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Empresas ineficientes

Imagínese por un momento que usted es un arquitecto canario que se ha especializado en planeamiento y gestión urbana y ha creado varias empresas fuera de las Islas que se encargan de realizar planes urbanísticos con éxito, compitiendo en el libre mercado. Esto significa que usted entiende perfectamente que para poder satisfacer a la sociedad a través del mercado tendrá que ser capaz de suministrar un producto de calidad con el mejor precio y realizarlo con el menor coste posible, para así poder sobrevivir a la competencia.

Sin embargo, un día decide abrir una oficina en su tierra natal. Transcurridos unos pocos meses se da cuenta de que tiene que cerrarla y volverse a ir fuera, como han tenido que hacer un gran número de arquitectos canarios. La razón es que existen tres empresas públicas que realizan los mismos servicios que usted sin necesidad de competir en el mercado, porque no tienen que reducir costes para evitar la quiebra, al poder ser financiadas con cargo a los presupuestos autonómicos, que salen del dinero de los contribuyentes.

Estas tres empresas son Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), Gestión Urbanística de Las Palmas (Gestur Las Palmas) y Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife (Gestur Tenerife). En los ejercicios 2010, 2011 y 2012, Gesplan tuvo una cifra de negocio aproximada de 30 millones de euros por año, según los presupuestos del Gobierno de Canarias. Sin embargo, con estos importantes ingresos únicamente fue capaz de obtener unos beneficios de aproximadamente 24.000 euros por año. No obstante, esta mal llamada empresa no tuvo suficiente con ser incapaz de generar beneficios y riqueza acordes a sus ingresos, sino que además aumentó su deuda de dos a 4,2 millones de euros.

Por otro lado, Gestur Las Palmas, que ya está en vías de desaparición, en 2012 tuvo un volumen de negocio de 11,1 millones de euros y acumuló deudas por más de 16 millones. Pero esto no es nada si lo comparamos con Gestur Tenerife, que el Gobierno de Canarias se empeña en mantener junto con otras empresas públicas ineficientes, pues esta desastrosa sociedad anónima tuvo en 2012 unos ingresos de 12,6 millones de euros para generar el ridículo beneficio de 5.400 euros y acumular deudas de más de 23 millones.

Alguien podría pensar que sólo bastaría con volver eficientes a estas sociedades. Sin embargo, esto no es posible, dado que carecen de incentivos económicos y se mueven por decisiones políticas, pues entre otras cosas pertenecen a un sector totalmente intervenido, como es el urbanístico, donde el principal cliente es la Administración. Por todo ello, deberían ser cerradas por el Gobierno de Canarias de forma inmediata por ineficientes, como muestran sus números, ejercer una competencia desleal con los empresarios y profesionales del sector y ser dañinas para el conjunto de la sociedad canaria, pues empresas como estas sólo existen gracias a la permisividad de los políticos y al dinero que estos obtienen del bolsillo del contribuyente.

¿Y si Gibraltar no fuese un “paraíso fiscal”?

De un tiempo a esta parte, y gracias a los buenos oficios y la pesadez de socialistas de izquierda y derecha, la definición de paraíso fiscal es simple: todo aquel lugar que tenga un IVA inferior al 21%, un marginal del IRPF por debajo del 56% y un impuesto de Sociedades que no llegue al 30% sobre los beneficios. La única fiscalidad posible es la que padecemos en España, todo lo demás es pirateo, aprovechamiento y delitos contra la Hacienda Pública. Con un baremo tan estricto es normal que el mundo esté lleno de paraísos fiscales. Hace unos meses, cuando estalló lo de Chipre, la principal –por no decir única– acusación que los pirracas habituales le hacían es que era un “paraíso fiscal”. Evidentemente Chipre no es un paraíso fiscal. Existe el impuesto sobre la renta, el de sociedades, el IVA y un ramillete interminable de tasas. Pero, ay, el IVA en la isla es del 15%, y eso sí que no, hasta ahí podríamos llegar. O nos roban a todos por igual o se rompe la baraja.

Aunque parezca mentira, los países de la Unión Europea no pueden fijar el IVA que les venga en gana. La unión fija un mínimo que, adivine cuál es… bingo, del 15%. A partir de ahí cada Gobierno puede ponerlo donde le venga en gana. Los que han decidido dejarlo en el mínimo deberían ser motivo de admiración, no de reproche. Pero la estatalización de las mentes ha llegado ya a tal extremo que buena parte de la población aplaude con las orejas cuando el Gobierno sube los impuestos. Creen, o quieren creer, que el dinero recaudado se va a ir en “servicios sociales”, mejores carreteras o calles más limpias y seguras. Nada de eso. Luxemburgo, el país de la UE con los impuestos más bajos, tiene los mejores “servicios sociales”, las carreteras más cuidadas y las calles más pulcras. En España, en cambio, pagamos el 21%, seis puntos más, y soportamos “servicios sociales” abarrotados e ineficientes, carreteras llenas de baches y calles sucias e inseguras. Podríamos hacer el mismo ejemplo con Holanda, y hasta con la mitificada Suecia que, a pesar de lo que se cree, tiene una presión fiscal inferior a la nuestra. ¿Ve como no hay una relación directa entre impuestos altos y bienestar?

Si los incrementos fiscales no repercuten necesariamente en la mejora de los servicios comunes, ¿en qué se emplea todo ese dinero? Básicamente en política y clientelas, o, mejor dicho, en mantener políticos y en que a las redes clientelares de los mismos no les falte de nada. De ambas cosas vamos sobradísimos en España. Tenemos más políticos por habitante que cualquier otro país europeo y, respecto a las clientelas, las coleccionamos de todos los colores. Las tenemos blancas –de la sanidad estatal–, verdes –de la educación estatal–, negras –de la minería estatal– y así sucesivamente hasta completar un arcoíris de dependientes del maná estatal que nos ha dejado baldados.

Llegados a este punto podríamos concluir sin temor a equivocarnos que los impuestos altos significan atraso económico y, más malestar que bienestar para la gente común. No sería este un descubrimiento especialmente novedoso. Desde los tiempos de la antigua Roma las épocas de crisis y descontento siempre han ido unidas a una fiscalidad dura. En la España medieval, por ejemplo, en aquel puñado de reinos que plantó cara al Islam y lo expulsó de la península se pagaban pocos impuestos y en ocasiones ninguno. Unos siglos más tarde, con el reino en plena decadencia, amenazado por la despoblación, los españoles trabajaban de sol a sol para mantener las ínfulas imperiales de sus gobernantes. Está todavía pendiente un estudio serio sobre el impacto de los impuestos y el despilfarro real en la desintegración del imperio español. No lo harán porque es más fácil echar la culpa a los curas, a los judíos o al sursuncorda. Todo con tal de no tocar al Estado.

En definitiva, lo que la historia nos enseña la mala teoría económica y los periódicos nos lo desenseñan. En lugar de admirar a esos pocos lugares privilegiados en los que han sabido contener al Leviatán les miramos por encima del hombro, les tachamos de piratas y, en algún caso bien conocido por todos, hacemos lo posible por anexionárnoslos para que ellos también padezcan nuestra enfermedad. Hablo, claro, de Gibraltar. Dicen que es un paraíso fiscal, y eso ya es motivo suficiente para condenarles al averno.

Pero antes, digo yo, habría que definir qué es un paraíso fiscal. ¿Es un país en el que los impuestos no existen o uno en el que los impuestos sean bajos o, simplemente, más bajos que en los países vecinos? En el primer caso no hay paraísos fiscales ni los ha habido nunca. En Mónaco, Liechtenstein, las islas Vírgenes, Gibraltar o Singapur hay que pagar impuestos, unos cuantos además. La clave es que no son altos. Monegascos, gibraltareños o singapurenses tienen que retratarse regularmente ante el fisco, lo que no hacen es trabajar para el fisco. ¿Entiende la diferencia? Bien, pues apliquémonosla y dejemos de hacer el primo con el asunto de Gibraltar

Bienvenidos al Mundo Feliz

Ella sólo quiere poder dar de comer a sus dos hijas. No pide subvenciones ni ayudas de ningún tipo. No quiere que nadie le arregle la vida a cambio de nada. Inmaculada Michinina se erigió en portavoz de los vendedores ambulantes sin licencia e irrumpió en el pleno municipal de Cádiz para decirles cuatro verdades a sus "representantes". Inmaculada hace manualidades y las vende en el mercadillo. Es lo que sabe hacer y lo que quiere hacer, es lo que le permite poner un plato caliente en la mesa para su familia. Todo muy digno hasta que llegan los políticos y deciden que no tiene derecho a hacerlo. Al parecer hay una lista de espera para conseguir licencia que lleva tres años sin moverse. Inmaculada trabaja de todas formas porque no puede ni quiere permitirse el lujo de no hacerlo. Se va al mercadillo con sus manualidades y piensa "a ver si hay suerte y no llega la policía y me echa".

"Cojan el punto" les dice a los concejales en el pleno "porque para ustedes no es más que un punto del día, y voten mayoría". No les costaría nada pero supongo que la sensación de poder les supera. "Tengo valor y educación" continúa "porque pienso que perdiendo las formas se pierde la razón, y yo no voy a perder la razón porque sé que la tengo. Déjennos tener dignidad". Pero lo que Inmaculada no sabe es que la dignidad la perdimos hace tiempo, cuando comenzamos a ceder, siempre por nuestro propio bien. Cuando empezamos a pensar que sí, que ciertas cosas había que regularlas, y que sí, que necesitábamos un estado que nos protegiera y que nos castigara cuando no cumpliéramos con nuestras obligaciones. Nos mueve el miedo y eso lo saben bien los que están en la cúspide del poder. Dominan la escena, el lenguaje y la psicología humana. Provocan el miedo en la gente y luego les convencen de que tienen la solución. Más estado, más control, más normas, más prohibiciones.

Las declaraciones de la alcaldesa de Cádiz evidencian la tesis: "Esta señora sabe cuáles son las ordenanzas municipales. Hay ordenanzas municipales. Lo que no podemos hacer es que unas personas, por razón de sus necesidades -que hay muchas necesidades- tengan privilegios… Porque no. Esta ciudad no se puede convertir en un zoco. Tiene que haber un orden. Esa persona sabe que tiene los servicios sociales del Ayuntamiento." No puede haber más maldad en estas palabras.

Siento profundo asco ante las declaraciones de la señora Teófila Martínez, digna representante del PP que ha puesto en marcha un sistema de denuncia anónima contra el fraude laboral. Fraude que, por otra parte, no existiría si no tuviéramos una legislación tan intrincada y excesiva como tenemos. Siento empatía por todas esas personas que sólo quieren trabajar honradamente, que no quieren acudir a los servicios sociales porque tienen una profesión digna y que no necesitarían acudir a los servicios sociales si el gobierno no les pusiera palos en las ruedas. Siento lástima por la gente que cree que trabajar para dar de comer a tus hijos es un privilegio y que es más digno parasitar a los que sí tienen bula para trabajar. Y siento miedo al comprobar que tantas profecías se están cumpliendo con nuestra callada connivencia: la de Orwell, la de Huxley y la de Rand. Ya las tenemos aquí. Bienvenidos al mundo feliz. Parece que John Galt se nos perdió por el camino.

La UE y Hezbolá

El pasado 21 de julio los ministros de Exteriores de la Unión Europea culminaron un largo proceso de estudio acerca de la calificación institucional que merece Hezbolá, a tenor de su más reciente trayectoria. El resultado ha sido incluir sólo el brazo armado de la milicia chií libanesa en la lista de organizaciones terroristas de la UE, dejando a salvo de la sanción a sus otras dos facciones, la política y la asistencial.

Es necesario felicitar a los cancilleres europeos por haber conseguido desentrañar las claves de esa trinidad del Partido de Dios, cuya división niegan los propios dirigentes de la organización, pues, como ellos mismos insisten en dejar claro, tal separación, sencillamente, no existe.

El debate sobre Hezbolá en el seno de la Unión Europea surgió con fuerza tras el atentado cometido el verano pasado en Bulgaria. En julio de 2012 un terrorista suicida reventó un autobús lleno de turistas israelíes en la ciudad de Burqas, acción que se saldó con la muerte de cinco israelíes y del conductor del autobús, de nacionalidad búlgara. A pesar de que todos los indicios apuntaban a la organización chií libanesa, la UE decidió que no iba a tomar decisión alguna hasta que concluyeran las investigaciones. Finalmente, las autoridades búlgaras determinaron que la acción había sido obra de Hezbolá, y los Gobiernos europeos se vieron obligados a tomar una decisión sobre este grupo terrorista de forma coordinada. A ello hay que sumar el hecho de que nueve meses antes del atentado de Bulgaria un tribunal chipriota había condenado a un miembro del Partido de Dios por planear una oleada de ataques terroristas contra intereses israelíes en Chipre, amén de la más que evidente presencia de terroristas de Hezbolá en el continente americano.

Sin embargo, la sorprendente distinción entre facciones establecida por los ministros europeos hace que la decisión de considerar terrorista solamente al brazo armado tenga un significado meramente político con escasas consecuencias prácticas. "El largo brazo de Irán" –como fue calificado en The Times por los exjefes de Gobierno de España e Irlanda del Norte José María Aznar y David Trimble– opera en suelo europeo, donde desarrolla distintas actividades ilegales, entre las que destacan el narcotráfico y el blanqueo de capitales, según los informes de distintas agencias de inteligencia. Además, recauda fondos para mantener las actividades asistenciales que lleva a cabo en suelo libanés. La cuestión ahora es dilucidar qué parte de su patrimonio pertenece al brazo armado y cuál está asignada al sostenimiento de las tareas políticas y asistenciales de un grupo en el que, formalmente, no existe la menor separación.

Los propios ministros europeos de Asuntos Exteriores han rebajado aún más la dureza de la sanción impuesta al asegurar que no pretenden socavar la estabilidad política del Líbano, en cuyas instituciones democráticas hay una importante presencia de representantes de Hezbolá. Semejante argumento no puede dejar de sorprender cuando se emplea para referirse a una organización acusada de asesinar al primer ministro libanés Rafiq Hariri, algo que no contribuyó precisamente a la estabilidad democrática del país del Cedro. A su vez, las autoridades libanesas han desempeñado el papel que se esperaba de ellas, lamentando simplemente que la UE no haya realizado "una lectura más prudente de los hechos".

La guinda de este pastel diplomático la han puesto los propios dirigentes de Hezbolá, que el mismo día en que se hizo público el acuerdo de los ministros europeos emitieron un comunicado en el que se limitaron a tachar de "agresiva e injusta" la decisión adoptada, "que no se basa en ninguna justificación o prueba" (sic).

Al final, la decisión de la UE de quedarse en tierra de nadie no parece que vaya a reportarle ningún beneficio inmediato. Los ministros europeos han renunciado a castigar seriamente a Hezbolá, sobre todo en el terreno de las finanzas, lo que no va a impedir que sus países se pongan aún más en la diana del considerado "el Equipo A del terrorismo internacional"Tampoco es previsible que aumente la estabilidad del Líbano y de Oriente Medio, uno de los objetivos que la UE dice perseguir. En cambio, la imagen de la Unión Europea como armatoste burocrático incapaz de actuar enérgicamente en defensa de una concepción moral de las relaciones internacionales ha quedado, una vez más, perfectamente establecida.

© elmed.io

Dos orejas y vuelta al ruedo

Moncloa está de fiesta mayor. No sé yo si son los calores veraniegos o simple autosugestión por la que les ha armado Bárcenas desde las portadas de los periódicos. Los brotes verdes quedaron atrás y ya hablan abiertamente de recuperación en marcha. Se apoyan en las cifras de la EPA de julio que, como ya advertí en su momento, iba a ser benigna debido a una temporada turística excelente. Pero como si nada. No importa que prácticamente todos los expertos coincidan en lo coyuntural del “milagro” y lo estructural de nuestra crisis. El Gobierno ha decidido vivir al día y preocuparse exclusivamente por seguir vivo y coleando mañana.

Por si los datos de la EPA no fuesen suficientes ahora se agarran a cualquier cosa. El pasado jueves en el Senado Mariano Rajoy, entre fin de cita y fin de cita, fue desgranando las incontables fortalezas de nuestra economía que, según él, ya está curada y sólo es cuestión de dejar tiempo para que el enfermo se levante y ande. Eso, claro, es lo que le gustaría a él. Las cosas, sin embargo, son muy diferentes. En el mundo real, ese que amarga tanto la vida a los políticos, no basta con desear algo mucho para que suceda, es necesario algo más. Pero Rajoy, asediado por sus propios errores, fruto todos de su vaguería congénita mezclada con la prepotencia que es marca de la casa Génova, poco más puede decir en su defensa y en la de su nefasta gestión durante los últimos veinte meses.

Es cierto que en España algunas cosas van mejor. La primera y más visible es la balanza comercial. Vendemos fuera mucho más que antes e importamos menos. Lo primero es achacable a los sacrificios sin tasa que los empresarios han hecho para evitar el cierre. Al Gobierno no le cabe ningún mérito en ello. En todo caso muchos deméritos, todos fiscales de orden montoriano. Nunca antes las empresas españolas habían tenido que pagar tantos impuestos como ahora, nunca tantos habían trabajado durante tanto tiempo para tan pocos. Las exportaciones tiran sí, pero no gracias al Gobierno, sino, como diría el maestro Rodríguez Braun, a pesar del Gobierno.

La balanza comercial, no obstante, es una simple relación entre lo que se compra y lo que se vende. Ahora vendemos más porque las empresas son más eficientes y competitivas, pero también importamos menos, bastante menos que hace cinco años. Esto no es así porque a los españoles nos haya dado un repentino ataque de patrioterismo comercial, sino porque estamos sin blanca. Quitando el petróleo, el gas y los suministros que precisa la industria, en España cada vez se importan menos bienes, y no tanto porque se estén sustituyendo por producción nacional, sino por el hecho, comprobable por cualquiera en la calle, de que no se consume o se consume poco.

Esto el Gobierno lo sabe, pero prefiere callarlo, porque ahí tocan una fibra muy sensible que afecta directamente a todos. No venimos de la miseria, sino de un país próspero que gastaba sin medida y se endeudaba alegremente. Los españoles nos habíamos habituado a consumir, a gastar en definitiva hasta que nos cayó esta.

Lo que Rajoy no pudo decir en la Cortes fue que la reforma laboral había ahorrado la destrucción de 225.000 empleos en el último año. Esto se lo reservó para que Báñez presumiese tras el Consejo de Ministros. 225.000 empleos, ni uno más ni uno menos, que ya hay que hilar fino, de ahí el cachondeo que hay montado en Internet a cuenta de las cuentas de doña Fátima. Un linchamiento injusto porque el cálculo no lo ha hecho ella, sino el ministerio de Economía. Bien, el número no me lo creo –lo mismo podrían haber dicho 225.000 que 337.473–, pero sí que la reforma laboral le ha ahorrado al país una destrucción de empleo aún mayor. El problema es que no podremos nunca cuantificarlo. El sistema económico es demasiado complejo y no podremos saber jamás las razones concretas que mueven a un empresario a evitar un despido. Lo que sí parece obvio es que, tras la relativa flexibilización del mercado laboral, muchos que hubiesen ido a la calle han conseguido mantener el empleo y otros tantos que no tenían trabajo han conseguido hacerse con uno. Esto es una certeza que compartimos todos los que vivimos en el mundo real y no en una covachuela administrativa.

Si el Gobierno está tan contento con su reformilla laboral –llamar reforma a eso me parece excesivo– no tiene más que profundizar en ella y liberalizar aún más el mercado. La liberalización siempre funciona en el medio y largo plazo. Tal vez los más afuncionariados e improductivos anden de mala uva porque se les acaban sus privilegios, pero el resto ganaremos, especialmente los más jóvenes y los más esforzados. Para febrero del año próximo bien podrían anunciar la segunda reforma, aunque ahora eliminando de una vez la negociación colectiva. Con eso sería para conceder a Báñez dos orejas y la vuelta al ruedo. No sucederá, claro, pero, como en Moncloa es fiesta, lo mismo nos dan una sorpresa.

¿Razones para el optimismo?

El pasado lunes, mi amiga y compañera en el Instituto Juan de Mariana, María Blanco, publicó en estas mismas páginas un artículo donde reflexionaba sobre  el futuro económico de nuestro país. Apoyándose en las opiniones de otros amigos, conocidos y buenos economistas como Daniel Lacalle, María planteaba la medianamente razonable hipótesis de que España no sólo estuviera tocando fondo sino de que, subsistiendo numerosísimas incertidumbres todavía, el desenlace final no hubiese de ser trágico por necesidad: “no podemos decir que no nos vamos a recuperar”. Dado que María me incluye en el bando de economistas escépticos con las renovadas esperanzas de recuperación, permítanme clarificar mi postura.

De entrada he de decir que no creo en el determinismo económico, o al menos no en un determinismo que sea cognoscible y desentrañable para ningún analista. Las economías son sistemas lo suficientemente complejos como para que nadie pueda efectuar simplistas predicciones apodícticas. De ahí que cuando el economista afirma que, por ejemplo, “Grecia quebrará si no reduce su gasto público”, no debe entenderse como que la probabilidad de quiebra de Grecia sin reducción del gasto público es del 100%, sino que, en ausencia de otros elementos (el famoso ceteris paribus), Grecia quebrará: o, por expresarlo de otro modo, que sin recortes del gasto, las probabilidades de quiebra de Grecia son altas y crecientes. Por supuesto, al final de la película siempre puede venir Alemania o Draghi al rescate permanente, o el mundo puede comenzar a crecer al 8% y arrastrar a Grecia a la recuperación, o Grecia puede descubrir un gigantesco yacimiento de petróleo en sus costas, evitando así la bancarrota. Pero, en principio, el escenario más factible que deriva de una continua acumulación de déficits –el escenario que deberíamos tener presente en nuestras decisiones diarias– es que, sin cambios en el gasto público, Grecia quebrará.

¿Dónde estamos?

Con las pertinentes diferencias, lo mismo vale para España: nadie ha podido decir nunca que España no se vaya a recuperar. La posibilidad siempre ha estado encima de la mesa: con Zapatero, Rajoy o Cayo Lara. La cuestión no es si estamos necesariamente condenados –nadie lo está– sino si las probabilidades de que nos recuperemos han aumentado de manera determinante. En este sentido, voy a repetir casi punto por punto el análisis que ya efectué a principios de 2013, pues en líneas generales pocas cosas han cambiado desde entonces.

Tras seis años de crisis y de reajuste interno, existen elementos que han experimentado una notable mejora dentro de España: el precio de la vivienda ha caído un 25% desde máximos, familias y empresas se han desapalancado en unos 300.000 millones de euros, los costes laborales se han congelado desde 2010, el sector financiero –sin tener en cuenta los fondos inyectados por el sector público– se ha recapitalizado en unos 120.000 millones desde la quiebra de Lehman Brothers, y sobre todo hemos corregido nuestro fortísimo desequilibrio exterior gracias al marcado aumento de nuestras exportaciones (un 25% desde 2007) hasta el punto de acumular un superávit corriente que ya nos permite comenzar a reducir nuestra deuda exterior. Todos estos elementos no es que sean brotes verdes: es que suponen una saludable corrección de buena parte de los desequilibrios que nos condujeron al desastre de la depresión actual y, por tanto, son precondiciones para salir de ella.

Ahora bien, mientras todos estos elementos se combinan para mejorar progresivamente la situación de nuestra economía, otros se conjugan para mantenerla deprimida. En concreto, no sólo la deuda pública ya ha alcanzado el 90% del PIB, sino que el déficit sigue estancado en torno al 7%. ¿Puede la economía española resistir a medio plazo esta dinámica espiral de creciente endeudamiento e insolvencia pública? A corto plazo es evidente que sí: las compuertas de crédito barato de Draghi están preparadas para frenar cualquier contingencia y las del Banco de Japón ya han inundado todos los mercados mundiales. Pero a medio plazo las espadas siguen en alto: el Gobierno ya ha proclamado a los cuatro vientos que no piensa minorar ni una pizca adicional el gasto público y que toda la circular cuadratura del déficit vendrá por unos mayores ingresos fiscales fruto de una mayor actividad.

Si estuviéramos inmersos en un fortísimo proceso de recuperación y de creación de riqueza, el cálculo presupuestario podría tener sentido, pero pocos –muy pocos– anticipan tal escenario para España en el próximo lustro. No sin razón: para que España no sólo no se estabilice sino que empiece a crecer con fuerza, necesitamos reemplazar buena parte de nuestro tejido productivo y para ello requerimos de cantidades ingentes de nueva inversión. De momento, el volumen de inversión dentro de España se halla en mínimos de la pasada década y, aun siendo cierto que la inversión directa extranjera está comenzando a remontar algo el vuelo, uno no deja de plantearse cómo conseguirá captar nuestro país varios cientos de miles de millones de euros sin resolver previamente una cuestión trascendental –si vamos a seguir o no dentro del euro– que a su vez depende de dos factores poco tranquilizantes: que nuestro volumen de deuda pública no nos lleve al default y que se mantenga una cierta estabilidad política que no opte por una exponencial rapiña generalizada.

Esos dos elementos, que no sólo no están resueltos sino cada vez más enmarañados, son los que me hacen temer que el lento pero sano reajuste que está experimentando el sector privado caiga en saco roto. No porque España esté condenada sin remisión al desastre, sino porque los político que nos gobiernan han convertido el expolio de la escasa riqueza que comenzamos a crear desde el sector privado en la vía para costear su sobredimensionado sector público.

El caso de una empresa llamada España

Acaso se entienda mejor mi argumento con una analogía de esas que tanto desagradan a los keynesianos pero que tan útiles resultan. Supongamos que España es una empresa que entre 2001 y 2007 se hiperapalancó para efectuar ruinosas inversiones inmobiliarias y para disparar el tamaño de su estéril burocracia interna. En 2008, los mercados en los que esperábamos colocar esas megainversiones ladrilleras se nos cierran definitivamente y, lógicamente, entramos en pérdidas. Para sobrevivir, a la compañía no le quedó más remedio que reorganizarse internamente para fabricar nuevos productos que sí tengan mercado, amasar unos ciertos beneficios con su venta y comenzar a amortizar su extraordinaria deuda. Tras mucho sufrimiento, muchas torpes decisiones y mucha ayuda exterior (ajuste monumental de plantilla, contención de salarios, refinanciación excepcionales de sus bancos, etc.), la empresa llamada España llega a 2013 en una situación precaria pero comenzando a presentar unos ínfimos beneficios consolidados de incierta estabilidad. Ahora bien, no sólo esos beneficios son de momento ínfimos para dar credibilidad al repago del enorme monto de deuda, sino que uno de los departamentos dentro de la empresa (el de la inútil burocracia) está fundiéndose la mayor parte de los mismos en costear su funcionamiento. Por si ello fuera poco, a dos años vista se estima que puede haber un cambio en la dirección de la empresa que propugne una rapiña más intensa de los frágiles departamentos productivos para alimentar al ya gigantesco departamento burocrático.

¿Acaso diríamos que esta empresa está salvada? ¿Acaso pensaríamos que los beneficios obtenidos durante un par de trimestres implican que jamás volverá a experimentar pérdidas? ¿Acaso pensaríamos que el repago de su gigantesca deuda está más que asegurado sobre tan endebles bases? Es más: en caso de que la expoliadora dirección anunciara una ampliación de capital, ¿acudiríamos entusiastas a ella pensando que es un completo chollo? Mi hipótesis es que no y por buenas razones. ¿Que la empresa puede terminar levantando cabeza? Sin duda. ¿Que adolece de una fragilidad tan extrema y de una burocracia tan extractiva y reticente a los cambios que la muy verosímil hipótesis de un trágico desenlace sigue plenamente en vigor? Desde luego.

Como ya expuse en mi análisis de la cuestión de hace medio año: “Sin una radical rectificación en esta sede resultará muy complicado que la todavía muy endeudada  y descompuesta España salga adelante. No basta con que haya brotes verdes; lo esencial es que éstos arraiguen y crezcan con fuerza, de ahí que las prisas del sector público por segarlos y devorarlos sean, tanto ayer como hoy, nuestra mayor amenaza”. No sé si ello me coloca en la bancada pesimista o en la optimista: me limito a constatar que seguimos viajando en un barco todavía muy alejado de la costa que se halla repleto de agujeros y cuyo capitán está chiflado. Sí, quizá tras haber tapado unos poquitos agujeros lleguemos a algún puerto y logremos salvarnos; y quizá por ello sea buen momento para recalcarles a los marineros que no todo está perdido y que no hace falta que recurran al suicidio preventivo. Pero tampoco seré yo quien grite ‘Tierra’ y quien exhorte a los tripulantes a que se deshagan de sus botes salvavidas. Y no por celo de prudencia, sino por simple constatación de nuestra triste realidad.

Estocolmo

Se nos está atrofiando la voluntad por falta de uso. Por eso permitimos que venga gente como Gallardón a decirnos cómo hemos de vivir nuestras vidas. Su última amenaza legislativa es la imposición de la custodia compartida a discreción del juez, a quien permite hacer caso omiso de la preferencia de los padres, sea ésta cual sea. No vengo a discutir si la custodia compartida es una buena o mala solución. Pienso que es una solución ideal para algunas familias y un trastorno para otras y eso no hay juez que lo pueda determinar.

Por desgracia la custodia compartida se ha usado durante años como arma arrojadiza en la guerra del género, probablemente a consecuencia de la persistente discriminación a la que los tribunales han venido sometiendo a los padres (hombres), imponiéndoles regímenes de visitas estandarizados, impidiéndoles tomar parte en la gestión del dinero destinado a sus hijos y negándoles la custodia por principio. Si a esta ecuación le sumamos la legal atribución del uso de la vivienda al progenitor custodio, aún cuando la nuda propiedad correspondiera al no custodio, el perjuicio causado resulta bastante evidente. De ahí que, sin llegar a justificarlo, uno pueda comprender que surgiera un movimiento de padres pro custodia compartida.

Probablemente terminará, igual que sucedió con las pensiones alimenticias y los regímenes de visitas, en una estandarización de la custodia compartida impuesta. Esto es, ignorando las peculiares características y situaciones de cada familia y de cada uno de sus miembros. Ignorando lo que de verdad es mejor para una familia determinada y los posibles acuerdos a que pudieran llegar. Ignorando que hay cuestiones que pertenecen al ámbito estrictamente privado y que ninguna ley ni ninguna resolución judicial debieran tratar de atajar. Parece ser que el ministro de justicia y sus compinches se quedaron con la anécdota del juicio de Salomón pero no captaron la moraleja. 

Lo peor, sin duda, es la utilización maquiavélica de ese reciente principio del “interés del menor” que inventaron hace algunas décadas, la rendija por la que se cuela la imposición arbitraria de las más absurdas medidas, sustituyendo a la voluntad de los padres (y del propio menor) por las decisiones rutinarias del juez de turno. Principios como éste justifican situaciones de inseguridad jurídica simplemente cambiando la denominación del hecho. La inseguridad jurídica es la falta de claridad en la ley, la existencia de cajones de sastre donde quepa todo o casi todo, permitiendo que entren en la legalidad hechos que a priori habrían estado fuera de ella. Cada vez que eso sucede nos alejamos un poquito más de lo que debería ser un Estado de Derecho. El riesgo de rendirse ante la evidencia es alto y las consecuencias, graves. Asumimos que nuestra voluntad es una tara, agachamos la cabeza y acatamos las órdenes. El sistema funciona a la perfección. La infantilización de la población es necesaria e imprescindible para el control y sometimiento de la población. Cuando la población se convence de que los abusos cometidos contra ella se deben a un interés superior que revierte en “su propio bien”, el proceso de sometimiento está completo. El verdugo ha ganado gracias a la inestimable colaboración de sus víctimas. Sucede a diario y cada vez en un espectro más amplio. El peso de la bota es tan grande que nos hemos insensibilizado a su dolor. Lo disfrutamos, incluso, porque es por nuestro propio bien.

Una política miserablemente antisocial

Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del PSOE, dijo en una entrevista concedida a este diario que la crisis actual «no es consecuencia de ningún accidente ni de ningún error de cálculo bienintencionado, sino de una política miserablemente antisocial». Estoy totalmente de acuerdo con estas palabras del señor López Aguilar, pues es cierto que la terrible crisis que vivimos no ha sido por un error de cálculo, sino por un problema de imposibilidad de cálculo, que sucede en los antisociales sistemas socialistas, como demostró Ludwig von Mises en 1920.

Mises explicó que en las economías socialistas planificadas centralmente, donde no existe la propiedad privada, la libertad empresarial y los precios de libre mercado, es imposible realizar el cálculo económico y están abocadas al fracaso. El origen de la crisis estuvo en uno de los mercados más intervenidos del mundo, el mercado financiero. Frente a lo que algunos creen, el sistema financiero actual nada tiene que ver con las sociedades libres o capitalistas, sino que está totalmente planificado a través de los bancos centrales.

Son estos los que tienen el monopolio del dinero y los que decidieron expandir y abaratar el crédito, creando así una burbuja financiera que distorsionó totalmente nuestras economías, como explica el economista Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana, en su libro «Una alternativa liberal para salir de la crisis». Esta burbuja de crédito barato fue la que inundó nuestra economía de dinero y la que hizo que casi todo el sector privado se lanzara a invertir y consumir endeudándose, lo que originó una burbuja productiva que hizo crecer falsamente la economía de nuestro país.

Este falso crecimiento inundó de dinero las arcas públicas, que entre 2001 y 2007 consiguieron incrementar sus ingresos en 175.000 millones de euros, y creó la burbuja pública al incrementar el gasto en 150.000 millones de euros, como hizo el Gobierno de España al que perteneció el señor López Aguilar. La burbuja financiera y la productiva han sido pinchadas, pues ya no se regalan créditos, los precios se están ajustando y la deuda privada se reduce a pasos agigantados. Sin embargo, la pública, la originada por políticos irresponsables como los que gobiernan en nuestras Islas, que se empeñan en mantener abiertas innecesarias empresas públicas que despilfarran cantidades ingentes de dinero, como Radiotelevisión Canaria, Visocan o Gesplan, entre otras, no sólo no se ha pinchado, sino que se quiere mantener a base de exprimir a impuestos a los ciudadanos.

Sin duda, esta política es «miserablemente antisocial», pues nada tiene que ver con la cooperación social que surge en las sociedades libres. Por ello, debe ser «combatida por otra política que prime el crecimiento y la creación de empleo», como aseguró en su entrevista Juan Fernando López Aguilar. Esa política no es otra que la de pinchar la burbuja pública reduciendo el gasto e incrementar la libertad de los canarios, bajando los impuestos y liberalizando los mercados para así reactivar nuestra maltrecha economía y crear empleo.

La enésima anunciación: el lobo que no llega

La semana pasada se ha dado una circunstancia novedosa en mi entorno económico. De entre todos los economistas que leo, a los que sigo, de los que aprendo, se han configurado "alianzas" inesperadas. José Carlos Díez y Juan Ramón Rallo, polos opuestos habitualmente, se han unido en su interpretación de los datos de nuestra economía y Daniel Lacalle se ha quedado solo con su pequeña esperanza.

No es lo mismo "de ninguna manera" que "tal vez"

Comentando en las redes sociales ambas perspectivas, Juan Carlos Urbano, siguiendo a Juan Ramón Rallo, apuntaba que, realmente, no hemos salido de la zona de riesgo porque no sabemos cuál va a ser el modelo económico de aquí a veinte años y que estamos lejos de completar las reformas necesarias para que aflore esa vía espontáneamente.

Es cierto. No solamente no hemos terminado, es que no hemos empezado algunas de las reformas necesarias, otras están, simplemente indicadas, como las operaciones matemáticas, otras a medio hacer y otras que no se llevarán a cabo del todo jamás. Todo eso es verdad.

Pero lo que leo entre líneas a alguien tan poco sospechoso de triunfalismo como Lacalle es que ya no estamos en la terrible zona de "de ninguna manera" salimos de ésta, sino que nos encontramos en un "tal vez" salgamos. Y, para mí, y para muchos españoles esa diferencia es importante.

Entiendo y comparto el miedo de Juan Ramón Rallo, amigo, vecino de columna en este periódico y director del Instituto Juan de Mariana. Es un miedo que muchos economistas tenemos… ¡incluido José Carlos Díez, aunque no siempre! Nos aterra el triunfalismo autocomplaciente, o broteverdismo, como ha bautizado Juan Ramón a ese mal.

La razón es que engancha y te traslada al peor de los escenarios, el mismo de siempre, el descuido del déficit y la negativa a persistir con unas reformas que más que necesarias son vitales.

Nadie, ni un planificador estatal, es capaz de saber por dónde va a caminar nuestra economía en veinte años. Sólo podemos poner los medios para que aflore la diversidad y los mercados se encarguen de filtrar qué sector es rentable. Claro que, seamos sensatos, eso es pedir peras al olmo. Para empezar, porque la realidad es que las empresas privilegiadas van a seguir "convenciendo" a los gobiernos para que sigan drenando recursos públicos y dirigiéndolos hacia los sectores que convengan. Y lo harán con la bendición de los ciudadanos, que apoyarán los 15-M en la Puerta del Sol de Madrid y seguirán votando privilegios.

El daño de la palabra manida

Lo cierto es que los dos gobiernos que han manejado la máquina estatal desde que empezó la crisis, el de Zapatero y el de Rajoy, han proclamado, siempre a bombo y platillo, diversas recuperaciones, salidas de la crisis, brotes verdes, fenómenos astronómicos, segundas y terceras venidas de Cristo y todo tipo de anunciaciones al más puro estilo "que viene el lobo" pero a la inversa.

El problema de esas salidas del túnel que nunca llegan y que son anunciadas periódicamente, por razones que tendrán su lógica pero no veo, es que la gente acaba invadida por el virus de la incredulidad, antesala de la apatía. Y eso sí que es más difícil de quitar que una mancha de tinta. A un pueblo azotado por la tasa más alta de paro de toda Europa desde hace años, con una destrucción empresarial sufrida desde que empezó la crisis enorme, y sin mucha esperanza, no puedes decirle "relájate que esto no duele" y endiñarle una subida de impuestos, o "ya se ha acabado lo empinado, de aquí en adelante ya todo cuesta abajo" si no es verdad. Eso es jugar con la gente. Y hacerlo veinte veces, además, es pensar que es tonta.

Los datos buenos a veces son insuficientes

Que el dato del paro no era malo, es así. Luego podemos ver exactamente la medida, la composición de la población activa, comparar con datos anteriores, y comprobar que no es para tirar cohetes. Pero no es un mal dato.

Que las exportaciones tiran, también es así. Que, a continuación, podemos analizar si se trata de exportaciones a nuevos clientes y nuestros demandantes natos están "enfermos" o estudiar la sostenibilidad de las mismas. Bien. Pero tampoco es un mal dato.

Que el informe de Standard & Poor’s es esperanzador, lo es. Que puede cuestionarse sus intenciones, y si los inversores deben o no hacer caso, o de hecho, van o no a hacer caso. De acuerdo. Pero el informe es positivo.

Y a partir de aquí, pensemos ¿dónde poso mi mirada? A veinte años, todo es irrelevante. A tres años, como me decía Juan Ramón Rallo, no hemos eliminado el riesgo de otro batacazo. Hay una enorme incertidumbre aún, pero ¿podemos asegurar lo contrario? pues tampoco, no podemos decir que no nos vamos a recuperar.

¿Qué significan los datos buenos? Que algo pequeñito se ha hecho bien. Y eso no implica que ya no hay que hacer nada más, ni descuidar el déficit, ni oculta otros datos que no son buenos. Pero reconozcamos al menos eso. Sin cohetes, pero mantengámonos pendientes. No nos vaya a pillar dormidos la esperanza.

Motivos para preocuparse

Anda el Gobierno como loco con los datos de la última EPA, la correspondiente al mes de junio. No hay miembro del gabinete rajoyano que no lo recuerde con un sonrisón de oreja a oreja sin importar si se lo han preguntado o no. Tiene cierta lógica. Después de 18 meses fabricando parados al por mayor parece que se ha llegado a un descansillo en la escalera que nos conduce al inevitable colapso por sobretrinque, desvergüenza, funcionaritis y asfixia fiscal. El hecho es que los datos no son malos del todo, mentiría si dijera lo contrario, ahora bien, de ahí a establecer una tendencia media trecho tal que sólo los linces como Julito Sánchez recorren de una zancada.

Entonces, ¿por qué habríamos de tener motivos para preocuparnos? Básicamente porque la EPA del mes pasado –y, probablemente, la del mes que viene– no es más que un espejismo en mitad del Sáhara zapaterino y montoresco que atravesamos desde hace un lustro. Lo diré brevemente: el empleo crece porque estamos en verano y la temporada turística de este año está siendo extraordinariamente benigna en la costa mediterránea y en los dos archipiélagos. Para eso, claro, no nos hace falta la EPA ni la machaconería de Moncloa en vender lo invendible, para eso bastaba con consultar la tasa de ocupación hotelera en la Costa Brava, la del Sol, Baleares y Canarias. En todos los casos se encuentran por encima del 80% y, en ciertos destinos, encontrar una habitación es misión imposible. Bien por los hoteleros, mal por Hacienda que va a entrar a saco en sus merecidos beneficios en cuanto acabe el verano.

Esas camas con inquilino aparte de cobrarlas, las atendemos, les vendemos cervezas, bronceadores y un sinfín de servicios en los que, saquemos un poco de pecho, somos especialistas los españoles desde hace medio siglo. La ocupación hotelera y el empleo van tan unidos como el rayo y el trueno, primero llega una y después el otro. Pero, claro, la temporada turística no dura todo el año, está circunscrita a los meses de verano. Después ya se verá. Lo que veremos será más desempleo, más caras largas y excusas por doquier. A ver si hay suerte y con el mal tiempo y los malos humores llega también el cese del camarada Montoro. Lo siento por Julito pero el Partido, siempre próvido, ya le encontrará un bien remunerado acomodo.

Usted, venerado lector, se preguntará en qué me baso para afirmar que lo de la EPA es pura estacionalidad. Pues en los mismos datos que Báñez agita como un abanico cordobés para sacudirse la caló veraniega. En términos desestacionalizados el número de personas ocupadas no sólo no ha aumentado, sino que ha caído un 0,29%. Los contratos que se han firmado en el último trimestre son en su gran mayoría temporales y la contratación se ha efectuado en las zonas turísticas de Baleares y Andalucía. El resto de regiones se mantienen como antes. En fin, verde y con asas.

Pero no se me vayan que aún hay más. La población activa se ha reducido de un modo apreciable. Hay 76.000 españoles que ya ni buscan empleo y estos, obviamente, no se computan como parados. Si sumamos los que en los últimos doce meses se han olvidado de encontrar un trabajo tendríamos 350.000 personas puestas en fila una detrás de la otra. Comparemos con otros años. En 2011, último año del zapaterato, la población activa creció en el periodo estival, no mucho, unas 20.000 personas. Nada raro por lo demás, las expectativas turísticas invitan a ello y esto sucede todos los años. Todos menos los dos de la rajoyía, que ya hay que tener mala pata. Con una población activa decreciente lo normal es que descienda el número de parados. Es como si en una ciudad llena de hambrientos unos cuantos deciden dejarse morir por inanición. Como las existencias de comida seguirían siendo las mismas tocarían a más por cabeza en el momento del reparto. El Gobierno se ha cuidado muy mucho de que esto pasase desapercibido en los medios de comunicación. La corte de los milagros abecedea y razonita están a lo suyo mientras en Internet, siempre redentor, se encuentra uno las verdades del barquero, que son las opuestas a las verdades del Julito. Lo de meter un palo a los blogs, a los blogueros y a los “piratas” informáticos que se fuman un canuto con los derechos de autor va de esto.

Hay otro motivo de preocupación que, este sí, ha pasado desapercibido para todo el mundo excepción hecha de Juan Ramón Rallo, cofrade del que suscribe y antagonista principal de esta tragicomedia socialistoide y barcení que padecemos a mayor gloria de Soraya y su banda de abogados del Estado. Resulta que a la chita callando, cuando nadie miraba, el Leviatán se ha puesto a contratar gente. En varias comunidades autónomas el empleo público, ese que produce poco o nada pero que pagamos a la fuerza los que si producimos algo, ha crecido. En Castilla-La Mancha, una comunidad semiquebrada han hecho crecer la nómina de la covacha un 6,2%, en Extremadura un 3,3% y en Murcia un 1,6%. Ya saben que cada puesto creado en el sector público tiene un coste directo en el sector privado, así que hagan cálculos. Luego vendrán los de siempre con el cuento ese de que el PP es enemigo de “lo público”. Me permito corregirles, el PP es “lo público”, su mejor aliado, el que está permitiendo que el funcioneta pitillero hipersindicado con sus privilegios a cuestas ni se entere de que hay crisis. Arriola debería ir tomando nota para, en las próximas elecciones, montar el cierre de campaña en Marinaleda y no en el Palacio de los Deportes de Madrid.

Pero lo peor de esta EPA y de la que viene no es su falsedad intrínseca ni la satisfacción manifiesta de los mangantes que ahora la apadrinan, sino el hecho de que está sirviendo como coartada para no cambiar nada. Al registrador de Pontevedra con plaza en Santa Pola era todo lo que le faltaba para hacer lo que siempre deseó hacer: nada.