde el 1 de enero de 2013– o de Empleo y Seguridad Social –subida de las bases de cotización el pasado mes de septiembre–.

Y es que a veces uno no puede evitar imaginarse las reuniones del Consejo de Ministros discurriendo como aquel delirante sketch de los irreverentes Monty Python titulado Tax on Thingy –impuestos a eso, en español– en la que altos cargos del Gobierno se devanan los sesos en encontrar todo tipo de nuevos conceptos disparatados para gravar a sus ciudadanos.

El último clavo ha sido la publicación el pasado 21 de diciembre de una nueva subida de los impuestos al trabajo cuyos efectos sufrirán en 2014 las empresas, especialmente aquellas intensivas en mano de obra y con márgenes más ajustados, y los trabajadores con los salarios más bajos –aquellos que no superan las bases máximas de cotización–. Así, la ministra Fátima Báñez nos ha colado de rondón un nuevo incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social. Lo ha hecho, además, en sábado, en vísperas de Navidad, y como una disposición final deslizada, como quien no quiere la cosa, en un real decreto ley que, para mayor escarnio, reza en su título que es para "favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores".

Lo que necesita España no es más recaudación, sino menos gasto público y menos impuestos. Hasta que no entiendan esto, las medidas del Ejecutivo serán un obstáculo más que el sector privado tendrá que continuar sorteando para salir de la crisis. Y el año 2014 que acabamos de estrenar no parece que vaya a suponer un cambio de tendencia, tal y como dejaba muy claro el propio ministro de Hacienda en la entrevista publicada el pasado lunes en el diario Cinco Días. Así, ante la primera pregunta sobre la futura reforma tributaria, ofrecía una respuesta de tres párrafos en la que casi una de cada veinte palabras era “recaudar” –o alguna de sus formas léxicas–. La obsesión de Montoro por recaudar es digna de psicoanálisis. Todo ello, por cierto, recurriendo como argumento de autoridad a Milton Friedman, atribuyéndole erróneamente el dudoso mérito de ser inventor de la progresividad, tal y como acertadamente le enmendaba John Müller en su columna de El Mundo.

Víctima inequívoca de la ley del instrumento de Kaplan mencionada más arriba, racionalizaba Montoro el “que trate de recaudar más, porque, si no, este país nunca saldrá de la crisis”. Leyendo al ministro, no cabe la menor duda de que todos nuestros problemas económicos le parecen clavos a los que golpear con el ‘martillo dorado‘ de la fiscalidad, como demuestra esta otra perla: “Recaudaremos más en el sentido sano de recaudar más”, que decía sin ruborizarse. Y, para colmo, proclamaba que “el ajuste de la plantilla pública ha concluido”. O sea, que para el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ya estamos en el nivel óptimo de asesores, cargos de confianza, directivos de empresas públicas, etc.

Yerra de plano el ministro si así piensa que va a contribuir a que 2014 sea el año del inicio de la recuperación, como su jefe ha anunciado triunfalmente. Antes bien, si se sigue empeñando en lastrar el crecimiento económico con sus políticas confiscatorias, el fin de la crisis no llegará hasta día del Juicio Final –por la tarde– o hasta el día en que Rajoy tome una decisión, lo primero que ocurra. Pues lo que necesita España no es más recaudación, sino menos gasto público y menos impuestos. Hasta que no entiendan esto, las medidas del Ejecutivo serán un obstáculo más que el sector privado tendrá que continuar sorteando para salir de la crisis.

Imagínense, sin embargo, el boom que supondría para la economía española si se redujeran el IRPF y las cotizaciones sociales –para el empleado y la empresa– en un muy conservador 5%. Con que la actividad económica generada por la mayor renta disponible de los trabajadores y los menores costes salariales de las empresas supusiera una mínima reducción de 2 puntos en la tasa de paro –algo que no parece descabellado–, ello supondría un estímulo estimado de 24.000 millones de euros, que irían directos a la economía allí donde más se necesitan. Todo ello con un efecto estimado sobre el déficit de 16.000 millones que podrían compensarse eliminando las subvenciones, además de la reducción ya prevista de los costes financieros por la menor prima de riesgo.

Y las condiciones de contorno son incluso más propicias para acometerlas si se dispone de la perspicacia, pasión y agallas que pedíamos aquí mismo hace doce meses, y que los ciudadanos y empresas han demostrado tener de sobra durante este año, mientras que han brillado por su ausencia en el Gobierno. Si empezábamos el 2013 con la prima de riesgo en 400 y el Ibex en 8.100 puntos, imagínense qué no podrá hacerse en 2014 con la prima casi a la mitad, el selectivo acercándose ya a los 10.000 y un sector exterior pujante. Existen, pues, alternativas al martillo fiscal de Montoro basadas en la reducción de impuestos, el adelgazamiento del Estado y la liberalización real de la economía. Sólo falta que el Gobierno quiera reconocerlas.

Un año más, quiero aprovechar antes de despedirme para agradecerles el interés mostrado en 2013 y desearles todo lo mejor para 2014.

España no tiene un problema de demanda

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El nuevo año 2014 no ha empezado con buen pie para los empresarios y autónomos, al menos en lo que se refiere al ámbito fiscal, ya que muchos deberán afrontar una nueva subida de las cotizaciones sociales. Es decir, deberán pagar más impuestos sobre el trabajo, pese a que España se caracteriza, precisamente, por soportar uno de los gravámenes laborales más altos del mundo desarrollado.

En concreto, la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 incluye un aumento adicional de las bases de cotización a la Seguridad Social, el nivel que sirve de referencia para determinar cuánto hay que pagar por la cuota mensual de autónomos.

Los asesores fiscales están informando a sus clientes de que la base mínima de cotización sube un 2%, desde 858,60 a 875,70 euros mensuales, por lo que la cuota mínima, que es la que paga más del 80% de los autónomos, pasa de 256,72 a un total de 261,83 euros (5 euros más al mes). Por otro lado, la base máxima de cotización sube un 5% -al igual que en el Régimen General-, pasando de 3.425,70 a 3.597,00 euros mensuales, con la consiguiente elevación de la cuota.

Asimismo, aprovechando el inicio de las vacaciones navideñas, el Gobierno aprobó una nueva subida de cuotas para los autónomos societarios y aquellos que dispongan de más de 10 trabajadores a su cargo. El Real Decreto-ley 16/2013, publicado el sábado 21 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), equipara sus bases mínimas de cotización con la prevista para los trabajadores encuadrados en el grupo 1 del Régimen General, que ascienden a 1.051,50 euros frente a los 875,70 euros del resto de autónomos en 2014.

Esto significa que aquellos trabajadores que pretendan montar su propia empresa (administrador societario) y los autónomos con más de una decena de empleados pasarán a pagar, como mínimo, una cuota mensual 313,34 euros, lo cual se traduce en casi 52 euros extra al mes. Según especifica la norma, quedarán exentos de esta subida los nuevos autónomos que causen alta inicial en el RETA durante los doce primeros meses de su actividad.

Más cotizaciones empresariales

Igualmente, muchas empresas deberán sufragar más impuestos sobre el trabajo, ya que el Ejecutivo ha colado por la puerta de atrás un aumento de las cotizaciones sociales mediante la inclusión de nuevos conceptos en la base de cotización que, hasta ahora, estaban exentos.

Así, a partir del pasado 1 de enero, los empresarios deberán incluir en dichas bases determinadas remuneraciones en especie por las que hasta ahora no se cotizaba, tales como el plus de transporte recogido en la mayoría de convenios colectivos, así como determinadas dietas o cheques restaurante. Únicamente no habrá que cotizar por las asignaciones para gastos de desplazamientos del trabajador desde el centro de trabajo habitual hasta otro lugar de trabajo en transporte público siempre que se justifiquen mediante factura o equivalente, así como aquellas asignaciones para gastos de locomoción, estancia o manutención (dietas) siempre que se desplace fuera del centro habitual de trabajo y que sea también en municipio distinto de su lugar de residencia.

Además, a partir del año que viene habrá que comunicar a la Seguridad Social no sólo las bases de cotización sino todo lo que se le abona al trabajador, a diferencia de lo que sucede ahora, lo que servirá para incrementar actuaciones inspectoras y sancionadoras, según alertan los asesores fiscales.

Y a todo ello, se suma el hecho de que, un año más, el Ejecutivo del PP ha optado por elevar un 5% las bases máximas de cotización del Régimen General -como ya hizo en 2013-, hasta los 3.597 euros al mes, lo cual afectará a cerca de 700.000 trabajadores. Esta medida implicará para las empresas un aumento de los costes laborales de unos 500 euros por cada empleado al año, mientras que los trabajadores afectados deberán aportar casi 100 euros extra.

Así pues, 2014 comienza con un alza generalizada de cotizaciones sociales para numerosas empresas y autónomos, a pesar de que el PP de Mariano Rajoy prometió en su día reducir la elevada carga fiscal sobre el trabajo que soporta España, encareciendo con ello los costes laborales en el peor momento posible, dada la histórica tasa de paro que sigue presentando el país.

Por último, y aunque no está directamente relacionado con las cotizaciones, el Gobierno también ha encarecido el coste del despido en determinados supuestos, tras eliminar la indemnización que asumía el FOGASA de 8 días en despidos objetivos de empresas de menos de 25 trabajadores. Con la entrada del nuevo año, las empresas de menos de 25 trabajadores asumirán la indemnización total de 20 días por año en despidos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, por lo que el FOGASA dejará de abonar 8 días por año como venía haciendo hasta la fecha.

Montoro celebra los dos años del rejonazo fiscal

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Reconoce Montoro algo que, a estas alturas de esta terrorífica película, no debería sorprender a nadie: la próxima reforma fiscal no irá dirigida a bajar impuestos sino a subirlos. En contra de lo que nos prometieron cuando nos propinaron una profunda estocada fiscal que dejó, en aquel momento, a Cayo Lara a la altura de un izquierdista moderado, Montoro no tiene el menor propósito de suprimir ese socialdemócrata "recargo extraordinario de solidaridad" que llevó los tipos sobre la renta españoles a los niveles más altos del mundo. Al revés: su objetivo declarado es camuflarlo para consolidarlo; convertir la anormalidad fiscal en un imperceptible saqueo penumbroso.

"Me permitirán que trate de recaudar más", sentencia el ministro de Hacienda que más ha hecho por ahogar fiscalmente a los españoles. Todavía más, debería haber añadido. Eso sí, amablemente nos aclara que su ilimitada voracidad tributaria responde a un sano propósito: reducir el déficit público para consolidar la recuperación. Lo dice al mismo tiempo que declara finiquitada la austeridad verdaderamente sana (la consistente en reducir gastos) y el mismo día en que la Intervención General de la Administración del Estado ha retratado sus auténticos planes: hasta noviembre de 2013, la recaudación del Gobierno central había crecido casi un 7% con respecto a 2012, mientras que el déficit se expandía en más de un 8%. ¿La razón? El gasto público que recae bajo el control directo de Montoro se ha disparado por encima de los niveles alcanzados en 2012 e incluso en el zapateril 2011.

He ahí, pues, el auténtico motivo por el que Montoro ambiciona más recaudación: para poder gastar más. Toda vez que el PP renunció a pinchar la burbuja estatal, la única alternativa para costear nuestro Estado sobredimensionado pasaba por instituir un infierno fiscal; tarea a la que el titular de Hacienda se ha dedicado en cuerpo y alma, aun cuando ello implique incurrir en flagrantes y desvergonzadas contradicciones.

Comparen, si no, estas dos declaraciones del ministro de Hacienda, separadas apenas por unos meses. En materia fiscal, insiste en que la crisis hace inexorable la subida de impuestos: "Estamos en crisis y los ciudadanos y contribuyentes de más capacidad económica y las empresas con más capacidad económica van a contribuir comparativamente más. Eso, vaya por delante, que estamos en crisis. Que quede claro, porque si no, esto no encaja". En materia propagandística, pregona la conclusión de la crisis: "Este año [2013] será el último de crisis económica". ¿Seguimos en crisis para continuar incrementando los impuestos pero ya hemos salido de ella cuando se trata de entrar en precampaña electoral? Broteverdismo asimétrico.

El descaro de Montoro no termina aquí. Tratando de hacer un guiño al público liberal, al que debe de reputar como hondamente iletrado, el titular de Hacienda proclama: "Milton Friedman, antes de ser el gran monetarista y liberal de nuestro tiempo, fue la persona que reformó el impuesto sobre la renta norteamericano para introducir un impuesto progresivo. Por tanto, hasta Friedman promovió un sistema más recaudatorio a través de la progresividad fiscal. Y a mí, que soy mucho más modesto, también me permitirán que trate de recaudar más, porque si no, este país nunca saldrá de la crisis".

Como suele suceder con Montoro, resulta difícil deslindar la ignorancia del embuste, pero lo intentaremos.

Primero, el impuesto sobre la renta estadounidense ya nació siendo progresivo en 1913, momento en el que Friedman contaba con un añazo de edad. Segundo, Friedman defendió en Capitalismo y Libertad (1962) un impuesto de tipo único sobre la renta: "La estructura ideal del impuesto sobre la renta parece ser la de un tipo único a partir de un mínimo exento". Tercero, lo que Friedman sí contribuyó a implantar durante la II Guerra Mundial fueron las retenciones sobre la renta (supongo que un catedrático de Hacienda como Montoro sabrá distinguir entre retenciones y progresividad), una calamidad estatista por la que, por cierto, terminó pidiendo perdón: "[Cuando ayudé a crear las retenciones sobre la renta] nunca se me ocurrió que estuviera ayudando a construir una maquinaria que haría viable un Gobierno como el que tantas veces he criticado: demasiado grande, demasiado intrusivo, demasiado destructivo de la libertad. Pero eso era precisamente lo que estaba haciendo". Y, por último, se me antoja complicado que el responsable de que se hayan subido más de 30 veces los impuestos en España se intente acercar mínimamente a un liberal que, si bien cometió muchos fallos a lo largo de su vida, al menos tenía los principios tributarios bastante claros: "Estoy a favor de recortar impuestos bajo todas las circunstancias y por cualquier razón imaginable, porque creo que el problema no es la falta de tributación: el gran problema es el excesivo gasto". Calcado a Montoro, vaya.

En definitiva, el ministro de Hacienda ha querido celebrar el segundo aniversario de aquel infausto Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011 –el del solidario rejonazo fiscal– recuperando su esencia espiritual: anunciar nuevas subidas de impuestos envueltas en el engaño sistemático.

2014, ¿recuperación o estancamiento?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

En su particular balance del ejercicio que está a punto de concluir, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó el pasado viernes que si 2012 fue el año de los ajustes y 2013 el de las reformas, 2014 marcará el inicio de la recuperación económica. Por desgracia, ninguno de estos tres postulados se sustenta sobre bases sólidas. Frente a la tan manida austeridad que insiste en pregonar el PP y, por desgracia, pretende condenar el conjunto de la oposición, lo cierto es que el Estado gastará el próximo año casi 355.000 millones de euros -sin contar la refinanciación de deuda-, unos 63.000 millones más que en 2007, cuando España experimentaba los últimos coletazos del espejismo económico derivado de la burbuja crediticia. Es decir, los famosos recortes, en realidad, se han traducido en un aumento del gasto estatal próximo al 22% durante la crisis, muy similar al incremento presupuestario que han registrado las comunidades autónomas.

En cuanto a las reformas, es cierto que el Gobierno ha aprobado un ingente número de nuevas normas y enrevesadas regulaciones durante los dos últimos años, pero, una vez más, este intenso esfuerzo legislativo no se ha traducido en grandes cambios, capaces de convertir España en un lugar idóneo para atraer capital foráneo y desarrollar una fructífera actividad empresarial, factores clave para impulsar un crecimiento sólido con el que reducir de forma rápida la insostenible tasa de paro actual. La reforma laboral de 2012 supuso un indudable avance con respecto al rígido marco previo, auténtico culpable de la histórica destrucción de empleo padecida durante la crisis, pero sigue siendo insuficiente para solventar el drama del paro; la reforma financiera ha apuntalado parcialmente la solvencia de las cajas de ahorros, pero a costa del bolsillo de los contribuyentes, convirtiendo deuda privada incobrable en más deuda pública; la reforma energética ha sido una chapuza, cuya factura seguirá reflejándose en una luz cada vez más cara, con la consiguiente pérdida de competitividad económica; o qué decir de la tan cacareada reforma de las Administraciones Públicas, convertida en papel mojado antes incluso de empezar a aplicarse, por poner tan sólo algunos ejemplos. El dato más relevante en esta materia es que España, lejos de registrar una mayor libertad económica, se ha desplomado seis puestos en el último ranking mundial de facilidad para hacer negocios, hasta la posición 52, a la altura de Túnez y México. De hecho, es uno de los países de la OCDE que ha sufrido un mayor deterioro en su clima empresarial en el último año, debido, sobre todo, a la confiscatoria política fiscal desarrollada por el PP, ya que en materia de impuestos España cae de golpe 34 puestos.

Así pues, ni austeridad ni reformas. Tampoco recuperación. La economía nacional ha salido de la recesión, al igual que sucedió en 2010, pero ello no significa que vuelva a crecer a un ritmo lo suficientemente fuerte y estable como para regresar al nivel previo a la crisis a corto o medio plazo, ni mucho menos. Es posible que el PIB avance un 1% en 2014, incluso que el sector privado comience a crear empleo neto, pero aun así España afronta la recuperación más lenta y frágil del mundo desarrollado. Todo apunta a que registrará un crecimiento muy exiguo y una marginal creación de empleo durante los próximos años, y eso, siempre y cuando no se reproduzca la crisis del euro, con la consiguiente inestabilidad financiera que implicaría, lo cual no se puede descartar en ningún caso. De este modo, más que de recuperación se debería hablar de estancamiento, lo cual es muy distinto.

La razón no es otra que los dos factores citados anteriormente. Por un lado, España sigue contando con un sector público totalmente sobredimensionado, propio de una burbuja económica ya desaparecida, lo cual se traduce en un déficit y una deuda públicos de los mayores del mundo desarrollado, al tiempo que los españoles soportan el mayor esfuerzo fiscal de la Zona Euro. Y, por otro, la libertad económica, clave para poder crecer, sigue siendo una quimera. Con estos mimbres, el cesto, simplemente, no resistirá. No por casualidad, muy pocos reparan en que, si bien la mayoría de empresarios, expertos independientes y organismos internacionales coinciden en que la recuperación avanza en mayor o menor grado, todos ellos insisten de inmediato en que aún queda mucho por hacer. El Gobierno se esfuerza en destacar tan sólo la primera parte del mensaje, pero la que realmente importa es la segunda, ya que si no se acomete lo mucho que queda por hacer, la recuperación acabará esfumándose tarde o temprano.