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¿Canarias como Singapur? Más bien, Cuba

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

Los habitantes de Singapur que ganan menos de 15.000 euros no pagan impuestos sobre la renta, los que ingresan entre 15.000 y 60.000 € pagan entre el 2 y el 7%, entre 60.000 y 90.000 el 11,5% y el tipo máximo es del 20% para las rentas superiores a 240.000 euros, mientras que en Canarias los que ganan menos de 17.700 euros pagan un 24,75%, lo que ingresan entre 17.700 y 53.400 entre el 30 y el 40%, entre 53.400 y 300.000 entre el 47 y el 50% y el que gane más de 300.000 euros tendrá que ingresar a hacienda el 52%.

El impuesto de sociedades en Singapur es del 17% para aquellas empresas que tengan beneficios superiores a 225.000 euros y si son inferiores el 8,5%. Además, si son empresas de nueva creación no pagan impuestos o tienen beneficios fiscales de más del 50%. Sin embargo, en Canarias toda empresa que obtenga beneficios inferiores a 300.000€ paga el 25% y las que lo tienen superiores el 30%.

En Singapur, el gasto público está limitado y cuando sobra dinero se lo devuelven a los ciudadanos, los derechos de propiedad son respetados, la corrupción es inexistente y puede ir quien quiera a vivir, trabajar y crear riqueza. En Canarias siempre falta porque los políticos quieren gastar más y más dinero, los propietarios son maltratados con multitud de regulaciones e impuestos, la corrupción es frecuente y con una densidad de población 25 veces más pequeña que el país asiático el Gobierno dice que no cabemos más y que los extranjeros no son bienvenidos.

Las empresas se crean en Singapur, con capital extranjero o no, en 15 minutos mientras que en Canarias las empresas con capital nacional tardan en torno a 1 mes y las que tienen capital extranjero y tienen suerte 3 meses.

El mercado laboral en Singapur es uno de los más libres del mundo. El Gobierno no interviene en los pactos privados entre empresarios y trabajadores mientras que en Canarias está híper-regulado y no existe libertad para contratar o ser contratado en las condiciones que las partes acuerden.

Por todas estas razones, Singapur no deja de crecer económicamente, está considerado por el Global Competitiveness Index el segundo país más competitivo del mundo, sus habitantes tienen una renta per capita de 44.700 euros y tiene una tasa de desempleo del 1,9% y Canarias es cada vez más pobre, con una tasa de paro del 34,27% y una renta per capita de 19.800 euros.

Sin duda, Canarias podría ser como Singapur, tal como ha dicho hace unos días el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, pues nuestro archipiélago cuenta con las condiciones ideales y necesarias para convertirse en una potencia económica.

Para ello sólo habría que crear una ciudad con leyes propias, mínima regulación e impuestos bajos o inexistentes en algún lugar de las Islas.

Sin embargo, mientras sea una región que vive bajo un infierno fiscal, haya escasa libertad económica, donde los políticos tienen barra libre para despilfarrar el dinero de los contribuyentes, y donde se maltrata a las empresas y ciudadanos con un sin fin de trabas burocráticas, lo dicho por el señor Rivero debe ser tachado de incongruente, pues de seguir así, lo posible y lo probable, es que terminemos pareciéndonos a la actual Cuba.

El pacto de los necios

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Rajoy y Rubalcaba al fin han alcanzado su particular Pacto de Estado contra la crisis, tras acordar la semana pasada una posición común de cara al importante Consejo Europeo que tendrá lugar los próximos días 27 y 28. Muchos son los que han aplaudido este cordial entendimiento entre PP y PSOE sin tan siquiera entrar en el contenido concreto, como si el mero pacto bipartidista fuera un motivo de alegría, cuando en realidad constituye una necedad.

El consenso está sobrevalorado en España y, de hecho, lejos de suponer una ventaja, podría resultar contraproducente y sustancialmente dañino para el país. Si, por ejemplo, Rajoy y Rubalcaba coincidieran mañana en la necesidad de que saliéramos del euro, esquivando así los incómodos e impopulares ajustes que debe aplicar la clase política, sería una terrible noticia para todos, con independencia de que apoyemos o no tal decisión. Algo similar sucede en Argentina, donde el consenso peronista gobierna desde hace décadas más allá de las siglas que enarbole una u otra fuerza política. Es decir, el consenso no es bueno ni malo per se, todo depende de su contenido.

En el caso que nos ocupa, el pacto entre populares y socialistas es una mala noticia para España por diversos motivos. Basta con observar la esencia del documento para percatarse de su único y verdadero objetivo: más gasto público y manipulación monetaria para suavizar y retrasar aún más las reformas estructurales y los recortes que ya hace tiempo se deberían haber acometido para recuperar la solvencia. El texto no hace ni una sola mención a la necesidad de la austeridad pública y la liberalización económica a escala nacional, sino todo lo contrario. La proposición de Rajoy y Rubalcaba es un panfleto socialdemócrata ideado para rechazar los ajustes que recomienda Berlín. Se trata, simplemente, de otro canto al despilfarro y una nueva alabanza al intervencionismo público y monetario.

Así, ambos partidos coinciden en defender la "recapitalización directa de los bancos" a través del fondo de rescate europeo. Es decir, PP y PSOE apoyan sin fisuras el auxilio público de entidades financieras, sólo que empleando el dinero de todos los contribuyentes de la Zona Euro, lo cual es igualmente inmoral y contraproducente. Además, solicitan que el Banco Central Europeo (BCE) preste o avale directamente la concesión de préstamos a pymes españolas para reducir sus costes de financiación, ignorando así las causas últimas de que no fluya el crédito a escala nacional. Por si fuera poco, también coinciden en exigir a Bruselas más inversión pública en los países del Sur, como si España no tuviera ya suficientes infraestructuras ruinosas dignas de liquidación. Lo mismo sucede con su plan para fomentar el empleo juvenil, consistente en elevar aún más las subvenciones a la contratación, sin reparar lo más mínimo en las graves rigideces y deficiencias que sigue presentando la regulación laboral en España.

Y ello sin contar el broche final del citado pacto, donde PP y PSOE declaran su devoción por la construcción de una Europa social y el mantenimiento del Estado del Bienestar, sin percatarse de que dicho modelo condena el Viejo Continente al declive, la decadencia y la marginación en la era global. No en vano, el siguiente párrafo lo firmarían de principio a fin y sin vacilar Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo:

La Unión Europea debe impulsar el papel de los agentes sociales, favoreciendo su consulta y participación con vistas al desarrollo de la dimensión social europea, asegurar un alto nivel de protección social, proteger los derechos laborales y fomentar los servicios públicos como la sanidad y la educación de calidad.

Las palabras libertad y capitalismo, que hacen referencia a los auténticos motores del desarrollo económico y la calidad de vida de los individuos, brillan por su ausencia. Si el tan manido consenso implica esto, más socialismo y, por tanto, destrucción de riqueza y empleo, tal y como han acordado Rajoy y Rubalcaba a nivel europeo, el Pacto de Estado se convertirá en una nueva rémora para el futuro de España.

El Estado regulador, maestro de marionetas

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

Este lunes he participado en el congreso internacional Free Market Road Show como ponente del Instituto Juan de Mariana. Mi panel era el dedicado a la regulación de los mercados, y yo me he centrado en la regulación para la competencia.

A partir del innovador concepto de "eficiencia dinámica" defendido por la heterodoxia económica (la Escuela Austriaca de Economía), proponía un análisis de las políticas estatales en el ámbito de la regulación. Una de las falacias que desmonta este enfoque, tal y como explica Fernando Herrera en su libro Mitos de la regulación para la competencia, es la idea de que existe una jerarquía de fines global y única. Las cosas no funcionan así. Somos los individuos los que fijamos nuestros fines, en la vida, en la economía, respecto a lo que vamos a estudiar, la familia que vamos a tener o respecto a qué camino va a tomar nuestra empresa.

Los fines comunes únicos que solamente el regulador conoce

Por supuesto, la vida, como el mercado, como todo lo que rodea al hombre, es imprevisible, y hemos de reconsiderar esos fines de acuerdo a lo que va aconteciendo. Por eso es tan importante que haya un sistema de información claro, conocido, verdadero. En el ámbito del intercambio se llama sistema de precios, y sirve para que todos los participantes se hagan una composición de lugar respecto a cuáles son las mejores oportunidades, sea como demandante, sea como oferente. Todos actuamos buscando nuestra mejor opción, unos para ser provistos de bienes y servicios y otros para proveer dichos bienes y servicios. Es un proceso dinámico e imprevisible que se llama mercado. Esa manera de proceder de los agentes del mercado, tratando de planificar medios y fines, equivocándose y acertando, es la acción empresarial, que puede referirse a los consumidores también. El mercado, por supuesto, necesita reglas para que se cumplan las palabras dadas y no haya engaños. Ahí surge la necesidad de la ley y la vigilancia.

Sin embargo, cuando uno estudia el modelo de regulación para la competencia de nuestras economías, aparece ante nuestros ojos una realidad muy distinta. El regulador no vigila el mercado como la seño en el patio del colegio: sin intervenir en el juego pero evitando agresiones y abusos. Lo que hace el regulador es fijar los objetivos de las empresas que supuestamente compiten, y reglar, aproximar, los resultados obtenidos a los ideales definidos por ese objetivo prefijado. Ese fin ideal es el que marca el principio de la competencia perfecta, que es una ilusión y, como es inalcanzable, retroalimenta la necesidad de regulación en un círculo vicioso que destruye la competencia definitivamente.

Pero lo llamativo de todo esto es que cuando lo cuentas, lo primero que te dicen es que el que cada cual se marque sus propios fines es lo sospechoso. Mucho mejor que venga el Estado a contarnos cuáles son los objetivos que todos debemos tener y compartir. En especial los demás, ese "otro" amenazador. El individuo tiene peores intenciones que un regulador estatal. Como si ese regulador no actuara siguiendo intereses políticos perversos y manipulara, coaccionara y tratara de perpetuarse en el tiempo.

Señor de las marionetas, líbranos de todo mal

El día anterior hablando con "compañeros del metal" sobre la solución a los desahucios, se planteaba que, con el dinero del rescate bancario, se debería permitir que esas cajas públicas que tienen el mayor volumen de impagos inmobiliarios, refinanciaran, caso a caso, a esas familias para que no tengan que abandonar sus casas. Y se planteaba la solución de Obama, que, en vez de poner ese dinero en manos de los bancos públicos, ha negociado mediante arbitraje con las personas. Aparte de las cuestiones técnicas, como el diferente volumen de casos a negociar en USA y en España, etc., me planteaba por qué suena más atractivo que el Estado negocie a que las cajas negocien con las personas. ¿Deben aquellos potenciales desahuciados confiar más en el regulador o en los gestores de los bancos públicos?

El regulador, maestro de marionetas, como el Master of Puppets, de Metallica, tirando de las cuerdas, aplastando tus sueños, al fin y al cabo, es el que no ha vigilado y evitado que lleguemos a donde estamos, sino que casi ha jaleado la juerga y ha dado alcohol al borracho en plena cogorza. Y lo hace porque puede. Porque sabe que no va a desaparecer. Y precisamente porque el gestor de la caja sabe que sí puede caer, si el Estado cierra el grifo, es por lo que tendrá más incentivos para solucionar el problema.

El regulador estatal, el dios del siglo XXI, creación de una sociedad dispuesta a no salvarse a sí misma, no puede aparecer ante nuestros ojos como responsable de nada. Significaría que todo lo que hacemos por él es en vano. Como decirle a los esclavos que levantaron las pirámides que Amón Ra es una de tantas estrellas en el firmamento, y encima pequeña, y ese tipo de ahí arriba que dice ser tu dueño es simplemente uno más. Como tú. Mucho más fácil psicológicamente mantener la tesis mágica que aceptar el error. Y aquí estamos. Te alabamos, señor.

Montoro siempre gana

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

“Es un problema de ingresos, no de gastos”. Llegaron con esa cantinela al poder hace ahora año y medio y siguen en sus trece. Para solucionar ese problema de ingresos los de Rajoy han subido los impuestos existentes 30 veces y han creado una docena de nuevos tributos. El apretón fiscal y una batería de recortes tibios, aplicados con titubeo y marcha atrás, iba a servir para cuadrar las cuentas públicas en un par de ejercicios hasta dejar el déficit en el 3% sobre el PIB que exige Bruselas.

Bien, hasta la fecha lo único que podemos tener por seguro es que trabajamos –si tenemos la suerte de hacerlo– muchas más horas para el Estado. Del resto poco o nada se ha sabido. La recaudación ha aumentado sí, pero bastante menos de lo que se esperaba y, por supuesto, no lo suficiente como para compensar el incremento en el gasto. Los estabilizadores automáticos del mal llamado Estado del Bienestar tienen la mala pata de activarse justo en el peor momento, y esa ha sido la maldición con la que, inexplicablemente, el equipo montoriano parece que no había contado cuando tomó al asalto la Agencia Tributaria con la intención manifiesta de desplumarnos.

En el PP y en sus aledaños el malestar se extiende por semanas. Aznar ha sido el último en llegar a la fiesta pero lo ha hecho de un modo especialmente ruidoso. Por eso están preocupados. Aznar sigue teniendo tirón entre las bases y entre las que ya no lo son. El PP es todavía hoy, casi un cuarto de siglo después de que Fraga le regalase el invento, un partido aznarista. Rajoy está ahí por lo que está, no vamos a engañarnos. El propio Montoro fue ministro de Aznar antes de serlo de Rajoy, Guindos fue secretario de Estado y así podría continuar hasta pasado mañana. Por mucho que hayan intentado hacerle luz de gas desde Moncloa, la desafección dentro del PP hacia su Gobierno es real, casi tanto como la que siente la clase media, los autónomos y los pequeños empresarios, cimientos estos sobre los que Rajoy levantó su mayoría absoluta en 2011.

Visto así todo lleva a pensar que al ministro de los impuestos, las malas caras y las inspecciones por sorpresa le quedan dos telediarios. Pues no, Montoro prevalecerá y seguirá fastidiándonos y arruinando el país hasta el día en que el PSOE y sus peronistas majestades de IU tomen el relevo. La razón es simple. Montoro es Rajoy y Rajoy, Montoro. Me explico. El hombre del saco está ahí haciendo exactamente, punto por punto y coma por coma, lo que le ha encargado su jefe. El desgaste de imagen y la cosecha de odios se los lleva el ministro, saliendo de este modo Rajoy completamente impune del mayor abordaje sobre el bolsillo de los españoles de toda la historia.

A Mariano Rajoy nunca le interesó la economía. Para él la riqueza es una oposición labrada con sudores en la alcoba de la casa paterna, y luego el nirvana de vivir a costa del contribuyente hasta el último suspiro. El hombre, además, viene de donde viene. Ingresó de joven en el sector tradicionalista de la antigua Alianza Popular, el de Fernández de la Mora, aquel ministro de Franco tan culto para unas cosas como ignorante en grado absoluto para cuestiones económicas. O, quizá, no tan ignorante. Fernández de la Mora aborrecía del liberalismo y las recetas liberales, las únicas, por cierto, que engendran prosperidad real y no privilegios y miseria.

No hay nada de lo que sorprenderse. De un registrador de la propiedad –no aludiré a su origen geográfico porque, a fin de cuentas, no todos tienen la suerte de nacer madrileños– criado en el tradicionalismo fernandezmorista sólo podía esperarse este robo a mano tributaria. Los impuestos no van a bajar este año ni el que viene, y es muy probable que tampoco lo hagan en 2015, o, si lo hacen, serán dos o tres tipos de poco fuste y con intenciones electoralistas. La doctrina Montoro-Rajoy consiste en no dejar ni un céntimo en el bolsillo del contribuyente para así alejar de su mente la idea de ahorrar.

Luego, cuando esto pase, que algún día pasará, ya se encargarán que quitar un puntito al IVA y otro al IRPF. Si es que vuelve a entrar el dinero en las arcas públicas lo hará de un modo tan estruendoso y brutal que, conociendo la naturaleza del Estado, solo cabe suponer que el monstruo comprometerá el gasto de todo nuevo euro que entre. El Estado siempre crece, nunca se achica. Si se le da de comer crece más rápido, cosa que ahora no puede hacer porque el alimento fiscal es escaso. Para dos hombres de Estado, registrador de la propiedad y catedrático respectivamente, que su criatura gane peso es motivo de orgullo, es, de hecho, lo único que van buscando.

¿No tienes nada que ocultar?

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Obama llegó al poder con una promesa de cambio en la política antiterrorista de Bush. Este había llevado la batalla a terreno enemigo con las guerras de Afganistán e Irak, y había reforzado la defensa con mayor gasto en Inteligencia y leyes que sin duda restringían libertades pero facilitaban el trabajo a los agentes. Obama prometió cargarse esas leyes, acabar con las guerras y, pese a ello, de algún modo mágico no especificado, garantizar la seguridad de sus compatriotas frente a los ataques terroristas.

El presidente demócrata ha dejado como única política ofensiva los ataques con drones, que no parecen suficientes como para sustituir la presencia militar y que además conllevan una hipocresía notable: está mal encerrar a los sospechosos en Guantánamo, pero matarlos es fetén. Pero como completamente irresponsable tampoco es, no sólo no ha abandonado las políticas defensivas sino que las ha ampliado, confiando en que unos medios completamente entregados a la causa hicieran la vista gorda. Y así ha sido en general hasta que se ha sabido que su Gobierno también espiaba a los periodistas.

El revuelo, no obstante, sorprende. Porque el problema no es de intimidad, o privacidad, como dicen ahora. Si fuera así, ¿por qué narices no nos borramos de empresas como Google o Facebook, que sin duda saben más de nosotros que la NSA? Al fin y al cabo, si cedemos esa intimidad para poder ver más fotos de gatitos encantadores no parece mucho pedir que lo hagamos para luchar en la noble causa antiterrorista.

No, el problema es que se trata del Estado. Hay una diferencia esencial entre que estudien tus datos de forma automática y sin intervención humana unas compañías cuyos productos has elegido utilizar y que lo hagan unos señores de negro a los que no puedes expulsar de tu vida y que tienen capacidad para meterte en la cárcel. Afirmar que no tienes nada que ocultar es absurdo: cualquier norteamericano medio, y también cualquier español, ha cometido sin saberlo un buen montón de irregularidades por las que su Gobierno le puede castigar.

Normal, pues, que, según el tamaño del Estado va creciendo, también lo haga la desconfianza hacia él: es más probable ser testigo o víctima de sus abusos e incompetencias. Pocas semanas antes de este escándalo supimos que los burócratas de Washington, tan imparciales que votan y pagan masivamente a los demócratas, utilizaron su posición en Hacienda para acosar al Tea Party. En cierto modo, da lo mismo si lo hicieron siguiendo órdenes o por iniciativa propia. Es una consecuencia natural de un Estado sobredimensionado e hiperregulado. ¿Cómo vamos a confiar en que usen bien la información recolectada?

El Gobierno de EEUU asegura que el espionaje de la NSA ha servido para desmantelar dos ataques terroristas, pero parece claro que en ambos casos se emplearon otras técnicas más prosaicas y propias del siglo pasado. Quieren hacernos creer que es necesario vigilarnos a todos mientras al mismo tiempo, por aquello de que no discriminar, se niegan a vigilar las mezquitas, que es donde van muchos musulmanes inocentes, sí, pero también los terroristas islámicos.

El poder nunca ha sido muy bueno en eso de controlarse a sí mismo. Así que la información que recolecta la NSA terminará siendo empleada con fines distintos a la lucha antiterrorista, lo quieran o no los políticos, que querrán. Pero eso tiene también su lado bueno. Existen más de cuatro millones de burócratas y contratistas con algún tipo de acceso a información confidencial del Gobierno de EEUU. Siempre habrá un Snowden, y a casi ninguno le costará tanto dejar a una novia tan buenorra.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vocal del Instituto Juan de Mariana.

Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.

En defensa de las cláusulas suelo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El Tribunal Supremo ha sentenciado recientemente que las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios son “abusivas”: la presión de los hipotecados ha podido más que el respeto a los contratos y ha llevado al alto tribunal español a adecuar las condiciones consensuadas a las reivindicaciones de una de las partes. Al parecer, que el Euribor se halle en mínimos históricos y el tipo de interés de la mayoría de las hipotecas no pueda descender del 3% resultan realidades incompatibles para el imaginario colectivo, razón que ha impulsado al Supremo a adecuar forzosamente los contratos a la “realidad social”.

Recordemos: la actividad (impropia) de los bancos consiste en endeudarse a corto plazo (en el mercado interbancario) y proporcionar financiación a largo plazo (en forma de hipotecas, préstamos empresariales, créditos al consumo, etc.). Dado que el tipo de interés a corto plazo que se paga en el interbancario (el famoso “Euribor”) es susceptible de fluctuar, las entidades financieras españolas suelen cubrirse contra el riesgo de que varíe haciendo que los tipos de interés que abonan sus deudores también estén indexados al Euribor; en concreto, al Euribor + un diferencial. Como resultado, el beneficio que obtiene un banco por cada hipoteca concedida queda anclado a ese diferencial o spread. O dicho de otro modo, a las entidades financieras les importa un bledo cuán bajo se encuentre el Euribor, pues su beneficio procede del mayor o menor diferencial negociado.

Entonces, si a los bancos les importa bien poco el nivel que alcance el Euribor, ¿a qué viene imponer cláusulas suelo? Pues, por extraño que pueda sonar en estos momentos, las cláusulas suelo son una forma de satisfacer las necesidades de los hipotecados: en particular, su demanda de que las hipotecas contengan un tipo de interés máximo que no pueda rebasarse (cláusula techo).

Una cláusula techo expone al banco a un alto riesgo: si se limita el tipo máximo que puede llegar a pagar el hipotecado a, por ejemplo, un 12%, en caso de que el Euribor se dispare al 15% durante algunos años, el banco experimentará pérdidas extraordinarias. ¿Cómo cubrir ese riesgo de pérdidas para el banco? Pues estableciendo cláusulas suelo: a saber, que durante aquellos trimestres en que el coste de financiación del banco (el Euribor) caiga por debajo de una cláusula suelo de, por ejemplo, el 3%, el hipotecado siga pagando el 3% y nutra de beneficios extraordinarios al banco. Son esos beneficios extraordinarios derivados de la cláusula suelo los que permiten cubrir las pérdidas extraordinarias que puedan derivarse de las cláusulas techo. En ese caso, bien podemos entender la cláusula suelo como un seguro que el hipotecado paga para resguardarse del riesgo de que los tipos se vayan por las nubes.

Desde luego, son legión quienes claman que las cláusulas suelo y techo no son simétricas: que mientras es muy sencillo que las cláusulas suelo se activen (el Euribor normalmente cae por debajo del suelo pactado) es extremadamente raro que las techo lo hagan (el Euribor jamás se sitúa por encima del techo pactado). Sin embargo, este juicio es una falsa impresión fruto de la alicorta memoria. Una hipoteca puede llegar a tener una duración de 30 ó 40 años, período de tiempo durante el cual es tan factible que el Euribor caiga por debajo del suelo como que se dispare por encima del techo. Si revisamos la evolución del Euribor (y de su antecesor, el Mibor) desde 1979 descubriremos que el Euribor superó el 12% (cláusula techo estándar) durante más de 160 meses, mientras que sólo ha caído por debajo del 3% (cláusula suelo usual) en 100 ocasiones. Es decir, durante nuestra historia reciente, las cláusulas techo se habrían activado con más frecuencia que las suelo.

Obviamente, una vez el Supremo ha proscrito las cláusulas suelo, la posibilidad de incorporar cláusulas techo también desaparece (a menos que se instrumente de otra forma: por ejemplo, un seguro independiente o un spead mayor al actual). Al fin y al cabo, una hipoteca a tipo de interés variable con techos y suelo puede entenderse como una hipoteca con un tipo fijo que puede oscilar limitadamente dentro de dos bandas de fluctuación (el Supremo, de hecho, alega que las cláusulas suelo “convierten un préstamo a interés variable en préstamos a interés mínimo fijo”). ¿Tiene sentido que, a partir de ahora, ese tipo pueda fluctuar absolutamente hacia abajo pero siga fluctuando de manera restringida hacia arriba? No, y como no lo tiene no sucederá, por lo que el hipotecado se verá privado de la protección contra los aumentos del Euribor. A corto plazo, claro, éstos pueden dormir tranquilos; a largo, no descarten ni mucho menos que el Euribor se dispare como antaño por encima del 10%.

Bien, admitido que la cláusula suelo es una justa contraprestación por la cláusula techo, ¿qué sucede con aquellas hipotecas que incorporaban un suelo pero no un techo? Tal disposición era, en realidad, una forma de rebajarle el diferencial que se exigía al hipotecado. El banco se aprovechaba de la posibilidad de que, durante algunos trimestres, el hipotecado pagara tipos sustancialmente por encima del Euribor para, a cambio, exigirle un spread menor durante el resto de meses en que el Euribor superara el suelo. Al cabo, tras la sentencia del Supremo los bancos lo tendrán bien sencillo para compensar en las nuevas hipotecas el efecto que la medida pueda acarrear sobre su cuenta de resultados: exigirán un diferencial mayor, y listo. En el límite, y para que todos comprendamos lo absurdo de la resolución jurídica, si un banco quiere garantizarse una cláusula suelo del 3%, sólo tiene que exigir un diferencial sobre el Euribor del 3%: por mucho que éste caiga al 0%, el hipotecado pagará siempre, como mínimo, un 3%.

En suma, la sentencia del Supremo es sólo un ejemplo de ignorancia económica combinada con una muy torcida comprensión de los tribunales en sociedad: su misión no es la de convertirse en ideólogos activistas que suplanten a las partes, sino en garantes de que se ejecuten las condiciones que éstas consensuaron de manera voluntaria. Violentar la autonomía de la voluntad y la seguridad jurídica no traerá nada bueno a este país, más allá de ciertas ganancias cortoplacistas para los hipotecados afectados. Los hipotecados futuros lo pagarán con creces en forma de tipos de interés más altos u onerosos seguros CAP de tope de interés.

La farsa tributaria de Monago

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Acaba de prometer José Antonio Monago que les rebajará el IRPF al 90% de los extremeños debido al avanzado estado del saneamiento financiero de la región. Albricias. Al parecer, y atendiendo a la mayoría de los titulares de la prensa española, el Motín del Té patrio acaba de estallar en Mérida: la rebelión contra los sablazos fiscales de Montoro ya ha pasado de las palabras ‘aznarianas’ a los hechos ‘monaguescos’ y amenaza con extenderse a otras regiones españolas como Cantabria. Por fin, cabría exclamar. Pero no: sucede que la cruda realidad tiene bastante poco que ver con esta estupefaciente ficción.

Dos consideraciones previas

Primero, no deberíamos olvidar que España sigue al borde de la suspensión de pagos y que la consolidación presupuestaria debería seguir constituyendo la prioridad de ‘todas’ nuestras administraciones públicas. Dicho de otro modo: tal como ya hemos manifestado en otras ocasiones, toda reducción de ingresos debería ir precedida por un mucho más intenso recorte de los desembolsos dirigido a terminar de equilibrar nuestras cuentas. La Junta de Extremadura no sólo no ha aprobado disminuciones adicionales del gasto que le permitan sufragar la rebaja de 10 millones de euros en el IRPF autonómico, sino que ha incrementado otros que la duplican en importe: hace unas semanas, la Junta instauró la llamada “renta de inserción extremeña” dotada con un presupuesto (ampliable) de 13,2 millones de euros, y este mismo martes, al tiempo que prometía moderar el IRPF, Monago también anunció la creación de un “bono cultural” con un coste estimado de 8,4 millones de euros. En suma: lejos de financiar el menor IRPF recortando el gasto en 10 millones de euros, el PP extremeño lo ‘aumenta’ en 21,6 millones sólo con estas dos ocurrencias netamente socialistas.

Segundo, nunca deberíamos olvidar que Extremadura es la segunda comunidad autónoma (después de Canarias) que más se beneficia del disparatadamente redistributivo sistema de financiación autonómico que padecemos los españoles. Por ejemplo, en 2013 la capacidad tributaria de la región (la recaudación que teóricamente habría obtenido en función de los tributos que tiene cedidos) ascendía a 1.423 millones de euros, mientras que los recursos que finalmente le transfirió el sistema fueron 2.565 millones; por el contrario, Madrid podría haber recaudado 14.157 millones de euros sólo con los tributos cedidos pero finalmente sólo consiguió merced a la redistribución autonómica 11.145 millones. No deja de resultar paradójico que el gobierno extremeño pueda permitirse el lujo de bajar impuestos y de aumentar el gasto a costa de externalizar el coste de esas medidas a los ciudadanos de otras autonomías –como los de Madrid o Cataluña– que no pueden disfrutar de esa misma laxitud tributaria.

No, no es la austeridad de Monago lo que le permite reducir el IRPF, sino la austeridad que padecen parte de los ciudadanos españoles para sostener el infladísimo presupuesto extremeño. Infladísimo presupuesto que, para más inri, pervierte por completo los incentivos del Ejecutivo regional: lejos de mejorar la fiscalidad de los trabajadores más altamente cualificados con el propósito de atraerlos a una relativamente pauperizada región de España, se contenta con mantener una tributación salvaje para esos empleados a cambio de aliviársela de manera nimia a los no cualificados.

Una absoluta nimiedad

Y es que el coste estimado de la medida es de 10 millones de euros, cuando los ingresos del tramo autonómico del IRPF extremeño ascienden a 503 millones de euros: es decir, ni siquiera supone una devolución del 2% de lo recaudado. Todavía peor: si en lugar de relacionarlo con el tramo autonómico del IRPF lo hacemos con los ingresos no financieros totales de la Junta para 2013 (4.384 millones de euros), las cifras todavía son más burlescas: la revolución fiscal de Monago apenas representa el 0,22% del total.

Pero dejémonos de macrocifras agregadas y miremos la rebaja fiscal desde la perspectiva del extremeño de a pie. Según Monago, 430.000 extremeños (el 90% de los contribuyentes, quienes ingresan menos de 24.000 euros) se beneficiarán de pagar 10 millones menos en IRPF: es decir, cada contribuyente extremeño pagará una media de –¡atención!– 23 euros menos al año, esto es, 2 euros menos al mes. Dado que en 2010 (últimos datos disponibles), los contribuyentes con ingresos inferiores a 24.000 euros anuales abonaban una media de 1.200 euros por IRPF, de nuevo nos encontramos con que la rebaja de 23 euros representa menos del 2% de su tributación sobre la renta. Buen momento para repetir la justificación que ofreció Monago para rebajar el IRPF: se trata de una reducción “para que sean los extremeños los que decidan realmente qué quieren hacer con su dinero”. Bueno, más preciso sería haber dicho que se trataba de una reducción “para que sean los extremeños los que decidan realmente qué quieren hacer ‘con 23 euros de su dinero”.

Hacia el populismo tributario

Entiéndanme: por supuesto que uno prefiere que los impuestos bajen o, al menos, que no suban todavía más. Pero vender a bombo y platillo esta ridiculez es no sólo un insulto a los extremeños, sino a todos los otros españoles que contribuyen a costearla. Peor: es una manera de tratar de aplacar el creciente descontento social hacia una política fiscal liberticida vendiéndoles a los contribuyentes que ya se está produciendo un cambio de rumbo dentro del PP. No: ahorrarles el pago de 2 euros mensuales a algunos extremeños no es bajar impuestos, sino una grotesca maniobra de populismo tributario.

La misma grotesca maniobra, por cierto, que parece estar barajando utilizar el PP nacional para perpetrar el incumplimiento de su reciente compromiso de revertir sus brutales rejonazos fiscales. Presto ha salido Montoro a prometer que la corrección impositiva se centrará en “reducir la fiscalidad a los que menos renta tienen”. ‘Equilicuá’: dado que el 70% de los españoles gana menos de 24.000 euros y apenas aportan un 22% de la recaudación total del IRPF, Montoro lo tiene bien fácil para repetir la farsa de Monago. Renunciando a apenas 300 millones de euros, podría salir a la palestra al grito de: “¡Misión cumplida! ¡Hemos bajado los impuestos a la mayoría de españoles!”.

No, ése no es el camino. España necesita de una auténtica revolución tributaria que sólo puede darse con un adelgazamiento enérgico del gasto público y de las funciones del Estado. No sólo hemos de erradicar nuestro gigantesco déficit público por el lado del gasto, sino que hemos de recortar lo suficiente como para posibilitar una sustancial rebaja de impuestos. Ni PP ni PSOE están dispuestos a limitar el tamaño y las competencias del Estado en tal grado: su objetivo no es maximizar la libertad y la prosperidad de los españoles, sino el control político que ejercen sobre ellos. Por eso, en lugar de afrontar con urgencia la reforma del sector público, en el PP se limitan a tapar su expolio fiscal con el populismo tributario. Que no nos compren con apenas una cucharada de lentejas.

Devuelvan a Domenic

Escrito por Laura Mascaró en . Publicado en Artículos en prensa.

A final de mes se cumplirán cuatro años del secuestro de Domenic Johanson por parte del estado sueco. Cuando se lo llevaron sólo tenía ocho años. Ahora está a punto de cumplir doce y la única esperanza de sus padres es que, con esta edad, sea ya capaz de deshacerse del lavado de cerebro al que ha sido sometido. ¿Por qué? Porque las autoridades suecas únicamente permitirán las visitas familiares si el niño las pide. Pero, lógicamente, tras cuatro años separado de su familia biológica, integrado en una familia de acogida y en un colegio, con lo que le deben haber contado sobre sus padres y con el miedo que ha tenido que pasar, ¿a qué niño se le ocurriría pedir ver a su familia de origen? En junio de 2009 se llevaron a Domenic. En noviembre de 2010, en una de las escasas visitas permitidas, su padre se lo llevó, por lo que fue detenido y encarcelado. Annie pasó las Navidades sola. En agosto de 2011 me dijeron que tenían pensamientos suicidas. No es para menos. Annie ha sido hospitalizada en varias ocasiones. A mí también se me pararía el corazón si estuviera en su lugar. ¿Y a quién no? Domenic podría ser tu hijo. 

No hicieron nada ilegal: estaba bien cuidado, bien alimentado, bien educado y era feliz. Se iban a ir todos a vivir a la India, el país de origen de Annie, donde iban a desempeñar su nuevo trabajo como misioneros. Estaban en el avión a punto de iniciar el vuelo internacional. Suecia ya ni siquiera tenía jurisdicción sobre ellos. Suecia no respetó su propia legalidad y los detuvo por dos hechos que no eran ilegales en ese momento: no vacunar y no escolarizar. Dos cuestiones que atañían al ámbito estrictamente privado de la familia. Es como si ahora vinieran y le detuvieran a usted por estar leyendo este periódico. ¡Pero si no es ilegal leer el periódico! Tampoco era ilegal no vacunar y no escolarizar. ¿Qué sentido tiene? Es como estar viviendo el proceso de Kafka. 

Queda la esperanza de que, a punto de cumplir los doce años, Domenic tenga acceso a internet y, en algún momento, descubra que sus padres no le abandonaron, que sí están luchando por él, que sí quieren recuperarle. Tal vez, como tanta gente, buscará su propio nombre en Google y cuál será su sorpresa cuando vea que hasta tiene página propia en Wikipedia y que 7000 personas pedimos su devolución desde Facebook. Poco más podemos hacer. Los políticos no se dignan ni a responder. Los periodistas ignoran una historia que no es lo suficientemente jugosa, léase amarillista. Mucha gente prefiere mirar a otro lado y pensar que, si se lo han llevado, “por algo será”. Hasta que les toque a ellos y luego reclamen ayuda y comprensión. Que alguien les salve. 

Si les importa, ni que sea un poquito, únanse al grupo de Facebook, firmen la petición en Avaaz.org,cómprenles un cuadro a Euan y Kier (todo el dinero recaudado es para los Johansson), usen el hashtag #returndomenic cuando twiteen. Si tienen alguna otra idea, escríbannos a alllovingmothersassociation@gmail.com Y cuando alguien les venga a contar que el Estado del Bienestar es la panacea y que Suecia es el ejemplo que todos deberíamos seguir, acuérdense de Domenic y de la policía armada hasta los dientes entrando en el avión para llevárselo.

Qué piensan los árabes israelíes

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

La quinta parte de la población israelí está formada por árabes, lo que convierte a éstos en la minoría más importante del Estado judío. El conflicto territorial con los palestinos convierte a los árabes residentes en Israel en un cuerpo extraño, difícil de encajar en el esquema de confrontación entre judíos y árabes, mayoritariamente musulmanes, con el que se interpretan habitualmente las relaciones políticas en la región.

Esa es, al menos, la percepción general si se atiende solamente a las proclamas de los partidos árabes con representación en el Parlamento israelí (Knéset), Lista Árabe Unida y Balad, dos formaciones que en los comicios de enero de este año consiguieron cinco y tres diputados, respectivamente. El resultado electoral es discreto, cierto, pero ambos se situaron por encima de Kadima, el partido creado por Ariel Sharón en 2005, que se quedó en sólo dos escaños, cuando en los anteriores comicios había sido el más votado.

Sin embargo, una cosa es el discurso oficial de los políticos árabes, vinculado en exclusiva al conflicto palestino-israelí, y otra muy distinta la percepción que los ciudadanos árabes de Israel tienen acerca de su país y de su papel como minoría en el mismo.

El Índice de la Democracia Israelí, encuesta anual realizada por el Israel Democracy Institute, es la mejor herramienta para comprobar la opinión que los israelíes tienen acerca del funcionamiento de sus instituciones democráticas. En el caso de la población árabe, adquiere especial interés, por los condicionantes antes citados. En su más reciente edición, correspondiente a 2012, encontramos respuestas que llaman poderosamente la atención, sobre todo si se las compara con el discurso del establishment árabe local.

Así, lo primero que llama la atención es que el 44,5% de los árabe-israelíes se muestra orgulloso de ser israelíes (un 14,1% afirma estar "muy orgulloso"), mientras que para los partidos árabes presentes en la Knéset un árabe no puede ser jamás israelí, sino, como mucho, árabe palestino en Israel. Un porcentaje prácticamente idéntico (44%) considera adecuados los usos democráticos de las instituciones del país (casi un 8% cree que Israel es "demasiado democrático"), mientras que tan sólo un 11% afirma que el Estado judío no es "suficientemente democrático". Aquí, de nuevo, se registra un acusado contraste con el liderazgo político árabe-israelí, según el cual Israel no es de ninguna manera un país democrático.

Acostumbrados a una visión de los asuntos públicos homologable a la del ciudadano medio occidental, los árabes israelíes valoran mucho más la lucha contra graves problemas cotidianos como la calidad de la sanidad y la educación o el desempleo que la guerra constante contra el "enemigo sionista" a que les aboca la retórica de sus dirigentes políticos. Según el Fondo Abraham, dedicado al fomento de la convivencia y la igualdad entre judíos y árabes en Israel, sólo el 12% de los árabes israelíes cree que la causa palestina es más importante que resolver los problemas que acucian al país a causa de la crisis económica.

Este alejamiento de las élites políticas árabes que operan en Israel respecto a las verdaderas preocupaciones de sus votantes estaría detrás del desplome en la participación electoral de los árabes israelíes, que en estos momentos se sitúa en un 50%, muy por debajo del porcentaje de judíos que participa habitualmente en los procesos electorales. Es el resultado inevitable de una situación prolongada ya en el tiempo, con los representantes políticos de una minoría defendiendo intereses distintos de los de su base electoral, cuando no directamente opuestos.

© elmed.io

Superministras, pensiones y el fin del desempleo

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

La información económica es como el día de la marmota y Rajoy contribuye bastante a ello porque no se digna a tomar una decisión así lo maten. Esta semana hizo una excepción y se decidió por algo: nombró a Soraya superministra de Economía. Baldado se ha tenido que quedar, así que no esperemos crisis en el gabinete ni nada parecido hasta dentro de seis o siete meses. Entre Montoro y Guindos va a haber algo más que silencio, desprecios y mensajes vía terceros. Podría decir que eso es bueno, pero me temo que, conociendo el paño, de bueno nada y de malo mucho. Soraya ni sabe de economía ni le interesa lo más mínimo. Ella es, necesariamente por este orden, abogada del Estado y político. Eso ha sido su vida. Muy lejos de la España real que se levanta al punto de la mañana y se pone trabajar como un mulo para que a Hacienda no le falte de nada. De Montoro no digo nada porque creo que ya lo he dicho todo. Todo lo malo, bueno el hombre tiene poco. Respecto a Guindos todavía me estoy preguntando qué demonios hace un tipo válido y razonable como él en un camarote como el rajoyano. En fin, habrá que esperar a que publique sus memorias –si es que lo hace algún día– para salir de dudas.

Con Soraya de superministra de economía nos espera más montorismo, política económica idéntica al socialismo cavernario pero cuyo secreto reside en presentarse por sorpresa, sin avisar, para que el palo duela más. El lenguaje montorista se descifra de un modo sencillo. Tan solo es necesario cambiar el sí por no, y el no por sí. Ejercicio práctico. Cuando Montoro dice que va a bajar impuestos es que los va a subir. Podría ser que Montoro dijese, en un momento de enajenación mental transitoria, que va a subir los impuestos. Eso implicaría que los va bajar, por eso el interfecto se cuida muy mucho de decir cosas imposibles en su universo. Resumiendo que Montoro y, por afinidad montorista, Soraya jamás dirán que van a subir los impuestos.

Lo primero que ha recibido la superministra son dos bofetones bruselenses. Uno de la comisión y el otro del BCE. El de la comisión era previsible. No se fían de Hacienda, así que quieren que otra “autoridad” supervise la maldita consolidación fiscal. Porque esto del 10% de déficit sine die no va a durar siempre, aunque Mariano crea que sí. Este año les ha cogido con el pie cambiado y el Gobierno se la ha vuelto a hacer, pero de 2014 no pasa. No es de recibo que hasta Grecia cumpla lo pactado y entregue un déficit del 6% mientras que aquí los “defensores de lo público” –no, no me refiero a Ada Colau, sino a los rajoyes– van a lo suyo y perseveran por segundo año consecutivo en seguir gastando mucho, muchísimo más de lo que ingresan.

Me contaba el jueves el maestro John Müller que el Gobierno se le antojaba como aquellos primeros parados de 2008 que juraban y perjuraban que nunca saldrían de casa por menos de 2.000 euros al mes. Bien, hoy lo hacen por mil… o menos. Esos parados tuvieron que ajustarse y el Gobierno tendrá que hacerlo en algún momento porque eso de no salir de casa por menos de medio billón de euros, que es lo que aproximadamente gasta en Estado anualmente, es un caprichito inexplicable que está prolongando artificialmente la crisis. Esta parábola mulleriana es perfecta para explicar nuestro abismo fiscal, así que, de aquí en adelante la utilizaré con permiso de su autor.

Claro, que podría ser que, de pronto, se empezase a crear empleo a lo bestia así, por arte de birlibirloque. Las cifras del paro en mayo vienen a crear esa impresión. “Ale, ya se ha acabado la crisis”, esa era la impresión el martes cuando se hicieron públicas, a 100.000 parados menos cada mes, dentro de un año 1,2 millones habrán salido de las listas del SEPE. Eso no va a suceder como es obvio, pero el cortoplacismo de esta gente roza lo enfermizo. No ya es que vivan pensando en el mes próximo, es que lo hacen pensando en mañana. Así nos luce el pelo.

Se cree o no se cree empleo lo que ya no se tiene en pie es el sistema de pensiones, piramidal y fraudulento como todos los de reparto. Hay que reformarlo, dicen un día sí y el otro también, hay que asegurar las pensiones de nuestros mayores, claman con voz engolada los del sable desde sus escaños. Bien, por mucho informe –que no reforma– que hagan los expertos lo que es, es, que decía el castizo. O convierten el momio en un sistema de capitalización, un fondo de pensiones digno de tal nombre, o aquí no va a cobrar la pensión más que el que se haya encargado de ahorrar por su cuenta.