Ir al contenido principal

Arcadi Espada contra Google

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

 En general, los textos de Espada sobre propiedad intelectual son bastante flojos, porque parte de la base de que ésta existe, es sagrada y debe por tanto ser defendida. De hecho, por el tono que emplea a veces da a entender que le parece más sagrada que lapropiedad privada de cosas de verdad, quizá porque tenga más de la primera que de la segunda. Sin embargo, la propiedad intelectual y sus derivados –derechos de autor, patentes, etc.– están entre los conceptos más discutidos entre autores no ya comunistas sinoliberales, esos que consideran la propiedad como uno de los principales derechos del hombre.

No es una excepción su última diatriba contra Google News, especialmente porque ni siquiera se sostiene bajo sus propias premisas. Espada ataca la defensa de Google News, que argumenta ser un escaparate que sólo ofrece el titular y una pequeña entradilla, y que si el usuario quiere leer más debe pinchar en la noticia y le llevará a la fuente original. Sus razones son dos: que muchas veces con el pequeño fragmento que da Google basta y sobra para la mayoría de lectores y que aunque en ocasiones sirva para llevar lectores a los diarios, éstos acuden a la página de la noticia y no a la portada, "la zona realmente erógena desde un punto de vista publicitario". Dios, he citado literalmente un texto de un periódico. A la cárcel.

El argumento de Arcadi, llevado a su conclusión lógica, obligaría, como dice el bueno de José M. Guardia, a envolver los diarios en un sobre marrón opaco, no sea que alguien vea titulares por los que no ha pagado en el quiosco. Pero aun sin salirnos de la red pincha; en primer lugar, porque casi siempre que nos basta con el titular para enterarnos de una noticia es que ésta suele ser una información de agencia, sin ningún valor añadido del medio que la publica, salvo su mayor o menor visibilidad. No siempre, pero ya es casualidad que justo los tres ejemplos que ofrece Espada cumplan esta regla.

No obstante, lo realmente clave es que, si crees que Google News te roba lectores e ingresos al publicar ese titular y esa entradilla, lo tienes muy fácil: puede salirte de Google News cuando te salga de las narices: basta con comunicarlo. ¿Por qué entonces Alemania hace una ley que prohíbe la actividad de Google News sin pagar a los diarios? ¿Es que los diarios alemanes no saben que pueden salirse de Google News? ¿O acaso Google incumple su promesa de permitirte la salida de su servicio? Las respuestas son no y no. Merkel ha aprobado esa ley simplemente para contentar al lobby de los grandes diarios tradicionales, que la habían pedido.

No es que Google no quiera pagar nada a nadie, aunque como todos procure evitarlo. Google News tiene acuerdos con algunas agencias para que sus teletipos se alojen en su servicio y repartirse ingresos publicitarios. Son los únicos anuncios que tiene. Por ejemplo, si visitan la versión alemana no verán anuncios, salvo, justamente, eneste tipo de contenido. Así pues, los periódicos alemanes no necesitan ninguna ley para sacarle dinero a Google. Basta connegociar algo que pueda interesar a ambas partes, y no sólo a ellos.

Si la ley se limita a permitir una negociación, no servirá para nada. Ahora, si obliga a Google a pagar por narices, su único resultado será limitar la competencia. Google podrá hacer dos cosas: o no pagar y cerrar ese servicio o pagar, previsiblemente sólo a los diarios principales, que tendrían así una ventaja competitiva más sobre los demás. Pero no pagará. No lo ha hecho con los diarios brasileños y no lo hará con los alemanes.

Des-desahuciados: un caso práctico

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Al socaire del suicidio de una mujer en Baracaldo por un desahucio, aunque después se ha sabido que la relación causa-efecto era meramente tangencial, el telediario de TVE entrevistó a un hombre que gracias a la histeria desatada había visto cómo su banco paralizaba en el último momento el desalojo de que iba a ser objeto.

Lo más interesante de la pieza informativa fueron las explicaciones del protagonista, un inmigrante sudamericano, acerca de su caso concreto. Así supimos todos los telespectadores que el hombre había contratado una hipoteca de 263.000 euros para comprar su vivienda, a la que no podía hacer frente en las actuales circunstancias porque tan sólo cobraba un subsidio de algo más de quinientos euros al mes.

Bien. Desconocemos las condiciones contratadas en su día con el banco, pero un préstamo hipotecario por esa cantidad a treinta años y a un tipo de interés de, pongamos, el 2,5% implica un pago mensual de algo más de mil euros durante 360 meses consecutivos. Teniendo en cuenta que los expertos recomiendan no destinar más del 40% de los ingresos familiares al pago de la vivienda, sólo alguien que contara con la seguridad de mantener unos ingresos de 2.500 euros mensuales (más las subidas del IPC) durante los próximos 30 años podría hacer frente con garantías a una carga de esa magnitud.

No parece que esa fuera la situación financiera del afectado, porque apenas hay sueldos de ese nivel en España y, además, el desarraigo geográfico hace que ni siquiera pueda contar con el apoyo de la familia en momentos de necesidad. Su imprevisión a la hora de optar por la compra de una vivienda, en lugar de contratar un alquiler más económico, es lo que le ha llevado a la situación actual, por más que los bancos antes de la crisis ofrecieran hipotecas como si fueran churros.

La demagogia de PP y PSOE a la hora de ponerse a solucionar este asunto, más allá de casos dramáticos a causa de circunstancias sobrevenidas, amenaza con castigar todavía más el bolsillo de los contribuyentes que fueron previsores y tiraron de lápiz y papel cuando evaluaron la posibilidad de invertir en una vivienda en propiedad, la decisión más importante de la vida para una persona en términos financieros. Porque es evidente que los bancos no van a asumir el coste de esos préstamos incobrables y sin posibilidad de resarcir con la recuperación del inmueble, sino que ese coste añadido se incorporará a las nuevas hipotecas que se formalicen en el futuro, a través del correspondiente incremento en las comisiones o en los tipos de interés. Si los dos grandes partidos sucumben a la histeria y extienden sus medidas contra los desahucios más allá de lo razonable, al final ocurrirá lo de siempre, que los industriosos y los previsores asumirán el coste de los errores de los que no lo son.

Lo más pintoresco de esa píldora informativa de TVE llegó al final, cuando el feliz des-desahuciado afirmó con total tranquilidad que él tenía derecho a una casa y que si le había salido muy cara en su día y ahora no podía pagar el préstamo no era culpa suya, por lo que no tenía la menor intención de "dar las gracias a nadie". Sólo faltaría.

La prioridad es reducir el gasto público

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

 Como explico en mi último libro, Una alternativa liberal para salir de la crisis, las Administraciones Públicas necesitan reducir su gasto anual en alrededor de 135.000 millones de euros para acabar con el déficit, despejar los riesgos de suspensión de pagos del país y poder atraer inversión extranjera que contribuya a modificar nuestro anquilosado modelo productivo, basado en el ladrillo. Un recorte que nos alejaría de Grecia y nos acercaría, en lo relacionado con el tamaño del Estado, a Suiza.

La política del Partido Popular, desde que Mariano Rajoy se asentó en La Moncloa, ha pasado, sin embargo, por tratar de minimizar la magnitud del recorte (hasta el punto de que en 2013 la Administración central gastará más que en 2012 y 2011) mediante una muy considerable subida de todas las figuras impositivas: IRPF (tanto en su base general como en la del ahorro), IVA (en sus tres tipos), Sociedades (eliminando la mayor parte de deducciones fiscales a las empresas, obligándolas incluso a tributar por beneficios que no han obtenido) e incluso cotizaciones sociales (tras haber prometido que las iban a reducir).

La estrategia de exprimir más al ya asfixiado contribuyente en lugar de proceder a pinchar con resolución la burbuja del sector público (la hipertrofia del gasto estatal merced a la recaudación extraordinaria proporcionada por la burbuja inmobiliaria) tiene pocos visos de éxito: de momento, tan sólo está sirviendo para mantener la recaudación fiscal de 2011, no para incrementarla. Magro consuelo cuando el año pasado cerramos con un déficit de 100.000 millones de euros, que debemos reducir, no estabilizar.

Pero, más allá de la cuadratura del círculo contable español, apostar por las subidas de impuestos en lugar de por las reducciones del gasto público en medio de una devastadora crisis económica como la que atravesamos supone un doble error. Al cabo, los dos problemas fundamentales que ahora mismo padece España son una estructura productiva descompuesta tras la burbuja inmobiliaria y un exceso de deuda –sobre todo privada– provocada por la política de crédito barato del Banco Central Europeo.

Perseguir con más impuestos al sector privado torpedea la solución de estos dos problemas. Por un lado, se exprime a los agentes económicos que, en el complicadísimo contexto actual, siguen generando riqueza para mantener programas de gasto público que o no contribuyen a hacerlo o que directamente lo obstaculizan. En otras palabras, reducimos todavía más el atractivo de ahorrar, invertir y emprender en la economía española, bloqueando el necesario cambio en nuestro modelo productivo: difícil, pues, volvernos un destino más atractivo para los capitales foráneos, si tenemos impuestos más elevados que países de nuestro entorno mucho más productivos y serios que el nuestro.

Por otro, cuanto más recortemos la renta disponible del muy endeudado sector privado, más complicado resultará a nuestras familias y empresas reducir su muy abultado endeudamiento, de modo que seguirán cargando durante más tiempo con una pesada losa de deuda que coloca dudas sobre su solvencia e impide que vuelvan a consumir o, preferiblemente, invertir con autonomía. Olvidémonos de que el crédito “vuelva a fluir” hasta que el apalancamiento de nuestro sector privado no caiga de manera muy considerable.

Es verdad que, como dice el ministro De Guindos, la reducción del déficit público es una prioridad, y que sin consolidación presupuestaria es imposible que España se recupere. Pero que la reducción del déficit sea una prioridad no significa que el mantenimiento de figuras fiscales extraordinariamente gravosas también lo sea. Más bien al contrario: existe la mucho más razonable, efectiva y beneficiosa alternativa de pinchar la burbuja del sector público recortando el gasto (nota: mantras como “luchar contra el fraude fiscal” o “hacer pagar más a los ricos” no contribuirían en nada a minorar el déficit). Ésa, la reducción de nuestro sobredimensionado sector público, sí debería ser la prioridad, y no convertir en permanentes los tipos marginales del IRPF más elevados de Europa.

‘Four more decades’

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

 Cuando Barack Obama tomó posesión de su cargo de presidente de los Estados Unidos pensé que no renovaría su mandato en las siguientes elecciones. Siento no haberlo dejado escrito para que mi fallido pronóstico quedara negro sobre blanco.

Obama es el presidente más socialista de la historia de los Estados Unidos. En mis errados cálculos sobre las elecciones que acaban de ser tenía en mente las de 1972 entre Nixon y McGovern, el único candidato que rivaliza con Obama en izquierdismo. El senador, recientemente desaparecido, no logró ni un 40 por ciento de apoyo electoral. En cuanto se viera la verdadera faz de este carismático charlatán, pensaba yo en 2008, los estadounidenses le concederían el privilegio de dar nombre a una biblioteca cuatro años antes de lo que él deseaba.

Es verdad que el presidente no ha mostrado su verdadera faz; es cierto que muchos electores no le ven como el hombre que quiere transformar el país de arriba abajo, convertirlo en lo que nunca ha sido y ahogar todo lo que aún tiene de excepcional. Pero también lo es que una parte importante de aquella sociedad concuerda con este proyecto.

Obama es como nuestro Zapatero y nuestro Azaña. Una persona que abomina de la historia de su país, y que quiere que pase sobre ella un huracán de dimensiones bíblicas para construir sobre los restos un país nuevo. Una sociedad de individuos que confíen en el Estado y no en su vecino, en su familia y en sus propias fuerzas para cumplir sus sueños. Una sociedad domeñada, ahormada por los deseos igualitaristas del socialismo residual, postmoderno y postsoviético.

El reelegido presidente se ha inspirado para su mandato en dos antecesores republicanos y uno demócrata: Abraham Lincoln, Franklyn D. Roosevelt y Ronald Reagan. Los tres cambiaron la relación de la sociedad con el Estado e instituyeron ciclos políticos de largo recorrido favorables a sus propios partidos. Este era el sentido de las elecciones de este año. No sólo four more years, sinofour more decades, décadas de un frío abrazo estatal que se estrecha con el Obamacare y que, de seguir así, acabará ahogando a ese pueblo dinámico, seguro de sí mismo, optimista y emprendedor que admiramos algunos.

Contra la dación en pago

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Era cuestión de tiempo. Los políticos amenazan una vez más con incrementar la intervención estatal, en busca de su propio beneficio electoral, para, en esta ocasión, tratar de frenar la oleada de embargos inmobiliarios y desahucios que se está registrando como consecuencia de la crisis.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunirá este miércoles con una de las máximas responsables del PSOE para diseñar nuevas medidas a fin de aliviar los efectos de la morosidad hipotecaria.

No es la primera vez que el bipartidismo imperante acuerda una posición común sobre esta materia. En 2011, el anterior Gobierno socialista aprobó, con el apoyo del PP, elevar el precio mínimo por el que el acreedor (banco) puede adjudicarse en subasta el bien hipotecado del 50 al 60% del valor de tasación del inmueble, al tiempo que incrementaba el porcentaje de salario inembargable de 700 a 960 euros mensuales. Tras llegar al poder, el PP puso en marcha un "código de buenas prácticas" para propiciar la dación en pago. Sin embargo, todo parece insuficiente y ahora, en una nueva vuelta de tuerca, el PSOE pretende elevar el precio mínimo de subasta al 75% (una especie de dación en pago implícita) e imponer ciertos límites para acceder a una hipoteca, mientras que el PP se muestra abierto a la negociación.

Independientemente de cuál sea la nueva batería de medidas, lo cierto es que el drama que, sin duda, viven numerosas familias impide a la mayoría percatarse de los numerosos y graves efectos perversos que conllevan este tipo de intervenciones públicas. Así, imponer la dación en pago con carácter retroactivo (explícito o implícito) es, en primer lugar, no sólo ilegal sino inmoral. Toda reforma retroactiva es contraria a la seguridad jurídica y, por tanto, al Estado de Derecho. Pero es que, además, cambiar las reglas de juego a mitad de partido supone una violación flagrante de los contratos hipotecarios firmados, voluntariamente, con anterioridad.

Durante los felices –e irreales– años de burbuja crediticia, muchos agentes privados cometieron graves errores, inducidos por los bajos tipos de interés establecidos artificialmente por la banca central. La crisis tan sólo ha puesto al descubierto estas deficiencias, iniciándose así el necesario y sano proceso de ajuste, consistente en la reestructuración, reorientación e incluso liquidación de las malas inversiones pasadas. Los particulares no fueron ajenos a este contexto y muchos, animados por la financiación barata y la ilusión de que "el precio de los pisos nunca baja", solicitaron una hipoteca a la que, posteriormente, no han podido hacer frente. Nadie les obligó a contratar un préstamo, lo hicieron errónea pero voluntariamente, por tanto deben afrontar la responsabilidad que asumieron por contrato.

En España, la mayoría de las hipotecas se firmaron a interés variable y sin responsabilidad limitada –la dación en pago existe, pero encarece el préstamo–, lo cual posibilitó en esos años el acceso a una vivienda a muchas familias que, en otras circunstancias, no podrían permitírselo. Pero el no limitar la responsabilidad conlleva, por el contrario, tener que afrontar el pago de la hipoteca con todos los bienes presentes "y futuros", tal y como estipula la ley vigente. Nadie se estaría quejando hoy si la crisis no hubiera estallado. Pero la crisis llegó, y cada cual tiene que asumir su responsabilidad.

Asimismo, la inmoralidad de la dación en pago retroactiva radica en que, en caso de aprobarse, unos particulares (morosos) serán rescatados a costa de otros (los que no se hipotecaron y, en general, el conjunto de los contribuyentes). Consiste, simplemente, en extender el ya tristemente tradicional "¿qué hay de lo mío?" al ámbito hipotecario. Tal y como señala Benito Arruñada, "¿por qué van a subvencionar los acreedores –en el caso de las cajas en quiebra, los contribuyentes– y deudores prudentes a los deudores imprudentes, el ciudadano que no jugó a la lotería de la burbuja inmobiliaria al que sí lo hizo?". Es injusto, al igual que lo es rescatar con dinero público a las cajas insolventes –en lugar de que paguen sus acreedores– o a los que invirtieron legalmente en preferentes o en bonos patrióticos de ciertas autonomías.

Rescatar a los hipotecados supondrá, en todo caso, más pérdidas bancarias y, puesto que las entidades están siendo auxiliadas por el Estado –lo cual también es un error–, un coste mucho mayor para el contribuyente, en última instancia. Y ello sin contar que reducir arbitraria y retroactivamente las garantías hipotecarias se traducirá, en todo caso, en hipotecas futuras más caras y mucho más restringidas para las familias.

Frente a la moratoria hipotecaria y la dación en pago retroactiva, existen múltiples alternativas que podrían atenuar los terribles efectos de la morosidad, pero sin violar la seguridad jurídica ni cargar al contribuyente con facturas extra que no le corresponden. Entre otras, eliminar la fiscalidad de la dación en pago, facilitar una solución negociada y voluntaria entre acreedores y deudores, así como agilizar y flexibilizar mucho más las subastas de pisos embargados –ya existen notables mecanismos privados– para que el hipotecado no tenga que cargar con una deuda de por vida. Las autoridades públicas se deben limitar a fomentar el surgimiento de mecanismos de mercado, tal y como acontece en EEUU, por ejemplo, y, en último caso, a reducir quizá los intereses de demora, pero nunca vulnerar la ley ni la libertad de contrato para beneficiar a unos a costa de otros.

Suiza, un país modélico

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Imagínese un país donde el desempleo fuese del 2,9% (en España es del 25%), que tuviese un PIB per capita de 60.500 euros (en España es de 23.100 euros), donde el salario medio fuese más del doble que en nuestro país. Un lugar en el que la administración sólo gasta el 32% del PIB (en España ronda el 50%) pero que, sin embargo, dispusiese de servicios públicos de primera clase. Ese país existe, se llama Suiza y está a solo hora y media de Madrid en avión.

Suiza es la quinta economía del mundo en términos de riqueza generada por habitante y la octava en poder adquisitivo. Es, además, una máquina de exportar. Suiza, un país minúsculo, exporta más que la India o Brasil, y no en términos relativos, sino absolutos. Los suizos son un 49% más productivos que los británicos y un 40% más que los alemanes. Y no precisamente porque esta pequeña confederación alpina tenga muchas multinacionales, que algunas si que tiene a pesar de su diminuto tamaño y su falta de acceso al mar.

Un país de pequeñas empresas

Esa riqueza proverbial y envidiada por todos no se debe, a pesar de la creencia generalizada, a los bancos. Suiza es un país de pequeñas empresas, casi todas manufactureras y de servicios. El 88% de las empresas suizas tienen menos de diez empleados. Eso no quita para que un país que no llega a los ocho millones de habitantes cuente con auténticos gigantes como Nestlé, que emplea a casi 300.000 personas en todo el mundo. Son precisamente las PYMES suizas las que sirven de soporte a los colosos de la industria nacional.

Las grandes corporaciones helvéticas como Swatch, Novartis, ABB, Holcim, Adecco, Roche o Lindt & Sprüngli no se dedican al negocio de guardar dinero, sino a la producción de bienes y servicios, generalmente de alta calidad y muy demandados en los mercados internacionales. Ese y no otro es el secreto de una economía sana que ha construido un país modélico que atrae a población cualificada de todo el globo. Los suizos son los europeos más libres, tanto desde el punto de vista económico como desde el político. Cuenta con la mayor calificación de Europa en el Índice de Libertad Económica y, a nivel mundial, sólo es superado por Hong Kong, Singapur, Australia y Nueva Zelanda. Esto ha provocado, entre otras bendiciones, que sea el país más competitivo del mundo según el Índice de Competitividad Global que cada año elabora el World Economic Forum, y el más innovador de Europa desde hace varias décadas.

Su buen desempeño económico ha hecho de la Confederación Helvética una auténtica Meca para emigrantes de todas las latitudes. Aproximadamente el 25% de la población es de origen extranjero, pero apenas hay problemas de integración y no se han registrado jamás disturbios de tipo étnico como los que castigan periódicamente a otras economías exitosas.

Un pueblo diverso y tolerante

Los suizos son, por definición, un pueblo diverso que convive sin roces a pesar de que, dentro de sus fronteras, se hablan cuatro idiomas tan diferentes entre sí como el alemán, el francés, el italiano y el romanche. Es una confederación formada por 26 cantones que, por voluntad propia, se fueron agregando a lo largo de la Historia. Cada cantón cuenta con su propia constitución y su propio parlamento elegido democráticamente. Los cantones son países en miniatura. A ellos les compete la Justicia, la educación, la atención sanitaria y, lo más importante, la tributación. Esta independencia fiscal ha obrado el milagro de que Suiza sea el país europeo con los impuestos más bajos si exceptuamos a refugios fiscales como Liechtentein (que, a su modo, es también parte de Suiza) o Mónaco.

La democracia más auténtica

Dentro de los cantones impera la democracia más auténtica del continente. Los suizos votan continuamente en referéndums de lo más variado. Luego, si las circunstancias lo piden, esos plebiscitos se elevan a escala nacional, como sucedió hace tres años con el célebre referéndum de los minaretes. Los referéndums son, por lo general, iniciativas populares que, tras obtener un apoyo previo, se llevan a las urnas y son siempre vinculantes para el poder político. En lo que va de año los suizos han votado en once ocasiones en referéndums federales.

Lo habitual es que las consultas se concentren en una sola para no obligar a los ciudadanos a pasarse la vida votando. En marzo, por ejemplo, se celebró uno en el que se votaban cinco iniciativas. La primera para poner un precio fijo a los libros (salió que no), la segunda para limitar la construcción de segundas residencias a un máximo del 20% por comuna (salió que sí), la tercera para que los impuestos que la Confederación tributa por los juegos de azar se empleen en servicios públicos (salió que sí por mayoría abrumadora), la cuarta para que se aprobase un calendario de vacaciones de seis semanas (salió que no) y la quinta para que las constructoras pagasen menos impuestos (salio que no).

Eso a nivel federal. En 2012 los cantones de Zúrich y Ginebra fueron a las urnas para determinar, en el primero, si se habilitaban unas casetas para el ejercicio de la prostitución callejera (fue aprobado) y, en el segundo, para aumentar las multas y restringir las manifestaciones en la calle (fue aprobado también).

Tal vez a los progresistas europeos el modelo suizo les disguste pero es, de lejos, el más democrático de Europa. A ello no es ajeno que Suiza sea el país con menos políticos y empleados públicos del continente. Estos últimos fueron, de hecho, desposeídos de la condición vitalicia de su trabajo gracias a un referéndum que se celebró hace una década. Hacer eso en España es, simplemente, algo impensable aunque la elefantiásica nómina pública esté asfixiando la economía.

Y la sardana desbancará al hip-hop

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

 El programa de Convergencia y Unión para las elecciones autonómicas del próximo 25 de noviembre, convertidas en un plebiscito independentista, establece un serio compromiso con los ciudadanos, en virtud del cual la Generalidad hará que aumente la tasa de supervivencia de los afectados por graves enfermedades, reducirá los accidentes en carretera y, en consecuencia, conseguirá que los catalanes incrementen notablemente su esperanza de vida. Yo así también lo creo, ¿pasa algo?

Pero mi convicción de que esa alborada salutífera es muy factible no se explica por que la promesa venga del Sr. Mas, por otra parte un argumento de autoridad de consistencia incuestionable, sino porque la frugalidad del modo de vida catalán tras la independencia que persigue CiU podría, en efecto, poner la salud de los catalanes al nivel del que se estila en los monasterios tibetanos.

A saber. Una Cataluña independiente tendría que asumir la parte de deuda del Estado que en función de su población le corresponda, pues se trata de un dinero que ha sido utilizado para gastos e inversiones en todo el territorio nacional y, de paso, para mejorar las cuentas de la Generalidad con generosas aportaciones extraordinarias, como ha ocurrido este año. Esto supone 96.000 millones de euros, a los que habría que añadir los 44.000 millones de deuda emitida por la propia Generalidad. En total, el Estado catalán nacería con un endeudamiento de 140.000 millones, y como los intereses y vencimientos anuales rondarían el 10%, cada año los catalanes tendrían que pagar 14.000 millones, a menos que su nuevo Estado quisiera declararse en bancarrota a los pocos meses de constituirse.

Por el lado de los ingresos, en Cataluña se recaudan actualmente unos 27.000 millones de euros por IVA, IRPF e impuestos especiales. Si estimáramos –a la baja– que el 30% del PIB catalán pasaría a generarse en otras partes de España a consecuencia de la deslocalización previsible de sus grandes empresas, Cataluña recaudaría por los tres grandes conceptos impositivos 18.900 millones, de los que 14.000 tendría que dedicarlos a cubrir la amortización de la deuda y los intereses.

Quedaría de remanente 4.900 millones de ingresos netos, sin contar los impuestos y tasas autonómicos; pero la Generalidad ya gasta anualmente, según su presupuesto de este año, muy moderado respecto a lo que venía siendo normal, 37.000 millones, con lo que el déficit inicial para gastos corrientes sería de 32.100 millones. La solución para cubrir la diferencia sería emitir todavía más deuda, aumentar exponencialmente la presión fiscal sobre los ciudadanos del nuevo Estado o una mezcla de ambas. En cualquier caso, el resultado sería que los catalanes tendrían mucha menos renta disponible para vivir.

Y aquí viene lo bueno, porque la consecuencia inmediata de una bajada brutal de la renta familiar es que los hábitos alimenticios se modifican notablemente. Las carnes rojas y las fritangas, auténticas bombas de colesterol, serían forzosamente sustituidas por un aumento de la ingesta de legumbres y verduras de las feraces riberas del Llobregat, y de fruta de la generosa tierra leridana. Por no hablar de los vinos catalanes, espumosos o no, muy justamente apreciados en todo el mundo por su calidad, cuyo consumo interior crecería marcadamente a consecuencia de las dificultades para la exportación hasta que no se resolviera el encaje institucional del nuevo Estado. El vino, rico en polifenoles, ejerce una acción anticancerígena clínicamente demostrada que –en el caso de los ricos caldos del Priorato, con sus intensos taninos– lo convierte prácticamente en la garantía de un envejecimiento muy saludable. Añadamos a estas dos evidencias que habría menos dinero para comprar coches o para viajar, con lo que necesariamente se producirían menos accidentes, y ya tendríamos la tercera feliz consecuencia que para la salud en general de los catalanes supondría un Gobierno de CiU decidido a proclamar la independencia.

No es seguro que la sardana vaya a desbancar en el mercado mundial al hip-hop, como reza el título de esta columna. De hecho, CiU no lo lleva en el programa. Pero tratándose de una suerte de tai-chi con deliciosas armonías musicales y procedente del lugar con los vejetes más longevos del planeta, yo de los productores de esa música tan moderna no estaría nada tranquilo.

El populismo antiempresarial del PP

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El PP siempre ha querido presentarse como un partido afín al liberalismo; al menos al liberalismo en su vertiente económica: sus (propagandísticos) mensajes se han concentrado tradicionalmente en la necesidad de contener el crecimiento del Estado, de bajar impuestos y de crear un entorno institucional propicio para el libre desarrollo de la función empresarial.

Tras apenas una primera semana en el poder, los españoles ya pudimos comprobar cómo se mofaban de sus dos primeros mensajes: su insaciable voracidad fiscal, traducida en una salvaje subida del IRPF, buscaba mantener a toda costa la burbuja del sector público; desde entonces, su rapiña tributaria no ha hecho más que repetirse con insoportable frecuencia en IVA, Sociedades, Especiales y cotizaciones sociales.

Pese a los continuados rejonazos fiscales, infligidos siempre con las risueñas carcajadas de Montoro y la cómplice bendición gremial de Nadal, los hay que todavía aspiran a ver en el PP algo distinto a un subproducto nacional del peronismo argentino: se nos repite que “las sangrantes subidas de impuestos tienen un carácter temporal”, “que su único propósito es hacer frente a una situación de emergencia en las cuentas públicas heredada por el PSOE”, “que ningún partido político, por liberal que fuese, podría haber hecho otra cosa” o que “para comprobar la auténtica afinidad de este Gobierno con el liberalismo hay que atender a las reformas estructurales que facilitan el libre emprendimiento”.

Dejando de lado las flagrantes mentiras que esconden la mayoría de los asertos anteriores (para comprobar que sí existía una alternativa liberal a la nefasta política tributaria del PP puede consultarse, por ejemplo, mi nuevo libro) me interesa centrarme en la última de las afirmaciones: que si bien la coyuntura obliga al PP a comportarse tal como proponía Izquierda Unida en su programa electoral, al menos sí está creando un ambiente propicio para que los emprendedores puedan desplegar sus ideas de negocio.

Más allá de esas tropecientasmil y una reformas estructurales, de esa “Ley de Fomento del Emprendimiento” o de ese aplazamiento del pago del IVA tantas veces anunciados como postergados sine die, existe una característica elemental que permite distinguir si un Gobierno respeta a los empresarios o, por el contrario, sólo busca pastelear con los afines (véase la reforma eléctrica a la medida de los intereses de Montoro) y machacar a aquellos otros que, por cualquier motivo, les resultan incómodos: la caracterización que hace de ellos ante la ciudadanía, no como conceptos teóricos abstractos (“alabado sea el emprendedor”) sino como realidades prácticas que día a día toman sus decisiones y tratan de sacar adelante sus empresas.

Y, desde esta óptica, el Gobierno del PP no hace sino confirmarse como vástago del populismo peronista. En los últimos meses hemos asistido a una campaña de desprestigio y acoso contra dos sectores empresariales enteros, no con el propósito de eliminar las barreras regulatorias que limitan la competencia, sino con miras a redirigir hacia ellos parte del descontento popular derivado de la crisis y de la pésima gestión del PP. Me estoy refiriendo al sector de las petroleras y de las grandes superficies.

El ataque a las petroleras

Desde los mínimos registrados a comienzos de 2009, el precio antes de impuestos de la gasolina 95 se ha encarecido un 150% (desde 30,3 céntimos el litro a comienzos de enero de 2009 a 77,5 céntimos el litro a medios de octubre) y el del gasóleo un 100% (desde 40,9 céntimos a 81,2 céntimos el litro); paralelamente, el precio del barril de Brent (en función del cual se determinan los precios anteriores) ha aumentado un 152% en dólares (desde una media de 44,8 dólares el barril en enero de 2009 a una de 113,3 en septiembre de 2012) y un 160% en euros (desde 33,7 euros a 87,9 euros, según el tipo de cambio vigente en cada mes).

Diríase que, en apariencia, ambos precios van bastante de la mano (y eso que el coste del barril es sólo uno de los muchos elementos que determinan el precio final de la gasolina y el gasóleo, pues éstos todavía deben ser refinados, transportados, comercializados, almacenados, etc.) pero, uno no sabe muy bien por qué, desde hace años impera la percepción sesgada de que las petroleras se lucran a costa de los consumidores imponiéndoles precios mucho más elevados de lo que justificaría la evolución del barril de crudo. Acaso sea que nos resulte más cómodo identificar un culpable concreto de nuestras desdichas que atribuirlo simplemente a fuerzas impersonales que no podemos controlar.

Pero si, hasta cierto punto, es comprensible (que no justificable) que el ciudadano de a pie concentre su ira contra las petroleras, lo que resulta del todo punto inaceptable es que el Gobierno trate de canalizar contra ellas ese descontento popular, capitaneando la demagogia más ramplona e incluso abusando de instituciones supuestamente independientes como la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

Así, tras una consulta/presión de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo (sic) a la Empresa, la CNC emitió un informe cuyas principales conclusiones reprodujeron todos los medios de comunicación: debido a la falta de competencia, los precios antes de impuestos de la gasolina y el gasóleo en España son, de acuerdo con la UE, los terceros más elevados de Europa y, para más inri, los márgenes brutos de las petroleras han crecido un 20% entre 2007 y 2010. ¿Conclusión? El Gobierno está legitimado para perseguir, sancionar, trocear, redistribuir y desmantelar las estaciones de servicio españolas.

Bastaba, sin embargo, con chequear mínimamente los datos para echar por tierra las conclusiones fantásticas de la CNC. Empecemos con los precios de la gasolina y el gasóleo antes de impuestos: a comienzo de junio, el precio de la gasolina en España era el octavo más caro de Europa y el del gasóleo, el undécimo más caro; en julioera el décimo cuarto y duodécimo más caro; en agosto, el quinto y noveno más caro; en septiembre, los décimos más caros; y en octubre, el décimo tercero y duodécimo más caro. La CNC atribuye los altos precios del carburante en España con respecto a Europa a las restricciones a la competencia, pero, ¿cómo es posible que las mismas restricciones a la competencia provoquen cambios tan importantes en la posición relativa de España (desde el quinto al décimo cuarto puesto)? ¿Son estas restricciones las responsables de que España esté en ocasiones en el puesto 14º o de que en otras esté en el quinto?

Mas la prueba del algodón no es ésta. La CNC pretende probar que las petroleras inflan los precios de la gasolina y del gasóleo apuntando a sus amplios márgenes brutos que, además, se han expandido un 20% durante la crisis. Pero el margen bruto es una pésima medida de la rentabilidad de un negocio: ni tiene en cuenta los costes indirectos de la empresa (lo que nos llevaría al margen neto), ni el número de unidades sobre las que se obtiene ese margen neto (lo que proporcionaría los beneficios netos), ni la inversión necesaria para lograr esos beneficios netos (lo que nos conduciría a la rentabilidad sobre activos o ROA). Una compañía puede tener un margen bruto enorme y perder dinero (si sus costes indirectos son muy altos) o ganar muy poco dinero en relación con la inversión necesaria para obtenerlo (para ganar 1 millón al año he de invertir 1.000 millones).

Pues bien, ¿cuál fue en 2011 el margen neto y la rentabilidad sobre el activo de las dos mayores distribuidoras de España, Repsol y Cepsa, en su segmento downstream (refino y distribución)? El margen neto de Repsol (antes de impuestos) fue del 3% y el ROA (también antes de impuestos) del 6%. En el caso de Cepsa, su margen neto en el segmento downstream fue del 0,56% y su ROA del 2,9%. En suma, Repsol ganó por vender petróleo lo mismo que si hubiese invertido todo su capital en deuda pública española, y Cepsa, la mitad. Todo ello antes de impuestos.

No parece, en suma, que en 2011 las petroleras españolas se forraran a la hora de comercializar la gasolina y el gasóleo después de tener en cuenta todos los costes. No en vano, desde 2004 la mayoría de petroleras extranjeras (Shell, Caprabo, ERG, Esso, Agip, BP o Texaco) han ido enajenando la totalidad o buena parte de sus estaciones de servicio en España, ese negocio supuestamente tan rentable y provechoso.

De hecho, aquí reside una de las principales contradicciones de nuestro hipócrita gobierno: si, como trata de argüir, el negocio de la distribución es tan sumamente rentable, ¿por qué las compañías extranjeras no están entrando en masa para abrir nuevas estaciones de servicio en nuestro país? Sólo caben dos opciones: a) la administración impide la apertura de estaciones de servicio; b) el negocio no es tan rentable como se nos quiere hacer creer. Tanto lo uno como lo otro suponen un tortazo para el sector público: lo primero por limitar la competencia; lo segundo por engañarnos.

La realidad probablemente sea una mezcla de ambos motivos: las autoridades locales, cuando planifican a la soviética los usos del suelo, han ido restringiendo la apertura de nuevas estaciones de servicio (al menos, aquí, la CNC acierta cuando en su punto 134 califica el planeamiento municipal de “altamente restrictivo con las estaciones de servicio”), lo que de seguro provoca que en algunas zonas haya gasolineras muy rentables a las que no se les puede ejercer una competencia directa por barreras regulatorias; pero ello no obsta para reconocer que, en general, el negocio se caracteriza por su escasa rentabilidad.

El ataque a las grandes superficies

Pero las petroleras no han sido las únicas víctimas de las injustas invectivas del Gobierno del PP. En el Consejo de Ministros del pasado viernes, el ministro del departamento más hipersubvencionado de todos, Miguel Arias Cañete, arremetió contra las grandes superficies españolas (Mercadona, Eroski, Carrefour, El Corte Inglés y Alcampo) por aprovecharse de sus proveedores gracias a su posición de dominio en la cadena de distribución. Con tal de regular este sector, Arias Cañete, el enésimo ministro libertario del Ejecutivo, presentó unanteproyecto de ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

En general, y a falta de mayor concreción, el anteproyecto es tan insulso que no satisface a ninguna de las partes, pues sólo se encarga de incrementar los costes de los tratos mercantiles obligando a formalizarlos por escrito. Poca chicha salvo por un elemento esencial: “se incluye un precepto sobre gestión de marcas que prohíbe el aprovechamiento de la iniciativa empresarial ajena mediante la utilización de envases y presentaciones de marcas o nombres comerciales de otro operador”. En román paladino: el Gobierno pretende poner coto a las marcas blancas, esa estrategia comercial consistente en vestir como marca del supermercado productos de otras compañías.

La marca blanca beneficia potencialmente a todas las partes pero, sobre todo, a los consumidores: dado que los distribuidores incrementan de manera muy considerable sus ventas, son capaces de ofrecer precios mucho más bajos sin ver reducidos sus beneficios. El supermercado termina de comoditizar, merced a la garantía que ofrece su buen nombre, una parte de los productos que oferta y cuya marca original los consumidores han dejado de valorar lo suficiente como para abonar una prima en su precio: de ahí que el minorista suprima la marca, baje precios y reduzca los beneficios que afluyen al productor original (y que se justificaban por el prestigio que la marca desvalorizada imprimía a la mercancía). Las marcas blancas son lo más parecido que existe a los medicamentos genéricos y, sin embargo, el Gobierno las persigue mientras que promueve el uso de éstos (acaso porque, en materia de medicamentos, el Ejecutivo desempeñe el rol de comprador).

La extensión de las marcas blancas es justo el modelo que ha aplicado Mercadona y que tantos éxitos le ha granjeado: dado que, gracias a ellas, este distribuidor es capaz de ofrecer precios mucho más baratos que la competencia y dado que los consumidores prefieren ahorrarse ese diferencial antes que pagar un sobreprecio por un marca distintiva y reconocida, sus ventas no han dejado de crecer. Soberanía del consumidor, se llama: esa misma contra la que este liberticida Gobierno quiere atentar después de haberla esquilmado ya con una agresiva subida del IVA.

Limitar el uso de marcas blancas no sólo encarecerá los precios (en provecho privativo del lobby de productores con marca desvalorizada), sino que puede erosionar los márgenes y los beneficios de los principales grupos de distribución de este país. Para algunos, como Arias Cañete o su más moderado par Sánchez Gordillo, puede que sea un loable objetivo debido a las injustificadas ganancias que obtienen; para otros, todos aquellos que hayan acudido a la fuente de los datos, constituye un nuevo disparate intervencionista y antiempresarial.

Basta con leerse los balances y las cuentas de resultados de Mercadona, Eroski y Carrefour. En 2011, Mercadona obtuvo un margen neto del 2,8% y una rentabilidad de 8% (poco margen de ganancias y muchísimas ventas dieron lugar a rentabilidades apreciables); Eroski, un margen del 2,1% y un ROA del 1,2%; y Carrefour, un margen del 0,5% y una rentabilidad del 0,8%. Tales márgenes y rentabilidades deberían servir para despejar no sólo la extendida demagogia de que estos distribuidores explotan a los agricultores por comprar sus productos a precios muy inferiores a aquellos a los que terminan vendiéndolos a los clientes finales (como si los costes de los distribuidores no se multiplicaran también en el proceso) sino para constatar que la supervivencia de muchos de los supermercados y de los empleos de estos grupos empresariales pende de un hilo que este descerebrado Ejecutivo parece decidido a cortar.

Un Gobierno enemigo de los empresarios

La aversión del PP al mercado y a la propiedad privada no sólo se ha traducido en la mayor sucesión de subidas de impuestos de nuestra historia reciente, sino también en un creciente acoso populista contra aquellas empresas que bregan en esta crisis por sobrevivir. La casta sigue manteniendo su bota sobre los empresarios díscolos, ya sean pequeños, medianos o grandes; las reglas de juego constituyen únicamente el decorado que nuestros políticos pueden machacar a conveniencia para imponer sus intereses particulares y de partido. Sin llegar a las expropiaciones del peronismo kirchnerista, el peronismo rajoyano sí se muestra encantado con difamar y perseguir legislativamente a aquellos empresarios contra los que quiere canalizar el descontento social. El mensaje está claro: si piensas triunfar y crear riqueza, no oses instalarte a España. Éste es sólo territorio apto para los círculos del poder.

El cuento chino de los 35.000 millones

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Ciertamente, el Estado es la única organización capaz de convertir actividades pacíficas, voluntarias y beneficiosas para quienes las acometen en conductas punibles y estigmatizantes.

Casi todo el mundo anda echando pestes de la mafia china; no tanto por lo que podría ser verdaderamente criticable (las posibles condiciones de esclavitud a que sometería a numerosos trabajadores) como por haber introducido ilegalmente mercancías en España y por haber atentado contra la Hacienda Pública. Gruesas palabras para ocultar una realidad mucho más sencilla: los chinos sólo traían mercancías de su país para vendérselas a unos españoles que estaban dispuestos a comprarlas. Mercancías que podían ser juguetes o ropa y cuya única tacha era que no habían sido declaradas en la aduana y no habían, por tanto, pagado la correspondiente mordida arancelaria, pecado mortal que permitía que los consumidores españoles adquirieran esos productos a muy buenos precios y llegar a fin de mes en mejores condiciones (el consumidor objetivo no eran multimillonarios aficionados a los yates y el champagne, sino personas de renta media-baja).

Como habían entrado de manera ilegal, estas mercancías no podían sino seguir defraudando a nuestro Fisco –siempre tan amigable con la empresarialidad–: como no existían oficialmente, tampoco pagaban IVA ni computaban como ingresos en Sociedades, ni éstos podían emplearse en el pago de los salarios (y del IRPF) de los empleados de las empresas que las ponían en circulación.

Estamos, pues, ante una economía paralela al Estado… que acaso por ello ha prosperado tan bien y acaso por ello sea tan vilipendiada por los amigos del Gran Gobierno. Lejos de sacar lecciones al respecto –las empresas florecen en entornos poco intervenidos y poco perseguidos fiscalmente–, optamos por convertir a sus participantes en criminales, olvidando tal vez que, por ejemplo, una parte de los revolucionarios, respetados e incluso reverenciados Padres Fundadores de EEUU, como John Hancock, se dedicaban al contrabando para burlar el proteccionismo inglés por idénticos motivos.

Mas mi intención en este artículo no es reflexionar sobre la criminalización de actividades comerciales pacíficas a cuenta de una legislación comercial que sí debería reputarse como delictuosa, sino sobre la concomitante campaña de desprestigio a la propuesta de recortar el gasto público para cuadrar el déficit.

Me explico: de unos años acá, una parte de la izquierda patria (y de la supuesta derecha, véase Montoro) insiste en que es posible acabar con el déficit simplemente persiguiendo el fraude fiscal, aparente pozo sin fondo que en España movería más de 90.000 millones de euros (casualmente, un monto casi idéntico al del déficit).

Sucede que tales cifras no resisten el más mínimo análisis crítico, motivo por el que suelen ser esgrimidas por demagogos ideologizados a los que nada interesa resolver los problemas reales y de fondo de nuestra economía. Así, basta con que nos topemos con noticias como las de la mafia china para que tales demagogos vuelvan por sus fueros. La anécdota se convierte en categoría y la categoría en principio de inspiración de la política económica de un país en profunda crisis. Para terminar de darle punch a la campaña sólo se necesita rebozar la anecdótica noticia con impactante información falsa, que es justo lo que ha sucedido en este caso.

El último bulo a cuenta de la mafia china –del que incluso se hace ecoEl País– es la estimación de que ha defraudado a Hacienda 35.000 millones de euros. Cáspita: 35.000 millones de euros, un tercio del déficit. Con encontrar dos tramas más como ésta, equilibramos las cuentas sin necesidad de ningún sufrido recorte adicional.

Sencillo, ¿no? Pues no.

Desconozco cuál es el origen preciso de semejante infundio amarillista, pero sí podemos analizar la noticia según la difundió una de las correas de transmisión.

Apenas leer la pieza, ya descubrimos que el fraude de 35.000 millones no es anual, sino el estimado a lo largo de una década. Es decir, el impacto presupuestario no sería de 35.000 millones de euros, sino de 3.500 millones al año. Aun así, hay que reconocer que parece una cantidad apreciable.

Con todo, si seguimos con la labor de broza podemos leer que el blanqueo de dinero ascendía a 350-400 millones anuales, y que los famosos 35.000 millones equivaldrían al "0,35% del PIB español". Problemilla matemático de simple resolución: el 0,35% del PIB español no son 35.000 millones, sino 3.500 millones; justamente lo que totaliza blanquear 350 millones anuales durante una década. En pocas palabras: en el mejor de los casos, el bulo del fraude de 35.000 millones se explica porque se ha colado un cero de más en el titular; en el peor, porque hay periodistas que deberían regresar a Primaria.

Hemos pasado de un fraude al Fisco que parecía ser de 35.000 millones anuales a uno de apenas 350 millones. ¿Termina ahí toda la historia? No: la gente tiende a confundir el dinero negro con los impuestos no pagados; la realidad es que el dinero negro son las bases imponibles no declaradas (los beneficios, los ingresos o los salarios no declarados). Dado que, por el momento, los tipos impositivos todavía no son del 100%, el Estado no se queda con la totalidad de la base imponible, sino sólo con un porcentaje que oscila, en términos medios, entre el 30 y el 40%. Si aplicamos estos gravámenes al dinero negro manejado anualmente por la mafia china, llegamos a que elfraude fiscal apenas se situaría entre los 100 y los 150 millones anuales, una suma 350 veces inferior a los 35.000 millones manejados alegremente por los demagogos austerófobos.

En definitiva, lejos de constituir un argumento de peso para quienes creen posible atajar el déficit sólo combatiendo el fraude fiscal, el caso de la mafia china debería servir para todo lo contrario: una de las mayores operaciones de nuestra historia contra una de las redes de economía informal más organizadas apenas descubre un fraude de 100 millones anuales. Pongan eso en relación con nuestro déficit estructural, de 100.000 millones de euros, y saquen sus conclusiones. 

Draghi, el diablo

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Cuando el pasado agosto el presidente del Banco Central Europeo (BCE), el italiano Mario Draghi, anunció su intención de comprar (monetizar) toda la deuda periférica que fuese necesaria con el fin de garantizar la supervivencia del euro, la mayoría de los analistas y, sobre todo, los políticos respiraron con alivio, sin saber que, en el fondo, el programa de adquisición ilimitada de bonos amenaza con rematar a la moneda única.

La principal función de la banca central, monopolista público en la emisión de dinero y en la fijación del tipo de interés, es garantizar la estabilidad de los precios y actuar como prestamista de última instancia de bancos y estados cuando tengan problemas de liquidez –no de solvencia–. Pues bien, en numerosas ocasiones el cumplimiento de ambos objetivos ha derivado en estrepitosos fracasos de terribles consecuencias. Y no hay que irse a las hiperinflaciones del pasado para demostrarlo. No en vano, la burbuja crediticia de la pasada década se gestó gracias a la artificial expansión del crédito que propiciaron tanto la Reserva Federal de EEUU (Fed) como el BCE; por cierto, estas mismas entidades están poniendo en riesgo sus propios balances al prestar dinero de forma indiscriminada a bancos y gobiernos insolventes. Y es que un banco central también puede quebrar –técnicamente hablando– si los impagos se disparan o el valor de sus activos se desploma; solo que, a diferencia de cualquier otra entidad financiera, le basta con imprimir más billetes para cubrir el agujero.

La Fed y, tras el anuncio de Draghi, el BCE están siguiendo esta última senda, con su desnortada política de masiva expansión monetaria. Y aunque han cosechado el aplauso generalizado del mundo político-económico, no todos están satisfechos con tal deriva. De hecho, el hasta hace poco todopoderoso Bundesbank está más bien aterrorizado con el plan de Draghi. Mucha atención a sus últimas alertas.

En septiembre, el presidente del banco central alemán, Jens Weidmann, no se arredró a la hora de calificar la compra de bonos públicos por parte del BCE de "trabajo del diablo". Aunque en ningún momento se refirió directamente a Draghi, su mensaje no dejaba lugar a dudas:

Si un banco central puede, potencialmente, crear una cantidad ilimitada de dinero de la nada, ¿cómo puede asegurarse de que el dinero es lo suficientemente escaso para conservar su valor? (…) Sí, esta tentación sin duda existe, y muchos en la historia han sucumbido a ella.

Weidmann recordó la escena de Fausto en que Mesfistófeles (el diablo) convence al emperador para emitir grandes cantidades de papel moneda y, así, acabar con sus problemas de financiación. La historia, claro, termina con una inflación galopante.

En su último informe mensual, el Bundesbank incide, una vez más, en esta perspectiva, tras reiterar su rechazo frontal a la compra ilimitada de deuda pública anunciada por el BCE. Un plan nocivo y contraproducente, entre otras razones, porque desincentiva el sano ajuste fiscal que necesariamente tienen que realizar los países periféricos del euro. La actual política monetaria "reduce y retrasa el proceso de ajuste" mediante la reducción de los tipos de interés y las masivas inyecciones de liquidez. Además, contradiciendo a Bruselas y a los políticos del sur de Europa, la entidad germana afirma que las elevadas primas de riesgo que presentan España e Italia reflejan la realidad, es decir, el elevado riesgo que representa el invertir en sus bonos. El execonomista del BCE Jürgen Stark es de la misma opinión. Efectivamente, las primas de riesgo de los países periféricos están "justificadas". Stark dimitió como consecuencia del anterior programa de compra de bonos del BCE, y ahora insiste en que Draghi ha cruzado varias "líneas rojas".

El discurso completo de Weidmann no tiene desperdicio. A modo de ejemplo, destaco las siguiente perlas:

Hoy en día, el dinero ya no está respaldado por ningún activo real. Los billetes son de papel impreso –y los expertos que hay entre ustedes saben que el euro está impreso en papel de algodón– y las monedas están acuñadas en metal (…) Si los alquimistas intentaron en el pasado convertir el plomo en oro, en la economía moderna el papel se ha convertido en dinero (…) En última instancia, la aceptación de esos billetes se basa en la confianza de la gente.

 (…) las interferencias gubernamentales en los bancos centrales, junto con la gran demanda de financiación por parte de los estados, a menudo ha conducido a fuertes aumentos del dinero en circulación, lo que ha provocado que [el dinero] perdiera valor a consecuencia de la inflación (…) La mejor protección contra la tentación [inflacionista] es una sociedad ilustrada y orientada a la estabilidad [monetaria].