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Honduras o el fin del chavismo

Las mejores encuestas lo advirtieron una semana antes. Juan Orlando Hernández, al frente del Partido Nacional, le sacaría entre 5 y 6 puntos de ventaja a Xiomara Castro, la mujer de Mel Zelaya, cabeza nominal del partido Libre. Y así fue: votó un 60% del censo electoral y JOH obtuvo el 35% de los sufragios. Xiomara Castro, como testaferro de su marido, recibió el 29%.

Los gritos de Mel son inútiles. Puede armar una permanente protesta pública, como Andrés Manuel López Obrador en México, pero el joven abogado Juan Orlando Hernández es ya el presidente electo de Honduras. Lo certificó el Tribunal Superior Electoral y le dieron el visto bueno la OEA, el Parlamento Europeo y el Centro Carter. Lo inteligente sería que Zelaya admitiera su derrota.

¿Por qué no lo hace? Afirman que Mel, electo diputado por su Olancho natal, está tratando de cambiar su pacífica aceptación de los comicios por la presidencia del Congreso. Si es cierto, no creo que lo logre. De los 128 diputados de la cámara –no hay senado– el partido oficial (Nacional) cuenta con 47, los zelayistas (Libre) 39, los liberales 26, Salvador Nasralla (PAC) 13 y otras 3 formaciones uno per cápita.

El pacto "natural" en el Congreso pudiera ser entre los nacionalistas de Juan Orlando Hernández y los liberales de Mauricio Villeda. Al fin y al cabo, esas dos formaciones, acompañadas por el Poder Judicial, acordaron desalojar del poder a Zelaya en junio del 2009, cuando Mel trató, torpemente, de llevar su país al bando chavista. Entonces, 111 de los 128 diputados –liberales y nacionalistas– votaron su destitución. Acaso vuelvan a coincidir.

Estas elecciones son mucho más importantes de lo que parecen. Finalmente, las preferencias políticas de los hondureños han podido contarse sin tapujos y se demostró que el chavismo, liderado por Zelaya, nunca alcanzó el 30% de respaldo popular. Era una loca y temeraria imposición tratar de arrastrar a los hondureños a un modelo político y económico rechazado por el 70% de la sociedad.

Como ahora se ha visto, la destitución de Zelaya no sólo respondió al ordenamiento constitucional. También expresaba la voluntad de una mayoría que no quería participar en la fallida aventura autoritaria del Socialismo del Siglo XXI.

Los hondureños, de algún modo, se adelantaron a su tiempo. El escandaloso mundillo del ALBA está de capa caída tras la muerte de Hugo Chávez y el inocultable desastre venezolano. Resultó muy significativo que Daniel Ortega fuera una de las primeras voces que reconocieron el triunfo de Juan Orlando Hernández.

Por otra parte, Nicolás Maduro, Evo Morales, Rafael Correa y Raúl Castro se han mantenido en silencio, lo mismo que el chavismo vegetariano de la periferia democrática: Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff y José Mujica. No han tenido la cortesía de felicitar pública y vivamente a JOH, pero tampoco se han sumado al coro de los deslegitimadores. Eso es moral de derrota.

Probablemente, el resultado de las elecciones hondureñas sea un ensayo general de lo que sucederá en Venezuela en la consulta del 8 de diciembre próximo. No son comicios presidenciales, sino municipales. Supuestamente, lo que está en juego son 335 alcaldías con sus aproximadamente dos mil quinientos concejales, pero, en verdad, se trata de una prueba del liderazgo y respaldo que posee Nicolás Maduro.

Si los venezolanos logran impedir las trampas, votan masivamente y consiguen que el gobierno no vulnere la voluntad popular –tres condiciones esenciales–, ocurrirá lo que anticipa el encuestador Alfredo Keller: el chavismo perderá por una decena de puntos y en casi todas las ciudades importantes se instalará la oposición.

Esa situación multiplicará sustancialmente la debilidad de Nicolás Maduro, un personaje nada respetado y poco querido por la sociedad, incluidos los chavistas cansados de un patético señor que habla con los pájaros, duerme junto a los restos de Chávez y no deja de hacer y decir tonterías. Pero la oposición, si obtiene la victoria, no puede dejar arrebatársela. Sería el fin de cualquier esperanza de salir de esa pesadilla pacíficamente.

elblogdemontaner.com

Las claves de Ginebra

La última reunión de Irán con el P5+1 (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania), celebrada el pasado fin de semana en Ginebra, se saldó con un acuerdo inicial que ha sido saludado como un éxito histórico por todas las partes implicadas. Sobre todo por parte del régimen de Teherán, que organizó un recibimiento a los miembros de su equipo negociador de auténticos héroes nacionales.

Aunque al término del encuentro no hubo un documento oficial que recogiera lo acordado, la agencia iraní Fars hizo público el texto elaborado por la Casa Blanca. Dos días después de publicar el resumen realizado por Washington, la misma agencia se hizo eco de la protesta del Gobierno iraní, que acusa a la Administración Obama de haber interpretado unilateralmente el resultado de la reunión contradiciendo en algunos puntos el sentido correcto de lo acordado. No obstante, y salvo que la República Islámica haga públicos su valoración exacta de los compromisos adquiridos y las discrepancias que mantiene con la interpretación norteamericana, los apartados esenciales del acuerdo, hasta el momento no desmentidos, son los que se recogen a continuación.

El acuerdo incluye una serie de puntos que establecen los derechos y obligaciones de ambas partes para dar por finalizada la crisis sobre el programa nuclear iraní. En esencia, se acuerda que el régimen de los ayatolás podrá desarrollar tecnología nuclear, pero únicamente con fines pacíficos, con la promesa explicita de que "bajo ninguna circunstancia" utilizará esos medios para fabricar armamento atómico.

Irán se compromete a diluir sus reservas de uranio enriquecido al 20% hasta no más del 5% de concentración, y en los próximos meses no enriquecerá mas uranio por encima de ese límite.

Además, inutilizará o reducirá la produccion de sus centrifugadoras para que no sobrepasen dichos limites; mención especial merece en este punto la central de Arak, que permanecerá paralizada durante esos seis meses. Igualmente, Irán renuncia a construir nuevas instalaciones en otras localizaciones distintas de las ya conocidas y censadas.

Más aún: Irán se compromete a facilitar a los inspectores de la Organizacion Internacional de Energía Atómica, dependiente de la ONU, el acceso a las plantas principales para que verifiquen el cumplimiento de estos extremos y a proporcionar información transparente sobre su programa nuclear. Se creará una comisión conjunta de los países presentes en Ginebra que dirimirá las cuestiones que puedan surgir en la interpretación del acuerdo.

A cambio de estos compromisos aceptados por Irán, el Grupo P5+1 no aumentará las sanciones ni impondrá nuevos castigos en estos primeros seis meses. Además, quedarán en suspenso con carácter inmediato las sanciones que pesaban sobre el oro y los metales preciosos, el sector automovilístico y las exportaciones petroquímicas iraníes.

La República Islámica podrá seguir vendiendo petróleo en las cantidades actuales y repatriar parte de los fondos que mantiene en el extranjero. Asimismo, podrá comprar a otros países comida, productos agrícolas, medicinas y material sanitario.

Cumplido este primer plazo de seis meses y verificado el cumplimiento de los compromisos, en el plazo de un año se negociará una solución definitiva, tras la cual quedarían sin efecto todas las sanciones impuestas e Irán se convertiría en un país más entre los que producen energía atómica con fines no bélicos.

La solución provisional de la crisis nuclear ha sido acogida con satisfacción por la mayoría de cancillerías, y convertida por la Administración norteamericana en un "acuerdo histórico" y un éxito de la gestión del presidente Obama. En cambio Israel, el país más amenazado por la existencia de armas atómicas en manos de un régimen que ha jurado destruirlo, y los Estados del Golfo Pérsico, en abierto conflicto con Irán por el predominio en el mundo islámico, mantienen su escepticismo sobre los presuntos beneficios que el acuerdo de Ginebra va a reportar para la estabilidad regional y mundial. Netanyahu incluso ha llegado a tachar de "error histórico" lo sucedido. El tiempo dirá quién tenía razón.

© elmed.io

Por qué se equivoca el Papa

La semana pasada, los suizos dieron un contundente portazo a la propuesta legislativa 1:12, a saber, limitar los salarios máximos de los directivos a 12 veces el menor de los salarios de sus empleados (de manera que ningún directivo gane en un mes más de lo que gana el peor remunerado de sus trabajadores gana en un año). Todos los cantones, incluidos aquellos más escorados a la izquierda, rechazaron la ocurrencia, mostrando de nuevo que en muchos asuntos el pueblo suizo todavía no ha degenerado por la senda del votante irracional.

Ciertamente, los habrá que, en lugar de alegrarse por el resultado, se limitarán a envidiar que el pueblo suizo pueda poder someter a votación este tipo de cuestiones, aunque sea para luego rehusarlas. Por mi parte desprendo el menor de los entusiasmos por subordinar a la deliberación popular la libertad de los ciudadanos, aunque sean una envidiable minoría (los directivos bien pagados). Imagino que algunos, en cambio, sí considerarían excesivo que el pueblo suizo pudiera someter a votación el desorejar a los consejeros delegados o el prohibir la asociación sindical: en cuyo caso, idéntica reacción deberíamos sentir con respecto a la limitación de la libre negociación de un contrato que sólo incumbe a las partes contratantes; el hecho de que no vaya a ser nuestra libertad la restringida no debería darnos carta blanca para aplaudir este tipo de coacciones. Máxime cuando la idea del salario máximo no sólo es rechazable por motivos éticos, sino también porque es un despropósito económico que tiende a empobrecer al conjunto de una sociedad.

¿Por qué existe desigualdad salarial?

En su no demasiado brillante libro La Economía del Bien Común, el economista Christian Felber se escandaliza de que un alto directivo pueda cobrar muchísimo más que su jardinero. ¿Acaso es más útil socialmente el trabajo que realiza el primero que el del segundo? Desde luego: la capacidad de generación de riqueza –y de destrucción de riqueza– de un alto directivo es infinitamente superior a la de un jardinero. Básicamente porque el alto directivo es el encargado de determinar a qué deben dedicar su tiempo cientos, miles o cientos de miles de trabajadores: si el directivo la pifia, el despilfarro de recursos que implica que cientos de miles de personas estén produciendo bienes que no deberían ser producidos es infinitamente superior al despilfarro derivado de que un jardinero la pifie; e inversamente, si el directivo acierta, la generación de riqueza obtenida de que centenares de miles de personas produzcan bienes valiosos para los consumidores es muy superior a la derivada de que un jardinero acierte.

Muchos argumentan, de hecho, que la última crisis económica ha sido originada por las decisiones erróneas e imprudentes de una camarilla de altos directivos. Aunque la responsabilidad última sea de los bancos centrales, compremos a efectos dialécticos la tesis: ¿acaso el poder coordinador (y, por tanto, el poder descoordinador) de estas personas no es infinitamente superior al de un jardinero? ¿No tiene sentido, entonces, que cobren muchisímo más por hacer las cosas bien (y que lo pierdan casi todo por hacer las cosas mal, por ejemplo, cuando su salario lo perciben en forma de acciones de la empresa)?

Claro que lo tiene, especialmente porque los directivos de una empresa son trabajadores a sueldo de los propietarios (accionistas) de la empresa. ¿Por qué motivo pensamos que los accionistas están dispuestos a pagarles sobresueldos presuntamente innecesarios a los directivos? ¿Por pura filantropía? No, si los abonan es porque los accionistas no han sido capaces de encontrar otros empleados de igual cualificación para desempeñar el puesto de directivo y que estén dispuestos a trabajar por un menor sueldo. Si los hubiera, a buen seguro intentarían pagarles a los directivos el salario más bajo posible: pero no los hallan y prefieren asumir un sobrecoste de ese calibre antes que colocar al frente de su empresa a un señor que a su juicio no está suficientemente cualificado y puede pergeñar gigantescos destrozos.

Y éste es el problema de fondo de los salarios máximos: se elimina el mercado de trabajadores altamente cualificados. Los accionistas ya no pueden competir por los mejores directivos ofreciéndoles salarios más elevados de los que les ofrece el resto de compañías. De ahí que los mejores directivos no terminen estando al frente de aquellas compañías donde más riqueza pueden generar (o mayor destrucción de riqueza pueden evitar) sino al frente de aquellas otras donde se sientan más a gusto.

Imaginemos dos tipos de empresas: la empresa A es una multinacional con inversiones arriesgadas en medio mundo y donde el puesto de consejero delegado es altamente estresante; la empresa B es una empresa nacional grande con inversiones conservadoras y donde el consejero delegado realiza tareas meramente de representación institucional. A y B no pueden pagar a su consejero delegado más de 12.000 euros mensuales. ¿Dónde creen que escogerían ir los directivos más brillantes? Pues, en general, a la empresa B. La compañía A se vería incapacitada para contratar a los mejores directivos del planeta (pues no podría sobrepujar a la empresa B) y tendría que contentarse con otros con un perfil más mediocre, cuando lo socialmente razonable es que los brillantes se dirigieran a A (donde su responsabilidad es mucho mayor) y los mediocres se quedaran en B (donde apenas tienen que sonreír).

Dicho de otro modo, a menos que las compañías puedan ofrecer incentivos no monetarios (stock options o pago de vivienda, de coche, de vacaciones, de comida o de vestimenta), el mercado de trabajadores cualificados arrojará una asignación subóptima de este factor productivo, y una asignación subóptima de directivos implica una asignación subóptima y empobrecedora de la inmensa mayoría de recursos de la economía cuya orientación los directivos escogen. Pero si las compañías pudieran ofrecer incentivos no monetarios a sus directivos, los salarios máximos no pasarían de ser una absurda regulación sobre el modo en que los directivos pueden cobrar sus exorbitantes remuneraciones y no una limitación efectiva a esas exorbitantes remuneraciones.

¿Y por qué no subir los salarios más bajos?

Claro que el objetivo de los salarios máximos no tiene por qué ser el de rebajar los salarios de los directivos cuanto aumentar el salario mínimo del personal raso. Si una empresa quiere competir por fichar a un excelente directivo, puede seguir ofreciéndole un sueldo mayor que la competencia siempre y cuando eleve el salario del resto de su plantilla. Y aquí nos topamos con la otra falacia de esta propuesta liberticida: asumir implícitamente que si las masas de empleados cobran poco es porque unos pocos directivos se lo llevan crudo. No, ni mucho menos.

Supongamos que en una empresa hay diez directivos que cobran 12 millones de euros y que luego tenemos a 100.000 trabajadores que perciben un salario de 10.000 euros: el salario más alto es 1.200 veces mayor que el más bajo. En tal caso, habría dos posibilidades extremas de cumplir con la limitación 1:12. Una, rebajar el salario los directivos a 120.000 euros; otra, elevar el salario del personal raso hasta el millón de euros. En el primer caso, la compañía se ahorraría 118,8 millones de euros que apenas darían para aumentar el salario del personal raso desde 10.000 a 11.880 euros. El segundo caso implicaría unos sobrecostes de… 99.000 millones de euros; un completo disparate que la conduciría a una quiebra segura.

En suma, el coste de ambas alternativas no es simétrico, de manera que las posibilidades efectivas de la empresa se limitarán esencialmente a reducir sus salarios más altos, no a elevar de los más bajos. ¿Saldo final? A cambio de un minúsculo aumento de los salarios más bajos dentro de la empresa, ésta no podrá contratar a los directivos más capacitados que realmente necesita. Una carrera hacia lo más hondo: cuanto más erosione la nueva mala dirección empresarial la posición competitiva de la compañía, menores serán sus ingresos y, por tanto, menores serán los salarios que podrá permitirse abonar, lo que a su vez la forzará de nuevo a bajar los salarios de la alta dirección, lo que hará que los directivos mediocres se marchen y sólo puedan contratar a directivos rematadamente malos (que desplomarían aún más sus ingresos). Un círculo vicioso que terminaría hundiendo la empresa y perjudicando especialmente a sus trabajadores menos cualificados, vía desempleo y salarios mermantes.

Lo preocupante de toda esta locura pauperizadora dirigida a hacer estallar la división y especialización internacional del trabajo es que en nuestro país el PSOE rápidamente se ha sumado a apoyarla. No digamos ya IU. Ahora sólo falta a que Rajoy, Montoro y Báñez la abracen entusiastas y así terminaremos de completar nuestro doméstico aquelarre liberticida. Desde luego, eso es algo que necesitamos con urgencia.

Braess no encorsetó los mercados libres

Desde que el cardenal Bergoglio tomó posesión de la silla de Pedro, ser liberal y católico es una putada. Nunca ha sido fácil, claro, pero con el papa Francisco va a ser una tarea cada vez más complicada, porque mientras los curas marxistas hacen proselitismo de sus ideas en plena comunión con la Santa Sede, los que creemos en la libertad del individuo como motor esencial del progreso de la sociedad y rechazamos el despotismo estatista por sus efectos dramáticos en lo económico, lo político y lo social estamos probablemente rozando la excomunión.

El papa Francisco ya había ofrecido algunas pistas acerca de sus líneas maestras de pensamiento cuando ostentaba el Arzobispado de Buenos Aires, pero su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, permite despejar cualquier duda sobre lo que opina de las ideas centrales que integran la filosofía liberal. El Papa denuncia a heresiarcas que "todavía defienden las teorías del derrame, que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo", una aseveración que, según Francisco, "jamás ha sido confirmada por los hechos". Sin embargo, si algo demuestra la Historia es que son precisamente los sistemas basados en el respeto a la libertad individual y a la libre interacción social de los agentes económicos los que han sacado a la humanidad de la barbarie, la han hecho progresar y han permitido un salto gigantesco en el bienestar de todos los ciudadanos, católicos o no. Ahí tiene Su Santidad los resultados sociales que producen el capitalismo y el socialismo en los países en que uno y otro sistema han sido aplicados, sin necesidad de recurrir a la fe, sino a la mera constatación de los hechos.

Se argumentará que la crítica de Francisco se circunscribe a "los excesos del sistema capitalista", basados en la explotación, el robo y las ventajas obtenidas a través del favor del los poderosos, pero eso es precisamente lo que promueve el socialismo, no la libertad de mercado objeto de su crítica. Las injerencias abrumadoras de los poderes políticos, tan encumbrados por el Papa como solución de los males económicos del planeta, están en el origen de esta crisis sistémica que ahora padecemos, con la alteración arbitraria del precio del dinero como causa principal de la catástrofe. Francisco pretende que los gobiernos ejerzan un control (todavía) más férreo de las finanzas para repartir la riqueza de los más industriosos a través de mandatos coactivos, no gracias a la generosidad individual, como siempre había enseñado la Iglesia (algo que ha llenado de alegría a sus enemigos más encarnizados), pero él sabrá, que para eso es el Papa.

Nunca he tenido el menor conflicto en confesarme liberal y católico y así va a seguir siendo. Cuando los Papas hablan de cuestiones de Fe sigo a pies juntillas sus mandatos, pero si se dedican a despotricar contra las ideas que profeso en materia política o económica les presto la misma atención que a cualquier otro progresista. Cero patatero.

En todo caso, tener un Papa socialista no es una desgracia. Al contrario, los católicos liberales damos gracias al Altísimo porque pontífices así nos hacen crecer en la fe cristiana a través de la mortificación. Con Bergoglio estamos más cerca de alcanzar la santidad.

Salarios máximos: carrera hacia la miseria

El primer gran documento elaborado por el papa Francisco ha levantado una intensa polvareda. Y no es para menos, dado el furibundo y radical ataque que acaba de lanzar el Pontífice hacia el sistema capitalista en su conjunto y, más concretamente, la libertad económica y el libre mercado. Su posicionamiento ideológico en esta materia no es de extrañar si se observa, mínimamente, su larga carrera eclesiástica como obispo y, posteriormente, cardenal en Argentina. En este sentido, cabe señalar que Jorge Bergoglio siempre se ha caracterizado por comulgar con la denominada justicia social, doctrina socioeconómica de la que bebe, en mayor o menor medida, el justicialismo argentino, otrora conocido como peronismo. De ahí, precisamente, que su discurso económico se aproxime tanto a los postulados peronistas, llegando incluso a coincidir en ciertos aspectos con la Teología de la Liberación que tanto gusta a los socialistas, sean o no católicos. Basta observar algunos epígrafes de su exhortación apostólica para percatarse claramente de que el Papa condena de forma drástica el capitalismo:

Así como el mandamiento de "no matar" pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir "no a una economía de la exclusión y la inequidad". Esa economía mata (…) Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida.

Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común […] Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado.

El Papa carga con dureza contra el consumismo, la especulación financiera, la globalización, los beneficios, el dinero y la evasión fiscal. Señala incluso que el actual "sistema social y económico es injusto en su raíz", acusándolo de generar "esclavitud", "explotación" y "opresión". Por ello, pide avanzar hacia una economía "ética", al servicio del ser humano, que reconozca la "función social de la propiedad" y proporcione un "salario justo", al tiempo que garantice el acceso universal a sanidad, educación y trabajo. Conceptos, todos ellos, enmarcados en el tradicional imaginario de la izquierda. Pero, por encima de todo, Bergoglio culpa a la desigualdad de todos los males, especialmente de la pobreza, la violencia y la marginación social. "La inequidad es raíz de los males sociales", dice. Dice más:

Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo […]

Y puesto que el libre mercado es el culpable, la solución no es otra que más intervencionismo y redistribución a través del Estado. Es decir, su receta es más Estado y menos mercado:

El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso (…) ¡Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas (…) de los males de nuestro mundo! La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común.

El Papa, sin embargo, no puede estar más equivocado. En primer lugar, porque desde hace décadas la Iglesia, gracias a Dios, ya no condena el capitalismo con la rotundidad que emplea Bergoglio, ni mucho menos, como demuestra el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia:

Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva, aunque quizá sería más apropiado hablar de economía de empresa, economía de mercado, o simplemente de economía libre.

Tanto es así que cristianismo y capitalismo no sólo no son incompatibles sino perfectamente complementarios, tal y como sostienen diversos think tanks liberales, como es el caso del Instituto Acton de Argentina o el Centro Diego de Covarrubias de España. No por casualidad, el Instituto Juan de Mariana, referente liberal en España, adopta el nombre de un jesuita, el más prominente pensador de la Escuela de Salamanca.

En segundo lugar, porque, muy al contrario de lo que afirma el Papa, el capitalismo, cuyo eje es la libertad económica, ha posibilitado la etapa de mayor crecimiento, prosperidad y bienestar de la historia. Por desgracia, la mayoría no suele percatarse del nivel de vida que existía hace apenas 200 años. Entre el año cero y el 1000, Europa experimentó un crecimiento nulo, y desde el año 1000 a 1820 el mundo apenas creció a un ritmo medio del 0,2% anual, "apenas suficiente para que la población de ese entonces superara los mínimos niveles de subsistencia sin morir de hambre", como bien demuestra Angus Maddison en The Worldwide Economy: A Millenium Perspective. Por el contrario, bajo el capitalismo la humanidad ha creado más riqueza en estos dos últimos siglos que en todas las generaciones previas. Un hecho, simplemente, innegable.

Pero es que, además, los datos muestran, sin ningún género de dudas, que a mayor libertad mayor riqueza, y viceversa, como recoge Francisco José Contreras en su libro Liberalismo, catolicismo y ley natural. No en vano la renta per cápita del cuartil (25%) de países con más libertad económica era de 31.501 dólares en 2009, mientras que la del cuartil con menos libertad apenas se situaba en 4.545. Además, la renta del 10% más pobre de la población en el cuartil de países más libres era de 8.735 dólares per cápita, mientras que en el menos libre era de 1.061. Es decir, los pobres de los países libres son casi nueve veces más ricos que los pobres de los países menos libres. La libertad beneficia también a los más pobres.

Asimismo, los estudios de la Fundación Heritage llevan dos décadas demostrando, año tras año, que fomentar la libertad y el Estado de Derecho, limitar el intervencionismo estatal e incrementar la apertura comercial, se traduce, siempre y en todo lugar, en una mayor creación de riqueza y, por tanto, una drástica reducción de la pobreza. Las diferencias entre países ricos y pobres en los distintos continentes radica en su mayor o menor grado de libertad económica. Dos ejemplos muy concretos: Singapur, de los más libres, disfruta hoy de la octava renta per cápita más elevada del mundo (52.000 dólares al año), muy por delante de España, que apenas supera los 29.000 -puesto 22 del mundo-. Hace 40 años, sin embargo, ese pequeño país del sudeste asiático se situaba por detrás de España -puesto 30-; Corea del Sur goza hoy de una renta de 32.800 dólares, mientras que Corea del Norte ronda los 1.800 al año… ¡18 veces menos!, pese a que partían de una situación idéntica tras la guerra civil que partió el país en dos.

A escala global, el porcentaje de personas que vive por debajo de la línea de extrema pobreza se ha reducido a la mitad en los últimos 30 años, al pasar del 47 al 22%. ¿Cómo es posible? La respuesta es que China y la India, dos de los países más poblados del mundo, se han abierto al capitalismo, el libre mercado y la globalización durante este período. Como consecuencia, la tasa de pobreza en la India ha bajado del 51 al 22%, mientras que en China se ha hundido del 65 al 4%.

Así pues, con independencia de la buena intención que, seguro, pueda tener el Papa para tratar de solventar algunos de los grandes males económicos que aquejan al mundo, su particular receta es completamente errónea y contraproducente. La solución no estriba en más Estado, sino en mucho más mercado, lo cual implica capitalismo y libertad.

Católico y liberal, a pesar de Bergoglio

En el número 55 de La Ilustración Liberal Luis del Pino publicó un muy interesante artículo titulado, muy descriptivamente, "La benevolencia del panadero, la paradoja de Braess y los límites del liberalismo". El propósito de Luis era demostrar que la búsqueda del interés propio dentro de un mercado libre no siempre conduce a un equilibrio estable que sea óptimo para todas las partes, de manera que, en tales casos, se abriría una pequeña rendija para que el Estado interviniera en la economía, mejorando los resultados que los propios agentes consiguen por su cuenta y riesgo. O, dicho de otro modo, la mano invisible de Adam Smith no siempre logra que la agregación del interés individual conduzca al interés social.

La prueba que nos ofrece Luis es lo que se ha venido a conocer como la Paradoja de Braess: bajo ciertas condiciones, si existen tres rutas para llegar a un mismo punto, los agentes terminarán redistribuyéndose entre las tres de manera que alcanzarán más tarde su destino que si sólo existieran dos rutas. Por consiguiente (primer non sequitur importante), en esa situación convendría que un inteligente planificador central cerrara una de las tres vías y forzara a los agentes a que eligieran sólo entre dos. Por consiguiente (segundo non sequitur de relieve), en tales casos el Estado será superior al mercado. En adelante, voy a asumir que el lector se ha empapado del muy claramente expuesto artículo de Luis, pues desarrollaré mis argumentos sin volver a exponer con detalle la Paradoja de Braess.

Como decía, el razonamiento de Luis a partir de la paradoja de Braess adolece de dos errores. El primero es rápido de exponer: que la coacción estatal pudiera ser más eficiente que la libertad de mercado no hace necesariamente preferible la coacción a la libertad. Todos podemos pensar en circunstancias donde las restricciones a la libertad no estarían en absoluto justificadas por ganancias de eficiencia estrechamente entendidas. Por ejemplo, supongamos que se ponen a la venta demasiados periódicos, el ciudadano se ve saturado por la diversidad de cabeceras y opta por no comprar ninguno; en cambio, si sólo se ofertaran dos rotativos, sí podría escoger entre ambos. Las similitudes de este caso con las tres rutas que terminan retrasando a los conductores son evidentes: entonces, ¿por qué no toleraríamos que el Estado escogiera qué dos únicos periódicos podrían publicarse y, en cambio, sí permitiríamos que el Estado determinara el trazado de las carreteras? No digo que no pueda haber argumentos para aprobar un caso y rechazar el otro, pero, desde luego, una mejora de eficiencia no implica en cualquier caso una restricción justificada de nuestras libertades.

Mas, obviamente, hasta aquí la respuesta peca de incompleta: sí, la libertad en algunos casos no es utilitariamente superior a la coacción estatal, ¿no socava ello la causa liberal? Y aquí es donde entra el segundonon sequitur de Luis: de la Paradoja de Braess no se sigue en absoluto que la planificación estatal sea más eficiente que un mercado libre.

La eficiencia de los mercados

El resultado final de la Paradoja de Braess descrita por Luis es el siguiente: si circulan 100 automóviles por las tres posibles rutas (ABD, ABCD, ACD), el tiempo que tardarán todos los conductores en llegar a su destino es de 3,75 horas; si, en cambio, la conexión BC se cierra (sólo quedan disponibles las rutas ABD y ACD), el tiempo se reduce a 3,5 horas para todos. Lo grave del asunto es que, como decíamos, aparentemente no hay incentivos dentro de un mercado libre para cerrar la conexión BC: su presencia es un equilibrio Nash ante el que nadie tiene incentivos para moverse (cualquier conductor individual que desee cambiar de ruta sólo se retrasará todavía más). ¿Es aquí el intervencionismo ingenieril preferible al libre mercado?

El primer error, desde la óptica de la eficiencia estática, es asumir que sólo el Estado puede tomar la decisión de cerrar una carretera. Luis adopta la hipótesis no explicitada de que las carreteras son propiedad estatal, y en tal caso es evidente que sólo el Estado (en cuanto dueño de las carreteras) puede tomar la decisión ingenieril de cerrar una ruta para minimizar los tiempos de llegada (aunque no es tan evidente que vaya a tomarla… en cuanto abandonamos el planteamiento buenista de una política romántica y no corruptible). Pero ¿es que acaso no existen ingenieros en el sector privado? ¿Es que acaso no existe la planificación técnica en el mercado? ¿Es que un propietario privado de estas tres carreteras (o diversos propietarios en competencia) no tendrían los mismos incentivos que el Estado para cerrar (o no construir) la conexión BC? Si una red de carreteras puede llegar a la misma conclusión ingenieril que un planificador político (y claro que puede), deja de ser obvio por qué la planificación coactiva de las carreteras es preferible a la libre competencia. Lejos de fijarnos en las decisiones que toman los consumidores (los conductores), es necesario plantearse qué decisiones toman los productores pensando en el bienestar de los consumidores (la coordinación es bidireccional).

Pero si todo se circunscribiera a este matiz, podríamos concluir como mucho que el Estado es tan bueno como el mercado. Si todo fuera una cuestión de planificación técnica, tan eficiente sería un sistema como el otro: no habría motivo alguno para preferir el mercado al Estado (o viceversa). Mas aquí llegamos al error central de la tesis de Luis: el adoptar una visión meramente estática de la eficiencia hasta el punto de reducirla a un problema ingenieril y no económico. La eficiencia realmente importante en economía es la eficiencia dinámica, esto es, la adaptabilidad coordinadora ante los cambios de un sistema: lo que Nassim Taleb ha denominado recientemente antifragilidad. La cuestión, por tanto, debe ser: ¿qué sistema es más dinámicamente eficiente (antifrágil)? ¿El sistema estatal de carreteras o el sistema privado de carreteras?

Bajo los supuestos de partida que adopta Luis, con una cantidad de conductores y de carreteras dado, en efecto sólo existe una solución técnicamente eficiente, por lo que aparentemente serían equivalentes. Pero ni siquiera ahí existe una única solución económicamente eficiente: dado que las vías poseen distintas calidades (unas viejas, otras modernas, unas amplias, otras estrechas…), también poseerán distintos costes, y quizá la solución final sea cerrar (o no llegar a abrir) vías distintas a la que permiten minimizar el tiempo de transporte. Al cabo, ¿por qué hemos de minimizar el tiempo de transporte y no la cantidad de alquitrán, pintura, guardias de tráfico o señales de tráfico inmovilizadas? Simplemente, no sabemos cuál es la opción más eficiente desde un punto de vista económico: para ello necesitamos de precios de mercado para los factores productivos (costes) y de precios de mercado para el valor que atribuyen los conductores a viajar por las distintas vías (ingresos). Es lo que Mises llamó teorema de la imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo: un problema del que adolece el Estado, sobre todo si no adopta carreteras de peaje, en cuyo caso no habría mucha justificación para que remplazase a la empresa privada.

Pero la cuestión se vuelve realmente interesante cuando asumimos que las condiciones de partida no están dadas: en tal caso, ni siquiera existe una única solución técnicamente óptima. Por ejemplo, ¿qué sucede si el número de vehículos que quieren llegar a destino se reduce algunos días de 100 a 40? Pues que entonces la solución óptima (que además seráequilibrio Nash) deja de ser que los vehículos se distribuyan entre las rutas ABD y ACD para que, en cambio, circulen todos por la ruta ABCD: pero, oh sorpresa, la interconexión BC acaba de ser cerrada por nuestro planificador ingenieril alegando que daba lugar a soluciones subóptimas. ¿Y qué sucede, en cambio, si el número de vehículos aumenta de 100 a 200? Pues que ningún conductor escogerá la ruta ABCD, sino que todos se repartirán espontáneamente entre las rutas ABD y ACD sin necesidad de que ningún planificador cierre la conexión BC: al aumentar la escala de usuarios, la solución tiende sin más al óptimo social que deseaba planificarse centralizadamente (es lo que se ha llamado sabiduría de las masas). ¿Y qué pasa si, además, asumimos que es posible construir una carretera AD que te lleve a destino en 1,5 horas o una conexión CB que permita distribuir los flujos de vehículos entre ABD y ACD equitativamente? Pues que, en ambos casos, los conductores llegarían por sí solos a un equilibrio Nash –que sería el óptimo– sin necesidad de planes centralizados.

Con toda esta retahíla de contraejemplos no quiero dar a entender que el problema que plantea Luis sea un caso extremo y poco probable de laboratorio (que bajo esos supuestos desde luego que lo es, pero podrían darse otras muchas paradojas de Braess variando también los supuestos de partida). Mi propósito es otro: plantear que técnicamente la conexión BC no es siempre completamente inútil (sirve para minimizar el tiempo de trayecto cuando el flujo de vehículos se reduce significativamente; es decir, las redundancias a veces son útiles) y que existen alternativas técnicas igual de válidas como construir nuevas rutas AE o CB. Pero –y esto es lo relevante– que sean alternativas técnicas viables no significa que lo sean desde un punto de vista económico. ¿Nos conviene mantener abierta la conexión BC sólo porque dos días a la semana el flujo de vehículos caiga y nos ahorremos unos cuantos minutos de trayecto? ¿Nos conviene construir una nueva carretera AE o CB para ahorrar tiempo o para facilitar la coordinación espontánea de los conductores? No existen respuestas ingenieriles a estas preguntas porque son preguntas económicas, que requieren integrar en nuestro análisis la idea de precios de mercado y de rentabilidades relativas: construir y abrir sólo dos días a la semana la conexión BC o instalar permanentemente la ruta AE y cerrar todas las demás puede serrentable… si los conductores valoran lo suficiente su tiempo en relación con los costes de oportunidad que acarrean.

¿Qué sistema –el Estado o el mercado– es el que permite una adaptabilidad coordinadora más veloz ante los cambios del entorno? Claramente, un sistema donde existan precios de mercado (para que las pérdidas y ganancias cosechadas expulsen a los proveedores que yerran) y donde haya libertad de entrada (para poder desbancar los malos planes de negocio). Y ese sistema se llama libre mercado, no planificación estatal. Por consiguiente, el ejemplo planteado por Luis no nos lleva a abrazar el intervencionismo estatal desde el punto de vista del utilitarismo, sino el libre mercado.

Mercados e instituciones

Sería injusto terminar transmitiendo la impresión de que toda la crítica planteada por Luis del Pino a los enemigos del intervencionismo estatal es una crítica contra la regulación óptima de las carreteras. No, la Paradoja de Braess planteada por Luis pretende ser una ilustración de un problema mucho más general que ciertamente puede darse en un mercado libre: que la búsqueda individual del interés propio (planificación descentralizada) conduzca a equilibrios Nash subóptimos y que existan acciones colectivas (planificaciones centraliza) que mejoren su bienestar.

Pero también sería injusto transmitir la idea de que el libre mercado sólo es capaz de solventar la Paradoja de Braess en el campo de las carreteras. La cuestión de fondo es si un mercado libre puede articular acciones colectivas que desbanquen un equilibrio Nash subóptimo: y sí puede, porque dentro de los mercados libres también cabe la acción colectiva voluntaria, articulada de muy distintas formas (empresas, propiedad comunalnegociación colectiva, costumbre, etc.), que podríamos agrupar sintéticamente bajo la etiqueta de instituciones privadas (o espontáneas, por seguir a Hayek). Las instituciones –que no son estáticas, sino que se adaptan para maximizar el bienestar conjunto de las partes– son el instrumento que permite que no caigamos enequilibrios Nash claramente subóptimos como guerras, sobreexplotación de recursos, externalidades negativas masivas, etc.

La crítica que realmente dirigen los liberales contra el intervencionismo estatal no es que la acción individual egoísta siempre sea superior a la acción colectiva, sino que la voluntariedad (propiedad privada y contratos) es ética y utilitariamente superior a la coacción (intervencionismo estatal). Y esto no constituye una paradoja, sino una muy básica intuición moral de carácter universal.

Los barrenderos chantajean a Madrid

Las calles de Madrid se han llenado de basura y suciedad como consecuencia de la huelga indefinida del personal de limpieza viaria y jardinería iniciada el pasado día 5. Los barrenderos protestan porque tres de las cuatro empresas adjudicatarias de este servicio público (OHL, FCC y Sacyr-Valoriza) plantean despidos y rebajas salariales. Las compañías, por su parte, alegan que la reducción del presupuesto municipal les obliga a ahorrar costes, mientras que el Ayuntamiento prefiere ponerse de perfil, aduciendo que se trata de un conflicto laboral ajeno a su competencia. Por el momento, la actuación del Consistorio se ha limitado a amenazar con multas a las concesionarias por incumplimiento de contrato y a denunciar la "huelga salvaje" organizada por los sindicatos. En resumen, la típica pugna en que las partes implicadas se culpan unas a otras sin reparar un ápice en que el gran perjudicado es el contribuyente, obligado a sufragar un servicio que lleva suspendido diez días, sin que ello implique devolución alguna de impuestos.

Sin embargo, lo más sorprendente es el inusitado apoyo que están recabando los huelguistas a pesar de los graves perjuicios que están causando tanto a los madrileños como a la propia imagen de la ciudad. El razonamiento en favor de los barrenderos es sencillo: su protesta está justificada porque defienden sus "derechos" (sueldo) y sus puestos de trabajo. La culpa, por tanto, es de las empresas, por tratar de imponer condiciones draconianas a sus trabajadores, y también de Ana Botella, por recortar un servicio "esencial".

De este modo, muy pocos reparan en el problema de fondo, a saber, un presupuesto municipal inflado y una ingente deuda pública, cuyo tamaño se disparó durante los años de bonanza al calor de unos ingresos fiscales ficticios que, finalmente, desaparecieron tras el estallido de la burbuja. El presupuesto del Ayuntamiento de Madrid se duplicó durante ese período, pasó de 2.330 millones de euros en el año 2000 a casi 5.260 millones en 2008. Lo mismo pasó con el gasto público destinado a limpieza viaria, que se elevó de 127 a más de 240 millones. La crisis, por suerte, ha obligado a corregir parte de los desvaríos causados por el crédito fácil. Son los famosos ajustes que sufren las familias, las empresas y ahora también las Administraciones Públicas. Aunque tarde y mal en la mayoría de los casos, el desplome de la recaudación ha obligado a adoptar ciertas medidas de austeridad en el sector público para evitar la insolvencia, y el Consistorio madrileño, el más endeudado de España, tampoco se ha librado. Su gasto rondará los 4.450 millones de euros en 2014, un 15% menos que en 2008, con una dotación prevista para limpieza de poco más de 202 millones, un recorte del 16%. ¿Necesario? Sin duda, porque la alternativa sería subir mucho más los impuestos a un sector privado que ya está depauperado por la crisis y por los históricos sablazos fiscales. De hecho, la partida destinada a limpieza sigue siendo muy superior a la de hace una década, cuando la ciudad no sufría insuficiencia alguna en la prestación de este servicio.

La respuesta de las empresas es, por tanto, lógica. Pretenden prescindir de 625 trabajadores, a través de un ERE, de una plantilla total próxima a los 6.000 (10%), y establecer un nuevo convenio con una reducción salarial máxima del 20%, en línea con la menor dotación presupuestaria. En concreto, proponen aplicar el nivel de sueldos vigente en 2007 más las correspondientes extras por antigüedad. Y es que el sueldo de estos trabajadores ha aumentado una media del 20,3% durante la crisis, a diferencia de lo acontecido en el sector privado, donde los salarios han descendido más de un 10%, sin contar los más de 3,5 millones de empleos destruidos, lo cual evidencia la privilegiada situación laboral de aquellos; a costa, eso sí, del dinero del contribuyente.

El convenio colectivo vigente hasta 2012 estipulaba un rango salarial de entre 19.000 y casi 33.000 euros brutos al año, así como una jornada de 35 horas semanales, incluyendo 2,5 horas de descanso. Considerando que la plantilla tiene una antigüedad media de 15 años, esto significa el cobro de unos 1.300 euros netos por trabajar 6,5 horas al día, más de lo que ganan muchos licenciados y personal cualificado en el sector privado. Ahora las empresas proponen un sueldo medio de poco más de 1.000 euros por trabajar 7,5 horas.

¿Mucho o poco? Imposible saberlo con exactitud, ya que, al tratarse de un servicio que depende del presupuesto municipal, no se rige por la ley de la oferta y la demanda y, por tanto, se desconoce su valor de mercado -lo que los madrileños estarían dispuestos a pagar por mantener limpias sus calles-. Pero valgan como indicadores dos detalles: 1) los barrenderos de Madrid disfrutan de uno de los mejores convenios de su sector en toda Europa, según las concesionarias; 2) las carencias financieras de un ayuntamiento ahogado en deudas. Todas las Administraciones Públicas deberían ajustar sus gastos a su nivel real de ingresos, apostando incluso por reducir de forma drástica los impuestos para facilitar el ahorro y el crecimiento económico.

¿Conclusión? El Ayuntamiento de Madrid hace bien en reducir el gasto, incluido el destinado a limpieza, porque favorece al sufrido contribuyente; y las empresas hacen lo propio planteando un ahorro de costes que es esencial para no incurrir en pérdidas, protegiendo así a sus accionistas. Los sindicatos de barrenderos, por el contrario, tan sólo miran por su propio interés, lo cual no sería condenable siempre y cuando su huelga no perjudicara a terceros. Su único objetivo es mantener intactos sus privilegios laborales, cuyo coste sufraga el contribuyente de forma obligatoria, tomando como rehén la propia ciudad, intentando convertirla en un estercolero. De hecho, boicotean los servicios mínimos para agravar la situación en provecho propio, al tiempo que se queman contenedores y coches.

Se trata, simple y llanamente, de un chantaje sindical en toda regla.

La paradoja chilena

Michelle Bachelet regresará pronto a la Casa de Gobierno en Chile. La quieren y, probablemente, lo merece. Ya pasó por La Moneda y abandonó el poder con un altísimo grado de aprobación. Sin embargo, esta vez la han votado para que gobierne de otro modo y lo ha prometido. Habrá salud y educación "gratis". Va a echar las bases del Estado Benefactor. El gasto público, claro, aumentará sustancialmente, y con él la alegre legión de los funcionarios.

No hay duda. Existe inconformidad en el país con el modelo chileno, pese a sus inmensos éxitos y al hecho innegable de que es hoy la primera economía de América Latina. ¿Por qué? Según Mauricio Rojas,

se trata de un largo proceso que tuvo su espectacular eclosión en el año 2011, con grandes movilizaciones sociales que lograron instalar un discurso antisistema que cuestionó los pilares delmodelo chileno.

Y agrega más adelante:

El centroderecha chileno creyó que la eficiencia del sistema le daría automáticamente legitimidad y apoyo y descuidó el terreno donde realmente se decide el derrotero de las sociedades: el de las ideas.

Esto lo ha escrito, muy preocupado, en un artículo titulado: "Chile, rumbo al estado Benefactor y la democracia chavista".

Mauricio Rojas sabe de lo que habla. En su juventud fue un marxista fiero, miembro del MIR, y tuvo que exiliarse tras el golpe de Augusto Pinochet para que no lo mataran. Se fue a Suecia. Allí, felizmente, se desasnó. Obtuvo un doctorado en economía en la Universidad de Lund y abandonó las bobas supersticiones marxistas. Luego entendió los errores del Estado Benefactor. Fue diputado por el Partido Liberal y vivió intensamente la rectificación de los excesos cometidos por los socialdemócratas, especialmente tras la crisis de los años noventa.

Suecia era uno de los países más habitables del planeta, pero el excesivo gasto público –llegó a ser el 67% del PIB– y la intervención del Estado acabaron ahogando la iniciativa de la sociedad civil y arruinando las finanzas. Tras el batacazo, los sucesivos Gobiernos suecos, además de recortar gastos, aprendieron a depender más del sector privado y a recurrir al mercado mediante sistemas de vouchers que devolvían a la sociedad la facultad (y el derecho) de elegir. Lo público y lo privado se armonizaron.

La discusión, pues, no debe ser sobre si es conveniente o no erigir un Estado benefactor. El tema de fondo es otro: ¿produce suficiente riqueza la sociedad para sostener un modelo de convivencia en el que las personas dispongan de casas confortables, comida variada, ropas adecuadas, estudios y sanidad de calidad, transporte, comunicaciones, diversiones e infraestructuras eficientes? Todo eso es grato, pero cuesta mucho.

Los países escandinavos no están a la cabeza del confort planetario porque decidieron crear Estados benefactores, sino porque generaron un tejido productivo en el sector privado que les permitió segregar sociedades como las que vemos en Suecia, Noruega, Dinamarca o Finlandia.

Suiza es Suiza y Austria es Austria no porque los bondadosos políticos y funcionarios de esas naciones decidieran dotar a sus sociedades de un alto estándar de vida y repartir la riqueza, sino porque cuentan con un aparato empresarial privado altamente competitivo que crea empleos bien remunerados y paga impuestos. Aquí no hay duda de si viene primero el huevo o la gallina.

Esa es la asignatura pendiente de Chile. El país, sí, va muy bien, pero no tanto como otros y gracias a las exportaciones de cobre, salmón, vino, vegetales y poco más. Como dice el profesor de Harvard Ricardo Hausmann:

Las únicas cosas nuevas que ha desarrollado son las AFP [el estupendo sistema privado de jubilación creado por el economista José Piñera), Falabella y Cencosud [tiendas, supermercados]. El país tiene sorprendentemente pocas empresas globalmente competitivas, y eso muestra una falta de diversificación que debiera preocupar.

Los Gobiernos que necesitan Chile y todos los países no son los que se proponen, primordialmente, distribuir las riquezas, sino los que deciden estimular la creación de empresas privadas vigorosas, competitivas y diversificadas que alimenten y sostengan la aparición de clases medias educadas y, de paso, costeen un Estado eficiente. ¿Cómo se hace eso? Ojalá la señora Bachelet lo descubra antes de provocar un descalabro.

elblogdemontaner.com

El espejismo de Estados Unidos

The United States has had five years of elevated joblessness and subpar growth – John Cassidy

En 1982, Fleetwood Mac lanzaron un álbum llamado Mirage (espejismo) dando una falsa impresión de colaboración y compañerismo entre odios y rencillas. A pesar de todo, vendió varios millones de copias. El espejismo de nuestros días puede ser la expectativa de 2,9% de crecimiento de Estados Unidos en 2014. Y también vende mucho.

Estados Unidos crece. Todo va bien. El desempleo es bajo. La política expansiva funciona. ¿No? No solo no es correcto, sino que ni los más importantes economistas de la Reserva Federal lo creen.

La Reserva Federal reconocía el miércoles que los datos macroeconómicos son decepcionantes, el crecimiento raquítico y el mercado laboral, débil. En este gráfico se muestra. Eso sí… ¡sube la bolsa! "Percepción de riqueza", lo llaman.

El incentivo perverso de inundar los mercados de dinero fácil genera una economía masivamente apalancada, desplaza capital a los sectores financieros y hunde la inversión productiva. Un Producto Interior Bruto (PIB) que es cada vez más parecido a un soufflé, lleno de aire. No solo se invierte menos, sino que el dinero se utiliza para recomprar acciones, pagar dividendos e intercambiar cromos –fusiones y adquisiciones-, no para inversión productiva.

Entre 1996 y 2006 las mayores empresas de EEUU (S&P 500) invertían alrededor de un billón (trillón americano) de dólares al año, de los cuales un 70% se dedicaba a inversión productiva e I+D y un 30% a recompra de acciones y dividendos. Desde 2009 la cifra de capital anual invertido total se ha disparado hasta superar los 2,3 billones de dólares, pero el 45% se usa para recomprar acciones y pagar dividendos. De hecho, ni la cifra de inversión productiva ni la de I+D han aumentado prácticamente –ajustada por inflación- desde 1998. Es decir, el dinero ‘gratis’ de la política expansiva se usa para lo que sirve… para protegerse, reducir el número de acciones en circulación, intercambiar cromos y devolver dinero a los accionistas, no para empleo y expandirse orgánicamente (datos de Goldman Sachs, Morgan Stanley).

Estados Unidos ha creado casi la mitad de toda la masa monetaria de su historia en los últimos cinco años, y ha vivido el periodo más largo jamás visto sin subir los tipos de interés, y sin embargo, el índice de participación laboral (porcentaje de la población civil de Estados Unidos con más de 16 años de edad que tienen un trabajo o están buscando uno activamente) se ha desplomado a niveles de 1978, un 62,8%. Algunos lo explican "por efecto demográfico". Sin embargo, ajustado por dichos cambios demográficos –hay menos jóvenes en edad de trabajar y los mayores viven más tiempo- la participación laboral y el empleo no ha mejorado desde 2010 mientras se dedicaban a imprimir como locos. Mejora del desempleo ‘sacando parados de las listas’, como en la España de los primeros 90. Mientras tanto, casi la mitad de la población ocupada de EEUU cobra menos de 40.000 dólares anuales.

Es el mayor engaño desde el bálsamo de Fierabrás decir que la política monetaria expansiva es redistributiva y social. El que parte, reparte y se lleva la mejor parte. Pero no se preocupen, “el año que viene, seguro que mejora”, "usted espere”. Más madera. Vean el índice de contrataciones desde 2011.

El balance de la Reserva Federal norteamericana se acerca rápidamente a la cifra de 4 billones (trillones americanos) de dólares, comprando alrededor de un billón anual en bonos, y sin embargo la economía crece muy por debajo de su potencial… Pero, además, ese potencial se está deteriorando.

En estas dos últimas semanas he leído dos excelentes informes de William English y David Wilcox alertando sobre el deterioro del crecimiento real y potencial de los Estados Unidos. El grafico inferior, de uno de esos informes, muestra cómo se ha roto la correlación entre creación de riqueza potencial y real, muy por debajo de la tendencia de 2000 a 2007.

No se invierte en actividades productivas y creación de empleo porque los incentivos y la confianza no se dan. Los tipos de interés artificialmente bajos y el gas de la risa monetario engañarán a unos cuantos analistas, pero no a presidentes y consejeros delegados de empresas que han sido capaces de ser líderes y competidores globales a pesar del gobierno, y que prevén subidas de impuestos, consumo pobre y represión financiera a medio plazo. Goldman Sachs estima que en 2014 volverá la inversión productiva creciendo un 9%. Vistas las estimaciones de las empresas para 2014, lo dudo. Y van cuatro años en que se equivocan, como otros bancos de inversión, en estimar un aumento de dicha inversión.

El Estado no suple ni puede suplir esa inversión. A pesar de los tipos de interés ínfimos y la eterna subida de los techos de deuda, Estados Unidos sigue generando un déficit de casi 700.000 millones de dólares. Para ‘suplir’ la perdida de inversión productiva –asumiendo, y es mucho asumir, que el Estado invirtiese adecuadamente y con rentabilidad-, tendría que disparar su déficit en otro medio billón de dólares, y con ello mayores subidas de impuestos, mas represión financiera… y menor inversión productiva.

Cierto que los bancos son más fuertes y tienen menos riesgo y que el estado se financia a tipos bajos. Faltaría más, con un regalo anual equivalente al PIB de España. Y aumentar la masa monetaria un 6-7% para crecer un 2% no es crecer, es estirar la masa de la pizza. Sin embargo, ante un problema de incentivos equivocados, creación de dinero inútil y coste del dinero artificialmente bajo que no solo diluye el crecimiento real, sino que deteriora el potencial, nos ofrecen como solución… repetir.

Como el crecimiento es pobre, lo que proponen es más de la medicina que no ha curado al enfermo. Tipos bajos eternos. Sí, muchos miembros del banco central norteamericano, como Charles Plosser, expresan dudas sobre la efectividad de la política monetaria, y empiezan a proponer medidas para controlar la locura limitando la capacidad de la Reserva Federal de comprar activos y expandir su balance, pero son voces en el desierto. Si realmente piensan que forzando la máquina se va a reactivar la inversión y la creación de empleo porque lo decide un comité, no va a ocurrir. Hasta que los creadores de empleo no vean con claridad la oportunidad, la inversión seguirá siendo mínima.

Razones para preocuparse:

– Las condiciones de crédito están empeorando alarmantemente, con lo cual me lleva a pensar que la inversión productiva se pueda estancar en 2014. Las estimaciones de aumento del 9% no concuerdan con ninguno de los mensajes lanzados por las empresas que han publicado.

– El deterioro de los indicadores adelantados de creación de empleo, nuevas empresas, márgenes empresariales e inversión se ha acelerado desde septiembre y ya entraba en terreno restrictivo mucho antes del parón de gobierno. Me preocupa enormemente la velocidad de la desaceleración de esos indicadores.

– Las estimaciones de beneficios en el sector industrial y de consumo han caído entre un 8% y un 10% para 2014.

– En marzo volveremos a otro culebrón a cuenta del techo de deuda y el exceso de gasto y a un riesgo no pequeño de subidas de impuestos. Con la popularidad del presidente Obama en mínimos -un 37%-, la probabilidad de que la subida de impuestos ‘a los ricos’ se traduzca en una subida  ‘a todos’, es alta.

– El llamado Obamacare, erróneamente vendido como la panacea de salud pública universal, supone unos 52.000 millones de dólares en nuevos impuestos a pequeñas y medianas empresas en particular, y la estimación más baja de impacto negativo en el empleo que he leído es de 800.000 personas.

Si, ya lo sé. Para el inversor en bolsa es irrelevante. Cuanto peor, mejor, y con 85.000 millones de dólares de compras de activos mensuales por parte de la Reserva Federal, si se ralentiza la economía, todos contentos porque el ‘helicóptero monetario travieso’, que sólo reparte entre el sector financiero y el estado, nos va a dar ‘fiesta para rato’.  Además, el inversor está protegido por unos empresarios que no caen en la trampa del dinero fácil, porque son los primeros que sufren en su patrimonio si se desploman sus empresas. La identidad de objetivos entre accionistas minoritarios y mayoritarios en EEUU es la mayor salvaguarda ante llamadas a gastar, a "tirarse por el precipicio, que no pasa nada, que aquí está el banco central para recogerle en la caída". Porque luego, no está.

La semana pasada comentaba que hay que mantener los ojos abiertos, porque la probabilidad de que la economía de Estados Unidos descarrile, precisamente por el efecto marginal negativo de los incentivos perversos, no es pequeña. Estoy seguro de que el espíritu innovador del país prevalecerá, pero valorar su desarrollo económico por la evolución de una bolsa impactada por recompras de acciones y el gas de la risa monetario puede ser un espejismo. Hasta Richard Koo alertaba de que Estados Unidos está inmerso en "la trampa del estímulo" (QE TRap) de la que no puede salir fácil ni cómodamente. Como Fleetwood Mac… Can’t Go Back.

Rajoy retrocede adecuadamente

Con motivo del segundo aniversario de su victoria electoral, el pueblo soberano ha calificado la gestión del gobierno del PP con una puntuación francamente mejorable. Por decirlo en logsiano, Rajoy no progresa adecuadamente. En realidad más bien retrocede, porque la nota media es tan baja que tendría difícil pasar de ciclo hasta en la ESO, a pesar de las inmensas tragaderas de nuestra enseñanza media. Hay muchos ceros; casi tantos como dieces, pero como las puntuaciones extremas se suelen suprimir en los procesos estadísticos para evitar distorsiones debidas al fanatismo, la nota más recurrente está practicamente en todos los casos por debajo del cinco pelao, como el boletín escolar de los adolescentes activistas, con gran "conciencia social" y escaso cerebro.

El resultado negativo de estas encuestas dice mucho en favor del PP, porque de haber estado los socialistas estos dos años en el gobierno la nota general hubiera estado entre el sobresaliente y la matrícula de honor. Un bienio entero sin quebrar el país ni multiplicar por dos la cifra de parados, ahí es nada, hubiera convertido al PSOE en acreedor de la gratitud de toda la sociedad, porque lo que se espera de los progresistas cuando llegan al poder es una catástrofe que pulverice cualquier registro anterior en su desastrosa biografía. Del Partido Popular, en cambio, se esperaba más. Bastante más.

El pueblo está enfadado con Rajoy y así lo pone de manifiesto en las encuestas de intención de voto, el único dato que realmente importa a los partidos políticos cuando se acerca una nueva cita electoral (y cuando no, también). Los contribuyentes estamos cabreados porque los impuestos son muy altos, y los que viven del cuento resentidos porque los trinques son muy bajos.Total, que sólo los que viven de la política parecen satisfechos con este estado de cosas. Que no es que esté mal que los profesionales del momio aporten este factor de estabilidad al bipartidismo, hoy amenazado por formaciones como UPyD y los comunistas de Cayo Lara, pero si el PP comenzara a cumplir (solo un poquito) su programa electoral tal vez las perspectivas le fueran más favorables. Con un suelo electoral de forofos irredentos y cautivos de la nómina sólo se ganan elecciones en Andalucía. Si lo sabrá Arriola.