Anunciaba el presidente de la Xunta de Galicia una medida que, en apariencia, debería congratular a todos los liberales: en los Presupuestos de la región de 2014, se contemplará una rebaja de medio punto porcentual –del 12% al 11,5%– en el tramo autonómico del IRPF para aquellas rentas con una base liquidable inferior a 17.700 euros. Toda reducción de las exacciones fiscales debería ser tan bienvenida como denostado todo incremento en las mismas; y siendo así, todos deberíamos aplaudir a Feijóo por su compromiso. Pero como ya sucediera con la farsa tributaria de Monago, la rebajita del gallego no deja de ser una cortina de humo para consolidar propagandísticamente un régimen fiscal confiscatorio.

La rebaja en su contexto

Aunque Feijóo afirme que su minoración fiscal afectará al 70% de los gallegos, lo cierto es que lo hará de un modo marginal y cicatero. Si la base liquidable máxima sobre la que se aplicará la rebaja fiscal es de 17.700, eso significa que el ahorro máximo será de medio punto porcentual sobre esos 17.700 euros, es decir, 88,5 euros anuales, o menos de 7,5 euros mensuales. En realidad, sin embargo, la minoración será todavía menor, ya que el cálculo del mínimo personal (que reduce el importe final de la cuota líquida a pagar) también se calcula a partir de ese mismo tipo marginal mínimo que Feijóo ha rebajado, de manera que el importe efectivo de éste caerá en unos 25,5 euros (el 0,5% del mínimo personal de 5.151 euros): es decir, el impacto máximo de la rebaja fiscal de Feijóo será de menos de 63 euros anuales, unos 5 euros al mes. Para rentas con una base liquidable de 12.000, el efecto no llegaría ni a los 35 euros anuales, ó 2,8 euros mensuales.

El coste total de la medida para las arcas gallegas se ha estimado por debajo de los 60 millones de euros, es decir, alrededor del 3,2% de los ingresos por IRPF de la Xunta en 2013 o, atención, menos del 0,75% de sus ingresos totales. Una reducción verdaderamente raquítica que ilustra una vez más qué entienden nuestros políticos por bajar impuestos: repartir un vergonzante aguinaldo a un año de las elecciones. Feijóo en ningún momento se ha planteado perder competencias a favor no del Gobierno central, sino de la sociedad civil: cerrar departamentos enteros de su Ejecutivo y devolverles esas sumas de dinero a los ciudadanos para que sean ellos quienes las gestionen del mejor modo que sepan. No: apenas se ha dignado a repartir las puntas ociosas de tesorería que no le pongan en ningún aprieto financiero.

Con todo, la estampa que nos lega Feijóo es todavía más deprimente que la ilustrada en los párrafos anteriores. No se trata sólo de que su prometida minoración tributaria haya quedado en agua de borrajas, sino que ni siquiera merece recibir tal nombre: al tiempo que, por un lado, reducía exiguamente el IRPF, por otro Feijóo decidió incrementar el mal llamado ‘céntimo sanitario’ que grava los hidrocarburos. En concreto, el recargo sobre la gasolina se incrementó en 2,4 céntimos por litro y en 3,6 céntimos el de gasoil. Dicho de otro modo, cada vez que un gallego llene su depósito estará pagando de media un euro más por el combustible. Al final, casi lo comido por lo servido.

Populismo fiscal con las quejas catalanas de fondo

Pese a la nimiedad del movimiento tributario de Feijóo (o previamente de Monago), existe un problema más de fondo que refleja a la perfección la absurda naturaleza de nuestro sistema de financiación autonómico. Mientras los ciudadanos de algunas autonomías –Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o Islas Baleares, fundamentalmente– están padeciendo elevadísimos y crecientes impuestos para financiar coactivamente la disparatada “solidaridad interterritorial”, los gobiernos de aquellos otros territorios que son receptores netos de tales fondos –en el caso que estamos tratando, Galicia y Extremadura– se dedican a bajarlos, al menos sobre el papel. Dicho de otra manera, el mensaje que nuestros torpes políticos están transmitiendo a la ciudadanía es que madrileños, catalanes y valencianos estamos pagando cada vez más impuestos para que gallegos y extremeños puedan pagar cada vez menos. Como vemos, ni siquiera esto es del todo cierto, ya que al final los impuestos tampoco terminan bajando (o lo hacen de un modo casi inapreciable) en las comunidades que son receptoras netas de la redistribución interna de ingresos, pero no hay duda de que estos gestos propagandísticos han de generar una sensación de hastío entre los ciudadanos residentes en las comunidades que son pagadoras netas.

No en vano, la capacidad tributaria de Galicia en 2011 fue de 4.987 millones de euros y, pese a ello, recibió 6.929 millones de euros del sistema de financiación autonómico; una ganancia muy en línea con el saldo positivo de su balanza fiscal en 2005, tasado por el Ministerio de Hacienda en 3.338 millones de euros (según el enfoque carga-beneficio). Mientras tanto, y según esas mismas balanzas fiscales, los catalanes estarían perdiendo más de 11.000 millones anuales y los madrileños más de 14.000.  

No parece que éste sea el momento más inteligente para seguir tensando la cuerda fiscal entre los españoles, máxime cuando una parte del país, Cataluña, ya se ha dado cuenta del atraco que supone esta exagerada redistribución interna de la renta –hasta el punto de amenazar con independizarse del resto de España– y la otra –con los madrileños a la cabeza– sería deseable que no tardara demasiado en descubrirlo. Rebajas de impuestos sí –sobre todo, entre las regiones más pobres–, pero una vez se haya puesto fin a la “solidaridad interterritorial”; o, si ésta se mantiene en cierta medida, rebajas de impuestos sí, pero a costa de bajar el gasto público propio, no a costa de subir los impuestos al resto de españoles.

Consolidando el régimen vampírico de Montoro

Por último, el movimiento de Feijóo (como antes el de Monago) tiene indudables implicaciones sobre la estrategia fiscal del PP en 2014. Como es sabido, el año que viene Montoro debe anunciar la reversión de las sangrantes subidas de impuestos que él mismo aprobó nada más llegar al poder. El ministro de Hacienda ha jurado en numerosas ocasiones que sufre horrores cada vez que habilita a sus funcionarios a que nos metan la mano más hondo en nuestros bolsillos, pero lo cierto es que existen dudas más que razonables de que tal contrición sea sincera: Montoro, y todo el PP, adoran ante todo el ‘hiperEstado’ del que han vivido y mamado durante toda su vida. ¿Cómo erradicar, pues, la onerosísima losa fiscal que han colocado sobre las espaldas de los españoles si ésta sigue siendo imprescindible para sufragar su particular becerro de hojalata?

Sea como fuere, pronto descubriremos si dicen la verdad: la reforma fiscal que aprobará el Gobierno en unos meses será la auténtica prueba del algodón. Si bajan los impuestos con intensidad, probablemente haya sido cierto que los subieron con compungimiento; si los mantienen, constataremos que su misión desde el Gobierno era la de consolidar durante esta legislatura un régimen fiscal cainita. El test parece bastante claro… ¿o tal vez no?

Mi apuesta personal es que Montoro seguirá el camino trazado por Feijóo y Monago: bajar mínimamente los impuestos a las rentas más bajas (la pérdida de recaudación por tal rúbrica es ínfima) para vender a la opinión pública que “el 90% de los españoles se ha beneficiado de una rebaja fiscal” y así apuntalar la rapiña fiscal en los tramos medios del IRPF y en el resto de figuras tributarias. Visto desde esta perspectiva, el movimiento de Feijóo no sería una cicatera pero bien orientada apuesta ideológica por empezar a rebajar los impuestos, sino un campo de pruebas más para la gran mascarada vampírica a la que asistiremos el año que viene. Dicho de otro modo: mientras Feijóo se coloca la piel de cordero al anunciar menores impuestos, Montoro sigue afilando sus colmillos entre las sombras. 

Lejos de resultar tranquilizador, el desglose por partidas de los Presupuestos Generales del Estado que Montoro dio a conocer el pasado viernes solo ha servido para agravar la preocupación por la insostenibilidad de nuestras cuentas públicas.

Primero, el Gobierno estima que en 2014 alcanzaremos un nivel de deuda pública equivalente al 99,8% del PIB. Tal era la cifra que el Ejecutivo confiaba rozar en 2016: por tanto, la acumulación de deuda pública, lejos de frenarse con ese potaje broteverdista de (falsa) austeridad y (exigua) recuperación, continúa acelerándose. Pero descuiden, que si las previsiones de Montoro son tan atinadas como las de hogaño, en el próximo ejercicio desbordaremos con amplitud el 100% (ese nivel que Rajoy se comprometió a no superar jamás). No en vano debíamos cerrar 2013 con una deuda del 91,4%, y lo haremos, según los nuevos cálculos hacendísticos, con el 94,2%. Como ya predijimos algunos, el déficit y la deuda se mantienen fuera de control.

Y aquí nos topamos con el segundo y preocupante dato clave: pese a que el pronóstico de crecimiento del PIB para 2014 es del 0,7%, el gasto de la administración central y de la Seguridad Social se expandirán un 2,7%; es decir, cuatro veces más rápido. Lejos de ajustarse a la razonable política de incrementar el gasto por debajo del aumento del PIB (no les generemos urticaria pidiéndoles recortar los desembolsos públicos), lo multiplican a calzón quitado. No es austeridad, sino estatolatría, la nota dominante de estos Presupuestos.

Acaso caigamos en la trampa de pensar que el incremento del gasto se produce como consecuencia del pago de mayores intereses. Pero no: el coste financiero de la deuda se reduce un 5,2%. O dicho de otra manera, si excluimos los intereses del gasto público total, éste aumenta un 3,5%. Este año la cantinela estatista de que gastamos más por los pérfidos gnomos de Zúrich no sirve: gastamos más porque padecemos un Ejecutivo socialdemócrata muy parecido al de Zapatero.

De hecho, el gasto público se incrementa en casi todas las partidas: políticas activas de empleo (+6%), desempleo (+10%), vivienda (+4,4%), educación (+10%), agricultura (+0,7%), industria y energía (+26%), comercio (+5%), subvenciones al transporte (+36%) e I+D (3,4%). Las pocas rúbricas que sufren recortes (justicia, defensa, seguridad, sanidad, cultura o infraestructuras) lo hacen de un modo más bien testimonial.

Pero el aumento del gasto más preocupante de todos no es ninguno de los anteriores, sino el de las pensiones. Pese a que el Ejecutivo las ha congelado de facto (revalorización del 0,25%), los desembolsos totales en pensiones crecen un 5%, o sea, en unos 6.000 millones de euros (aproximadamente, el monto de déficit que el Gobierno debe reducir en 2014 con respecto a 2013). Las pensiones ya consumen el 12,5% del PIB y casi el 30% de todo el gasto público del Estado.

En suma: la irresponsable y chapucera reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno el pasado viernes no sirve de nada. Aun cuando se congelen por muchos años las pensiones (como desde luego programa hacer el PP), la inercia del sistema es tal que amenaza con quebrar el sistema: a este ritmo, el fondo de reserva no durará ni cuatro años más. Resulta del todo indispensable restablecer la versión original del informe de los expertos, donde se contemplaba la posibilidad de recortar nominalmente las pensiones en caso de un desequilibrio persistente de las cuentas de la Seguridad Social como el que desde luego padecemos ahora mismo.

Así pues, si los presupuestos de 2012 fueron los de los sablazos fiscales y los ajustes chapuceros y los de 2013 fueron los de la irresponsabilidad, los de 2014 podemos calificarlos como los del broteverdismo manirroto. Reabiertos los mercados de capitales merced a Draghi, retomamos las viejas costumbres de dilapidar el dinero de los contribuyentes en lugar de devolvérselo.

Claro que tampoco deberíamos esperar mucho más. Este Gobierno no da más de sí: llegó al poder clamando austeridad del sector público y se marchará como el Gabinete que más ha incrementado los impuestos y la deuda pública en toda nuestra historia. Plas, plas.