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España se hunde. Todos somos Bárcenas

 En España existe un sistema de legitimidad formalmente democrático en el que debe regir la igualdad de trato y la transparencia, y el poder ejercerse de acuerdo a unas reglas objetivas. No obstante, este sistema tiene un núcleo de sustancia feudal o tradicional, basado en relaciones de dependencia y lealtad personales. Así, el Estado es visto como propiedad de los que lo controlan y en torno al poder se tejen redes clientelares.

Lamentablemente, ese sustrato feudal da su verdadero carácter a un sistema formalmente democrático. Es por ello que en España la democracia potencia la corrupción, porque multiplica los centros de poder involucrados en la compraventa de favores y la creación de clientelas.

España ha experimentado una eclosión de centros de poder político y empresarial al amparo del Estado. Por ello no son de extrañar las abundantes noticias sobre escandalosos casos de corrupción, que van desde el cartero Bárcenas repartiendo sobres negros a los ERE de Andalucía que financian farras de prostitución y cocaína, pasando por el Instituto Nóos, que salpica a la Corona.

Desde sociedades más modernas y por ello más genuinamente democráticas, como las del norte de Europa, se podría creer que se trata de casos aislados. Pero no. España acumula una larga lista de escándalos: cuando no son los sobres son los indultos a políticos, banqueros, kamikazes con influencias; estafadores que quedan libres porque los tribunales se han demorado en exceso, incluso monjas que mueren antes de ser condenadas por su presunta implicación en el robo de bebés recién nacidos… Un sustancioso guión con todos los ingredientes necesarios para una estupenda telenovela al mejor estilo venezolano.

Esa es la lamentable imagen que España está mostrando al mundo; la imagen de su corrupción, que no solo afecta a sus políticos, cada día más desacreditados: también nos habla de una sociedad donde, como se dice en Argentina, "el vivo vive del zonzo (tonto) y el zonzo de su trabajo".

La corrupción no es un problema exclusivo de España. También hay corrupción en Suecia y en Finlandia, los países más limpios según Transparency International. Seguramente hay allí corrupción en ocultos imperios financieros y en algunos ayuntamientos, pero sin duda son casos contados y no tardan en salir a la luz. Los más famosos escándalos políticos suecos deben de parecer irrisorios a los españoles. Un ejemplo es el caso Toblerone: Mona Sahlin, por entonces (1995) viceprimera ministra y la más seria aspirante a dirigir el partido socialdemócrata, compró una chocolatina con una tarjeta de crédito reservada para gastos oficiales. Por un Toblerone Mona Shalin hubo de olvidarse de ser primera ministra. Sus compatriotas, con independencia de su color político, la sentenciaron. Esto demuestra que, como dice el refrán, cada sociedad tiene los políticos que se merece.

La sociedad española, a diferencia de la sueca, pone el listón muy bajo en la aceptación de la corrupción. Admite el pago de bienes o servicios sin IVA, el recurso a las influencias, el plagio, el clientelismo, el amiguismo; muchas de estas prácticas ni siquiera se reconocen como corruptas. Aquí están las raíces profundas de la corrupción española.

La clave del éxito en la lucha contra la corrupción está en la transparencia total en las transacciones y los acuerdos públicos. A todos los niveles. Se trata de que los españoles, como los suecos, no estén dispuestos a pagar los toblerones de sus políticos.

ideasyanalisis.wordpress.com

La picaresca del siglo XXI: ricos y famosos

El corral nacional sigue alborotado. La prensa, los propios políticos y el público en general, sumidos en un mar de confusión, no hacen sino aumentar el ruido de fondo con sus voces, alarmadas pero vacías.

Que hay cuentas B, sobres bajo cuerda, pagos a la prensa, financiación irregular, que todo eso sucede en todos los partidos, que la corrupción vive entre nosotros, todo eso ya lo sabemos. Lo sabíamos. Lo suponíamos. Lo permitíamos.

Los mártires de la democracia española

La publicación de las declaraciones del IRPF y del Patrimonio del presidente del Gobierno, como era de esperar, ha levantado una polvareda de comentarios agrios por parte de todos. Unos, porque escudriñan entre los números tratando de buscar su rédito político como oposición, maltrecha y dividida oposición. Otros, porque consideran una afrenta que los focos se dirijan nada más que a Mariano Rajoy, en lugar de apuntar a todos los demás también y están rasgándose las vestiduras con los ojos en blanco.

Y lo cierto es que lo suyo sería tirar del hilo. De todos los hilos. Y llegar donde haga falta llegar. ¿A la Transición? Pues a la Transición. Y que salgan a la luz los pagos a la prensa desde entonces, los pactos ocultos con unos partidos y con otros, de derechas y de izquierdas. Pongamos encima de la mesa el golpe del 23 de febrero, sus entrañas, los actores, los vínculos, todo.

Saquemos la manguera y el detergente para limpiar los barros primigenios de nuestra democracia. Pero tengamos clara una cosa: aquí no hay santos, ni perfectos. Todas las democracias, y las no-democracias, se asientan sobre la misma base, sobre el mismo pilar que cualquier institución: la naturaleza humana. Y no, no es perfecta. Así que, probablemente, nos encontremos con que hasta el sistema más perfecto del país más "civilizado" está edificado sobre cimientos cuestionables. Y no pasa nada.

Tampoco se trata, por otro lado, de mitificar a nuestros padres de la democracia como si el mero hecho de haber participado en todo aquello les hiciera mejores personas, más formados, mejores políticos o más honestos. No hay mártires de nuestra democracia. Hay de todo, como siempre. Personas que tuvieron el firme propósito de salir adelante y políticos de medio pelo a quienes les tocó estar allí.

Tenemos los instrumentos

Lo ideal sería que nuestro modelo político generara incentivos para que la gente se esforzara, trabajara, viviera mejor, encontrara los medios para conseguir sus fines, sean estos aumentar la talla de pecho o ser una virtuosa del violonchelo. Para eso los ciudadanos tendrían que tener expectativas de que hay caminos para lograrlo. Para ello, el hombre en sociedad, desde sus orígenes, crea instituciones. Y justo ahora, cuando el sistema está cuestionado, se oyen voces desde todos lados clamando por una regeneración institucional.

Pero no se especifica qué es una regeneración. Verdaderamente ya tenemos instituciones que están diseñadas para velar por los ciudadanos: el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia… ¿No funcionan? Tal vez se nos olvida que el problema del diseño ingenieril de las instituciones tiene el peligro de la manipulación. El diseñador, ese que sabe qué necesitan los demás y cómo. Manipula quien ocupa cada puesto, empezando por los jueces y acabando por los guardias de seguridad del Metro, y cierra el círculo asegurando puestos y dádivas.

No se va a decapar el sistema eliminando instituciones obsoletas o duplicadas. Es como decirle a un niño que devuelva la piruleta que le acabas de comprar, hay que tener muchos arrestos para devolverla: el niño sale corriendo y se la zampa antes de renunciar a ella. Lo que pasa es que, en el primer caso, la piruleta son fondos públicos, pagados con los impuestos de una población empobrecida.

Así que no son las instituciones las que fallan, son las personas.

Usted también nada entre corruptos

Y no solamente los jueces, los políticos y los medios de comunicación están implicados en este patético sainete. Somos la ciudadanía. Como decía Luis Garicano este fin de semana, debe ser la ciudadanía la que, igual que sucedió cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, diga ¡Basta Ya! de una vez por todas. La diferencia es que la corrupción no está solamente en los políticos o los periodistas, es un mal común a los españoles. ETA era un mal ajeno, no toleramos los delitos de sangre, pero sí el hurto y el trilerismo.

La famosa picaresca que retrataron tan bien Quevedo o Mateo Alemán debería habernos enseñado una lección. El pícaro, pobre de solemnidad, solamente puede sobrevivir mediante la estafa y el engaño. No tiene principios porque procede de una familia de delincuentes, de gente marcada por la cárcel o el deshonor, sin formación, ni moral. Es el anti-héroe español.

Nosotros no éramos pobres de solemnidad cuando en medio de la bacanal inmobiliaria consentimos lo que consentimos. Se nos supone cierta madurez como pueblo, cierto sentido del bien y del mal, cierta honestidad. Pero el comportamiento de los españoles, sinceramente, deja mucho que desear. No porque seamos unos ladrones, sino porque consentimos al ladrón. Por omisión. Y eso es casi más grave por lo que tiene de indolencia y desidia.

Y ahora, clamamos al cielo pidiendo cárcel para los corruptos. Estoy de acuerdo. Pero antes pensemos qué tiene que hacer cada cual para que no suceda más. Porque inocentes, inocentes… muy pocos.

Los piquetes benéficos del ‘kamarada’ Gordillo

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha atrevido a cuestionar las maneras impecables de Juan Manuel Sánchez Gordillo durante la huelga general de marzo de 2012 sugiriendo que el estadista de Marinaleda podría haber incurrido en falta administrativa durante sus "conversaciones" con los responsables de los establecimientos a los que cursó visita. Al menos, el alto tribunal ha descartado por completo que el diputado comunista cometiera delitos al frente de su grupo de defensa proletaria, puesto que, para el magistrado firmante, queda probado más allá de cualquier duda que Sánchez Gordillo no utilizó "más armas que la palabra".

El magistrado Miguel Pasquau, autor de la pieza que consagra definitivamente los derechos inalienables del piqueterismo sindical, ha estudiado también muy detenidamente el contenido de un video grabado por la Guardia Civil en que el Cicerón de la Bética se dirige al encargado de un Mercadona en estos educados términos:

Te tiramos todo lo que hay ahí, porque tiramos todo al suelo y vas a tener que poner aquí a trabajar 20 días a la gente.

El juez Pasquau no ve aquí ningún delito, como no lo vería tampoco nadie en su sano juicio. Muy al contrario, lo que demuestra la transcripción del discurso de Sánchez Gordillo es su deseo de colaborar con la empresa, de ahí que sugiriera al holgazán del intendente nuevas técnicas de almacenaje, para un más eficaz servicio al cliente. Más aún: preocupado por las alarmantes cifras de paro de Andalucía, las más vergonzosas del mundo civilizado, Sánchez Gordillo aprovecha la última parte de su arenga ultrapacífica para proponer la creación de nuevos puestos de trabajo durante, al menos, los veinte días necesarios para implantar el nuevo sistema de almacenaje.

Por su incuestionable riqueza jurídica como fuente de derecho, estos dos autos facturados por el TSJA para pública instrucción no deberían pasar al olvido. Antes al contrario: su especial relevancia debería servir a las fuerzas sindicales andaluzas (de izquierdas, por supuesto) para sugerir a la Administración de Justicia cómo juzgar los asuntos que afecten a los trabajadores y a sus representantes. Utilizando "la palabra como única arma" y "la presión ambiental típica de un piquete" –dos herramientas constitucionales perfectamente legítimas, según el magistrado Pasquau–, los sindicatos deberían plantarse desde el lunes en la puerta de la sala de lo social del TSJA durante los juicios laborales para advertir educadamente al juez de turno:

O fallas como es debido o es que te tiramos todo lo que hay ahí, porque te tiramos todos los papeles al suelo y vas a tener que poner aquí a trabajar 20 días a los funcionarios del juzgado.

Sería una injusticia que los jueces andaluces no disfrutaran como se merecen de esta eclosión de constitucionalismo sindical que nos han aplicado a los demás.

Si sólo quiere leer un libro de economía, que sea como éste

Si hay algo que esta crisis ha puesto de manifiesto, y en España de forma mucho más acusada, es la sorprendente ignorancia económica del común de los mortales. Digo "sorprendente" no porque haya sido inesperado, sino porque no deja de ser llamativo que una materia como ésta, que afecta a casi todas las decisiones de nuestra vida, sea tan desconocida, incluso para personas de un nivel cultural relativamente elevado.

Es más, después de seis años de crisis, es habitual escuchar a políticos, comentaristas o tertulianos pontificar sobre los recortes, el gasto público, la ley hipotecaria o la subida de impuestos con un soberano desprecio a las leyes económicas más básicas. Y no es una cuestión ideológica. Hay economistas con los que uno puede tener importantes desacuerdos pero que sólo un insensato consideraría ignorantes. Son simplemente personas que se manejan desde otro paradigma pero con las que al menos se puede entablar una conversación en un idioma más o menos común.

No es esto a lo que me refiero. Lo que me anonada es ver a un tipo en el telediario reconociendo que se gastó los 100.000 euros que tenía ahorrados en preferentes sin saber qué era eso, escuchar a un tertuliano aplaudir la subida de impuestos de Hollande sin hacerse ninguna pregunta sobre los incentivos que genera (tanto en los ricos actuales como en los futuros) o leer columnas en las que conocidos escritores se preguntan por qué el Gobierno español hace caso a la famosa prima de riesgo y apuestan por el impago de la deuda como salida de la crisis.

Siempre he pensado que gran parte de la culpa la tenemos los que nos dedicamos a esta materia. Los economistas (o los periodistas que informamos de esto) tienen la molesta costumbre de esconderse detrás de gráficos, tablas y términos técnicos, preferentemente en inglés. La razón no está clara, pero mi sensación es que lo que está detrás de este voluntario encubrimiento es un intento por monopolizar la discusión. Si nadie más sabe de economía, entonces podrán: 1) manejar las decisiones importantes sin intromisiones externas y 2) ganar autoridad como sumos sacerdotes de una materia trascendental. La profesión no es especialmente respetada, y cualquier político tiene más posibilidades de escuchar a cuarenta manifestantes con unas pancartas un poco llamativas y unas cuantas bocinas que a un experto en contabilidad nacional.

Por eso, hoy es más importante que nunca que se publiquen libros como éste. Si hay un economista liberal vivo que se haya ganado una merecida fama por su claridad, sencillez expositiva y contundencia, ése es Thomas Sowell. Y en Economía básica lo vuelve a demostrar.

Sowell sabe que el 99% de los problemas económicos son fácilmente comprensibles para el común de los mortales: los incentivos que mueven a los agentes, la información que transmiten los precios, la importancia de beneficios y pérdidas o la riqueza que genera el comercio… Y se dedica a explicarlos con sencillez, sin que eso suponga falta de profundidad.

Cada capítulo es en sí mismo como una pequeña monografía, que disecciona un aspecto clave de la economía. Y lo hace sin gráficos, sin tablas, sin expresiones incomprensibles y sin ese insufrible tono del que se cree por encima del bien y del mal característicos de los manuales al uso. En realidad, sus únicas armas son un lenguaje claro y los miles de ejemplos que su experiencia le ha permitido atesorar.

Evidentemente, éste puede ser un magnífico libro de introducción a la economía para cualquiera que quiera aprender los fundamentos básicos. Si ese es su caso, no deje que la presentación de la edición española, un tanto austera para un manual de este tipo, le asuste. Sus 700 páginas se leen con facilidad. Un capítulo al día y en un mes tendrá todas las armas que necesita para enfrentarse al intervencionismo que nos rodea. Si no le gusta la materia pero quiere conocer sus fundamentos: cómprelo. De hecho, es más que probable que después de ver la pasión con que Sowell explica esta apasionante disciplina cambie su forma de pensar.

Lo bueno de este libro es que no es sólo un manual para principiantes. Es más, debería ser un volumen de consulta obligada para el iniciado. Posiblemente, uno de los mayores errores que cometen los especialistas es olvidar los principios básicos, las razones últimas que validan su trabajo diario. Siempre he pensado que cualquiera, por muy experto que sea, debería leer un libro de principios básicos al menos una vez al año. Este Economía básica puede ser un gran candidato para 2013. Como dice la cita magníficamente escogida por Sowell para el capítulo 4:

Necesitamos aprender de lo obvio, más que indagar en lo oculto.

Thomas Sowell: Economía básica. Deusto (Barcelona), 2013, 703 páginas. Traducción de Javier El-Hage.

Google y la extorsión francesa

A los liberales nos miran raro cuando recordamos que los impuestos son dinero que nos quitan a punta de pistola. ¿Que no llama la Policía a tu puerta si olvidas accidentalmente rellenar el formulario H-3134-A correspondiente? Ya, bueno. Pero acabarás recibiendo requerimientos y terminarán llegándote papeles de un juzgado; y si sigues ignorándolos entonces quizá sí que te encuentres con unos señores uniformados en la puerta. No te apuntarán ni les hará falta hacerlo, pero tendrán las armas en el cinto. Y como lo sabes, no olvidas accidentalmente apoquinar.

Pero como a muchos nos han enseñado de pequeñitos lo bueno y solidario que es pagar los impuestos, que no tienen ese nombre por casualidad, a veces es conveniente ver esa extorsión mafiosa en otro contexto para contemplarla como lo que es. Un buen ejemplo es el culebrón de Google en Francia. Resulta que los diarios galos dijeron sentirse descontentos con los miles de millones de páginas vistas –con sus anuncios incluidos– que disfrutan gracias al tráfico que les envía Google a través de sus buscadores, el normal y el específico para noticias. Seamos claros: en realidad, la situación no les parecía mal. Si así fuera habrían seguido el ejemplo de sus homólogos brasileños e impedido a Google indexar sus páginas; es lo que los economistas llaman preferencias reveladas, y que traducido de la jerga significa que no son tus palabras las que dicen lo que quieres sino tus actos.

La prensa gala decidió que, además de los ingresos que traían bajo el brazo los visitantes provenientes de Google, querían que la multinacional norteamericana –y por tanto malvada por definición– les pagara una mordida por publicar titulares y extractos de sus diarios en los resultados de las búsquedas. Naturalmente, los periódicos franceses no son exactamente una fuerza a tener demasiado en cuenta por una empresa global, por más que, siendo periodistas y franceses, seguramente ellos sí lo crean así. Así que llamaron a Papá Estado para que obligara a Google a pagarles por su propio bien. Hollande, socialista y encima francés –que ya se sabe lo picados que están con eso de que internet sea un invento principalmente yanqui–, no se hizo de rogar. Clamó contra la empresa de Page y Brin y la amenazó con imponerles un impuesto que no dudó en calificar públicamente de "tasa Google", lo que deja a las claras su carácter de robo a mano armada a una víctima específica.

Estando el Gobierno francés dispuesto a hacer daño… y un volumen de negocio de 1.000 millones de euros anuales en juego, Google ha decidido ceder y pagar voluntariamente –usted ya me entiende– unos 60 millones de euros a la prensa gala. Lo ha hecho a su manera, eso sí. En primer lugar, dejando claro que no es una compensación por enlazar a los periódicos, pero también combinando el pago con la obligación de que estos diarios coloquen en sus ediciones online anuncios de Google, para recuperar al menos parte de ese dinero. No sé ustedes, pero yo no acabo de ver muchas diferencias entre este serial que acabo de resumirles y pagar a una mafia para no sufrir un accidente relacionado con pequeños objetos puntiagudos de metal extrañamente empeñados en introducirse en el cuerpo de uno.

El principal problema para Google no es tanto este acuerdo como el incentivo que supone para otros periodistas y otros políticos en otras latitudes. La pequeña pérdida que puede sufrir por este acuerdo se convertiría en una gran suma si empiezan a sumarse otros países a la extorsión al estilo francés. Es lo malo del chantaje: cuando empiezas a pagarlo, ya tienes que hacerlo siempre.

15-M: La nueva cara de la vieja izquierda

Hay tres grandes cuestiones en el aire. La primera, saber quién da vida al movimiento, quién lo nutre de ideas y quién diseña sus campañas de agitación callejera. La segunda, averiguar qué proponen y a qué tipo de democracia aspiran.

Respecto a la primera pregunta, no hay que investigar demasiado. Sólo hay que darse una vuelta por Internet para comprobar que extrema izquierda y 15-M son una misma cosa. Unas siglas que aún guardan algo de prestigio entre la opinión pública y que esa misma extrema izquierda utiliza como marca blanca tras la que parapetarse.

Y no es del todo necesario buscar en la web. Basta con acercarse a cualquiera de las manifestaciones que el 15-M ha convocado por la geografía española en los dos últimos años para percatarse de que no es más que una pantalla. En las concentraciones de la plaza de Neptuno que tuvieron lugar durante el otoño pasado, o en los sucesos de hace un año en Valencia, lo que proliferaban eran banderas republicanas, estrellas rojas y lemas típicamente izquierdistas.

Eso por no hablar de las consignas y hasta de la propia dialéctica marxista que impregna sus manifiestos y pancartas. Son meridianos, dividen el mundo entre ellos, que dicen representar al 99% de la población, y el resto, que sólo forma el 1% y que explota a los demás.

Quien no lo ve es porque es ciego o no quiere verlo. Ese mismo fenómeno de afinidades selectivas se ha dado recientemente con los sitios a la sede del PP en la calle Génova. A pesar de que el PSOE está metido en tantos casos de corrupción como el PP, algunos destapados hace sólo unas semanas, ningún representante del 15-M ha levantado la voz por manifestarse en la calle Ferraz.

Tampoco lo hicieron en la primavera de 2011; es más, sus organizadores cuidaron muy mucho de dirigir la ira contra el partido de Zapatero, que, en aquellos momentos, era el principal responsable de la crisis económica y sus funestas consecuencias sobre el monstruoso desempleo juvenil. De ahí viene el impostado apoliticismo de los primeros días.

Una nueva izquierda

La izquierda ya no es lo que era. Lejos quedan los tiempos heroicos en los que, para ser o declararse de izquierdas, era necesario predicar con el ejemplo y haber leído a los clásicos del marxismo.

El izquierdista, representante adusto de la clase obrera oprimida por el capitalismo y sus agentes, pertenecía o debía pertenecer a eso mismo, al pueblo trabajador víctima de los excesos burgueses. De eso hace ya mucho tiempo. La convulsión del 68 y la posterior entronización en el poder de castas de intocables salidas del mayo parisino alumbró una nueva izquierda, algo moderada, europea, que aceptaba el sistema a cambio de introducir en él algunos cambios aparentemente cosméticos.

La realidad, sin embargo, fue muy otra. Tras una fachada aparentemente templada, los jóvenes socialistas que renegaban del comunismo soviético llevaron a cabo en los países un gran proceso de ingeniería social.

El socialismo actual, en definitiva, plagado de ismos y furibundamente antioccidental no es hijo del marxismo de principios del siglo XX, sino de esta última mutación acaecida a partir de la década de los 70. Ese izquierdismo instalado y complaciente que en España encarna mejor que nadie el PSOE ha entrado en crisis terminal. Su Estado del Bienestar, generoso y universal, ha terminado ahogado en impagables deudas y el descrédito general de parte de unos que quieren más transferencias de riqueza, y otros que están hasta el gorro de pagar crecientes impuestos.

El fracaso del consenso socialdemócrata de los años 60, la depresión económica y la sensación de fin de régimen ha engendrado una nueva izquierda, que reniega de sus padres ideológicos y busca legitimidad en los abuelos. De ahí que esta izquierda sea más izquierda que nunca.

Una izquierda que clama de nuevo por la revolución, que busca el enfrentamiento con el adversario y que trata por todos los medios de, por utilizar sus propias palabras, “resetear el sistema”, cortando de cuajo con todo lo anterior.

En España esta ruptura se hizo visible hace ya dos años con motivo de las acampadas del 15-M. Nadie acertaba a entender qué era aquello. “Son jóvenes apolíticos”, decían muchos comentaristas, “quieren mejorar la democracia”, decían otros.

Lo que nadie o casi nadie quiso ver fue la naturaleza intrínseca de aquel movimiento a partir de la segunda semana, una vez hubo pasado el primer compás de aquel estallido de rabia e impotencia de la juventud española, condenada al paro y a un futuro incierto por culpa de un sistema que blinda el empleo de los más mayores mediante una legislación laboral plagada de rigideces.

Ese núcleo duro del 15-M era izquierda químicamente pura. Apelaban a la nacionalización de la Banca, a expropiaciones masivas y a programas de redistribución de riqueza que hubieran hecho palidecer al más bragado sesentayochista en sus años mozos.

Desde entonces, y estamos hablando del mes de junio de 2011, el movimiento 15-M no ha hecho más que aumentar de gradación política hacia la izquierda. Sus campañas se han radicalizado y las causas que promueven son indistinguibles ya de las de la extrema izquierda de toda la vida.

El PP es la víctima perfecta porque, mal que pese a sus dirigentes, enfangados en la corrupción y en un pésimo Gobierno que está defraudando a sus bases, es el partido que representa a la España conservadora y liberal que la izquierda quiere borrar del mapa.

El PSOE asiste complacido a la operación e, incluso, anima a los manifestantes a perseverar en el asedio. No hay nada de lo que sorprenderse. Una parte nada desdeñable de los votantes socialistas simpatiza con los postulados del 15-M, un electorado desencantado con Zapatero, a quien acusa de ser poco socialista y de haberse entregado con armas y bagajes a los odiados “mercados”.

Populismo hipotecario

La representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)Ada Colau, compareció ayer ante la comisión parlamentaria que está debatiendo la reforma de la Ley Hipotecaria, cuyas líneas generales ya fueron avanzadas la semana pasada por el ministro de Economía, Luis de Guindos. Lo más grave de su intervención no fue el hecho de que insultara y tachara de "criminal" al miembro de la Asociación Española de Banca (AEB) Javier Rodríguez Pellitero –que también participó en la comisión–, ni la ristra de falacias y engaños que empleó como argumentos, sino, sobre todo, el abyecto y peligroso populismo que aventó, así como los terribles efectos que se derivarían en caso de que el Gobierno aprobase alguna de las medidas que propone su plataforma.

Toda su argumentación parte de un error de base, ya que los afectados por las hipotecas denuncian que han sido víctimas de una "estafa generalizada". Según Colau, hipotecarse no era una opción para los españoles, sino una especie de obligación, debido a una serie de "políticas públicas" como las desgravaciones fiscales por compra de vivienda, la "desregulación" del mercado de alquiler o los reiterados mensajes de las autoridades públicas acerca de que España no estaba viviendo una burbuja inmobiliaria. "Se jugó con una necesidad básica de la población", dijo; la gente "hizo, exactamente, lo que el Estado le recomendaba".

Para Colau, los españoles fueron forzados a hipotecarse, en una maniobra perpetrada en comandita por el Gobierno y la banca. Como si carecieran de voluntad o, lo que es peor, padecieran una severa tara que les incapacitara para tomar decisiones racionales.

Simplemente, es mentira. No todos los españoles compraron una casa durante la burbuja, ni mucho menos; y los que lo hicieron se vieron animados, básicamente, por dos factores: unos tipos de interés muy bajos (intervencionismo monetario) y una creciente revalorización de la vivienda, fruto de la expansión crediticia previa. De hecho, muchos de los que se hipotecaron lograron unos pingües beneficios gracias a la especulación inmobiliaria. Los que, por desgracia, se han quedado atrapados piden ahora socializar sus pérdidas entre todos los contribuyentes.

El segundo gran culpable para la PAH es, por supuesto, la banca, ya que prestó dinero de forma irresponsable a gente que luego no podría devolverlo. Presuponen estos indignados que los banqueros sabían de antemano que el colapso se iba a producir. Colau arguye además que la hipoteca no era un "contrato libre entre las partes", ya que las entidades redactaban el texto e incluían todo tipo de "cláusulas abusivas". Así pues, "o lo tomabas o lo dejabas", pero como la gente necesitaba una vivienda, "no tenía esa libre opción", enfatiza. "Son los bancos los que nos han hundido en la miseria".

En resumen, el hipotecado carece de toda responsabilidad. Me temo que el término demagogia se queda corto para describir semejante manera de argumentar.

Si el individuo carece de responsabilidad y ha sido engañado, e incluso sido víctima de una "estafa", todo vale con tal de revertir esta clamorosa injusticia, ¿verdad? De ahí, precisamente, que desde la PAH se abogue por la dación en pago con carácter retroactivo, la paralización total de todos los desahucios y la creación de un gran parque público de viviendas en alquiler.

No importa que la morosidad hipotecaria, de apenas el 3%, no sea, hoy por hoy, un problema grave gracias, precisamente, a la vigente normativa, en funcionamiento desde hace décadas; o que los desahucios de primera vivienda no lleguen a 15.000 desde 2008; o que la dación en pago sea una excepción, y no la norma, en la mayoría de los países europeos, incluso en EEUU… Aún menos importa que las medidas de la PAH atenten de forma flagrante contra la imprescindible seguridad jurídica y el cumplimiento de contratos legales y legítimos; o que perjudiquen a la mayoría de los españoles; o que amenacen con derrumbar el mercado de cédulas hipotecarias, de cuya liquidez depende directamente la viabilidad de todo el sistema financiero español; o que se acabe empleando más dinero público para socializar las pérdidas de algunos; o que, en última instancia, este tipo de soluciones acabe impidiendo el acceso a la vivienda a millones de españoles. No, nada importa a Colau y sus acólitos, salvo quitarse sus deudas de encima.

Por desgracia, este tipo de populismo va calando, poco a poco, en la sociedad y en la clase política españolas. No en vano ha sido el PP el que ha abierto este peligroso melón, al permitir la moratoria de desahucios y al impulsar una especie de dación en pago tácita, cuyos efectos se dejarán notar tarde o temprano.

Si el populismo y la demagogia vencen, finalmente, en la guerra de las hipotecas, España habrá dado un paso más, y no pequeño, hacia la mediocridad y la miseria propias de países más atrasados.

Los ‘Barcepapers’ y la fiereza de un PP desatado

A mí ya me ha quedado perfectamente claro. Todo lo que aparece en los Barcepapers es falso salvo algunas cosas, el PP se va a querellar contra todo el mundo excepto algunos medios, María Dolores de Cospedal puso fin a algunas prácticas internas pero no a todas y El País asegura que en el PP se han cometido delitos pero en realidad no muchos. Más claro, agua.

La intervención anoche de María Dolores de Cospedal en una televisión privada contribuyó notablemente a despejar ciertas dudas sobre este ominoso asunto de los sobrepagos y recobros que tiene al PP últimamente tan acojonado. En sintonía con la línea de firmeza expresada por Rajoy esa misma mañana desde Berlín, De Cospedal aseguró que el Partido Popular se va a querellar contra… contra mucha gente, ya verán, ya. No sólo eso. Para que no quedara ninguna duda, a continuación afirmó con absoluta rotundidad que el partido actuará judicialmente contra Bárcenas… si es que los abogados estiman, en su caso, que puede haber materia de litigio, que no está eso todavía nada claro. Y por si fuera poco añadió que todas esas iniciativas judiciales van a ser puestas en marcha… en cuanto sea posible. Haciendo gala de esa contundencia, normal que apareciera a espaldas de los periodistas invitados al programa como una testigo protegida; protegida por Antonio Jiménez.

El PP de Rajoy, tan poco dado a los excesos, se ha visto obligado a actuar como una máquina de matar bien engrasada, con todas sus piezas perfectamente coordinadas para el ataque, a causa de la perseverancia diamantina mostrada por el diario El País en las acusaciones que viene vertiendo sobre la honorabilidad de los altos cargos del partido. El diario de referencia para los progres de EGB llevó en su portada del pasado 31 de enero la denuncia de que Rajoy había estado recibiendo 25.200 euros anuales en sobresueldos durante más de una década. Cinco días más tarde, sus acusaciones sobre la trama de corrupción en el seno del Partido Popular consisten en aclarar que los implicados, en realidad, no tienen nada que ocultar porque esas entregas de dinero fueron perfectamente legales.

A la espera de que se consume la batalla cuerpo a cuerpo en los tribunales, sólo cabe buscar un lugar discreto entre el público, adonde no lleguen las salpicaduras de sangre. Si el caso Bárcenas fuera el título de un videojuego, a estas alturas ya habría sido prohibido por el ministerio de Ana Mato. Y es que, con tanta violencia apenas contenida, no sería raro que acabáramos leyendo en El País hasta una leve crítica a Alberto Ruiz-Gallardón.

El No-Do que desangra a los canarios

El pasado domingo le preguntaban en un diario local al consejero de Economía y Hacienda, Javier González, si en algún momento el gobierno regional había puesto sobre la mesa suprimir Radiotelevisión Canaria. La respuesta fue “No. Lo que hemos hecho es recortar”. Además, justificó dicha decisión en que “es el medio que tienen los canarios para estar informados”.

El señor González, como todos aquellos que ostentan el poder, no ha dudado en usar el argumento por el cual se nos asusta y nos dice que sin televisión pública no estaríamos informados. Curiosa afirmación, como poco, dado que Radiotelevisión Canaria sólo cuenta con un 9,1% de la audiencia.

Pero vamos a suponer que la audiencia fuera mayor ¿esto justificaría que fuera un ente público? Sabemos que si a la sociedad le interesa algo siempre hay un empresario dispuesto a jugarse su capital para proporcionárselo a través del mercado.

Es decir, si los canarios estuvieran interesados en los contenidos de RTVC, ésta existiría sin necesidad de que fuera pública y que todos los canarios, la vieran o no, tuvieran que pagar por ella.

Entonces se preguntarán ustedes, por qué no la privatizan. Desgraciadamente, las privatizaciones en nuestro país, al igual que las escasas bajadas de impuestos, no se han hecho para reducir el gasto o por creer en la libertad de los distintos individuos que conforman nuestra sociedad, sino para aumentar los ingresos.

En los años 80 se privatizaron empresas públicas de telefonía, electricidad o aeronavegación entre otras, pero no se hizo ni por amor a la libertad ni por reducir el gasto, sino para todo lo contrario.

Se hizo para aumentar el bienestar del Estado y lograr mayores ingresos vía tributaria para así poder incrementar el gasto público. Ése, y no otro, fue el principal incentivo de los gobiernos para privatizar empresas.

Sin embargo, nuestros gobernantes no tienen ningún incentivo con las televisiones públicas, pues saben que su privatización no va a producir más ingresos y que perderían el principal órgano de propaganda que tienen y que les pagamos todos los canarios de nuestros bolsillos.

Esa y no otra es la razón por la que no oímos a nuestros políticos decir que quieren cerrar Radiotelevisión Canaria. Por ello, estimo que a la pregunta del periodista don Javier González tenía que haber respondido: “No, vamos a seguir gastando en 2013 más de 33 millones de euros, aproximadamente lo mismo que en 2012 y 2011, pues el Gobierno no se puede permitir perder su principal órgano de propaganda, aunque para ello tengamos que seguir desangrando a impuestos a los canarios”.

Mordida desinteresada

La tesorería es cara, sobre todo para quien no la tiene y la necesita. El Estado español, por ejemplo, realiza recurrentemente emisiones de deuda por las que paga elevados intereses, incluso cuando tal deuda es a muy corto plazo. No es inhabitual, de hecho, oír quejas de nuestros gobernantes a propósito de los asfixiantes intereses que han de abonar por unos pasivos que, en el fondo, no son más que el reflejo de su obsesión ególatra por gastar el dinero de los contribuyentes presentes y futuros. Lamentos que, empero, no terminan por convertirse en un atisbo de empatía hacia el resto de la población; acaso por aquello de que la política es la profesión con un mayor número de psicópatas per cápita y sabido es que los psicópatas son personas con nula empatía.

Al cabo, con lo que nos encontramos es que, pese a las reiteradas promesas de este Gobierno de que los autónomos no tendrían que pagar IVA por las facturas no cobradas, la mala práctica sigue funcionando como un cómodo y gratuito mecanismo de financiación de nuestras manirrotas administraciones. No sólo desangran fiscalmente a familias y empresas, sino que incluso las exprimen con carácter preventivo: antes de que hayan recibido la transfusión de sangre, ya les están reclamando la vampírica mordida. Tal vez piensen que a los autónomos y a las empresas les sale la tesorería por las orejas y que son incapaces de darle otro mejor uso a la misma que el de nutrir las arcas de Hacienda para, por ejemplo, atender sin demora las nóminas de los 600 asesores monclovitas.

Pero no, lo cierto es que muchos empresarios llevan años contra las cuerdas, sobreviviendo en un entorno tributario y regulatorio abiertamente hostil, y sus cajas se hallan consiguientemente exhaustas. No serán pocos quienes se vean forzados a solicitar un préstamo bancario y a pagar intereses para entregar un IVA que todavía no les ha sido entregado; sí, un préstamo como el que debería solicitar el Gobierno para seguir financiando su infladísima estructura de gastos en caso de no poder arrebatarles prematuramente sus fondos a autónomos y empresarios. Damos por sentado que la colocación de deuda debe efectuarse a interés (y debe, claro), pero tendemos a olvidarnos con extremada ligereza que los cobros adelantados, por idénticos motivos, también deberían abonar tales intereses: por ejemplo, rebajando la factura fiscal por pronto pago (o permitiendo como alternativa el retraso de su pago al momento del cobro). ¿O acaso Hacienda no es ávida en cobrar intereses de demora cuando cualquier ciudadano se retrasa en pasar por caja? ¿Por qué Hacienda considera gravosísimo que no se le pague a tiempo pero reputa un mal menor que los empresarios se vean forzados a pagar mucho antes de haber cobrado?

Veremos si, al final, el Ejecutivo excepcionalmente cumple con su palabra y modifica esta disparatada legislación, pero no olvidemos que, al final, esta disparatada legislación sólo es una de las numerosas groseras exteriorizaciones de un problema mucho más general dentro de un Occidente cada vez más socialdemócrata: la subordinación de los sanos intereses privados a los espurios tejemanejes estatales. La manera de promover el espíritu de empresa no pasa ni por tarifas planas, ni por cosméticas deducciones, ni siquiera por aplazar unos meses las deudas con el Estado: la forma de promover la empresa es tan sencilla como no convertir una sociedad en un infierno fiscal y regulatorio. Si los tributos fueran cuasi imperceptibles, abonarlos por adelantado no pasaría de ser una incomodidad menor; si hoy muchos autónomos y empresarios se sienten ahogados por su pronto pago, es porque nuestro mastodóntico Estado nos arrebata una gigantesca porción de nuestra renta. Ésa es la verdadera cuestión de fondo a resolver y que, por supuesto, ni los socialistas de izquierdas ni los de derechas resolverán jamás.