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Ronald Coase: la información tenía un coste

Acaba de morir Ronald Coase a los 102 años. Envidiable longevidad y más envidiable erudición. Dos han sido sus grandes aportaciones a la Ciencia Económica y las dos están estrechamente vinculadas con los límites de la propiedad privada como mecanismo transmisor de información.

La naturaleza de la empresa

La primera de ellas, desarrollada cuando apenas tenía 27 años, la recogió en su seminal artículo La naturaleza de la empresa (1937). Coase trataba de responder a la pregunta de por qué existen las empresas, es decir, por qué surgen organizaciones estables de factores productivos aunadas mediante contratos a largo plazo. Al cabo, si como insistían los economistas, los precios son herramientas de coordinación entre los agentes económicos, un empresario lo tendría mucho más fácil limitándose a comprar cada día en el mercado aquellas cantidades de factores productivos que prevé necesitar sólo para ese día en lugar de colocarse a sí mismo en una situación de inflexibilidad firmando contratos de provisión a muy largo plazo. El caso de los contratos laborales es bien ilustrativo: ¿qué sentido tiene, en ausencia de regulaciones que lo prohíban, suscribir contratos indefinidos en lugar de contratos temporales a un día o a unas horas que vayan renovándose conforme se requiera?

La respuesta que ofreció Coase marcaría toda su obra intelectual ulterior: aunque existen costes asociados a la rigidez contractual, también existen costes vinculados a comprar continuamente en el mercado aquellos factores necesarios en cada operación. ¿Se imaginan tener que renegociar el salario por obra y servicio de cada trabajador cada vez que el empresario quisiera darle una directriz? No sólo se dispararía la incertidumbre de a qué precio podríamos cerrar en cada momento los salarios, sino que habría que destinar una gran cantidad de tiempo y de recursos a la mera tarea de buscar información y alcanzar acuerdos (verbigracia, los departamentos de recursos humanos deberían ser gigantescos). Coase, por tanto, descubrió que había costes derivados de realizar transacciones en el mercado; de ahí que posteriormente fueran denominados "costes de transacción".

En este sentido, las empresas serían organizaciones funcionales que permitirían minimizar los costes de transacción de un plan de negocios. O dicho de otro modo, las empresas nacían para economizar el uso de la información sustituyendo la toma de decisiones consensual por la toma de decisiones jerárquica. Para Coase, las empresas son islas de planificación central dentro de un océano de competencia (en el sentido hayekiano: proceso de descubrimiento). Como años más tarde descubriría Murray Rothbard unificando las aportaciones de Coase y de Mises, si la planificación central dentro de una empresa funciona –al contrario de lo que sucede con la planificación central dentro de un Estado–, es porque las fronteras de la empresa no son rígidas: cuando las jerarquías se vuelven demasiado grandes, los costes asociados a captar y gestionar la información dentro de una empresa se vuelven mayores que los costes de transacción fuera de la empresa, lo que llevará a una reorganización espontánea de la estructura de mercado. De ahí, por cierto, que las profecías marxistas del "monopolio único" carezcan absolutamente de sentido.

La teoría de la empresa de Coase, por consiguiente, nos ofrece una imagen bastante completa de por qué existen las empresas y no existen únicamente interacciones entre agentes autónomos dentro del mercado. Acaso sólo me permitiría añadir que Coase estudia la cuestión desde un punto de vista estrictamente productivo (activo empresarial) olvidándose de las consideraciones financieras (pasivo empresarial). Y es que las empresas también emergen porque son vehículos óptimos para la gestión patrimonial de los ahorradores: una compañía es un organismo vivo capaz de crecer y readaptarse dinámicamente a las circunstancias sin que cada accionista deba estar permanentemente gestionándola. Y, en este crucial sentido, las empresas también permiten reducir los costes de transacción de gestión intertemporal de nuestra propiedad.

El problema del coste social

La siguiente gran aportación de Coase consistió en estudiar cómo los costes de transacción también afectaban a la interacción conflictiva de derechos de propiedad: es lo que hizo en su artículo El problema del coste social (1960). Siendo la propiedad un fenómeno social, por necesidad muchas de las decisiones relativas a una propiedad individual terminarán afectando a otras propiedades. Es lo que los economistas llaman "externalidades": existes beneficios o costes "sociales" en el uso individual de la propiedad que deberían ser considerados de cara a lograr una adecuada coordinación económica. Por ejemplo, si una fábrica se instala cerca de una casa y emite polución, esa contaminación es un coste que la compañía "externaliza" sobre el propietario de la vivienda y que no puede omitirse del análisis.

Hasta Coase, las externalidades positivas o negativas eran vistas como una justificación de la actuación del Estado: ya fuera a través de regulaciones o de impuestos y subvenciones pigouvianos, el Estado debía intervenir en el uso privado de las propiedades para maximizar el bienestar social. Pero Coase cambió radicalmente esta perspectiva por cuanto consideraba que el Estado era incapaz de conocer cuáles eran los beneficios y los costes subjetivos asociados a cada externalidad (por los mismos motivos que una empresa gigantesca comienza a ser incapaz de planificar correctamente lo que sucede en su interior).

Así, en cambio, el británico demostró que, bajo ciertas condiciones, los propietarios afectados por una externalidad tenderían a alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos sin necesidad de que intervenga el Estado. Por ejemplo, si el propietario de la vivienda posee un derecho de propiedad preferente para decidir si la empresa puede contaminar o no (es decir, si la empresa puede invadir su vivienda con polución o no), la fábrica le ofrecerá al propietario una compensación económica para que le permita seguir operando y contaminando: si la compensación ofrecida supera los costes subjetivos de la contaminación, la compañía seguirá funcionando; si no lo hace, la compañía cerrará sus puertas. Y al contrario, si es la compañía la que tiene el derecho preferente a decidir si puede contaminar o no, el propietario de la vivienda le ofrecerá una suma de dinero para que deje de hacerlo: si esa cantidad supera los beneficios que la compañía obtiene por contaminar, detendrá sus operaciones; si no, las mantendrá.

La cuestión relevante es que bajo ciertas condiciones empresa y propietario se sentarán a negociar para alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos. ¿Pero cuáles son esas condiciones? La primera, evidentemente, que los derechos de propiedad estén bien delimitados. La segunda condición es la típica de la obra de Coase: que no existan elevados costes de transacción que frustren el proceso de negociación. Por ejemplo, si la empresa contamina no una vivienda, sino una ciudad entera, será muy complicado que el empresario pueda negociar con millones de propietarios particulares. En presencia de altos costes de transacción, por tanto, no habrá negociación ni acuerdos mutuamente satisfactorios; en cuyo caso, Coase proponía que los tribunales asignaran derechos de propiedad tratando de reproducir el proceso de negociación que habría tenido lugar en un mercado sin costes de transacción y que habría permitido maximizar el valor total de la producción.

En este último caso, sin embargo, Coase se desliza por la peligrosa senda de la ingeniería social. Al dar el paso desde sus descripciones a sus prescripciones, Coase cae en el mismo error que había tratado de criticar: asumir que los jueces sí pueden conocer cuáles son los beneficios y los costes sociales. No pueden y, aunque pudieran, debería resultar evidente que no es irrelevante quién posea los derechos de propiedad: si, en nuestro ejemplo anterior, los derechos preferentes los posee la empresa, el coste de evitar o de soportar la contaminación recae sobre el propietario de la vivienda; si los derechos preferentes los ostenta el propietario, es él quien se apropia de los beneficios de no ser contaminado o de ser compensado por la contaminación. Aunque en agregado el resultado pudiera ser el mismo sea cual sea la asignación de los derechos de propiedad (esto es lo que se ha conocido como "Teorema de Coase"), es evidente que un sistema de mercado donde el derecho de propiedad esté sometido a su "función social" no funciona del mismo modo que uno donde se respete absolutamente frente a cualquier arbitrariedad del poder. En este último caso, Coase no llegó a considerar los efectos de la degradación institucional que su propuesta terminaría acarreando: se quedó en un análisis estático que olvidó los esenciales efectos dinámicos.

Pero entonces, ¿es que en presencia de costes de transacción no hay forma de solventar el problema de las externalidades a través de un mercado libre? Sí la hay, y sólo tenemos que regresar al primer artículo de Coase: si las empresas, o más en general los sistemas de propiedad comunal, son mecanismos ideados para minimizar los costes de transacción, bastará con recurrir a ellas para terminar negociando acuerdos mutuamente beneficiosos para las partes. Por ejemplo, si una empresa contamina una urbanización privada (o una ciudad privada), nada tan sencillo como que los representantes de esa urbanización se sienten a negociar con la empresa y que luego repartan internamente los costes o las ganancias de su negociación.

A Coase le faltó integrar su rico análisis dentro de un marco más amplio, considerando que no sólo la propiedad privada individual es un mecanismo de coordinación, sino también, según el contexto, la propiedad privada comunal (como sí haría otra Premio Nobel: Elinor Ostrom). En tal caso, habría terminado por cerrar un sólido sistema teórico donde el mercado en su acepción lata (interacción entre múltiples tipos de propiedad privada y de contratos voluntarios; de instituciones en el sentido mengeriano y hayekiano) permite solventar del mejor modo posible los inerradicables problemas de información propios de todo orden social complejo. Y no por un ingenuo idealismo de que el mercado sea perfecto, sino por un pragmático realismo de que el mercado es mucho menos imperfecto que el Estado.

Pero, en justicia, a los genios como Coase no debe juzgárseles por los hitos que no lograron sino por los que sí alcanzaron. Descanse en paz.

Contrato libre, por favor

El revuelo que ha armado Báñez con la simplificación de los contratos laborales era tan de prever que lo raro es que nadie hubiese dicho nada a favor o en contra. Y ya es caprichoso el tema porque, a pesar de la escandalera, lo cierto es que no ha cambiado nada o, por ser más exactos, casi nada. La izquierda ha arrimado el ascua a su sardina y se han puesto como morgollones a lloriquear con que esto es, en realidad, una nueva reforma laboral o el siguiente paso de la anterior. Ojalá fuese así. La reforma de febrero de 2012 era demasiado modesta, de ahí que sigamos coleccionando parados como el que colecciona sellos.

Pero no, lo de Báñez no es una reforma laboral, ni siquiera una reformilla al uso de esas que gustan tanto a Rajoy. Es, ni más ni menos que un cambio puramente administrativo que no debió trascender de un mísero breve en la prensa salmón. El Gobierno no ha cambiado nada de lo esencial, simplemente se ha limitado a juntar en cinco formularios los trámites para que una empresa contrate a un empleado. Sinceramente, no era necesario semejante revuelo para tan poca cosa. Contratar en España sigue siendo dificilísimo, sigue habiendo cuarenta y pico contratos para una misma cosa y el mercado laboral sigue exhibiendo una vergonzante dualidad, impropia, por lo demás, de un país que se dice libre.

Porque el problema de fondo no es el número de formularios que tiene que rellenar un empresario, sino el hecho mismo de que esos formularios existan. Hay desde hace cosa de un par de años un movimiento popular que ha cogido bastante fuerza en internet. Aboga por la simplificación total de la contratación, que de los cuarenta y pico actuales se pase a uno solo, una suerte de contrato laboral único con las mismas cláusulas para todos. Eso supuestamente serviría para crear empleo como por ensalmo y todos nuestros problemas –especialmente los de Montoro con la recaudación– se resolverían en el acto.

De verdad, si fuese así de simple solucionar el problema del paro digo yo que ya lo habrían hecho. Al fin y al cabo, ¿qué más da tener uno o cuarenta tipos de contrato si de lo que se trata es de que haya contrataciones? Bastaría con universalizar el mejor contrato posible –o inventar uno en el que sea, por ejemplo, imposible despedir… bueno, ese ya está inventado, es el que tienen los funcionarios a costa de los trabajadores del sector privado– para pasar de seis millones de desempleados a cero. En ciertas capas de la población esta idea bien intencionada pero peregrina ha tenido una excepcional acogida. Contrato único claman por las redes sociales y los foros de internet como si sólo eso fuera suficiente.

Lamentablemente la realidad es algo más compleja. Porque el quid de la cuestión no es el número de contratos, sino la libertad que gozan las partes al suscribirlos. En España la contratación laboral es un lecho de Procusto o, mejor dicho, cuarenta lechos de Procusto en los que todos tenemos que caber por narices. Es el clásico marco típicamente socialista, Al final como no todos cabemos muchos se quedan fuera, se quedan, en definitiva, en el paro. La política premia un tipo de contrataciones y castiga otras. Decide, por ejemplo, que ciertas edades o ciertos sexos tengan bonificaciones, es decir, privilegios. Los privilegios no son neutros, se ejercen siempre a costa de otros, en el caso que nos ocupa a costa de los que no pertenecen al sexo o al rango de edad bonificado. En ningún otro ámbito de nuestra vida admitiríamos un nivel de intervención y coacción semejante, en nombre del trabajo, sin embargo, estamos dispuestos a cualquier desafuero y hasta pedimos a gritos que así sea.

Desmitificada la idea de que el célebre contrato único sirviese realmente para algo, habría que plantearse cuál es el contrato ideal, es que cumple con la ética más elemental y que de verdad ayuda a que efectúen contrataciones. No se me ocurre otro que el contrato sin más añadidos que suscriben dos partes libre y voluntariamente. Un contrato que tenga como única referencia la legislación vigente y que, a partir de ahí, incluya las cláusulas que ambas partes crean pertinentes. Habría que dar un repaso, eso sí, a la “legislación vigente”, que en temas laborales en España, dicho sea de paso, está más cerca de la Unión Soviética que de Suiza.

Con un contrato genuinamente libre nos encontraríamos no con uno sino con millones de contratos, estaríamos ante una diversidad casi infinita de contratos, cada trabajador tendría el suyo. ¿Y sabe lo que pasaría? Nada, absolutamente nada. Podría darse el caso que los trabajadores de una empresa o los miembros de una profesión concreta deciden negociar de un modo colectivo para obtener mejores condiciones del empresario. No habría problema siempre y cuando pertenecer a ese “colectivo” no fuese obligatorio. ¿Ve como la libertad es siempre más sencilla?

Prólogo para el libro “Nuestro enemigo, el Estado”, de Albert Jay Nock, publicado por editorial Innisfree.

Una de las más manidas justificaciones de la violencia institucionalizada es que el individuo no puede vivir fuera de la sociedad y que, por tanto, se necesita de esa herramienta esencial de socialización que vendría a ser el Estado. En efecto, muchos liberales y sobre todo muchos libertarios han caído frecuentemente en la peligrosa simplificación de despreciar el colectivo, hasta el punto de negar su misma existencia. No es infrecuente escuchar que sólo existe el individuo o que sólo la persona tiene derechos y que, por tanto, una economía puede funcionar sin fricciones con una pléyade de individuos independientes y casi autistas. Ayn Rand, por ejemplo, llegó al extremo de idolatrar el pronombre ‘yo’ y de considerar el ‘nosotros’ como un peligroso caldo de cultivo para el totalitarismo.

Desde luego, muchos de estos liberales ultraindividualistas estaban movidos por sanas intenciones: en concreto, proteger al individuo de todos los ataques a la libertad cometidos en nombre del colectivo. Sin embargo, al considerar que el totalitarismo empezaba cuando el ‘yo’ se diluía en el nosotros, inconscientemente le concedieron al enemigo la victoria que andaba buscando: la equiparación entre sociedad y Estado. Justamente, el auténtico totalitarismo comienza no cuando el individuo se diluye en la sociedad (algo que puede suceder por mecanismos totalmente voluntarios y beneficiosos para el individuo), sino cuando la sociedad se identifica en todos sus aspectos con el Estado. Pues ahí, en ese preciso punto, es cuando se equiparan los mecanismos voluntarios de cooperación y resolución de conflictos con las relaciones coactivas y opresivas que constituyen la esencia al Estado.

Afortunadamente, no todos los liberales han caído en esa trampa que tan arteramente tendieron los estatistas. La propia Escuela Austriaca capitaneó desde su nacimiento con Carl Menger los análisis sobre el surgimiento espontáneo de las instituciones, posteriormente refinados y ampliados por Friedrich Hayek; de hecho, este último llegó a calificar al individualismo cerril y aislado de la sociedad ‘falso” individualismo, por terminar creyendo que toda la realidad es fruto de la planificación de algún individuo concreto y no el subproducto no intencionado del conjunto de la comunidad. Fuera de la Escuela Austriaca, los llamados neoinstitucionalistas también han desarrollado una profusa y meritoria contribución al estudio de los límites de la propiedad individual, de los órganos de gobernanza sobre bienes comunales y de la conclusión de disputas por vías distintas a la legislación o los tribunales estatales.

Sin embargo, como decíamos, otros liberales, acaso menos interesados en la coordinación dentro y entre grupos, tienden a caer frecuentemente en el error de reducir toda la problemática económica y social al análisis racional de la conducta individual de carácter cuasi antisocial, negando incluso la existencia de externalidades o de acción colectiva (por el contrario, los estatistas tienden a visualizar tales problemas por todas partes y, sobre todo, tienden a negar la existencia de mecanismos privados eficientes para solventarlos). Afortunadamente, Albert Jay Nock no cae en este error tan extendido y ya desde el mismo título de su más afamado libro identifica adecuadamente al auténtico antagonista de la libertad: “Nuestro enemigo, el Estado”.

Así, a lo largo de las páginas de esta muy interesante obra, el lector hallará una tan acertada como necesaria distinción entre “gobierno” y “Estado”. En palabras de Nock: “Estas dos clases de organización política [gobierno y Estado] son tan distintas en la teoría que trazar una drástica distinción entre ambas diría que probablemente es la tarea más importante que la civilización puede emprender en aras de su propia seguridad. No es en absoluto arbitrario o academicista dar a un tipo de organización política el nombre de gobierno y a la otra el nombre de Estado”.

Para Nock, la diferencia entre gobierno y Estado cabe hallarla en cuatro características: su origen, su propósito, los medios principales que se utilizan y los intereses que se defienden. Así, el origen del Estado es la conquista y la confiscación, el del gobierno el pacto libre y voluntario; el propósito del Estado es la explotación continua y sistemática de un grupo de individuos por otro grupo de individuos, mientras que el gobierno tiene como finalidad defender los derechos individuales de las personas para garantizar la libertad y la seguridad de todas las partes, de modo que todas ellas puedan salir ganando; los medios de actuación del Estado consisten reprimir las libertades de los ciudadanos, mientras que los del gobierno se limitan a evitar y prevenir que unos individuos violen los derechos de otros; y, por último, los intereses del Estado, a diferencia de los del gobierno, no son los del conjunto de la sociedad sino los de ciertos grupos de presión bien organizados a la hora de saquear al prójimo. De manera resumida: “partiendo de la idea de los derechos naturales, el gobierno garantiza los derechos individuales mediante instituciones negativas y una justicia barata y accesible; a eso se limita el gobierno. En cambio, el Estado, tanto en su génesis como en sus actuaciones, es puramente antisocial. El individuo no posee otros derechos salvo aquellos que el Estado le haya otorgado; ha vuelto la justicia cara y poco accesible, y ha rebasado con frecuencia los límites que le imponen la justicia y la moralidad siempre que le ha resultado provechoso”.

gobiernovsestado

Acaso sea conveniente refinar algo más esta crucial diferencia entre gobierno y Estado analizándolo desde otra perspectiva. En un momento del libro, Nock recupera la distinción realizada por el filósofo alemán Franz Oppenheimer entre “medios políticos” y “medios económicos” para poder proporcionarnos una definición más sintética de Estado. Dice Nock: “Existen dos maneras, y sólo dos maneras, para satisfacer los fines de una persona: una es la producción e intercambio de riqueza, lo que podríamos denominar los ‘medios económicos’; la otra es la rapiña de la riqueza que han generado otros, es decir, los ‘medios políticos’”. Es ésta distinción la que le permite a Nock concluir acertadamente que el Estado es “la organización de los medios políticos”, esto es, la institucionalización y burocratización de la rapiña.

Nock, sin embargo, se olvida de definir ‘gobierno’ a partir de la distinción anterior, cuando perfectamente podríamos definir al gobierno como el conjunto de arreglos institucionales que, a través de los medios económicos, tienen como propósito proteger los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos, esto es, solventar los problemas propios de la coordinación social en el ámbito de bienes de provisión conjunta. De esta forma, Nock enlaza con el futuro análisis de la Nueva Economía Institucional de Douglas North o de Elinor Ostrom consistente en mostrar la influencia de las instituciones sociales en la coordinación de los agentes económicos y en la resolución de los conflictos colectivos. Lejos del simplismo de conceder al Estado y a sus medios políticos el monopolio natural de estos arreglos institucionales, Nock insistió desde un comienzo, y la Nueva Economía Institucional demostró más adelante, que existen alternativas cooperativas que no pasan necesariamente por iniciar el uso de la fuerza, sino que es posible alcanzar formas contractuales e institucionales que, a modo de familias, comunidades de vecinos, urbanizaciones privadas, ciudades libres, clubes, sociedades de socorro mutuo, seguros, confesiones religiosas, comunidades de regantes, cámaras de comercio, patrullas vecinales, asociaciones de padres, fundaciones, costumbres, tribunales de arbitraje o usos comerciales, permitan remplazar la mayoría o la totalidad de las funciones que hoy copa de manera monopolista, violenta e ineficiente el Estado. Lo que Nock está señalando es que la función social del gobierno no es un monopolio natural del Estado (de los medios políticos), sino que puede descentralizarse de manera policéntrica en muy diversas organizaciones sociales de carácter voluntario y cooperativo (medios económicos).

Precisamente por esto último, Nock es capaz de asestarle un duro golpe a una de las principales legitimaciones que suele encontrar el Estado: su función de cohesionar la sociedad. De acuerdo con Nock, el Estado no sólo no es un prerrequisito para que exista la sociedad sino que es la institución más antisocial que existe: “el orden de intereses que defiende el Estado no es un orden social, sino antisocial; por eso, aquellos que lo administran, enjuiciados desde una perspectiva ética, resulten indistinguibles de una banda de criminales profesionales”. En otras palabras, el Estado es una gran ficción mediante la cual los distintos grupos organizados (los modernos lobbies) son capaces de vivir a costa de los muy desorganizados contribuyentes merced a toda clase de pretextos que buscan justificar la coacción y construir un espíritu de servidumbre voluntaria: “El hombre masa, desconocedor de su propia historia, tiende a considerar al Estado más como una institución social que como una antisocial; y debido a ese fe irracional, se muestra dispuesto a proporcionar a los administrador del Estado una legitimidad absoluta para la bellaquería, la mentira y las manipulaciones”.

Sin duda alguna, el análisis político, social y económico de Nock dista de ser perfecto. Sus grandes intuiciones constituyen también el germen de algunos de los fallos más llamativos del libro, por ejemplo al adoptar un concepto de ‘clase social’ cercana al marxismo para sostener que en último instancia todo Estado defiende los intereses de una clase concreta (cuando dentro de cualquier clase, arbitrariamente definida, existen objetivos contrapuestos e incompatibles entre sus integrantes) o al reputar, como los fisiócratas y los georgistas, que el origen de la riqueza y el monopolio básico de todo Estado es la tierra. Pero tales errores de análisis no empañan el conjunto de esta obra que, combinando el sentido común político con la acertara observación de la historia americana (su transición desde el protogobierno colonial hasta el Estado central imperial), proporciona una valiosa herramienta de reflexión para resistir la creciente estatización de nuestras sociedades.

En este último sentido, no puede afirmarse que estemos ante un libro que invite al optimismo, pues el propio Nock, consciente de la imposibilidad de planificar centralizadamente las sociedades y los arreglos institucionales, reconoce que la supervivencia y la extensión del Estado depende del apoyo implícito que le presten sus subordinados; un apoyo que desde la Revolución estadounidense sólo se ha ido acrecentando en todos los rincones del planeta. El propio libro concluye con un mensaje acaso demasiado pesimista: “Dado el enorme poder del Estado, combinado con la legitimación espiritual que tiene tras de sí, uno tiende a plantearse qué puede hacer en contra del Estado y de su imparable expansión: simplemente nada”. El propio Nock admite al final que, desde esta realista óptica, su libro es del todo inútil: “Bajo nuestras propias hipótesis, este libro no sirve para nada”. ¿Por qué, entonces, invirtió su tiempo Nock en escribirlo? Según sus propias palabras: “para nutrir la curiosidad y los conocimientos de aquellas ovejas descarriadas que, más allá de toda utilidad práctica, buscan conocer la verdad”. Es decir, para todos nosotros. Ningún homenaje y agradecimiento mayor podríamos hacerle a Nock que no sólo saciemos nuestra curiosidad, sino que animemos a despertar y saciar la de otros. Quién sabe si, al final, de tanto saciar nuestra curiosidad intelectual, al Estado no le queda otro remedio que comenzar a retroceder a favor de un gobierno voluntario.

El regulador grande, ande o no ande

Este viernes, el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones nos trajo un nuevo ente, elmega regulador. En la rueda de prensa posterior, Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba el nombramiento de José María Marín Quemada, actualmente vocal del Banco de España, como Presidente de este ‘jovencito Frankenstein’ institucional. 

Supervisores reunidos, jamás serán vencidos 

Y digo ‘jovencito Frankenstein’ porque esta CNMC (Comisión Nacional del Mercado y la Competencia) reúne a las ocho comisiones nacionales que regulaban hasta ahora el mercado de valores, de la energía, de las comunicaciones, y los sectores ferroviario, postal, aeroportuario, de medios audiovisuales y el regulador de la competencia.

Por supuesto que, como explicaba la vicepresidenta, va a suponer un ahorro de puestos directivos de un 40% y de gasto cercano al 30%.

Realmente no sé si es una buena noticia. Hasta ahora pongo en duda el funcionamiento de los reguladores como potenciadores del funcionamiento de la competencia en los mercados y la supervisión de los mismos. Hay que recordar, por poner un ejemplo, lo que la CNMV no hizo para evitar el engorde y posterior estallido en plena cada de las carteras de los españoles de las cajas de ahorro, los activos tóxicos, etc. No sé si ahora que formado un ‘combo regulador’ van a funcionar mejor.

Además, Sáenz de Santamaría ha explicado cuál va a ser la formación que se va a proponer al Parlamento en unos días, destacando la independencia de la institución respecto al Gobierno.

Una independencia, sin embargo, que no impide que se repartan los sillones en el consejo de dirección entre los partidos políticos: 6 para el partido del gobierno, 6 para la oposición. Y de los 6 de la oposición serán 2 para el PSOE, y uno para cada una de las demás formaciones políticas: IU, CiU, los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos. Todo muy independiente de la vida política y sus tensiones con el más puro afán de que esos mercados y sectores excepcionales funcionen a las mil maravillas. Por supuesto, ya ha habido voces de los opositores que trataban de rascar vocales en el consejo. Tanto esfuerzo por el bien común de espaldas a los intereses partidistas es conmovedor. Una vergüenza, en resumen. 

Mercados sin competencia, mercados esclavos

Y no es que tales reducciones en términos de altos directivos y de presupuesto no sean importantes. Al revés, lo que me planteo es que si se puede funcionar con un mega regulador, porqué no los unimos antes.

El tema es más de fondo. Se trata del sentido mismo de las comisiones nacionales de la regulación de mercados. Lo que te explica la teoría es que como son mercados donde no se puede alcanzar una provisión óptima, que supuestamente es la que ofrece la competencia perfecta, es necesario la existencia de un supervisor que asegure la eficiencia, es decir, que regle los precios y cantidades con los calculados a priori. Se trata, desde luego, del concepto tradicional y está tico de eficiencia, no del concepto más acertado de eficiencia dinámica, tal y com lo explica Fernando Herrera en su libro Mitos sobre la regulación de los mercados.

Pero de todos los entes sumados en patchwork por el gobierno de Rajoy, el que más me llama la atención es la Comisión de Regulación de la Competencia. Su importancia es tal que habrá una sala específica para ello, y otra sala para los sectores regulados.

Lo que nos venden a los ciudadanos es que la competencia sin regulación es el caos. No vale con que existan leyes que eviten comportamientos colusivos de empresas que no quieren competir. Es necesario que alguien supervise. Pero ninguno de los responsables de ese organismo supervisor se juega nada si se incumple la misión. Y si el Tribunal de Cuentas funciona con tanto retraso, ¿por qué voy a pensar que en este caso las cosas van a ser diferentes?

Además, aunque el verbo "supervisar" sugiere la idea de un vigilante del patio del colegio que no se mete en los juegos de los niños (el funcionamiento del mercado) sino que se limita a evitar conflictos y comportamientos violentos, la realidad es otra. El gobierno interviene. Y el mega regulador, cuyo consejo directivo depende del "favorcete" prestado por un partido político, con intereses electoralistas a corto plazo, no va a ser imparcial. No lo es habitualmente.

Me pregunto qué cara pondría Adam Smith para quien la competencia era el reno que aseguraba que no se darían monopolios y abusos. Porque, y esto es lo relevante, la competencia es la criptonita de los privilegios. Y lo que tenemos es lo opuesto: el reinado de las mil y una arbitrariedades.

Competencia desleal y monopolio

Según una noticia publicada en ABC, «los representantes de las asociaciones de libreros de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife tachan de competencia desleal la venta de libros de texto por parte de las Ampas (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) que está siendo permitida por la Administración Pública». Además, quieren «que se prohíba la venta de libros en los colegios» pues entienden, según el presidente de la Asociación, Antonio Ribero, que se «tiene que tener en cuenta que quienes les dan de comer a las editoriales son las librerías, no los colegios».

La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿las Ampas en los colegios reciben ayudas públicas que les permiten vender los libros con precios más baratos que el resto de competidores con cargo al contribuyente? Si la respuesta es afirmativa, estaríamos hablando de una competencia desleal como acusan los libreros.

Sin embargo, si es negativa, entonces estamos ante unas asociaciones que han sido capaces de vencer a sus competidores en el mercado bajando precios y satisfaciendo mejor a los consumidores, lo cual no solo no tiene nada de desleal sino que es la competencia más sana que existe.

Vamos a ponernos en el peor de los casos, las Ampas hacen competencia desleal porque reciben ayudas públicas que no llegan a los libreros. Si fuera así, los libreros, adscritos a estas asociaciones, deberían pedir el cese inmediato de este tipo de subvenciones por tratarse de una competencia desleal y ser una fuente de corruptelas donde algunos podrían llevarse algún que otro euro al bolsillo.

Algún lector podría pensar que los libreros deberían pedir que las ayudas públicas también lleguen a ellos, pero en ese caso los consumidores y contribuyentes saldríamos perjudicados.

Sin embargo, los libreros no solicitan el cese de las ayudas públicas que eliminaría la competencia desleal, sino la prohibición de la venta de libros en los colegios. Es decir, lo que piden es que el Estado les otorgue un privilegio.

Dicho en términos económicos, lo que quieren es tener el monopolio del suministro de libros de enseñanza a los usuarios y así poder ver garantizado sus beneficios sin necesidad de competir en el mercado satisfaciendo de la mejor manera posible a los consumidores, y si a todo esto le suman alguna ayuda pública que garantice aun más sus beneficios mejor que mejor.

La realidad es que el mundo de las librerías ha cambiado totalmente con la venta de libros por Internet. Hoy en día, gracias al ingenio empresarial e Internet, podemos conseguir cualquier libro a muy buen precio sin salir de casa.

Por ello, los libreros, en vez de solicitar privilegios monopolísticos, deberían pedir el cese de las ayudas públicas y buscar nuevas fórmulas de negocio para satisfacer a los consumidores y no seguir pensando que «quienes les dan de comer a las editoriales son las librerías» y no los compradores de libros, como dice el presidente de su asociación. Es muy probable que si no lo hacen tengan que cerrar sus negocios por haberse olvidado de una máxima del éxito empresarial, lo importante son los consumidores.

La parada en seco. El riesgo en mercados emergentes

Did anyone ever notice that the emerging markets of today are the same emerging markets of the 1890s?” – David Callaway

“The Fed’s policy can have unintended consequences”- Richard W. Fisher

¿Se acuerdan en el cenit de la crisis europea cuando nos decían una y otra vez que nuestras empresas estaban muy baratas por su exposición a Latinoamérica? ¿Saben por qué no se oye ahora? Los mercados emergentes están mostrando enormes señales de debilidad. La última, México, que mostró un decrecimiento del PIB del 0,7% en el segundo trimestre comparado con las expectativas de crecimiento de 0,3%. Un país cuyo crecimiento depende enormemente de las exportaciones, mostraba una caída no esperada.

Pero México no es un enorme problema. Seguirá creciendo al 1,8% en 2013. El riesgo de los mercados emergentes no es solo de crecimiento menor de lo esperado en Brasil, México, India, o China. El gran dilema es lo que en la City se llama el sudden stop. Una parada en seco en el flujo de inversión de capitales.

Una de las consecuencias de los planes de estímulo monetarios de los últimos años ha sido la inflación extrema en los activos de riesgo. Lo hemos comentado muchas veces en esta columna. Estados Unidos exporta inflación a las economías semi-dolarizadas y emergentes. Y algunos de los activos favoritos han sido los bonos de mercados emergentes. Hasta tal punto que, como comentábamos en La gran burbuja, hemos visto a emisores de bonos de bajísima calidad crediticia acceder al mercado a tipos extremadamente bajos.

Sin embargo, ante la posibilidad de que los estímulos innecesarios de la Reserva Federal se reduzcan, hemos visto una oleada de retirada de fondos sin precedentes.

– Las reservas de los bancos centrales de países emergentes han perdido ya 81.000 millones de dólares pero las necesidades de financiación han aumentado un 7% y los déficits por cuenta corriente dan señales de alarma. Morgan Stanley y Citigroup lo alertaban en sus respectivos informes ¿Qué pasa si se para la marea? Y El optimismo está en la playa.

– La inflación excesiva y el desplome de las monedas locales han disparado los déficits por cuenta corriente de los países latinoamericanos. La inflación llega hasta el 40% en Venezuela, el 25% en Argentina, y las cifras alcanzan el 8-10% en la mayoría de mercados en desarrollo. Fíjense en India, donde los precios de algunos alimentos básicos se han disparado hasta un 46% en un año. 

– El acceso a crédito barato y dólares a todo trapo de la máquina de imprimir de la Reserva Federal ha hecho que gran parte de los países y empresas de mercados emergentes hayan tomado esa liquidez excesiva, a razón de 10.000 millones de dólares mensuales, según cálculos de varios bancos de inversión, como algo normal. Una inflación de activos de riesgo de renta fija del 150% medida como capital adicional y menor coste de financiación. Y lo hemos comentado muchas veces, los periodos de liquidez excesiva no se utilizan para reducir riesgo y fortalecer las economías, sino que se asumen como un nuevo paradigma de normalidad. Hasta que baja la marea, y se ven los bañistas que van desnudos.

El riesgo no es fácil de cuantificar, pero según nuestro análisis interno puede llegar a un 0,5% del PIB global en 2013. Recuerden el impacto de la pinza de crédito credit crunch en la OCDE en 2008.

Desde luego, las consecuencias sobre el crecimiento y la estabilidad económica de los países emergentes pueden ser muy relevantes. La combinación de altísima inflación, déficits por cuenta corriente y pérdida de reservas de dólares en los bancos centrales nunca ha sido una ecuación ganadora. Y las tres variables se deterioran muy rápidamente.

Indonesia ha perdido el 13% de sus reservas de divisas en tres meses,TurquíaUcrania, India han mostrado cifras parecidas. Argentina un 12% en cuatro. Esto es importante porque para los países es muy necesario contar con dichas reservas ante un escenario incierto y de dificultades financieras. 

Muchos de estos países y empresas tienen deuda externa en dólares y cada vez menos divisa norteamericana para cubrir sus compromisos.

La situación de inestabilidad económica de muchos de estos países no había sido un tópico de discusión en la Reserva Federal hasta que el mundo empezó a preocuparse por el brutal colapso de la rupia india de 55 contra el dólar a 65 esta semana. Varios amigos en Washington empezaron a preguntar, de manera diplomática, sobre los riesgos. Y desde luego, no son pequeños, con la inflación disparada y un déficit por cuenta corriente del 4,8% del PIB, India no ha visto sus exportaciones mejorar ni siquiera con el colapso de su moneda.

Un sudden stop tiene efectos globales. Tiene un impacto relevante sobre la banca europea, muy expuesta a Latinoamérica, y en las empresas multinacionales del viejo continente, que empieza a vislumbrar la salida de la recesión. Porque el riesgo de impago se dispara. Y tiene consecuencias directas muy importantes en la banca británica y americana, por su exposición a Asia y África. Pero, sobre todo, genera dificultades para que estos países en desarrollo, con necesidades de refinanciación creciente, acudan a los mercados de capitales tras la bonanza de los años del helicóptero monetario.

Pero ojo, para España y la Unión Europea no son tan malas noticias. Los países emergentes no están exportando mucho más, entre otras cosas por el recorte de demanda interna de la OCDE, y la salida de capitales de países en desarrollo a ‘países de bajo riesgo’ eleva las posibilidades de entrada de dinero y caída de las primas de riesgo en Europa. No es que sea un beneficio enorme, pero la rotación de activos financieros saliendo de alto riesgo a países defensivos siempre ha beneficiado a la Unión Europea y Estados Unidos. Aunque sea un beneficio a corto plazo, ya que el riesgo de que se dispare el euro y el dólar contra las otras monedas, y a la vez se contraiga el crecimiento de los mercados de alto potencial, hace que todo el sistema entero vaya hacia la desaceleración.

¿Cómo se evita un sudden stop? Me dirán, con razón, que es mucho mejor no haber creado este enorme océano de liquidez artificial y de riesgo. Que hubiera sido mejor no hacer creer al mundo que cada año se creaba un billón de dólares de boleto de lotería para inflar activos. Pero ya está hecho. Ahora no es fácil, pero la mejor manera de evitar un susto en algún enorme país en desarrollo es precisamente hacer lo que está haciendo la Reserva Federal.  Meter el pie en el agua pero no mojarse mucho, decir que sí va a parar los estímulos y luego decir que no. Jugar, como decía Al Pacino en The Devil’s advocate (Pactar con el Diablo, de Taylor Hackford, 1997) a ser el “peor casero del mundo”. 

Estaremos atentos. Puede ser un susto manejable o una bola de nieve, pero no es irrelevante. Buen fin de semana.

El becario de la City y los progres del mundo

La progresía ya tiene un nuevo mártir –aunque involuntario, en este caso–, otra víctima del malvado capitalismo al que rendir pleitesía para justificar la bondad del estatismo. Se trata de Moritz Erhardt, un joven alemán de 21 años, becario del Bank of America en la City londinense, que fue hallado muerto en su habitación tras trabajar 72 horas seguidas sin descanso. La noticia ha recabado la atención de medio mundo, en parte debido a la sequía de información típica del mes de agosto y porque, sin duda, el hecho en sí resulta llamativo desde el punto de vista mediático. Basta observar el siguiente titular: Muere un becario del Bank Of America tras trabajar tres días seguidos.

"City", "Bank of America" y "muerte", tres conceptos cuya combinación arroja una conclusión simple y falaz, pero muy efectiva… El capitalismo mata. De hecho, la reacción inmediata de la inmensa mayoría de medios, analistas y lectores ha sido casi idéntica. Calificativos tales como "esclavismo", "explotación", "suicidios" o "infierno" han sido la tónica dominante para describir las inaceptables "condiciones inhumanas" que impone la City, emblema mundial de las finanzas, a sus sufridos empleados y, muy especialmente, a los incautos becarios que osen adentrarse en ella. La contestación cuasi unánime a este trágico suceso muestra hasta qué punto se ha extendido en Occidente el buenismo estatista propio del pensamiento único.

Lo primero que llama la atención es la relación causa-efecto que surge de forma automática a la hora de interpretar los hechos. A saber, tres días trabajando sin parar provocan la muerte. Quienes crean tal afirmación acaban de descubrir una nueva enfermedad mortal hasta ahora desconocida, resultado de la explosiva combinación de insomnio y exceso de trabajo. Y ello, a pesar de que el caso aún está siendo investigado. De hecho, todo apunta a que Erhard sufrió un ataque de epilepsia mientras se duchaba, siendo ésta la causa más probable del fallecimiento, pero dicha razón se ha mantenido en un segundo plano, cuando no ignorada, directamente. Muchos dirán entonces que el citado ataque fue provocado por el estrés y el agotamiento derivados de un horario imposible. No en vano, durante las escasas semanas de prácticas que los bancos de inversión ponen a prueba a sus aprendices, el horario habitual de trabajo ronda las 14 horas al día, llegando en ocasiones a enganchar una jornada con otra, en lo que en el mundillo se conoce como The Magic Roundabout -un taxi te lleva a casa a primera hora de la mañana desde la oficina, espera mientras te duchas y te mudas, y te conduce de vuelta al trabajo-.

Pero lo cierto es que trabajar 14 horas al día no es algo tan extraño entre ejecutivos, profesionales, autónomos y empresarios. En el caso concreto de la City, que emplea a casi medio millón de agentes, lo normal es entrar a primera hora de la mañana y acabar la jornada a las cinco o seis de la tarde, tras el cierre de mercados, pero, puesto que el dinero nunca duerme, siempre hay quien apura las horas para adelantar trabajo o acabar informes pendientes. Se trata de algo muy normal en este sector altamente competitivo, al igual que sucede en consultoras y grandes bufetes, entra otras muchas actividades donde la productividad no se mide en horas sino en la consecución de resultados.

¿Y el estrés? Por supuesto. La presión que sufren brokers y gestores es muy elevada, en sintonía con la responsabilidad de manejar miles de millones de euros cada día, sabiendo, además, que la mayor parte de su sueldo depende de las metas alcanzadas, pero no mayor de la que soporta un cirujano, abogado, directivo o cualesquiera trabajadores y empresarios que luchan día a día por salir adelante. En este sentido, cabe recordar que las muertes por estrés laboral están a la orden del día, no es algo exclusivo de la City y menos aún del cargo de becario, sino que forman parte de la vida misma.

De ahí que sorprendan sobremanera titulares en los que, por ejemplo, se asocia el término "suicidio" con la City de Londres, en un burdo intento por demonizar la meca de las finanzas, cuando el propio artículo admite en su interior que tan sólo cinco personas se arrojaron al vacío en los últimos cinco años –una al año– tras causar pérdidas a su empresa o sufrir un insoportable grado de ansiedad. Una cifra anecdótica, por no decir, simplemente, ridícula. Y es que, si la presión de la City fuera, realmente, tan mortal como se pretende transmitir a la opinión pública, casos como el del joven Erhard no serían noticia debido a su elevada frecuencia. La realidad de la banca londinense, por el contrario, es muy distinta al "infierno" que pretenden vender algunos.

En primer lugar, siendo el "esclavismo" el sometimiento de una persona en contra de su voluntad, la City es el mundo opuesto. Los que allí trabajan acuden voluntariamente, tras superar durísimos filtros de selección, siendo perfectamente conscientes de la exigencia y sacrificio que requiere dicha profesión, bien porque les apasiona su trabajo bien por el deseo de ganar mucho dinero o, lo que es más habitual, la combinación de ambas cosas. Miles de becarios, procedentes de todo el mundo y con una excelente cualificación académica, aspiran cada verano a ocupar uno de los codiciados puestos en prácticas que ofrecen los tan denostados bancos de inversión… ¡Y lo hacen voluntariamente! Su sueño profesional es trabajar en la City, siendo muchos los que se quedan fuera. No en vano, se estima que tan sólo existe un puesto por cada 55 candidatos, siendo pocos los afortunados que logran meter la cabeza en la élite financiera tras superar numerosos y muy exigentes filtros de selección. Lo cierto es que quienes tanto critican este trabajo, seguramente, jamás podrían optar a él por mucho que quisieran.

Y si nadie les obliga a entrar en la City, sino que compiten duramente por conseguirlo, ¿cómo es posible que, una vez dentro, los principiantes se dejen explotar de forma tan vil y miserable por sus jefes? En primer lugar, los superiores suelen trabajar tanto o más que sus subordinados, puesto que ostentan una responsabilidad –y una presión– mayor; por otro lado, que se tilde de "explotador" (abusar de algo o alguien) uno de los puestos más demandados y mejor remunerados del mundo resulta no sólo contradictorio sino, directamente, absurdo. Los sueldos fijos en el sector oscilan entre los 40.000 y los 200.000 euros al año, más el correspondiente bonus en función del cumplimiento de objetivos. El fallecido Erhardt, sin ir más lejos, cobraba casi 3.000 euros al mes como becario, el triple que cualquier español medio, y en un año más o menos normal un principiante se puede embolsar de 100.000 a 150.000 euros extra. En total, los novatos de la City pueden ganar en un año lo que un trabajador normal en diez, y en diez mucho más de lo que éste último ingresa en toda su vida laboral. Tanto es así que muchos optan por retirarse antes de cumplir los 40 años, tras acumular una pequeña fortuna. Una explotación laboral "inhumana", sin duda…

Por último, se obvia que las condiciones laborales de la City son completamente flexibles. Los contratos otorgan al empleado un amplio margen para organizar a su gusto el horario laboral o la forma de trabajar. En el caso concreto de Erhard, nadie le obligó a trabajar 72 horas seguidas, lo hizo motu proprio. Se trabaja muy duro, sin duda, bajo una fuerte presión y durante muchas horas, pero todos los que optan a tales puestos son conscientes de ello, saben a lo que se enfrentan. De hecho, casi un tercio abandona al poco tiempo de entrar debido a las elevadas exigencias del cargo. "No es para mí", admiten.

Así pues, la progresía mundial denuesta la City empleando como excusa la triste muerte de un becario para, de este modo, justificar sus intolerables intervenciones estatales, cuando, en realidad, trabajar en la banca de inversión es la gran meta profesional, libre y conscientemente escogida, de decenas de miles de brillantes jóvenes. El fallecimiento de Erhard es una tragedia, sí, como tantas otras que son fruto de la imprudencia o una débil salud, no de una sádica industria financiera obsesionada con explotar a sus trabajadores hasta la muerte… La enorme puerilidad que denota este discurso progre sirve de base a los socialistas para seguir tratando al individuo como a un niño o, lo que es peor, un imbécil incapaz de tomar decisiones por sí mismo, justificando con ello la necesidad imperiosa del paternalismo estatal.

De expertos, titulitis e intervencionismo

Cuando inventen el Nobel de Creatividad se lo van a dar a algunos políticos españoles, no me cabe la menor duda. En Madrid, por ejemplo, tenemos a auténticos lumbreras ordenando nuestras vidas. Bendita sea la democracia representativa. Hace un par de años tuvieron la brillante idea de poner multas de hasta 750 euros a quienes hurgaran la basura. No tengo muy claro si la estrategia pretendía ser disuasoria o recaudatoria pero dudo que en cualquiera de los dos casos tuviera mucho éxito. Cuando uno se ve en la necesidad de hurgar en la basura es muy poco probable que disponga de esa cantidad de dinero para hacer frente a la multa. Probablemente le importe muy poco que le multen. También hay quien no hurga por necesidad sino por afición. Conozco a muchas personas que han restaurado y reutilizado muebles y objetos de lo más variado que otras personas habían decidido desechar.

La última ocurrencia de que tengo noticia se ha conocido esta misma semana y se prevé que entre en vigor el próximo mes de octubre. (Por favor, no siga leyendo si está usted en la oficina o en una biblioteca, pues es muy probable que lo que viene a continuación le arranque una carcajada). Leo en La Vanguardia: “El Ayuntamiento de Madrid convocará el próximo mes de octubre las “pruebas de idoneidad” que deberán superar los músicos para tocar en las calles y plazas del distrito Centro (…) A falta de cerrar el texto, la prueba de idoneidad, que incluirá una audición y la presentación de un currículum, pretende fundamentalmente conocer qué tipo de espectáculo desarrolla el aspirante a la autorización. (…) La Junta quiere comprobar que se trata de una actividad musical "real" y no de una forma cualquiera de obtener unas monedas.”

Esta gente no sabe que uno difícilmente sobrevive tocando en la calle si no tiene un mínimo talento. Y aunque no lo tuvieran, si hay gente dispuesta a darles dinero, están en su derecho de hacerlo, que para eso es suyo (al menos el 40% que les queda después de pasar por la caja estatal). Incluso si quieren darle dinero a alguien que no está tocando ningún instrumento, también pueden hacerlo. Se llama altruismo, caridad, compasión. Y egoísmo, claro, porque el altruista en el fondo lo que busca es sentirse bien consigo mismo y lo consigue cuando sabe que ha hecho algo por alguien.

No quiero ni pensar en quiénes serán esos “expertos” encargados de hacer las audiciones a los aspirantes a músico callejero. Recuerdo al editor que rechazó el manuscrito de “El Alquimista” de Paulo Coelho. “Fue un baño de humildad”, me dijo. Y espero que a estos les pase lo mismo, que sean capaces de reconocer que ellos no son nadie para juzgar a nadie, porque al músico callejero quien lo juzga es la calle, la gente que pasa por su lado y decide darles o no dinero, sonreírles o mirarles mal o ignorarles.

Muchas personas han sido parte activa y fundamental en el progreso de la humanidad precisamente porque se alejaron de las normas establecidas o porque experimentando en campos ajenos hicieron descubrimientos importantes. Con ordenanzas como éstas no habríamos llegado muy lejos.

John Caldwell Holt decía que quien posee un certificado de capacitación pedagógica no está capacitado para enseñar. Probablemente tenía razón y probablemente su tesis se puede extrapolar a muchos otros ámbitos. No hay nada más peligroso que colgarse la etiqueta de “experto”, sobre todo si se la adjudica uno mismo.

Los verdaderos culpables de la crisis

Seis años después de que estallara la crisis, “los culpables” andan sueltos con absoluta impunidad, motivo que ha conducido al justiciero Obama a tratar de enchironarlos. No se han filtrado detalles, pues en esto pesa más la forma que el fondo, pero todo apunta a una ofensiva contra Wall Street: es decir, contra los bancos comerciales que financiaron el desaguisado de la burbuja crediticia, contra los bancos de inversión que colocaron la basura de los anteriores por todo el mundo, contra las agencias de calificación que vistieron a la mona de seda o contra las aseguradoras financieras que asumieron una mayor exposición a los riesgos crediticios de lo que podían soportar.

Desde luego, todos ellos son culpables de inflar la oferta de crédito muy por encima de los niveles de ahorro que había detrás de ese crédito: a saber, todos ellos son culpables de abaratar artificialmente el crédito para inducir a familias y empresas a demandar más préstamos de los que habrían demandado a un coste financiero más alto y más realista. Sucede, sin embargo, que los mismos motivos que empleamos para cargar contra los oferentes de crédito también podríamos usarlos para reputar culpables a los imprudentes demandantes de crédito, es decir, a las familias y empresas que se aprovecharon del clima de tipos de interés artificialmente bajos para adelantar su consumo futuro o para sobredimensionar la escala de sus operaciones. ¿Los perseguirá a todos ellos Obama o se concentrará en un par de chivos expiatorios que le permitan hacer como que hace?

Y es que, al final, todos aquellos que, de buena o de mala fe, se sumergieron en la orgía crediticia son responsables del desaguisado derivado de lo misma. Por supuesto, esto no significa ni que todos hayan cometido actividades delictivas ni que nadie lo haya hecho. Es evidente que la burbuja de crédito barato ha convivido con fraudes, engaños, estafas y desfalcos varios, por todo lo cual sus brazos ejecutores deberían ser perseguidos. Pero sí significa que la inmensa mayoría de las actividades que contribuyeron a alimentar y disparatar la burbuja de crédito barato no tuvieron nada de delictivas y que, por consiguiente, si queremos ir más allá de un simple ajuste de cuentas extemporáneo y evitar que se repitan episodios tan devastadores como los que estamos sufriendo, habrá que buscar sus causas y sus culpables últimos; es decir, aquellos que ponen los medios para que los bancos privados ofrezcan demasiado crédito demasiado barato.

Los privilegios estatales de la banca

La banca privada –como cualquier otro agente económico– es una industria que tiene fortísimos incentivos a endeudarse a corto plazo y prestar a largo plazo. Los tipos de interés que se abonan por la deuda a corto son generalmente mucho más reducidos que los de la deuda a largo, lo que posibilita efectuar un cierto arbitraje entre ambos. Si el banco concede una hipoteca a 30 años a un tipo fijo del 6% financiándola con un depósito a tres meses (o con un repo a un día) por el que paga un tipo anualizado del 1%, las ganancias son más que evidentes y atractivas. Además, el trasvase de capital desde el corto al largo plazo permite reducir los tipos a largo plazo, permitiendo que se endeude una nueva hornada de potenciales clientes satisfechos con las más laxas condiciones de financiación.

Como digo, la tentación de arbitrar tipos de interés de distinto plazo no es un vicio exclusivo de la banca: cualquier empresa privada –o cualquier familia– estaría deseosa de financiarse a corto plazo con tal de minorar su coste financiero. La diferencia entre las familias y las empresas, por un lado, y la banca, por otro, es que las primeras caerían pronto en suspensión de pagos si optaran por hiperapalancarse a corto plazo. Pero la banca no: pese a que sus fuentes de financiación son depósitos a la vista o a corto plazo, repos o bonos de escasa duración y pese a que sus activos están repletos de activos a largo plazo, la muy maldita no termina de suspender pagos. ¿Cómo es posible? ¿Acaso ha sido bendecida la banca con una habilidad sobrenatural para gestionar su liquidez con la que no cuentan ni familias ni empresas?

No, el asunto es bastante más sencillo: los bancos han ido acumulando, año tras año, crisis tras crisis, una montaña de privilegios concedidos por el Estado, y es esa montaña de privilegios la que les concede margen de maniobra para su exuberancia crediticia. Por un lado, los pasivos a la vista de la banca (depósitos a la vista) cuentan con el aval implícito del Tesoro, lo que incentiva a los acreedores del banco (depositantes) a que se despreocupen por entero de su liquidez y de su solvencia: ¿para qué exigir el repago de los depósitos si, en cualquier caso, el contribuyente terminará apoquinando? Por otro, aun cuando los depositantes acudieran en masa a retirar sus fondos del banco, éste podría dirigirse al banco central de turno para solicitar una refinanciación, en cuyo caso lograría evitar nuevamente la suspensión de pagos; pues, para más inri, el banco central ya no se ve forzado a pagar sus deudas en oro y, por tanto, posee un margen infinito para refinanciar a cualquier deudor. ¿Hay alguna otra industria cuyos pasivos se vean protegidos contra la insolvencia y la iliquidez por las autoridades estatales? No: de ahí que la banca ostente una posición privilegiada (gracias al Estado) dentro del entramado financiero actual que le permite expandir y abaratar tanto el crédito como sus demandantes solventes se lo requieran. La financiación familiar y empresarial deja de estar limitada por la disponibilidad de capital y pasa a estarlo sólo por la calenturienta imaginación faraónica del banquero de turno.

El problema, por consiguiente, reside en que el Estado ha abortado todos los mecanismos con los que sí contaría el mercado para poner coto a la imprudencia financiera de los agentes económicos: las corridas bancarias y el riesgo cierto de suspender pagos. Es más, el Estado incluso ha promovido esa masiva imprudencia financiera cuando le ha convenido políticamente, empujando al banco central a bajar los tipos de interés del mercado interbancario con el objetivo de inducir una nueva burbuja de crédito: por ejemplo en 2001 (cuando la Fed, primero, y el BCE, después, colocar sus tasas de interveción en mínimos históricos) o por ejemplo ahora mismo con los reiterados Quantitative Easings. ¿O cuál creen que es el propósito de esas flexibilizaciones cuantitativas salvo la de inducir un abaratamiento del coste de financiación de la economía estadounidense y facilitar así una nueva ronda de endeudamiento y de pelotazos crediticios?

Si Obama quiere perseguir a los culpables de la crisis, lo tiene muy sencillo: puede comenzar por cerrar la Reserva Federal y el FDIC, por colocar entre rejas a sus presidentes pasados y presentes tras inhabilitarles para el ejercicio de cargos públicos y privados, y por no rescatar a los bancos privados que incurran en prácticas financieras imprudentes (todos). Si no lo hace, si en lugar de ello sigue mareando la perdiz y desenfocando la naturaleza de los auténticos problemas de fondo, si reduce todos los desequilibrios a una mera cuestión de malas aptitudes personales por parte de unos equipos gestores demasiado codiciosos en lugar de a una pésima e inflacionista configuración de todo el entramado sistema financiero, acaso sea porque él es en estos momentos el principal cómplice de unos verdaderos culpables que no desean ser descubiertos. Cortina de humo, se llama.

Ágnes o el derecho a parir en libertad

No se trata de defender el parto en casa frente al parto hospitalario, ni de defender el parto natural frente al parto intervenido. Lo que defendemos es mucho más sencillo aunque, irónicamente, mucho más complicado de conseguir a la hora de la verdad: el parto respetado. Tener el poder de la información no sesgada y la libertad de elegir. Las mujeres cuyas elecciones se acercan más al protocolo hospitalario oficial tendrán, probablemente, el parto que han querido. Pero para las que no quieren todo eso la cosa se complica. Y se complica especialmente si quieren parir en casa.

Ágnes Geréb luchó por que los hombres pudieran estar presentes en los partos de sus hijos. Después luchó por que las mujeres pudieran parir en casa. Formó a muchos profesionales de la salud e informó a muchas mujeres para que pudieran decidir con fundamento. Ayudó a poner el foco de atención sobre el excesivo e innecesario intervencionismo en los partos, cambió la concepción del embarazo y el parto como enfermedades y denunció la proliferación de prácticas que suponen actos de violencia obstétrica.
 

Acompañó el nacimiento de más de 9000 niños en 32 años. Nueve mil. Lo hizo porque es su vocación, porque tiene fe en las mujeres y en la libertad. Pero un bebé murió y la licencia le fue retirada. Ella sabía cuál es su propósito en la vida y no fue capaz de ignorar las llamadas de todas esas mujeres que le pedían que asistiera sus partos. Así que siguió trabajando sin licencia. Entonces otro bebé murió y Agnes fue detenida y encarcelada. No vaya a ser que ayude a nacer a otros nueve mil niños. Tiene un doctorado en Medicina, es especialista en obstetricia, graduada en psicología y comadrona certificada. Las mujeres quieren parir con ella. Las que lo han hecho la adoran. Así que se han organizado y han llevado su caso al Tribunal de Estrasburgo.

Las autoridades húngaras aplican su doble rasero, que es ya un clásico imprescindible en cualquier estado que se pretenda “del bienestar”. Si un bebé muere en un parto hospitalario es porque hay cosas que son inevitables, se hizo todo lo que se pudo pero no somos dioses. El médico no es arrestado, no se le retira la licencia y no se le encarcela sin un juicio justo. Pero si un bebé muere en un parto en casa hay que arrestar a la matrona, impedir a toda costa que siga trabajando. Si quien muere es la madre, entonces hay que prohibir y demonizar los partos en casa y volver al protocolo sanitario, a la barbarie que hace que miles de mujeres se sientan violadas en lo que debería ser uno de los momentos más poderosos de su vida. Hay que meterles el miedo en el cuerpo para que sean ellas mismas las que elijan el parto hospitalario e intervenido; hacerles creer que necesitan todo ese protocolo que incluye rasurado, enema, oxitocina, inmovilización, epidural y episiotomía para tratar de parir en la posición más cómoda para el médico y más complicada para la madre y para el bebé. Les hacen creer que es por su bien, por su seguridad y la de su hijo. No hay nada más fácil que inculcar el miedo en una mujer embarazada que haría cualquier cosa por salvar la vida del hijo que va a nacer. Por eso permitimos los abusos. Por eso permitimos que nuestros hijos pasen sus primeras horas en este mundo en manos de los médicos y no sobre nuestra piel. Que Ágnes siga encarcelada da la medida del nivel de irracionalidad de este sistema perverso que calladamente alimentamos.

http://www.freeagnesgereb.com/take-action/

http://www.elpartoesnuestro.es/

http://www.doctorsantos.com/p/parto.html