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‘Fracking’ sí, por favor

 "Spain must be very rich or very stupid to reject oil and gas investments"

La energía es esencial para el crecimiento, pero debe ser competitiva, barata y abundante. El gas pizarra –shale gas– cumple las tres condiciones. En la Unión Europea lo de barata lo hemos olvidado y nos hemos disparado un tiro en el pie consiguiendo algo que parecería casi imposible: tener una energía más cara que otros países que importan más materias primas que nosotros. ¿Cómo? Hundiendo nuestra competitividad con enormes subvenciones -casi un 1,5% del PIB de la Eurozona- a todo tipo de tecnologías, alcanzando el objetivo inimaginable de tener una sobrecapacidad cercana al 30%, pero a la vez un coste inaceptable. Ineficiente, caro y de baja competitividad.

Según Eurostat, el precio medio de la electricidad y el del gas para los hogares en España se encuentra entre los seis más altos de la Unión Europea. Nuestra factura, además de unos impuestos enormes, incluye grandes costes fijos por mantener tecnologías, tanto las obsoletas como las nacientes, creadoras de sobrecapacidad y costes regulados que solo suben.

Pero, además en Europa la electricidad, según el presidente de la CE, Barroso, es un 50% más cara que en EEUU y el gas industrial, casi un 75% superior. Estados Unidos es autosuficiente en gas e importa menos petróleo que en 2007, y va camino de autoabastecersecomo vengo comentando en esta columna desde hace tiempo.

Desde que la revolución del fracking -fractura hidráulica- comenzó, el precio del gas en EEUU ha caído más de un 44%, mientras en Europa subía un 23% de media. Eso es un estímulo de verdad. No es una cuestión irrelevante. El coste de la energía supone casi el 30% de los costes totales de las industrias en Europa.

Podemos rompernos la cabeza echando la culpa a las renovables, al carbón o a la nuclear, unos y otros, que la realidad del problema es que en Europa y España no se permite la sustitución, la competencia y el desarrollo de fuentes de energía barata. No solo tenemos que dejar que funcione el mercado y que caigan las tecnologías obsoletas, como ha ocurrido con empresas de carbón, solar o viento ineficientes en EEUU. Tenemos que generar energía barata. El fracking, amigos míos, es la mayor fuente de mejora de competitividad de la economía americana (lean aquí), no imprimir moneditas.

No vale decir que una tecnología "es barata" si no consideramos todos los costes que genera, incluidos los subsidios y primas. Es engañar. Lo que importa es tener una factura final baja. Y el destrozo a la competitividad que estamos llevando a cabo mata las posibilidades de crecer y recuperar actividad industrial, puesto que las empresas se van a países más baratos.

Prohibir el fracking -la fracturación hidráulica para extraer gas- es suicida.

– La tecnología está probada y se desarrolla de manera eficiente y segura en más de 10.000 pozos anuales en EEUU. Antes de que se lancen a contarme historias de miedo de documentales -desmontados- como ‘Gasland’, y para los que quieran entrar en detalle sobre todos los riesgos y las aclaraciones a los miedos infundados, les recomiendo mi artículo con preguntas y respuestas sobre el fracking aquí.

– Ahorraría a Europa 900.000 millones en su objetivo de reducir importaciones y emisiones de CO2 a 2050 combinado con aquellas energías renovables que ya no necesitan subvención.

– En EEUU ha creado 76.000 millones de PIB y 600.000 puestos de trabajo. En Europa se estiman reservas suficientes para cubrir 90 años de demanda (156tcm de reservas de gas pizarra). En España, casi 40 años. Por supuesto, esa cifra aumenta con las mejoras de productividad, como hemos visto en EEUU. Inversiones de decenas de miles de millones que no necesitan primas, subvenciones ni historias. 

 

Europa depende en gran parte del gas ruso en invierno… pero parece preferir el riesgo de desabastecimiento si vuelve a enfadarse el Kremlin a desarrollar sus reservas de gas pizarra.

España importa casi el 55% de su gas de Argelia y depende, para tener flexibilidad, de países que cobran por su gas precios muy superiores a lo que costaría el gas pizarra. Incluso asumiendo un coste que duplicase al gas americano, $8/mmbtu, el gas nacional seguiría siendo mucho más competitivo. Casi un 40% inferior al gas licuado importado.

En España tenemos importantes reservas de gas pizarra, concentradas en regiones afectadas por un paro cercano al 30%, y que necesitan como el agua recibir inversiones y crear empleo. La industria del petróleo no solo atrae inversiones sin subvenciones, sino que crea empleo cualificado, además de traer extranjeros expatriados de alto poder adquisitivo. El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas ha realizado un excelente informe que merece la pena leerse.

 

Competitividad, un objetivo posible… con energía barata

Decía un gestor en la conferencia global de Goldman Sachs del martes pasado que "Europa decidió intentar importar menos gas y petróleo subvencionando energías que cuestan el equivalente a $180/barril, y hoy no solo importa más, sino que lo que produce es más caro". Y no me hablen de crear "industrias y tecnologías nacionales" cuando importamos la mayoría de paneles solares y turbinas de China, Alemania y EEUU.

El coste en energía es todo

Algo muy bueno debe tener el fracking cuando entre los grupos que más lo atacan se juntan las empresas carboneras, los gasistas rusos y los sectores subvencionados. Porque son los que sufren si bajan los precios del gas y se desarrolla a gran nivel.

Sí, hay que monitorizar y regular los aspectos medioambientales, pero eso se hace desde la colaboración con la industria, permitiendo la innovación, no prohibiendo. Todo tiene riesgo, pero exagerarlo es rídiculo. Sorprende, por ejemplo, la vehemencia anti-fracking de gente que defiende con uñas y dientes a la minería de carbón. Si por ellos fuera, no tendríamos ninguna industria, que también tiene "riesgo". Y para ellos, el consumo de tierras raras para sus electrodomésticos no importa, porque si contaminase lo haría en China. Que se fastidien. Hoy en EEUU ya hay empresas que ofrecen fracking sin agua -con gas- y se usa agua reciclada de manera masiva. Los reguladores medioambientales norteamericano, polaco y británico lo certifican cada mes.

Hay que seguir apostando por las tecnologías punteras. Todas. Como hace EEUU. Permitiendo la sustitución, no dando subvenciones y primas, sino deducciones fiscales –tax credits-, haciendo que sea el mercado el que determine si una tecnología es valida o no, así se previenen los ‘efectos llamada’ falsos de regulaciones excesivas y se evita la sobrecapacidad. Mostrando al consumidor el verdadero coste de la energía, no escondiéndolo en una tarifa que difiere los costes reales al infinito -como el déficit de tarifa español-…Y, por supuesto, dejando que quiebre el ineficiente.

No se puede sustituir el consumo de gas y petróleo al 100% por energías renovables. Por coste, tanto de subvenciones como por la enorme inversión necesaria en redes, que todo va a su factura. Mientras se siguen desarrollando alternativas que no cuesten hoy los ahorros de dentro de cien años, tenemos la obligación de desarrollar nuestros recursos naturales, como hace el Reino Unido, China, Australia o EEUU.

Decir que los americanos son tontos por crear riqueza y aprovechar de manera exitosa sus recursos naturales, o mejor aún, decirles a empresas petroleras privadas multinacionales que sus negocios son una burbuja y "no son rentables" -se lo juro- es de una petulancia y paternalismo de nuevo rico que no nos podemos permitir.

España necesita inversión y crear empleo ya. Rechazar capital es un lujo que no nos podemos permitir. Escondernos en el "no en mi jardín" subvencionando costes inaceptables esperando que algún día la demanda crezca y nuestro bolsillo lo pague, solo nos hunde más en el agujero de desindustrialización y falta de competitividad en el que estamos. No nos dejemos llevar por historias de miedo y soluciones mágicas. Tenemos soluciones en casa. Buen fin de semana.

Bachelet y la tentación chavista

La campaña para la elección presidencial chilena de finales de año está tomando un rumbo preocupante. Como una forma de enfrentar una serie de dificultades en el lanzamiento de su candidatura, Michelle Bachelet está dando un peligroso giro hacia el chavismo que puede terminar tensionando la sociedad de una manera que no se había experimentado en décadas.

A su regreso al país, a fines de marzo, la candidata socialista apostó por prolongar ese silencio ambiguo que parecía ser la fuente mágica de su popularidad. Y esto era indudablemente cierto. La popularidad de Michelle Bachelet se alimentaba de un silencio que le permitía a quien lo quisiese proyectar en ella sus aspiraciones y deseos. El silencio de Bachelet se llenaba así de otras voces, por más contradictorias que fuesen entre sí.

La estrategia del silencio era parte de un mensaje en que la candidata aparecía como un ser providencial, una especie de mito viviente que bajaba de sus alturas olímpicas conmovido por el clamor de su pueblo. Si algo quedaba claro era que Bachelet estaba apostando por una forma personalista de definir su campaña, con fuertes ribetes populistas en cuanto buscaba una relación directa y plebiscitaria con el pueblo. Así las cosas, trató de colocarse por sobre los partidos, sin siquiera aceptar que personeros políticos destacados participasen en el recibimiento que se le hizo a su regreso.

Pero el encanto del silencio y del mito no podía durar. Se basaba en un error fundamental, en no entender que la cercanía mata la ilusión y que los mitos no aterrizan. Al poco, su silencio la puso a la defensiva frente a los emplazamientos cada vez más comunes sobre su gestión anterior: su imperdonable falta de liderato frente al terremoto y el tsunami del 27 de febrero de 2010, su incapacidad de poner coto a los abusos en la educación superior o en el mundo financiero, la mediocridad de sus logros en el combate contra la pobreza y la desigualdad.

Finalmente estalló el escándalo de los supuestos exonerados políticos, que involucra a Bachelet y al conjunto de la izquierda chilena. Se trata de una malversación masiva no sólo de fondos públicos sino, lo que es peor, de aquel amplio y generoso sentimiento ciudadano de solidaridad con las víctimas de la dictadura que ha imperado en el Chile democrático. Con ello se hundía la retórica de Bachelet contra el abuso ("No más abusos" fue su consigna inicial) y, más en general, la superioridad moral de la izquierda.

Ante este escenario desfavorable, la opción de Bachelet ha sido tomar una deriva chavista que puede costarle caro a Chile. Su gran caballo de batalla ya no es la lucha contra el abuso o por más igualdad, sino un desafío frontal a la institucionalidad vigente concretado en su promesa de una nueva Constitución, aunque para lograrlo deba recurrir a la convocatoria ilegal de un plebiscito que le abra las puertas a una Asamblea Constituyente.

En una entrevista reciente afirmó: "Yo no le cierro la puerta a ninguna opción", incluida la de salirse de los marcos de la Constitución vigente. Agregó que el camino elegido "va a ser una vía chilena, no va a ser una vía copiando a nadie de ningún otro país"; es decir, será una versión chilena del chavismo, tal como algún día se enarboló la vía chilena al socialismo.

Aún más explícito fue Fernando Atria, uno de los miembros de la comisión por una nueva Constitución creada por Bachelet, al decir: "el problema constitucional chileno es algo que tendrá que resolverse por las buenas o por las malas".

Son malas noticias para Chile. El populismo de los caudillos mesiánicos que se sienten por sobre la ley es un viejo mal latinoamericano que siempre se ha pagado muy caro. Como recientemente dijo Mario Vargas Llosa comentando "cierto extremismo retórico" de los últimos pronunciamientos de Bachelet: "Desde luego, si Chile retrocede hacia alguna forma de chavismo sería una catástrofe no solo para los chilenos sino para toda América Latina".

Las verdaderas lecciones sobre Grecia

Siempre que el FMI habla, sube el pan. Y lo hace aun cuando casi nadie escucha lo que en realidad está diciendo. Como máximo representante del neoliberalismo salvaje –por mucho que se trate de una burocracia internacional creada por Keynes, alimentada con el saqueo de los contribuyentes y cuyo cometido esencial es el de rescatar a gobiernos manirrotos para que sigan despilfarrando– cumple su función social dentro del marco dominante del pensamiento único estatista proporcionando tendenciosos titulares de prensa que, casualmente, permiten cargar contra el libre mercado pero jamás terminan de ser lo bastante contundentes como para proceder al muy necesario cierre del Fondo.

Ya sucedió con el famoso ‘paper’ del economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, donde si bien reconocía errores de cálculo a la hora de anticipar los efectos contractivos de la austeridad, también admitía que no existía alternativa a los ajustes fiscales. Ciertamente, no estoy diciendo que el FMI tenga razón por el hecho de ser el FMI (debería, ciertamente, existir una presunción de lo contrario), sino que claramente resulta sesgado resaltar la primera parte de la información y ocultar la segunda. Pues bien, el mismo patrón de desinformación se ha vuelto a reproducir con la reciente publicación del informe de evaluación de la asistencia financiera proporcionada a Grecia desde 2010.

La mayor parte de los medios han titulado con aspavientos que el FMI reconoce que subestimó el impacto de la austeridad en Grecia y que habría sido preferible que Grecia contara con una mayor asistencia financiera de sus socios comunitarios para minimizar los ajustes. No es que la exposición sea absolutamente falsa –bien sabido es que una media verdad resulta mucho más efectiva que una falsedad absoluta– pero desde luego oculta buena parte del razonamiento y de las conclusiones.

El informe del FMI sobre Grecia

De entrada, el FMI expone que el modelo de crecimiento de Grecia durante los primeros años del siglo XXI era del todo punto insostenible. El crédito barato permitió basar su ‘boom’ económico “sobre enormes déficits fiscales financiados con crédito extranjero que permitieron que el gasto del país se situara por encima de su producción”. Sólo es necesario constatar que el gasto público se duplicó entre el año 2000 y el 2008 (pasando de 63.000 millones de euros a 117.000) gracias a unos déficits públicos que en 2008 alcanzaron el 10% y que, a su vez, se sufragaban con un endeudamiento exterior que incluso superó al español (el déficit exterior en 2007 y 2008 rozó el 15% del PIB). En suma, Grecia era un país que producía mucho menos de lo que consumía y que por tanto no paraba de endeudarse con sus acreedores extranjeros para mantener un insostenible tren de vida. Sí, a lo loco se vivía mejor, pero las locuras terminaron con la crisis.

Habiendo alcanzado en 2009 una ratio de deuda del 130% sobre el PIB y contando con el mismo modelo de ‘crecimiento’ asentado en el pelotazo crediticio, parece claro que el país estaba condenado y que jamás podría devolver todo aquello a lo que se comprometió. De ahí que los acreedores extranjeros comenzaran a retirarle la financiación y que Grecia estuviera a punto de caer en 2010 en suspensión de pagos. Fue aquí donde comenzaron los errores: la Troika se obsesionó con evitar que Grecia quebrara (debido a la reciente mala experiencia con Lehman Brothers) e iniciaron un plan de salvamento dirigido a estabilizar al país saneando sus finanzas. Sólo había un problema: la magnitud del desequilibrio presupuestario era tal que, simplemente para cuadrar las cuentas antes de proceder al pago de los intereses (equilibrio primario), se requería un ajuste de 14,5 puntos de PIB.

Debería haber resultado evidente que un ajuste de esta magnitud por necesidad tenía que hundir el PIB en medio de una depresión internacional. Eran habas contadas: alrededor del 15% de todo el gasto del país se financiaba con deuda (no con producción) y tocaba proceder a desenganchar al drogadicto de esa adicción. A menos que repentinamente el sector privado griego comenzara a crecer a tasas irrealmente elevadas (rellenando con producción el hueco dejado por dejar de gastar a deuda) era inexorable que el PIB se hundiera. Es como si uno se acostumbra a vivir con un crédito bancario por el que gastan mes a mes un 20% más de lo que ingresa: obviamente, cuando ese crédito laxo desaparezca, su gasto mensual se hundirá a menos que encuentre un empleo complementario que le permita aumentar su salario mensual un 20%. Siendo el ajuste imprescindible (el país nunca fue rico sino que vivía de la deuda), no habría estado mal presentar estimaciones más realistas sobre el crecimiento y el empleo (aun cuando el ajuste hubiese seguido siendo igual de inaplazable con otras estimaciones: o, en palabras del Fondo, “en cualquier caso, una depresión profunda resultaba inevitable”).

Pero el FMI se empeñó en afirmar que un ajuste de casi 15% en las finanzas griegas simplemente iba a generar una caída del gasto total del 5,5% hasta 2012, cuando finalmente ha sido del 17%. ¿El motivo de que la caída fuera 12 puntos superior a la estimada? Pues el que hemos dicho: “Parte de la contracción no estuvo relacionada con el ajuste fiscal, sino más bien con la ausencia de crecimiento en el sector privado derivado del aumento de la productividad y de la mejora en el clima inversor que se esperaba que resultara de las reformas estructurales”. Vamos, que pasar de una economía privada esclerotizada y ‘deudómana’ a una productiva basada en el ahorro interno no se logra en un santiamén. ¿Por qué, entonces, el FMI presentó estimaciones tan irreales de los efectos del ajuste? Pues porque eran necesarias para engañar a todo el mundo de que la situación financiera griega podía reconducirse sin una quita sobre su deuda. ¿Y por qué quería engañar a todo el mundo? Para que los tenedores extranjeros de deuda griega (bancos alemanes y, sobre todo, franceses) tuvieran tiempo para desprenderse de ella, traspasándosela al contribuyente europeo. El propio FMI lo reconoce: “El retraso [en la quita de deuda] proporcionó una ventana a los acreedores privados para que redujeran su exposición a Grecia y le trasladaran sus pasivos a manos gubernamentales”.

Errores y lecciones

El primer error fue rescatar a Grecia; el segundo error, fue rescatarla sin imponerle desde un comienzo una quita de caballo, dado que a todas luces tal carga de deuda resultaba impagable (al menos, sin proceder a privatizar los milmillonarios activos estatales que posee el país o sin transformar de arriba abajo el modelo de Estado griego, algo que ni siquiera se planteó). De nuevo, el FMI reconoce, a toro pasado, este segundo error: “El no haber afrontado el problema de deuda pública desde el comienzo ha creado incertidumbre sobre la capacidad de la Eurozona para resolver el problema y ha agravado la contracción. Una quita inicial habría sido mejor para Grecia, si bien no resultaba aceptable para sus compañeros de la Eurozona”.

Tercer error: si bien el ajuste presupuestario de caballo y la ulterior depresión eran inevitables, la manera lógica de afrontarlo era exclusivamente por el lado del gasto público. Si el Estado se había sobredimensionado durante la burbuja, qué menos que volver a meterlo en vereda. Pero no, la mitad del ajuste se realizó subiendo impuestos, lo que machacó todavía más a un sector privado que debía reestructurarse para volver a generar riqueza lo antes posible: “La gestación del déficit durante la década que comenzó en el año 2000 fue casi enteramente debida a un aumento del gasto público. Cabe cuestionar la numerosa presencia de medidas dirigidas a aumentar los ingresos dentro del programa de asistencia financiera”.

Con todos estos matices, el FMI concluye que “las políticas adoptadas han sido a grandes rasgos correctas”. Por mi parte, no coincido con el FMI, pero sus opiniones no deberían presentarse de manera sesgada e interesa. A mi entender, el informe del FMI da la razón a lo que muchos veníamos repitiendo desde hace tiempo: no hay que rescatar a ningún Estado, sino que éste tiene que afrontar las consecuencias de su propia irresponsabilidad; Grecia nunca estuvo dispuesta a acometer el duro ajuste financiero que era necesario para evitar el default, de manera que las quitas resultaban indispensables desde el comienzo; y, sobre todo, los imprescindibles ajustes presupuestarios han de hacerse bajando el gasto y no subiendo impuestos. Nada de ello evitará que el PIB caiga –porque, señores, el PIB tiene que caer cuando se lo ha estado cebando con deuda y un país ya no es capaz de devolver esa deuda–, pero sí minimizará el tiempo de reestructuración y asignará las pérdidas a aquellos que las merecen.

La Troika, sin embargo, optó por solventar el problema griego a la muy estatista manera: no dejando que el mercado actuara (quiebra y reducción del gasto), sino socializando las pérdidas de la banca europea invertida en Grecia entre todos los contribuyentes europeos y apretándole las tuercas al sector privado griego con impuestos mucho más altos. Un disparate estatista injusto e ineficiente. Ahora bien, lo más inquietante son los paralelismos en las maniobras de la Troika para con España: rescatarla, dar tiempo a los bancos europeos para que liquiden sus posiciones, y ‘sablar’ a impuestos a los españoles para efectuar gran parte del imprescindible ajuste. Aprendamos de Grecia: cerremos toda línea artificial de rescate (especialmente la OMT) y evitemos la suspensión de pagos recortando exclusivamente gastos.

Erdogan, en el disparadero

Turquía vive su segunda semana de protestas ciudadanas, desde que el 27 de mayo un grupo de manifestantes realizara una sentada contra los planes urbanísticos del Gobierno para remodelar la plaza Taksim, en la parte europea de Estambul. Lo que comenzó siendo una manifestación de enfado contra el Ejecutivo por su decisión de acabar con una importante zona verde de la ciudad sin contar con la opinión ciudadana ha desembocado en una oleada masiva de disturbios que tienen como escenario las ciudades más importantes del país, con Estambul y la capital, Ankara, como puntos de referencia. Con los cañones de agua y los gases lacrimógenos contra la población civil como imagen de fondo y casi dos mil detenidos, Erdogan niega las acusaciones de autoritarismo formuladas por los manifestantes, la mayoría de los cuales insiste en exigir su dimisión.

Lo cierto es que Recep Tayyip Erdogan, primer ministro de Turquía de forma ininterrumpida desde hace una década, no se ha distinguido en su acción política por ser un dechado de tolerancia. Al frente de su AKP, Partido de la Justicia y el Desarrollo, fundado por él mismo en 2001 y de perfil islamista moderado, ha ganado ampliamente todas las elecciones a las que ha concurrido, lo que ha interpretado, denuncia la oposición, como un cheque en blanco para actuar de forma autoritaria, más allá de lo que permite el juego democrático.

Cada vez que se le ha planteado una crisis política, Erdogan ha conjurado las amenazas con extraordinaria contundencia, para que no quedara cuestionada su autoridad. En 2007, el poderoso Ejército amenazó con intervenir ante el nombramiento del número dos de Erdogan, Abdulá Gül, como presidente de la república. Por su parte, el Poder Judicial intentó en su día ilegalizar al AKP y detener a toda su cúpula, empezando por el propio Erdogan, bajo la acusación de constituir una amenaza para el laicismo de Estado instaurado por el fundador de la Turquía moderna, Mustafá Kemal Atatürk. La respuesta de Erdogán consistió en perseguir a los militares implicados en ese intento de rebelión y cambiar la Judicatura de arriba abajo.

Las decisiones islamizadoras de Erdogan están encontrando gran resistencia entre buena parte de la sociedad. Así, la autorización a que las universitarias acudan a clase con el velo y las fuertes restricciones a la publicidad y venta de alcohol han indignado a la oposición y a los sectores más avanzados de la ciudadanía.

Erdogan, sí, ha ganado limpiamente todas las elecciones a las que se ha presentado, pero ahora afronta un desafío de mucho mayor calado. Se trata de su proyecto de reforma constitucional para convertir Turquía en una república presidencialista, lo que le permitiría una nueva reelección parlamentaria dentro de dos años. En caso de que esa profunda modificación del régimen político saliera adelante, Erdogan podría seguir controlando el país una década más y alcanzar su objetivo declarado de celebrar en el poder el centenario de la fundación del moderno Estado turco, en 2023.

Los disturbios de estos días son la mayor amenaza a la que se ha debido enfrentar Erdogan en su largo mandato. Nunca había vivido unas protestas así, duramente reprimidas. Ahora bien, el primer ministro sigue teniendo mucho tirón; de hecho, ni siquiera hay unanimidad en pedir su dimisión entre los opositores que han salido a la calle a denunciar su gestión. Sea como fuere, estas protestas generalizadas contra la forma autoritaria con que una élite islamista pretende cambiar la esencia de todo un país sí pueden influir en futuras decisiones tanto del Gobierno de Turquía como de los de otros países igual o más autoritarios del Gran Oriente Medio, que a estas horas deben de estar mirando los sucesos de las calles y plazas de las principales ciudades turcas con honda (y más que justificada) preocupación.

© elmed.io

Por una energía mejor y más barata

El diputado del PP Guillermo Mariscal declaró en una entrevista este domingo en ABC que las ventajas del proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares son las siguientes: introducir competencia en el sector eléctrico, mejorar la penetración de las energías renovables y reducir los costes en Canarias.

La competencia es un proceso que se da en el libre mercado, donde unos compiten con otros tratando de conseguir satisfacer con las mejores calidades y precios de sus productos o servicios a la sociedad. Esta competencia es esencial para que podamos disfrutar de nuestras necesidades de la forma mejor y más barata. Muchas veces el resultado de este proceso es que una única empresa es la que nos suministra los bienes y servicios porque es la que mejor y más barato lo hace. Esto no quiere decir que no exista competencia, pues en un mercado libre siempre existirán otros que puedan entrar a competir por hacerlo mejor.

Esto no pasa con el mercado energético español, al estar totalmente intervenida tanto la generación como la distribución. No se puede decir que aumenta la competencia en un mercado que no es libre. Si acaso podía haber dicho que se abren los privilegios a otras empresas para repartir el pastel energético.

Pero claro, esto es políticamente incorrecto. Lo políticamente correcto es afirmar que el proyecto de ley va a mejorar la penetración de las energías renovables en Canarias. Sin embargo, en el resto de España, entre 2002 y 2011, se multiplicó por cuatro la potencia instalada de este tipo de fuentes energéticas, y esto nos llevó de tener la electricidad más barata de Europa a la más cara. El resultado de este dislate ha sido un país con familias con menor poder adquisitivo, empresas con costes más elevados y menos competitivas y una deuda pública de casi 25.000 millones de euros que ahora tendremos que pagar todos los españoles.

La realidad es que hoy las renovables sólo son un negocio para quienes las instalan, pero no para el conjunto de los ciudadanos. Es cierto que podrían ser menos costosas en las Islas, pero el coste final sería también muy elevado, pues allí donde generalmente son más productivas es en parajes turísticos donde la gente no quiere estar viendo ni molinos de viento ni huertos solares.

Por ello, lo que aparentemente son ventajas no lo son. La solución al problema no pasa ni por dar nuevos privilegios a unos ni por poner nuevos impuestos para compensar los desequilibrios creados por los políticos, sino por liberalizar la producción y la compraventa de electricidad. No hacerlo sería mantener los privilegios a unos pocos en detrimento del conjunto de la sociedad.

La otra casta

Trabajar en la Administración Pública tiene evidentes ventajas, desde contar con un puesto de por vida –en el caso de los funcionarios– hasta disfrutar de condiciones laborales ventajosas en comparación con las del sector privado, tales como sueldos más elevados (un 40% más de media), un horario laboral más reducido, una menor carga de trabajo o más días de asueto. El sector público ha sido el último en iniciar el necesario ajuste que vienen protagonizando familias y empresas desde el estallido de la crisis, y, de hecho, aún está muy lejos de alcanzar su tamaño óptimo. No en vano, los recortes salariales no llegaron hasta 2010, mientras que el adelgazamiento de trabajadores tan sólo empezó a producirse a finales de 2011. Y, pese a ello, la burbuja pública que sufre España todavía no ha explotado: el déficit superó los 100.000 millones de euros en 2012 por cuarto año consecutivo, la deuda ya roza el 90% del PIB –algo no visto desde 1910–, el gasto estatal equivale casi a la mitad de la economía nacional y el número de empleados públicos aún supera los 2,8 millones.

Es decir, todavía queda mucha grasa que eliminar, y ésta no se encuentra sólo, ni mucho menos, en los gastos políticos superfluos que denuncia la demagogia imperante de lo políticamente correcto –coches oficiales, dietas y demás chocolate del loro–, sino en el núcleo duro del mal llamado Estado del Bienestar. Hay que reducir de forma drástica el tamaño de la estructura estatal, y eso conlleva, ineludiblemente, prescindir de empleo público y rebajar condiciones laborales. Estos ajustes son la raíz de las protestas que desde hace meses protagonizan determinados colectivos en las calles. En este sentido, destaca especialmente la Comunidad de Madrid, con sus mareas blancas, manifestaciones educativas y huelgas de transporte. Médicos, profesores y conductores cargan contra el Gobierno regional de Ignacio González al grito de "La sanidad no se vende, se defiende" o "Por una educación pública y de calidad", cuando, en realidad, su único objetivo es mantener con uñas y dientes los privilegios obtenidos durante los engañosos años de bonanza económica.

No se engañen, el reguero de huelgas que sacude la región no busca, en ningún caso, garantizar la calidad de los servicios y la atención a la ciudadanía. De hecho, las protestas sanitarias ya han provocado la cancelación de más de 7.000 intervenciones quirúrgicas, así como de 60.000 consultas médicas, con todos los inconvenientes y perjuicios que ello conlleva. Lo único que buscan es proteger sus intereses particulares, y emplean torticeramente como excusa la defensa de lo público y del interés generalLe están utilizando, estimado lector; así de simple.

El sueldo de los médicos hospitalarios en España oscila entre los 2.600 y los 5.000 euros al mes en términos constantes (paridad de poder adquisitivo). El salario promedio se sitúa en algo más de 3.200 euros, en la media de la UE, por encima de lo que se paga en Italia, Portugal y Grecia (no más de 2.800 euros) y no muy por debajo de lo que se cobra en Francia o en Irlanda (cerca de 4.000 euros), según admiten los propios sindicatos del sector con datos de 2011. Es decir, los médicos españoles no están mal pagados en comparación con sus colegas europeos. Además, casi un tercio (unos 30.000 profesionales) trabaja también en la sanidad privada, donde, naturalmente, perciben otro sueldo. La posibilidad de compatibilizar ambos empleos es una excepción de la que no disfrutan todos los funcionarios. Ésta es, precisamente, una de las razones por las que rechazan privatizar el servicio, ya que no podrían trabajar para dos empresas distintas a la vez. Además, curiosamente, el absentismo entre los médicos de los centros públicos triplicó la tasa del sector privado en 2012, con una media de casi 22 días de baja.

El problema no radica en el sueldo de estos profesionales –los buenos médicos y cirujanos de la pública cobrarían mucho más en la privada–, sino en la baja calidad del servicio. La sanidad pública española se sitúa en el puesto 22, de un total de 32, en el Health Consumer Indexpor detrás de Portugal, Chipre o Hungría y a años luz de Holanda, cuyos servicios están completamente privatizados. La prueba irrefutable de las graves deficiencias que presenta la sanidad pública es que el 82% de los funcionarios (médicos inclusive), los únicos que pueden elegir libremente, opta por la sanidad privada a través de aseguradoras. ¡Valiente hipocresía!

Algo similar sucede en la educación. Los profesores de la pública se manifiestan para apartar a las desvalidas familias de las malvadas garras de las empresas privadas, interesadas tan sólo en ganar dinero con la educación de sus hijos… O eso dicen. En realidad, es este colectivo el que propugna un egoísmo aberrante y contraproducente, al condenar a futuras generaciones a una educación pública mediocre con tal de mantener intacto su ventajoso statu quo. Para empezar, España es uno de los países que destina más gasto público per cápita a la enseñanza y el que presenta una menor ratio de alumnos por profesor de toda la OCDE. Lo relevante es que el 80% del dinero se va, única y exclusivamente, en gastos de personal, y el resultado es bien conocido por todos: España se sitúa a la cola de los informes PISA en calidad educativa.

¿Será, entonces, que están mal pagados y, por tanto, carecen de incentivos? No. Los docentes españoles tenían en 2008 una retribución superior en todos los niveles educativos a la media de la OCDE: los de ESO, un 12% más; los de Primaria, un 10% más; los de Bachillerato, un 7% más. La comparativa es aún más llamativa con la educación privada a nivel nacional. En 2008, según un estudio de UGT, cada hora de clase impartida por profesores de colegios concertados costó un 30% menos que en los colegios públicos. Incluyendo sexenios, y tomando como ejemplo la Comunidad de Madrid, los sueldos de los profesores públicos oscilaron entre los 28.000 y 37.000 euros al año, entre 1.500 y 8.500 euros más que un docente de la concertada, a pesar de contar con un horario más reducido. Y ello sin necesidad, en muchos casos, de demostrar un mínimo nivel de conocimientos para impartir clase.

Para terminar, otro par de ejemplos sangrantes. Los madrileños llevan tiempo sufriendo huelgas en el transporte público por parte de un colectivo cuyos privilegios son evidentes. Los trabajadores de Metro gozan de elevadas remuneraciones, amplios permisos, generosos anticipos y préstamos, seguros y hasta cargos hereditarios, y aun así reclaman nuevas mejoras laborales a costa del contribuyente. Por su parte, los 5.735 conductores de autobús de Madrid ganan una media de 46.000 euros al año, sumado el coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales.

¿De verdad piensa que esta casta defiende el manido interés generalNo se engañe ni se deje engañar.

Instalados en el fondo del agujero

El presidente del Gobierno, que esconde su insípida sonrisa bajo la cuidada barba, se ha descolgado este fin de semana y nos ha contado que va a salir un dato económico de empleo verdaderamente esperanzador.

La esperanza que no sirve

Decía Mario Benedetti en uno de sus poemas "La esperanza tan dulce/ tan pulida tan triste/ la promesa tan leve no me sirve/ no me sirve tan mansa/ la esperanza". A mí tampoco me sirve el guiño-guiño-codazo de Rajoy. Aplaudiré todos los datos favorables, brindaré por las alegrías económicas que nos ofrezcan las estadísticas de mayo, pero no caeré en la famosa trampa presidencial de la manipulación de la esperanza.

Por la misma razón que hace unos meses renegaba de quienes manipulan la miseria ajena y la utilizan con fines particulares, no aguanto esta táctica que suelen poner en práctica los presidentes de gobierno cuando los momentos difíciles se alargan en el tiempo. Actúan como ilusionistas principiantes que tratan de entretener con trucos malos a una audiencia francamente aburrida y desmotivada. Pero se ve la trampa. Por más que la repiten, se les ve. Si el domingo Rajoy luchaba “frente a la histeria del Apocalipsis”, Zapatero decoró nuestros días con “brotes verdes”, a través de Elena Salgado, y “conjunciones planetarias” al ganar Obama, vía Leire Pajín, en el 2009. Los españoles deberíamos estar ya escarmentados, como la hastiada audiencia del ilusionista fracasado.

Instalados en el agujero… de deuda

Cita Daniel Lacalle en su último artículo a Publilio Siro quien afirmaba que "la deuda es la esclavitud de los libres"Es difícil decir tanto en tan poco espacio. Pese a quienes siguen cuestionando si las deudas asumidas por los gobernantes deben ser pagadas por los ciudadanos; pese a aquellos que culpan a los que nos prestaron por haberlo hecho en el momento que más les convino, como si nosotros no fuéramos tenedores de deuda de nadie y no operáramos con la misma premisa; frente a quienes ven conspiraciones alemanas y salvaciones “manga”… la deuda sigue ahí, mirándonos impasible, esperando ser pagada algún día, a ser posible más pronto que tarde.

Y la solución que los políticos nos presentan, desde hace un lustro ya, es la misma: como no vamos a recortar gastos políticos, como no vamos a afrontar de verdad la reforma de las administraciones, como no vamos a dejar de nutrir el capitalismo de coleguitas (crony capitalism), como no vamos a dejar de subvencionar votos, lo que queda es subir impuestos y tocar pensiones.

Es mentira que solamente queda ese camino. Es mentira que es el camino más doloroso para el PP. Es mentira que lo hacen “valientemente”, por nuestro bien, a riesgo de perder votos. Ellos sabían que hicieran lo que hicieran iban a resultar impopulares y la ruta elegida es, sin duda, la menos mala para asegurar su perpetuidad. Es el modo político. Los impuestos empobrecen a la población, a la maltrecha clase media, pero siempre se le puede echar la culpa a los ricos, a quienes sacan sus capitales huyendo de la asfixia, o al mambo si hace falta.

Respecto a las pensiones, no se puede añadir nada a lo que explica el profesor López Zafra en El Mundo cuando afirma respecto al sistema de reparto que “caben pocas opciones para la viabilidad, y todas ellas deberían abordarse de forma conjunta”. Son varios los economistas del Instituto Juan de Mariana que han hablado de las alternativas. Está todo dicho.

Salir del confort de la esclavitud

Para romper el círculo vicioso en el que nos encontramos tal vez sea necesario taparse los oídos a lisonjas y excusas un rato y reflexionar sobre los pasos que los propios ciudadanos hemos dado.

Decía el grupo Alice in chains en su tema Down in a hole que ha inspirado el título de este artículo "he sido culpable/ De darme patadas a mí mismo en los dientes". De alguna manera, con los votos, la credulidad hacia los mensajes que menos nos comprometen, que menos nos responsabilizan, con esa habilidad española para escurrir el bulto y endosárselo al que venga detrás, o al extranjero, o al que cumple mejor, los propios ciudadanos hemos puesto, o hemos dejado que pongan, las piedras más gordas en nuestro camino, y ahora no podemos movernos. Pero lo peor no es eso. Lo terrible es que hemos encontrado en la esclavitud de la deuda esa zona de confort de la que uno no quiere salir.

Mientras Bruselas pide y pide reformas por toda Europa para no acabar de la peor manera posible, los españoles nos miramos unos a otros, impasibles, sin ningún afán de tomárnoslo en serio. Como reconocía El País de ayer, solamente bajo la insoportable presión de los mercados o amenazados por un rescate, en el que los consejos se convierten en exigencias, somos capaces de reaccionar.

No puedo más que terminar con otra cita de Publilio Siro, para la común reflexión: "No culpes al mar de tu segundo naufragio". Reaccionemos.

Y si el BdE propusiese lo obvio

El informe de la Comisión Europea sobre España presagiaba lo peor. Nadie está a gusto con Rajoy ni fuera ni dentro de casa. Fuera porque empiezan a ver –sospechar ya lo sospechaban hace muchos meses– que, tras el ajetreo de supuestas reformas, no se está haciendo absolutamente nada más allá de subir impuestos sin medida. Unas subidas que han conseguido aumentar ligeramente la recaudación sí, pero que al final no han servido de nada porque el gasto del Estado y sus 17 animalitos autonómicos sigue disparado por encima de la peor previsión posible.

A Bruselas que Rajoy gaste lo que le venga en gana le da igual. Lo que Bruselas quiere es que Rajoy cuadre de una maldita vez las cuentas y empiece a aminorar un déficit que lleva cinco años anclado al 10%, siete puntos por encima del límite marcado por el Acta Única. Sorprende que países como Hungría, que hace solo tres años las estaban pasando canutas, hayan conseguido dejar el descuadre en algo más del 2%, mientras que la administración española se muestra incapaz de gastar un solo euro menos del que gastaba en los felices tiempos de la burbuja.

Las palabras necias venidas de Europa han sido cumplimentadas aquí con una buena ración de oídos sordos. El Gobierno no quiere hablar de más cambios de los que ya ha habido, que han sido pocos y, a la vista está, insuficientes, porque vamos de lo malo a lo peor.

El palo bruselense era solo un aperitivo para lo que vendría al día siguiente. El Banco de España, esa reliquia en mármol y alabastro de cuando los Gobiernos podían devaluar la moneda a placer, salió por donde nadie esperaba. Quizá haya que ir pensando en atrasar la jubilación hasta los 67 años y hacerlo desde ya mismo. El runrún de los 67 años no es de ahora. Viene de la época zapaterina. No sé muy bien por qué les ha dado con los 67 años y no con los 69 o los 72. Probablemente para marear la perdiz y poner un nuevo parche sobre un sistema de pensiones que es, a un tiempo, insostenible, piramidal y fraudulento. Eso, claro, nadie quiere decirlo.

En España hay ciertos debates que sólo pueden sostenerse en la prensa libre –este periódico, por ejemplo– y en las barras de los bares. Los políticos hace tiempo que consensuaron perpetuar la estafa alargando el fraude de las pensiones mientras puedan. A ellos les interesa este modelo. Tienen a medio país cogido por salva sea la parte, y al otro medio lo tendrán en breve. A estas alturas es inútil no querer verlo. El nuestro es un país de ancianos. Apenas nacen niños desde los ochenta y vivimos muchos años. Lo primero es malo, lo segundo bueno, pero ambos son incompatibles con un sistema de reparto como el actual. Entiendo que si los de Linde dicen algo como esto se arma la de San Quintín, pero me consta que en el Banco de España lo saben y hay muchos en su interior que aprueban en privado la inevitable capitalización de las pensiones.

A lo que si se han atrevido es a romper el viejo tabú del salario mínimo. Lo han roto con su habitual lenguaje, más alambicado que el del Vaticano, y no les culpo. Para decir lo que han dicho desde donde lo han dicho hay que tenerlos como el caballo de Espartero. Bien por ellos.

El salario mínimo, que en España data del franquismo pleno, ha sido uno de los principales fabricantes de desempleados de la historia reciente. Quienes lo impusieron, Girón y toda la banda de falangistones que hoy militarían de mil amores en Izquierda Unida, desconocían que el trabajo es una mercancía y el salario su precio. Este error teórico se empalmó con otro de índole práctica: el control de precios, en este caso fijando un precio mínimo para esa mercancía. Si eso mismo lo aplicamos al pan lo que nos encontraremos es escasez de pan, si lo aplicamos a la leche habrá escasez de leche y así sucesivamente con cualquier bien o servicio que pueda imaginar. No es de extrañar que en España lo que siempre –al menos desde que tenemos memoria– ha escaseado es el trabajo. Esa anemia laboral no ha sido consecuencia exclusiva del salario mínimo, pero el salario mínimo ha tenido mucho que ver en ello, especialmente en el desproporcionado paro juvenil que hay en España desde hace cuarenta años.

Porque el salario mínimo a quien más castiga es a los más jóvenes que son, por lo general, los menos productivos. Si el Gobierno dice que una empresa no puede pagar menos de 700 euros –algo más con las cargas sociales–, los que produzcan menos de esos 700 euros están condenados al desempleo o a la economía informal, la misma que persigue Montoro con tanto celo como nulo éxito.

No hubiese estado mal que la reforma laboral del año pasado hubiera incluido la supresión con carácter inmediato de ese anacrónico control de precios, principal responsable de que más de la mitad de los jóvenes españoles estén mano sobre mano o vivaqueando en la economía sumergida. No sería mala idea hacerlo aunque fuese por una cuestión puramente fiscal, el paro descendería y Hacienda se llevaría su parte.

Serviría también para enterrar un resto del franquismo que continúa vivo. Y digo esto sabiendo lo acomplejados que son en el PP con todo lo que toque a Franco, aunque sea de lejos. Curioso que la ley de Memoria Histórica, tan devota para retirar escudos y cambiar el nombre a calles que siempre se llamaron así, no previese el desmantelamiento del franquismo económico. La ley de salario mínimo es, en cierto modo, un gironazo, pero de los que gustan a la izquierdaza. Es ahí y no tanto en la figura del Rey donde realmente engarzan dos regímenes, el de Franco y el de Polanco, unidos por el socialismo cerril, la charlatanería anticapitalista y el culto al dios Estado.

Bruselas y la generosidad del prestamista

La deuda es la esclavitud de los libres” Publilio Siro

Llevábamos semanas oyendo las supuestas bondades de “relajar los objetivos de déficit” y escuchando a muchos gobiernos regionales comentar el “reparto del déficit” como si la deuda fuera una donación y no una responsabilidad. Hasta que llegó la Troika y nos recordó lo que nadie quería reconocer. Que las deudas se pagan y que los préstamos sin condiciones no existen. Ahora, tras años perdidos alimentando la burbuja de gasto político, vienen más problemas, porque haber retrasado lo inevitable –la reforma de las Administraciones Públicas y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de obra pública- nos lleva, probablemente, a una salida mucho más compleja.

Ante un escenario incierto no es de extrañar que los inversores extranjeros vendan deuda española ante nuevas medidas de ajuste que se temen que caigan por el lado impositivo.

Siempre que visito España me dicen que Bruselas nos exige esto y aquello. Sin embargo, Irlanda no lleva a cabo la misma política y está también en la UE y con problemas similares. Desde fuera da la impresión de que Bruselas simplemente acepta resignada los incumplimientos, y ante el riesgo de la implosión de una economía tan grande, propone medidas de prestamista, que aceptamos de buen grado porque sostienen un estado fragmentado e ineficiente, cuya reforma exige pelearse con muchos amigos y colaboradores.

¿Qué significa eso? Como decía muy bien Xavi Sala i Martin, “la UE piensa que no sólo el estado español gasta demasiado, sino que gasta mal”. Recomienda lo que todo el mundo pide a gritos, cortar gasto administrativo a todos los niveles, un plan de eficiencia de la Administración Pública antes de fin de año. ¿El problema? Los incentivos perversos.

Los aumentos de impuestos siempre son inmediatos y los recortes de gastos siempre son diferidos. De aquí a fin de año, y su implementación –si se lleva a cabo y no se disfraza-, nos vamos a 2015 gastando 70.000 millones más de los que ingresamos. Eso antes de contar el coste de rescatar autopistas inviables o posibles inyecciones adicionales al banco malo o las cajas.

Y como en Bruselas están preocupados de que incumplamos, se decide “trabajar en una reforma tributaria completa y sistemática que sirva para reordenar el modelo fiscal español”. Traducción: prepare la cartera, que vienen subidas.

Díganme si ustedes invertirían los billones de euros que necesitamos para recuperar el empleo y el crecimiento en un país en el que se van a reordenar –subir- y reformar –subir- los impuestos. Y España necesita inversión extranjera. Ya. Lo explicaba en mis Diez propuestas para atraer capital y promover el crecimientoUna crisis de balance sólo puede solucionarse recapitalizando, y esa inversión sólo va a venir con impuestos bajos y cortando burocracia.

El problema de las medidas de prestamista es que perpetúan modelos económicos endeudados y estructuralmente fallidos con tal de seguir con media cabeza fuera del agua.

Los gobiernos piensan que la solución más cómoda es incumplir, esconder y extender, esperando que el año que viene pase todo. ¿Y si incumplen? Pasa al siguiente. Es el problema de la falta de responsabilidad crediticia. Por eso no se puede solucionar una crisis de balance con más gasto. La burbuja inmobiliaria y de obra civil suponía en el pico casi un 15% del PIB. Eso, y no las entelequias de fraude fiscal que se cuentan, es lo que ha hundido nuestros ingresos. Una economía interconectada al ladrillo que generaba efecto multiplicador en infinidad de sectores, desde energía a telecomunicaciones y servicios. Intentar recuperarla es suicida.

Los parches crediticios de Bruselas evitan las medidas duras necesarias, retrasan la recuperación y ahogan más a empresas y familias con nuevos impuestos. Para el gasto siempre hay margen, pero para bajar impuestos e impulsar la economía, no.

Luego, cuando se entra en depresión, proponen más gasto público para “salir de la crisis” que ha creado el gasto excesivo. Primero ponen la zancadilla y después dicen que sin ellos usted no se puede levantar y andar.

Pero cuando se lleva la misma política durante años, cada vez duran menos los tiempos de bonanza y se extienden más los de crisis. Porque en periodos de crecimiento tiran las recomendaciones de Keynes –ahorrar en tiempos expansivos y bajar impuestos en recesión-. Al pobre John Maynard Keynes sólo lo leen para gastar.

No es ninguna casualidad que el mayor crecimiento de paro, gasto estatal y de deuda se produzca en países que disfrutan hoy de condiciones crediticias excepcionales, tipos mínimos históricos y todo tipo de paliativos a la hora de llevar a cabo reformas de calado. Los incentivos perversos de la generosidad del prestamista, ya que al final el que paga es usted, no el que gasta. Y mientras ocurre, esos países blindan sus estructuras anquilosadas atiborrándolas de “competencias” sin sentido.

Y en eso llegó la Troika

La “relajación” de los objetivos del déficit significa un 6,5% para este año, 5,8% en 2014, 4,2% en 2015 y 2,8% en 2016. Me van a permitir ustedes discrepar, pero si el paro en España se mantiene por encima del 20% en 2015, como esperan, no me sale por ningún lado cómo se va a conseguir ese déficit. Y eso que yo estimo un superávit por cuenta corriente sólido en 2014.

Para conseguir ese déficit, el esfuerzo estructural deberá ser del 1,1% del PIB este año, y casi un 1% anual en los siguientes. ¿Qué significa eso? Que hay que buscar 10.000 millones de euros cada año, solo para cumplir si todo va bien y la hoja de Excel de Bruselas no se equivoca.

¿Por el lado de los ingresos? No hay más que ver el éxito de las subidas de impuestos, vean la tabla inferior. Una caída del 6,6% anualizada. Menos ingresos por IVA, IRPF, sociedades… Perdón, que la subida del IVA ha sido un éxito “si quitamos las devoluciones”. Paciencia.

Por el lado de los gastos. .. Vamos a ver, 10.000 millones anuales… Oh, sorpresa. La cifra que nos gastamos en subvenciones. No, pero eso no se puede cortar, hombre. Bueno, entonces un tercio del gasto en “actividades económicas”. No, no, en eso tampoco se puede. Un momento, entonces un 45% del gasto en diputaciones, cabildos y consejos insulares. Que no, que eso no se puede recortar tampoco.

No hay margen. Habrá que subir impuestos. Que nadie mencione a Irlanda.

 

Sin embargo, el Gobierno tiene que cuidar como si su vida fuese en ello a nuestro sector exportador, pymes y autónomos. Nada más nos va a sacar de la crisis. La única manera de crear dos millones de puestos de trabajo es que sea atractivo montar nuevos negocios.

Una crisis de balance

Los problemas de balance no se solucionan con devaluaciones internas, porque se desploma la renta disponible, cae el consumo y el agujero de deuda se agranda. No se solucionan subiendo impuestos, porque se repele a la inversión exterior. Y no se soluciona con más deuda. Porque mientras nos aferramos a los gastos de la burbuja, los ingresos fiscales de esa terrible época de la chequera en blanco no van a volver.

La salida de esta crisis empezará cuando los gobiernos europeos se den cuenta de que los ingresos que consideran “normales” eran producto de la expansión injustificada de crédito creada por el dinero gratis de la “construcción europea”, y que dichos ingresos no pueden retornar cuando todos los agentes, estados, empresas y familias ya están muy endeudados.

 

Nuestra deuda, nuestro problema

No es una casualidad que la deuda estatal en manos de los bancos españoles haya aumentado un 10% en el primer trimestre de 2013 y supere los 245.000 millones de euros –casi el 40% del total-, como muestra el gráfico (cortesía de perpe.es). Ni que la Seguridad Social y las pensiones tengan invertido el 90% en bonos del estado. Nuestro riesgo soberano y el de los miembros de la eurozona se están aislando para evitar contagios. Es nuestro. Y el Banco Central Europeo y Bruselas nos darán todas las facilidades para que la deuda en manos de entidades domesticas llegue al máximo posible. 

La fragmentación del riesgo de la eurozona, que mencionaba ayer el Financial Times y que comentábamos aquí hace meses en mi artículo Al día siguiente del rescate, lleva a la absorción interna de la mayoría de la deuda estatal. Nosotros solos sufriremos el riesgo si entramos en problemas graves. Evitémoslos.

 

De las crisis de balance solo se sale de tres maneras:

– Con una enorme quita –y eso se lleva por delante no solo a nuestros bancos atiborrados de deuda soberana, sino nuestra seguridad social y nuestras pensiones, invertidas hasta un 90% en bonos estatales-. Las quitas hunden la confianza inversora. No existe el concepto de quita “con confianza”.

– Con una devaluación enorme e inflación –el impuesto silencioso-. Y ya hemos visto la inutilidad de esas políticas en Reino Unido o Japón. No baja la deuda, de hecho aumenta, se gasta igual o más pero se empobrece a toda la gente, y tampoco evitan los recortes.

– Recortando gastos y bajando impuestos, atrayendo capital inversor y recapitalizando el sistema con dinero extranjero. Es lento, pero limpia el sistema.

Las dos primeras benefician al aparato político, que se mantiene o incluso aumenta. De hecho, ante el destrozo económico que generan ambas, siempre se acude al “gasto público”. Ya saben, primero zancadilla y luego “sin mí no puedes levantarte”. Argentina sin petróleo. Pero ya no funciona. Los estados europeos están tan endeudados que ya no pueden gastar centenares de miles de millones anuales en infraestructuras inútiles, y el coste de esas subvenciones y gastos desproporcionados sigue llevando a la desindustrialización y el paro, que son tan atroces que ponen en peligro el sistema completo.

Relajar el déficit, aumentar la deuda, seguir manteniendo el gasto político, no es generosidad de prestamista. Es esclavitud. Y a estas alturas, ni siquiera es políticamente rentable para el aparato burocrático. Ténganlo en cuenta. Buen fin de semana.

El exilio es una opción

Soy licenciada de La Sorbonne, hablo tres idiomas y gano sesenta euros a la semana limpiando una casa.” Lo escribe mi amiga Isabelle en su blog personal y lo escribe llorando, tal vez por humillación, tal vez por el dolor de recordar que hace pocos meses era a ella a quien le limpiaban la casa en España. Pero se quedó sin trabajo, se fue gastando sus ahorros para sobrevivir y mantener a sus hijos y, finalmente, decidió regresar a su país de origen, Francia, donde pensó que las cosas serían más fáciles.

A ella al menos le queda Francia. A muchos no les queda nada porque no encuentran la forma de irse del país; muchos que se han quedado sin trabajo, sin casa y con deudas y ni siquiera pueden salir de aquí. Otros lo han logrado: se han ido y han triunfado en el extranjero y, sin embargo, se sienten exiliados forzosos. En estos días hemos conocido el caso de Urbike, la empresa catalana de bicicletas que no consiguió financiación aquí y terminó recalando en Dinamarca, donde se encargará de todo el sistema de alquiler público de bicicletas de la capital. Después supimos que una bióloga madrileña ha participado en el equipo de trabajo que realizó la primera clonación de células madre humanas en los Estados Unidos tras haber sido despedida a causa de un ERE que afectó a la plantilla de un centro de investigación en Valencia. Pero fue el caso del que es considerado el mejor físico joven de Europa, quien ni siquiera llegó a ser contratado aquí y tuvo que irse a Holanda. 

Lo triste, sin embargo, es que pretendamos depender del Gobierno para colocar a nuestros jóvenes, científicos o no. Lo triste es que, en general, exista en España una actitud pasiva en cuanto a la búsqueda  y a la creación de empleo, que tanta gente tenga una mentalidad acreedora cuya única ocurrencia consiste en exigir que se les de un puesto de trabajo o, en su defecto, que se les de una prestación por desempleo, porque es su “derecho”. Estamos extrañamente apegados a la tierra, nos cuesta demasiado esfuerzo siquiera pensar en la posibilidad de hacer las maletas y marcharnos. Fue descorazonador leer el resultado final del proyecto solidario de Nicko Nogués, autor de una iniciativa que llamó “Vete. Yo te pago el billete” y que presentó así: “Me llamo Nicko Nogués, español desde hace 10 meses en México, y estoy un poco cansado de tanto negativismo entre mis conocidos de España. Por eso, si de verdad estás harto de tu situación allí, deja de decir que te irías y vete. Es más, te quito una excusa: yo te pago el billete. Aquí no hay truco ni cartón, pero sí tres condiciones NO negociables: 1) Un único billete para una única persona. Tú eliges el destino, pero la fecha de salida la pongo yo: 1 de Enero. 2) El billete no es para que te pegues unas vacaciones de un mes, sino para que te vayas. 3) Tienes tiempo de pensarlo desde hoy 14 de diciembre de 2012, que es el día en que publico esto, hasta el día 24 de Diciembre de 2012.

Nadie estaba obligado a participar, como es lógico, pero participaron más de 700 personas. Además, se creó una especie de reacción en cadena y otras personas se sumaron al proyecto aportando cosas como un ipad para la persona que se fuera o incluso los gastos de alojamiento y dietas para la primera semana. Aún así, la persona seleccionada renunció a su billete con una excusa peregrina. Nogués, visiblemente decepcionado, decidió saltarse su propia norma de “un solo sorteo, un solo ganador” y repitió el sorteo. Nuevamente, la persona seleccionada declinó la oferta, así que el proyecto Vete se cerró sin que nadie se fuera. Parece que ya no nos queda ni París ni ningún lugar del mundo, porque no nos vamos de aquí ni aunque nos paguen el billete. El proyecto Vete se va a reabrir el 14 de diciembre de 2013, así que la excusa de que 15 días eran insuficientes para preparar un viaje así queda invalidada. La incógnita es: ¿se irá alguien esta vez?