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¿Por qué las pensiones públicas son inviables en España?

La tasa de natalidad en España es una de las más bajas del mundo. Actualmente se encuentra en 10,4 nacimientos por cada mil habitantes o, lo que es lo mismo en términos de fertilidad, 1,3 hijos por mujer, ocho puntos por debajo de la tasa de reposición. Si la natalidad no crece de manera significativa en los próximos años (y nada lleva a pensar que vaya a repuntar sino más bien lo contrario) la sociedad española será la que cuente con mayor número de ancianos de la Unión Europea en el año 2050. Sólo la mitad de la población (un 52%) se encontrará en edad activa, mientras que más de un tercio (un 36%) serán mayores de 65 años.  

Nuestro sistema de pensiones estatales no es un fondo, sino un modelo piramidal condenado a la quiebra tan pronto como la base de la pirámide (los jóvenes cotizantes que entran) se estrecha. Los negocios piramidales están expresamente prohibidos por las leyes, las mismas que se salta a la torera el Estado en lo referente a algo tan importante como las pensiones de jubilación.

El sistema, que es tremendamente injusto y debería ser ilegal, funciona sólo cuando acceden al mercado laboral nuevas y numerosas remesas de trabajadores. El dinero que aportan se dirige automáticamente a liquidar pagos en forma de pensiones en la parte alta de la pirámide. Esa es la razón por la que, a este sistema, se le conoce como “de reparto”. No existe capitalización, sino redistribución forzada de renta entre generaciones. El trabajador no acumula durante su vida laboral, se lo entrega al Estado y éste sólo devuelve parte, si es que alguna vez devuelve algo. Las normas las pone el propio organizador de la pirámide, de ahí que continuamente se estén endureciendo los requisitos para acceder a una pensión estatal.

Con las proyecciones demográficas actuales las pensiones estatales colapsarán en los próximos 25 años por falta de cotizantes y exceso de beneficiarios.

Adiós a los vuelos económicos a Canarias

PAULINO Rivero, según publica la prensa local, ha dicho con relación a los vuelos a nuestras Islas que «cuando no funciona la competencia, cuando la competencia no cumple los objetivos de mejora de la calidad del servicio y de abaratamiento de los precios, que es lo que está sucediendo en este momento, en el que asistimos a un peor servicio y a un encarecimiento de los precios, tiene que actuar el regulador, los poderes públicos». Por esta razón quiere que Fomento fije a las aerolíneas que vuelan a Canarias obligaciones en varios ámbitos: «trayectos, frecuencias, tipos de aviones y, especialmente y muy importante, los precios máximos que se pueden cobrar».

El precio de los bienes y servicios, que es la unidad de valor a la que se produce un intercambio voluntario, es determinado en una sociedad libre por la valoración subjetiva máxima del comprador y la valoración subjetiva mínima del vendedor. De esta forma ni el vendedor puede subir los precios cuanto quisiera ni el comprador puede pagar tan poco como le gustaría. La explicación es fácil, nadie compraría algo que estuviera por encima de su valoración máxima y nadie vendería nada por debajo de su valoración mínima.

Por esta razón, cuando el Gobierno hace uso del poder para establecer un precio máximo pueden darse dos situaciones: si el precio de mercado es inferior al máximo fijado no tendría consecuencia alguna. Ahora bien, si el precio determinado libremente por los distintos vendedores y compradores es superior al precio máximo regulado la consecuencia va a ser bien distinta: escasez, bajada de calidad y mercado negro de los bienes y servicios regulados. Así, de entrar en práctica la medida, tendríamos menos vuelos, menor calidad en los mismos e incluso mayor inseguridad. Todo lo contrario que entiendo que desea Paulino Rivero.

Por todo ello, el presidente del Gobierno de Canarias, en vez de hacer peticiones al Gobierno de España que podrían haber sido hechas por el mismísimo Karl Marx, debería preocuparse más de por qué las aerolíneas han decidido no volar tanto a Canarias y, si lo hacen, hacerlo a precios más altos. Yo le puedo dar algunas pistas y ninguna tiene que ver con la falta de competencia, como el señor Rivero asegura, sino más bien con que la menor competencia se debe a las mismas. Aeropuertos controlados por el Estado con tasas aeroportuarias altísimas, regulaciones en todas las esquinas, impuestos exorbitados y una población que por culpa del nacionalismo socialista que defiende el señor Rivero se ha visto empobrecida hasta límites inimaginables, encabezando el paro de toda España.

Por último, deseo que estas palabras de Paulino Rivero no hayan sido oídas por empresas que estén estudiando empezar a volar a Canarias, pues abandonarían la idea de inmediato; no hayan sido leídas por empresas que actualmente operan en Canarias, pues podrían empezar a planificar su salida; y que jamás se pongan en práctica dichas propuestas, pues sin lugar a dudas habría que decir adiós a los vuelos económicos a Canarias.

Contra la especulación… y el ahorro

 Apuntaba nuestro ministro de Hacienda el pasado lunes que España necesita generar mucho más ahorro para impulsar su recuperación. Y, verdaderamente, los dos problemas esenciales que padece nuestra economía –un sector productivo desestructurado y una acumulación insostenible de deuda pública y privada– sólo pueden solventarse si el país ahorra de un modo mucho más intenso: el ahorro es la materia prima indispensable tanto para financiar la nueva inversión que metamorfosee nuestra ladrillera economía cuanto el rápido desapalancamiento de familias y empresas que permita mejorar su solvencia.

Uno esperaría que este adecuado diagnóstico de Montoro tamizara toda la política económica de su Gobierno o, al menos, de su departamento ministerial. Pero lo cierto es que, hasta la fecha, el Ejecutivo popular se ha caracterizado por su radical ofensiva contra todas las manifestaciones que imaginar podamos del ahorro: aumento de la tributación de las rentas del capital, eliminación de la deducción por compra de vivienda, saqueo tributario de las empresas con las continuadas revisiones del Impuesto de Sociedades, prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio y, de manera más reciente, integración de las plusvalías generadas a corto plazo dentro de la base general del IRPF.

Merced a la última de estas medidas, quienes a partir de 2013 compren y vendan con ganancia unas acciones o unos bonos en menos de 12 meses pasarán de tributar al ya elevadísimo tipo máximo del 27% hasta uno del 52%; profunda estocada tributaria que justamente fue criticada el pasado miércoles por el Instituto Juan de Mariana con la publicación de su reciente informe “Un nuevo ataque del Gobierno al ahorro”. Escrito por el fiscalista Adrià Pérez Martí, el estudio se dirige a desmontar los diversos argumentos aducidos hasta la fecha por el Ejecutivo, y más en concreto por el reconvertido amigo de los ahorradores Cristóbal Montoro, para justificar este nuevo rejonazo contra los contribuyentes que, según las estimaciones del propio Gobierno, apenas reportará unos magros ingresos adicionales de 90 millones de euros: el 0,09% de nuestro déficit de 2011.

De acuerdo con los próceres populares, la medida es positiva en primer término por cuanto nos devuelve al régimen anterior a la reforma de Solbes de 2006 que consolidaba en una misma base las plusvalías a corto y a largo plazo. Engañosa afirmación la de los populares que olvida que, por aquel entonces, las plusvalías a largo plazo tributaban a un tipo único del 15% (y no a uno progresivo de hasta el 27%, como acaece ahora) y las plusvalías a corto se integraban en una base general cuyo tipo máximo era del 45% (y no del 52%).

Así, siendo falso que volvamos al sistema previo a 2006, todavía lo es más otra de las razones que nos ofrecen: que esta reforma nos acerca a los sistemas tributarios europeos y, en particular, al alemán. En realidad, la inmensa mayoría del Continente o no diferencia entre plusvalías generadas a corto y a largo plazo o, de hacerlo, tal distinción tiene como único propósito bonificar el ahorro a largo plazo… no castigar con saña los rendimientos cortoplacistas. Sin ir más lejos, Alemania modificó en 2009 su sistema fiscal para hacer tributar ambas plusvalías al 25%: la historia es justo la inversa a la ucrónica narrativa gubernamental.

Por último, la ocurrencia de que penalizando a los avariciosos especuladores se consigue potenciar en algo la sana inversión a largo plazo no pasa de típico chascarrillo indignado. Como cualquier economista mínimamente cercano a la realidad sabe, basta comparar las muy superiores facilidades de financiación que poseen las empresas cotizadas en bolsa (un casino tomado por los especuladores) frente a las compañías no cotizadas (las que no participan del diario envite especulativo en los parqués) para comprobarlo: son precisamente los especuladores quienes facilitan la entrada masiva de capital a largo plazo en las empresas al proporcionarles en todo momento a los ahorradores un precio de mercado al que comprar o vender sus participaciones. Expulsemos a los especuladores del templo, como pretende Montoro, y la fluida Bolsa se parecerá cada vez más al quieto, ilíquido y lentísimo mercado inmobiliario.

El sablazo fiscal, en suma, sólo sirve para mermar los incentivos de españoles y de extranjeros para ahorrar e invertir en nuestro país. ¿Cómo casa esta nociva consecuencia con las iniciales declaraciones del ministro de Hacienda donde prometía proteger e impulsar el ahorro nacional? Pues de ninguna manera. No intenten cuadrar el esquizofrénico círculo. Tan sólo recuerden que Montoro fue la misma persona que justificó la subida del IRPF en preferencia sobre el IVA bajo el argumento de que  el Gobierno haría todo lo posible para no perjudicar todavía más al consumo, es decir, para fomentar el no ahorro. Así de simple: no hay más cera que la que arde.

Las ventajas recaudatorias del castigo corporal

 Este viernes hemos sabido que el Ministerio de Hacienda ha ordenado acelerar las operaciones de embargo contra los contribuyentes que tienen deudas con el fisco, especialmente en aquellos casos que puedan tener una mayor relevancia mediática por sus virtudes ejemplarizantes (que diría Moratinos tras varios intentos).

Este esfuerzo pedagógico de las autoridades tributarias carecería de sentido sin el apoyo de los medios de comunicación, siempre tan solícitos cuando se ventilan asuntos de interés para la plebe. Es el caso de la cadena estatal de televisión, cuya versatilidad informativa hace que en el mismo telediario aparezca una pieza lacrimógena sobre los desahucios y, a continuación, dos subinspectores de Hacienda disfrazados de Hombres de Harrelson precintando la máquina de refrescos de un restaurante por no pagar el IVA. En ambos casos se trata de resarcir una deuda, pero mientras el primero es considerado un abuso intolerable, el segundo es un acto de justicia que hay que resaltar, pues, siendo el infractor un empresario, es evidente que algo habrá hecho para que el Gobierno lo trate así.

Esto de que los procedimientos tributarios se sustancien ante millones de espectadores en lugar de en los tribunales económico-administrativos es una novedad que hay que agradecer a Cristóbal Montoro, en última instancia responsable de la Hacienda estatal. Montoro busca a su Lola Flores, pero como La Faraona es irrepetible, las pesquisas insistentes de la Agencia Tributaria pueden llevarse por delante millares de trofeos menores. Si usted crea riqueza y paga impuestos, sepa que está en el punto de mira del Gobierno, porque en la España de Cristóbal y Mariano sólo se salva del celo estatal el perroflautaje.

Con la autoridad que me otorga el haber sido sometido a unainspección fiscal (cuando Aznar era presidente; ZP y yo siempre hemos mantenido una relación de mutuo respeto), me atrevo a proponer al ministro de Hacienda la reintroducción del castigo corporal en la escala de sanciones por incumplimientos tributarios. Nada de precintar sillas, mesas para ocho o botellas de vino en las bodegas de los restaurantes. En su lugar, unos buenos latigazos –o azotes en las nalgas, en el caso de infracciones de menor cuantía– en la plaza pública de más solera de cada demarcación, en acontecimientos semanales retransmitidos en horario de máxima audiencia por las cadenas públicas que operen en el lugar. Puestos a ser sometidos al escarnio público, mejor hacerlo de manera que las deudas queden saldadas en el mismo acto, aunque sea a costa de no poder sentarte cómodamente en una temporada.

Puede que a muchos les parezca inaceptable esta forma de castigo, pero eso es porque no se han visto sometidos a una inspección fiscal. Todavía.

Balance económico de Rajoy: peor imposible

Hace ya un año que Mariano Rajoy ganó las elecciones por una mayoría absoluta histórica: 186 escaños y cerca de once millones de votos. La campaña electoral tuvo como tema prácticamente único la crisis económica. Los socialistas, gravemente tocados tras la última y desastrosa legislatura de Zapatero, poco podían ofrecer para sacar al país del atolladero en el que ellos mismos le habían metido. Rajoy, sin embargo, centró sus promesas en la recuperación económica. Según él sólo el PP podía acometer semejante tarea. Y los españoles –por activa votándole o por pasiva dejando de votar al PSOE– se lo creyeron.

Ha pasado un año y España no sólo no ha salido de la crisis, sino que se ha hundido todavía más en ella. No hay un solo indicador que invite al optimismo. En los últimos doce meses el paro ha crecido, ha continuado la destrucción del tejido productivo y la deuda pública ha alcanzado límites difícilmente sostenibles en el corto plazo. La situación es de extrema gravedad. El dinero ha comenzado a abandonar el país a toda prisa y, con él, los trabajadores más preparados y productivos. España no es todavía Argentina, pero ya empieza a parecerse mucho a ella.

El desempleo desbocado

De todos los indicadores el más preocupante y dramático es el del desempleo. El pasado mes de octubre se alcanzó y rebaso, por primera vez en la historia, la tasa del 25% de paro. 5.778.100 personas en paro que son unas cuantas más (aproximadamente medio millón más) si le retiramos el maquillaje estadístico que saca del desempleo a todos los parados reales que no estén buscando “activamente” empleo.

La cifra, por lo tanto, se acercaría más a los seis millones y medio que a los seis millones. Con semejante lacra es imposible que la economía se recupere. El paro es la piedra de toque de todo el sistema. Sin gente trabajando la economía se estanca y el Estado ve reducida su recaudación. Lo primero ocasiona un círculo vicioso imposible de romper, lo segundo condena al Estado a endeudarse en el extranjero.

¿Qué ha hecho Rajoy para poner coto a esta auténtica tragedia? Nada reseñable, se ha limitado a garantizar los subsidios a costa de los presupuestos generales de Estado y ha aprobado una tibia reforma laboral que, si bien va en la dirección correcta, es insuficiente. Se ha mantenido intacta la dualidad del mercado laboral español que, por lo demás sigue siendo extraordinariamente rígido, mucho más que el de otros países.

Una subida de impuestos cada quince días

Si en algo ha sido prolijo el Gobierno de Rajoy ha sido en subir incansablemente los impuestos. No existe precedente en la historia económica de España de un Gobierno con una furia fiscal semejante. EL IRPF lo elevó en su primer consejo de ministros. Y no fue una subida cualquiera. Fue el mayor incremento en 45 años, es decir, desde que ese impuesto existe. No contento con subir de un modo salvaje este impuesto al trabajo, el mismo día anunció una espectacular subida para las rentas del ahorro.

Dos rejones típicamente socialistas que lo que han ocasionado de un modo inmediato es que el trabajo desaparezca (o, en el mejor de los casos, se sumerja) y los capitales huyan del país. Caso aparte es la deducción por vivienda, que había retirado Zapatero poco antes. Rajoy la restableció para, meses después, volverla a retirar. Las compras de vivienda efectuadas a partir de enero de 2013 carecerán de esa deducción.

A la vuelta del verano el Gobierno anunció un nuevo impuesto, esta vez sobre las plusvalías a corto plazo que tributan al tipo marginal, es decir, al máximo. Un mes después se descolgó apoyando la implantación de una tasa Tobin a nivel europeo. Un aperitivo para la banderilla final: el impuesto sobre loterías, que afectará a los premios de la lotería estatal y de los sorteos de la Cruz Roja y la ONCE.

El impuesto por antonomasia, el que paga todo hijo de vecino, el IVA, parecía que se salvaría gracias a que el propio Rajoy hizo una gran campaña por su rebaja antes de llegar al poder. Nada de eso. El Gobierno anunció en verano una subida histórica del indirecto. Desde el 1 de septiembre el IVA general pasó del 18% al 21%, tres puntos de golpe que se suman a los dos que ya subió Zapatero en 2010.

A modo de fin de fiesta fiscal, hace solo unos días el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aprobó la creación de un sistema de tasas judiciales que para muchos es, más que recaudatorio, simplemente confiscatorio.

Gasto desaforado

Si Rajoy se ha visto obligado a subir tanto los impuestos y a inventarse algunos nuevos se debe a que el Estado gasta mucho más de lo que ingresa y lleva haciéndolo ya desde hace varios años. Esto ha repercutido en la deuda pública, que ha vuelto a niveles de los años 90 y amenaza con superarlos en breve.

Y si el Estado gasta de esa manera es porque Rajoy ha decidido que así sea. El gasto público, lejos de decrecer, ha aumentado en los últimos doce meses y más aumentará en los próximos doce. Para 2013, los primeros presupuestos hechos por Rajoy sin la famosa “herencia recibida” el Estado pretende gastar un 5,6% más que en 2012 o, lo que es lo mismo, 9.000 millones más.

El Estado gasta más porque cada vez está más endeudado y tiene que dedicar más recursos financieros a devolver los préstamos del pasado. Pero no sólo eso. Rajoy ha decidido, por ejemplo, mantener una subida en las pensiones del 1% a pesar de que los salarios caen en picado en todos los sectores.

Mención aparte merece el excesivo número de empleados públicos, que roza los tres millones, más que en 2007, cuando el Estado estaba en superávit fiscal. El Gobierno no ha hecho aún nada por aliviar semejante carga sobre los presupuestos. En parte por falta de convencimiento y, en parte, porque no todos dependen del Estado Central sino de autonomías y ayuntamientos.

La descentralización administrativa juega en contra de una racionalización del Estado, que se ve obligado a recaudar y pedir prestadas gigantescas cantidades de dinero para que otros lo gasten. Otros que no quieren apretarse el cinturón y que se niegan a cuadrar las cuentas porque el grifo de la administración central sigue abierto de par en par. Para que a las manirrotas autonomías no les falte de nada, el pasado verano Montoro obligó a Loterías de Estado a prestar 6.000 millones para sostener un fondo de rescate autonómico al que, con contadas excepciones, han acudido ya casi todas las comunidades.

Nacionalizaciones y rescates

Otro grifo no ha cesado de manar en el último año es el que riega los balances de las antiguas cajas de ahorros. Algunas como Bankia han sido directamente nacionalizadas y enchufadas de nuevo al presupuesto. Otras llevan meses financiándose del FROB, un fondo aparentemente inagotable que se nutre también de dinero público. La consigna es purgar con dinero del contribuyente los excesos en los que incurrieron las cajas durante los años de la burbuja. Y hacerlo sin que se note demasiado.

Pero el pufo es de tal calibre que Rajoy ha tenido que sacarse de la manga una entidad, estatal naturalmente, para que los bancos depositen en ella todos sus activos depreciados. Esta entidad, bautizada como Sareb, se capitalizaría con dinero público cerrando de este modo el círculo. Una promesa de nuevas subidas impositivas y nuevas emisiones de deuda (que terminarán amortizando los contribuyentes) para el futuro cercano.

El balance económico del primer año de Rajoy no puede ser peor. Ha conseguido exactamente lo contrario de lo que se proponía. Su política económica ha sido un calco de la de Zapatero, de quien Rajoy se ha erigido como el mejor sucesor posible. Si no se han aprobado nuevos planes E se debe a que no hay con qué financiarlos, no a falta de convicciones socialdemócratas. El primer año de la legislatura se ha saldado, pues, con un fracaso económico sin paliativo posible. Hoy los españoles somos más pobres, pagamos más impuestos y tenemos menos expectativas que hace 365 días, cuando Rajoy salió ufano al balcón de la sede del PP en Génova a celebrar la victoria. 

El drama de la agricultura española

 Como cada cuatro o cinco años, la agricultura europea cobra gran protagonismo. Cuando llega el momento de negociar los presupuestos de la UE, todo el mundo vuelve a prestar atención a la Política Agraria Común (PAC), una partida que se lleva más del 40% del Presupuesto comunitario pero que, pese a todo, no consigue reanimar el sector.

Los políticos europeos han conseguido una proeza casi inigualable. Tras varias décadas de ayudas constantes al campo, no sólo no han logrado mejorar la situación de los agricultores, sino que incluso están empezando a dañar su imagen. Casi todo el mundo siente una simpatía instintiva por el sector primario. Se sabe que es un trabajo complicado, y quien más quien menos tiene un pueblo, un abuelo que era agricultor o un recuerdo de las vacaciones de infancia en el campo.

Pues bien, incluso así, empieza a extenderse en amplios sectores de la sociedad la injusta caricatura del agricultor subvencionado, que sestea mientras sus cultivos se echan a perder, con el convencimiento de que cobrará la correspondiente ayuda europea. Cualquiera que conozca el sector sabe que no sólo es una fotografía que no se corresponde con la realidad, sino que el campo sigue siendo una de las profesiones más duras, inciertas y arriesgadas que existen.

¿Cómo un sector de pequeños empresarios, en el que casi no existe la empresa pública, ha acabado siendo el paradigma de la intervención política? Sólo la burocracia bruselense con toda su potencia de fuegopodía conseguir semejante hazaña: empobrecer al campo y, al mismo tiempo, destrozar la imagen de los agricultores.

Lo que se ve y lo que no se ve

En realidad, el campo europeo es como un náufrago que tiene una cuerda atada a los tobillos de la que cuelga una enorme piedra. Mientras bracea para tratar de sacar la cabeza de debajo del agua, le lanzan un pequeño salvavidas desde un barco cercano. No le servirá para llegar a la costa, pero retrasará el inevitable hundimiento.

El observador poco atento verá el flotador (la PAC y otras ayudas similares), pero le será más difícil advertir lo que queda por debajo de la superficie, esa enorme losa de regulaciones, normas ambientales, requerimientos sanitariosderechos de los animales, restricciones a la innovación con transgénicos, exigencias burocráticas… No existe en este momento en Europa ningún sector económico que tenga que hacer frente a tal número de trabas, dictadas por el mismo poder político que luego se pone medallas cuando llega el momento de repartir las subvenciones.

Y cuanto más al sur y al este, más ayudas públicas, menos competencia y menos eficiencia. Así, en España, apenas el 4,5% de los propietarios agrícolas tiene menos de 35 años, frente a un 36,6% de mayores de 65. El campo envejece a ojos vistas y, mientras los jóvenes abandonan los pueblos, se prueban las mismas recetas que llevan años fracasando: proteccionismo, subvenciones, mucha regulación y poca libertad económica.

Cooperativas y cadena alimentaria

En el ámbito español, Miguel Arias Cañete presentó hace un mes las dos normas fundamentales del Gobierno en lo que respecta al sector agrícola: la ley de fomento de la integración de cooperativas y la ley de mejora de la cadena de valor.

Por un lado, el ministro de Agricultura quiere intervenir en el mercado regulando las relaciones entre productores, intermediarios y mayoristas. Con la lucha contra las malvadas superficies por bandera, se introducen límites a las transacciones libremente acordadas. El resultado será el previsible: los grandes distribuidores, aquellos que tienen la capacidad para hacerlo, buscarán proveedores fuera de España o encarecerán los productos para mantener sus márgenes. Habrá que ver entonces cómo el Ejecutivo de turno se saca de la manga una nueva ley sobre la cadena alimentaria… y vuelve a echar la culpa de todo a los malvados intermediarios.

Sin embargo, en lo que respecta a la otra ley, la de cooperativas, sí que podríamos estar ante un importante avance. El futuro del campo europeo está en la integración, que llevará aparejada la modernización de muchos de sus procesos, el ahorro en la gestión y un mayor poder de negociación dentro del mercado. Juan Ramón Rallo abogaba hace unos años por los cárteles de agricultores. Hasta ahora, en España era muy complicado crear grandes cooperativas, especialmente por una legislación autonómica miope que premiaba los grupos intrarregionales mientras ponía todo tipo de trabas a los grandes conglomerados nacionales.

Holanda o Nueva Zelanda

De esta manera, mientras nuestra primera cooperativa (Coren) no llega a los 1.000 millones de facturación, en Holanda las dos mayores,Friesland-Campina y Vion, tienen unos ingresos anuales conjuntos de 18.000 millones. No es difícil imaginar cómo se gestionan estas compañías, cuál es su poder de negociación con los distribuidores y hasta dónde llega su capacidad para gastar en investigación o en abrir nuevos canales de comercialización.

El mejor ejemplo que podría encontrar Arias Cañete no está cerca, pero sí lleva tiempo en funcionamiento. En los años 80, Nueva Zelanda era un país de agricultores envejecidos y maltratados por el poder político. Ante una crisis que amenazaba una de las patas de su economía, el Gobierno liberalizó el sector. Treinta años después, es unejemplo de integración en el mercado global, de creación de empleo y de mejora de la productividad.

Mientras tanto, miles de agricultores españoles trabajan de sol a sol sin conseguir que todo ese esfuerzo dé los frutos deseados. Desde las tribunas liberales, han sido muchos los que han criticado la PAC, una de las peores iniciativas que jamás haya puesto en marcha la UE. La sensación es que ninguna subvención sacará del problema a este sector. Pero tampoco sería justo quedarse en la superficie. Por debajo permanece una pesada losa que amenaza con arrastrar el campo europeo al fondo del mar. 

Paulino Rivero contra el empleo en Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha publicado en su blog un artículo donde asegura que “el empleo debe ser para la gente de aquí, priorizando la contratación de residentes, para quienes viven en nuestras Islas. Hay fórmulas. Hay camino. Y vamos a hacerlo”.

Estas ideas proteccionistas para el empleo son tan antiguas como dañinas, provocando siempre más desempleo y, por ende, pobreza. Los seres humanos cuando se organizan en libertad intentan cooperar los unos con los otros de la forma más eficiente posible sin entrar en distinción alguna de raza, residencia o lugar de nacimiento.

Los ciudadanos que residen en Canarias no son diferentes a los de otras regiones o países. Es decir, a la hora de buscar a alguien que coopere con ellos, buscarán a quienes les presten el mejor servicio y de la forma más barata posible independientemente de que sea residente en Canarias o no.

De esta forma, si estamos en nuestras casas y se nos rompe una lavadora buscaremos al mejor y más barato fontanero que encontremos importándonos poco que resida o haya nacido en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife o Madrid. Este comportamiento económico no sólo no es malo para el empleo en Canarias, sino que además es el adecuado para poder conseguir una sociedad más rica y, por lo tanto, un mayor bienestar social.

Si el Gobierno de Canarias aprobara mañana una ley que dijera que las empresas canarias (públicas o privadas) tuvieran que emplear únicamente a residentes en las Islas las consecuencias serían las ya expuestas: más paro y más pobreza.

Imaginemos por un momento que a una oferta de empleo se presentan dos personas, una residente en Arrecife y otra en Cuenca. El de Arrecife resulta ser peor que el de Cuenca, pero por la ley aprobada es el que resulta empleado. Si la empresa fuera privada, esto la llevaría a ser menos productiva y, a la larga, a tener que despedir a sus trabajadores y, si fuera pública, a una mayor ineficacia, si se puede, de los servicios públicos en Canarias.

Sin lugar a dudas, en Canarias residen un montón de magníficos profesionales, pero eso no significa que los canarios debamos perder nuestra libertad a la hora de contratar o ser contratados como mejor nos convenga.

El que escribe es residente en Las Palmas de Gran Canaria, trabaja como profesional liberal en Canarias y el resto de España; imparte clases en distintas universidades de la Península y el extranjero. Si los gobernantes de todos estos lugares aprobaran leyes como las que pretende Paulino Rivero el resultado sería sencillo: habría un nuevo parado en Canarias.

No necesitamos más keynesianismo sino más capitalismo

 Un año después de la victoria del PP por mayoría absoluta en las últimas elecciones generales, lo único bueno que se puede decir es que con el PSOE estaríamos todavía peor, magro consuelo para los que confiaron en que Rajoy decía la verdad durante la campaña, cuando prometió no subir impuestos y cercenar el despilfarro autonómico. Esos eran los ejes principales de su vasto programa de reformas.

Durante estos primeros once meses de gestión, Rajoy ha hecho exactamente lo contrario de lo que aseguró que iba a hacer durante la campaña. El tío tiene agallas, porque una cosa es borrar de la agenda política parte de las promesas hechas –algo que el votante da por descontado– y otra muy distinta hacer lo contrario de lo que figuraba en el programa electoral.

esquilmar a la sociedad para salvar a la casta política, sobre todo a la autonómica, es a lo que el Gobierno de Rajoy se ha aplicado con denuedo. Para eso no hacía falta ninguna mayoría absoluta, porque el despilfarro estructural de las Administraciones Públicas es objeto del más amplio acuerdo en las Cortes. De hecho, la mayor oposición que encuentra el Gobierno en el Parlamento se produce cuando anuncia algún tímido recorte presupuestario, porque la mayoría de los diputados, en posesión de una vastísima incultura, cree que lo contrario de austeridad es crecimiento, cuando en realidad el antónimo del primero de esos términos es despilfarro.

Con un Gobierno decidido a mantener un Estado insostenible y una oposición que sale a la calle en contra del menor recorte es normal que la aceptación popular de unos y otros se mantenga en niveles paupérrimos, según rezan todas las encuestas. Aquí el único que se desgasta es el contribuyente, que ve cómo todos los partidos han decidido seguir vaciándole el bolsillo para mantener el chiringuito estatal y autonómico tal y como lo conocemos.

El PP dice que ya lo siente pero que no tiene más remedio queempobrecernos a todos; el PSOE se limita a su habitual demagogia naif y dice chorradas sobre los ricos y los bancos; los comunistas quieren implantar el modelo norcoreano y los nacionalistas, mientras sigan abiertos los canales adicionales de financiación para sus tropelías, dan la razón a todo el mundo.

Ha sido un primer año de Gobierno Rajoy muy duro, pero sólo para los contribuyentes. Lo peor es que no es previsible que en algún momento de esta legislatura le toque también apretarse el cinturón a la clase política, y menos ahora, que ya hay quien habla en el Gobierno de claros síntomas de recuperación. Al final los españoles saldremos de la crisis gravemente empobrecidos y los políticos tan sólo tendrán que lamentar el abandono transitorio de algún coche oficial. Así da gusto trabajar por el pueblo.

Un año de desgaste… para el contribuyente

 Pese a que en los últimos cinco años hemos asistido a la mayor expansión fiscal de la historia de la humanidad –con la posible excepción de esa II Guerra Mundial que los verdaderos militaristas económicos reputan fuente de toda nuestra prosperidad presente–, los keynesianos, asfixiados por el propio fracaso de su contraproducente recetario y de la insolvencia sobrevenida de muchos de aquellos países que han sufrido su rodillo, se han apegado a la muy falaz idea de que Occidente ha sufrido un exceso de austeridad. ¡De austeridad! El gasto y el déficit público se hallan en máximos históricos en la mayor parte de lugares del planeta (y en todos ellos, muy por encima de los niveles que alcanzaron durante la burbuja crediticia que concluyó en 2007) y se sigue hablando inapropiadamente de austeridad. Es lo que pasa cuando no se quieren reconocer los propios fracasos y se pretende seguir huyendo hacia adelante: ¿que en unos años hemos duplicado los volúmenes de deuda pública (repitan: austeridad) y cada vez estamos más hundidos? No hay problema: tratemos de volver a duplicarlos con mayor rapidez si cabe en los próximos meses.

Otro manifiesto keynesiano

Éste es el mensaje de fondo del manifiesto “Una visión alternativa de la crisis de la Eurozona”, recientemente suscrito por diversos economistas “críticos”. El breve manifiesto tiene tres mensajes fundamentales: el primero, que las políticas de austeridad están agravando la crisis debido al incorrecto diagnóstico de la ortodoxia económica, según el cual todos nuestros problemas provienenúnicamente del exceso de gasto público y de la falta de competitividad del Sur de Europa; el segundo, que el auténtico problema de la Eurozona deriva de la falta de un prestamista de última instancia que permita una resolutiva actuación gubernamental a la hora de corregir el desequilibrado modelo de crecimiento europeo materializado en un Norte mercantilista y un Sur dependiente del endeudamiento barato; y tres, que la solución a todas nuestras dificultades pasa por implementar una política fiscal expansiva a gran escala respaldada por el BCE con el objetivo de incrementar el nivel de empleo en la Eurozona –algo que traería crecimiento y que, por tanto, permitiría estabilizar el nivel de endeudamiento sobre el PIB y no generaría inflación– y por incrementar los salarios en el Norte para estimular un mayor consumo interno.

Un equivocado diagnóstico del diagnóstico

Los tres mensajes son una mezcla entre tramposos y equivocados. En cuanto al primero, no conozco muchos partidarios de la austeridad estatal que crean que los únicos problemas del Sur de Europa son su excesivo gasto público y sus altos salarios. Yo mismo, en mi libro Una alternativa liberal para salir de la crisis, explico que el problema tiene dos caras: por un lado, el sobreendeudamiento privado y crecientemente público de nuestras economías; por otro, la descomposición de nuestra estructura productiva tras haber sido asolada por la burbuja inmobiliaria (y de la que los salarios mayores a la productividad del trabajo son sólo una de sus múltiples exteriorizaciones). La salida de la crisis presupone la corrección de estos dos desequilibrios de fondo, el financiero y el real, y para ello son necesarios numerosos ajustes: entre ellos, dejar de añadir todavía más deuda a nuestro ya casi impagable volumen total de endeudamiento (de ahí la necesidad de reducir el déficit por el lado de un menor gasto público) y facilitar una recomposición de nuestro modelo productivo que lo aleje del ladrillo (para lo cual se necesita, entre muchas otras condiciones, que aquellos costes laborales que deban reducirse, lo hagan). Reducir todos nuestros problemas a que el Estado gasta mucho y a que los trabajadores ganan mucho dinero es de una simplicidad engañosa, pues el objetivo final no es la austeridad por la austeridad, sino la generación por parte del sector público y del sector privado de un volumen suficiente de ahorro que permita desapalancarnos y restructurarnos.

El más equivocado diagnóstico propio

Precisamente por eso, el segundo mensaje lanzado también es erróneo. Por un lado, los economistas “críticos” se ven forzados a reconocer que el Sur tiene un problema de excesiva dependencia del endeudamiento y de una economía incapaz de vender al exterior, pero, por otro, atribuyen parte de esos problemas a la obsesión del Norte por consumir menos de lo que producen, es decir, por ahorrar. Se consigue así una suerte de responsabilidad compartida entre el Sur y el Norte: uno por producir y otro por consumidor demasiado poco. Sucede, empero, que la crisis europea no tiene nada que ver con que el Norte sea muy productivo y austero. Acaso, si queremos atribuirle cierta responsabilidad al Norte, podemos imputársela al hecho de haber canalizado una parte de ese ahorro (sobre todo a corto plazo) a financiar el endeudamiento (sobre todo a largo plazo) que el Sur dirigía a consumir mucho más de lo que producía y al hecho de haber destinado la otra parte de su ahorro (de nuevo, sobre todo a corto plazo) a expandir (a largo plazo) la capacidad productiva de su industria con miras a seguir abasteciendo unos niveles de gasto del Sur que ahora mismo sólo son sostenibles mediante su continuado endeudamiento. Es decir, el problema no pasa en ningún caso en haber ahorrado demasiado, sino en haber invertido ese ahorro demasiado mal.

El problema del Sur, por el contrario, sí viene de ahorrar demasiado poco y de hacer depender su bienestar de vivir de prestado del Norte. Si el Sur fuera más productivo de lo que es ahora (es decir, si no hubiera inmovilizado su economía en el ladrillo o en sector improductivos dependientes del Estado), el Norte podría seguir vendiendo lo mismo y el Sur podría seguir comprando lo mismo que ahora: la única diferencia estaría en que el Norte se cobraría al instante lo que vende (en lugar de acumular derechos de cobro contra el Sur) y el Sur pagaría al instante lo que compra (en lugar de acumular deudas a favor del Norte) mediante mayores exportaciones del Sur hacia el Norte. Es ahí, en esa incapacidad para exportar más y, por tanto, para pagar todo lo que se importa del Norte, donde reside el germen del problema: en ausencia de mayores exportaciones del Sur, sólo queda o incrementar todavía más su endeudamiento exterior (si se quiere apurar unos meses más su nivel de vida, es decir, sus importaciones financiadas con deuda) o, como está sucediendo en España, poner bruscamente fin a su necesidad de endeudamiento exterior con una fortísima contracción en su nivel de vida (restricción de las importaciones merced, por ejemplo, a acumular seis millones de parados).

Aclaremos, con todo, que la insuficiencia exportadora del Sur no proviene de que el Norte ahorre mucho y, por tanto, de que importe muy poco desde el Sur. Ahorro no significa no-gasto, sino no-gasto en consumo: esto es, bien puede traducirse en un mayor gasto del Norte en bienes de inversión. Por ello, nada obstaría para que el ahorro del Norte se canalizara en forma de importaciones de bienes de capital desde el Sur, pero para ello deberíamos ser capaces de fabricar esos bienes de capital demandados y necesitados por el Norte: cosa que obviamente no sucede (el gran activo duradero que es capaz de fabricar España son centenares de miles de viviendas, y la demanda residencial del Norte como que no es tan elevada). La afirmación de los economistas “críticos” de que del mismo modo que ningún país puede vivir sostenidamente por encima de sus posibilidades tampoco ninguno “puede vivir indefinidamente por debajo de sus posibilidades” es una simple boutade. Claro que se puede y, de hecho, si queremos ser más ricos y prósperos en el futuro, conviene que sea así: ahorrar, invertir y capitalizarnos para disfrutar de incrementos sostenidos en nuestra producción per cápita. El problema, repito, no está en ahorrar mucho, sino en invertir mal ese ahorro (por ejemplo, financiando gigantescos déficits públicos o cementerios de viviendas vacías e infladas de precio).

De hecho, como digo, si de algo podemos acusar al Norte es de haber invertido mal su ahorro al prestárselo al Sur: esto es, en haber sido demasiado ingenuos al pensar que prestándoles su capital a los del Sur éstos se desarrollarían y serían capaces de repagar las deudas contraídas gracias a unas economías mucho más productivas. Cándidos: en lugar de endeudarnos para producir más nos acostumbramos a asumir nuevos pasivos para consumir más. Es decir, en lugar de volvernos ricos, nos conformamos en gastar como ricos con cargo a la deuda. Y ahora los del Norte se encuentran con que les debemos centenares de millones de euros (reflejo de que durante muchos años les compramos mercancías sin pagárselas) y que amenazamos con marcharnos haciendo un simpa.

La fatal solución

Por último, la solución de los economistas “críticos” no deja de ser contraproducente y hasta cierto punto contradictoria: por una parte, proponen que los países del Norte ahorren menos y consuman más (por ejemplo, aprobando subidas salariales) para así alimentar la demanda exterior del Sur; por otro, instan al Banco Central Europeo a que facilite un mayor endeudamiento en el ya sobreendeudado Sur para “crear empleo”.

Digo que las soluciones son contraproducentes y contradictorias, primero, porque no está demasiado claro por qué los mayores salarios alemanes se deban traducir en una mayor demanda de las viviendas en España y no en más iPads estadounidenses, en más videojuegos japoneses, en más relojes suizos o, simplemente, en más electrodomésticos y automóviles alemanes (que sólo contribuirían a encarecer las importaciones alemanas a España y, por tanto, a empeorar todavía más el nivel de vida de los españoles). Segundo, porque si el BCE es capaz de monetizar deuda de países periféricos sin desatar una más acelerada inflación interna es porque los nuevos euros que crea en el proceso de monetización son atesorados (no gastados) por ahorradores europeos o extraeuropeos; si se empiezan a poner esos nuevos euros en circulación, merced a un mayor incentivo a que sus tenedores los consuman, sí contribuirán a presionar al alza los precios en toda Europa (justo lo que necesitan las familias españolas: un nuevo impuesto inflacionista que hunda todavía más su renta disponible). Y tercero, porque es absurdo asumir que un mayor endeudamiento público de las economías del Sur vaya a contribuir a resolver sus dos problemas fundamentales: exceso de endeudamiento y exceso de malas inversiones internas.

Justamente, más gasto público con cargo a la deuda sólo contribuirá a acrecentar estas dos distorsiones: el conjunto de la economía española se endeudará más (y ya estamos en un punto donde ni siquiera podemos pagar la deuda que ya hemos asumido) y lo hará en proyectos de muy bajo o nulo rendimiento. Fijémonos en que los economistas “críticos” sólo exigen, no que la nueva deuda se invierta de manera rentable (algo que el Estado, por su propia naturaleza, es incapaz de controlar), sino que se genere empleo. ¿En qué? Eso para ellos es una cuestión secundaria, pues el objetivo es el empleo en sí mismo… por improductivo que sea.

Pero no: lo cierto es que las economías son más ricas no porque haya más gente ocupada en algo, sino porque haya más gente ocupada en la fabricación de bienes con el mayor valor añadido posible. ¿Es ésta la tarea en la que cabe prever se vayan a dedicar nuestros políticos? ¿Acaso todavía creemos a estas alturas de la crisis que Mariano Rajoy o Alfredo Pérez Rubalcaba cuentan con toda la información y habilidad para descubrir y crear los centenares de miles de nuevas empresas competitivas y de alto valor añadido que necesita España para producir suficiente riqueza con la que repagar su deuda sin ver mermada su calidad de vida? ¿Ellos, que no han creado una sola empresa en su vida? ¿En serio confiamos en el partido del Plan E y del Aeropuerto de Castellón para diseñar y planificar nuestra economía? ¿O acaso pensamos que basta con dar dinero a todo el mundo que lo pida para que el país se transforme en un verde valle de buenas y sanas inversiones? ¿En serio confiamos en que ese modelo de crédito barato universal propio de nuestras cajas de ahorro y de las subprime estadounidenses hasta 2007 vaya a lograr una adecuada y rentable asignación de ese escasísimo recurso que es el capital? ¿De burbuja en burbuja hasta el colapso final? Ah, que ya estamos en el colapso final…

No, la respuesta al keynesianismo no puede pasar por más keynesianismo, sino por solucionar lo antes posible los desequilibrios que la burbuja financiera, productiva y estatal generaron sobre nuestra economía echando mano de las únicas herramientas que nos permitirán lograrlo: más libertad de mercado y más ahorro público y privado. 

Esclavos del Estado

Si usted gana lo que el promedio de los españoles, es decir, entre 18.000 y 25.000 euros anuales debería saber ya que la mitad –euro arriba euro abajo– se lo queda el Gobierno. Trabaja medio año para mantener las siempre crecientes necesidades financieras del Estado. Todo corre a su cargo, desde los más de 30.000 coches oficiales que pululan por las calles y carreteras españolas, hasta el último programa de ayuda al desarrollo que se aprueba en la consejería del ramo de la más remota comunidad autónoma.

Así es el sistema. Los españoles nos hemos convertido en lo más parecido a esclavos del Estado. Pagamos impuestos por todo lo imaginable y, a veces, por lo inimaginable. Lo hacemos por duplicado, por triplicado y hasta por cuadruplicado. Sobre un mismo bien podemos llegar a pagar IVA, patrimonio, donaciones y sucesiones. Todo con tal de alimentar al insaciable Gargantúa en que se ha convertido el antaño apañado y austero Estado español.

La pregunta que algunos –no muchos, la verdad– nos hacemos es: ¿por qué pagamos tantos impuestos si lo esencial del Estado ya funcionaba hace treinta años con muchos menos? La razón en sencilla. En las últimas tres décadas el aparato estatal ha multiplicado por cuatro su tamaño. A este atraco organizado lo han bautizado como “estado del bienestar” y todos los políticos sin importar el partido al que pertenezcan, celebran su existencia y su expansión sin límites.

El “estado del bienestar” es, en realidad, un estado clientelar en toda regla que ha obrado el milagro de poner a vivir a la mitad de los españoles a costa de la otra mitad. Mientras unos llenan, con toneladas de trabajo, talento y creatividad los haberes de los presupuestos, otros se concentran y hasta se profesionalizan en enchufarse a los debes.

Mientras la economía crecía al 5% y las recaudaciones fiscales marcaban máximos históricos (tan históricos que, en Hacienda, no terminaban de explicarse por qué), el modelo más o menos funcionaba. Recibíamos unos servicios, generalmente de una calidad tan mala que, en cuanto podíamos permitírnoslo, pasábamos a su versión privada, a cambio de una carga fiscal desproporcionada que, por aquel entonces, aun no nos lo parecía.

Hoy el modelo no sólo está agotado, sino que ha demostrado ser, además de profundamente injusto, insostenible en el tiempo. Antes de distribuirla, la riqueza hay que crearla y España crea cada vez menos. Esto se ha traducido en una sobrecarga impositiva que ya es insoportable. Los políticos, gestores de ese aparato elefantiásico que entró en metástasis durante la Transición, no quieren sacrificar ni un centímetro del terreno que han ganado a los contribuyentes, paganinis, en última instancia, de todo el conglomerado estatal.

La crisis, de este modo, nos está mostrando el armazón de un sistema que, simplemente, no podemos costear, no producimos lo suficiente para mantenerlo con vida. Llegados a este punto al Gobierno sólo le quedan dos opciones. La primera es la que escogió Zapatero y que Rajoy ha continuado al pie de la letra. Consiste en mantener la estructura como sea y cueste lo que cueste. Dicho sea esto con toda literalidad. A pesar de que le entregamos la mitad de nuestra renta, el Gobierno no tiene suficiente y se ve obligado todos los meses a pedir dinero prestado en el extranjero. Luego se quejan de la prima de riesgo y lo desalmado que es el mercado, pero si no gastasen lo que no tienen no tendrían que recurrir a él.

La segunda es cortar por lo sano y acometer reformas que reduzcan sensiblemente el tamaño del Estado. Esto supone sacrificios, especialmente al principio, para una sociedad como la nuestra que es adicta a la subvención y el trinque. Luego, cuando todo se haya reajustado, lo que obtendremos es un país más próspero, más libre y, sobre todo, más justo. No es que merezca la pena el esfuerzo, que lo merece, es que, o lo hacemos o terminaremos siendo como Argentina pero sin materias primas, es decir, peor que Argentina. Nosotros elegimos.