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La chapuza de la reforma de las pensiones

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Todo sistema de pensiones de reparto es inherentemente inestable. A menos que el número de trabajadores crezca lo bastante rápido como para mantener a lo largo del tiempo la ratio entre el número de ocupados y el número de pensionistas, o a menos que el incremento de la productividad de los trabajadores supla el deterioro de esa ratio, el sistema de reparto se cae y nos aboca a alguna de estas dos salidas: o se incrementan las cotizaciones sociales o se recortan las pensiones.

En cambio, el sistema de capitalización es perfectamente sostenible: no ya porque cada persona sea la responsable de costear su propia jubilación, sino porque la pensión percibida en el futuro depende de la riqueza que cada persona haya sido capaz de generar con ese ahorro. El sistema de capitalización no se basa en promesas infundadas cuyo cumplimiento dependa de elementos exógenos al sistema: al contrario, se basa en las decisiones financieras que adopte el futuro pensionista. Acaso por ello produzca tanta desazón: porque individualiza responsabilidades y no permite traspasarle al vecino el muerto de los errores propios. Pero mi intención no es reflexionar sobre las múltiples virtudes del sistema de capitalización cuanto ubicar el debate sobre la enésima reforma de la Seguridad Social española dentro de la implacable lógica de los sistemas de reparto.

La reforma definitiva del sistema de reparto

Sabido es que, hace apenas un trimestre, el “Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones” emitió un informe con una propuesta de reforma de nuestra Seguridad Social que pretendía ser la definitiva. En efecto, durante los últimos 30 años las pensiones públicas españolas han sido sometidas a toda una serie de “retoques” (mega-recortes de todo tipo: ampliación del período de cómputo de la base reguladora, elevación de la edad de jubilación, separación de las fuentes de financiación de las pensiones y la sanidad, etc.) que han sometido a los pensionistas españoles a la arbitrariedad de la camarilla gobernante de turno: cada vez que este insostenible sistema quebraba, no quedaba otro remedio que reunir a los mandarines políticos y oficiar una nueva quita con efectos y damnificados inciertos.

No es que el comité de expertos haya dado con la fórmula mágica para evitar estos recortes, sino que se contenta con automatizarlos y transparentarlos. Así, su propuesta consiste en someter el cálculo de las pensiones a dos correctores objetivos que permitan su ajuste (recorte) dinámico.

El primero, el llamado Factor de Equidad Intergeneracional, busca equiparar las pensiones totales que percibirán los jubilados con distintas esperanzas de vida: es decir, quien viva más ha de cobrar cada mes algo menos y quien viva menos ha de cobrar algo más. Por tanto, conforme se alargue la esperanza de vida de los españoles, sus pensiones deberán minorarse.

El segundo, el Factor de Revalorización Anual, busca corregir los desequilibrios estructurales entre los ingresos y los gastos del sistema de Seguridad Social mediante el aumento o la disminución de las pensiones medias: cuando los ingresos del sistema crezcan más que los gastos (determinados por el aumento del número de pensionistas y por la sustitución de jubilados con pensiones bajas por jubilados con pensiones altas), se podrá revalorizar las pensiones medias hasta que ambos se igualen; cuando los gastos crezcan más que los ingresos, habrá que rebajarlas hasta que, también, se igualen. Además, si la situación de partida es de un desequilibrio general entre ingresos y gastos, habrá que modificar escalonadamente las pensiones para que desaparezca ese desequilibrio de partida. Los expertos sólo aceptaron proscribir los recortes nominales de las pensiones para los jubilados actuales y por una mera cuestión de equidad. En esta sede, su recomendación fue utilizar el capital del Fondo de Reserva de las pensiones para compensar la minoración nominal que sí debería aplicárseles a los jubilados para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social.

Ambos correctores (pero, sobre todo, el segundo) garantizan la sostenibilidad de cualquier sistema de pensiones de reparto. Obviamente, lo hacen a costa de institucionalizar los recortes anuales de las prestaciones de los jubilados en cuanto los ingresos devengan insuficientes. Pero eso –recortes estructurales– es lo máximo que puede dar de sí un sistema de reparto.

El Gobierno agua la reforma

El pasado lunes, Fátima Báñez presentó a los siempre mal llamados “agentes sociales” la propuesta de reforma de las pensiones pergeñada por el Ejecutivo a partir de las sugerencias del Comité de Expertos. Aunque en apariencia el PP fue bastante obediente, la realidad es que, ciñéndonos a lo anunciado, convirtió en papel mojado las recomendaciones del Comité. Lo menos grave del asunto fue que retrasó a 2019 la entrada en funcionamiento del Factor de Equidad Intergeneracional lo que provocará, como ya le advirtió el Comité, la necesidad de tijeretazos mucho más duros en las pensiones del futuro. Pero lo mollar no fue la alteración de los tiempos propuestos, sino de los factores de ajuste.

En concreto, el Gobierno pretende restringir la revalorización anual de las pensiones a una horquilla que oscile entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC+0,25%. Es decir, ninguna pensión podrá jamás sufrir un recorte nominal: pese a que el Comité de Expertos sólo propuso blindar de los recortes a los pensionistas actuales, el Gobierno ha optado por extender su manto protector sobre el conjunto de los jubilados presentes y futuros. Y con ello ha inoculado de nuevo el virus de la insostenibilidad al sistema de reparto; ante las insuficiencias de ingresos, las pensiones no podrán reducirse nominalmente, de modo que al Estado sólo le quedarán dos caminos: o subir la tributación o aprobar una nueva reforma-recorte de las condiciones del sistema.

Ahora mismo, de hecho, el sistema de Seguridad Social presenta un déficit anual de 15.000 millones de euros; un desajuste que, a largo plazo, sólo hará que ensancharse. En este contexto, es evidente que las pensiones deberían reducirse (ya sea alargando la edad de jubilación, incrementando el período de cálculo de la base reguladora, disminuyendo los porcentajes aplicables a la base reguladora o rebajando las pensiones actuales) pues al ritmo actual el Fondo de Reserva se habrá vaciado en cuatro años.

Pero el Gobierno se ha atado las manos, con lo que el gigantesco agujero de la Seguridad Social no podrá corregirse a corto y medio plazo. A lo que asistiremos, pues, es a una congelación de facto de las pensiones (revalorización del 0,25% anual) durante bastantes años hasta que la inflación consiga por la vía real aquello que el Gobierno no tiene arrestos para hacer por la vía nominal: que el poder adquisitivo de los pensionistas se hunda al mísero nivel que permite sostener nuestro fraudulento sistema de reparto.

Ahora bien, para que estas tramposas cuentas le cuadren al PP será necesario que la inflación sea lo suficientemente elevada como para compensar los efectos de la caída del número de cotizantes, del aumento del número de pensionistas y del incremento de la pensión media por efecto sustitución. Con una inflación moderada (esto es, con un robo monetario moderado), la Seguridad Social seguirá quebrada y una reforma que podría haber sido definitiva se quedará en otro parche que, para más inri, los diversos gobiernos populistas que vendrán no tendrán el más mínimo reparo en extirparse. Ni transición al sistema de capitalización, ni reforma seria del sistema de reparto. Para variar, una chapuza más de este Gobierno.

Noventa y dos… y sumando

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

942.758 millones de euros, o, lo que es lo mismo, el 92,2% de un PIB decreciente, un 2,1% más en relación con el trimestre anterior. Eso es lo que debe el reino de España a fecha de hoy. Y no lo digo yo, lo dice el Banco de España, pero podría decirlo la tía Tula. Lo bueno de los números es que, cuando son ciertos, no importa de donde vengan, como no importa demasiado recordar a estas alturas que el Gobierno se había fijado como endeudamiento máximo para este año el 91,4%. Estamos a mediados de septiembre y ya lo han superado con creces. Como puede comprobarse, el mismo cuento del déficit pero en números absolutos y no en diferencial entre ingresos y gastos.

Doy los datos sin mucho apasionamiento. Sé que muchos se echaron el pasado viernes las manos la cabeza, se mesaron los cabellos con desesperación y se dijeron a sí mismos: "¿cómo es posible que estemos llegando a esto?, ¿no decían que la cosa mejoraba?, ¿pero no habían hecho unos ajustes estructurales que iban a impedir que la deuda siguiese escalando hasta la estratosfera?" Bien, es posible que hayamos llegado a esto, -y a más que llegaremos si "esto" continua así- porque el Gobierno de Rajoy no ha cambiado ni una coma de la política económica suicida que, en la segunda legislatura de Zapatero, nos condujo a la ruina. Quizá hasta soy demasiado benévolo cuando digo lo de "ni una coma", el Gobierno sí que ha introducido modificaciones en la política económica, pero para hacerla más socialista y letal. Así, donde antes se pagaba un 18% de IVA ahora se paga un 21%, donde antes no se pagaban tasas ahora se pagan, donde antes no había regulación, ahora la hay. En definitiva y por abreviar, Rajoy y Montoro, Montoro y Rajoy han llevado el zapaterismo a su últimas y devastadoras consecuencias económicas, al nirvana socialdemócrata perfecto. Y eso tiene un coste del 92% de deuda soberana y se cobra un doloroso tributo en forma de desempleo por las nubes y de déficit público fuera de control. El resultado final es la actividad económica por los suelos o directamente sumergida, lo que nos lleva al principio de este círculo vicioso en el que damos vueltas como un hámster en la noria de su jaula desde el ya lejano año 2008.

La única reforma posible, la que habría aligerado las onerosas cargas que padece el erario público, está aún pendiente, y es más que probable que nunca se acometa. Esa reforma toca a la estructura misma del Estado, a su tamaño y a sus competencias. Tenemos, y no me cansaré de repetirlo, un Estado elefantiásico que no nos podemos costear. Un Estado heredero de la borrachera de crédito que infló la burbuja inmobiliaria primero y el sector público después. Me consta que es políticamente incorrecto decirlo, pero es la cruda verdad, una verdad con la que tendremos que congraciarnos aunque no lo reconozcamos públicamente. El Estado lleva demasiado tiempo viviendo por encima de nuestras posibilidades. Tiene muchas más atribuciones de las que puede permitirse con la recaudación ordinaria, un sinnúmero de políticos y un océano de empleados a quienes hay que pagar puntualmente todos los meses.

El problema, nuestro problema, es que lo primero -las atribuciones del Estado- las hemos convertido en derechos por las buenas. Y no, no son derechos. Nada que se ejerza a costa de un tercero contra la voluntad del tercero merece el nombre de derecho. No existe nada parecido a una sanidad "gratis" o una educación "gratis", siempre hay alguien con nombre, apellidos y domicilio fiscal que la paga, generalmente sin pretenderlo y, lo que es peor, sin intención de utilizar el servicio. Ese alguien ya no da más de sí, trabaja medio año o más para el Gobierno y aún así éste se ve necesitado de cuadrar las cuentas pidiendo prestado por ahí. Se dice a menudo que esto es insostenible, cierto, no es una frase hecha, esto es insostenible en el tiempo nos guste o no. Llegará un momento en el que el Gobierno vea como se le cierra el crédito externo -abierto ahora de falsete gracias a los oficios de Mario Draghi- y entonces el tinglado implosionará, habrá que presentar la suspensión de pagos y los que ahora pregonan a los cuatro vientos la inviolabilidad de los "derechos sociales" comprobarán con amargura que no eran tales, sino caprichos redistributivos que sólo un país rico puede permitirse. El nuestro lo fue y aún en cierta medida lo es, pero cada vez menos. Se persigue a los fabricantes de riqueza, a los empresarios, a los autónomos, a los trabajadores del sector privado. A estos héroes cotidianos se les machaca a impuestos y a folios y más folios de regulaciones, la mayor parte de las mismas arbitrarias y estúpidas. Así es imposible no ya prosperar, sino simplemente sobrevivir con lo puesto.

Podría argüirse, como hacen los optimistas incorregibles, que estamos en el fondo del valle y que a partir de ahora todo va a ser una veloz remontada. La propia CEOE se ha apuntado al mantra haciendo su propia previsión. La patronal prevé que dentro de un año se esté creando empleo. Me permito dudarlo. Por dos razones. La primera porque nada invita a pensar que el zapaterismo montoriano vaya a remitir, más bien todo lo contrario, y ahí tenemos el renovado paquete de alzas fiscales con el que Hacienda nos felicitará la Navidad. La segunda porque me parece puro wishful thinking. La previsión de la CEOE no se fundamenta en nada sólido, solo en las buenas vibraciones que le transmite el marco macroeconómico. Hágase un favor, busque en Google previsiones similares hechas hace uno, dos o tres años y compruébelo por usted mismo. Sí, de primeras es duro de enfrentar, pero las previsiones no sirven para nada o, mejor dicho, sirven para tomar decisiones equivocadas. Esto es lo que hay. No lo olvide. Noventa y dos… y sumando.

Se acabaron las reformas y los recortes

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Los socialistas de todos los partidos están de enhorabuena. El Gobierno del PP ha dado por concluido el grueso de las reformas estructurales y los recortes de gasto con el fin de liberalizar la economía española y reducir el déficit público. Se acabaron los tan impopulares ajustes. La razón es doble. En primer lugar, el recién estrenado ejercicio político, más allá de suponer la mitad de la legislatura, marca el inicio oficial de la larga campaña electoral en la que, casi permanentemente, vive instalado este país, y, por tanto, no es momento de perder votos extra. Lo único que importa ahora es revalidar el cargo, aun a costa del sufrimiento que padecen muchos españoles por culpa de unos graves y profundos problemas económicos que la clase política se niega a resolver.

Y, en segundo lugar, el Ejecutivo confía en que la ansiada recuperación termine por corregir los fuertes desequilibrios que siguen presentes, sin necesidad de aprobar nuevas reformas y, aún menos, reducir partidas presupuestarias, lo cual no sólo supone una gran irresponsabilidad, dada la enorme fragilidad de la actual coyuntura, sino, sobre todo, una quimera. Si la actual cúpula del PP de verdad piensa que España volverá a crecer a tasas del 3 ó 4% anual -sin burbujas de por medio-, es decir, al ritmo que necesita el país para reducir de forma drástica el paro a corto plazo, una de dos, o bien miente o bien su ineptitud es muy superior a lo que, en principio, cabría esperar.

Así pues, se acabó lo que se daba. A partir de ahora, el objetivo del Gobierno es realizar algunos retoques y pequeños maquillajes a fin de dar la impresión de que se hace algo cuando, en realidad, todo el pescado está vendido. Normalmente, los gobiernos aprovechan los dos primeros ejercicios de la legislatura -fundamentalmente el primero- para poner en marcha las medidas económicas más dolorosas, aunque necesarias, a fin de que la herida electoral cicatrice con la recogida de unos buenos resultados en los años posteriores.

Y lo que ha dado de sí el mandato de Mariano Rajoy para combatir eficazmente la crisis se resume en tres medidas: una reforma laboral positiva, pero insuficiente; una reforma de las pensiones necesaria, aunque muy incierta y, en todo caso, tardía; y una recapitalización bancaria que, si bien era imprescindible, se ha quedado corta y ha sido ejecutada de forma errónea y contraproducente, cargando la inmensa factura del rescate sobre el bolsillo de los contribuyentes. Mientras, por el lado más negativo, la guerra contra el déficit está muy lejos de concluir con éxito. La estrategia de combinar salvajes subidas de impuestos con tímidos recortes del gasto se ha traducido en un elevado déficit y una deuda pública ingente que amenaza con asfixiar aún más el crecimiento potencial de España a medio y largo plazo, cuando no debilitar aún más la escasa credibilidad de los inversores.

Ante tales resultados, y a sabiendas de que la actitud reformista de Rajoy será muy pasiva de aquí a 2015, no es de extrañar que la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo, acreedores públicos del Reino de España, hayan elevado el tono en los últimos días para advertir al Gobierno que la recuperación, en caso de haberla, está "muy, muy verde" y, pese a todo, tiene que poner en marcha nuevos ajustes clave para mejorar la competitividad económica y apuntalar la solvencia estatal. Sin embargo, por desgracia, Moncloa está haciendo oídos sordos. No en vano, acaba de suavizar el factor de sostenibilidad de las pensiones, retrasando su aplicación, además, hasta 2019; se niega a profundizar en la flexibilidad laboral; y, por si fuera poco, minimizará los recortes en 2014, permitiendo que el gasto público total vuelva a crecer un año más.

Lo más trágico del actual panorama es que, si el PP no logra la reelección en 2015, PSOE e IU, en caso de formar gobierno, ya han avanzado que darán marcha atrás a cada uno de los tímidos e insuficientes avances estructurales puestos en marcha por el actual Gobierno para llevarnos por la vía rápida y directa hacia el abismo. Se acaban las reformas y los ajustes, sí, pero no porque los deberes estén hechos sino porque las elecciones están a la vuelta de la esquina… Y ahí fuera, al margen de la política -es decir, en la vida real-, hace muchísimo frío.

La no vuelta al cole

Escrito por Laura Mascaró en . Publicado en Artículos en prensa.

Septiembre nos trae cuadernos en blanco, largas listas de material escolar y carísimos libros de texto. Los niños apuran sus últimos días de libertad y los profesores, en algunos lares, se ponen en pie de guerra. Mientras los “agentes educativos” se ocupan de cuestiones menores, otros nos preguntamos para qué sirve realmente el tinglado escolar e intentamos discernir cuál es la mejor educación que podemos dar a nuestros hijos.

Los departamentos de admisiones de Harvard y Princeton, por ejemplo, no miran apenas el expediente académico de los aspirantes a alumnos sino que les interesa más saber a qué dedica uno su tiempo cuando puede disponer de él. Por eso les importa más conocer tus hobbies que tus calificaciones escolares. Consideran que las aficiones son la única información honesta que se puede extraer de un currículum, que son una ventana a la mente y al corazón de una persona.

Idealmente, dicen, uno debería tener al menos tres hobbies: uno físico, uno intelectual y otro social. La actividad social debería aportar valor a las demás personas, no sólo uno mismo. Y no, bajar al bar a tomarse unas cañas no cuenta como hobbie social. La actividad intelectual debería no estar relacionada con el currículum oficial de las escuelas, a menos que te permita llegar a dominar la materia elegida mucho más allá del nivel probablemente mediocre que te aportará la escuela. Pero donde realmente se marca la diferencia es en lo referente al hobbie físico. En las escuelas (y por extensión, en la mayoría de las familias) se valora enormemente que los niños practiquen un deporte de equipo, por aquello de bajarle el ego y de aprender a trabajar con otros. La palabra “individual” es casi obscena hoy en día. Por el contrario, en Harvard y Princeton (entre otras) valoran enormemente que la actividad física sea individual pero añaden, además, otra característica: que sea una actividad que implique un riesgo físico. Así que el tenis y el pádel quedan descartados, pues el riesgo físico es muy bajo. Debe tratarse de una actividad donde te juegues algo más que el riesgo a sufrir una tendinitis o un esguince. Algo como la hípica o la escalada, donde un error puede ser fatal para quienes los practican.

Les cuento esto porque cada año somos más las familias que, en una semana como ésta, celebramos la no vuelta al cole. Cuando comenzó el verano no nos preguntamos qué diablos íbamos a hacer tantas horas al día con los niños en casa, durante tantas semanas. No suspiramos porque alguien los quite de nuestra vista. Al contrario, los hemos tenido para estar con ellos y hacernos cargo. Ahora empieza el curso escolar y nuestro ritmo no tiene porque ser diferente. No habrá peleas a la hora de acostarse, no habrá madrugones ni llantos. Compraremos el material que queramos o que necesitemos, sólo dentro de nuestras posibilidades, sin que nadie nos imponga de qué color ha de ser la libreta de los dictados. Eso si decidimos tener una libreta de dictados. Grandes y pequeños elegiremos las actividades a las que queremos dedicar nuestro tiempo este año, juntos o por separado. Tal vez sigamos los consejos de Harvard y Princeton.

Oxfam: mentiras sobre austeridad y pobreza

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Los titulares que nos brinda el último informe de Intermón Oxfam son concluyentes: “la austeridad empobrece”. Según la ONG, las inflexibles y draconianas políticas de recortes que han venido aplicando los Estados europeos durante la crisis nos condenan a que, en 2025, Europa se vea devastada por 25 millones de nuevos pobres. Escandaloso: habrá que detener semejante sangría de inmediato y regresar a la sensatez de los estímulos keynesianos. No hay otra lectura posible de los datos objetivos. ¿O sí?

Las mentiras del informe

El informe arranca con una premisa falsa: las reducciones del gasto público en el período 2010-2014 han sido salvajes. La ONG nos habla de recortes del 12% en España y Reino Unido o del 40% (sic) en Irlanda. Claro que uno no sabe muy bien de dónde se han sacado las cifras: para el período 2010-2014, Reino Unido ha programado un incremento del gasto público del 6% y España un recorte del 3%. La mención a Irlanda no deja de sorprender, pues una cuarta parte del extraordinario gasto público de 2010 (sobre el cual calculan el recorte del 40% para 2014) era el coste de rescatar a sus bancos: si lo excluimos, el gasto público apenas habrá caído un 8%.

Pero, ¿por qué tomamos el año 2010 como referencia de los recortes? Al fin y al cabo, 2010 fue el último año de apogeo desacomplejado del keynesianismo, en el que prácticamente todos los presupuestos públicos europeos registraron máximos históricos. ¿Por qué no medimos la magnitud de los recortes con respecto al último año de la burbuja y antesala de la crisis, esto es, con respecto a 2007? Si lo hiciéramos, nos llevaríamos la sorpresa de que el gasto nominal programado para España habrá aumentado un 13%, el programado para Irlanda se habrá mantenido estable y el de Reino Unido se habrá incrementado un 26%; si calculáramos la evolución del gasto real (descontando la inflación 2007-2014), veríamos que está estable salvo por un ligerísimo recorte en Irlanda. Austericidio.

Mas, una vez construida la leyenda de los (falsos) recortes europeos, el paso siguiente es atribuirle todos los males imaginables a ese (falso) ahorro: especialmente, el aumento del desempleo y de la desigualdad. Por ejemplo, según Intermón Oxfam, la elevadísima tasa de paro de España se debe a la (falsa) austeridad. Claro que si uno se mira la EPA hay algo que no encaja del todo. Incluso los más críticos con la (falsa) austeridad española, reconocerán que ésta no comenzó hasta el famoso tijeretazo de Zapatero, en mayo de 2010. En 2008 y 2009 vivimos en plena efervescencia keynesiana, en la España de los planes E. Pues bien, la mayor subida del paro se produce durante ese período: nuestro país pasa de exhibir una tasa de desempleo del 7,9% en el segundo trimestre de 2007 a una del 20,1% en el segundo trimestre de 2010. Ahora mismo, estamos en el 26,2%: es decir, en el período de la (falsa) austeridad, la tasa de paro ha aumentado la mitad que en el indudable período del despilfarro keynesiano.

Tres cuartos de lo mismo sucede con la desigualdad. Según nos dicen, ésta se ha disparado por culpa de la (falsa) austeridad y de los recortes sociales, pero es difícil llegar a esa conclusión sin retorcer los datos. Por ejemplo, el índice Gini de España (máxima desigualdad = 1) empeora de 0,313 a 0,339 entre 2007 y 2010, pero apenas se mueve hasta 0,34 en 2011 (último año de las estadísticas y primer año de la durísima austeridad). En Reino Unido sucede algo similar: empeora de 0,326 a 0,329 entre 2007 y 2010, y apenas se mueve hasta 0,33 en 2011. En Irlanda, por el contrario, el índice Gini mejora desde 0,332 en 2010 a 0,298 en 2011 (la mayor mejora de toda la serie histórica), y se sitúa en niveles previos a la crisis. Y en Grecia y Portugal, por su parte, el índice Gini de 2011 todavía mostraba más igualdad en 2011 que el de 2006 y 2007.

A idénticos resultados llegamos fijándonos en el porcentaje del PIB que controla el 20% más pobre y el 20% más rico de cada país. En España, el 20% más pobre de la población percibía el 7,3% del PIB en 2007, el 5,8% en 2010 y el 5,9% en 2011; por su parte, el 20% más rico pasó de manejar el 38,6% del PIB en 2007 al 39,8% en 2010 y al 39,9% en 2011. El gran aumento de la desigualdad, por tanto, se produjo hasta 2010 y no durante el (falsamente) austero 2011. Para Grecia, Irlanda o Portugal puede realizarse un análisis calcado al que ya efectuamos con el Gini.

Para los de Oxfam, el aumento del desempleo y de la desigualdad provocados por la (falsa) austeridad condujeron inexorablemente al aumento de la pobreza que, por tanto y cómo no, también es plenamente atribuible a la (falsa) austeridad. Problema: los datos tampoco cuadran muy bien con su narrativa. Tal vez sí en el caso de España –donde el porcentaje de población en riesgo de exclusión social pasa del 23,1% en 2007 al 27% en 2011– o en Grecia –donde aumenta del 28,3% al 31%– pero no en otros países igualmente “austeros”: en Portugal cae del 25,3% en 2010 al 24,4% en 2011 y en Irlanda del 29,9% al 29,4%. Pero acaso la mayor sorpresa nos la llevemos al descubrir que, vaya por dónde, un país tan socialdemócrata y omniprotector como Suecia también ve aumentar su tasa de pobreza del 13,9% en 2007 al 16,1% en 2011 pese a no haber aprobado recorte alguno (el gasto público de 2012 era un 6% superior al de 2010 y el de 2014 se programa que lo sea un 15%). Algo falla: ¿quizá los malos indicadores estén relacionados con la crisis y no con la falsa austeridad?

Los paradigmas: Suecia y EEUU

Nada más sencillo que analizar qué sucede con el paro, la desigualdad y la pobreza en dos países que deberían ser ejemplares para Intermón Oxfman: Suecia, por su enorme gasto social, y EEUU, por no hacer cedido a la locura de la austeridad y haber implementado políticas keynesianas.

Empecemos con el desempleo: en Suecia aumenta del 6,1% en 2007 al 7,9% en 2012; en EEUU, del 4,6% al 8%. Sigamos con el índice Gini: en Suecia empeora de 0,234 en 2007 a 0,244 en 2011; en EEUU de 0,376 en 2007 a 0,38 en 2010. Continuemos con la relación entre el 20% más pobre y el 20% más rico: en Suecia, el 20% más pobre pasa de controlar el 10% del PIB en 2007 al 9,4% en 2011, mientras que la participación del 20% más rico crece del 33,4% al 33,8%; en EEUU, el 20% más pobre desciende del 3,4% al 3,2% y el 20% más rico aumenta del 49,7% al 51,1%. Y terminemos con la tasa de pobreza: en Suecia ya dijimos que evoluciona del 13,9% al 16,1% y en EEUU crece del 12,5% al 15%.

Todos los indicadores en negativo pese a no haber convivido con los recortes y la austeridad. Al contrario: habiendo convivido con mucho Estado social (Suecia) y muchas políticas keynesianas (EEUU). ¿Seguro que los malos índices de España, Portugal o Irlanda se deben a la (falsa) austeridad y no, simplemente, a la crisis?

¿De dónde salen los 25 millones de pobres?

Pero bueno, la letanía es que los (falsos) recortes tienen la culpa. Todo sea para respaldar la principal conclusión del informe: Intermón Oxfam pronostica que, de seguir por esta senda, en 2025 Europa acogerá a 25 millones más de pobres. Una cifra muy llamativa que, hemos de suponer, tendrá un complejo análisis econométrico detrás. Pero no: la ONG se remite a un paper que calcula que la tasa de pobreza de Reino Unido aumentará en cinco puntos entre 2010 y 2020 en caso de que sus (falsas) políticas de ajuste prosigan y asume que esa misma variación se dará para toda Europa. Así, sin más. No queda muy claro por qué la pobreza de Europa entre 2011 y 2025 tiene que aumentar lo mismo que la de Reino Unido entre 2010 y 2020, pero da igual. Minucias.

Es más, si uno acude al paper, también cabe encontrar conclusiones menos amarillistas: haciendo idéntica extrapolación de datos podríamos decir que en 2025 habrá en Europa un 7% más de personas que cobren menos del 60% de la renta mediana de 2013 (indexada a la inflación). En el caso de España, diríamos que la cantidad de gente que cobrará anualmente menos de 11.500 euros(con poder adquisitivo equivalente al de 2013) crecerá un 7%. Triste, sí, pero muy alejado de la imagen de hambrunas generalizadas que pretenden transmitir los titulares.

El auténtico pauperizador: el Estado

Alcanzada esta conclusión uno esperaría que Oxfam cargara contra el verdadero fabricante de miseria: el Estado. Primero, porque es el Estado a través de su brazo armado –el banco central– el que ha generado la crisis actual de la que se deriva el aumento de la pobreza. Y, segundo, porque es el Estado quien más contribuye a pauperizar a las rentas bajas: un salario bruto de 11.500 euros está pagando unos impuestos superiores a los 6.000 euros (sólo en Seguridad Social, IRPF e IVA). Más de la mitad de su sueldo bruto expoliado para mayor gloria del Estado. Pero no, Oxfam no sólo no carga contra el Estado sino que reclama más poder para los sóviets. Sus recomendaciones no dejan de ser deplorablemente previsibles: más estímulos keynesianos y más impuestos contra “los ricos y defraudadores”, es decir, contra todos los ciudadanos que carecen de medios para escapar de la rapiña estatal.

Parecería que España no hubiese padecido ya sobradamente su ración de keynesianismo; o que el keynesianismo salvaje de EEUU sí hubiese evitado el aumento de la pobreza y de la desigualdad en mejores términos que la (falsa) austeridad europea. Poco importa la verdad. La cuestión es justificar lo injustificable: a saber, el atraco tributario a mano armada para sufragar los multidespilfarros del Estado. Ya no se trata del típico error benévolo de aquellos que prefieren repartir peces entre la población en lugar de enseñarle a pescar. No: es que directamente reclaman que el Estado les arrebate a los ciudadanos los peces que mal que bien están pescando para poder atraparlos a todos dentro de sus redes. La propaganda es sólo una herramienta adecuada para cultivar el necesario Síndrome de Estocolmo.  

Nota bene: No se dejen deslumbrar por el sello de calidad que el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, le ha impreso al informe de Intermón Oxfam. En 2002 también firmó un paper patrocinado por Fannie Mae en el que afirmaba que la probabilidad de quiebra de Fannie Mae era prácticamente cero.

Externalizados contra la externalización

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

El titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid ha decidido paralizar el proceso de externalización de seis hospitales madrileños, por supuesto en aras del interés general. En el auto expedido el pasado martes, el juez manifiesta una duda razonable acerca de si el cambio de modelo, dando entrada a la iniciativa privada en la gestión de ciertos servicios hospitalarios, va a mejorar el sistema actual exclusivamente público con empleados convertidos en funcionarios.

Hombre, si le preguntara a sus colegas del juzgado qué opinan de la gestión privada de la sanidad, podría tener una primera pista. Eso si él mismo no hace uso de la asistencia sanitaria gestionada por empresas privadas, que es precisamente el modelo preferente utilizado por el Ministerio de Justicia para garantizar la asistencia sanitaria a todos sus empleados.

La Mutualidad General Judicial, de afiliación obligatoria según establece su propia normativa, contrata con empresas privadas del sector sanitario –las más acreditadas– los servicios de salud de sus funcionarios, y sólo en el caso de que lo solicite expresamente el interesado puede optar por la Seguridad Social, a cuyo fin deberá ser él mismo quien se encargue de pedir la tarjeta sanitaria individual en su centro de salud. No hay datos referidos al porcentaje de funcionarios judiciales que eligen uno u otro modelo, pero a tenor de lo que ocurre con la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (Muface), lo más probable es que la mayoría esté usando los servicios privados de salud. Que no es que estén externalizados bajo supervisión pública, como pretende hacer la Comunidad de Madrid con seis hospitales, sino que están exclusivamente bajo la responsabilidad de la iniciativa empresarial.

El interés general es un concepto tan ambiguo que a menudo se confunde con el interés político, no necesariamente coincidente con el de los ciudadanos. Los usuarios de los hospitales que ya operan con el modelo mixto diseñado por la comunidad madrileña no parecen nada descontentos con el sistema sino todo lo contrario. Si el juez envía a un perito a hacer un sondeo popular a la puerta de cualquiera de ellos, seguramente sus dudas acerca del interés general quedarían resueltas en el acto. Es cuestión de proponérselo.

Universidades sin alumnos

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

Leí hace unos días en varios períodicos que las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria han perdido cientos de alumnos con respecto a cursos anteriores.

La noticia no sería muy alarmante si el modelo educativo internacional no estuviera cambiando a pasos agigantados hacia una educación universitaria más flexible, desregulada, barata y accesible a través de internet desde cualquier lugar del mundo y nuestro país tuviera un modelo educativo más libre que permitiera competir con estas nuevas ofertas educativas.

Hasta hace unos pocos años, quien quería adquirir conocimientos avanzados no tenía otro remedio que acudir a las bibliotecas o a las grandes aulas de las universidades. Esto hoy ya no es necesario y cualquier persona puede lograr información sin necesidad de salir de casa y de forma gratuita gracias a internet.

Por esta razón, las mejores instituciones universitarias del planeta han empezado a revolucionar la oferta académica con titulaciones universitarias online de alta calidad y bajos precios. Coursera.org, khanacademy.org, edx.org, ommayau.com o udacity.org son algunas de estas nuevas iniciativas educativas.

Sin embargo, la educación superior en nuestro país sigue anclada en el pasado. Mientras los prestigiosos centros educativos a nivel internacional están innovando con nuevos programas y modelos educativos, nosotros seguimos teniendo una educación oficial estatal, público y privada, hiperregulada y de elevadísimo coste.

Los modelos educativos, la organización de las universidades y hasta los programas académicos están planificados centralmente por el Estado impidiendo de esta forma cualquier tipo de mejora de nuestra educación.

Por ello, las universidades en Canarias, tal como las conocemos hoy, tienen sus días contados. Si nuestro sistema educativo no sufre una importante liberalización que de entrada a la creatividad empresarial para poder competir con este nuevo panorama educativo, lo más probable es que nuestras universidades no pierdan cientos de alumnos sino miles, ya que estos, a iguales o incluso inferiores precios, preferirán graduarse en economía por Harvard o Stanford sin salir de casa a hacerlo por la Universidad de La Laguna.

Por todas estas razones, tenemos dos panoramas para el futuro. Si mantenemos un sistema educativo obsoleto y planificado centralmentedonde la innovación no existe y sus costes son insostenibles en el tiempo, la consecuencia será el cierre de nuestras universidades.

Por el contrario, si liberalizamos la educación de nuestro país nuestras instituciones educativas podrán competir con la excelente oferta educativa que existe a nivel internacional. Tampoco esto garantizará que universidades como las canarias se mantengan abiertas, pues igual es más económico cerrarlas y dar un cheque a todos los estudiantes de las islas para que elijan si quieren estudiar en Harvard, MIT o Stanford.

Lo que sí tenemos que tener claro es lo que advirtió hace unas semanas en una revista económica el grancanario Gabriel Calzada Álvarez, rector de la Universidad Francisco Marroquín: «Ni las leyes de obligatoriedad ni las certificaciones gubernamentales ni las agencias de acreditación ni las barreras de los colegios profesionales podrán parar el tsunami educativo que ya está en marcha».

¡Qué tropa!

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Por tercera vez consecutiva la candidatura de Madrid ha sido rechazada por los miembros del Comité Olímpico Internacional, y además de muy malas maneras, desempatando con Estambul en primera ronda para quedar apeada de la competición de forma incontestable. No nos entienden, viene a ser la razón primordial con la que los responsables pretenden justificar el desastre de haber sido relegados por las candidaturas de un país que ha padecido violentas revueltas ciudadanas por la deriva islamista de sus dirigentes y de otro que aún sigue intentando solventar las consecuencias de un terromoto y un tsunami que alcanzó de lleno a una importante central nuclear.

El funcionamiento interno del COI y los intereses concretos que mueven a sus dirigentes es algo tan bien conocido que resulta improbable que una candidatura seria no los haya tenido muy en cuenta a la hora de trazar sus líneas estratégicas. Especialmente Madrid, que gracias a la contumacia de sus dirigentes municipales ha intentado por tres veces conseguir convertirse en sede de los Juegos con un resultado cada vez peor que el anterior. Estos se presentan una cuarta vez y Madrid 2024 no pasa ni el primer corte.

Pero aquí nadie asume ninguna responsabilidad. Tampoco es que haga mucha falta, porque la mayoría de los medios de comunicación ha decidido que este tercer trompazo no acredita la profunda insolvencia de los responsables del proyecto madrileño, sino que todo es fruto de una vasta conspiración judeomasonicolímpica empeñada en arrebatarnos unos Juegos que por derecho correspondería organizar a la capital de España, porque, faltaría más, somos los más mejores del mundo mundial.

En los programas deportivos de la noche del desastre había quien sostenía que una de las causas principales de este nuevo bochorno era la corrupción, argumento de mucho peso, pues, como es bien sabido, los miembros del COI son un dechado de respeto al juego limpio y jamás se dejarían untar con sobrecitos. O sea que no nos han dado los juegos por lo de Bárcenas, no porque los que se han pulido un Potosí gestionando la candidatura hayan sido tal vez un poquito incompetentes.

Un papelón el de Buenos Aires, a pesar del excelente discurso del Príncipe (¡ay, si sólo hubiera hablado él!), con el que queda certificado que el sueño megalómano de Gallardón tenía poco recorrido. Sólo faltó que en la rueda de prensa posterior al naufragio Alejandro Blanco hubiera exclamado lo que Romanones cuando los miembros de la Academia vetaron su entrada en la institución a pesar de haberle prometido todos su voto. Qué tropa, sí. Y no sólo la del COI.

Recuperación de Europa… y Olimpiadas

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

“Recovery begins from the darkest moment” John Major.

Empezamos a ver señales de optimismo en Europa, apoyado por un entorno macroeconómico que, lejos de ser atractivo, muestra datos esperanzadores. Pero la fragilidad es aún enorme.

  • Los índices de producción industrial están acercándose a niveles expansivos.
  • Los márgenes empresariales están mejorando, de manera tímida, gracias a las exportaciones y al control de costes.  
  • El endeudamiento privado se ha reducido a niveles de 2006.
  • Los costes de financiación a pequeñas y medianas empresas, incluida España e Italia, han caído a mínimos de dos años.
  • Las importaciones de gas han aumentado por primera vez desde 2008, lo cual es muy relevante para la actividad industrial.

Todos estos elementos en sí mismos no nos deben llevar al optimismo, pero tampoco deben ignorarse.

La recuperación es extremadamente débil, puesto que, al mismo tiempo, los países persisten en unas subidas de impuestos y ataques a la renta disponible que mantienen el consumo deprimido. Y si no vemos una mejora del mismo, todo el resto de variables son, simplemente, humo. 

El paro y el consumo son los dos grandes lastres de Europa. Con todos los apoyos gubernamentales y un Estado extremadamente intervencionista, el paro en Francia ha alcanzado la cifra de tres millones de personas. En España, solo ha bajado en 31 personas en agosto, que no deja de ser una buena noticia, sobre todo, porque se ha frenado la destrucción de empleo. Pero crear puestos de trabajo sólo se va a dar cuando el consumo se recupere, y eso no va a ocurrir en un entorno en el que los impuestos destruyen la renta disponible de las familias. Una carga impositiva –esfuerzo fiscal- que en la Unión Europea y España ya se encuentra cerca del 40%.

Amenazar con subir los impuestos a las grandes empresas ahora es otro error enorme. Han sido un pilar fundamental de internacionalización y crecimiento, y gracias a ellas hoy tenemos multinacionales globales, que emplean a decenas de miles de personas. Pero dichos movimientos estratégicos costaron un gran esfuerzo en deuda y en debilidad de balance. Por ello, las 30 mayores empresas del Ibex contabilizan casi el 50% de la deuda privada del país.

Aún no se ha llevado a cabo la limpieza de dichos balances de manera  completa, a pesar de los esfuerzos en desinversiones, y cercenar su caja libre a impuestos es una peligrosa maniobra que genera más daño que beneficio. Porque han mantenido el empleo más que sus comparables internacionales, generan la gran parte de la inversión privada en el país, y las cotizaciones que liquidan constituyen una de las principales garantías de la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social. Pero, además, un cambio fiscal haría que se retrasara la entrada de capital extranjero que prevé el Consejo Empresarial para la competitividad (CEC) hasta saber exactamente si las condiciones son estables y atractivas.

La Unión Europea ya ha advertido a Francia que no puede subir más la carga impositiva, pero esta semana leíamos que en 2014 volverá a verse una subida de impuestos, elevando el esfuerzo fiscal. En España se busca recaudar 25.000 millones más manteniendo los impuestos “transitorios” y subiendo otros. Probablemente no se conseguirá más que una fracción de esa cantidad si se produce el efecto depresor sobre la actividad previsible.

Las subidas impositivas no están ayudando al consumo ni al empleo, pero, además, no mejoran el endeudamiento de los países. Tengamos en cuenta que a finales de 2013 la deuda sobre PIB de la eurozona superará el 90,6% actual al menos en un 1%, y que el déficit de los estados sigue subiendo, por encima del 4% probablemente. En este entorno de tipos bajos y primas de riesgo moderadas, no parece que sea un problema, pero los tipos de interés bajos y la demanda de deuda no duran eternamente.

Europa, beneficiaria del miedo al techo de Deuda de EEUU

Desde el punto de vista del mercado de crédito, hay poco que preocuparse, porque Europa va a ser beneficiaria del miedo a que Estados Unidos vuelva a romper el techo de deuda en octubre: 16,4 billones de dólares de deuda, la cuarta vez que se sobrepasará dicho límite desde que llegó Obama, a pesar de los tímidos recortes y las subidas de impuestos. Un problema en EEUU que no va a encontrar una solución tan sencilla como la última vez, ya que los republicanos no van a aceptar nuevas subidas de impuestos.

Pero esa relativa calma en Europa no puede enmascarar el enorme problema de deuda de toda la Eurozona, y debe utilizarse para preparar un invierno complejo.

Tras las elecciones alemanas, estoy convencido de que la presión para acelerar las reformas y reducir déficits va a aumentar, gane quien gane. Ya lo vimos en el debate entre Merkel y Steinbruck, ninguno de ellos cuestionaba la austeridad, sino el ritmo de la misma. De hecho, se acusaban mutuamente de ser demasiado complacientes con Grecia, como reflejo de los países incumplidores.

Así, los países europeos, y los periféricos en particular, van a tener que enfrentarse a unos presupuestos excesivamente deficitarios, y a tres riesgos:

  • Una crisis de gobierno italiana en medio de unos ratios de deuda muy superiores a los esperados. Las necesidades de financiación del sector público ya alcanzaban 60.000 millones hasta agosto de 2013, casi el doble que en 2012.
  • Un déficit por cuenta corriente en Francia de casi 60.000 millones en 2013, y una deuda sobre PIB que se encamina al 100% en poco tiempo (actualmente 91,7%).
  • Un déficit en España que, a pesar de la recuperación, supere los objetivos fijados. Ya es del 4,38% en el estado central, comparado con un objetivo para fin de año del 3,8%.

¿Entonces, por qué ser optimistas?

Dado que el problema puede ser de financiación a corto plazo y que Alemania y los países pagadores van a seguir presionando para que se lleven a cabo las muy necesarias reformas estructurales, es muy probable que, como llevo comentando en la tertulia de CNBC desde hace unos meses, el Banco Central Europeo lleve a cabo una inyección de liquidez (LTRO) que ayude al sistema financiero a cubrir el riesgo de una subida de tipos de interés y posibles baches en el enorme portafolio de deuda soberana que acumulan los bancos. Solo en España, más de 213.560 millones de euros. La banca europea acumula hasta un 20% de la deuda pública soberana y ese peso se monitoriza de manera constante por el Banco Central Europeo.

Pero, al igual que las otras inyecciones de liquidez, el problema se generará si se utilizan para dar otra patada hacia delante y tomar esta tímida recuperación como una oportunidad para aumentar la presión recaudatoria y no reformar unos estados que gastan entre 10.000 y 50.000 millones más de lo que ingresan estructuralmente.  Porque entonces nos encontraremos con el mismo problema que en los anteriores periodos de leves mejoras: las aplastará la maquina burocrática.

Olimpiadas

Ayer viernes se disparaban las apuestas que daban cierta posibilidad a que Madrid 2020 ganase la organización de las olimpiadas a la ciudad favorita, Tokio.

Para España, la posibilidad de organizar los Juegos Olímpicos puede ser, como siempre, un arma de doble filo. Por un lado, el análisis de The Economic Journal (The Olympic Effect, de Andrew Rose y Mark Spiegel) estima que genera un aumento del comercio del 20% a medio plazo. Por otro lado, supone un coste y una deuda que, probablemente, sea muy difícil de asumir, aunque la mayoría de las infraestructuras estén construidas. Y si la mayoría están construidas… Poco impacto en el empleo y crecimiento va a tener. Veremos.

De los países que han organizado juegos olímpicos desde 1976, la mitad exactamente ha generado un beneficio neto, y la otra mitad, o ha perdido, o se ha quedado en tablas. En Reino Unido, donde yo vivo, se gastaron casi 9.000 millones de libras y generó un impacto positivo en la economía de más o menos la misma cifra, unos 8.000 millones, según la BBC; 8.800, según el alcalde de Londres.

Haya olimpiadas o no, existen razones para creer en la recuperación española, como comentaba en mi artículo “Tocando Fondo”, y no hay que ignorar los datos positivos europeos, pero el crecimiento no va a empezar hasta que la renta disponible mejore. Y si el esfuerzo fiscal se dispara, malo.

Ronald Coase: la información tenía un coste

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Acaba de morir Ronald Coase a los 102 años. Envidiable longevidad y más envidiable erudición. Dos han sido sus grandes aportaciones a la Ciencia Económica y las dos están estrechamente vinculadas con los límites de la propiedad privada como mecanismo transmisor de información.

La naturaleza de la empresa

La primera de ellas, desarrollada cuando apenas tenía 27 años, la recogió en su seminal artículo La naturaleza de la empresa (1937). Coase trataba de responder a la pregunta de por qué existen las empresas, es decir, por qué surgen organizaciones estables de factores productivos aunadas mediante contratos a largo plazo. Al cabo, si como insistían los economistas, los precios son herramientas de coordinación entre los agentes económicos, un empresario lo tendría mucho más fácil limitándose a comprar cada día en el mercado aquellas cantidades de factores productivos que prevé necesitar sólo para ese día en lugar de colocarse a sí mismo en una situación de inflexibilidad firmando contratos de provisión a muy largo plazo. El caso de los contratos laborales es bien ilustrativo: ¿qué sentido tiene, en ausencia de regulaciones que lo prohíban, suscribir contratos indefinidos en lugar de contratos temporales a un día o a unas horas que vayan renovándose conforme se requiera?

La respuesta que ofreció Coase marcaría toda su obra intelectual ulterior: aunque existen costes asociados a la rigidez contractual, también existen costes vinculados a comprar continuamente en el mercado aquellos factores necesarios en cada operación. ¿Se imaginan tener que renegociar el salario por obra y servicio de cada trabajador cada vez que el empresario quisiera darle una directriz? No sólo se dispararía la incertidumbre de a qué precio podríamos cerrar en cada momento los salarios, sino que habría que destinar una gran cantidad de tiempo y de recursos a la mera tarea de buscar información y alcanzar acuerdos (verbigracia, los departamentos de recursos humanos deberían ser gigantescos). Coase, por tanto, descubrió que había costes derivados de realizar transacciones en el mercado; de ahí que posteriormente fueran denominados "costes de transacción".

En este sentido, las empresas serían organizaciones funcionales que permitirían minimizar los costes de transacción de un plan de negocios. O dicho de otro modo, las empresas nacían para economizar el uso de la información sustituyendo la toma de decisiones consensual por la toma de decisiones jerárquica. Para Coase, las empresas son islas de planificación central dentro de un océano de competencia (en el sentido hayekiano: proceso de descubrimiento). Como años más tarde descubriría Murray Rothbard unificando las aportaciones de Coase y de Mises, si la planificación central dentro de una empresa funciona –al contrario de lo que sucede con la planificación central dentro de un Estado–, es porque las fronteras de la empresa no son rígidas: cuando las jerarquías se vuelven demasiado grandes, los costes asociados a captar y gestionar la información dentro de una empresa se vuelven mayores que los costes de transacción fuera de la empresa, lo que llevará a una reorganización espontánea de la estructura de mercado. De ahí, por cierto, que las profecías marxistas del "monopolio único" carezcan absolutamente de sentido.

La teoría de la empresa de Coase, por consiguiente, nos ofrece una imagen bastante completa de por qué existen las empresas y no existen únicamente interacciones entre agentes autónomos dentro del mercado. Acaso sólo me permitiría añadir que Coase estudia la cuestión desde un punto de vista estrictamente productivo (activo empresarial) olvidándose de las consideraciones financieras (pasivo empresarial). Y es que las empresas también emergen porque son vehículos óptimos para la gestión patrimonial de los ahorradores: una compañía es un organismo vivo capaz de crecer y readaptarse dinámicamente a las circunstancias sin que cada accionista deba estar permanentemente gestionándola. Y, en este crucial sentido, las empresas también permiten reducir los costes de transacción de gestión intertemporal de nuestra propiedad.

El problema del coste social

La siguiente gran aportación de Coase consistió en estudiar cómo los costes de transacción también afectaban a la interacción conflictiva de derechos de propiedad: es lo que hizo en su artículo El problema del coste social (1960). Siendo la propiedad un fenómeno social, por necesidad muchas de las decisiones relativas a una propiedad individual terminarán afectando a otras propiedades. Es lo que los economistas llaman "externalidades": existes beneficios o costes "sociales" en el uso individual de la propiedad que deberían ser considerados de cara a lograr una adecuada coordinación económica. Por ejemplo, si una fábrica se instala cerca de una casa y emite polución, esa contaminación es un coste que la compañía "externaliza" sobre el propietario de la vivienda y que no puede omitirse del análisis.

Hasta Coase, las externalidades positivas o negativas eran vistas como una justificación de la actuación del Estado: ya fuera a través de regulaciones o de impuestos y subvenciones pigouvianos, el Estado debía intervenir en el uso privado de las propiedades para maximizar el bienestar social. Pero Coase cambió radicalmente esta perspectiva por cuanto consideraba que el Estado era incapaz de conocer cuáles eran los beneficios y los costes subjetivos asociados a cada externalidad (por los mismos motivos que una empresa gigantesca comienza a ser incapaz de planificar correctamente lo que sucede en su interior).

Así, en cambio, el británico demostró que, bajo ciertas condiciones, los propietarios afectados por una externalidad tenderían a alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos sin necesidad de que intervenga el Estado. Por ejemplo, si el propietario de la vivienda posee un derecho de propiedad preferente para decidir si la empresa puede contaminar o no (es decir, si la empresa puede invadir su vivienda con polución o no), la fábrica le ofrecerá al propietario una compensación económica para que le permita seguir operando y contaminando: si la compensación ofrecida supera los costes subjetivos de la contaminación, la compañía seguirá funcionando; si no lo hace, la compañía cerrará sus puertas. Y al contrario, si es la compañía la que tiene el derecho preferente a decidir si puede contaminar o no, el propietario de la vivienda le ofrecerá una suma de dinero para que deje de hacerlo: si esa cantidad supera los beneficios que la compañía obtiene por contaminar, detendrá sus operaciones; si no, las mantendrá.

La cuestión relevante es que bajo ciertas condiciones empresa y propietario se sentarán a negociar para alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos. ¿Pero cuáles son esas condiciones? La primera, evidentemente, que los derechos de propiedad estén bien delimitados. La segunda condición es la típica de la obra de Coase: que no existan elevados costes de transacción que frustren el proceso de negociación. Por ejemplo, si la empresa contamina no una vivienda, sino una ciudad entera, será muy complicado que el empresario pueda negociar con millones de propietarios particulares. En presencia de altos costes de transacción, por tanto, no habrá negociación ni acuerdos mutuamente satisfactorios; en cuyo caso, Coase proponía que los tribunales asignaran derechos de propiedad tratando de reproducir el proceso de negociación que habría tenido lugar en un mercado sin costes de transacción y que habría permitido maximizar el valor total de la producción.

En este último caso, sin embargo, Coase se desliza por la peligrosa senda de la ingeniería social. Al dar el paso desde sus descripciones a sus prescripciones, Coase cae en el mismo error que había tratado de criticar: asumir que los jueces sí pueden conocer cuáles son los beneficios y los costes sociales. No pueden y, aunque pudieran, debería resultar evidente que no es irrelevante quién posea los derechos de propiedad: si, en nuestro ejemplo anterior, los derechos preferentes los posee la empresa, el coste de evitar o de soportar la contaminación recae sobre el propietario de la vivienda; si los derechos preferentes los ostenta el propietario, es él quien se apropia de los beneficios de no ser contaminado o de ser compensado por la contaminación. Aunque en agregado el resultado pudiera ser el mismo sea cual sea la asignación de los derechos de propiedad (esto es lo que se ha conocido como "Teorema de Coase"), es evidente que un sistema de mercado donde el derecho de propiedad esté sometido a su "función social" no funciona del mismo modo que uno donde se respete absolutamente frente a cualquier arbitrariedad del poder. En este último caso, Coase no llegó a considerar los efectos de la degradación institucional que su propuesta terminaría acarreando: se quedó en un análisis estático que olvidó los esenciales efectos dinámicos.

Pero entonces, ¿es que en presencia de costes de transacción no hay forma de solventar el problema de las externalidades a través de un mercado libre? Sí la hay, y sólo tenemos que regresar al primer artículo de Coase: si las empresas, o más en general los sistemas de propiedad comunal, son mecanismos ideados para minimizar los costes de transacción, bastará con recurrir a ellas para terminar negociando acuerdos mutuamente beneficiosos para las partes. Por ejemplo, si una empresa contamina una urbanización privada (o una ciudad privada), nada tan sencillo como que los representantes de esa urbanización se sienten a negociar con la empresa y que luego repartan internamente los costes o las ganancias de su negociación.

A Coase le faltó integrar su rico análisis dentro de un marco más amplio, considerando que no sólo la propiedad privada individual es un mecanismo de coordinación, sino también, según el contexto, la propiedad privada comunal (como sí haría otra Premio Nobel: Elinor Ostrom). En tal caso, habría terminado por cerrar un sólido sistema teórico donde el mercado en su acepción lata (interacción entre múltiples tipos de propiedad privada y de contratos voluntarios; de instituciones en el sentido mengeriano y hayekiano) permite solventar del mejor modo posible los inerradicables problemas de información propios de todo orden social complejo. Y no por un ingenuo idealismo de que el mercado sea perfecto, sino por un pragmático realismo de que el mercado es mucho menos imperfecto que el Estado.

Pero, en justicia, a los genios como Coase no debe juzgárseles por los hitos que no lograron sino por los que sí alcanzaron. Descanse en paz.