Al diputado por UPyD Toni Cantó lo quieren empalar. Un concejal comunista, concretamente, haciéndose eco de un sentir muy extendido en las filas de la izquierda, que ha hecho de su concepción del feminismo un dogma incuestionable bajo pena, ya ven, de empalamiento. En el PSOE, en cambio, sólo piden su dimisión, porque entienden que sus mensajes en la red poniendo en duda los datos sobre el machismo agresor en España suponen sólo una incitación a la violencia contra las mujeres. Se trata del mismo partido que tiene en la presidencia de una delegación territorial a un señor condenado, no por incitar a la violencia de género sino por practicarla contra su mujer, y cuya permanencia en la vida pública no excita el prurito democrático de los socialistas tanto como la del diputado Cantó, que jamás ha sido acusado de agredir a nadie.
El portavoz de UPyD en la Comisión de Igualdad del Congreso desgranó en su twitter algunos datos sin contrastar, ofrecidos por una asociación de afectados por la Ley Orgánica 1/2004 contra la violencia de género. Como decía el filósofo, una mala tarde la tiene cualquiera, claro, pero el problema es el asunto sobre el que versó el error. Si hubiera dicho que en España se aborta todavía muy poco o que las mujeres que quieren abortar están discriminadas, el desliz hubiera sido aplaudido por los que ahora quieren empalarlo, pero al cuestionar el dogma de la discriminación positiva selló su destino, o al menos el de cierta parte de su anatomía.
A pesar de este celo empalador de los progres más devotos, lo cierto es que los propios datos de la administración judicial justifican cierto grado de sospecha acerca de las consecuencias que la aplicación de la ley de violencia de género tiene sobre la población masculina. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, desde 2006 en los juzgados de lo penal se han dictado 188.484 sentencias sobre violencia de género, 90.344 de las cuales fueron absolutorias. Por supuesto, eso no quiere decir que las más de noventa mil denunciantes acusaran falsamente a sus parejas por venganza o para obtener ciertas ventajas en el proceso de separación, pero sí que en todos esos casos se procesó a personas finalmente declaradas inocentes de los cargos que se les imputaban. El asunto no tendría más relevancia que en cualquier otro orden jurisdiccional si no fuera porque, a causa de la ley de violencia de género, muchos de esos noventa mil inocentes tuvieron que abandonar su hogar, privándoseles en muchas ocasiones también de poder ver a sus hijos hasta serles notificada la sentencia absolutoria.
Denunciar una ley injusta como la de violencia de género es un derecho de los ciudadanos y un deber de sus representantes políticos. A Cantó se le podrá afear que descuidara la necesidad de contrastar datos sensibles antes de hacerlos públicos, pero pedir su empalamiento político y físico es sólo la típica amenaza represora que la izquierda suele emplear contra los disidentes. El objetivo no es defender a las mujeres maltratadas, sino dejar claro a lo que se expone cualquiera que se atreva a poner en cuestión su visión sectaria de la convivencia. Desde este lunes, el diputado Cantó está también al corriente de cómo se las gastan los ungidos.
Casi seis millones de personas sin trabajo es una cifra sin precedentes en nuestra historia. Este desastre tiene multitud de causas, entre las que cabe destacar la comprobada ineficiencia del servicio público de empleo (SPE): ¡las empresas de trabajo temporal (ETT) colocan 4,8 veces más gente que el SPE, con sus 22.000 funcionarios y un presupuesto de 37.941 millones de euros (2012)!
Mi experiencia en el mundo nórdico del empleo, y lo que conozco que ocurre en otros lugares, me permite creer que la ampliación de la oferta a través de la colaboración público-privada, junto con una libertad de elección real, podría dar paso a un sistema de apoyo al desempleado más dinámico y eficaz.
Con las reformas introducidas por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre 2010, hoy sería posible, sin alterar el marco legal, llevar a la práctica una propuesta que elaboré en 2010 pensando en una comunidad tan dinámica como la de Madrid. Estaba centrada en el Bilma (Bono de Inserción Laboral Madrileño), financiado con fondos públicos, que otorgaría a los desempleados la libertad de elegir, dentro del ámbito de colaboración público-privado, al proveedor de su preferencia.
Los objetivos del Bilma serían los siguientes:
Crear un sistema más dinámico y eficaz a través de la competencia y la libre elección de los usuarios. Las empresas privadas de colocación (acreditadas ante el Servicio Regional de Empleo Estatal) se sumarían a la elaboración y gestión de los programas de orientación, formación e intermediación laboral de responsabilidad pública.
Ampliar la oferta para apostar, especialmente en tiempos de crisis, por la formación ocupacional, con el fin de incentivar la pronta vuelta al mercado laboral y no las subvenciones por desempleo.
Conferir al usuario libertad en la elección de un plan de reinserción laboral basado en sus necesidades específicas y asistido por las agencias profesionales, que competirían entre sí y por ello se verían obligadas a poner al usuario en el centro.
Una fórmula para incentivar la obtención de logros reales en términos de acceso al empleo podría ser que el cobro del bono fuera del 50% por cada usuario que haya establecido un plan de reinserción laboral y participado en alguno de los momentos de formación ocupacional contemplados en el mismo. El cobro del 50% restante se haría efectivo una vez lograda la inserción laboral y probado el seguimiento del cliente, a fin de que mantenga el empleo.
Lo importante no es quién tiene la gestión, sino que los programas de formación e inserción laboral de responsabilidad pública sean de calidad y eficaces, y que los usuarios estén satisfechos y también, por supuesto, que las leyes y las reglas se cumplan.
La experiencia de otros países es un excelente referente a la hora de pensar en reformas, con la certidumbre de que al final todas las sociedades se han visto enfrentadas a problemas similares.
Entre los innumerables problemas que afectan a gran parte de las esclerotizadas economías europeas (Estados mastodónticos que asfixian fiscal y regulatoriamente a un atrofiado sector privado), hay uno que destaca sobre los demás: la permanente inestabilidad institucional y la cierta sensación de que el continente puede romperse por cualquier lado. Hoy es Italia donde un Berlusconi echado más que de costumbre al monte inflacionista amenaza con dinamitar la arquitectura jurídica del Continente; ayer era Grecia, con sus neonazis y neocomunistas, la que amagaba con celebrar el referéndum rupturista que meses antes había anunciado Papandreu; y mañana serán España –con sus quinceemes, veintitresefes, bárcenas y urdangarines– o Francia –con su Hiperestado infinanciable y su socialismo enrocado– los que den la campanada. La normalidad europea pasa por la anormalidad estructural, por la certidumbre en la incertidumbre permanente.
Es cierto que no todos los cambios son siempre para peor y que, en ocasiones, incluso resulta deseable precipitarlos. El problema de Europa no es, pues, la posibilidad en sí misma del cambio (que es hoy más necesario que nunca), sino la desazonadora seguridad de que los cambios serán a peor y generarán más estatismo, populismo y arbitrariedad política; hacia una menor libertad, en definitiva. ¿Cómo promover una sana inversión a largo plazo en un territorio crecientemente tóxico y hostil? ¿Cómo crear riqueza en unos países que se dedican principalmente a rapiñarla y consumirla? ¿Cómo lograr una cierta previsibilidad a largo plazo en los cálculos empresariales cuando la nota dominante es la imprevisibilidad?
Acaso se diga que tales son las inexorables consecuencias de una crisis económica tan brutal como la que estamos atravesando. Pero semejante planteamiento peca de simplista, pues sólo coloca su sesgada atención en una parte de la realidad. Si la mayoría de Europa reacciona ante la crisis apostando, consciente o inconscientemente, por una degeneración institucional –en lugar de por una regeneración– es simple y llanamente porque la sociedad europea ha sido adoctrinada durante más de un siglo en el antiliberalismo más rampante: la estatolatría, la fe ciega en la planificación central y en la democracia irrestricta, la veneración del Estado de Bienestar, la creación artificiosa de todo tipo de derechos sociales y económicos que jamás dejaron de ser esclavizaciones del prójimo y la adicción al sobreendeudamiento público o privado como vía a una artificiosa e insostenible prosperidad.
Lejos de mamar los valores de la libertad individual, de los contratos voluntarios, de la responsabilidad o del ahorro; lejos de instruirse en la prudencia financiera, en la creación de valor económico o en la construcción de un patrimonio personal; y lejos de comprender que el Estado no es un aliado sino un enemigo al que hay que recluir y maniatar, la mayoría de los europeos sigue pataleando contra el Estado no por provocar y agravar la crisis, sino por no subir suficientemente los impuestos a los ricos, por no endeudarse todavía más, por no crear empleo público de la nada, por no subsidiar a más ciudadanos, por no devaluar la divisa, por no rubricar el impago de todas y cada una de las deudas contraídas y por no nacionalizar y someter sectores económicos enteros.
Que frente a las crisis un alto porcentaje de la población busque más estatismo y no más liberalismo –y se refugie en extravagantes alternativas liberticidas, como los berlusconis y los syrizas, o apuntale a los también liberticidas partidos mayoritarios, podridos hasta la médula– no tiene que ver con las crisis, sino con los valores y la formación de los ciudadanos. Y justamente lo que genera inquietud son las formas de organización política a que puedan dar lugar tales valores y tal formación. Al parecer, sólo el pan y el circo parecen calmar a los hijos del socialdemócrata Estado de Bienestar europeo; y habiéndose reducido las sobreendeudadas hornadas de pan gubernamental, se está optando por trasladar el circo a la arena política. Es decir, se está optando por echar a todos los ciudadanos a los leones. Como para no salir corriendo.
Esta semana se ha discutido mucho en el debate del Estado de la Nación, pero casi todas las propuestas que he escuchado iban en la misma dirección. Más intervención. Sin embargo, necesitamos inversión y capital. Por ello, quisiera compartir con ustedes un informe que hice llegar al partido del Gobierno tras conversaciones con algunos de sus dirigentes, con mis propuestas para desbloquear y atraer capital. Ideas que en algunos casos llevo comentando desde hace meses y que funcionan en países de nuestro entorno.
El problema de paro y deuda de España no se puede enfocar desde un punto de vista bancario ni de gasto público. Un déficit del 7% -que alcanza el 10,2% si se incluye la ayuda a la banca- no es un derecho. Es deuda que ahoga al sistema y retrasa la recuperación. Por ello, la solución no se va a dar con más crédito. Tampoco será aumentando impuestos cuando el esfuerzo fiscal es de los mayores de la OCDE. Se arregla atrayendo inversores y facilitando la conversión de deuda en capital.
Aparte de aplicar el lápiz rojo, que cada vez es más urgente, debemos estimular la demanda interna desde la fiscalidad, no desde el gasto, y cercenar la burocracia desde los principios de buen gobierno. Son soluciones para un estado que pierda el miedo al extranjero y que reconozca la oportunidad de generar más ingresos fiscales futuros con mayor actividad económica evitando políticas confiscatorias y de recaudación inmediata, que son pan para hoy y hambre para mañana. El día que entendamos que no importa tanto la propiedad como la gestión, el valor creado, el empleo y la calidad del mismo, empezará la recuperación.
1) Bajar Impuestos: El aspecto más importante. Un tipo fijo por el que todas las compañías comerciales paguen una tasa del 12,5% real, simple, igual para todos. El principal problema de nuestro sistema impositivo -además de ser muy oneroso- es su altísima complejidad. Un tipo real del 12.5% reduciría la administración del impuesto, sus costes asociados y no requeriría de una legión de fiscalistas en busca de deducciones. Un régimen de autónomos donde se pague una cuota de 25 euros –todos, no solamente los jóvenes- y se deduzcan impuestos si se crea empleo estable. Un entorno impositivo atractivo y bajo, tanto a nivel corporativo como personal, predecible a largo plazo, es esencial para ayudar al país a recuperarse.
2) Atraer contratación: La devaluación interna solo reduce costes y frena la destrucción de empleo, pero no lo crea. El empleo que se debe crear en España debe ser adecuado a la formación de su población, que es muy alta, y debe estar menos expuesto al ciclo inversor del Estado, que ha alcanzado un máximo imposible de recuperar. En España, el 70% del valor añadido y el empleo lo crean las pequeñas y medianas empresas, pero la transición a gran empresa es una de las más bajas de Europa. España es el país de la UE donde es más caro establecerse después de Francia y esto, añadido a la burocracia, hace que sea aún muy laborioso crear puestos de trabajo (en Reino Unido se tarda un día en crear una empresa). En vez de penalizar con más regulación y coste, facilitar la transición eliminando trabas, no “suavizándolas”.
3) Más facilitadores – Menos obstructores: El informe “Doing Business” del Banco Mundial sitúa a España en puestos muy inferiores a países de su entorno en cuanto a facilidad para crear una empresa. Según Morgan Stanley (“adopting Anglosaxon flexibility could boost GDP by 15% in the long run”), España se beneficiaria de un entorno menos asfixiante y restrictivo, con una regulación eficaz, no confiscatoria. Utilizar nuestro capital humano, que hoy está desaprovechado en funciones burocráticas, para facilitar y asesorar a las empresas a crear valor, con un sistema de remuneración basado en beneficios generados, no en papeles acumulados.
Invertir en España se percibe como un ejercicio tedioso y complejo que necesita de favores de los políticos locales. Debemos convertir estas estructuras en “facilitadoras” en vez de “obstructoras”. Disminuir drásticamente las barreras de entrada eliminando limitaciones proteccionistas.
4) Menos gasto público y más apoyo sin coste: El Estado no ha conseguido reducir su deuda y la presión fiscal hunde las posibilidades de consumo. La demanda interna debe estimularse de nuevo, porque el aumento de exportaciones no es suficiente. La devaluación interna y el hundimiento de las importaciones no pagan la deuda, es encoger para encoger (shrink to shrink). Pero el estímulo de la demanda interna no debe ser a través del gasto público, que ha demostrado ser ineficiente y caro –planes E, economía “verde”, AVEs etc-. El apoyo debe venir a través de deducciones fiscales agresivas a la inversión privada productiva. Un horizonte legal claro,con máximo respeto de la propiedad privada y una fiscalidad baja, simple y clara para todos, no sólo para los nuevos. Estimularía claramente la inversión y la transición de la actividad hacia actividades productivas. Para atraer inversión en tecnología y alta productividad es necesario una reforma en credibilidad y transparencia, añadido a un esfuerzo de recorte del gasto real y sostenible, puesto que así se eliminará el miedo de los inversores a que se confisquen sus beneficios futuros con nuevos impuestos.
5) Más capital riesgo: La inversión por parte de fondos de capital riesgo cayó significativamente entre 2005 y 2012. Es importante recordar que el capital de estos fondos es de largo plazo, unos 10 años. Si se crea un entorno favorable, se generará una fuerte inyección de capital, creación de empresas y reducción de paro.En Estados Unidos, más del 50% de los créditos a la economía real provienen de instituciones financieras no bancarias, fondos que se dedican a prestar dinero. Tras la crisis, los bancos europeos se han visto obligados a mejorar sus ratios de capitalización y reducir su deuda, lo que lleva a que se cierre el crédito para las empresas y una economía con PyMEs débiles está condenada al fracaso. España podría ser líder en financiación privada por sus infraestructuras modernas, aprovechando el despilfarro del pasado, y su profesionales cualificados, dando oportunidades a los afectados por la reestructuración del sector financiero. Promover la creación de fondos privados dedicados al crédito es esencial, y la forma más fácil de motivar a un inversor es reduciendo los impuestos a las ganancias obtenidas.
6) Acceso a propiedad y buen gobierno: La percepción de clientelismo y falta de apertura provocan pérdida de inversiones. Quejarse de que es injusto y quedarse parado es inútil. Apertura real a la inversión. Demostremos que somos mejores, no comparándonos con los peores a ver quién es menos malo.
Liquidar empresas públicas en pérdidas es parte de la solución, pero lo importante es que se facilite la transición de esos sectores a un modelo de gestión excelente y creador de valor. Nunca va a ocurrir desde la intervención. Debemos garantizar reguladores independientes con gestores profesionales, no políticos de carrera, cuyas recomendaciones sean vinculantes y no consultivas.
Ampliar capital es la única manera para que muchas empresas y bancos salgan del agujero de deuda. Algunos lo han hecho muy tímidamente, pero debe llevarse a cabo de manera mucho más agresiva. En España hay puertas abiertas para endosar deuda y paquetes invendibles, pero sin voz ni voto. El paso definitivo es convertir deuda excesiva en capital con acceso a propiedad y gestión, porque la siguiente fase de crecimiento no va a ser financiada por cajas de ahorros y núcleos duros. En empresas, un mejor gobierno corporativo es esencial para afianzar la recuperación. La alineación entre los intereses de los gestores y los inversores es crucial, y las limitaciones y restricciones de voto o al capital destruyen la confianza.
La percepción de inseguridad jurídica y de que no se penaliza las actividades delictivas es letal para la inversión a largo plazo. En el Estado, la transparencia y la profesionalidad deben incluir la responsabilidad penal personal, el castigo ejemplar y la meritocracia. Un sistema que no solo genere consecuencias penales por la mala gestión, sino que imposibilite el “realojamiento” en el sector privado, así se evita el contagio de riesgo político a la industria.
7) Eliminar subvenciones: Casi todas las actividades económicas sufren la lacra de las subvenciones-primas-ayudas (nombres tenemos de sobra), que atacan al consumidor de forma doble: vía precio y vía impuestos. Mientras España siga siendo percibida como una economía intervenida por dichas subvenciones, los inversores van a seguir buscando opciones en otros países, porque las economías muy subvencionadas están también sujetas a vaivenes regulatorios. Es esencial cambiar pagos a costa del Estado por incentivos fiscales. Evitaría burbujas y “efectos llamada falsos” además de adecuar la demanda de inversión a la rentabilidad real.
8) Aprovechamiento de la infraestructura existente e inversión inmobiliaria: España tiene la obligación de aprovechar la locura de infraestructuras realizadas y tratar de ponerlas en valor, que es para lo que se establecieron. No debieron hacerse, de acuerdo, pero ahora que el mal está hecho deben ponerse todos los medios para sacarles rédito, siempre que no provoquen efecto excluyente (crowding-out) a través de “dumping”, precios inferiores a los costes. Tener infraestructuras modernas es una cierta ventaja competitiva a la hora de atraer capital, pero solo si la región que las posee es receptiva y sus estructuras administrativas son facilitadoras, no obstructoras. Así se podrá reducir deuda vendiendo parte de dichas infraestructuras. No existe precio bajo cuando no hay demanda. Un aeropuerto tiene valor si se pudiese vender y eso solo ocurre si se generan condiciones para que haya viajeros.
En cuanto al parque de viviendas, el porcentaje de propiedad en España es demasiado alto y las familias no pueden comprar casas fácilmente con su renta disponible decreciendo. Sin embargo, incentivar el alquiler con apoyos fiscales atrae a inversores hacia los edificios susceptibles de generar una renta mensual sólida. Para ello, la rentabilidad por alquiler debe ser superior a la del bono soberano y menos arriesgada que hoy en términos de impagos y aumentos de impuestos (IBI). Si el Estado entiende que renunciar a algunos ingresos hoy implica mayor actividad en el futuro y hace que la rentabilidad-riesgo sea adecuada, el parque inmobiliario pasará de ser una carga a una oportunidad
9) Industria energética: Desde la crisis, la industria de gas y petróleo en EEUU ha generado $76.000 millones de PIB, $33.000 millones de inversiones adicionales y 600.000 empleos nuevos gracias a la revolución del gas pizarra, que ha bajado los costes energéticos un 44%. España tiene amplias reservas de gas pizarra y estas se encuentran en regiones como Cantabria, País Vasco o Castilla León, donde además existen elevados índices de desempleo (20-30%). El tipo de empleo que crea esta industria es de personal cualificado y a muy largo plazo y las inversiones son de miles de millones, directas, pagadas con caja libre, que pagan impuestos y no necesitan subvenciones. Además, es un tipo de empleo cuya demanda a nivel global no para de aumentar. Las preocupaciones medioambientales (lean aquí) se solventan colaborando con la industria y regulando desde la oportunidad, como se ha hecho en EEUU, no la obstrucción. Las oportunidades en petróleo y gas en Canarias, Valencia, y otras regiones no deben ser ignoradas ya que son generadoras de empleo estable y cualificado.
10) Comunicación e Implementación: España tiene un problema de comunicación con el exterior tras muchos años de culpar a los demás de nuestros problemas y exigir que nos entiendan y “confíen”. Esta actitud crea frustración y los inversores simplemente prefieren orientar sus recursos a otras oportunidades. Se debe hacer un esfuerzo constante por parte del presidente y los ministros –todos- de comunicar al mercado los objetivos que se van consiguiendo, pero mucho más importante explicar con detalle las dificultades y los errores, y las medidas para solucionarlos. No entregarse al voluntarismo es tan importante como resaltar los éxitos.Acompañar a inversores y empresas que, hoy con reticencias vean un ambiente de puertas abiertas real.
En mi experiencia en comunicación siempre decíamos que la confianza se labra durante años y se pierde en segundos. No sólo hay que creerse bueno, hay que serlo. Como los mejores. Disculpen este momento Jerry Maguire, pero creo que merece la pena aportar ideas. Buen fin de semana.
Llevamos ya meses de continuos paros de distintos sectores, generalmente públicos. Todos ellos tienen un denominador común: se producen cuando algo afecta a las condiciones laborales de los huelguistas, quienes por otro lado se afanan por presentar otras causas como sus verdaderas reivindicaciones.
El truco no es nuevo. Cuando era crío disfrutaba con cierta frecuencia de huelgas de profesores. En aquellos felipistas tiempos siempre pedían un montón de cosas para mejorar la calidad de la educación, aunque por alguna extraña razón se solían conformar con un aumento de sueldo, una disminución de horas o las dos cosas al tiempo.
Cuando un colectivo hace huelga –que es una acción que implica un coste económico– con porcentajes de seguimiento cercanos a la unanimidad, puede estar seguro de que lo que piden es algo bueno para ellos. La razón es simple: la sociedad es diversa, tenemos distintas opiniones, y si cada español lleva un seleccionador dentro, también tiene un gerente que siempre sabe mejor que nadie cómo organizarlo todo. Si es imposible ponernos de acuerdo en cuál es la mejor alineación para un partido cualquiera, imaginen como sería para dilucidar qué es lo mejor que puede hacerse para que nuestra empresa o departamento funcione mejor y a un menor coste.
De modo que, si existe un acuerdo amplio, casi unánime, es porque ese colectivo está exigiendo algo que redunda en su propio beneficio: en esto sí tendemos a ponernos de acuerdo con cierta facilidad. Pero, tanto en el sector público como en aquellas empresas en que las huelgas pueden hacer daño a un buen número de inocentes, decir que se jode al prójimo en provecho propio no está muy bien visto, salvo para una minoría muy ideologizada. Así que se buscan excusas plausibles, que una parte del colectivo sin duda también se cree, para lograr un apoyo más amplio entre los ciudadanos.
Así, los funcionarios que no quieren que se les congele el sueldo o quedarse sin paga extra, los profesores que no quieren trabajar más o acabar en el paro, los controladores aéreos que no quieren renunciar a unas condiciones laborales propias de marajás, los profesionales sanitarios que ven en peligro su segundo empleo en la sanidad privada o su estatus funcionarial, los trabajadores de Iberia que ven peligrar su empleo o su sueldo… todos ellos invocan una razón distinta y más elevada para defender sus intereses. Que se está acabando con la educación o la sanidad públicas, que se pone en riesgo la seguridad aérea, que los malvados británicos están saqueando nuestros tesoros nacionales, que hay que defender la independencia judicial…
Pero es mentira. Lo único que puede unir tanto a un grupo de gente distinta, con opiniones variopintas sobre lo divino y lo humano, es aquello que les afecta personalmente. Y es legítimo que así sea; al fin y al cabo las huelgas se inventaron como una herramienta para mejorar la situación de los huelguistas. En su lugar, cualquiera emplearía cualquier excusa para quedar mejor ante la opinión pública y tener más opciones de conseguir lo que se quiere. Pero, hombre, no pretendan que nos lo creamos.
El pasado domingo se celebró una sesión de psicoterapia colectiva, al modo de las organizadas por las asociaciones de alcohólicos anónimos, que RTVE tuvo el gesto de retransmitir en directo porque a la vez se repartían los premios anuales de una determinada rama industrial. La cinematografía, y eso. El desfile de personalidades recogiendo galardones resultó muy interesante para comprobar la evolución de los pacientes, después de que el estallido de la crisis económica les cogiera con el dedo todavía puesto en la ceja y "cantando a la alegría". Van mejorando. Desalojado del poder su partido, ya pueden dar rienda suelta a sus explosiones emocionales ejerciendo de portavoces de las víctimas que ellos mismos han contribuido a machacar.
Hospitales sin mantas para los moribundos ni agua para mitigar su agonía, oleadas de suicidios a causa de la avaricia de los poderosos, niños traídos al mundo sin la menor garantía de que puedan recibir alguna instrucción pública, todo ello entreverado con observaciones pretendidamente irónicas sobre las golferías fiscales del partido en el poder, dieron forma a un espectáculo que nunca defrauda a sus incondicionales. Pero el momento mágico de la noche fue cuando una matrona prematura del cotarro hizo oficial su denuncia de un sistema "que roba a los pobres para dárselo a los ricos", que es la mejor definición posible del socialismo, aunque la pobre pretendiera con su frase señalar en sentido contrario.
¿Quiénes son los pobres y quiénes los ricos? Eso es algo que la susodicha no aclaró; no por el tiempo limitado de que disponía para su intervención, sino porque en la secta progre el análisis político se reduce a unos pocos sobreentendidos de carácter sentimental para separar a los buenos (los que piensan como ellos) de los malos (todos los demás). Si hubiera reflexionado antes habría evitado elegir como categoría disyuntiva el flujo monetario, puesto que todos los presentes, en última instancia, viven precisamente gracias al dinero que el "sistema" extrae de los pobres que no pueden dejar de pagar al fisco. Así pues, siguiendo su propia lógica, trabajar en un sector fuertemente subvencionado como el cine español les sitúa inmediatamente en el conjunto de los "ricos", que lo son gracias a que expolian a los pobres, según el viejo esquema marxista compartido por todos ellos.
La constatación de su propia vileza podría tener consecuencias irreparables en gente tan emotiva, pero afortunadamente para todos ellos el presidente del tinglado había dejado sentado minutos antes el dato esencial que consagra la dimensión ética de sus trinques cotidianos. Fue cuando afirmó que el cine es "un derecho de todos". Un derecho "humano", le faltó añadir, con la propuesta formal de que la ONU lo incluya de inmediato en su Declaración Universal. Porque, a pesar de todas las apariencias, los progres no roban a los pobres. Simplemente detraen del Estado una módica cantidad para otorgar carta de naturaleza a un derecho esencial de las capas más desfavorecidas: el de no ir al cine a ver sus bodrios. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos.
El cine es un derecho de los ciudadanos. Por tanto, los ciudadanos deben pagarlo. Esas son las reivindicaciones con que los profesionales de la subvención nos aburren gala tras gala de los Goya. Como además se dedican a insultar con fruición a una buena parte de su audiencia potencial, cada vez son más quienes piden sin éxito a los Gobiernos que hagan el favor de, cuando menos, poner una equis en la declaración de la renta para que se pueda objetar. Pero lo cierto es que tampoco hay tanta diferencia entre los caraduras del cine y los demás, que somos todos.
Vivimos en una época de inflación de derechos. Una organización a la que pertenezco, la Asociación de Internautas, ha batallado a favor de que la banda ancha sea considerada un derecho. Y lo peor es que lo ha conseguido. Cuando algo que no existía hace poco más de una década se transforma en derecho, ¿no hay nadie que se detenga a pensar si estamos haciendo algo mal? Tenemos derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, hasta al paisaje. Estamos llegando al punto en que tendremos derecho a todo lo que no esté prohibido.
Cuando se califica algo de derecho se producen principalmente dos efectos:
Se incentiva la irresponsabilidad. Si tenemos derecho a algo, nos lo tienen que dar, hayamos hecho algo para merecerlo o no. Así, tenemos a toda una vicepresidenta esforzándose por soltar la lagrimita mientras reclama el derecho a equivocarse, que al parecer consiste en que podamos comprar una vivienda que no nos podemos permitir sin sufrir las consecuencias de tan temeraria decisión. Ada Colau va un paso más allá y cree que ni siquiera ha existido equivocación, sino que la hipoteca era una obligación –de la que ellamilagrosamente quedó exenta– y, por tanto, quienes la firmaron forzados no deberían cumplir los términos del contrato.
Se diluye la importancia de los derechos de verdad, los que garantizan que puedas vivir la vida que elijas sin esclavizar a los demás en el proceso. El derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, que decía la Declaración de Independencia, y que el pobre Toni Cantó negó a los animales. Estos derechos son violados sistemáticamente a fin de garantizar, naturalmente sin éxito, todos esos otros derechitos que nuestros políticos han inventado o adoptado por todos nosotros. Y no sólo nos parece bien: es que nos indigna que haya quien pueda llegar a discutir que destinar su tiempo y dinero a lo que él prefiera, cuente o no con la aprobación del vecino, es un derecho que está por encima del de enfrente a destinar el tiempo y dinero de los demás a lo que a él más le guste.
El problema del cine es que ha pretendido que esta forma de pensar, mayoritaria en España, es potestad exclusiva de la izquierda, quizá por el monocultivo ideológico en que vive. Pero en lo demás no se diferencia nada de la industria de las renovables o de los empleados públicos –sean periodistas, profesores o médicos–, que convierten en derecho inalienable lo que no es más que un privilegio circunstancial.
Lo importante en este país socialdemócrata no es lo que hagas, ni la coherencia entre palabra y obra. Da lo mismo que dediques un premio a quienes "han perdido su casa" dos años después de protagonizar un anuncio de hipotecas o que clames contra un "sistema injusto que permite robar a los pobres para dar a los ricos" cuando vives del dinero que pagan por obligación personas mucho más pobres que tú vía impuestos. Tampoco importa que aplaudas las mamarrachadas antisistema de Colau mientras haces anuncios para el Banco Sabadell. Lo importante es tener el corazón en el sitio justo. Y que sangre mucho y muy públicamente por los demás. Bayona, ahí nos has fallado.
Los enemigos de los mercados libres suelen caracterizar el liberalismo como una ideología sometida a los intereses del empresariado, sobre todo del gran empresariado. Al muy conspiranoico modo, tratan de describir el liberalismo como un conjunto de hipótesis ad hoc dirigidas todas ellas a beneficiar a la plutocracia gobernante: impuestos bajos o inexistentes, ausencia de regulaciones laborales, defensa de la propiedad de quienes ya tienen elevados patrimonios, oposición a la mal llamada legislación de defensa de la competencia, etc. Ciertamente, dando una visión muy parcial y sesgada del asunto, la hipótesis podría resultar verosímil, si bien cuando escudriñamos un poco en la realidad podemos comprobar su escaso fundamento.
Para empezar, hay que decir que el liberalismo busca descubrir aquellos principios normativos universales y simétricos que permiten que cada individuo o grupo de individuos pueda satisfacer sus fines vitales de manera voluntaria, cooperativa y mutuamente beneficiosa con otros individuos o grupos de individuos. La materialización práctica de esta saludable premisa es que las relaciones humanas han de venir coordinadas sobre la base del respeto a la propiedad privada y a los contratos voluntariamente firmados, sin que ninguna persona tenga derecho a iniciar la violencia contra la propiedad privada ajena y las cargas que convencionalmente ha asumido (incumplimiento contractual). Por consiguiente, ya desde un comienzo no puede decirse que el liberalismo esté al servicio de la clase empresarial, pues los derechos y deberes fundamentales son los mismos para todos los individuos, sean quienes sean y se hallen en la posición en la que se hallen.
Claro que, frente a lo anterior, la respuesta más común suele ser: si un liberal defiende simétricos derechos y deberes para todos es porque sabe que esa igualdad jurídica beneficia a los empresarios frente al resto de la sociedad (por el motivo que sea: por ser los más hábiles, los más listos, los más guapos o los más ricos); el marco aparentemente razonable no deja de ser un subterfugio para consolidar un régimen de explotación empresarial: no puede tratarse de igual modo a quienes son diferentes.
Demostrar que el imperio jurídico de la propiedad privada y de los contratos voluntarios es beneficioso para todos nos llevaría demasiado lejos; baste decir a este respecto que si el mercado no es un juego de suma cero –y no lo es–, todos pueden salir ganando de la cooperación social, por mucho que algunas personas (las más perspicaces) sean capaces de obtener más beneficio de esa cooperación que otras personas, pero el caso es que todas tienen el potencial de salir ganando (unas más, otras no tanto). Lo que sí me interesa en este artículo es refutar la hipótesis de que todas las propuestas liberales son, en el fondo, una mascarada dialéctica dirigida a que el empresario pueda lucrarse con impunidad.
Ya de entrada, semejante paranoia se enfrenta con un problema irresoluble: los intereses de los empresarios y de los capitalistas no son ni mucho menos homogéneos. Dentro de una misma empresa hay distintos intereses en liza (por ejemplo, el capitalista quiere que el empresario no se le desmadre y el empresario puede intentar lucrarse a costa del capitalista: es lo que se conoce como problema del agente-principal); dentro de una misma industria, dos compañías pueden competir y batallar hasta que una de ellas desaparezca (verbigracia, dos fabricantes de teléfonos móviles o de sistemas operativos); dentro de un mismo sistema económico, diferentes industrias pueden reproducir esa feroz competencia para quedarse con los consumidores de la otra (por ejemplo, empresarios que fabrican máquinas de escribir y ordenadores personales); incluso dentro de la economía global, los intereses generales de unos capitalistas pueden estar enfrentados a los de otros capitalistas (por ejemplo, cuando escuchamos que los especuladores se están cebando con las acciones o con la deuda de una empresa, es evidente que los intereses de los especuladores están absolutamente contrapuestos a los de la empresa contra la que especulan). Si los liberales tuviéramos que defender militantemente los intereses de empresarios y capitalistas, colapsaríamos víctimas de un cortocircuito esquizofrénico: exactamente, ¿los intereses de qué empresarios o capitalistas habría que defender en cada momento? Aunque fueran los del mejor postor, ese empresario no siempre tiene por qué salir ganando con el libre mercado, pero los liberales coherentes siempre defienden el libre mercado, ¿cómo conjugar eso con las variables posiciones de cada empresario dentro del mercado?
Y es que, como digo, no es ni mucho menos cierto que todos los empresarios o que todos los capitalistas salgan permanentemente beneficiados de un mercado libre y, por tanto, no todos ellos –ni siquiera una mayoría– defenderán los principios del liberalismo, o no lo harán en todo momento. En realidad, el mercado libre sólo beneficia a aquellos empresarios o capitalistas que sean capaces de invertir adecuadamente su capital para satisfacer, mejor que el resto, las cambiantes necesidades de los consumidores… y sólo mientras sigan siéndolo: se trata, pues, de un entorno bastante incierto, hostil y mutable en el que pocos empresarios se sienten permanentemente confortables. Lo que la gran mayoría de empresarios desearía es que el Estado les garantizara su acotada parcela de actividad, sus beneficios mínimos anuales y otro tipo de canonjías que les permitieran disfrutar de la vida sin quebraderos de cabeza. Si los liberales estuvieran al servicio del empresariado, sus principales reivindicaciones consistirían en exigir al Estado regulaciones y gastos que maximicen el lucro empresarial. Pero es justamente al contrario: reclaman derogar todas esas regulaciones y gastos públicos que tan lucrativos resultan para cierta casta corporativa.
Por hacer un listado no exhaustivo, la inmensa mayoría de liberales se opone a este tipo de prebendas tan del gusto de muchos empresarios acomodados:
Precios garantizados, subvenciones o rescates. En un mercado libre, todas las empresas deben estar sujetas a los deseos de los consumidores. Eso implica que ningún capitalista tiene garantizadas sus rentas futuras, sino que éstas aflorarán en tanto en cuanto sigan siendo capaces de satisfacer mejor que el resto a los consumidores. Este principio, claro, no es sólo de aplicación a capitalistas y empresarios, sino a todos los agentes económicos (de ahí la muy extendida percepción de que somos esclavos del mercado); pero lo importante es que también les es aplicable a ellos. En consecuencia, los liberales se oponen a todo tipo de tretas estatistas dirigidas a burlar esta servidumbre al consumidor, como pueden serlo los precios garantizados (el Estado compra la mercancía estropeada de un empresario a precios más altos que los que están dispuestos a abonar los consumidores), las subvenciones (se obliga a los contribuyentes a sufragar un proyecto empresarial que no concuerda con sus gustos como consumidores y, por tanto, se somete a estos últimos a los caprichos del empresario) o los rescates (compañías fallidas que han destruido más riqueza de la que han sido capaces de crear y que deberían desaparecer pero a las que se les reflota en contra de los deseos últimos de los consumidores). Los empresarios gustan de precios garantizados, de subvenciones y de rescates; los liberales, no.
Barreras de entrada al mercado. Si el empresario debe servir al consumidor en todo momento mejor que los demás, es evidente que su puesto dentro de la organización económica peligra cada segundo. Puede que ahora mismo no conozca de ninguna amenaza, pero eso no significa que no se esté preparando en algún garaje o en algún despacho un plan de negocios que a corto, medio o largo plazo termine destronándolo. Los empresarios que se hallan dentro del mercado adoran, por consiguiente, todo tipo de trabas y de barreras de entrada que impidan que empresarios con nuevas ideas los desbanquen. Los liberales, en cambio, se oponen a toda regulación que bloquee esa sana competencia, precisamente porque la competencia permite enterrar a los empresarios menos eficientes: ni licencias, ni reglamentaciones que impongan gravosos costes iniciales, ni concesiones exclusivas, ni siquiera patentes. De nuevo, los empresarios ya asentados adoran las restricciones a la competencia; los liberales las detestan.
Aranceles y otras barreras proteccionistas. Una forma de protección contra la competencia que, por su importancia, ha adquirido entidad propia son los aranceles, las cuotas y demás barreras proteccionistas. Este armazón mercantilista blinda a las empresas nacionales de la competencia exterior, asegurando a los empresarios que se han especializado en atender al mercado interno que van a mantener su cortijo. Dado el tamaño de la economía mundial en relación con el de la economía nacional, sólo hay que pensar en la enorme desazón que siente un empresario nacional cuando, de repente, caen las barreras comerciales y se encuentra con toda una marabunta de potenciales competidores extranjeros. De ahí que muchísimos empresarios adoren el proteccionismo comercial, mientras que los liberales siempre han sido marcadamente librecambistas. Nuevamente, los empresarios van por un lado, los liberales por otro.
Crédito artificialmente barato. Capitalistas y empresarios suelen tener, al menos en un comienzo, una relación pasional con el crédito barato. Muchos empresarios venden la mayor parte de sus mercancías a crédito (viviendas, grandes electrodomésticos, automóviles, etc.), de modo que, a más crédito, más ventas. Asimismo, para montar una empresa, o para multiplicar sus rendimientos, es necesario capital, y una forma de obtener ese capital de manera asequible es con un volumen de crédito artificialmente abaratado. A su vez, los empresarios proveedores de ese crédito artificialmente barato y abundante –los banqueros– también obtienen plusvalías extraordinarias por su mayor volumen de negocio. Por tanto, casi todos los empresarios están encantados con las expansiones crediticias derivadas de la privilegiada situación de los bancos. Por el contrario, los liberales rechazan las manipulaciones inflacionistas del crédito e incluso llegan a proponer para evitarlas el abandono de la moneda fiduciaria y el cierre de esos monopolios estatales llamados bancos centrales que tanto convienen y benefician a los bancos privados. Otro punto donde empresarios y liberales chocan de frente.
Planes de estímulo y obra pública. Una posible derivada de las expansiones crediticias es el endeudamiento estatal dirigido a acometer todo tipo de proyectos disparatados, como puede ser la obra pública megalómana. Muchas empresas están encantadas con tales planes de estímulo por cuanto incrementan sus ingresos (sobre todo, las que son directamente beneficiarias de los contratos estatales, pero también aquellas que salen ganando por el estímulo temporal del gasto agregado). De hecho, tales estímulos no son más que una forma de subvención y, como todas las subvenciones, son rechazados frontalmente por los liberales. Otro ejemplo de no coincidencia de pareceres entre unos y otros.
En suma, que los liberales defiendan un marco jurídico donde los mejores empresarios puedan prosperar y enriquecerse no significa que estén a su servicio, pues también es un marco donde los malos empresarios –sin las redes y los privilegios estatales– están condenados a fracasar y arruinarse; y sucede que los empresarios exitosos de hoy pueden ser los fracasados de mañana. Si los liberales defienden ese marco es porque es el marco óptimo para que todos satisfagan sus necesidades: pues los mejores empresarios se enriquecen sólo después de haber generado mucho valor para los consumidores. La realidad, pues, es más bien la opuesta: son los antiliberales intervencionistas quienes recurren a todo tipo de argucias estatistas para socavar la soberanía del consumidor y, consciente o inconscientemente, llenar los bolsillos de los cuatro empresarios afines al régimen.
“Protectionism teaches us to do to ourselves in time of peace what enemies seek to do to us in time of war”. Henry George
El G20 se presenta divertido. Guerra de divisas, proteccionismo, represión financiera y todos diciendo que la culpa es del otro. Esto en un entorno de economías en contracción, como mostraron los datos de Alemania, Francia o Italia, y agotamiento, como vimos con la producción industrial de Brasil o México.
¿Las primeras víctimas de la Guerra de divisas?… Las exportaciones –las que nos iban a sacar de la crisis- de la zona euro cayeron a los peores niveles de los últimos cinco meses en diciembre (-1,6%). Alemania -3,4% en un mes; Francia, -1,7%; Italia y España, en tablas.
"No escucho nada más que devaluación, desconfianza e intervencionismo". Estas palabras me las decía ayer un ex-colega de Citadel que vive en Moscú y está invitado a la reunión de los ministros de finanzas de los veinte países más poderosos del planeta. "Nadie se fía de nadie. Todos los países quieren que los demás dejen de intervenir, pero seguir haciéndolo ellos".
Y es que no me creo el espejismo del acuerdo de "libre comercio" con la UE que anunció Obama a bombo y platillo (léanse el post de McCoy). ¿Por qué?.
– Porque lo que esconde bajo el titular es proteccionismo bilateral, y los otros estados del mundo, de los que dependen nuestras exportaciones y la energía que consumimos, no lo van a consentir fácilmente.
– Porque empobrece a los países en vías de desarrollo, que son el futuro de dichas exportaciones. Arruinar a tus clientes nunca es una buena política.
– Porque la historia nos ha demostrado que los acuerdos bilaterales entre administraciones intervencionistas nunca fructifican porque las dos partes quieren lo mismo, pan para mí, promesas para ti. La administración Obama y la Unión Europea han multiplicado por cuatro sus medidas restrictivas al comercio durante los últimos siete años, y además las dos partes necesitan de la debilidad del otro para tapar el agujero de desindustrialización que comentamos aquí. Un agujero que se agranda precisamente por las medidas intervencionistas y restrictivas, aunque se nieguen a admitirlo.
La gente se asusta con la crisis, pone demasiada fe en unos estados obesos e incompetentes y espera soluciones milagrosas.
Queremos proteccionismo en casa, defender nuestros derechos adquiridos y salir de nuestra crisis exportando a los mismos países a los que les negamos acceso ("protect at home, stay open abroad", World Trade Organization). Primero entregamos el futuro de nuestras economías al crecimiento chino y brasileño, proteccionistas donde los haya, y ahora estamos en el callejón sin salida. Hemos caído en la trampa, y queremos ser China, pero con sueldos y privilegios americanos. Y no funcionará.
Según el instituto Nielsen, el 40% de la población europea pide medidas que restrinjan las importaciones del extranjero. Todos sabemos cómo termina esta carrera, pero la gente –asustada- pide repetir los mismos errores del pasado. Devaluaciones competitivas, proteccionismo, acusaciones mutuas… 1930.
Todo esto enmascara un problema de unos países que van perdiendo competitividad a medida que el peso del estado fagocita más del 50% de la economía y, consecuencia de ello, el endeudamiento se dispara. No es casualidad que los más endeudados y con más gasto público "exijan" que su modelo se financie gratis, pero "los que quieren vivir del estado olvidan que éste vive de todos los demás", como decía Bastiat.
En vez de entender que creamos estructuras que consumen más de lo que producen, y cuya productividad marginal empeora, buscamos proteger el bienestar del estado –que no el estado del bienestar- poniendo puertas al campo. Directos a 1930 con el aplauso del pueblo, sin el pueblo.
Verán ustedes como las conclusiones del G-20 son que no hay guerra de divisas y que no se deben poner barreras al comercio mundial. Y el lunes volverán todos a casa intentando devaluar y restringir.
Proteccionismo es negar la realidad
Una economía de alta productividad sobrevive en un mercado globalizado y genera sectores ganadores que venden incluso en países "proteccionistas". ¿Ven ustedes a las empresas de alta tecnología y fuerte valor añadido –no dependientes de subvenciones y favores estatales- preocuparse por restricciones en algunos países? No. Pero seguimos empeñados en sacar la última gota de sangre a un modelo industrial global obsoleto.
Si todos los estados quieren pelearse por defender las migajas de una tarta decreciente, por fabricar coches baratos, planchas de aluminio, ladrillos, molinillos o tubos de plástico, la carrera es hacia cero. Nunca se gana. Se enmascara la realidad. Pero lo pagan los ciudadanos empobreciéndose. El que no se empobrece es el monstruo estatal, que crea más y más comités para regular.
Intentar proteger industrias y sectores indefendibles no solo niega la realidad, sino que imposibilita que los países en vías de desarrollo crezcan. Somos tan arrogantes y avariciosos que endeudándonos y devaluando, o subvencionando a granjeros para que no produzcan, dejamos que la inflación y la pobreza hundan a nuestros vecinos. Fastidiar a tus clientes. Luego mandamos unas ONG a estudiar el problema. Pero eso sí, queremos "exportar para salir de la crisis".
El proteccionismo y la intervención son el problema. Gobiernos miopes que solo saben parar y entorpecer, cobrando, no facilitar.
Guerra de divisas global: cuando todos suspenden, solo pasa de curso el menos malo
Siempre lo digo, una economía de alta productividad sobrevive a una moneda fuerte. Sin embargo, una economía de baja productividad no sobrevive ni siquiera con una moneda débil. Los bancos centrales siempre niegan que haya guerra de divisas, igual que el chaval al que pillan haciendo una trastada. Siempre dice que no es culpable.
Si piensan que los otros países del G-20 se van a quedar tranquilos con el comunicado vacío de este fin de semana y no contraatacar haciendo lo mismo –devaluar y restringir-, piénsenlo de nuevo. ¿Unos países que han aumentado sus medidas restrictivas en periodos expansivos van a dejar de hacerlo en periodo de crisis? Sí, todos saben que saldrán perdiendo a medio plazo, pero a pesar de la evidencia empírica (lean "This time Is Different", de Ken Rogoff), prefieren llevar a cabo medidas de "shock" que den la apariencia de "acción" y "protección".
Devaluar es una excusa para sostener un gasto político excesivo y no soluciona un modelo productivo de bajos márgenes. Es una salvajada que crea inflación, empobrece a los ciudadanos y transfiere rentas de los trabajadores y ahorradores al gobierno y a sectores en decadencia. Se empobrece a los ciudadanos, enriqueciendo solo a unos pocos porque suben los activos de riesgo -inflación-… La ilusión de crecimiento económico falso. Nuestras devaluaciones "competitivas" de los 90.
Dónde invertir
Ojo. Cuando todos hacen lo mismo, el efecto "enriquecimiento falso" bursátil no funciona y cuando lo hace, dura poco… Pero cuando añadimos intervencionismo, los resultados empresariales se desploman –represión financiera-, bajan los márgenes y se contraen los múltiplos. Eviten los valores en sectores "estratégicos", que pasan a ser "cajeros para los estados". ¿Materias primas?. Solo aquellas donde se controle el suministro –petróleo, por la OPEP- porque proteccionismo con devaluación implica demanda decreciente. Y no olvidemos las palabras de Jim Rogers: "Tras las guerras de divisas vienen las guerras comerciales, y detrás de ellas las guerras convencionales". Ojala nos equivoquemos y paremos esta locura. Pero no olviden el riesgo geopolítico en esas empresas tan "diversificadas", porque las valoraciones sufren.
¿Más estado y devaluación? Desastre seguro
Ante esta situación, el modelo que nos proponen nuestras "plataformas ciudadanas de prime time TV" está en Latinoamérica. Gasto público, modelo social y devaluación. Chávez sin petróleo. Las devaluaciones como las de Venezuela o Argentina, no son consecuencia de la guerra de divisas ni de ataques especulativos. Chávez ha hecho cuatro devaluaciones desde que ha llegado al poder por el gasto excesivo; ha arrasado la caja de la petrolera nacional, PdVSA, en "proyectos sociales" (11.000 millones de dólares al año), convirtiéndola en la petrolera más endeudada del mundo; y vaciando de dólares sus arcas no ha mejorado la pobreza de un pueblo devastado por la inflación del 22% y entregado a la economía sumergida. En Argentina, un empleo subvencionado y la intervención masiva de la divisa han disparado la inflación al 27%. En 1997, los empleados del sector público eran 720.000. En 2011, 1,5 millones, más del doble (Idesa). Un 5% del PIB son subsidios, con un gasto de estado hipertrofiado. "Demanda interna" lo llaman. Un éxito social. Devaluación constante e inflación desbocada.
…Y esos países tienen petróleo.
En España, para poder exportar cualquier bien hay que importar energía y materias primas, y al devaluar, éstas se encarecen. Correr para quedarse en el mismo sitio, el cuestionable efecto positivo a corto plazo se disipa a medio ("Contractionary Effects of Devaluation", Journal of International Economics).
Si todos los países intervienen, la economía global se estanca. La velocidad del dinero, que ha caído estrepitosamente, se desploma, y la inversión también. Pocos invierten en proyectos a largo plazo cuando se manipula las monedas y se introducen medidas restrictivas. Si devaluar e intervenir fuera la solución, Venezuela, Argentina o Zimbabwe serían los reyes del mundo.
De donde no hay no se puede sacar. Tanto que critican algunos a Reino Unido, aprendamos de sus errores y de la inutilidad de imprimir moneda. No reduce los recortes, ni mejora la deuda -porque se sigue generando déficit – ni soluciona el modelo productivo.
Mientras tanto, la demanda mundial de oro alcanzó un récord de 236.000 millones de dólares en 2012. Los bancos centrales compraron a niveles no vistos desde 1964. Confianza incuestionable.
Espero ansioso ese comunicado del G-20 diciendo que no hay guerra de divisas ni proteccionismo y que todo es mentira.
Canarias, al igual que todo el territorio nacional, es un lugar con innumerables casos de corrupción. Faycán, Las Teresitas, Unión, Eólico, Brisam, Góndola o Arona, entro otros, son los nombres con los que son conocidos los procedimientos judiciales abiertos en las islas, y todos ellos se han producido por el mismo denominador común: la ausencia de libertad económica y el exceso de poder político.
La corrupción es un claro indicador de ausencia de libertad, profusión de leyes inútiles que impiden el desarrollo económico o existencia de importantes cantidades de dinero público cuyo pago ha sido abusivamente exigido a los ciudadanos.
Por ello, si observamos los casos de corrupción de Canarias, veremos que no se han dado en mercados poco regulados, como el de los juguetes o el textil, sino en los más intervenidos, como podrían ser el de urbanismo o el energético.
El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente, como explicó Lord Acton. Por esta razón, esta práctica consistente en la utilización de las funciones y medios públicos en provecho económico de sus gestores no se arregla con más leyes o regulaciones, pues eso la estimula, sino con más libertad y, por lo tanto, con menos poder político.
Pero esto es algo que los gobernantes canarios lamentablemente ni se plantean, si no lean la última entrada del ocurrente blog de Paulino Rivero, donde nos dice que necesitamos una «reforma constitucional que implique una profundización del autogobierno de las comunidades autónomas», es decir, que lo que necesitamos es más poder para él y su tropa y no más libertad o autogobierno de los canarios.
Los límites de los que ansían gobernarnos son cruciales, no sólo para la libertad de sus súbditos, sino también para extremar su honradez, como siempre dice mi amigo y maestro Carlos Rodríguez Braun. Pero esto es algo que no parecen entender el presidente del Gobierno de Canarias ni la gran mayoría de los políticos.
Si los trámites para la concesión de una licencia para abrir un local al público, empezar una reforma en nuestra casa o empezar cualquier otro negocio fuesen sencillos y breves, ningún político o burócrata podría pedir a los ciudadanos dinero para agilizar o conceder dicha licencia. De igual forma, se reducirían los escandalosos casos de apropiación o de reparto entre amigos de caudales públicos si estos fueran más reducidos.
Si realmente queremos acabar con la corrupción de nuestra sociedad se deben eliminar las innecesarias y excesivas regulaciones que los políticos han creado para controlarlo todo y reducir las ingentes cantidades de dinero exigidas a los ciudadanos, para que así haya un poder público limitado y una mayor libertad de los canarios.
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