El presidente Nicolás Maduro lo contó estremecido por la emoción. Hugo Chávez se apareció a los obreros que excavaban el metro de Caracas. Hay muchas incógnitas. Se discute si fue un fenómeno paranormal o para anormales. Su rostro se dibujó misteriosa e inesperadamente en una pared. Luego se esfumó. Fue sólo una visita fugaz, pero hubo tiempo de retratar al aparecido. Le enviaron la foto a Maduro. No está claro si la mandó el mismo Chávez o si fue un detalle del proletariado. Ahí estaban los ojos vigilantes del bolivariano, acaso asombrados de que haya venezolanos que todavía trabajen en el país.
Chávez, como Dios, está en todas partes. Maduro lo dijo. Chávez somos todos. Como se sabe, Chávez habla con Maduro a través de los pájaros. Tal vez se consiga que a partir de ahora las paredes participen del diálogo. ¿Por qué no? ¿Qué le cuesta a Chávez, si va a salir en una pared, decir unas cuantas palabras? Las paredes oyen, aseguraba Ruiz de Alarcón. Maduro espera que, además, hablen. Y que lo hagan claro.
En todo caso, es muy probable que, en el futuro, Maduro incorpore a los gatos entre sus interlocutores con el más allá. Los gatos se adaptan muy bien al mundo esotérico. Los egipcios los consideraban animales sagrados y decapitaban a quienes los maltrataban. Cuando las comunicaciones extrasensoriales lleguen a ese punto, sin embargo, será conveniente separar a los gatos parlanchines de los pájaros conversadores para que los felinos no se los coman. Los instintos son los instintos.
No es factible, en cambio, que Chávez hable a Maduro por medio de los perros. Chávez y Maduro se llevan muy bien con los islamistas y los perros no son muy queridos por la tribu de Mahoma. Los perros no son interlocutores fiables. Mienten mucho. Salvo los san bernardo, tal vez por respeto al santo que le da nombre a la raza, el resto dice cualquier cosa. ¿Quién puede confiar en un mensaje transmitido por un cocker spaniel? Se les ve la doblez, la banal intención de conquistar a quienes les transmiten el mensaje mientras mueven la cola aviesamente.
Es posible, sin embargo, que todo se trate de una broma. La aparición de Chávez en la pared milagrosa ocurrió la víspera de la fiesta de Halloween. Chávez, en vida, fue un bromista infatigable. Trick or treat. Dulce o truco. Chávez nombró sucesor a Maduro y canciller a Jaua, más o menos como Calígula, que también disfrutaba del humor negro, hizo cónsul a su caballo Incitato. Ni a Groucho Marx, el nieto de Karl, se le hubiera ocurrido algo así.
Tampoco puede descartarse que todo esto sea una maniobra del Demonio encaminada a confundir a Maduro y a sus huestes. Belcebú es capaz de todo. Belcebú, también, somos todos. Tiene una mala leche legendaria, como atestiguan Adán y Eva. (Adán Chávez no, sino el legítimo, el de la manzana, la serpiente y la pudorosa hojita de parra). Este año se cumplen cuatro décadas del estreno de El exorcista y tal vez el Diablo quiere vengarse del jesuita que extrajo al demonio Pazuzu de las entrañas de la malhablada niña Regan McNeal, la criatura con el pescuezo más flexible de la historia de las vías repiratorias.
En ese caso habrá que exorcizar a Maduro. Uno de los conjuros más eficaces es colocarse a la altura de su boca (es conveniente, antes, darle una pastilla de menta) y gritarle la oración de San Miguel Arcángel, invocando los nombres de los cinco demonios más dañinos: Satán, Lucifer, Belcebú, Belial y Meridiano (no consta que Diosdado Cabello forme parte del grupo): "Oh príncipe de la multitud celestial, arrojad al infierno a todos los malos espíritus que rondan por el mundo buscando la ruina de las almas". Amén.
Entre julio y septiembre de este año, 1.230.170 personas que no tenían empleo han encontrado uno. Por contra, 1.090.472 trabajadores han perdido su puesto. Éstas son las dos cifras más destacadas del Observatorio Laboral de la Crisis que este miércoles publicaba la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). De esta forma, se ha producido un acceso neto al empleo de 140.000 personas en tres meses, frente a las 13.000 salidas netas del mismo trimestre del año anterior.
Evidentemente, ésta es una gran noticia, incluso aunque la situación siga siendo muy preocupante. Además, la principal diferencia respecto a lo ocurrido entre julio y septiembre de 2012, reside en que se ha moderado mucho la pérdida de empleo (de 1,22 a 1,09 millones).
Eso sí, lo más interesante de este análisis que Sara de la Rica hace para Fedea quizás no reside tanto en las cifras generales sino en el detalle. En la parte final, se analizan qué características hacen más o menos probable encontrar un empleo o perder el que ya se tiene.
En este sentido, según los datos del último trimestre, mujeres, jóvenes, personas sin estudios y temporales son los que tienen más probabilidades de entrar en paro. Mientras, entre los desempleados, son los que llevan más de un año en esa situación los que menos opciones tienen de conseguir un contrato.
La propia De la Rica hace un análisis más pormenorizado de la situación de los desempleados de larga duración en Nada es gratis, el blog de Fedea. Y sus conclusiones son bastante preocupantes:
"Más de la mitad [de los seis millones de parados] son desempleados de larga duración; y lo que todavía es más preocupante, 2 millones llevan desempleados durante un tiempo superior a 2 años".
"De cada 100 desempleados con una duración menor a un mes, 38 han accedido a un empleo [en el último trimestre]".
"Para los parados de larga duración, de cada 100 desempleados sólo 10 han encontrado empleo en este trimestre".
"Si comparamos la probabilidad de acceder a un empleo de un desempleado que lleva más de un año desempleado con uno que lleva menos de tres meses y cuyas características son similares, el primero se enfrenta a una probabilidad siete veces menor de encontrar un empleo que el segundo".
Acceso y pérdida de empleo
– Sexo: en el tercer trimestre, 578.051 mujeres perdieron su empleo y 595.684 lo encontraron. Entre los hombres, las cifras fueron 509.438 y 643.143.
Si comparamos hombres y mujeres con similares características (edad, educación, sector, tipo de contrato,…), la probabilidad de perder el empleo para los primeros es un 53% más baja. Entre los trabajadores, las mujeres tienen un 33% menos de probabilidad de encontrar un trabajo respeto a sus compañeros varones con las mismas características.
– Edad: todos los grupos de edad presentan acceso neto al empleo (es decir, más ganancias que pérdidas). El más favorecido en términos absolutos es el de 16-24 años: 157.678 pérdidas frente a 268.820 nuevos contratos.
Sin embargo, en el análisis multivariante, las cosas cambian. Ser menor de 25 años aumenta la probabilidad de perder un empleo un 25% respecto a alguien de las mismas características (sexo, tipo de contrato, nivel educativo,…) pero que esté en el rango 25-34 años. Del mismo modo, estar en uno de los otros tres grupos de edad (25-34, 35-44 y 45-59) otorga entre un 60 y un 85% más de probabilidades que los que tienen menos de 25 años si las demás condiciones son iguales.
– Nacionalidad: uno de los datos más curiosos tiene que ver con las diferencias por nacionalidad. Según este informe, no se aprecian diferencias en las posibilidades de perder o encontrar un empleo entre trabajadores y parados españoles o extranjeros. Las distintas cifras de unos y otros se pueden explicar por el tipo de trabajo que realizan.
– Nivel de educación: los autores apuntan que la educación "sigue ejerciendo de factor protector". La probabilidad de perder el trabajo es un 40-60% mayor para alguien con estudios de secundaria o inferior respecto a universitarios de las mismas características. En lo que hace referencia a encontrar un nuevo trabajo, las mayores diferencias son entre estudios primarios y los demás.
– Tipo de contrato: tampoco aquí hay sorpresas. A igualdad de condiciones, tener un contrato temporal multiplica por cinco las opciones de perder el empleo.
– Tiempo en paro y subsidio: dos temas políticamente muy incorrectos pero que se repiten trimestre tras trimestre en este Observatorio Laboral. Como apuntábamos arriba, los desempleados que llevan menos de tres meses en esa situación tienen una "probabilidad siete veces mayor" de salir del paro que aquellos que llevan más de un año. Por eso, los autores piden a los responsables "impulsar a los individuos que han perdido su empleo a encontrar otro lo más rápidamente posible y diseñar políticas activas eficaces que promuevan la empleabilidad".
¿Y cómo influye el actual modelo de subsidio de desempleo? Pues no parece estar especialmente bien diseñado: "Incluso con la misma duración en el desempleo, aquel que no cobra subsidio tiene el doble de probabilidad de encontrar empleo que uno que lo percibe".
Cuanto más rica es una economía, mayor cantidad de deuda puede soportar. Google es capaz de digerir más deuda de lo que lo fue Martinsa Fadesa. De hecho, es habitual que ambas variables se incrementen a la vez: conforme un sistema económico crece, su stock de deuda aumenta; cuando decrece, su stock de deuda se reduce. Mas, como sabemos, correlación no implica causalidad, de manera que uno debe plantearse hasta qué punto una variable condiciona la otra.
Crecimiento y deuda
Por un lado, si nos volvemos más ricos, adquirimos mayor margen para endeudarnos; de manera que, en tanto en cuanto nos interese adelantar al presente parte de nuestra renta futura, recurriremos con más asiduidad a una deuda: en este escenario, es el mayor crecimiento el que da lugar a un mayor endeudamiento. Pero, por otro, la deuda también puede emplearse como vehículo para financiar nuevas inversiones productivas que sienten la base de un aumento de la renta futura: en tal caso, es la mayor deuda la que genera un mayor crecimiento. Pero fijémonos que este último caso sólo se dará si se cumple una condición: que la rentabilidad del plan de negocios acometido gracias a la deuda supere el coste financiero de la deuda.
Al fin y al cabo, todo crédito es una forma de intercambio aplazado, una transacción incompleta: una de las partes compra hoy (disfruta hoy de los bienes) pero paga en el futuro. En los intercambios convencionales, quien compra resarce instantáneamente al que vende y la transacción finaliza tan pronto como ambas partes entran en posesión de sus nuevas mercancías. Con la deuda no: una parte compra hoy utilizando no su renta presente, sino su renta futura, de manera que alguien (ya sea el propio vendedor o un tercero) debe proporcionarle crédito a ese comprador (alguien le permite pagar y completar el intercambio más adelante).
Subsiste en el comprador, pues, la obligación de cerrar la transacción en el futuro: entregarle al vendedor el importe de las mercancías que adquirió en el pasado (principal) más una compensación por el retraso en el pago (interés). De ahí que, para tratarse de una inversión generadora de riqueza, los factores productivos adquiridos a crédito deberían ser capaces de generar un excedente de valor (rendimiento neto) que cubra el interés de ese crédito. Si no, si el deudor no puede devolver los intereses (o incluso el principal), la deuda no impulsará el crecimiento sino que lo erosionará.
Claro que esa destrucción de riqueza derivada de malas inversiones financiadas con deuda no tiene por qué ser evidente durante un largo período de tiempo. Y, en tal caso, puede suceder que un sistema económico acumule insosteniblemente deuda y, mientras lo hace, impulse un crecimiento artificial que sólo más adelante terminará colapsando. Esto último es lo que le ha sucedido a España desde 2001. Por desgracia, en muchas cabezas se ha quedado grabada de un modo indeleble la correlación entre crecimiento y crédito: nuestra época dorada coincidió con el aumento del crédito, de manera que para regresar a esa época dorada, es necesario que vuelva a fluir el crédito.
El crédito no nos traerá la recuperación, sino al revés
Y, en efecto, se ha instalado en el discurso oficial que la primera condición que necesita España para recuperarse es que vuelva a fluir el crédito con normalidad. Los políticos han sido especialmente proclives a abrazar tan populista mensaje, pues de ese modo disponían de una excusa perfecta para rescatar a la banca a costa de los contribuyentes: sólo es necesario –nos decían– un pequeño saqueo tributario para que las entidades financieras vuelvan a conceder crédito de manera fluida y regresemos a la época de la abundancia.
Desde aquí ya tuvimos ocasión de explicar en diversas ocasiones que tal discurso se asentaba en una notable falacia: si el crédito escasea en España, no es porque los bancos no estén en posición de extenderlo, sino porque los demandantes de crédito en España son riesgos mucho más elevados de los que la banca debería asumir. Dicho de otro modo, si el crédito no fluye no es por una insuficiente oferta de crédito, sino por una demanda insuficientemente solvente. Es verdad que mucha gente desearía obtener (o refinanciar) sus créditos, pero el banco no les ve con capacidad para devolverlos: ¿es que acaso un supermercado vende sus productos a aquellos que entran sin dinero? No, y lo mismo pasa con los bancos: para obtener crédito hoy ha de existir una expectativa razonable de que se reintegrará con intereses mañana. Y esa expectativa no existe y por motivos bien fundados. Lo hemos constatado esta semana: el 35% de todos los préstamos concedidos desde 2008 han entrado en mora. Es verdad que el cierre total de la ventanilla puede llevar a que paguen justos por pecadores (sobre todo en relación con la financiación del circulante), ¿pero cómo podemos esperar que la banca extienda crédito en esas condiciones? ¿Y cuál sería el propósito de presionarle a que lo hiciera? ¿Dilapidar capital y volverla a rescatar a costa del contribuyente?
No nos equivoquemos: si España se recupera no será porque a causa de que vuelva a fluir el crédito, sino porque habrá corregido sus desequilibrios subyacentes y entonces, una vez la recuperación sea sólida y los demandantes de crédito vuelvan a ser buenos riesgos, el crédito volverá a fluir. Pero la disponibilidad general de crédito será sólo un efecto, que no una causa, de la mejoría. Si los bancos prestaran ahora mismo a troche y moche sólo estarían apuntalando las malas inversiones pasadas y engendrando otras nuevas. No es lo que necesitamos.
La clave, el ahorro
Para endeudarnos, hemos de ser capaces de amortizar la deuda. Y para ello se han de dar dos condiciones: una, disponer de planes de negocio lo suficientemente seguros y rentables como para que puedan ser financiados sin elevados riesgos; dos, reducir la pesada carga de deuda que seguimos arrastrando desde la burbuja inmobiliaria. Es decir, antes de endeudarnos tenemos que pagar las deudas pasadas y disponer de un buen proyecto para respaldar las nuevas deudas.
Para reducir las deudas pasadas, es necesario ahorrar: esto es, que familias y empresas consuman la menor cantidad posible de su renta presente (salarios y beneficios) con tal de amortizar su deuda. Para contar con un buen plan de negocios que respalde la nueva deuda, es necesario en gran medida que el resto de la economía se reestructure y mejore: mis oportunidades de inversión dependen de las buenas inversiones que ejecuten otros (en Zimbabwe es difícil encontrar una buena oportunidad de inversión; en Suiza, no tanto). ¿Pero cómo vamos a invertir en reajustar el modelo productivo de España si previamente no vuelve a fluir el crédito? ¿No es acaso una pescadilla que se muerde la cola? No: toca buscar nuevas fuentes de financiación basadas en el ahorro propio (más capitales propios y menos capitales ajenos). De nuevo, también por esta vía necesitamos más ahorro. Nunca olvidemos que el ahorro es la base del capitalismo.
Por desgracia, el Gobierno del PP se ha obsesionado con saquear el ahorro familiar y empresarial mediante draconianas subidas de impuestos para conseguir mantener a flote su particular burbuja estatal. Por eso, justamente, la burbuja estatal es hoy el principal obstáculo a una recuperación sostenible (más allá de los rebotes engañosos) y, también, a una circulación más fluida del crédito.
Hoy por hoy, el PSOE no gobierna, pero si lo hiciera todos aquellos que contasen con un plan de pensiones privado sufrirían una fuerte subida fiscal -una más- a partir del próximo 1 de enero. El partido que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba acaba de declarar la guerra, oficialmente, a los planes de pensiones, ya que propone reducir y limitar de forma drástica sus ventajas fiscales. Ésta es una de las medidas más destacadas que incluye el amplio listado de enmiendas parciales (más de 1.000) que ha presentado el grupo parlamentario socialista a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 elaborados por el Gobierno del PP, cuya tramitación se desarrolla en el Congreso.
Aunque los Presupuestos que ha diseñado el ministro de Hacienda,Cristóbal Montoro, no reducen ninguna partida de gasto, e incluso superan en tamaño a los de 2007 -en pleno boom económico-, Rubalcaba, lejos de contener el gasto, propone añadir otros 11.000 millones de euros bajo el argumento de impulsar la actividad económica y garantizar la cohesión social. Y ello, sin incrementar el déficit y la deuda pública, puesto que los socialistas apuestan por disparar aún más la fiscalidad a los españoles, sobre todo, a grandes empresas y rentas altas, además de elevar la tributación medioambiental y financiera.
En materia de ingresos, destaca especialmente la enmienda por la que exige al Gobierno reducir los beneficios fiscales propios de los planes de pensiones. El PSOE ha cargado abiertamente contra la reforma de las pensiones propuesta por el PP, abogando por subir impuestos y cotizaciones en lugar de reducir las futuras prestaciones. Sin embargo, ahora da un paso más allá y aboga, directamente, por castigar estos planes, concebidos para complementar el cobro de prestaciones públicas.
Uno de los mayores atractivos de estos planes son, precisamente, sus grandes ventajas fiscales, ya que las aportaciones realizadas sirven para reducir la base imponible del IRPF, con el consiguiente ahorro en el pago anual de impuestos, tal y como resume el siguiente cuadro.
Los socialistas plantean limitar la cantidad máxima deducible a tan sólo 3.000 euros al año con carácter general, y 3.500 euros para los mayores de 50 años. Es decir, proponen eliminar el 70% de sus actuales beneficios fiscales. ¿Motivo? "En este momento, los límites máximos de la reducción en el IRPF por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social son aprovechados casi exclusivamente por los contribuyentes de mayor capacidad económica, con un alto coste para los ingresos del Estado. La situación actual aconseja modificar dichos límites, de forma que cubran a todos aquellos contribuyentes que utilizan este mecanismo como auténtica previsión social complementaria y no como un producto más del ahorro, pero privilegiado fiscalmente", según la citada enmienda.
Asimismo, pretende eliminar por completo las ventajas fiscales asociadas a los grandes planes de pensiones que aportan las empresas a sus directivos y ejecutivos mediante seguros colectivos, equiparándolos al resto de trabajadores.
Siguiendo con los impuestos, el PSOE optaría por eliminar la subida de tipos del IRPF y el aumento del IVA aplicados por el PP, pero, a cambio, apuesta por nuevas e intensas subidas fiscales. Entre ellas, las siguientes:
IRPF: reducir las deducciones fiscales por el cobro de primas y bonos -bajando el límite máximo de reducción desde 300.000 a 60.000 euros-; limitar las deducciones en el cobro de rentas derivadas del alquiler de inmuebles; y suprimir la deducibilidad por las pérdidas en el juego.
Impuestos verdes: subir y crear nuevos tributos sobre el transporte, la energía y los residuos para recaudar hasta 5.000 millones de euros extra al año.
Impuesto a las "grandes fortunas": la idea consiste en gravar de forma "transitoria" la rentabilidad acumulada derivada del patrimonio total de los contribuyentes (exceptuando vivienda familiar, hasta ciertos límites), incluyendo todo tipo de ahorro, acciones, sociedades y, muy especialmente, las participaciones en Sicav, con independencia de que dichos activos se enajenen o no durante el ejercicio fiscal. Y se trata de un gravamen "transitorio" porque el objetivo último del PSOE es reformar de forma integral el IRPF para que el capital tribute al mismo nivel que las rentas, lo cual supondría una nueva subida histórica de impuestos.
Sociedades: otra enmienda contempla la posibilidad de disparar la fiscalidad sobre las grandes empresas, imponiendo un tipo mínimo del 15%, pero sobre la cuenta de pérdidas y ganancias, eliminando, por tanto, casi todas las deducciones.
Tasa Tobin: implantar un impuesto sobre las transacciones financieras, tal y como ya se ha comprometido el Gobierno de Rajoy, para recaudar unos 5.000 millones de euros extra al año, según sus estimaciones.
Nuevos fondos para aumentar el gasto
Por el lado de los gastos, Rubalcaba apuesta por elevar aún más las partidas presupuestarias, al tiempo que elimina ciertas medidas de contención aprobadas por Rajoy desde su llegada al poder. Entre otras, destacan las siguientes enmiendas:
"Fondo especial de financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes" para reforzar sus servicios públicos.
"Fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes" en las autopistas y autovías de Cataluña.
"Fondo estatal de emergencia para las familias en situación de pobreza y exclusión social", dotado con 1.000 millones en 2014.
"Fondo para el empleo en las pequeñas y medianas empresas y para emprendedores", dotado con 5.000 millones de euros anuales, ampliables, para ofrecer créditos en condiciones ventajosas a empresas, pymes y parados que opten por el autoempleo. De este modo, se pretende combatir la restricción crediticia por parte de la banca. El PSOE también plantea la posibilidad de que el Estado avale la concesión de préstamos a empresas por parte de las entidades financieras.
Aumentar la contratación de empleados públicos, elevando la tasa general de reposición al 30%.
Subir el sueldo a funcionarios y empleados públicos un 1,5% en 2014.
Restituir por completo las prestaciones por bajas de los empleados públicos, que fueron rebajadas por el PP para evitar el elevado absentismo laboral en el sector público.
Aumentar un 1,5% el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Subir las pensiones públicas (contributivas y mínimas) un 1,25% en 2014 frente al 0,25% que prevé el Gobierno.
Elevar el número de becas estudiantiles mediante la eliminación de los nuevos criterios de mérito implantados por el Ejecutivo del PP, y reducir las tasas universitarias.
Fortalecer y prorrogar el plan Prepara (400 euros al mes a parados sin prestación) y las Rentas Activas de Inserción.
Restaurar la "renta básica de emancipación" de alquiler de vivienda a jóvenes.
Restituir por completo el sistema de prestaciones que instauró la Ley de Dependencia.
Incrementar la inversión estatal en infraestructuras en distintas regiones en función de los criterios que estipulan los estatutos autonómicos, especialmente en Cataluña y Andalucía.
Elevar el presupuesto destinado al grupo RTVE y la agencia EFE, etc.
El presidente de la Comunidad de Madrid se ha empeñado en bajar los impuestos sin el menor respeto a las directrices nacionales, en un gesto que no sólo ha dejado en evidencia al Gobierno de Rajoy sino a las autonomías más derrochadoras y con la clase política más trincona, dos características que suelen ir de la mano. Montoro todavía no se ha pronunciado acerca de este gesto de rebeldía de Ignacio González. Debe de estar pensando en qué castigo imponerle por su actitud levantisca, que, además, ha molestado a los nacionalistas catalanes, algo que en la España actual resulta intolerable.
En CiU ya han calificado esta decisión del presidente madrileño como "un mazazo a Cataluña" y una prueba más de la injusticia de la financiación autonómica. En esto último tienen toda la razón los nacionalistas catalanes, pero olvidan que ese desequilibrio presupuestario opera a su favor, pequeño detalle que a ningún español fuera de allí le pasa inadvertido. Pero lo más sorprendente de esta nueva melopea lacrimógena es que tiene como origen no una entrega adicional de fondos públicos, como las muchas que anualmente trinca el Gobierno regional catalán, sino la decisión de la comunidad madrileña de bajar el tramo autonómico de algunos impuestos estatales.
El Ejecutivo madrileño ha llegado a la conclusión de que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos, sano principio que tendría que ser observado en toda España, país donde montar cualquier negocio encuentra tantas trabas como instalar una fábrica de banderas israelíes en la Franja de Gaza. Hay que intervenir a la Comunidad de Madrid antes de que el ejemplo se extienda. No por parte del Gobierno central en cumplimiento de los preceptos recogidos en la ley de equilibrio presupuestario, puesto que Madrid es una de las pocas autonomías que los cumple a rajatabla, sino directamente por la Generalidad de Cataluña, eterna agraviada y verdadero poder fáctico también en materia económica.
Hablar de las instituciones de justicia sin ser jurista parece un poco osado. Y probablemente lo es. Pero no voy a discutir sobre Derecho Constitucional o Filosofía del Derecho. Solamente quiero abordar la justicia desde el punto de vista del análisis institucional. Y, en ese sentido, creo que nuestras instituciones están afectadas de un daño en su esencia misma. Por supuesto, mi reflexión viene al caso de la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot y los intercambios de impresiones entre quienes la creen acertada, quienes no, y quienes, simplemente, miran al tendido.
La justicia como palanca de la civilización
De todas las virtudes de las que habló Adam Smith en “La Teoría de los Sentimientos Morales”, fue la justicia la que destacó por encima de las demás. La razón es que, al ser aquella la que canaliza el natural sentimiento de indignación de los hombres frente a una atrocidad, permite por esa razón que la civilización avance. Y de esta manera, se explica que los ciudadanos, eximidos de la obligación moral impuesta por su propia conciencia de vengar las injusticias infligidas sobre los inocentes, puede dedicarse a trabajar en paz, sabedor de que “alguien” se ocupará de ello.
Ese alguien supongo que fue, en primer lugar, el jefe militar, líder de la tribu, quien acometía ese deber de dirimir los conflictos de los miembros del clan. Y con el paso de los siglos, la civilización occidental ha desarrollado un complejo entramado de instituciones de justicia que pretenden, en el fondo, exactamente aquello que proponía Adam Smith. Así que hoy día contamos con tribunales ordinarios, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, que velan por que se haga justicia en nuestro país. Además, España suscribió el Convenio para la protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, lo que nos obliga a someternos a lo que dictamine el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pero ninguna de esas instituciones funciona si no existe, como condición inicial, independencia de los tres poderes en que se basa el Estado de Derecho: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esa separación garantiza que los intereses políticos no van a manipular las decisiones de los jueces.
El problema de la doctrina Parot
Yo no soy quién para dictar lecciones jurídicas acerca de la bondad o perversión de la doctrina Parot, si la interpretación que se ha hecho a lo largo de las décadas que nos han conducido desde el Código Penal franquista hasta la manifestación del domingo es la adecuada o no. Pero escuchando a unos y a otros, la conclusión en la que coinciden todos los juristas y expertos con quienes he hablado es que un tema tan serio como la condena de terroristas, no se soluciona con una chapuza. Y la responsabilidad no es del Tribunal de Estrasburgo, sino de quienes diseñaron las leyes, quienes se acogieron a una interpretación de la ley, sentando jurisprudencia, en torno a cómo se aplicaban los beneficios penitenciarios y, finalmente, quienes no han ido a explicar al Tribunal de Estrasburgo qué circunstancias particulares del caso español dieron lugar a esa interpretación.
La responsabilidad implica asumir las consecuencias de los actos de uno, se trate de un individuo o de un organismo público o privado. Y esas consecuencias, en el caso de la excarcelación de etarras, pero también de violadores y de otros asesinos que matan sin esconderse tras una idea política, es la indignación y el dolor de las víctimas y familiares de las víctimas, que están desprotegidas frente a la maraña legal.
No se trata de tirar por la ventana el respeto a la ley, ni abominar de todo nuestro sistema legal. Pero sí creo imprescindible plantearse seriamente qué nos ha conducido a esta situación, que es sencillamente la muestra de una justicia fallida, porque no cumple con esa idea smithiana de canalizar el natural sentimiento de indignación de los ciudadanos. Los ciudadanos ya no están tranquilos respecto a que el poder judicial está ahí para velar para que los agresores de inocentes cumplan su condena. Y eso es muy grave por todo lo que significa. Porque, como enseñaba Smith la justicia es la palanca de la civilización y si se quiebra la confianza en la justicia, la sociedad está abocada a un desgaste institucional muy peligroso.
Por eso creo que la primera reclamación que los ciudadanos, partidos políticos y medios de comunicación debería ser la exigencia a quienes manejan el timón de la separación de poderes. Cuando en el Parlamento (poder legislativo) hay una bancada donde se sientan los ministros (poder ejecutivo), el tema de la separación de poderes se torna turbia y una se ve empujada a pensar que esos ministros encabezan a su partido político y que esos parlamentarios no nos representan sino que velan por el número de escaños de esos partidos. Y cuando los miembros de las principales instituciones de justicia de este país son repartidos porcentualmente entre los propuestos por los partidos, no hay ninguna duda de la escasa independencia que pueden tener esos jueces, pertenezcan o no a dicha agrupación política. El sesgo está claro.
Ese es el daño medular de nuestras instituciones judiciales, el primero que habría que abordar para impedir la degeneración de todo lo demás.
La Hacienda española no es eficiente. O eso parece. Al menos no tanto como las agencias tributarias de los países de nuestro entorno. Al contribuyente hispano, tras todas las subidas de impuestos de los últimos años, esto le sonará a chino. Pero los datos de Eurostat publicados el lunes parecen concluyentes. La recaudación sobre el PIB en 2012 llegó al 54,4% en Finlandia, al 51,8% en Francia o al 51% en Bélgica. En España, se quedó en el 37,1%
El panorama que se dibuja es desolador. Por un lado, los tipos en España están entre los más elevados de la UE tanto en IRPF, IVA y Sociedades. Pero esta voracidad recaudatoria ni siquiera sirve para que el Estado recaude mucho, como podría parecer lógico.
Estas cifras han servido de excusa para los políticos de todos los partidos. Desde que comenzó la crisis, cada vez que un ministro de Hacienda ha tenido que subir los impuestos (y los han subido todos), ha tirado de esta estadística. Cristóbal Montoro llegó a hablar de un nivel de presión fiscal "absurdo". De esta manera, se ha extendido el mantra de que España tiene un problema de ingresos y no de gasto. Esta semana, tras la publicación los datos de Eurostat, ha vuelto a sonar esta cantinela: lo que habría que hacer es recaudar más.
Gasto pre-crisis
Sin embargo, lo primero que hay que recordar que el gasto público es superior en estos momentos al que había cuando comenzó la crisis. Como explicaba hace unos meses Manuel Llamas en Libre Mercado: "A pesar de los recortes, centrados en la inversión, el sector público sigue gastando casi 4.000 millones más que en 2008 y hasta 40.000 millones extra si se compara con 2007, en pleno auge inmobiliario. Asimismo, en términos reales (descontando la inflación), el gasto total sigue superando los niveles de 2006, en la cima de la burbuja, y aún excluyendo los intereses de la deuda, el gasto registrado en 2012 seguiría superando el de 2006 en términos reales".
Además, si queremos comparar a España con el resto de países de la UE, no sólo hay que mirar la recaudación (presión fiscal), sino también el gasto financiado con déficit. Nuestro país ha tenido un déficit público superior al 9% del PIB los últimos cuatro ejercicios. Y el crédito del que ahora se tira habrá que pagarlo en algún momento, con más impuestos, en cuanto la recuperación lo permita mínimamente (casi podría hablarse de una presión fiscal implícita que todos los contribuyentes españoles tenemos por delante).
Por último, hay que recordar que al final los ingresos públicos no dependen sólo de lo que uno haga, sino también de variables externas, sobre las que no tiene pleno control, como el crecimiento económico y la generación de riqueza. A cambio, los gastos sí se deciden en los Presupuestos de cada año.
Imaginemos un trabajador que cobra 2.000 euros y gasta 1.900 al mes; un día es despedido y se queda en el paro con una prestación de 1.000 euros y hace algunos ajustes para gastar sólo 1.500. Pues bien, podrá decir que su problema es de ingresos, pero mientras no consiga otro empleo, le iría bien recortar incluso más sus gastos, que es algo que sólo depende de él. Los gobiernos españoles no han sido ni mucho menos tan austeros como el ciudadano de este ejemplo (no han bajado su gasto), pero su argumentación cuando presentan las cifras de déficit sí es parecida.
¿Por qué?
En cualquier caso, sigue abierta la pregunta de por qué España no recauda tanto como otros países. Es evidente que no es por tener impuestos bajos, a pesar de que ésta pueda parecer la respuesta lógica. Como ya hemos apuntado, los tipos generales de IRPF, Sociedades o IVA están en la banda alta (cuando no en el top) de entre los vigentes en el resto de la UE.
Algunos expertos señalan al diseño del sistema. Los tributos españoles son muy elevados, pero también incluyen agujeros que permiten que ciertos contribuyentes no paguen los tipos generales. Son bonificaciones, exenciones,… Así, quizás el Estado podría recaudar más con tipos más bajos (con lo que eso tendría de positivo para la inversión y el empleo). Sólo habría que rediseñar el sistema. De hecho, se supone que esto es parte del encargo que el Gobierno le ha hecho al grupo de expertos encargados de hacer un informe sobre la reformas fiscal.
Eso sí, hay que tener mucho cuidado con esta argumentación, porque ha sido utilizada con frecuencia por los políticos para justificar subidas encubiertas de impuestos. Se quitan todas las bonificaciones o exenciones o ventajas, pero no se tocan los tipos: es decir, se incrementa la presión fiscal sirviéndose de esta excusa.
Por otro lado, una buena reforma fiscal podría tener efectos benéficos para toda la economía. Bajar los tipos a cambio de quitar deducciones puede parecer un juego de suma cero para las arcas del Estado. Lo que se gana de un lado se pierde por el otro. Pero no es así. Un diseño correcto podría estimular por sí mismo la actividad económica, lo que llevaría a un aumento de la recaudación sin subir los impuestos.
Un efecto ‘natural’
Pero queda una cuestión en la que nadie parece reparar. Decir que España recauda poco es parecido a decir que Venezuela recauda poco. Puede ser, pero eso no es debido a que los impuestos sean bajos (que no lo son), sino a que no se genera actividad. Vamos, que no hay riqueza que tasar. Puedes subir los tributos un 90% y eso no sólo no aumentará la recaudación, sino que posiblemente la disminuirá.
No se dice mucho, pero la manera más natural de subir los ingresos de Hacienda es incrementar los ingresos de los españoles.
Imaginemos que mañana todos doblásemos nuestra productividad y, por consiguiente, pactásemos una subida de sueldo con nuestra empresa para cobrar el doble. Nuestra factura con la AEAT por IRPF subiría de inmediato. No sólo porque ganamos más dinero, sino porque pasaríamos a estar en los escalones más altos del tributo. Por ejemplo, tomemos un impuesto sobre la renta con dos tramos. Se paga el 20% hasta 25.000 euros y el 40% de esa cantidad a los 50.000. Alguien que gana esos 25.000 euros apoquina 5.000 euros; si le doblan el salario, la factura fiscal pasa a ser de 15.000 euros (el triple).
Pues bien, algo parecido podría pasar en España si buena parte de los seis millones de parados encontrasen un empleo o si subiesen los sueldos por incrementos en la productividad. Es un camino más complicado que simplemente subir los tributos; lleva más tiempo y probablemente exija reformas de más calado que las aprobadas hasta ahora.
El Gobierno de Raúl Castro ha declarado su intención de terminar gradualmente con la dualidad monetaria. Estupendo. Cuanto más rápido desaparezca esa cruel anomalía, tanto mejor. La estafa, comenzada en 1994, ha durado demasiado.
En la Isla hay dos monedas. Una es el peso o CUT, carente de valor adquisitivo, con el que pagan a los trabajadores. La otra es el CUC, o peso convertible, equivalente (más o menos) al dólar, en el que les venden a precios internacionales todo lo que es deseable comprar. Pese a que, oficialmente, el peso regular y el convertible tienen el mismo valor, en realidad los CUC se cambian por 24 CUT. Razón por la que el salario promedio de los cubanos es uno de los más bajos del planeta. Oscila entre los 10 y los 20 dólares al mes.
Sin embargo, el fin de la dualidad monetaria no acabará con los quebrantos económicos de la Isla. Todo lo que conseguirá es hacer más transparente el desastre. Cuanto más se sincere la economía, más obvias serán sus falencias. Entendámoslo: esa detestable trampa no es el problema. Es sólo el reflejo de un gravísimo mar de fondo: la improductividad tremenda del sistema.
La moneda cubana es la expresión fiel de su economía. Es una birria, porque el colectivismo planificado por los comisarios, basado en las supersticiones del marxismo-leninismo, provoca que la producción y la productividad de los cubanos sean bajísimas. ("Es el sistema, estúpido", diría James Carville).
Mientras existió el patrón oro, cualquier moneda que tuviera el respaldo de ese metal y admitiera la libre convertibilidad, como sucedía con el peso cubano hasta el triunfo de la revolución, era respetable. Cuando se abandonó el patrón oro, las monedas sólo quedaron amparadas por la solvencia, la estabilidad y el carácter predecible de la sociedad que las imprimía.
De ahí la despreciable insignificancia del peso cubano. De ahí, también, por la otra punta, la supremacía del dólar americano, pero también, en menor medida, del euro, el yen o la libra esterlina. Incluso del franco suizo, pese a los escasos ocho millones de habitantes radicados en el diminuto país. La imponente productividad de la nación alpina y la fortaleza de sus instituciones convierten al franco suizo en una moneda-refugio ante cualquier turbulencia económica internacional. Cada vez que tiemblan las rodillas, los expertos compran francos suizos.
¿Qué puede hacer Raúl Castro para, realmente, enderezar la economía cubana? Sin duda, enterrar ese disparatado modo de producir y organizar la sociedad. El sistema no es enmendable. Gorbachov, que también trató de salvar el comunismo, acabó por admitir que no era posible, como sucedió en prácticamente toda Europa Oriental.
¿Por qué Raúl Castro no lo hace? Supongo que, al menos, por tres razones: por confusas convicciones ideológicas que no ha conseguido sacudirse, por aferrarse al poder y (la de más entidad) por ser emocionalmente incapaz de aceptar que se ha pasado ochenta años defendiendo ideas equivocadas. Debe de ser muy duro admitir que la obra de toda la vida es un perfecto disparate que ha generado un daño inmenso.
Por supuesto, el fin del comunismo entrañaría la liquidación política de la casta dominante en Cuba, pero si Raúl Castro quisiera, realmente, que ese pobre país comenzara a producir como Dios manda, y los cubanos pudieran vivir decentemente, como asegura que son sus intenciones, no le quedaría más remedio que renunciar totalmente al error colectivista, admitir las libertades democráticas y regresar a la existencia de la propiedad privada como principal agente económico y al mercado como forma de asignar recursos, aunque tenga que liquidar el frondoso berenjenal en el que su hermano Fidel, irresponsablemente, internó a los cubanos.
Mientras los fundamentos del comunismo persistan, aunque hoy estén mitigados por algunas reformas laterales, da más o menos igual que haya una moneda o cuatro. El país seguirá patas arriba y los cubanos continuarán desesperados tratando de huir. El mal está en otra parte. A ver si se entera.
The most scary thing is that even the central government doesn’t really know how large the size of the local government debt is. – Hu Yifan
Comentábamos la semana pasada en mi entrada Llueve dinero en España ¿o no? que la acumulación de deuda genera mayor fragilidad en el sistema económico. Los índices globales mantienen su fase expansiva, pero se empieza a percibir un cierto nivel de desaceleración. Fitch reducía sus estimaciones de crecimiento global tanto para 2013 –a 2,3%- como para 2014 –de 3,1% a 2,9%-, y las empresas más cíclicas que han publicado resultados siguen cautelosas con sus previsiones para 2014. Debemos tener en cuenta que algunas economías se mueven peligrosamente hacia el estancamiento. Brasil, presa de la política populista de Rousseff, con una inflación disparada, va camino de no crecer en 2015 y los problemas de India, con un creciente déficit por cuenta corriente y altísima inflación en el precio de los alimentos, ya los hemos mencionado en esta columna.
Pues bien, entre la euforia inversora, la trampa de liquidez creada por los estímulos monetarios eternos y los desajustes en países emergentes, nos habíamos olvidado de China. Merece la pena analizar algunos datos.
China sigue creciendo de manera planificada y ópticamente espectacular (9,1% anualizado en el tercer trimestre comparado con el mismo periodo de 2012). La máquina de la que depende el crecimiento global va ‘bien’ siempre que el Gobierno la mantenga bien engrasada. Es el triunfo de la economía masivamente endeudada y planificada. ¿Triunfo? Ahora veremos que no. El propio primer ministro, Li Keqiang, según Reuters, se refería al PIB chino como "artificial y solo relevante como referencia" (“man-made and for reference only”).
Un modelo a copiar… que ya copiamos en España, con resultados desastrosos, en la década de "la deuda no importa". No solo lo copiamos, sino que lo sobrepasamos… En deuda, en infraestructuras inútiles, en ciudades fantasma y en sobrecapacidad… que hoy pagamos.
El Shibor (el índice interbancario chino) se disparaba de nuevo esta semana, igual que lo hizo en junio. Los tipos de interés de una economía excesivamente apalancada volvían a subir, a pesar de las intervenciones pasadas del Banco Popular de China, poniendo en riesgo a un sistema económico donde no se conoce adecuadamente el riesgo de préstamos de difícil cobro ni la deuda real de las provincias.
– Efectivamente, la deuda de las provincias chinas, obligadas a acatar las órdenes de crecimiento impuestas por el gobierno central, no se conoce realmente. ¿Les suena a nuestro pasado reciente? Los análisis varían entre 2,5 billones de dólares y 5 billones, entre un 30% y un 60% del PIB –en Estados Unidos, por ejemplo, no llega al 18%-. Esta falta de transparencia e información también pone de manifiesto el poco control que tiene el Gobierno central sobre la deuda de las regiones. Tal vez por eso se ha aprobado la creación de bancos malos regionales, para intentar reducir el riesgo sistémico.
– La burbuja de crédito privado ya supera, según Credit Suisse, el 178% del PIB, un 26% por encima del máximo aceptable. La deuda total alcanza el 200% del PIB. ¿Se acuerdan de España en 2007? Teníamos cifras muy superiores. Y el nivel de gasto –inversión- es un 12% superior al de Japón en el cénit de su locura de estímulos. Las inversiones sobre PIB superan el 48%, casi un 10% superior a los países que se industrializaron más rápidamente en el siglo XX. Por supuesto, mucha gente justifica este nivel de inversión por la necesidad de modernizar el país. Sin embargo, en infraestructuras, China está tan sobrecapacitada como España, y con la misma densidad en autopistas, por ejemplo, que Reino Unido o EEUU.
– Todo este crédito no sería un problema si las empresas chinas se estuvieran “forrando” y los márgenes empresariales fueran espectaculares. Sin embargo, el 48% del Hang Seng (índice de las mayores empresas chinas) genera rentabilidades por debajo de su coste de capital y casi el 30% no cubre sus costes financieros con caja libre –es decir, se endeuda para pagar intereses-. ¿Les suena a nuestras "no importa porque la deuda es sin recurso" de 2007?. Los márgenes netos de las empresas chinas son los más bajos (2,5%) de todos los países emergentes (media 6%).
– Burbuja inmobiliaria muy similar a la española. La inversión inmobiliaria supone un 18,7% del PIB comparado con España en el cénit de nuestra burbuja (22%). Las ciudades fantasma que pueblan la geografía china también son conocidas, tanto como las nuestras. Y cuando el crecimiento ha empezado a ralentizarse, la construcción de vivienda nueva se ha disparado por arte de "ordeno y mando", superando en un 20% a las ventas.
– La agresividad en el proceso de endeudamiento. Hoy se necesita hasta cuatro veces más deuda que en 2010 en China para generar una unidad de PIB.
¿Y cuál es el problema? Los argumentos que sostienen los defensores –o justificadores- del modelo chino son: “Es usted un agorero, lleva siendo igual desde el año 2000”. “Mientras haya crédito y el Gobierno lo decida, China crecerá lo que tenga que crecer, y no hay problema”. “Mientras el riesgo se concentre en sus bancos, no hay contagio al resto del mundo”. “No hay burbuja, solo moderación del crecimiento”. “Mientras crezca por encima del 5%, el resto del mundo va bien”.
Sorpresa, es lo mismo que se oía en 2008 en España. Sólo que China tiene enormes ramificaciones al mercado de crédito global –el segundo mayor comprador de bonos norteamericanos- y al anémico proceso de recuperación industrial –Japón depende en gran parte de China para mejorar sus exportaciones-.
Pero, además, es que no es cierto que sea irrelevante. Estos datos, según Goldman Sachs, UBS o Credit Suisse en su magnífico informe China: Curb Your Enthusiasm, apuntan a una realidad incomoda. El Gobierno chino tiene ante sí dos alternativas: crecer por crecer y entrar en una crisis financiera de efectos impredecibles al subir los tipos de interés y empeorar la situación de sus bancos, o limpiar el riesgo sistémico de su banca, que, incuestionablemente, lleva a limitar la expansión de crédito, y con ello, parar su modelo de crecimiento endeudado.
A las afueras de nuestra oficina en Pekín se puede leer un cartel que dice Nosotros siempre decimos sí de una de las entidades financieras ‘no convencionales’. La cifra de préstamos de difícil cobro en China ya supera los 88.000 millones de dólares. Una cifra que parece ‘contenida’ –ya que es “oficialmente” solo un 1% de los préstamos totales, comparado con un 12% en España- por la enorme cantidad de nuevos préstamos concedidos, y por la metodología, más que debatible, a la hora de considerar un préstamo de difícil cobro, y la enorme cantidad de préstamos ‘escondidos’. Pero todo el mundo, incluso el Gobierno central, reconoce que la magnitud del problema es preocupante.
Un empresario amigo mío, cuando le pregunté si se estaba planteando expandirse a China me dijo: “China es como la lotería, puede salir bien, pero la mayoría paga más de lo que recibe”. ¿Cuánto puede durar la burbuja china? Algunos años, o unos meses. Pero ya no es una cuestión de ‘alarmismo’ o de preocupaciones injustificadas. Bajos márgenes, mucha deuda y multiplicadores económicos que se desploman de manera alarmante siempre terminan en un susto. La magnitud del mismo depende de la decisión del Gobierno chino. Moderar la locura o una crisis financiera. Préstenle atención.
Tras cinco años de crisis, la esperanza y el optimismo se cotizan muy baratos. La mayoría de españoles están deseosos de encontrar un halo de luz al final del túnel que les permita seguir adelante y el Gobierno necesita ofrecérselo con tal de levantar electoralmente cabeza. Mala combinación, ésa donde se junta el hambre con las ganas de dar de comer y el alimento ofrecido no está en sus mejores condiciones. Pero, ciertamente, en apenas dos días se han amontonado dos datos indudablemente positivos: uno, que España ha dejado atrás la recesión, creciendo un 0,1% en el tercer trimestre del año; dos, que seguimos creando empleo según la EPA, y lo hacemos al mayor ritmo desde 2005. Notable, ¿no?
Un exiguo crecimiento
De entrada, conviene colocar el dato de crecimiento en su adecuado contexto. Entre el segundo trimestre de 2011 y el segundo trimestre de 2013, el PIB español, según las estadísticas oficiales, se contrajo un 3,2%. En este contexto, rebotar una décima no debería ser algo tan extraordinario, máxime si de momento Mario Draghi nos ha despejado el riesgo de suspensión de pagos y salida del euro. Sin ir más lejos, recordemos que Irlanda creció un 0,4% en el segundo trimestre de este año y Portugal lo hizo un 1,1%. Nosotros nos vanagloriamos ahora por haberlo hecho un 0,1%.
El propio Gobierno, de hecho, estima una senda de crecimiento realmente deprimente para España: un 0,7% en 2014, un 1,2% en 2015 y un 1,7% en 2016. Dicho de otro modo: a este ritmo, recuperaríamos el PIB de 2011 a finales de 2016. Sucede, claro, que con el PIB de 2011 España estuvo a punto de suspender pagos por un volumen de deuda pública cercano a la mitad del que terminaremos teniendo en 2016. ¿Realmente nos hemos salvado? Como ya escribimos en su momento, la recesión ha terminado, la crisis no.
El empleo, ¿al rescate?
Los datos de la EPA parecen confirmar la narrativa de la recuperación: en seis meses, el número de parados se ha reducido en más de 300.000, de los cuales unos 73.000 se adscriben a este tercer trimestre. Cifras aparentemente espectaculares, sí, pero con bastantes matices por detrás. Repitamos, pues, la autopsia que ya le realizamos a la EPA del trimestre anterior:
1) Casi la mitad del descenso del paro durante este trimestre se debió a que la gente está desistiendo de buscar empleo. La población activa se redujo en 33.000 personas, de modo que el aumento de la ocupación fue simplemente de 40.000. Si extendemos el cálculo a los seis meses que han transcurrido desde marzo a septiembre, las cifras son similares, aunque algo menos malas: 109.000 de los 300.000 parados que han desaparecido de la EPA son personas que han dejado de estar en activo, es decir, la ocupación creció en unas 191.000 personas.
2) En realidad, el empleo en el sector privado (el que realmente cuenta para sostener una economía) se ha comportado algo mejor: subió en 52.000 personas en los últimos tres meses y en 203.000 en el último semestre. Se trata del mayor aumento tanto en términos absolutos como sobre todo relativos desde el inicio de la crisis. Para que nos hagamos una idea: el sector privado todavía no había creado empleo neto entre julio y septiembre a lo largo del último lustro. En términos semestrales, la tasa de variación del empleo también es la más potente en cualquier semestre de los últimos años: el empleo aumenta un 1,4% frente a la mejoría del 0,42% que se dio intersemestralmente en el tercer trimestre de 2010. Ahora bien, y aquí llega el gran pero, si eliminamos los componentes estacionales, la economía española sigue destruyendo empleo: la ocupación desestacionaizada cayó un 0,42% en este tercer trimestre, más del doble que en el tercer trimestre de 2010 (caída del 0,19%). No en vano, en los últimos seis meses, más de la mitad de todo el empleo generado se ha concentrado en la hostelería; por el contrario, el empleo se reduce en 18.000 personas en la agricultura, en 36.000 en la industria y en otros 36.000 en la construcción.
3) Las cifras anteriores están en consonancia con el tipo de empleo creado en este trimestre: los puestos de trabajos indefinidos cayeron en 146.000, mientras que los temporales crecieron en 169.000 y los autónomos, en 26.000. Tomando todo el semestre, los indefinidos se redujeron en unos 196.000, mientras que los temporales y autónomos se incrementaron en 385.000. Nótese que la reducción de empleos fijos no es algo necesariamente malo: en muchos casos se trata de puestos de trabajo con unas condiciones laborales simplemente inasumibles en la nueva coyuntura de la economía española; se sustituyen empleos con salarios demasiado altos en relación con su productividad por otros empleos con menor remuneración. El perfil de creación de empleo parece confirmar esta tendencia: el número de ocupados entre 25 y 54 años sólo ha aumentado un 0,37% en el último semestre (la ocupación en esta franja incluso ha caído entre julio y septiembre), mientras que el empleo entre los menores de 25 años lo ha hecho en más de un 10%. La preocupante, por tanto, no es que se siga despidiendo a algunos trabajadores con empleo fijo que lastran la productividad de nuestras empresas, sino que sólo se esté contratando en régimen de empleo temporal. Este sesgo ilustra dos problemas: primero, las empresas siguen viendo la “recuperación” actual como extremadamente frágil; segundo, la reforma laboral ha fracasado estrepitosamente a la hora de erradicar la dualidad del mercado laboral (el coste del despido de los temporales sigue siendo muy inferior al de los fijos, de ahí que continúe habiendo una preferencia por contratar temporales con tal de minimizar pérdidas en caso de que vengan mal dadas).
4) Y, por último, como ya constatamos durante el trimestre anterior, la reducción del empleo público ha tocado fondo de facto. En este tercer trimestre, el empleo público se ha reducido en 13.000 personas, y en el anterior apenas lo hizo en 2.000. El ritmo de ajuste de las plantillas estatales durante 2013 ha estado muy alejado de lo que había sucedido en 2012 (cuando la minoración fue de entre 50.000 y 70.000 empleados públicos por trimestre). Todavía peor: durante estos tres meses, siete autonomías (Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Murcia y Navarra) han incrementado sus plantillas. Es más, desde marzo, estas autonomías más Castilla-La Mancha ya han contratado a más de 40.000 personas. Si la plantilla global del Estado sigue cayendo aunque sea pálidamente es, en esencia, porque la Comunidad de Madrid continúa comportándose de manera bastante responsable y ha prescindido de 35.000 personas durante ese mismo período. Parece claro que la mayoría de gobiernos regionales han caído bien rápido en la autocomplacencia: dado que nos estamos recuperando, no hay necesidad alguna de seguir apretándose el cinturón.
Optimismo desequilibrado
Los datos que estamos conociendo indican una mejoría del sector privado español. No hay ninguna duda al respecto. Pero en gran medida se trata de un simple rebote frente a la situación de cuasi colapso absoluto (quiebra y salida del euro) que vivimos el año pasado. En términos de PIB, hemos rascado una décima de las 32 que habíamos perdido desde mediados de 2011, y en términos de ocupación hemos recuperado en un semestre 190.000 puestos del millón y medio que se destruyeron entre el tercer trimestre de 2011 y el primero de 2013.
Evidentemente, todas las recuperaciones comienzan con un rebote y en el caso de España habría verdaderos motivos para esperanzarse si no fuera porque la bomba de relojería del sector público sigue ahí: un déficit público estancado en el 7% del PIB y una deuda pública que rebasará el 100% en apenas unos meses. En otras palabras, si España estuviese rebotando habiendo solventado todos sus desequilibrios, habría fundados motivos para la esperanza. Dado que uno de nuestros grandes desequilibrios (la burbuja estatal) sigue completamente enquistado, si hay motivos para algo es para la cautela. Por desgracia, parece que políticos, medios de comunicación y ciudadanos se han convencido de que en estos momentos necesitamos una borrachera de optimismo, es decir, un castillo en el aire de expectativas infundadas: una nueva burbuja que nos permita patear la pelota unos años hacia delante.
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