Han tardado año y medio, pero por fin ha llegado la esperada ley de unidad de mercado. En principio debió estar aprobada y operativa en el otoño pasado, pero las cosas de Soraya van al ritmo de Rajoy, es decir, van lentas y llegan –cuando lo hacen– tarde y mal. Esta ley no podía ser menos. Se aprueba con lo menos nueve meses de retraso, y eso que se hartaron y rehartaron a prometerla durante la campaña electoral. A veces creo que estos piensan que van a estar ahí durante cuarenta años, como Franco, y no que dentro de dos y medio les van a propinar una sonora y merecida patada en el trasero las Chaconas y los Garzones.

En cierto modo estas lentitudes tienen su lógica. Todos son, empezando por Montoro y terminando por los Nadal Brothers, altos funcionarios del Estado, y eso de ser chupóptero de altura es una faena de largo plazo. Uno aprueba la oposición y ya puede estar tirado a la bartola el resto de su vida; de hecho se pasan el resto de su vida tirados a la bartola mirando a sus congéneres con aire de suficiencia mientras, a fin de mes, alargan la mano regordeta y anillada para que sobre su palma el contribuyente ponga un fajo de varios miles de euros. Y así hasta el día en que estiran la pata. Normal que todo se lo tomen con tanta tranquilidad.

El mercado, sin embargo, unido o desunido, es otra cosa bien distinta. Hay que estar alerta permanentemente para que no te deje fuera de juego. El consumidor, a diferencia del contribuyente, no perdona los errores y su exigencia es siempre creciente. Para la mentalidad del funcionario esas servidumbres son algo inexplicable. Ellos están ahí por un privilegio de orden divino y no entienden que, a pesar de ellas, el mundo sigue su curso. Pues bien, los que en España hacen y deshacen a su antojo son funcionarios pata negra. Sabiendo esto de antemano quizá empiece a explicarse el resto. Empiece a explicarse por qué aquí es tan difícil abrir una empresa, por qué dedicamos más horas a pelearnos con la compleja maraña burocrática creada ad maiorem politicastri gloria que a servir a nuestros clientes. Un país así es imposible que prospere.

En este huerto del francés en el que el amo de la Moncloa ejerce de Monipodio, cualquier cosa nos la venden como una liberación. La unidad de mercado sin ir más lejos. La pregunta que hay que hacerse no es qué trae de nuevo, sino es cómo hemos llegado a esto, cómo es posible que la piovra funcionarial haya ocupado cada vez más espacio sin que aquí nadie osase decir esta boca es mía. Durante los últimos cuarenta años hemos asistido a una auténtica orgía reguladora que sólo ha beneficiado, por este orden, a los políticos, a los funcionarios y a los despachos de abogados, que hacen su agosto desbrozando la maleza legislativa.

El hecho es que, por muchas campanas que haga sonar Marhuenda desde la portada de La Razón, la ley de unidad de mercado es un bluf. La idea era buena en tanto desregulaba lo hiperregulado. Pero al final se ha quedado en una rajoyada de manual. Y aquí tenemos que volver al principio. Ha tardado tanto en nacer porque, durante todo este tiempo, sus fautores se han dedicado a suavizarla más y más hasta convertirla en una caricatura de la idea original. Lo de la licencia única, por ejemplo, es puro wishful thinking. La ley deja tantas escapatorias que los sátrapas autonómicos podrán seguir haciendo de su capa un sayo. ¿Y cuáles son estas escapatorias? La famosa licencia única puede esquivarse si la actividad de la empresa afecta “a la salud pública, ocupa un espacio público, bienes de patrimonio cultural o supone un riesgo medioambiental”. Resumiendo, desde el lunes todo afectará a la salud pública u ocupará un espacio público o supondrá un riesgo para el medio ambiente. ¿Ve que fácil se rajoya del derecho y del revés?

Algún empresario se enfadará y tratará de llevar el atropello a los tribunales. Entonces el Estado se defenderá con sus abogados del ídem hasta hacer desistir al infeliz. El político siempre gana, no lo olvide. En el caso que nos atañe ganará por duplicado, porque la ley prevé la creación de un así llamado Consejo Nacional de Unidad de Mercado, una covacha a estrenar para que los mismos que han hecho imposibles los negocios en España se coloquen a cuenta de la protección de los negocios.

Según Soraya que, por si no lo sabía, es abogada del Estado, esta ley es de las que “hacen país”. Y es cierto, hace un país como el nuestro, hecho a la medida de gente como la propia Soraya, un semoviente dedicado en cuerpo y alma a vivir de lo que usted produce después de ponerle dificilísimo eso de producir. En resumen, ni unidad ni mercado. Siento defraudarle… otra vez.

No hay dos sin uno como no hay treinta y dos sin treinta y uno. El Gobierno Rajoy lleva ya treinta y dos subidas de impuestos consecutivas. Hágase cargo, treinta y dos, lo pongo en letras y no en números para que se recree leyendo la cifra y, ya de paso, para que al triste de Julio Sánchez, plumilla de cámara de Montoro, le dé un ataque de vergüenza ajena. Digo treinta y dos cuando bien podría decir treinta y tres porque al nuevo arreón fiscal en el tabaco, el alcohol y en las tasas medioambientales hay que sumarle la eliminación de deducciones para las empresas, lo que constituye de hecho una subida de impuestos, la trigésimo tercera de la era pluritributaria que Rajoy inauguró a mayor gloria de “lo estatal” hace ahora año y medio.

Este nuevo zapatillazo propinado con placer absoluto por parte del titular de Hacienda va a proporcionar al Estado unos 4.700 millones de euros de recaudación. Eso, claro está, según los recaudadores. Luego habrá que ver en cuánto se queda. Hay un principio en fiscalidad que, curiosamente, el ministro del fisco desconoce. Este principio dice que tipos impositivos, recaudación e ingresos fiscales van de la mano hasta cierto umbral. Este umbral es difícil de delimitar y, una vez se sobrepasa, aunque los tipos sigan subiendo la recaudación va inexorablemente a menos.

Esto ha pasado con varios de los nuevos impuestos inventados por ese artista de la ruina ajena conocido en la Corte como Cristóbal y en la Villa como Montoro y asociados. El caso del tabaco es de manual. Hace diez años, cuando en Alemania gobernaba Gerhard Schröder, les dio por pegar un subidón de infarto al tabaco. De la noche a la mañana fumar en Alemania se puso imposible. El canciller necesitaba fondos urgentemente y pensó que el mejor modo de allegárselos al Finanzministerium era subir las labores del tabaco, un impuesto que, además de muy jugoso, es relativamente popular porque penaliza el vicio.

El hecho es que, hasta aquel momento, había funcionado. Era subir los impuestos al tabaco y automáticamente empezaban a entrar marcos a raudales en la caja registradora. Pues bien, en aquella ocasión sucedió exactamente lo contrario. Las ventas de tabaco bajaron drásticamente y, con ellas, la recaudación fiscal. Una mala noticia para el ministerio de Hacienda que, sin embargo, era un titular excepcional para el de Sanidad. El impuesto era, en definitiva, bueno para todos. Pero no, el gozo de Schröder en un pozo. Los alemanes seguían fumando alegremente aunque, esta vez y debido a los impuestos, se habían pasado al tabaco de contrabando.

Por primera vez desde la posguerra se veían estraperlistas por las calles de las ciudades alemanas. En un país donde comprar un DVD pirata es algo simplemente impensable, los dealers de tabaco se apoderaron de la calle. Y no sólo Berlín y Hamburgo –capital y primer puerto del país respectivamente–, sino ciudades de provincias como Núremberg, Maguncia o Duisburgo se llenaron de mantas callejeras regentadas por inmigrantes en los paseos comerciales. No ofrecían todas las marcas del tabakwaren de la esquina, pero si las suficientes como para hacer un roto colosal al estanquero… y a Hacienda. El escándalo que se armó fue mayúsculo. Tan pronto como empezaron a aparecer los primeros “camellos” de tabaco, los periodistas dieron la voz de alarma. El Schleichhandel había vuelto tras medio siglo de ausencia. Durante semanas se sucedieron los reportajes en la televisión y los periódicos. Los alemanes se hacían sólo una pregunta: ¿qué o quién era el culpable de aquel desaguisado que tanto les ruborizaba cuando salían de compras por la Königstrasse?

El Gobierno culpó al crimen organizado y anunció medidas policiales para contener aquella intolerable ola que sacudía los cimientos de la civilizada Alemania. En la calle, sin embargo, el mensaje que caló fue otro. El contrabando era un efecto directo e indeseado de la brutal y repentina subida de impuestos. Si el paquete de West, marca predilecta del obrero fabril de la cuenca del Ruhr, había pasado de costar 3 marcos a costar 6 lo normal es que una parte se quitase de fumar, pero otra, la mayor, en lugar de quitarse lo que buscó fue un proveedor alternativo. Y ahí es donde aparecía el contrabandista, el socorrido schleichhändler que vendía el paquete a 4,5. Más caro que antes pero más barato que ahora. ¡Ah!, y un detalle, los de Hacienda no veían ni un pfennig de las transacciones.

La ley universal de las consecuencias indeseadas se puso a funcionar con diabólica eficacia. El contrabando se adueñó de un mercado que hasta ese momento había sido 100% legal y, para colmo, la recaudación fiscal disminuyó. Dos por el precio de un solo impuesto. La ceguera de los políticos sólo es superada por su infinita soberbia, por su creencia en que mediante la ley se puede conseguir todo. Y en parte esto es cierto, se consigue todo lo contrario.

Historias como esta podrían relatarse de mil productos y mil países. Los del Gobierno se quejan con amargura de la economía sumergida sin plantearse el hecho de que ellos son quienes la han sumergido, ya sea vía impuestos o vía regulaciones absurdas. Si somos de los que damos por bueno que el Estado disponga de recursos para redistribuir, deberíamos pedir que los impuestos fuesen bajos, aunque solo fuera por una cuestión puramente utilitaria. A fiscalidad más laxa una base imponible más ancha. Elemental querido Montoro.