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Ni transición ni nacional

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

El concepto de nación es discutible en cuanto categoría antropológica, pero su existencia en el mundo actual, con España como uno de los más antiguos ejemplos –una de las cinco naciones fundadoras de la Cristiandad, junto a Alemania, Inglaterra, Francia e Italia–, es un hecho incontrovertible. De igual forma, se pueden escribir varios tratados sobre la democracia desde los más diversos puntos de vista y discutir sobre sus esencias, características y requisitos, sin que ello habilite para negar su vigencia como mecanismo de vertebración política.

Como explica Julián Marías en La estructura social, naciones como España han sido las unidades de convivencia durante toda la época moderna, mientras que las aspiraciones nacionalistas de regionalismos periféricos como el catalán son construcciones sociopolíticas recientes elaboradas ex novo por una élite gobernante, fundamentalmente para alcanzar el poder y mantenerse en él. Los actuales nacionalistas catalanes reconocen implícitamente el carácter ficticio de su proyecto (Marías lo llama "insuficiente") con esta conjura anticonstitucional que andan ahora organizando disfrazada de transición. Han estado más de treinta años llevando a cabo su labor de "construcción nacional", prueba evidente de que no existía tal nación, y una vez culminada la obra –fundamentalmente a base de negar a España, la nación a la que pertenecen– se disponen a realizar una asonada jurídico-política utilizando todos los medios ilegales a su alcance.

La solvencia de los protagonistas de la secesión tenía forzosamente que estar a la bajura del despropósito, con Mas y Junqueras como referentes intelectuales y ejecutores del proceso político más ruinoso organizado en Europa desde la Guerra de los Balcanes; una tarea que además tienen que acelerar para ocultar la corrupción galopante de su clase dirigente y preservar a ésta de desagradables encontronazos con la justicia todavía española. Lo más sorprendente es que este camino seguro al desastre se inaugura formalmente con el aplauso del respetable, convencido, entre otros disparates, de que los que le roban no son los dirigentes que manejan fortunas injustificadas en paraísos fiscales, sino el resto de los españoles, a los que deben abandonar cuanto antes mejor. En fin, cosas que ocurren en un sitio donde una película muda tiene todas las papeletas para ser elegida el mejor largometraje del año en lengua vernácula. 

Carta para los Reyes Magos

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

QUERIDOS Reyes Magos: este año he sido muy bueno y por ello me gustaría que me hicieran un regalo. Para que entiendan lo que les voy a pedir, primero necesito explicarles las circunstancias que atraviesan las Islas en las que vivo. Si por algo se ha caracterizado Canarias es por su capacidad para la creación de riqueza, gracias principalmente a su localización estratégica, su potencial turístico y sus gentes. Sin embargo, en la actualidad existe un 33,63% de paro, es decir, 378.200 personas que no encuentran trabajo ni lo van a encontrar por culpa de nuestro presidente, Paulino. Una persona, queridas Majestades, que está empeñada en seguir dificultando con infinitas trabas a los que quieren emprender negocios que generen nuevos puestos de trabajo y en asustarles para que no abran ninguna nueva empresa con ideas, que serían tachadas como xenófobas en otros lugares, como que «el empleo debe ser para la gente de aquí».

Por si esto fuera poco, ha llevado el gasto público de Canarias en 2011 hasta los 7.014 millones de euros, un 56,15% más que en el 2003. Sin embargo, nuestro presidente, lejos de aliviar nuestros bolsillos y sacar de la quiebra a las administraciones públicas canarias, se ha empeñado en lanzarnos al abismo con nuevas subidas de impuestos, como la del IGIC, o queriendo hacer más insostenible aún nuestra economía, al pretender aumentar las deficitarias energías renovables, que han dejado en el conjunto del país la brutal deuda de más de 24.000 millones de euros, frente a facilitar las prospecciones de petróleo a 60 kilómetros de nuestras costas, que sin lugar a dudas ayudarían a mejorar la mermada economía canaria.

Por si todo esto fuera poco, en el «blog» presidencial, el señor Rivero ha llegado a defender que el problema de Canarias es el número de personas que vivimos aquí con frases como «defender, como defiendo, la articulación de mecanismos para regular el crecimiento poblacional es un ejercicio de responsabilidad tan razonable como inaplazable». De verdad, sus Majestades, estoy muy asustado, porque da la sensación de que lo que este señor pretende es echarnos de nuestra tierra, prohibir que vengan más personas a Canarias para generar riqueza e incluso prohibirnos tener más hijos, como hacen en algunas dictaduras.

Por todo ello, les pido que me traigan un nuevo presidente. Me gustaría uno radicalmente distinto al que tenemos. Alguien que quiera bajar los impuestos y no subirlos, que esté decidido a pinchar la burbuja del gasto público, que no gaste más de lo que ingrese, que facilite la creación de nuevas empresas y riqueza, eliminando el sinfín de trabas que tenemos, y, por supuesto, alguien que defienda la libertad para establecerse en Canarias.

Cómo se creó la clase media española

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

A comienzos de 1957 el Estado se encontraba al borde de la bancarrota y con serios problemas en la calle. Franco, que no sabía nada de economía, se había fiado siempre de lo que le decían sus ministros falangistas, presuntos expertos en cuestiones económicas. Falange, o lo que había quedado de ella después del decreto de Unificación que forjó el Movimiento Nacional, era en todo lo relacionado con la economía un partido socialista. Tanto José Antonio como Hedilla u Onésimo Redondo se tenían por revolucionarios y no perdían ocasión de criticar con dureza el liberalismo –el económico y el otro– que se estilaba en los países anglosajones.

Muertos los padres fundadores del falangismo en la Guerra Civil, sus herederos intelectuales abundaron en ese antiliberalismo y trataron de crear un Estado corporativo y autárquico de inspiración musoliniana. El experimento se puso en marcha tan pronto como los nacionales hubieron ganado la guerra. Querían que España se autoabasteciese en todo, plagaron la legislación de regulaciones, tasas y licencias y mantuvieron la peseta fuera del mercado de divisas.

Con semejante política económica la posguerra española fue especialmente dura y prolongada. Las cartillas de racionamiento no se retiraron hasta 1952 y el país, muy poco competitivo y cerrado al exterior, no terminaba de despegar a pesar de que Italia y Alemania, que habían quedado devastadas por la guerra mundial, crecían a toda máquina. España en aquel año de la bancarrota era un país rural, pobre de solemnidad y sin demasiadas esperanzas de salir de la penuria. Apenas había inversión extranjera y la inversión nacional era la propia de un país descapitalizado.

Los ministros falangistas, reacios a reconocer su fracaso, tiraron hacia delante abriendo la espita de la inflación, que fue muy alta en toda la década de los 50. La carestía de la vida ocasionó protestas que eran respondidas no tanto con represión policial, sino con más inflación en forma de aumentos salariales descontrolados y por decreto. La situación extrema obligó a tomar medidas en una dirección muy concreta. Y Franco, que ante todo era un hombre práctico, las tomó sin pestañear.

Antes de hacerlo había comenzado a confiar en un grupo de jóvenes con estudios universitarios y miembros del Opus Dei. A su frente se encontraba Mariano Navarro Rubio, un turolense de poco más de cuarenta años que supo rodearse de un equipo leal y con la teoría aprendida. En 1959 se produjo el golpe de timón. Navarro Rubio, titular de Hacienda, y su inseparable Alberto Ullastres, ministro de Comercio, presentaron en el Pardo un programa de recuperación que dieron en llamar “Plan de Estabilización”.

El plan preveía abrir la economía española al mundo, desregularla y poner la peseta a flotar en el mercado de divisas, lo que contendría inflación. El plan era un electroshock aplicado sobre un cuerpo moribundo. Se llevaron a cabo congelaciones salariales y el Estado hubo de desinvertir a toda prisa en un sinnúmero de negocios ruinosos en los que se había metido. Los guardianes de las esencias pusieron el grito en el cielo, pero los hechos no tardaron en imponerse. En 1960 la balanza de pagos ya estaba en superávit. Las reservas exteriores del Estado pasaron de cero a 500 millones de dólares. La inflación se redujo 10 puntos de un golpe y, como por arte de magia, se empezó a crear empleo productivo que respondía a las necesidades de un mercado en expansión.

En España estaba casi todo por hacer, y se hizo rápido gracias a la riada de dinero en forma de inversión extranjera que entró en el país a lo largo de la década de los sesenta. Durante esos años nuestro país fue una China en miniatura marcándose un crecimiento medio del 7% anual. Las ciudades se ensancharon para dar cabida a la población llegada del campo y el grueso de los españoles comenzó a acceder a comodidades propias del primer mundo como los automóviles, los electrodomésticos o las vacaciones en la playa. Para 1974, año en el que el crecimiento se detuvo, España ya era la décima potencia industrial del mundo y los españoles disfrutaban de un nivel de renta comparable al de los italianos.

De aquella revolución silenciosa nació la obra más perdurable del franquismo: la clase media española. Una clase amorfa pero inmensa que conjuraba para siempre el fantasma de las dos Españas. Años después, cuando ya se había obrado el milagro, Franco reconoció ante Vernon Walters, el enviado personal de Nixon, que estaba tranquilo por el futuro de España porque dejaba algo que no encontró cuando llegó al Gobierno: la clase media.

Alberto Ullastres, el hombre tranquilo

Pocos hombres han hecho tanto por España y han pasado tan desapercibidos como Alberto Ullastres. Madrileño de nacimiento, Ullastres hizo la guerra como alférez provisional, pero por lo que pasaría a la Historia no sería por sus gestas de armas, sino por su desmedida afición al estudio y por el Plan de Estabilización económica del 59. Desde el ministerio de Comercio apadrinó el conjunto de medidas que más influyó en la historia económica de España de todo el siglo XX.

Tras la proeza fue destinado a Bruselas como embajador ante la CEE, actividad esta a la que se consagró en cuerpo y alma. No se jubiló hasta los 81 años, cuando se retiró como “defensor del cliente” del BBV. La vida aún le regaló unos años preciosos que dedicó al estudio de la Escuela de Salamanca y de su figura más prominente: Juan de Mariana, otro gran olvidado de nuestra historia

La Eurocracia no defiende a los consumidores

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

La construcción del "megaestado" europeo fue desde el comienzo un proyecto de ingeniería social dirigido a recortar libertades y apuntalar el poder de la casta política sobre la sociedad. En pocas palabras: la búsqueda de economías de escala en la tarea de rapiñar al ciudadano. Por si no tuviéramos suficiente con las delirantes discusiones en torno a un presupuesto comunitario hiperinflado y que debería someterse a recortes infinitamente mayores a los propuestos por el más valiente de los líderes nacionales (David Cameron), la semana pasada la Comisión Europea volvió a exhibir su lado más matonil y antiempresarial al imponer una sanción de casi 1.500 millones de euros a siete fabricantes de televisores por formar un cártel.

Según Joaquín Almunia, entre 1996 y 2006 Samsung, LC, Philips, Panasonic, Toshiba, Technicolor (Thompson) y Chunghwa pactaron precios y regularon las cantidades ofertadas de tubos de rayos catódicos –componente básico empleado en la fabricación de los antiguos modelos de televisiones y de pantallas de ordenadores–, lo que, a su entender, encareció notablemente el producto final y retrasó la adopción de nuevas tecnologías como el plasma o el cristal líquido. Tan nociva se ha reputado la estrategia colusoria de estas compañías que, como decíamos, la Comisión ha decidido sancionarlas con 1.500 millones de euros (omitimos todo el gasto litigioso en el que estas compañías habrán incurrido y que,atendiendo a los antecedentes, bien podría suponer otro tanto): una cantidad en absoluto despreciable que equivale, por ejemplo, a dos tercios del gasto anual de Apple en I+D o a la mitad del de Google.

¿Un cártel invencible?

Muchos considerarán que tamaña sanción administrativa está absolutamente justificada por el daño que han infligido a los consumidores, pero no deja de resultar paradójico que el principal beneficiario de ese daño no sean los propios consumidores a modo de resarcimiento sino las arcas de la Comisión. No menos paradójico, con todo, que el hecho de apelar a un insuperable cártel cuando mayoristas tan importantes como Sony, Sharp, Pioneer o Hitachi no formaban parte del mismo. ¿Acaso los consumidores, al verse acechados por los precios artificialmente elevados de Panasonic o Samsung, no tenían la opción de, digamos, escoger las marcas no cartelizadas y, por tanto, presuntamente más baratas del estante de al lado? Habiendo empresas fuera del cártel, nada tan sencillo como ejercer la soberanía del consumidor escogiéndolas y penalizando a aquellas otras que se empeñaban a vender a precios disparatadamente altos.

Imagino, empero, que semejantes circunstancias no entraron en el análisis de nuestros iluminados eurócratas, obsesionados en ajustar la dinámica realidad de los mercados a modelos tan caducos y poco explicativos como el de competencia perfecta. La sanción no es tanto por el daño infligido cuanto por la osadía de desafiar las estrechas entendederas de la legislación antitrust comunitaria formando, oh anatema, un cártel “de manual”, en palabras de Joaquín Almunia; un cártel tan devastador y difícilmente vencible que, como ya hemos dicho, el consumidor sólo tenía que escoger a Sony en lugar de Panasonic.

Con todo, el auténtico despropósito de la multa no reside en que, en última instancia, el consumidor pudiese burlar muy fácilmente el cártel, sino a que un cártel puede ser (insisto en el puede ser, no necesariamente tiene por qué serlo) una estrategia empresarial que, aunque aparentemente perjudique al consumidor a corto plazo, lo esté beneficiando en el largo plazo. Al cabo, un cártel no es más que una fusión reversible entre empresas, y es evidente que las fusiones pueden reportar grandes ganancias al consumidor (vía mayores economías de escala, unión de equipos investigadores, eliminación de duplicidades o racionalización de los excesos de capacidad).

Las razones de fondo del cártel

Pongámonos en el caso extremo de que todos los mayoristas de televisores hubiesen formado un cártel en un mercado que, como el de tubos de rayos catódicos, se encontraba en declive y donde, por tanto, no cabía esperar que se creara ninguna nueva empresa ajena al cártel para vender esa mercancía a un precio más asequible (nótese que si el sector no estuviera en declive, bastaría con que cualquier capitalista creara una nueva empresa en ese sector y vendiera a precios más bajos que los del cártel, quedándose así todo el mercado). En este restringido contexto, ¿podía un cártel ser beneficioso para los consumidores? Sí, podía serlo.

Precisamente porque la industria de tubos de rayos catódicos estaba en declive y presentaba excesos de capacidad, la manera lógica de minimizar las pérdidas y de facilitar la desinversión en el sector pasaba por una coordinación entre todos los proveedores para evitar que uno inundara el mercado en perjuicio de todos los demás. Repartirse un mercado saturado cuyas ventas van a decrecer año tras año es la manera más sensata de evitar una guerra civil donde todas las compañías salgan perdiendo; del mismo modo que un teatro en llamas hay que evacuarlo en orden y no apelotonadamente, de una industria moribunda hay que salir del modo menos caótico posible. Los mismos que desdeñosamente repiten una y otra vez que los mercados se rigen por la ley de la selva y por sus tendencias autodestructivas son quienes luego se escandalizan al descubrir que no, que en los mercados también existen herramientas cooperativas que limitan el ámbito de la “competencia salvaje”.

Claro que, en apariencia, la cooperación entre las empresas se produce en este caso con el objetivo de trasladarles sus pérdidas potenciales a los consumidores. Pero, ¿es ésa toda la historia? Póngase en la piel de un empresario: ¿su inversión resultará más o menos arriesgada si sabe que, cuando la demanda de sus productos languidezca, no dispondrá de una razonable estrategia de salida que le permita minimizar sus pérdidas? Obviamente, más arriesgada. ¿Y qué hará para cubrirse frente a esos mayores riesgos? O invertir menos en la empresa o vender sus productos a un precio más elevado (de modo que compense las mayores pérdidas futuras con más elevados beneficios presentes). En el primer caso (menor inversión) la oferta de su mercancía caerá, con lo que su precio subirá; y en el segundo, el precio por unidad directamente se incrementará (con lo cual, también venderá menos). Si, por el contrario, usted sabe que sí dispondrá de una estrategia de salida, sentirá cómo el riesgo de su inversión se reduce y se mostrará dispuesto o a invertir más (a producir más) o a vender más barato.

La normativa antitrust de la Comisión Europea, y más en concreto está sanción a los fabricantes de tubos de rayos catódicos, es una forma de cerrar la más razonable de las estrategias de salida: la cooperación entre todos los empresarios afectados por el declive de su sector para proceder a desinvertir de manera ordenada. Si la Comisión tiene éxito a la hora de proscribir estas prácticas, el futuro que nos espera es uno con menos innovación y precios más altos para los nuevos productos, por cuanto sus fabricantes tratarán de cubrirse del riesgo de su repentina obsolescencia (riesgo que, en sectores tecnológicos, es muy considerable) del modo ya analizado.

Al final, por tanto, se trata de escoger entre disfrutar de precios más bajos durante las fases de crecimiento-madurez del producto y de precios más altos durante las de declive, o de precios más altos durante las de crecimiento-madurez y de más bajos durante la de declive. ¿Qué es mejor? No existe una respuesta universalmente válida, aunque la preferencia temporal y el aprovechamiento de las economías de escala parecen sugerir la primera opción. Así, de hecho, lo han escogido (inconscientemente) los consumidores en la industria analizada (podrían haber comprado televisores caros durante las fases de crecimiento-madurez y baratos durante la de declive), pese a lo cual la Comisión castiga al sector con pauperizadoras sanciones milmillonarias para obligarle a ir en la otra indeseada dirección. Al final, pues, la legislación de defensa de la incompetencia se muestra fiel a sus orígenes: no es una normativa dirigida a proteger a los consumidores, sino a subvertir el éxito de las mejores compañías en privativo provecho de un mayor control político y del resto de ineficientes empresarios.

¿Wert pone a la escuela a competir?

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

 El ruido de los temas políticamente sensibles (catalán, educación para la ciudadanía o religión) ha hecho que los cambios sustanciales que propone la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa que impulsa José Ignacio Wert hayan pasado prácticamente inadvertidos. Así, mientras en las tertulias se discute durante horas sobre si debe haber o no una alternativa evaluable a la enseñanza de la doctrina católica, el mejor ministro del Gobierno está intentando aprobar una ley revolucionaria, que podría cambiar por completo el modelo educativo público español y acercarlo a los mejores del mundo. No será sencillo que lo consiga, entre otras cosas porque la ley contiene elementos muy cuestionables que habría que mejorar durante su tramitación. Pero el texto del Ministerio es una magnífica primera piedra sobre la que construir un nuevo edificio, ahora que casi todos tenemos claro que el que cobija a nuestros estudiantes se está cayendo a pedazos.

En cualquier caso, sólo unos pocos comentaristas (como Mikel Buesa en este mismo medio, con una magnífica columna) se han dado cuenta de la magnitud del cambio que ha planteado el ministro. También se percató El País. El periódico del grupo Prisa ha planteado una batalla frontal a la reforma precisamente por algunos de sus aspectos más novedosos y benéficos. El pasado día 6 publicaba una pieza con el mismo título que este artículo, pero en afirmativo y con un sesgo claramente contrario al proyecto del Gobierno: "Wert pone a la escuela a competir". ¿Y qué tiene de malo?

Todas las personas, incluso los profesores y sus alumnos, nos movemos siempre en función de los incentivos que se nos plantean. Cualquier economista sabe que ésta es la palabra mágica que explica el comportamiento del ser humano y, en última instancia, sus relaciones en sociedad. Los incentivos no tienen por qué ser monetarios, ni mucho menos: pueden suponer reconocimiento social, satisfacción personal, afecto familiar… Será la suma de cada una de estas variables y las posibilidades de conseguir esos objetivos lo que muevan a cada ciudadano. Y el problema que ha tenido la escuela pública española durante toda su historia es que todos los incentivos (para padres, profesores y alumnos) estaban mal diseñados. Por eso era imposible que el sistema funcionara. No es una cuestión de personas, de dinero o de leyes educativas, que retocaban la forma sin tocar el fondo: todo el modelo partía de una base errónea.

El sistema educativo español siempre se ha basado en la absurda creencia de que el ministro de turno (o el consejero autonómico) era el más adecuado para decidir cómo, cuándo y cuánto tenía que estudiar cada niño. De esta manera, las posibilidades de padres, profesores y alumnos eran mínimas: los primeros no pueden organizar las clases de acuerdo a su capacidad y criterio, los segundos no pueden escoger el colegio al que llevar a sus hijos y los terceros no pueden elegir el camino que más se adapte a sus gustos o capacidades.

A pesar de lo que apunta la corrección política que nos rodea, esto no es lo normal, ni siquiera en países de tradición intervencionista, con mucho gasto público o en los que el Estado tiene una amplia presencia en la educación. Desde Finlandia a Canadá, pasando por Holanda, los países occidentales con mejores resultados en las pruebas internacionales se caracterizan por tener sistemas que se fundamentan en tres pilares:autonomía de los centros, capacidad de elección de los padres y retribución adecuada (tanto a alumnos como a profesores) de los buenos resultados. No es ninguna sorpresa. Es sólo una cuestión de incentivos.

Con estos principios claros, cualquiera se puede hacer una idea de cómo debería ser la escuela que salga de la Ley Wert: una en la que centros, profesores y alumnos compitan por ser mejores cada día. No está nada claro que el texto final cumpla con las expectativas de aquellos que queremos un cambio claro de modelo y no un simple maquillaje pepero de una mala ley socialista. En cada aspecto de la norma, el ministro nos ha dado una de cal y otra de arena. La clave será hacia dónde se incline finalmente.

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Evaluaciones

La parte buena es que el proyecto de ley apuesta por pruebas al final de primaria y de secundaria, con lo que será sencillo hacer la foto de qué centros lo están haciendo bien y cuáles no. Pero la clave no está sólo en hacer exámenes, sino en publicar los resultados y en premiar a aquellos que lo hagan mejor (los que saquen notas más altas, los que consigan subir sus resultados de año en año o los que logren buenas calificaciones en función del tipo de alumnado que acojan).

Colegios

El ministro asegura que se permitirá a los centros decidir su manera de gestionarse; a cambio, se les exigirá que alcancen determinados resultados. Los que los consigan, mantendrán su autonomía y podrían recibir premios (incluidos económicos). Este planteamiento choca con la exhaustiva redacción del plan de estudios incluido en el articulado. Si una escuela es buena y sus alumnos obtienen grandes puntuaciones en las pruebas de control, ¿qué falta hace decirle que tiene que dedicar 6 horas semanales a la asignatura de Historia de 3º de la ESO? Dejemos que sean sus maestros los que decidan cómo organizarse.

Profesores

Wert afirma que cambiará por completo la carrera profesional de los maestros; un cambio que redundará tanto en la motivación diaria de los mismos como en una mejora de sus condiciones económicas, con incentivos que premien a aquellos que mejor lo hagan. Pero ni el sistema de selección (que seguirá siendo por oposiciones) ni la naturaleza funcionarial del puesto cambiarán. Se hace difícil pensar cómo conseguirá el ministro lo que no ha logrado nadie más: inventar un sistema de remuneración para un grupo de trabajadores públicos que premie a los más productivos y castigue a los que no obtienen resultados.

Padres

Evidentemente, si los centros tienen autonomía para organizarse y competir, los padres deben tener capacidad para escoger el que más se ajuste a sus gustos. El proyecto de ley apunta en este sentido, en la línea de lo que ya se estila en la comunidad de Madrid. Pero la aplicación de esta cuestión seguirá en manos de las autonomías, y no será sencillo que muchas de ellas admitan algo tan revolucionario como que sean los padres los que elijan el colegio de sus hijos.

Alumnos

La ley permitirá adelantar los itinerarios a los 15 años. Quizás ésta sea la mejor parte de la reforma. Además, aquellos que escojan la FP podrían vivir un cambio radical si finalmente se implanta el sistema dual de Suiza o Alemania, en que los alumnos combinan la parte teórica con sus primeras prácticas en las empresas.

Las fundaciones de partidos políticos reciben otros 2,5 millones en subvenciones

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos gozan en España de una ventaja esencial a la hora de financiar sus gastos. Mientras que el resto de asociaciones de la sociedad civil compiten con todas las demás interesadas en cada convocatoria de subvenciones públicas, las pertenecientes a los partidos políticos tienen reservadas dos convocatorias de ayudas públicas anuales a las que no puede concurrir ninguna otra entidad. Por supuesto, eso no implica que los chiringuitos de los partidos no puedan obtener otra serie de ayudas en igualdad de condiciones con el resto de entidades civiles, de manera que las vías para financiarse se multiplican a diferencia de cualquier otra asociación, fundación u ONG.

En esta ocasión las ayudas repartidas entre las fundaciones de los partidos políticos con representación parlamentaria ascienden a casi 2,5 millones de euros. La fundación más beneficiada en esta edición es la FAES (PP), con 1,2 millones. A continuación figuran las fundaciones "Ideas para el Progreso" y "Pablo Iglesias" (PSOE) que en total reciben 664.000 euros, "Fundación por la Europa de los Ciudadanos" (IU) con 148.000 euros, la "Fundación Progreso y Democracia" (UPyD) 122.000 euros y la "Rafaél Campalans" (PSC) con 100.000 euros. Los chiringuitos del resto de partidos políticos, todos los nacionalistas, reciben también su correspondiente subvención pública, si bien en cuantías significativamente inferiores respecto a los partidos nacionales antes citados.

No es ésta la única convocatoria de subvenciones a las que sólo pueden concurrir las fundaciones partidistas. Existe otra, también de carácter anual, gestionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para realizar congresos y otras actividades sobre Iberoamérica, que este año repartió un total de 900.000 euros. De esta manera, los "laboratorios de ideas" de los partidos políticos con presencia parlamentaria han ingresado este año 3,4 millones de euros procedentes de los impuestos pagados por todos los contribuyentes.

Rajoy, año cero

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Rajoy acaba de cumplir su primer año en el poder y el balance es, sin duda, negativo para el conjunto de españoles. El presidente no ha logrado remontar el suspenso que cosechó ya en febrero. La razón de este resultado negativo, al contrario de lo que opina la mayoría, no reside en los supuestos recortes a lo público que ha aplicado desde que gobierna, ni en las profundas reformas liberalizadoras de las que tanto se queja la izquierda mediática, política y social. No, ni mucho menos. Si por algo hay que criticar a Rajoy es justo por todo lo contrario. Es decir, por su falta absoluta de principios morales y convicciones ideológicas para hacer lo que hay que hacer, que no es otra cosa que eliminar el déficit exclusivamente por la vía del gasto (sin subir impuestos), reformando la anquilosada estructura estatal y reduciendo el peso del sector público, evitar la perjudicial e injusta socialización de pérdidas que impone un rescate público de bancos o empresas y liberalizar al máximo una economía que, por culpa del asfixiante intervencionismo gubernamental, es incapaz de volver a generar riqueza con la intensidad suficiente como para reincorporar a los casi seis millones de parados al mercado de trabajo.

Rajoy ha demostrado que es, él mismo, una promesa incumplida, una mera ilusión cuyo desvanecimiento ha hecho que millones de españoles despierten de golpe de una vaga ensoñación de esperanza. El 20 de diciembre de 2011, hace ahora un año, comenzaba su mandato cargado de buenas y correctas intenciones. ¿Su mensaje? No subiría un solo impuesto y, de hecho, rebajaría algunos. De este modo, se presentó a los españoles como el primer presidente de la Zona Euro comprometido con reducir el déficit exclusivamente por el lado del gasto, mediante una drástica austeridad pública que vendría acompañada de un amplio listado de reformas estructurales para impulsar el crecimiento.

Su palabra apenas se mantuvo en pie diez días.

Rajoy, y con él todo el PP, tiene ahora el honor de presidir el Gobierno que más impuestos –¡y a qué tasas!– ha aprobado de toda la democracia. Esto es lo más negativo de su gestión, no sólo porque es la receta equivocada para reducir el déficit sino porque, además, lastrará la recuperación económica. Por el lado de las reformas, su Gobierno, si bien ha hecho algunos avances, por ejemplo en lo relativo al mercado laboral, está aún muy lejos de apostar por la flexibilidad que precisamos para reestructurar el modelo productivo sobre bases sólidas. Por otro lado, no ha dudado en recurrir al rescate público para sanear el sistema financiero, en lugar de apostar por el bail-in y convertir a los acreedores de las entidades insolventes en accionistas de las mismas.

En definitiva, el primer ejercicio de Rajoy ha sido más bien un año cero, ya que los avances han sido escasos y algunas medidas, como las fiscales, claramente contraproducentes. La España del PP imita a Grecia, Italia y Portugal, y tiene a Francia como referente, cuando debería seguir los pasos de Irlanda o de Estonia.

Voilà le socialisme

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

 Gerard Depardieu, insigne actor y empresario condecorado con la Legión de Honor, ha decidido exiliarse a una bonita localidad belga y renunciar a su nacionalidad –y a los derechos que ello comporta– porque el Gobierno socialista francés pretende redistribuir el 75% de su riqueza. Una vez más, se cumple un principio básico del progresismo: todo millonario de izquierdas experimenta un empuje hacia la frontera más cercana directamente proporcional al grado de socialismo que el Gobierno de turno pretende aplicar a sus finanzas.

Depardieu, benefactor del partido comunista francés, entre otros méritos de mucho progreso, se queja de que su Gobierno quiere expropiarle el 75% de lo que gana; pero iba a Cuba a reírle las gracias a Fidel Castro y a mostrarle su apoyo por quedarse con el 100% de lo que producen los cubanos. En Europa, los ungidos progresistas se desgañitan pidiendo impuestos para "los más ricos", pero ellos se cuidan de poner su patrimonio a salvo de la voracidad redistribuidora de los Gobiernos de sus países utilizando todos los instrumentos legales a su alcance. Aquí en España no resultaba infrecuente hasta hace muy poco escuchar la letanía cansina de alguna estrella de la canción exigiendo un canon digital contra la piratería, mientras ella liquidaba unos impuestos de risa en tierras caribeñas.

Los progres con posibles se consideran a sí mismos por encima del resto de la humanidad, y en tal condición actúan, pidiendo para los demás severos castigos a sabiendas de que a ellos no les van a afectar. Los millonarios, también los de izquierdas, tienen todo el derecho a proteger sus bienes de la depredación del Estado, pero, hombre, permitan que los pobres hagamos algo parecido con nuestras tristes haciendas y, sobre todo, dejen de provocar a los políticos para que nos suban los impuestos a los que no tenemos para montar una sicav o abrir una cuenta en Suiza.

Desde la derecha política son muchos los que defienden al actor francés, pero resultan mucho más decentes los defraudadores tradicionalesque sacan de España los trinques en bolsas de basura y, conscientes de su vileza, no pretenden dar lecciones de moral a nadie. Ni siquiera en catalán.

Oasis de riqueza o desierto protegido

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

De todas las cosas que he leído sobre el Hotel Oasis en las últimas semanas quizás tenga que destacar las dos boberías económicas dichas por Iñaki Ábalos y Luis Enguita, ambas recogidas por un diario local.

El primero afirma que “las estrategias de mercado actuales son incapaces de entender que si esperan un poco su antigüedad no sería un lastre, sino un valor añadido" y el segundo va un poco más lejos afirmando que “la pérdida de una arquitectura como esta generará desolación y pobreza, porque no debemos olvidar que, a medida que la arquitectura se vuelve más terrible, más terrible se vuelve la vida".

Entrar a discutir si el Hotel Oasis es o no una obra de referencia del Movimiento Moderno, el cual produjo tanta buena arquitectura como daño hicieron sus ideas a las ciudades (extremo magníficamente explicado por la obra de Jane Jacobs), no tiene sentido alguno, porque está más que acreditado que lo es.

El objetivo consiste en discernir si la conservación de este edificio “generará valor añadido” como dice el señor Ábalos o, incluso, su derribo traerá “desolación y pobreza”, como señala tan a la ligera Luis Enguita.

Empecemos por lo dicho por Iñaki Ábalos: los mercados actuales, es decir las distintas personas que conforman nuestra sociedad intercambiando libremente bienes y servicios con distintas dosis de impaciencia, no entienden que conservar el edificio generará valor añadido.

El profesor Ábalos, no sólo presume que los individuos no saben lo que hacen, sino que debe desconocer que el valor de cualquier cosa es siempre subjetivo, como nos enseñó Diego de Covarrubias y Leyva ya en el siglo XVI y como posteriormente desarrollaron los pensadores de la Escuela Austríaca de Economía con la Teoría Subjetiva del Valor.

Es decir, las cosas no tienen valor por sí mismas, sino porque los seres humanos lo asignan. Por ello, una misma cosa puede valer mucho para algunas personas y muy poco para otras. Por ejemplo, para algunos el Hotel Oasis puede ser una obra arquitectónica de mucho valor, pero para otros un edificio viejo sin valor alguno.

Es por ello que este edificio sólo generará valor para los distintos miembros de nuestra sociedad si éstos valoran más en el futuro disponer de él por ser histórico que en el presente disfrutar de una nueva arquitectura con actuales comodidades.

¿O es que acaso hubiera generado más valor añadido haber protegido New Amsterdam, es decir el «downtown» de New York, en vez de haber construido la actual ciudad neoyorkina o haber protegido el viejo barrio medieval que existía en la actual ampliación del Louvre que fue derruida previa magnífica documentación?

Sin duda, si se hubiera hecho, ni podíamos disfrutar del Manhattan y el París de hoy, ni miles de personas se desplazarían a visitar dichas ciudades gracias al valor añadido creado por las nuevas actuaciones generando así una gran riqueza.

Por lo dicho, el señor Enguita también yerra en sus apreciaciones, dado que la creación de riqueza consiste principalmente o en generar valor añadido sobre las cosas que existen o en crear nuevos bienes que aporten valor.

Y para que esta creación de riqueza se produzca han de darse tres circunstancias: propiedad privada, libertad y un marco legal que respete estos dos derechos y aporte así seguridad jurídica.

Circunstancias que no se darían si se protegiera ahora el inmueble por los poderes públicos. Sin duda, la seguridad jurídica debe estar por encima de la protección de cualquier edificio e ir contra ella sí terminaría llevando a nuestra sociedad a la pobreza, pues sería imposible saber si, cuando se inicia una acción empresarial para generar riqueza, las reglas van a ser cambiadas de un día para otro desincentivando así cualquier inversión.

Si tanto el señor Ábalos como el señor Enguita, o tantos otros señores e instituciones, creen que el actual Hotel Oasis generará un mayor valor añadido en el futuro, ya están tardando en adquirirlo o en crear una fundación para recaudar dinero con el fin de comprar y protegerlo. Sin duda alguna, tendrán el éxito asegurado.

Un déficit fuera de control

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Conforme va resultando cada vez más improbable que las Administraciones Públicas españolas cumplan con su objetivo de déficit de 2012, Cristóbal Montoro, responsable último de esa fallida política de sangrado fiscal dirigida a mantener una estructura estatal hipertrofiada, trata de quitarle hierro al asunto: nada mágico hay en la prometida cifra del 6,3% del PIB, pues lo importante es el esfuerzo asumido –por los españoles, entiéndase, no por los dispendiosos políticos que padecemos– para tratar de reducir el déficit.

Y, ciertamente, el guarismo del 6,3% no tiene nada de mágico. De hecho, el compromiso inicial de este incompetente a la par que carroñero Ejecutivo antiliberal era alcanzar un déficit del 4,5% del PIB. Luego, Rajoy elevó unilateralmente la cifra hasta el 5,8% (calificándolo con soberana bravuconería de "acto de soberanía") para a las pocas semanas rectificar con soberana falta de soberanía y "pactar" con Bruselas el 5,3%; cifra que la propia Comisión tuvo que revisar nuevamente al alza, hasta situarla en el actual objetivo del 6,3% ante la flagrante incapacidad política y económica de un Gobierno que sólo tira de aquella palanca de autodestrucción a la que debería tener prohibido recurrir: las subidas de impuestos.

Por tanto, bien mirado en menos de doce meses hemos cambiado hasta en tres ocasiones de objetivo de déficit. ¿Qué más dará otra más? Si no es el 6,3%, lo mismo vale algo así como el 7% (que, si contamos con el coste del rescate a la banca imputable a este ejercicio, se irá por encima del 8%). A estas alturas de la película, tras un primer deplorable año del zapateante Rajoy, nadie debería sorprenderse de que semejantes razonamientos pueblen la cabeza de un Gabinete obcecado con maximizar las colocaciones de deuda y las subidas de impuestos para minimizar el pinchazo de la burbuja del sector público.

Incumplir la palabra dada

Si nuestros mandatarios se preocuparan de algo más que de mantener o ampliar sus parcelas de poder y de gasto, acaso cayeran en la cuenta de que, tras haber suscrito el compromiso del déficit de 2012 en el 6,3% del PIB y de haber –supuestamente– dirigido todos sus esfuerzos a conseguirlo, el cerrar en cotas del 7% es algo peor que un fracaso: es un radical incumplimiento de la palabra dada.

Peccata minuta, dirán los trileros mayores del Reino de la picaresca, ¿qué enjundia puede tener la palabra dada? Pues, cuando se trata de recibir crédito, absolutamente toda: la oferta de crédito en una economía no viene limitada por la cantidad de dinero en circulación (de hecho, los bancos no nos prestan dinero,sino sus deudas, las cuales los agentes económicos, precisamente porque les otorgan credibilidad a las mismas, las utilizan como medios de pago), sino por la credibilidad que transmiten las familias, las empresas y los gobiernos de que serán capaces de devolver el crédito recibido a través de su producción de nueva riqueza en el futuro. Socavar el valor de la palabra dada, el valor de honrar los compromisos adquiridos, no es un problemilla menor para aquel cuya supervivencia depende de seguir recibiendo crédito: es un torpedo directo contra el madero que lo mantiene a flote. Si la recepción de crédito depende de nuestra credibilidad, huelga explicar por qué la segunda es esencial si no queremos tener serias dificultades en mantener lo primero.

En pocas palabras, la mayúscula irresponsabilidad de este Gobierno consistente en negarse a cumplir sus promesas equivale a trasladarles un mensaje muy claro a los inversores internacionales: “nuestro déficit está fuera de control; aunque nos habíamos comprometido a mantenerlo por debajo del 6,3% y aunque mes tras mes estuvimos repitiendo que sin lugar a dudas lo íbamos a alcanzar, al final nos ha sido imposible lograrlo, esto es, se nos ha ido de madre y, por muy fuerte que fuera nuestra promesa hacia ustedes, no hemos podido o no nos ha dado la gana de hacer lo suficiente para honrarla”.

Un déficit fuera de control

Tampoco hay que exagerar, pensarán algunos. Es sencillo: imaginen que este mismo debate se plantea a la hora de decidir si el Gobierno hace default o adopta hasta la última de las medidas necesarias para evitarlo. Repagar su deuda es la última y la más esencial de las promesas emitidas por este país: ¿qué nos lleva a pensar que el mismo Ejecutivo que o no puede o no quiere llegar al 6,3% de déficit sí tomaría, en cambio, las riendas para evitar la bancarrota del país? Nada: primero, porque si no puede lo menos, es dudoso que pueda lo más; segundo, y fundamental, porque ya estamos en esa situación límite cercana a la bancarrota… ¡y no las está tomando ni siquiera para alcanzar un altísimo déficit del 6,3% del PIB! (buen momento para recordar que este éste será el cuarto año de déficits públicos elevadísimos y que desde 2009 el sector público español ya ha pedido prestado a “los mercados” el modesto monto de 400.000 millones de euros). Queda claro, pues, que si España termina repagando su deuda no será gracias a la diligencia del Gobierno, sino a pesar de su deteriorada gestión, esto es, gracias al dinamismo de un sector empresarial ahora mismo muy debilitado y que los del PP sólo se han dedicado a machacar inclementemente: nuestros acreedores no pueden confiar en nuestros actuales mandatarios y ésa es una perspectiva simplemente devastadora.

La irrelevante expulsión del mercado

Luego algunos atribuirán a conspiraciones intergalácticas el que Alemania se financie casi gratis y a nosotros no nos quiera prestar casi nadie. De momento –porque la credibilidad es lo que tiene, que no es para siempre– Alemania no ha hundido su credibilidad (¿hay mucha gente que pronostique que el Gobierno teutón vaya a quebrar?) como sí lo ha hecho los catastróficos Ejecutivos españoles de Zapatero y Rajoy. Sin embargo, parece que a nuestros gobernantes esta merma de credibilidad –merma que no depende, ni mucho menos, de que venga tardía y timoratamente la agencia de calificación de turno a oficiar el levantamiento del cadáver– se la trae al pairo. ¿Cómo es posible? ¿Acaso al Gobierno no le preocupa ser expulsado de los mercados de capitales y no poder financiar sus gigantescos déficits derivados de sus monstruosas ansias de gastar mucho más de lo que ingresan?

He ahí, precisamente, el problema. Ese tan ortodoxo, germanizado y restrictivo Banco Central Europeo anunció hace apenas tres meses que adquiriría cantidades ilimitadas de la deuda pública de aquellos países que solicitaran el rescate (el famoso programa OMT). No crean que se trata de un anuncio mágico y libre de costes: en realidad, semejante ventanilla bancaria corre a cuenta del crédito y de la riqueza de Alemania. ¿O a qué atribuyen, si no, que los nuevos euros que ha ido inyectado y que seguirá inyectando el BCE en la economía no hayan sido liquidados ipso facto por sus tenedores a importantísimos descuentos (inflación y depreciación del euro)? ¿Acaso por su intensísima demanda de comprar bienes, servicios y activos en España? No lo parece, pues en tal caso esa intensísima demanda también se dejaría sentir en el mercado de deuda pública española: mejor pensado, cabrá atribuirlo al (todavía) intensísimo deseo por adquirir bienes, servicios y activos alemanes (deseo que sí se manifiesta, vaya por dónde, en la demanda de deuda pública alemana). Conceder poder de compra contra bienes alemanes a cambio de que, idealmente, los españoles produzcamos en el futuro las mercancías que serán adquiridas por los alemanes para así poder pagar nuestras deudas con el BCE, no parece la operación más lucrativa del siglo… para Alemania.

Sí lo es, en cambio, para un hatajo de tahúres cortoplacistas que, como nuestros políticos, sólo tratan de seguir gastando lo que no tienen aún a riesgo de abocarnos, a nosotros y a nuestros acreedores, a un más doloroso impago futuro. Por eso la OMT no fue una bendición sino una plaga para la economía española: la plaga de apuntalar a un Gobierno incumplidor y kamikaze al frente de las finanzas del Reino que, además, tiene el descaro de darse palmaditas en la espalda en su primer nefasto año de gobierno.