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Por un contrato libre

Apenas cuatro cifras bastan para ilustrar la gran distorsión que para nuestra economía supone la dualidad del mercado de trabajo derivada de una legislación laboral muy intervencionista: en el primer trimestre de 2006, en plena burbuja inmobiliaria, el número de ocupados con contrato indefinido en España era de 10.593.000, mientras que en el tercer trimestre de 2013, en lo más profundo de nuestra crisis, era de 10.601.000. Por el contrario, el número de contratos temporales en los tres primeros meses de 2006 alcanzaba los 5.295.000, mientras que en 2013 han caído hasta los 3.010.000. Claramente, pues, existe un fortísimo sesgo a despedir al trabajador temporal antes que al que tiene un contrato indefinido.

El motivo es claro: los costes del despido son en un caso desproporcionadamente más elevados que en el otro, de manera que los platos rotos siempre los acaba pagando el mismo. Recordemos que antes de la reforma laboral, la indemnización por despido era de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, mientras que la del temporal era de 12 días por año. Las diferencias son abismales. Supongamos que en una empresa hay dos trabajadores: uno lleva 30 años en la empresa con un sueldo de 2.000 euros y se ha vuelto muy poco productivo; el otro, que apenas lleva medio año, percibe 1.000 euros mensuales y está muy motivado para realizar sus tareas. Si vienen mal dadas y el empresario ha de prescindir de uno de los dos, lo lógico sería que optara por el primero: su salario es el doble y su productividad muy inferior. Sin embargo, las leyes laborales prácticamente determinaban que tendría que prescindir del segundo: la indemnización del trabajador indefinido era de 84.000 euros mientras que la del temporal apenas ascendía a 200 euros.

No es necesario insistir en los muy notables perjuicios que esta práctica supone para una economía –merma interna de la productividad y salarios artificialmente elevados que abocan a muchas empresas a la quiebra– ni en la relación que ello guarda con el elevadísimo desempleo juvenil –la mayoría de trabajadores con contrato temporal son jóvenes–. Sólo es necesario apuntar que la reforma laboral, pese a reducir los costes del despido, no ha puesto fin a tal distorsión: primero, porque la modificación en el caso de los despidos improcedentes no era retroactiva (de modo que las obligaciones de indemnización devengadas hasta 2012 siguen tal cual) y segundo porque la pretendida generalización del uso del despido por causas económicas (con 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades) está siendo abortada por muchos juzgados de lo social. El resultado es que desde marzo de 2012 a marzo de 2013, la ocupación indefinida ha caído en 385.000 personas (un 3,5% del total), mientras que la temporal lo ha hecho en 414.000 (un 12%); el sesgo sigue siendo evidente.

Posibles soluciones

Ante esta situación existen diversas soluciones. La primera es prohibir todos los contratos temporales, de manera que el conjunto de los ocupados deban someterse a idénticas indemnizaciones por despido. Esta medida, sin embargo, no soluciona el problema de fondo: los indefinidos con más tiempo dentro de la empresa serán mucho más caros de despedir que los recién llegados. Y, además, genera otros problemas, como volver el mercado laboral todavía más rígido de lo que ya es: si una empresa tiene una necesidad transitoria de un trabajador temporal, contratarlo y despedirlo le saldrá aproximadamente un 10% más caro (por cada mes trabajado, el empleado tiene derecho a cobrar casi tres días en concepto de indemnización).

La segunda posibilidad es la de generalizar un contrato único con indemnización creciente. Todos los contratos comienzan siendo indefinidos pero con indemnizaciones muy reducidas que van aumentando conforme pasan los años. Esta fórmula tiene la ventaja, frente a la anterior, de que las bajas indemnizaciones iniciales no perjudican la contratación que sólo tiene un carácter puramente temporal. Sin embargo, tampoco solventa el problema de la dualidad: aquellas personas que permanezcan mucho tiempo en la empresa siguen siendo mucho más costosos de despedir que los recién llegados. De hecho, dentro del marco del contrato único, la dualidad sólo puede solventarse con una de estas dos fórmulas: o rebajando de manera muy considerable el coste del despido (hasta volverlo asumible para el empresario) o con el famoso modelo austriaco (el empresario va provisionando mes a mes para el eventual despido de trabajadores, de manera que, llegado el caso, no le supone ningún gasto adicional).

Hay, sin embargo, una tercera posibilidad: el contrato libre. Los contratos son ley privada entre partes: su función es la de regular las circunstancias particulares buscando acuerdos que sean mutuamente beneficiosos. La unicidad va en contra del espíritu de los contratos, pues estos no aspiran a ser universales y homogéneos (para eso está la ley) sino específicos y muy variados. Cada elemento de un contrato es susceptible de ser negociado y adaptado a las necesidades de las partes. También su indemnización en caso de rescisión unilateral.

En este sentido, la ventaja de un contrato libre es que cada trabajador visualiza mucho más claramente el coste de las distintas prestaciones alternativas que está demandando –más indemnización por despido puede implicar un menor salario o una mayor jornada laboral– y elige en consecuencia entre ellas. A su vez, el empresario hace lo propio: puede incluir excepciones que protejan la situación de la empresa en casos de crisis profunda, negociar indemnizaciones distintas según el perfil del trabajador (aquellos que sepa que jamás querrá despedir podrá prometerles altas indemnizaciones; a aquellos otros sobre los que tenga serias dudas, no) y proponer la flexibilización de otras cláusulas contractuales (cambios de salario, horarios, vacaciones, etc.) ante ciertos casos críticos con tal de evitar el despido.

Ciertamente, el contrato libre, al igual que el único, no evitaría todos los casos de dualidad –pues aquellos que hubiesen negociado un contrato muy reforzado contra el despido seguirían estando protegidos–, pero sí se la reconfiguraría de un modo significativo: la protección contra el despido en tiempos de crisis tendría un precio que en tiempos de bonanza pagarían (mediante menores salarios) quienes se quisieran beneficiar de ella. La casuística sería mucho más amplia, variada y, sobre todo, adaptativa que el modelo actual de universalización por la fuerza de una solución única y no matizable para todos.

En suma, un contrato libre no acabaría con toda la dualidad pero sí la volvería en gran medida irrelevante: el despido sería sólo la última salida tras una serie de ajustes previos mucho más flexibles, y en todo caso, la extinción de la relación laboral se efectuaría según los heterogéneos términos que cada empleado y empresario pactaron como mutuamente provechosos. Lo cierto es que el único contrato que necesitamos no es el único, sino el libre.

La reforma laboral que Rajoy no se atreve a hacer

Con más de seis millones de desempleados y una tasa de paro por encima del 25%, no es extraño que el mercado laboral español esté en el punto de mira de organismos internacionales, servicios de estudios y todo tipo de expertos. En realidad, con estas cifras más propias de un país subdesarrollado que de un miembro de la OCDE, lo que resulta sorprendente no es la atención de los de afuera, sino la aparente apatía del interior.

Porque España sufre un desempleo crónico y muy superior al de sus vecinos desde hace treinta años. Con recesión y sin ella, el paro siempre es superior a la media de la UE. Y, sin embargo, las líneas maestras del mercado laboral no se han tocado desde la llegada de la democracia. El marco legislativo que salió del franquismo ha llegado prácticamente intacto al año 2013: intervencionismo, preponderancia de las organizaciones sindicales y patronales frente a las decisiones tomadas a pie de obra, elevados impuestos y cotizaciones sociales, rigidez en las relaciones trabajador-empresario, altos costes de despido y una larguísima panoplia de modalidades de contratación.

Parece claro que este esquema no ha funcionado. Pero ni el Gobierno, ni los sindicatos ni la patronal cambian su discurso. Cada vez que se pone sobre la mesa la necesidad de una reforma, todos los implicados vuelven al manido “consenso” entre los agentes sociales. Es curioso, pues en los últimos treinta años ha habido cerca de una decena de cambios (que no han tocado los cimientos del sistema), casi todos aprobados por “consenso”, y la cifra de parados no ha dejado de subir. Pero nadie parece dispuesto a plantearse que, quizás, lo que se necesita es un cambio radical, no una mera operación cosmética.

Esta semana ha sido la Comisión Europea la que ha entrado, de nuevo, en el debate. ¿Su propuesta? El “contrato único”. En realidad, desde Bruselas se ha insistido en que España tiene tres grandes retos ante sí en lo que hace referencia a su mercado laboral: la dualidad, las políticas activas de empleo y el coste del trabajo. La reforma laboral de hace un año se centró en la flexibilidad dentro de las empresas, ámbito en el que ha conseguido algunos logros, pero en lo demás muy poco se hizo y muy poco se ha logrado. Mariano Rajoy aseguró el lunes que no habría más cambios. Para el presidente del Gobierno ya no hay nada más que retocar en un mercado laboral con 6,2 millones de parados y una tasa de desempleo del 27%.

Contrato único

La polémica de la semana es la del “contrato único”. Lo propuso la Comisión Europea, pero no sólo tiene apoyos en Bruselas. A pesar de su nombre, no implicaría necesariamente una única modalidad de contratación, ni tampoco elimina la opción de diferenciar entre despido procedente e improcedente.

En realidad, el objetivo principal sería reducir al máximo las decenas de modalidades de contratación que existen en España. Con seis-siete grandes formatos, la multiplicación de excepciones, bonificaciones y especialidades ha degenerado en un caótico conglomerado que lía a los empresarios a la hora de fichar nuevos empleados y, como puede verse por las cifras del paro, no ayuda a que se firmen más contratos de trabajo. Es una paradoja: tenemos más modalidades que nadie en Europa (los expertos no se ponen de acuerdo ni siquiera en el número, pero superan el medio centenar), pero también más paro.

A esto se suma una dualidad extrema, que divide el mercado entre los que tienen un contrato indefinido y el ejército de temporales que va encadenando empleos de corta duración sin conseguir una mínima estabilidad. Y cuando llega una crisis, el ajuste se hace siempre por el lado más débil.

La propuesta de contrato único va en esta dirección. Serviría para que contratar fuera más sencillo y para acabar con la diferencia entre indefinidos y temporales. Además, también ayudaría a limitar al máximo otro de los grandes lastres del mercado español: el alto grado de judicialización de las relaciones laborales. Aporta más sencillez, claridad y rapidez. Pero el Gobierno ya lo ha rechazado por completo. Es más, en la última reforma se sacó de la manga tres nuevas modalidades. Es decir, su receta es la contraria a la que le piden desde Bruselas.

Políticas de empleo

Este nombre oculta el conjunto de medidas dirigidas a conseguir que los parados se reintegren al mercado. Por un lado, tenemos las políticas activas (cursillos, formación, etc…), por otro las ayudas a los desempleados (subsidio de desempleo). Además, España es uno de los países europeos que más dinero dedica a bonificar contratos, lo cual no logra reducir el paro a pesar de su elevado coste (las empresas no contratan más sino que fichan a aquellos trabajadores que les permiten cobrar la ayuda).

En este ámbito, los expertos coinciden en que es necesario mejorar la formación de los parados. Parece evidente que los cursos que se dan en la actualidad no cumplen su función (ayudar a los desempleados a encontrar otro empleo o a cambiar de sector). El problema es de calidad y de oportunidad: ni cumplen unos mínimos ni son adecuados para las necesidades de las empresas. La principal crítica es que están alejados de la realidad.

También exigen cambios en lo que hace referencia al subsidio del paro. La clave está en crear un formato de prestaciones que no proteja al desempleado y al mismo tiempo le incentive en la búsqueda de un empleo. En España, tener derecho al subsidio reduce a la mitad las opciones de encontrar un trabajo, por lo que parece claro que no está cumpliendo su función. El 80% de los que cobran la prestación esperan al final de la misma para aceptar un empleo. Y esto se vuelve en su contra, porque estar más de seis meses en paro es una rémora muy grande para volver a la actividad. Por cierto, en Europa las empresas privadas trabajan codo con codo con los servicios públicos para recolocar a los parados, pero tampoco esto parece estar sobre la mesa de Rajoy.

Lo que funciona

La palabra mágica en Europa es flexiseguridad, pero no hay que obsesionarse con este término. En realidad, son muchas las recetas que conducen al éxito. Dinamarca es el alumno aventajado, con tasas de paro que incluso en plena crisis están por debajo del 5%. Pero en otros países del norte de Europa (Suecia, Finlandia o Austria son buenos ejemplos) siguen más o menos las mismas reglas:

  • Sencillez en la contratación: quizás no haya “contrato único” en ningún país de Europa, pero el número de modalidades es muy reducido y las cláusulas son parecidas para todas ellas. No hay temporales e indefinidos separados de forma tajante.
  • Despido: en Dinamarca, un país de tradición socialdemócrata, el despido es casi libre. Las empresas pueden organizar su fuerza de trabajo con plena libertad. Y la rotación de los empleados es enorme. Casi uno de cada cuatro daneses cambia de empleo cada año; pero allí eso no es un drama porque saben que tienen oportunidades en un mercado muy flexible.
  • Indemnizaciones: otra opción a estudiar tiene que ver con las indemnizaciones de despido. En España son tan altas que, por un lado, desincentivan la contratación de indefinidos y, por otro, son un coste que puede acabar con una empresa en dificultades. Y las decisiones no se toman por productividad (el mejor se queda) sino por la antigüedad y los derechos adquiridos. En esta cuestión, Austria es el ejemplo más citado, gracias a un modelo en el que cada trabajador va acumulando una bolsa. Eso sí, esto implica un sobrecoste, por lo que su adopción debería ir acompañada de una reducción equivalente en cotizaciones sociales.
  • Subsidios y compromiso: en los países del norte, el desempleado tiene una elevada protección, pero a cambio adquiere el compromiso de buscar empleo y aceptar las ofertas que le salgan. En Dinamarca, por ejemplo, la prestación es superior (en cantidad y tiempo) a la española, pero eso no evita que también suponga un incentivo para reciclarse.
  • Formación: está muy relacionado con el apartado anterior. En esta cuestión hay que apuntar que en el norte de Europa es común que participen las agencias privadas (normalmente, ETT) y las propias empresas. Lo que se consigue así es que esta formación esté más cerca de lo que exige el mercado.

Alta fiscalidad

Otro de los grandes problemas reside en la elevada fiscalidad sobre el trabajo que existe en España. Los sueldos están triplemente gravados a través del impuesto sobre la renta (IRPF, con distintos en función del sueldo), la Seguridad Social que paga el trabajador (6,35%) y la que abona el empresario (29,9%).

De este modo, para que un trabajador ingrese 1.001 euros limpios en su cuenta, la empresa deberá pagar 1.522 euros al mes, ya que el Estado se embolsa 522 euros en concepto de IRPF y cotizaciones sociales (34,3% del sueldo); para ganar 1.313 euros netos, la empresa debe abonar 2.089 euros, de modo que Hacienda se queda con 776 euros mensuales (37,14%); los que perciben 1.602 euros netos cuestan, en realidad, 2.641 euros, con lo que el pago de IRPF y cotizaciones asciende 1.039 euros al mes (39,35% de su sueldo); y así sucesivamente en función del nivel de renta.

El coste de la Seguridad Social en España es uno de los más elevados de la zona euro y el conjunto de países desarrollados (OCDE). Así pues, las cotizaciones sociales encarecen la contratación de mano de obra y, por tanto, dificultan la reducción del paro. En este sentido, Bruselas lleva tiempo recomendando a España la posibilidad de reducir las cotizaciones a cambio de elevar la tributación sobre el consumo (IVA).

El Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a aplicar una tímida rebaja de dos puntos en las cotizaciones a lo largo de 2013 y 2014, pero, finalmente, incumplió dicha promesa. La elevada fiscalidad laboral que impone la Seguridad Social es, sin duda, una de las grandes reformas pendientes del mercado de trabajo. Además, la reducción de estas contribuciones permitiría atenuar aún más los costes laborales, ayudando así a impulsar la competitividad de la economía española.

Salario mínimo y minijobs

Asimismo, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) constituye otra importante traba para la creación de empleo. El Gobierno ha fijado el SMI en 645,3 euros al mes en 2013 frente a los 442,2 euros de 2002, de forma que este umbral se ha disparado un 46% en la última década. En comparación con otros países europeos (dividido en 12 pagas), el SMI en España, de casi 753 euros al mes, es inferior al de Luxemburgo (1.874,19), Bélgica (1.501,82), Irlanda (1.461,85), Países Bajos (1.456,2), Reino Unido (1.264,25), Francia (1.430,20) o Eslovenia (783,66), aunque superior al de Malta (697,42), Grecia (683,76), Portugal (565,83) o la mayoría de países del Este. Pero no todos los países de la UE cuentan con un SMI como, por ejemplo, Alemania y los nórdicos.

Los defensores del salario mínimo argumentan que este umbral favorece a los trabajadores menos cualificados, ya que les garantiza un determinado umbral de ingresos. Sin embargo, muchos expertos alertan de que su efecto real es justo el contrario, ya que condena al paro a los empleados menos capacitados. Tal y como explica Juan Ramón Rallo“¿qué salario mínimo le impondría a su peor enemigo?” La respuesta intuitiva de mucha gente sería cero euros, pero ello no impediría que siguiese en su puesto de trabajo cobrando su actual remuneración. “Para lograr su perverso propósito, usted debería imponerle un salario mínimo de infinitos euros mensuales. De este modo, dado que ningún empresario estaría dispuesto a abonar un sueldo tan alto, su peor enemigo quedaría indefectiblemente estancado en una situación de desempleo (donde percibiría cero euros mensuales)”.

Éste es, por tanto, el efecto real del salario mínimo: no el de incrementar las remuneraciones sino el de condenar al paro a aquellos trabajadores cuya productividad es inferior al citado umbral mínimo. Muchos pensarán, entonces, que el valor de lo que produce la mayoría de trabajadores en España es superior a los 753 euros al mes que les paga el empresario. Sin embargo, a este importe es preciso sumar las cotizaciones sociales que sufraga la empresa (29,9%), el mes de vacaciones pagado, así como los costes de despido y capital, lo que arroja un coste total próximo a los 14.000 euros al año (poco menos de 1.200 euros al mes, casi el doble que el SMI).

Se trata de un umbral elevado dada la actual situación laboral que sufre España, con una tasa de paro del 27% y un desempleo juvenil superior al 50%. De ahí, precisamente, que Bruselas, Alemania, las patronales empresariales y numerosos economistas defiendan fórmulas alternativas para esquivar el salario mínimo, tales como la introducción de los minijobs. Alemania introdujo los mini-empleos en su reforma laboral de 2003, una figura que, junto a la flexibilidad interna de la que gozan las empresas, ha permitido a la economía germana disfrutar de la tasa de paro más baja de su historia a pesar de la grave crisis que azota a la zona euro.

Los minijobs ocupan en Alemania a cerca de 8 millones de personas con salarios de 450 euros al mes como máximo. Esta figura permitió a las empresas una contratación flexible en el segmento de los salarios bajos, al tiempo que los empleados siguen cotizando a la Seguridad Social. El empresario tan sólo abona un 2% del sueldo en impuestos y un 28% a la Seguridad Social (135 euros extra), con lo que el coste laboral total asciende a 585 euros al mes, una cuantía muy inferior al SMI español.

El trabajador puede desempeñar varios mini-empleos a la vez, sumando las remuneraciones de los mismos, pero si se sobrepasan los 450 euros deberá abonar mayores cotizaciones sociales. De hecho, incluso se permite compatibilizar un empleo normal con un minijob. Según Rafael Pampillón, profesor del Instituto de Empresa (IE), el elevado paro juvenil que sufre España se debe a la "combinación de un salario mínimo alto, elevadas cotizaciones a la Seguridad Social y un sistema educativo ineficiente".

La gran burbuja

 “Artificially pushing interest rates down and forcing investors into junk bonds has only one end. It’s just a case of when, not if” (Sohn Investment Conference)

Las bajadas de las primas de riesgo generalizadas no son consecuencia de las exitosas políticas de nuestros gobiernos. Hemos visto como todas las estimaciones económicas han ido revisándose a la baja en los últimos meses. Es la “fiebre del bono”, que ocurre en todo el mundo

La rentabilidad del bono griego a diez años ha caído a niveles pre-crisis, Portugal vuelve a lanzar deuda, Ruanda emite a 6,8%, los bonos basura cotizan a tipos históricamente bajos, empresas en riesgo de quiebra colocan deuda a 3%, la banca española acumula el 50% de los bonos portugueses, etc… Todo no es casualidad. Es por la percepción de que los tipos de interés artificialmente bajos y la liquidez extrema van a continuar.

Los tipos bajos crean una carrera ciega a “buscar rentabilidad”, que siempre acaba mal. Porque incentiva a los emisores a descuidarse y pensar que todo va bien y anima, a su vez, a los bancos e inversores a cerrar los ojos y aceptar riesgos antes inaceptables. Luego, el destrozo lo paga usted. Porque vuelven los rescates y los “too big to fail”. Cortesía de los bancos centrales y sus políticas expansivas.

Da la impresión de que nuestros bancos centrales y estados no quieren evitar otra burbuja. Quieren replicarla.

 

Esto lleva a acumular riesgo, aumentando el apalancamiento –deuda- y aceptando activos de peor calidad a cambio de rentabilidades inferiores.

La cuestión no es “cómo termina”, que ya lo hemos visto en 2001 y 2007, sino “cuándo”.

Es como los dibujos animados del Correcaminos. El Coyote sube por el precipicio hasta que sobrepasa el borde, sigue corriendo y se encuentra que debajo de sus pies no hay nada. El riesgo hoy es muy similar.

Pues bien, esta semana el índice de bonos basura americanos ha alcanzado los tipos más bajos de los últimos treinta años. Es decir, la rentabilidad exigida a la deuda de alto riesgo se ha reducido a mínimos históricos mientras la situación financiera de dichas empresas ha seguido deteriorándose. Sí, amigos, hay compañías “high yield” –subterfugio técnico que en muchos casos significa “basura”- que emiten deuda al 3,5%. La media, al 4,95%.

Añadan ustedes al cuadro que la deuda de los fondos de inversión ha alcanzado niveles históricos, duplicándose en dos años mientras los activos bajo gestión han crecido menos de un 15%, y que en 2012 se han vendido más paquetes de deuda hipotecaria de alto riesgo que en el periodo 2005-2007 (Gavekal), y entenderán que uno se preocupe.

Sin embargo, como no podía ser de otra forma, nuestros líderes en toda la OCDE, en vez de preocuparse y tomar medidas urgentes, se apropian de la bajada de tipos exigidos como “recuperación de la confianza”. ¿Y qué piden? En vez de limitar la burbuja, que se eche más leña al fuego bajando más los tipos e imprimiendo.

No olvidemos que las bolsas y primas de riesgo también alcanzaban niveles de euforia en 2001 y 2007, mientras las economías se lanzaban al precipicio.

Yo estoy convencido de que el nivel de riesgo que se está acumulando en los mercados es desproporcionado con respecto a la calidad de los activos.

 

Cómo se crea la burbuja

Los pasos son los siguientes:

– Desde el año 2007 los bancos centrales han bajado los tipos 511 veces. Hoy la mayoría de los bonos de países con alta calidad crediticia cotizan con rentabilidades bajísimas, del 1 o 1,5%.

– Mientras tanto, la calidad crediticia de la deuda soberana y corporativa se resiente, porque las perspectivas económicas no mejoran. Se ha perdido más de un billón de dólares en activos de máxima garantía (triple A) durante la crisis.

– El índice de impagos y mora también ha ido aumentando gradualmente, aunque a niveles bajos por el enchufe de liquidez. Los bonos basura tienen un índice de impago cercano al 3,5%, y el riesgo de impago de varios países europeos también ha repuntado recientemente un 12%.

– En ese entorno, los fondos de pensiones son incapaces de generar los dividendos que necesitan sus clientes comprando solamente bonos de alta calidad, con lo cual van aceptando mayor riesgo. Lo más grave es que aceptan activos con condicional baja, es decir, con requisitos crediticios muy suaves.

– Al generarse esa demanda, los países y empresas con problemas emiten deuda como locos, sin mejorar sus fundamentales, pero a tipos de interés más bajos.

¿Y si no fuera una burbuja?

Moody’s, la agencia de calificación, y algunos bancos se apresuraron esta semana a decir que “no ven señales de burbuja en los bonos”. Desafortunadamente, sus predicciones pasadas no han sido de lo más acertadas.

Los argumentos en contra de la burbuja son:

– Los diferenciales con la deuda de calidad no se han modificado. Es decir, aunque el tipo de interés absoluto exigido a los bonos de alto riesgo ha bajado, también ha caído proporcionalmente el de la deuda de alta calidad. El problema que yo le veo a este argumento es que no deja de enmascarar una situación global de precios manipulados, altísimo endeudamiento y crecimiento endeble.

– Las economías occidentales se están recuperando. Sin embargo, no hay datos sólidos que lo corroboren. El crecimiento de Europa, incluido Reino Unido, es atroz y el de Estados Unidos sigue siendo anémico, su desempleo muy manipulado –Grantham comentaba que es un 11% real si lo analizamos como la EPA española- y la deuda sigue creciendo mientras se revisan a la baja las estimaciones de crecimiento global (de 4% a 3,3% global, y lo que queda).

– Los bancos centrales seguirán imprimiendo y bajando tipos mientras sea necesario. Solo tienen un problema. En las anteriores burbujas los tipos no estaban al 0,5% y los depósitos al cero por ciento. Y las economías, privadas y públicas, no estaban tan endeudadas… Ni los inversores tan expuestos al mercado (vean el gráfico inferior y el impacto de las políticas expansivas en el mercado bursátil). El efecto placebo del gas de la risa monetario ya no dura lo que duraba antes. 

 

Mientras tanto, la bola de bonos de alto riesgo sigue creciendo. Unos y otros se enzarzan en el debate sobre la baja inflación… Olvidando la monstruosa inflación de activos que se está generando, e ignorando que la política monetaria de “a ver quién suspende antes”, al ir acompañada de subidas de impuestos y represión financiera, hace que el consumo caiga. 

¿Y si hay burbuja?

Aprovechar la relajación de las condiciones que los inversores piden y el entorno de política monetaria agresiva y salvaje me parece bien si se prepara uno para el invierno y se toman medidas drásticas de reducción de las necesidades de financiación.

Si pincha esta burbuja, nos vamos a encontrar con estados, bancos centrales, empresas y fondos muy endeudados, es decir, con muy baja capacidad de absorber un shock de ventas. Y si las necesidades de refinanciación siguen acumulándose, ese efecto “aspiradora” puede llevar a enormes problemas.

Recordemos que siempre hemos salido de las explosiones de burbujas creadas durante la época de la “expansión monetaria eterna” con gobiernos, empresas y familias más endeudadas que cuando empezó dicha burbuja. Y que hoy, ese nivel de apalancamiento sigue siendo claramente inaceptable incluso si se creen –que no falte la fe- que las economías van a crecer como dice el FMI.

Demasiado riesgo por poca rentabilidad.

Los inversores y los bancos están tomando demasiado riesgo. Los paquetes de hipotecas y activos de alto riesgo vuelven a venderse a niveles históricos, los balances no se están limpiando y si esta burbuja es real volveremos a la espiral de rescates, que paga usted.

Si esta pirámide de cartas sufre el menor shock, volveremos a repetir el 2007. Pero mientras tanto, nadie quiebra, no se limpia la economía de sectores improductivos y no se hacen las reformas necesarias para asegurar un crecimiento sostenible. Solo se empaqueta y esconde.

¿Que hay que subirse a la noria hasta que pare la música? No lo tengo claro. La noria, cuando se para, no lo hace suavemente y con oportunidad de bajarse como un torero saludando al público. Se para abruptamente con todo el mundo dentro.

Las burbujas son relativamente fáciles de identificar, especialmente cuando se crean con tanta rapidez. El momento de pincharse, no. La apuesta de muchos fondos y bancos es que los bancos centrales van a sostener a los activos de riesgo porque no “ven riesgo de burbuja”.

Y ahí está el problema. Lo peor de estas burbujas es que se tiñen de un velo “social”. “Reducir el paro”, “que fluya el crédito” o “apoyar el crecimiento”, cuando lo único que hacen es sostener a bancos y estados endeudados y empujar a los inversores supuestamente más cautelosos, los fondos de pensiones, a conductas de alto riesgo. Usted, de toda esta fiesta, no ve un duro. Pero alégrese, le dan “percepción de riqueza” y “confianza”.

Hay muchos inversores alertando de esta situación. Por supuesto, muchos podemos estar equivocados. Pero los estados, agencias de rating y bancos centrales nunca ven burbujas. Recuerden la tecnológica o la inmobiliaria. Pasaban más tiempo justificándolas que analizando cómo salir. Veremos qué ocurre. Buen fin de semana. 

Inflación académica

Entro en la web del Última Hora y un titular me llama la atención: “Sólo una de las 25 profesiones con más salida en Menorca requiere de estudios universitarios.” Y continúa: “Los empleos más cualificados escasean en la isla, mientras hay casi 500 universitarios sin trabajo”.

Las escuelas de primaria y secundaria están bastante desligadas de la vida real pero las universidades, directamente, le dan la espalda a la realidad. La sociedad española en general, y la menorquina en particular, lleva varias décadas fomentando los estudios de grado superior entre los jóvenes con la falsa promesa de una garantía de futuro, entendiendo por “futuro” el acceso a un empleo bien remunerado. No importa que la profesión con más salida en la isla sea la de camarero, aquí todo el mundo quiere que sus niños sean abogados, ingenieros o filólogos. Lo que sea, pero con título universitario. A casi nadie le importa el hecho de que sólo el 30% de los titulados universitarios españoles acabe trabajando en algo relacionado con sus estudios. Los que tienen mejores perspectivas, según datos oficiales, son los profesionales de la salud, tal vez porque es más difícil que se dé el intrusismo en este sector. Peor parados quedan todos los relacionados con las artes y las humanidades, además de la arquitectura y la biología.

Quienes desde sus despachos tienen el poder de reformar la educación y quienes desde las calles piden cambios deberían reflexionar seriamente sobre cuál es el objetivo de la escolarización en cualquiera de sus niveles. La educación universitaria no es un derecho universal que haya que garantizar a cualquier precio. Los impuestos que paga la gente trabajadora y honrada no deben servir para financiar los estudios de quienes no valen para ello, ni de quienes no se esfuerzan y repiten año tras año, máxime cuando el 60% de quienes los terminen ni siquiera van a dedicarse al mismo campo.
 

Hemos desprestigiado la formación profesional, que durante décadas ha sido el reducto adonde iban a parar los malos estudiantes, los del fracaso escolar. Hemos desprestigiado las profesiones denominadas “menos cualificadas” que, en realidad, son muy necesarias o más bien imprescindibles. Hemos querido igualarnos, supuestamente al alza, obligando a todo el mundo a escolarizarse hasta la vergonzosa edad de los 16 años y haciendo creer a los jóvenes que si no iban a la universidad no eran nadie. Pero lo cierto es que no todo el mundo sirve para estudiar y que no todo el mundo quiere estudiar, del mismo modo que no todo el mundo sirve para reparar coches o para servir cafés. Un niño de 12, 13 ó 14 años puede estar perfectamente capacitado no sólo para trabajar sino también para elegir a qué dedicarse. Pero después de inventarnos esa cosa llamada adolescencia, la estamos estirando artificialmente, infantilizando a la población y minando su capacidad de decisión y su libertad. Quien sale perdiendo, además de cada uno, es la sociedad española que tiene exceso de licenciados unviersitarios, exceso de desempleados de todas las edades, exceso de dependencia del Leviatán, exceso de condescendencia para con los parásitos de la Carrera de San Jerónimo y exceso de soluciones para todo en la barra del bar o, para el caso, en los muros del Facebook.

Por una política monetaria expansiva sana

En momentos de recesión suele afirmarse que la política monetaria tiene que ser “expansiva”, entendiendo como tal que el banco central extienda a la banca privada cantidades ingentes de crédito a tipos de interés irrisorios; de este modo se espera que, a su vez, la banca privada haga lo propio con familias y empresas para que éstas puedan gastar a conciencia, reanimando así la economía. La semana pasada ya tuvimos ocasión de exponer las principales carencias de este buenista argumentario: en medio de una depresión deflacionista como la española, es harto dudoso que, primero, se consiga incentivar endeudamiento adicional alguno entre familias o empresas (pero no por estar en una trampa de la liquidez); y, segundo, aun cuando se lograra, las consecuencias a medio plazo serían desastrosas: promover el sobreendeudamiento a largo plazo para acometer proyectos de bajísimo rendimiento sólo nos arrastraría a una situación muy parecida a la actual.

Con estos antecedentes, no es de extrañar que todos aquellos que no deseamos una salida en falso de la crisis, sino una corrección en profundidad de los muchos desequilibrios estructurales que arrastra, nos opongamos a este tipo de políticas monetarias expansivas: simplemente, la misión del banco central no es la de combatir un exceso de deuda de mala calidad acicateando la acumulación de nueva deuda de pésima calidad. Ahora bien, existe otra posible acepción de política monetaria expansiva a la que no deberían ser especialmente adversos los partidarios de una economía saneada y que, además, podría resultar harto beneficiosa para la recuperación.

La función tradicional del banco central

Los grandes teóricos decimonónicos de la banca central –por ejemplo, Henry Thornton o Walter Bagehot– coincidían en la necesidad de que ésta contribuyera a atajar los pánicos financieros garantizando a los agentes solventes el acceso a la liquidez. Su propósito no era el de reinflar ninguna burbuja ni el de promover ninguna nueva ronda de sobreendeudamientos especulativos, sino el de estabilizar la situación financiera para que los reajustes de fondo siguieran su curso evitando entrar mientras tanto en lo que, con posterioridad, se conoció como “contracción secundaria”: básicamente, que la incertidumbre sobre las posibilidades de acceso a la liquidez no fueran de tal calado que provocaran una completa parálisis de casi toda actividad comercial.

Bagehot, por ejemplo, defendía que un banco central, en momentos de pánico, debía proporcionar financiación ilimitada a los agentes económicos bajo dos condiciones: a) tipos de interés más elevados que los del mercado, b) colaterales de buena calidad que no acarrearan riesgos de pérdida para el instituto emisor (por lo general, crédito comercial a corto plazo). Nótese que, como decíamos, el objetivo de Bagehot no era el de inducir a los agentes a que volvieran a endeudarse masivamente a largo plazo para así relanzar el gasto agregado. No: el inglés se limitaba a reclamar que no se viera interrumpido el acceso a la liquidez a los agentes solventes, aun a costa de penalizar ese acceso garantizado con elevados tipos de interés. La cuestión, pues, no era subvencionar y promover el endeudamiento, sino evitar que un pánico se llevara por delante todo un sistema que, como el crediticio, depende en gran parte de la confianza de sus partícipes.

En este sentido, el Banco Central Europeo debería estar comportándose según estas directrices tradicionales de la banca central: oferta potencial de crédito ilimitado a tipos de interés por encima de los del mercado para aquellas deudas comerciales a corto plazo sobre cuyo repago no existan dudas. Dentro de esos límites, la actuación del banco central no conlleva ni tensiones inflacionistas, ni la acumulación de nueva deuda mala. El banco central se limita a adelantar un cobro que terminará por producirse pero que, en el ínterin, podría abocar a la iliquidez (y a la correspondiente reestructuración) a un acreedor que no puede esperar a cobrar y que tampoco puede descontar ese efecto comercial en los bancos privados. Dicho de otro modo: el banco central no financia las inversiones a largo plazo de los agentes económicos (eso es necesario hacerlo con ahorro a largo plazo), sino que sólo asegura el correcto funcionamiento de un sistema de cobros y pagos cuyo control último, no en vano, él mismo monopoliza.

Fijémonos cuán distinta sería la actuación de un banco central que se sometiera a estas directrices frente a la desastrosa gestión de los bancos centrales actuales: por un lado, el instituto emisor se limitaría a descontar papel comercial a corto plazo (en lugar de refinanciar a un sistema bancario altamente ilíquido o de monetizar las emisiones de deuda pública a largo plazo); por otro, los beneficiarios de su crédito no serían políticos y banqueros manirrotos, sino empresarios solventes que, por culpa de esos políticos y banqueros manirrotos, han perdido temporalmente su acceso al mercado; y, por último, gracias a la exigencia de altos tipos de interés, el banco central sería un verdadero prestamista de última instancia focalizado en evitar un pánico financiero, y no un azuzador de primera instancia a la hora de promover sobreendeudamientos masivos entre los agentes.

Los planes del BCE

En España, por ejemplo, el riesgo de que el país abandone el euro, así como las malas perspectivas generales de la economía y la infracapitalización de nuestros bancos, muchas pymes se ven abocadas a la suspensión de pagos por la simple imposibilidad de adelantar el cobro de sus créditos comerciales: esto es, por su iliquidez y no insolvencia. Es verdad que toda economía tiene capacidad de readaptarse a cambios súbitos y estructurales de la liquidez de sus agentes (por ejemplo, si yo cobro más tarde mis facturas, puedo tratar también de forzar un pago más tardío de las mías), pero el proceso suele ser traumático: muchas empresas mueren en el intento y, además, la iliquidez tiene hasta cierto punto un efecto autoagravante (todos los agentes intentan construir sus posiciones de liquidez a costa de degradar las del resto). De ahí que sería muy positivo que el Banco Central Europeo, como parece estar estudiando, sí abriese un programa de descuento de papel comercial de calidad del que se pudiesen beneficiar las pymes españolas solventes: crédito ilimitado para su circulante (que no para su financiación de nuevas inversiones) a altos tipos de interés para que, mientras tanto, puedan completar su muy necesaria reestructuración productiva y financiera de fondo.

En el fondo, lo que todo ello acredita es una corrupción absoluta de los propósitos de una política monetaria expansiva: lejos de extender crédito sólo contra activos a corto plazo de calidad (despreocupándose a priori de la cantidad) se obceca en monitorizar, con tipos de interés artificialmente bajos, una explosión de la cantidad de endeudamiento a largo plazo (despreocupándose a priori de su calidad). Lo que importa no es “la cantidad” de medios de pago sino la calidad de las deudas que los hayan alumbrado.

No digo que esta propuesta de política monetaria expansiva centrada en la cantidad de los activos comerciales sea ajena de riesgos: discriminar entre compañías deudoras solventes e insolventes no es tan sencillo como podría parecer a priori, y más para un banco sito en Frankfurt con nulos conocimientos de la realidad local de nuestras pymes. Sin embargo, no sólo existen márgenes de seguridad que podría, y debería, imponer el BCE para blindarse del riesgo de pérdida, sino que, en el fondo, se trata de una provechosa actividad empresarial que, como todas, lleva asociado su inexorable margen de riesgo (de ahí que resultara preferible que el banco central no fuera un monopolio estatal, sino compañías privadas en competencia). Lo que desde luego no tiene ningún sentido es cómo se está comportando ahora el Banco Central Europeo: favoreciendo indirectamente el sobreendeudamiento del sector público a costa de asumir altísimos riesgos para lograr nulas ventajas en el conjunto de la economía. Esperemos, pues, que el BCE comience a preocuparse más por asegurar la posibilidad del cobro adelantado las deudas sanas y mucho menos por incentivar la creación de nuevas deudas insanas.

Paulino y Román, contra el interés social

ROMÁN Rodríguez, expresidente del Gobierno de Canarias, le dijo al actual presidente, Paulino Rivero, cuando este anunció la expropiación de viviendas a la banca, que «no se amedrente si le llaman comunista», y además le animó a hacerlo con las palabras mágicas que usan los políticos cuando quieren justificar un expolio: el «interés social».

El señor Rodríguez no debe de saber que ser comunista no es ni malo ni reprobable. Las personas que deciden vivir en una comuna merecen nuestro respeto. Sin embargo, quien es condenable es aquel que intenta imponer el comunismo a toda una sociedad, como lo han hecho muchos tiranos justificándose con palabras como interés social o general para ir contra los derechos individuales. Por lo que tanto el presidente como el expresidente de Canarias no deben de saber que el interés individual jamás debe ir contra el interés general, de la misma forma que el interés general no debe ser usado contra los derechos individuales, pues es de interés general o social que estos se respeten.

Cuando estos derechos no se respetan, las consecuencias son terribles para la sociedad. Tal es el caso, que los balances de la banca española, que ya hoy se encuentran falseados con una sobrevaloración de sus activos inmobiliarios, sufrirán un batacazo importante tarde o temprano, porque unos activos que han sido expropiados durante tres años para ser usados valdrán muchísimo menos cuando sean devueltos.

Alguno podría decir «que se fastidie la banca». Sin embargo, los que sufriremos las consecuencias somos todos. Por una parte, disminuirá todavía más el crédito, tan necesario para que los empresarios puedan invertir y crear nuevos puestos de trabajo, y por otra, las entidades bancarias que decidan prestarnos dinero lo harán con mayores tipos de interés, al existir la posibilidad de que algún gobernante iluminado pueda expropiarles lo que en derecho se conoce como derecho de garantía.

Además, lo que aún es peor, dado que el agujero bancario será aún mayor, estos mismos políticos, que atentan contra los derechos de los ciudadanos alegremente y la seguridad jurídica, volverán a recapitalizar a la banca con cargo a los contribuyentes para evitar el corralito al más puro estilo argentino.

Esta claro que todo esto, que sí es de interés general, poco les importa al presidente y expresidente de Canarias, pues lo que parece que a ellos les interesa es seguir cobrando grandes sueldos a costa del contribuyente y poder seguir haciendo y deshaciendo en las Islas. Es decir, usan sus intereses individuales para ir contra los intereses generales, mientras nos dicen que lo hacen por nosotros.

El círculo vicioso de la Europa zombi

 La Europa zombi. ¿Por qué no fluye el crédito? 

“Low rates make zombie banks support zombie companies” Nicolas Véron

Seamos claros. La deuda zombi y soberana fagocita cualquier posibilidad de crecer. Pero se puede solucionar.

El jueves vimos al Banco Central Europeo (BCE) bajar sus tipos de interés de referencia al 0,5% y dejar los de los depósitos al 0%. Dentro de poco, usted acabará pagando por depositar sus ahorros. Seis años bajando tipos y el éxito es incuestionable. A esto le llaman políticas acomodaticias.

Mucha liquidez para los sectores equivocados

Casi toda la liquidez que inunda Europa con las políticas del BCE se queda en dos sectores zombis: empresas semi quebradas, que se mantienen vivas artificialmente, y deuda soberana insostenible de estados muy endeudados. La noche de los muertos vivientes, de George A. Romero, en versión financiera. Lo explico en el libro “Nosotros, los Mercados”.

Un problema de 600.000 millones de euros en Europa y que algunos estiman en más de un billón. En una banca que supera el 300% del PIB de la eurozona. Por eso, no se puede empezar la casa por el tejado y entrar en entelequias de uniones bancarias. Esconder y extender, añadir una nueva capa a la lasaña, no soluciona nada. De hecho, aumenta el riesgo.

¿Qué son los préstamos zombis?

Llevo hablando de ellos desde 2007. Piensen en una empresa o una administración pública, grande y muy endeudada, que pide un enorme préstamo en la época del ‘a crecer a crecer’ para un proyecto público o empresarial megalómano… y cuando llega la recesión, no puede pagar. Al banco le sale a cuenta refinanciar el crédito, porque anotar en sus cuentas la pérdida por impago es demasiado duro, y por lo tanto espera y reza a San Antonio para que mejoren las cosas.

¿Qué ocurre? Que las cosas no mejoran, sino que empeoran. Pero como los tipos son bajos y siguen bajando, al banco le viene mejor, de nuevo, refinanciar. El incentivo perverso de copiar a Japón, en lo malo, y esperar. El país nipón lleva desde 1997 con tipos cero y el riesgo zombi solo aumenta. La bola se va haciendo mayor. La empresa o administración de nuestro ejemplo, ni que decir tiene, no mejora… la bola se hace aún mayor. Y cuando pasan seis años de crisis, con todos aguantando la respiración para ver si el año que viene crecemos, ocurren cuatro cosas:

– El índice de morosidad de la banca se dispara y, además, se disfraza. En España, es del 10,7% a pesar del banco malo (yo Sareb no lo llamo, que me suena a cantante de baladas egipcio). En Europa, también sigue creciendo.

– El balance de la banca y de las empresas zombis mantenidas vivas artificialmente no mejora; de hecho, empeora. Según Eurostat, en España el 40% de las empresas cotizadas tiene demasiada deuda y caja libre negativa. El tercer país de Europa con peor capacidad de repago de deuda.

 

– Como el balance se deteriora y la calidad de la cartera de crédito empeora a medida que crecen esos préstamos zombis, los bancos no pueden prestar a buenas empresas y familias.

– Entonces, para rematar, como los tipos de interés siguen bajando, los bancos buscan un poco de rentabilidad y “seguridad” inundando sus carteras de… deuda soberana, por la que aceptan cada vez menos interés, aunque el riesgo aumente.

Resumiendo, los bancos agrandan el agujero de riesgo, los balances de empresas problemáticas no se limpian, los estados se endeudan más y el riesgo aumenta en el sector financiero. Mientras, siguen sufriendo los empresarios y familias.

Por supuesto, ustedes me dirán que hay que dar tiempo, que no se puede hacer en un día y todas esas cosas. Pero llevamos seis años. Por eso la reforma financiera es tan importante.

 

Todo esto genera el efecto Pescanova, como lo llaman algunos. Cuando salta, es muy dañino. O Los doce del patíbulo (Dirty Dozen), que es como se conoce a esas empresas que están técnicamente quebradas y a las que los bancos mantienen vivas artificialmente, refinanciándolas año tras año, esperando que venga un milagro.

Ese es el incentivo perverso de bajar tipos una y otra vez. Perpetuar el agujero. Por eso bajar del 0,75% al 0,5%, o al 0%, no hace nada.

Bajar tipos perpetúa modelos insolventes porque sale más barato que limpiar los balances

Si no solucionamos el problema de la baja capitalización bancaria, no va a mejorar la economía ni va a fluir el crédito a las familias y a las pymes que no se entregaron a la fiesta del crecimiento por adquisiciones (deuda excesiva).

El Banco de España calcula unos 160.000 millones de créditos “refinanciados” que esconden préstamos de difícil pago, es decir, posible morosidad oculta. Por eso, es muy bienvenida su iniciativa de analizar esos créditos refinanciados.

 

Un problema de toda Europa

Pero ojo, la ampliación de capital de Deutsche Bank de esta semana y la de Commerzbank antes, nos muestra que es un problema a nivel europeo. No solo español. Es la imposibilidad de la banca de mejorar su capitalización de manera orgánica -es decir, a través de su negocio-. Hacen falta ampliaciones de capitales urgentes. Y lo que se ha hecho hasta ahora no es suficiente.

Según JP Morgan y Goldman, la banca europea necesita al menos 34.000 millones de euros en ampliaciones -emitir acciones- para alcanzar un raquítico 9% de capital de calidad (core); 95.000 millones de euros, si incluimos las posiciones en derivados. Por lo tanto, es un problema donde las críticas nacionales no valen. Es una urgencia europea.

Cómo no solucionarlo

No se soluciona introduciendo más relajación de las regulaciones (Basilea III). Ni escondiendo y mirando hacia otro lado con uniones bancarias, para crear un FROB europeo en el que nadie sabe qué es lo que hay en las cuentas. Además, la unión bancaria es un proceso que llevaría a años de negociaciones, burocracia y de análisis, ya que pocos en el sector financiero se fían de lo que tienen los bancos en sus balances. Y mientras tanto, la casa sin barrer y las pymes y familias ahogándose, porque -ojo- la unión bancaria y los rescates que conllevaría el deterioro paulatino, suponen más gasto, impuestos y más presión sobre la economía.

Tampoco se soluciona mirando hacia otro lado y pidiendo que el BCE preste directamente a las empresas. Crea un riesgo sistémico enorme. ¿Para qué tenemos bancos? ¿Para qué hemos gastado centenares de miles de millones en rescatarlos?

Fíjense qué curiosos son los incentivos perversos. Los bancos españoles que no han recibido un duro de rescates son los que están prestando el 70% de los créditos a pymes y familias. Y muchas cajas públicas, rescatadas, no solo no han solucionado su modelo de negocio, sino que casi no prestan. Solo son máquinas de comprar bonos del estado.

Tenemos mucho morro, porque lo que nuestros políticos europeos quieren es que se siga sosteniendo a las entidades quebradas con dinero gratis del BCE -que es deuda que ustedes pagan con impuestos y recortes, nunca lo olviden-, pero que, además, este organismo preste porque esas mismas entidades son incapaces de solucionar su balance.

 

Cómo solucionarlo

Las ampliaciones de capital, la conversión de deuda en capital (debt to equity swaps) son esenciales, y que se hagan rápido, pero de manera ordenada. Hay que evitar otro Chipre y aprovechar esa enorme liquidez -que ha llevado a países como Ruanda a emitir deuda a tipos del 6,8%- para ser más valientes que Deutsche Bank o Santander, los líderes en aprovechar el entorno de apetito de riesgo para recapitalizarse, porque el agujero solo aumenta y el elefante en la habitación del que nadie quiere hablar es la deuda soberana… que los bancos están acumulando aceptando mayores riesgos por menores rentabilidades.

Hay que atraer financiación privada, capital riesgo y desbancarizar. Eso no se consigue manteniendo los sectores zombis ni con fiscalidad represiva.

¿Planes de crecimiento?

No hay que tirar de la chequera sin fondos. No hay mejor plan de estímulo que recapitalizar la banca, con medidas de mercado, y bajar impuestos. Sin coste para el ciudadano y sin deuda para nuestros nietos. Así podremos permitir que crezcan los buenos, no que se premie al endeudado manteniéndolo vivo a costa de los sectores pujantes. ¿Es más cómodo esperar a que escampe y si salta todo que lo pague usted? Claro. Pero no nos lo podemos permitir.

No se preocupen, los tipos volverán a bajar. Pero si no se ataca el problema de los depredadores de liquidez, estados y empresas zombis, nada cambiará. Los incentivos perversos de dar la patada hacia delante son los mismos. Lo gracioso es que ahora les dicen que es por su bien.

Es curioso, cuando Greenspan en EEUU bajaba los tipos al 1% muchos se llevaban las manos a la cabeza llamándole malvado especulador, alertando sobre el riesgo excesivo que se acumulaba en la economía. Y tenían razón. Lo gracioso es que hoy, en aras del crecimiento, se indignan porque no se bajan más los tipos y no se toma aún más riesgo. Eso sí, cuando esto explote, la culpa será, cómo no, de los mercados. Buen fin de semana.

Educación financiera: la otra asignatura pendiente

No hay duda de que las nuevas tecnologías son la asignatura pendiente de este país. Se lo conté la semana pasada y les conté también por qué pienso que no se está abordando esta cuestión como es debido. Es obvio que no pueden solucionar un problema quienes son incapaces de diagnosticarlo adecuadamente, es decir, a tiempo y con corrección. Algunas de esas personas que adolecen de una absoluta incapacidad para el diagnóstico de los problemas son los miembros del gobierno. Por eso mienten, se contradicen y hacen filigranas lingüísticas para no llamar a las cosas por su nombre o, lo que es lo mismo, para hablar sin decir nada. Por eso creen que regalar ordenadores a niños de 10 años es darles una educación en nuevas tecnologías.

Hace algunos meses, además, se les ocurrió la brillante idea de incluir en el currículum escolar oficial una asignatura de educación financiera y tributaria porque, decían, “será positivo para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en la edad adulta y será un elemento para prevenir el fraude fiscal”. Pretendían enseñar conceptos como “el de cuenta bancaria, fondo de pensiones, instrumento financiero, préstamo, hipoteca y tener un conocimiento general sobre el funcionamiento del sistema impositivo”. O sea, que quieren empezar a domar a sus ciudadanos desde su más tierna infancia para que se conviertan en sumisos pagadores de impuestos. Pero de crear riqueza nadie dijo nada. Sólo hablaron de enseñarles a dejar sus ahorros en un depósito bancario y a pagar religiosamente sus impuestos.

Los conceptos que en realidad nuestros hijos necesitan conocer son otros, como el del dinero, el déficit, la inflación y la inversión y, créanme, invertir no es apalancar cuatro duros (el que los tenga) en un depósito bancario. La mayoría de las personas no saben cómo funciona el dinero, ni para qué sirve un banco central, ni cuántos impuestos paga y, mucho menos, qué se hace con ese dinero. La mayoría de las personas no saben que podrían pagar menos impuestos de forma legal, ni que hay más formas de ganar dinero que vendiendo su tiempo, ni que la economía es mucho más fácil de entender de lo que los políticos les han hecho creer.

La educación financiera que necesitan nuestros hijos no es el adoctrinamiento tributario que pretenden De Guindos y Wert pero por desgracia las finanzas todavía son un tabú en muchas familias. Hay niños que nunca han podido gestionar su propio dinero; jóvenes que nunca han entrado en un banco; y por supuesto, millones de personas de todas las edades que son incapaces de comprender los más básicos conceptos económicos. ¿Cómo podrán los padres y los profesores dar una educación financiera a los niños si ellos mismos no la tienen? No podrán. Y por eso Rajoy y compañía tienen vía libre para adoctrinarlos a su conveniencia. Por eso y porque tienen a su favor un excelente sistema escolar prusiano que poquísima gente se atreve a cuestionar. Asumamos la realidad: con un sistema escolar del siglo XIX y un sistema laboral del siglo XX es imposible que las cosas nos vayan bien en el siglo XXI.

Bajar tipos no estimulará el crecimiento sano

Acostumbrados como estamos a escuchar que, si la economía embarranca, los gobiernos tienen que empujar del carro gastando más en lo que sea y que los bancos centrales tienen que tirar de él reduciendo los tipos de interés, uno entiende el regocijo que sienten muchos ante la noticia de que el BCE ha minorado sus tipos de interés un cuarto de punto hasta dejarlos en el 0,5%. Déjenme darles un baño de realismo: los tipos de interés del Banco Central de Japón llevan en el 0% desde 1999, con los magníficos resultados que todos pueden observar. Quizá convenga, antes de comenzar a tirar cohetes, explicar someramente el proceso por el que los tipos de interés del BCE podrían llegar a influir el gasto empresarial o familiar.

Los únicos beneficiarios: gobiernos y bancos

Primero, el endeudamiento privado de un país sólo puede aumentar si familias o empresas quieren endeudarse. Los empresarios comparan el tipo de interés al que pueden financiarse (ya sea a través de los bancos o del mercado de bonos) con la rentabilidad que esperan obtener invirtiendo ese capital, y si la rentabilidad corregida por el riesgo supera ese tipo de interés, entonces asumen la deuda e invierten. Las familias, por otro lado, comparan la utilidad (o el ahorro monetario) que derivan de adelantar su consumo futuro y, si esta es mayor que el tipo de interés al que pueden endeudarse, toman el crédito. Ahora bien, y precisamente por todo lo anterior, si la rentabilidad de las inversiones o la utilidad de adelantar el consumo futuro son nulas o muy inferiores al tipo de interés, no habrá nuevo gasto basado en deuda. Lección inicial: es la demanda de crédito la que mueve todos los procesos de endeudamiento. “Se puede llevar al caballo al río (ofrecer buenas condiciones crediticias), pero no se le puede obligar a beber (forzar a que tome el crédito)”.

Segundo, el tipo de interés al que pueden endeudarse familias y empresas no es, ni mucho menos, el tipo de interés que fija el BCE, sino el tipo que les ofrecen los bancos privados o los mercados de capitales. El tipo que establece un banco central es aquel al que pueden refinanciarse a corto plazo los bancos privados, pero éstos no tienen por qué transformar ese tipo al que se endeudan a corto plazo por el tipo al que ofrecen crédito a largo plazo a familias y empresas. En ocasiones, el diferencial entre ambos es muy estrecho, de modo que la transmisión de la “política monetaria” es bastante inmediata. En otras ocasiones, como la actual, el diferencial es muy amplio debido a que la debilitada posición financiera del banco y, sobre todo, el alto riesgo que implica para la banca extenderle crédito a un sector privado en plena depresión, de manera que las bajadas de tipos del BCE apenas tienen repercusión alguna sobre las tasas ofrecidas por los bancos a los agentes privados. Lección segunda: si la banca se niega a cometer la imprudencia de endeudarse a corto plazo con el BCE y prestar a largo plazo, la política monetaria del banco central a la hora de promover tipos más bajos para familias y empresas será estéril.

En España, ahora mismo, ambas restricciones se hallan plenamente operativas: ni familias y empresas encuentran abundantísimas oportunidades de ganancia como para cargar con nueva deuda sus ya saturadas espaldas, ni los todavía infracapitalizados bancos patrios tienen capacidad o voluntad de prestar a un sector privado español que sigue siendo de alto riesgo. La reducción de tipos del BCE y la promesa de una provisión ilimitada de crédito para entidades financieras hasta al menos 2014 sólo servirán, por consiguiente, para beneficiar a aquellos dos agentes a los que siempre ha privilegiado un banco central: entidades financieras y gobiernos. Las primeras verán rebajar sus costes financieros (ensanchando su cuenta de resultados con cargo al envilecimiento de la moneda europea) y los segundos experimentarán una cierta moderación de sus tipos de interés (pues los bancos privados sí están, por lo general, dispuestos a seguir extendiéndoles crédito a las condiciones algo más favorables del momento). En la medida en que, además, los Estados se tomen está relajación monetaria como un impulso a perpetuar sus desequilibrios presupuestarios (esto es, en la medida en que los gobiernos busquen endeudarse a un ritmo todavía mayor que el actual), el euro tenderá a depreciarse frente al resto de divisas, de manera que ya podemos afirmar que Draghi nos mete de lleno en la pauperizadora guerra de divisas global.

Por una nueva burbuja

Los habrá, claro, que juzguen necesario que el BCE, en lugar de prestar a los bancos para que estos, a su vez, lo hagan a familias y empresas, extienda crédito directamente al sector privado al 0,5%. De este modo, dirán, se salvará el segundo escollo para que la política monetaria del banco central funcione: la renuencia  de la banca privada a trasladar esas laxas condiciones a sus préstamos empresariales o al consumo. Lástima que el asunto no sea ni mucho menos tan sencillo. ¿Puede el BCE discriminar entre los millones de familias y empresas solventes y los millones insolventes? ¿O en cambio se propone que preste a todas ellas sin preocuparse por la morosidad? ¿Acaso no supone ello volver al modelo de las subprime, los ninja, las preferentes y demás calamidades (presta y no a quién)? ¿Socializamos las milmillonarias derivadas de esta imposible diligente gestión del BCE entre todos los europeos?

Es más, si el BCE ofreciera financiación ilimitada a familias y empresas al 0,75%, ¿qué tipo de economía creen ustedes que estaríamos alumbrando? Si familias y empresas tomaran ese crédito abaratado, comenzarían a endeudarse mucho más de lo que ya lo están para ejecutar proyectos de bajísimo rendimiento. Planes de negocio con rentabilidades de apenas el 1% o el 1,5% serían aceptados e implementados. A medio plazo, viviríamos un boom crediticio artificial (una nueva burbuja de prosperidad ficticia asentada en el endeudamiento); a largo plazo, sentaríamos las bases para padecer una economía hiperapalancada y de bajísimo rendimiento: una economía moribunda y zombificada.

Pero tranquilos: nada de lo anterior pasará porque ya ha sucedido. Ya tenemos una economía hiperapalancada y de bajísimo rendimiento debido a las reducciones artificiales de tipos que propició el BCE a partir de 2002. No hay margen para reinventarnos en ese desastre.  Lo llamativo, con todo, es que los mismos que aplaudieron entonces sigan jaleando al BCE ahora para que suceda exactamente lo mismo que hace una década. Ni aprendemos ni, lo que es peor, queremos aprender. 

Por un pacto nacional con Toxo, Méndez y Rubalcaba

Con las últimas medidas adoptadas por su gobierno, Rajoy ha demostrado una gran capacidad para socavar las esperanzas de los españoles en una pronta recuperación de la economía. Pero Rubalcaba quiere poner también su grano de arena para que la destrucción sea completa. Los socialistas han acreditado una pericia insuperable en arruinar al país cada vez que han gobernado, y no quieren que la derecha les arrebate ese honor, por eso insisten en que el gobierno les convoque para alcanzar un pacto nacional y acabar con cualquier esperanza.

La participación del PSOE en las directrices de política económica es la mayor amenaza que se cierne ahora mismo sobre los españoles, porque su recetario consiste únicamente en profundizar en los errores y traiciones de Rajoy multiplicándolos por varios factores. Para los socialistas, Mariano ha subido muy poco los impuestos y recortado el gasto público en exceso. Nadie con dos dedos de frente puede sostener semejante disparate, pero en la cosmovisión socialista cualquier dislate sirve para apuntalar un dogma si suena bien a los ignorantes. Mentes poderosas del tipo Soraya RodríguezElena Valenciano o Eduardo Madina ya han sentenciado que el gobierno debe gastar mucho más de lo que lo hace en "políticas sociales", para lo cual tiene que subir los impuestos "a los ricos" y luchar contra el fraude fiscal suprimiendo los billetes de quinientos euros, dos majaderías estas últimas impropias de una personalidad adulta y cuya efectividad para el equilibrio de las cuentas públicas es aproximadamente cero patatero. Con esos argumentos como principios irrenunciables es fácil suponer cuáles serían las consecuencias para el país de un acuerdo político entre el PP y el PSOE, cuya principal dirigente parlamentaria ponderaba ayer mismo con entusiasmo los tremendos beneficios que los Planes E de Zapatero tuvieron para nuestra economía.

Pero con el fin de no dejar ningún cabo suelto en esta empresa de demoliciones, el PSOE quiere que el gobierno convoque también a IU y a los sindicatos de izquierdas y así tener la seguridad de que no quedan ni los cimientos. Aterra pensar en que el gobierno nos aplique unas medidas económicas aplaudidas por ToxoMéndez y Cayo Lara, pero esa es la operación política en que está embarcado actualmente el PSOE, seguramente con el beneplácito real por su ejemplar papel moderador (cuando interesa). Y encima quieren ir todos con Rajoy a meterle un rapapolvo a Merkel de mil pares de narices. Para salir corriendo a la embajada más cercana.