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Por un zapaterismo fiscalmente asfixiante

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Los primeros presupuestos –y ojo que podrían ser los últimos– del rajoyato y la montoría ya son públicos. ¿Novedades? Ninguna. Zapaterismo bis pasado por la máquina de recaudar. ¿Reformas? Menos aún. Muchas leyes, mucho apretarle el collar al contribuyente y mucho repetir la palabra social, ese término comodín tras el que se esconde la cruda realidad clientelar que ha arruinado a nuestro país.

El Estado seguirá gastando más de lo que ingresa per saecula saeculorum, medio país seguirá manteniendo al otro medio mientras la política y los que a ella se dedican, causantes en última instancia de todo el desastre, salen indemnes. Luego, cuando esto se termine de ir al garete que arree el que venga. 

Los primeros presupuestos –y ojo que podrían ser los últimos– del rajoyato y la montoría ya son públicos. ¿Novedades? Ninguna. Zapaterismo bis pasado por la máquina de recaudar. ¿Reformas? Menos aún. Muchas leyes, mucho apretarle el collar al contribuyente y mucho repetir la palabra social, ese término comodín tras el que se esconde la cruda realidad clientelar que ha arruinado a nuestro país.

Los presupuestos de 2013 nacen como papel mojado tres meses antes de que de comienzo el año. Esto es así porque parten de una falacia capital: la presunción de que los ingresos serán los que estime el Gobierno conforme a unos cálculos que a Montoro, maestrillo de Hacienda Pública y contable mayor del Reino, se le dan muy bien hacer. Desde 2008 los sucesivos Gobiernos se refocilan en el mismo juego con un resultado fatal que se ha traducido en déficits disparados enjugados con dinero prestado.

El jueguecito hasta ahora ha salido bien porque el Gobierno español tenía acceso al crédito exterior, un crédito que hoy está más que agotado. Los que todavía prestan al despilfarrador Estado español, padrastro de 17 carpantas regionales, lo hacen porque, una de dos: o son bancos españoles que, por obligación, hacen ese favor al amo y señor de la Moncloa; o saben que detrás están los contribuyentes alemanes que, a una mala, se terminarán haciendo cargo del desaguisado. Aún así no todos se fían, razón por la cual la prima de riesgo no baja de los 400 puntos ni tirando de ella con una cuerda.

Ante una situación extrema como la que padecemos cabían dos opciones. Una atarse los machos y reformar de un modo integral un Estado insostenible por su tamaño y organización interna. Esa reforma implicaría reducir el Estado a la mitad, sí, a la mitad, que es lo que los españoles podemos permitirnos trabajando medio año para él. Luego ya podría debatirse si esa mitad está centralizada o descentralizada, eso realmente es lo de menos.

La otra era hacer lo que ha terminado haciendo Rajoy. Apuntalar el zapaterismo añadiéndole una carga fiscal asfixiante que, a lo largo del próximo año, será la responsable de llevar la economía nacional al colapso y al Gobierno de Rajoy a la desintegración. No será porque no lo hemos advertido.

Subir impuestos, todos los impuestos, para mantener abierto el grifo del gasto suntuario tiene un recorrido muy corto. El espejismo de crédito ilimitado con el aval de mister Draghi no tardará en desvanecerse y la recaudación no es que vaya a bajar, es que ya está bajando de un modo alarmante y seguirá haciéndolo porque, en España, lo único que funciona a pleno rendimiento es la cinta de transferencia de renta entre la arrastrada economía productiva y un atrofiado aparato estatal que dilapida lo que otros producen.

En las arcas públicas no entra un euro a pesar de que las tasas e impuestos son mayores y más numerosos que hace un año. Una parte de la economía se ha parado en seco, la otra se ha sumergido para subsistir en el mercado negro, única vía de escape para cada vez más españoles. La sudamericanización de España queda de este modo consumada. Una elite cleptócrata que vive al margen de la realidad enchufada a un presupuesto menguante pero próvido con el poder y sus amigos. Una clase media depauperada, frita a impuestos, cuyos miembros más jóvenes empiezan a fiarlo todo en la emigración. Un solar productivo plagado de regulaciones donde nadie invierte, los de dentro porque no pueden y los de fuera porque no se fían.

Esta es la España que forjó Zapatero y que Rajoy ha consolidado como modelo referencial para todo país que, de aquí en adelante, quiera arrojarse por el precipicio. 

El populista y contraproducente Hollandazo

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

No se llega a imponer el salario máximo (tipo marginal del 100% a partir de cierta renta), con el que coqueteó el progresista Franklin Delano Roosevelt, pero desde luego se le acerca.

Es de suponer que nuestro mandatario gallego, tan cercano ideológicamente a su par galo y tan o más entusiasta que él en lo que a subidas de impuestos a todas las clases productivas se refiere, estará tomando buena nota. Si ya le ha copiado la nefasta Tasa Tobin a Sarkozy, nada –ni siquiera su cada vez más sonrojante discurso electoral y preelectoral– le impedirá aprobar algo similar para nuestro país, a poco que ese liberal de pata negra que tenemos por ministro de Hacienda asiente con gesto aprobador. Lograría así Rajoy dar un pasito más hacia el que parece objetivo único de su Gobierno: emular en cada detalle lo que habría sido un Ejecutivo de Zapatero o Rubalcaba. De hecho, el líder socialista acaba de reclamar un tributo para las grandes fortunas. Como tantas otras cosas, éste es el auténtico pensamiento único que nos aplasta.

Mas uno desearía que Rajoy tomara buena nota para no emularlo. Al cabo, el movimiento de Hollande es sólo un coletazo populista para institucionalizar el odio y la depredación entre clases sociales, como rápidamente ha sabido captar Liberation, que ha mandado a tomar viento a los millonarios que acaso piensen en no ser devorados por un monstruoso Leviatán que ya consume cerca del 60% del PIB francés. 

Y lo llamo "ramalazo populista" porque no cumple ninguno de los dos objetivos que teóricamente persigue: ni sirve para reducir el déficit ni resulta mínimamente ejemplarizante.

No contribuye a reducir el déficit porque, en el mejor de los supuestos (asumiendo lo que no puede asumirse, a saber, que no habrá desbandada de capitales y que no se destruirá mucha más riqueza en el sector privado), apenas serviría para levantar 2.000 o 3.000 millones de euros en un país cuyo déficit ascendió a 90.000 millones. Algo similar podría decirse de España: en nuestra economía, sólo el 0,05% de todos los contribuyentes tributa por rentas superiores a 600.000 euros anuales (proveyendo al Fisco de 3.000 millones de euros; lo mismo, por cierto, que el 25% de contribuyentes con menor renta), de modo que una medida similar sólo cosecharía —de nuevo en el mejor de los mundos— un incremento recaudatorio de 1.000 millones de euros. Comparen eso con nuestro déficit potencial, de 100.000 millones, y descubrirán que el problema no está, precisamente, en nuestros bajos impuestos

Pero, desde luego, lo que no puede decirse es que un tipo marginal del 75% sea algo ejemplarizante. Primero, porque para que los ricos paguen más impuestos que los pobres no es necesario implantar un sistema progresivo, basta con uno proporcional: si el tipo medio de la renta es del 20% tanto para quien gana 20.000 euros como para quien gana un millón, el rico pagará 50 veces más que el pobre. Y, segundo, y sobre todo, las subidas de impuestos nunca son ejemplarizantes: salvo que nos refiramos a que nos muestran el camino hacia la pobreza, la destrucción de capital y el sometimiento al Estado. Lo ejemplarizante sería bajar los impuestos a todos los ciudadanos, pero jamás subírselos.

Estos incrementos fiscales, lejos de ejemplarizar, anestesian. Las clases medias reciben un huesecillo para calmar su ira ante los sablazos tributarios que periódicamente les inflige el Estado. Al gravar más a los ricos, el Estado calma un poco el malestar que su propio intervencionismo genera, y aquéllas se contentan con la paupérrima suerte de seguir trabajando para costear un Estado mastodóntico mientras otros con sueldos mayores pagan impuestos auténticamente delirantes. Pues de lo que se trata es de eso: de distraer el debate y de hacer creer a la ciudadanía que las clases medias dejarán de ser las auténticas víctimas y paganas de nuestro engordado Hiperestado por el hecho de  que se expoliará con más encono a los ricos. Como si, repito, el 0,05% de los contribuyentes pudiera sostener unos Estados modernos que copan más del 50% de las riquezas nacionales. No, no es posible, y cuanto antes entendamos la perentoria necesidad de que las tijeras entren en el sector público y no en el privado, tanto mejor nos irá a todos.

Mientras tanto, sigamos con la comidilla de que una crisis causada y agravada por el intervencionismo gubernamental se va a solucionar por lanzar al Fisco contra los ricos. Sin duda, lo que más interesa a los gobernantes franceses o españoles es igualarnos a todos en el mismo nivel de pobreza. Para eso, y para poco más, sirve esta renovada demagogia contra los creadores de riqueza.

‘Domingos rojos’

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La penúltima iniciativa popular –por no decir populista– ideada por el Ejecutivo de Rajoy fue anunciada el pasado viernes por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. A partir de ahora, el Estado podrá obligar a los parados que perciban prestación a colaborar en zonas incendiadas. En concreto, según recoge el Real decreto-ley 25/2012 de medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales, publicado el pasado sábado, las "Administraciones Públicas" –Gobierno central, autonomías y ayuntamientos– y las "entidades sin ánimo de lucro" podrán solicitar a los servicios públicos de empleo los parados que precisen para acometer "obras de reparación de los daños causados" en las zonas afectadas.

La medida implica tan sólo a los "perceptores de las prestaciones por desempleo", es decir, a aquellas personas sin trabajo que tienen derecho a cobrar paro hasta un máximo de dos años por haber cotizado previamente. Las condiciones que establece la Ley General de la Seguridad Social (artículo 213.3) para ser llamado a filas son, básicamente, tres: que el trabajo "social" en cuestión sea de "carácter temporal", que la labor coincida con las "aptitudes físicas y formativas" del desempleado y que no suponga un "cambio de residencia habitual" para el trabajador.

Lo primero que llama la atención es que el Gobierno excluya de este particular reclutamiento a todas aquellas personas que, tras agotar su prestación, siguen percibiendo subsidios o ayudas públicas, como los ya famosos 400 euros mensuales. De este modo, el Gobierno acaba de inaugurar en la práctica el trabajo social obligatorio; solo que, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos –como Portugal–, los afectados serán los desempleados que aún tienen derecho a cobrar el paro en lugar de los beneficiarios de ayudas. Aunque no es el modelo idóneo, la prestación se concibió inicialmente como una especie de seguro público, por tanto, no es algo gratuito que otorga el Estado, sino que el contribuyente está obligado a pagar previamente para poder acogerse a él en caso de necesidad.

Por otro lado, la medida es, sin duda, legal, ya que se contempla en el ordenamiento jurídico –pese a que nunca se ha aplicado–, pero marca un precedente que no está exento de riesgos. Y es que muestra a las claras cómo actúa normalmente el poder político, empeñado en corregir los errores y fiascos de la intervención pública con más intervencionismo, lo que a la postre genera nuevos y mayores problemas. Así, lejos de solucionar en alguna medida el brutal desempleo que sufre el país, la instauración del empleo social pone a disposición del Estado a una masa ingente de potenciales trabajadores cuya motivación para reparar catástrofes naturales –o lo que se tercie–, sin remuneración adicional alguna, será nula en la inmensa mayoría de casos, por no decir los inconvenientes que tal obligatoriedad podría causar al elegido en caso de que se esté formando o buscando activamente empleo. En esencia, se trata de una pérdida de tiempo pura y dura, en el mejor de los casos, y de una forma de esclavismo moderno del todo inmoral e improcedente, en el peor.

Así, en lugar prorrogar los 400 euros o de implantar el trabajo social al albur de las directrices que marque el Gobierno de turno, cuya rentabilidad y utilidad para el resto de la sociedad es más que dudosa, el PP debería haber optado por flexibilizar de verdad el aún anquilosado mercado de trabajo. ¿Cómo? Eliminando el salario mínimo, permitiendo los minijobs que en su día implantó Alemania y dejando en suspenso toda la regulación laboral vigente, siempre y cuando empleador y empleado alcancen un acuerdo voluntario sobre sus condiciones de trabajo. Ésta es la forma más rápida y efectiva de que España coloque a sus casi seis millones de parados, con la ventaja inestimable de que su labor sí serviría para crear riqueza en el mercado y no para atender los intereses cuasipopulistas de los partidos.

Lo contrario, que es justo la senda emprendida por Rajoy, tan sólo traerá nuevos problemas. De hecho, el trabajo social es un invento de inspiración comunista. La Unión Soviética y, posteriormente, Cuba implantaron el llamado trabajo voluntario. El régimen castrista instauró los denominados Domingos Rojos, jornadas en las que los ciudadanos acudían voluntariamente –bajo coacción y amenaza– en su día descanso a realizar tareas extra o a participar en los actos que arbitrariamente determinara la autoridad política. Raúl Castro derogó recientemente el trabajo voluntario, tras casi 50 años de vigencia, debido a sus nefastos resultados. Rajoy, por el contrario, acaba de instaurar en España una versión light.

¿Debe instalarse Eurovegas en España?

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Sí, porque en España, todavía, hay libertad de empresa y no existe ninguna ley que impida a un empresario invertir su dinero en negocios legales. No veo preciso recordar que la industria de los juegos de azar es perfectamente legal en nuestro país, tanto que el propio Gobierno la explota con gran aprovechamiento mediante la empresa Loterías y Apuestas del Estado.

Sí, porque el macrocomplejo lúdico de Eurovegas crearía 200.000 empleos. En un país con cinco millones de parados que la empresa Las Vegas Sands quiera instalarse en él es lo más parecido a que nos toque la lotería. Cuando se hayan concluido las obras los doce hoteles más los casinos y restaurantes que formarán Eurovegas serán una máquina de generar riqueza que se quedará para siempre aquí. Se calcula que el complejo atraerá unos diez millones de turistas al año. La ecuación es sencilla, actividad económica igual a empleo, empleo igual a riqueza

Sí, porque se trataría de una inversión multimillonaria sostenida en el tiempo durante una década. Las Vegas Sands quiere invertir en nuestra tierra más de 25.000 millones de euros, es decir, la misma cantidad que los contribuyentes tendrán que meter en Bankia para reflotarla. Esa cantidad ingente de dinero se irá mayoritariamente a negocios españoles, tanto durante la fase de construcción del complejo como durante la de operación. Muchas industrias locales como la de la alimentación o la logística se verían directamente beneficiadas.

Sí, porque inversión es confianza. Cuando una empresa multinacional como Las Vegas Sands decide realizar una apuesta tan decidida por un país cuyo crédito internacional se encuentra en entredicho el que gana es el país. Si lo que pretende es salir de la crisis España lo que necesita son empresarios y empresas, no políticos y gasto estatal atado a préstamos en el extranjero o al envilecimiento de la moneda. Nuestro modelo ha sido durante muchos años el segundo, y así nos luce el pelo.    

¿Esta especulación sí que nos gusta?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

…una reducción que se ha vuelto más acusada desde este jueves, cuando el presidente del monopolio europeo sobre la emisión de dinero formalizó las condiciones del rescate a la economía española: que Rajoy suscriba un Memorándum de Entendimiento dirigido a solucionar los crecientes problemas de solvencia de nuestra economía.

Si la prima ha caído 200 puntos en mes y medio no es ni por Rajoy, ni por Zapatero ni por Rubalcaba, sino por Draghi. Mas, en puridad, Draghi todavía no ha hecho nada: sólo insinuó (hasta este jueves) o avanzó (a partir del jueves) lo que tiene pensado hacer en caso de que nuestro Gobierno pida el rescate. Pero nuestro Gobierno todavía no lo ha solicitado, de modo que apenas asistimos a una acumulación de rumores, suposiciones, creencias y apuestas sobre nuestro futuro que ni mucho menos tendría por qué llegar a materializarse en abundantes monetizaciones de deuda por parte del BCE. Esto es, apenas asistimos ante un torrente de especulaciones sobre nuestro futuro, torrente que, justamente, está provocando una reducción tan intensa de los tipos de interés de nuestra deuda.

¡La especulación! Sí, esa malévola actividad realizada por pérfidos señores con cuernos (los especuladores) que hasta hace unos días demonizábamos, o incluso proponíamos proscribir, pero que ahora recibimos entusiasmados como la bendición que nos permitirá seguir extendiendo nuestro insostenible endeudamiento durante unos meses o años más. Veremos cuánto tarda en fastidiarse está nueva bacanal burbujística, pero merece la pena constatar ese hipócrita doble discurso que caracteriza como buena la especulación que nos beneficia y como mala aquella que nos perjudica. Miope discurso que confunde las ganancias personales a corto plazo con la adecuada coordinación económica y social a largo plazo. Para los propietarios de viviendas o de acciones de Terra, los movimientos especulativos sobre los inmuebles o sobre los valores eran buenos, pese a que promovieran una pésima asignación de capital.

Lo mismo acaece ahora, cuando el BCE da más cuerda a un Gobierno manirroto para que continúe gastando muchísimo más de lo que ingresa. Si los problemas fundamentales de nuestra economía –que no son de falta de liquidez, sino de solvencia– no se solucionan –para lo que necesitamos de austeridad pública y de liberalización privada–, Draghi sólo estará dándonos cuerda para la horca.

Al final, sucede que la especulación sólo será buena en tanto anticipe correctamente el futuro y sólo será mala en tanto se equivoque. Por fortuna, los especuladores, como grupo, ganarán cuando acierten y perderán notablemente cuando se equivoquen. Con este anuncio de monetización ilimitada de deuda, el BCE sólo ha alentado una masiva especulación alcista sobre nuestra deuda. ¿Es una especulación en la dirección adecuada? Si Rajoy persiste en su torcida política a favor del Hiperestado y la microsociedad, si no da un giro copernicano a su desastrosa gestión, entonces podemos asegurar que no, que el BCE sólo está impulsando una mala especulación distorsionadora que agravará muy intensamente nuestra crisis. ¿Y va Rajoy a rectificar? ¿Por qué motivo debería hacerlo? ¿Por el Memorándum de Entendimiento que le obligarán a suscribir? ¿Ese mismo que firmó Grecia?

La gallina de los huevos de oro

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Buena muestra de ello son las afirmaciones realizadas hace escasos meses por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando señalaba que España estaba "mucho peor en 1996 que ahora" o que la recesión se debía al brutal desplome del consumo.

Gran error. A mediados de los años 90, cuando el PP logró por primera vez el poder, la economía española estaba saliendo del hoyo tras sufrir una aguda pero corta caída a principios de la década; además su nivel de endeudamiento no era comparable al actual. El gran reto de Aznar no consistió tanto en impulsar una recuperación económica que ya estaba en marcha sino en lograr la entrada de España en el euro en el plazo previsto. Ambas situaciones no son comparables en absoluto. Y, por desgracia, la crisis actual supera con mucho la de principios de los 90.

Lo más grave, sin embargo, es que el ministro apunta a la caída del consumo como el origen de todos los males, cuando la raíz de los problemas estriba en la falta de ahorro. Así se entiende que su política fiscal esté resultando del todo errónea y contraproducente. España necesita amortizar su abultada deuda, liquidar las malas inversiones acometidas en el período del boom y, en definitiva, desapalancarse lo más rápido posible. Esta tarea ha sido dificultada por el Estado a través de repetidas subidas de impuestos y, lo que es peor, una elevadísima fiscalidad sobre el ahorro. Lo bueno es que, pese a todos estos obstáculos, el sector privado se está ajustando.

Cosa muy distinta es el sector público, y es aquí donde el PP acaba de demostrar su penúltimo error de diagnóstico. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo unas declaraciones la semana pasada que, si bien pasaron inadvertida, resultan del todo alarmantes. Atención: el elevado déficit público es "una situación de coyuntura que este país va a superar pronto". "Lo ocurrido ha sido coyuntural". ¿Traducción? El Gobierno piensa ilusoriamente que el hundimiento de la recaudación fiscal es algo momentáneo, una mera situación excepcional que quedará atrás cuando termine la recesión.

No, señor Rajoy, el déficit es un problema estructural: el volumen de ingresos no regresará al nivel máximo alcanzado durante la etapa de burbuja crediticia, y sin embargo el gasto público no ha dejado de aumentar desde entonces. Por tanto, la brecha entre ambas partidas no se puede cerrar a base de aumentar los impuestos sino reduciendo drásticamente la estructura estatal, una tarea todavía pendiente. De hecho, mientras no se reduzca el déficit y, por tanto, se imponga de verdad la austeridad pública, el tan ansiado crecimiento será una misión imposible.

Y puesto que el PP parte de un diagnóstico erróneo, la solución también está siendo equivocada. Rajoy y Montoro defienden ahora con uñas y dientes los aumentos fiscales para reducir el déficit, al tiempo que se limitan a congelar o posponer inversiones públicas en lugar de recortar el gasto corriente. Es evidente que esta estrategia no está dando resultado, pero lo peor son sus efectos menos visibles. Y es que, tal y como enseña la fábula de la gallina de los huevos de oro, en lugar de tratar con sumo mimo a empresarios, inversores y trabajadores, de cuyo esfuerzo se alimenta la insaciable hacienda pública, el Estado está optando por asfixiar lentamente al contribuyente a base de impuestos. ¿Moraleja? No sólo no recaudará más, sino que lastrará el crecimiento potencial de España.

Apple gana a Samsung, los demás perdemos

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Obligará este juicio a las compañías tecnológicas a innovar más, para evitar estos problemas en el futuro y servir así mejor a los consumidores? No, obligará a las que puedan a pagar licencias; las que no se lo puedan permitir evitarán meterse en campos minados como el de la telefonía móvil, lo que a la larga se traducirá en menos novedades, que correrán por cuenta de las grandes compañías ya establecidas, que son las que cuentan con protección en forma de patentes propias.

El tema de las patentes resulta espinoso. En su origen hay dos propuestas éticas: proteger al inventor y reconocer que la propiedad intelectual es tan digna de protección como la física. Pero según pasa el tiempo parece más claro que en cada vez más sectores de la economía las patentes retrasan en lugar de fomentar la innovación. Siguen existiendo campos, como el farmacéutico, donde resultan imprescindibles para justificar las multimillonarias inversiones en años de pruebas médicas, necesarias –por ley– para poder sacar un medicamento al mercado. Pero ¿en uno tan dinámico como el de la informática y las telecomunicaciones? No.

La lista de patentes violadas por Samsung en este y otros casos estudiados en tribunales de todo el mundo incluye dos por los diseños de iPhone e iPad, el efecto de rebote al llegar abajo o arriba del scroll, la forma de navegar por las fotos en el móvil; dos por el sistema de bloqueo que se desactiva al deslizar el dedo, una del corrector automático y, mi preferida, la que detecta números de teléfono o direcciones de correo y te permite pulsar sobre ellas para abrir las aplicaciones correspondientes. En su mayor parte son patentes de software: cosas demasiado obvias para merecer protección alguna, pero por lo que se ve muy lucrativas para litigar con ellas. Son la razón por la que existe un movimiento muy amplio a favor de la prohibición de este tipo de patentes.

En pocos campos se ha innovado más en tan poco tiempo como en el informático, y no sólo no se observa con claridad en qué pueden beneficiarlo las patentes, sino que más bien parecen un lastre. Imaginen que un escritor hubiese tenido la feliz idea de patentar la historia de chico conoce a chica. Todos los demás escritores, y los guionistas de cine y televisión, tendrían que pagar a ese tipo por escribir historias así, que en mayor o menor medida son casi todas. Seguramente muchos cambiarían –a peor– sus textos para no buscarse problemas, pagarían al listillo patentador de turno o directamente no publicarían. Así las cosas, de beneficiarse alguien sólo lo haría –en un solo caso– el de la patente. Pues bien, patentar software es algo parecido. Por eso debería bastar con los derechos de autor.

Sí, todo el mundo, y no sólo Samsung, copió a Apple desde el momento en que presentó el iPhone. No es algo que esté tan claro con el iPad, que no dejaba de ser un concepto que llevaba décadas flotando en el aire. Pero fíjense en el mundo del arte y el entretenimiento. Todos copian aquello que consideran de valor y lo mezclan con sus propias ideas o con las de terceros, dando lugar a cosas nuevas. Lo mismo pasa en el diseño industrial, o en la informática. Apple fue la primera en poner en exitosa práctica dos ideas novedosas. Su premio: ser la empresa más grande del mundo. Parece claro que no necesita incentivos mayores.

¿En qué consiste la expansión artificial del crédito?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Son enunciaciones simples pero ciertamente inexactas: ¿qué es una expansión artificial del crédito? ¿Y una natural? ¿Cuál es el nivel a partir del cual podemos estar seguros de que unos tipos son demasiado bajos: el 10, el 5, el 3, el 1,47%? Todo muy bonito, pero también muy inexacto. O al menos eso podría parecer de entrada: vamos a intentar demostrar que no es así.

Nuestro punto de partida debe ser la existencia de diferentes tipos de crédito a muy distintos plazos. Una persona puede prestar su capital a una semana, a 12 meses, a 10 años o a cualquier otro plazo. ¿Cuál es la diferencia, para el prestamista, entre prestar su capital a un día o a 30 años? Pues, básicamente, que en el primer caso lo recuperará en un día y, en el segundo, al cabo de 30 años. La proposición podría parecer una obviedad, pero conviene que tengamos claras sus implicaciones: la persona que ha prestado a un día volverá a ejercer su influencia sobre el mercado (a la hora de decidir qué consumir, en qué invertir, o qué no consumir o en qué no invertir) y podrá utilizar ese capital para readaptarse a cambios imprevistos de su entorno en apenas 24 horas; en cambio, quien ha extendido crédito a 30 años renuncia a su capital y a su capacidad de influir en el mercado (traspasando esa capacidad al prestatario). Fijémonos, además, en que no es lo mismo prestar el capital durante 30 años que prestarlo a 24 horas durante cada uno de los días de los próximos 30 años: en el primer caso, el prestamista no recupera el capital hasta dentro de tres décadas, mientras que en el segundo lo recupera cada día y cada día decide si desea volverlo a prestar, pudiendo en tal caso adaptarse con rapidez a los cambios imprevistos y súbitos de su entorno (si, verbigracia, el negocio de su prestatario se deteriora y su riesgo de impago aumenta, puede escoger extender crédito a otra persona distinta). Como es lógico, pues, el ahorrador exigirá tipos de interés más altos para prestar a 30 años que para prestar a un día, dado que los inconvenientes son mucho mayores.

A su vez, una persona también puede demandar crédito a una semana, a 12 meses, a 10 años o a cualquier otro plazo. ¿Cuál es la diferencia, para el prestatario, entre pedir prestado su capital a un día o hacerlo a 30 años? Pues, básicamente, que en el primer caso estará obligado a devolverlo en un día y, en el segundo, al cabo de 30 años. De nuevo, por tautológica que parezca la proposición, conviene aclarar sus implicaciones: la persona que se ha endeudado a un día apenas tendrá tiempo para recuperar ese capital tras haberlo utilizado en el mercado; la persona que se ha endeudado a 30 años, en cambio, tendrá un amplio margen para devolver el capital que ha recibido prestado rentabilizándolo y ejerciendo su influencia en el mercado. Fijémonos en que no es lo mismo tener que devolver el dinero al cabo de 30 años que estar obligado a devolverlo cada uno de los días durante los próximos 30 años: en el primer caso, el deudor tiene cintura para absorber cambios imprevistos en su entorno, mientras que en el segundo no (si un día se queda sin amasar el capital, entrará en suspensión de pagos). En consecuencia, el prestatario estará dispuesto a abonar tipos de interés más altos por recibir un crédito a 30 años que por recibirlo a un día, pues las ventajas son mucho mayores.

La clarificación y la coincidencia del plazo de los préstamos facilita la coordinación entre ahorradores-prestamistas e inversores-prestatarios: ahorrar y prestar el capital a 30 años significa renunciar a consumir o invertir durante 30 años, justamente el plazo de que disfrutará el inversor que pide prestado el capital para, al cabo de 30 años, generar los suficientes bienes y servicios futuros con los que amortizar el crédito y los correspondientes intereses. En pocas palabras, el ahorrador le dice al inversor: "Dispones de 30 años para fabricar la riqueza que deberás entregarme a la finalización del préstamo", y el inversor actúa en consecuencia.

Sucede que, como hemos explicado, los tipos de interés por los créditos a largo plazo serán normalmente más elevados que los tipos de interés a corto plazo. En jerga financiera, a esta circunstancia se le conoce como curva normal de rendimientos: conforme aumenta el plazo de los préstamos, también se incrementa el tipo de interés necesario para que llegue a darse la transacción. Y aquí es donde comienzan las tentaciones problemáticas.

Si los tipos de interés a corto plazo son más bajos que los tipos de interés a largo plazo, ¿acaso no sale a cuenta tomar dinero prestado a corto plazo (pagando, por ejemplo, un tipo de interés anualizado del 2%) y prestarlo o invertirlo a largo plazo (recibiendo, por ejemplo, un tipo de interés anualizado del 8%)? Sin duda: se trata de una operación muy rentable, pero también muy peligrosa individual y socialmente. Desde un punto de vista individual, una persona que tenga que devolver cada día el capital que ha invertido y que no recuperará hasta dentro de 30 años, caerá casi seguro en suspensión de pagos. Desde un punto de vista social, si los prestamistas-ahorradores sólo renuncian a su capital durante un día (confiando en recuperar su capacidad de influencia sobre el mercado en apenas 24 horas), mientras que los prestatarios-inversores lo han inmovilizado por tres décadas (tardando 30 años en fabricar los bienes y servicios futuros necesarios para devolverles a los ahorradores su capital), es evidente que existirá una descoordinación entre unos y otros: los ahorradores habrán diseñado sus planes de actuación bajo la hipótesis de que recuperarán su capital en un día, mientras que los inversores lo habrán cristalizado durante 30 años.

Huelga decir que si los ahorradores fueran indiferentes entre recuperar su capital en un día o recuperarlo al cabo de 30 años, lo habrían prestado desde un comienzo a 30 años, pues los tipos de interés que hubiesen percibido habrían sido superiores. Además, también hay que tener presente que el problema de fondo no es que haya carestía de dinero, sino de bienes económicos: si los ahorradores desean recuperar su capital en un día para comprar comida y los inversores van a tardar 30 años en producir alimentos, los primeros se morirán de hambre por mucho dinero que imprimamos para permitir a los inversores devolver sus deudas a los ahorradores.

Llegados a este punto, ya estamos en posición de describir qué es eso de expandir el crédito o rebajar los tipos de interés de manera artificial. El crédito se expande artificialmente cuando se canaliza capital que debe devolverse a corto plazo hacia préstamos a largo plazo: no hay ahorro a largo plazo (predisposición del ahorrador a renunciar a su capital durante un largo período de tiempo) que financie los préstamos a largo plazo (la transferencia de un capital durante un largo período de tiempo). O, dicho de otra manera, los tipos de interés a largo plazo se reducirán de manera artificial no porque haya más ahorro a largo plazo, sino porque la oferta de fondos prestables a largo plazo se habrá incrementado a partir de la oferta de fondos prestables a corto plazo. Será esa distorsionada disminución de los tipos de interés y esa manipulada oferta de crédito a largo plazo lo que inducirá a los agentes económicos a sobreendeudarse y malinvertir a mucho mayor plazo del que los ahorradores están dispuestos a esperar, dando como resultado un primer período de prosperidad ficticia (crece el consumo y la inversión gracias a un crédito falsamente elevado) seguido de otro de depresión (colapso económico y financiero como consecuencia de las distorsiones acumuladas durante la prosperidad ficticia).

Los bancos son los agentes económicos que con más asiduidad recurren a este perjudicial descalce de plazos: las deudas de los bancos son depósitos a la vista (plazo de vencimiento a discreción del depositante) o a corto plazo, mientras que sus inversiones son créditos a muy largo plazo (hipotecas a 40 años, préstamos empresariales, créditos al consumo, etc.). Afortunadamente, en un mercado donde la moneda y la banca se desarrollan en libertad y sin privilegios gubernamentales, los bancos no tienen apenas margen para realizar esas peligrosas operaciones, pues tan pronto como sus acreedores dejaran de refinanciarles, caerían en suspensión de pagos. Desgraciadamente, en nuestro mercado ultraintervenido y ultraprivilegiado, una institución estatal llamada banco central tiene el monopolio de la emisión de papel moneda, lo que le permite proporcionar refinanciación barata a los bancos privados que descalzan plazos durante muy dilatados períodos de tiempo (hasta que el sobreendeudamiento y las malas inversiones sociales se saturen y colapsen) y prolongar de manera perversa la duración y devastación de los ciclos económicos.

No sólo es cuestión de deuda

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

…también tiene que ver con una compleja estructura regulatoria y fiscal que lastra la productividad, la apertura de empresas, la creación de empleo, la atracción de capital foráneo y, en definitiva, la capacidad de la economía nacional para crecer con fuerza. No en vano el crédito de que goza cualquier agente a la hora de devolver sus deudas depende tanto de lo que debe como de la posibilidad que tenga de generar ingresos suficientes para atender los pagos.

España está aún en pleno proceso de ajuste para depurar los excesos del pasado. Tras casi cinco años de crisis, el sector privado, pese a los obstáculos impuestos por el Estado, está haciendo bien sus deberes. Las familias y las empresas se han apretado el cinturón y están logrando reducir su abultado apalancamiento a costa de duros sacrificios. La liquidación de sectores no rentables, como el inmobiliario y el de la construcción, ha terminado por tumbar a gran parte del sistema financiero, como era previsible hace ya tiempo, pero al menos ahora se reconoce que ese sector tiene un agudo problema de solvencia. El actual Ejecutivo ha optado erróneamente por nacionalizar las entidades inviables con ayuda de la UE a través de un rescate financiero por importe de hasta 100.000 millones de euros; en lugar de sanear el sistema imponiendo pérdidas a accionistas y acreedores de la banca, la factura la ha cargado a los contribuyentes

La vía emprendida agravará aún más el estado de las cuentas públicas y, por tanto, dificultará el urgente y drástico adelgazamiento de la estructura estatal. Este último punto, englobado también en el ámbito de la deuda, está todavía lejos de resolverse, sobre todo si se tiene en cuenta que la vía adoptada por el PP, la subida de impuestos, es del todo ineficaz y contraproducente. Pero incluso en el caso hipotético de que llegara a culminarse, España tendría aún por delante un reto adicional de grandes dimensiones. Y es que, una vez pasada la resaca, ¿cómo volver a crecer para recolocar a los casi seis millones de parados que se registrarán en 2013? Es decir, ¿cómo crear nueva riqueza y empleo? Hoy por hoy, carecemos de las bases necesarias para tal tarea, por tres motivos fundamentales: ausencia de libertad económica, dificultad para hacer negocios y elevada fiscalidad.

Así, en el último índice de libertad económica del prestigioso Fraser Institute, España ocupa el puesto 54 de un total de 141 países analizados, lejos de casi todos los grandes de la UE. Ocupa la posición 94 en tamaño del sector público, la 42 en seguridad jurídica y derechos de propiedad, y la 101 en regulaciones –ámbitos laboral, empresarial y crediticio–. Por otro lado, en el informe Doing Business 2012 del Banco Mundial ocupamos el puesto 44 en facilidad para hacer negocios, a la altura de Ruanda y Túnez. Si esto es ya de por sí negativo, observar algunos subíndices. Un ejemplo: ocupamos la posición 133 (de un total de 183) en facilidades para abrir una empresa. Si a todo ello se le suma el hecho de que padecemos uno de los niveles impositivos más altos de Europa y de la OCDE, resulta evidente que no existen excesivos motivos para el optimismo. La tarea es, simplemente, ingente, y por el momento no hay visos de que el Gobierno –al igual que sucede en lo relacionado con el ajuste del sector público– esté dispuesto a corregir tales deficiencias.

Olimpiadas: éxito mediático, ruina económica

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

La Olimpiadas de verano han puesto los ojos de todo el planeta en Londres. Sólo la ceremonia de inauguración tuvo 1.000 millones de telespectadores. Y eso sólo fue el aperitivo de lo que ha venido después, conforme avance la competición y se llegue a las finales la audiencia aumentará. Las principales televisiones de todo el mundo están enchufadas las 24 horas a las diferentes disciplinas y las medallas copan las portadas de los periódicos. Las Olimpiadas son, además de un evento mediático de alcance mundial, un privilegiado escaparate para la ciudad anfitriona.

Son muchos los que ahora, viendo el despliegue lamentan que la edición de este año no se hubiese concedido a Madrid, que hace nueve años la solicitó junto a Londres, Nueva York, Moscú y París. Aparentemente todo son beneficios para el país que albergue los juegos. En cuestiones de imagen no hay duda, unas Olimpiadas generan confianza en el organizador y le permiten ofrecer al mundo su mejor cara. Esa es la razón por la que cuando una ciudad decide presentar su candidatura recibe el aplauso generalizado y obtiene multitud de apoyos.

Eso, obviamente, es lo que se ve. Lo que no se ve va por detrás y tiene más que ver con la economía que con el deporte. Intuitivamente se da por hecho que una Olimpiada es un extraordinario negocio. El turismo, los derechos de televisión, el merchandising, los patrocinadores, la venta de entradas al estadio… Todo parece una entrada constante de dinero para e anfitrión que, a cambio, sólo tiene que poner un puñado de instalaciones deportivas y el alojamiento de los atletas.

Derroche desde el primer día 

La realidad, sin embargo no es tan simple. Para que una ciudad llegue a organizar unos Juegos Olímpicos los contribuyentes tienen que empezar a pagar desde mucho antes. La candidatura de Madrid para celebrar los juegos de 2016 -que al final recayeron en Río de Janeiro- le costó al ayuntamiento de la capital y al Gobierno más de 20 millones de euros, a los que hubo que sumar otros 17 millones que aportaron las empresas privadas que se unieron al empeño olímpico.

El millonario desembolso no sirvió para nada, las Olimpiadas volaron al otro lado del Atlántico y los más entregados se quedaron con un palmo de narices. Pero la "ilusión" olímpica no decayó, el ayuntamiento ha vuelto a solicitarlas (por tercera vez consecutiva) con la esperanza de que el COI conceda a Madrid la edición de 2020.

El gasto de la primera fase es sólo el comienzo de la riada de millones que viene después, cuando una ciudad es designada oficialmente como sede olímpica. Los organizadores presupuestan los costes previstos y se ponen manos a la obra. La inversión es de tal calibre que el Estado no basta y tiene que entrar la iniciativa privada a cofinanciar parte de las infraestructuras. Estas empresas, que se convierten en patrocinadores del evento, buscan unir su nombre al de un acontecimiento de escala mundial cargado de nobles valores.

Sobrecostes sistemáticos

El problema principal es que el presupuesto inicial siempre se sobrepasa, generalmente con creces y aumenta de un modo desmesurado en cada nueva edición. Existe algo parecido a un inflacionismo olímpico. En las últimas décadas no se ha dado el caso de que unos juegos hayan costado menos que las anteriores. A modo de botón de muestra, Atlanta 96 costó unos 2.000 millones de dólares, Sydney 2000 casi 5.000 millones y Atenas 2004 entre 15.000 y 30.000 millones.

De Pekín 2008 no se sabe a ciencia cierta por cuánto salió ya que las autoridades chinas aún no han dado cifras, y dado que han pasado cuatro años desde su celebración, no se espera que las faciliten. No obstante, se estima que el coste rondó los 40.000 millones de dólares, es decir, 20 veces más que los juegos de Atlanta.

Los sobrecostes olímpicos se han merecido hasta un estudio de la Universidad de Oxford. Según este estudio, coordinado en la Saïd Business School, en los últimos 50 años los Juegos Olímpicos han tenido, de promedio, una desviación presupuestaria de un 179%. Cincuenta años es mucho tiempo, nos llevaría hasta los juegos de Roma, celebrados allá por 1960, cuando la televisión era todavía una rareza.

El desastre financiero de Montreal ’76

La ilusión olímpica se convierte de este modo en el fiasco olímpico. En Canadá saben bastante de esto. En 1976 se celebró en aquel país la XXI Olimpiada en la ciudad de Montreal. Los juegos, recordados por las gestas gimnásticas de la atleta rumana de 14 años Nadia Comanecci, fueron una ruina sin paliativos. La ciudad quedó empeñada hasta las cejas. Los 1.600 millones de deuda que ocasionó el evento no se terminaron de pagar hasta 2006, 30 años después, cuando Comanecci era ya una respetable señora de 44 años dedicada al comentar los certámenes de gimnasia por televisión.

El flamante estadio olímpico de Montreal -que había costado el doble de lo presupuestado- fue reconvertido en un campo de béisbol porque nadie más lo quería. La factura de los juegos la terminaron pagando los contribuyentes canadienses que, curiosamente, ya habían pagado previamente la organización. El Gobierno de Quebec llegó a crear una tasa especial sobre el tabaco para ir devolviendo lo que debía. Caprichos de la historia olímpica, los juegos de Montreal los terminaron pagando los fumadores canadienses.

Atenas 2004, antesala de la quiebra

Los desastres financieros no acabaron en Montreal, aunque sí fue a partir de entonces cuando las ciudades anfitrionas empezaron a mirar con más cuidado los números y a implicar de un modo decidido a las empresas privadas. La historia de Montreal, sin embargo, terminaría repitiéndose en 2004, con ocasión de las Olimpiadas de Atenas. Hay, de hecho, multitud de analistas que incluyen a los juegos de 2004 entre las causas del deplorable estado que hoy presentan las cuentas del Gobierno heleno.

Los griegos gastaron el doble de lo que tenían previsto en la organización, sólo en seguridad se fueron más de 1.000 millones de dólares, una cantidad inaudita solo unos años antes, pero explicable por ser las de Atenas las primeras Olimpiadas tras el 11-S. Hoy la mayor parte de las instalaciones donde se celebraron los juegos atenienses están abandonadas. El coste de su mantenimiento es tan alto que ni el municipio de Atenas ni el Gobierno griego puede permitirse el lujo de destinar un solo euro a su conservación y uso.

Lo que está costando Londres 2012

Aunque nos encontremos aún envueltos en la "magia olímpica" y casi nadie se fije en estas cosas en el Reino Unido ya han saltado las primeras alarmas. El país está muy endeudado y arrastra un déficit del 8%, el Gobierno de Cameron gastó el año pasado 144.000 millones de euros más de los que ingresó, y nada invita a pensar que el ritmo de endeudamiento decaiga.

Los costes de Londres 2012 se han disparado hasta el infinito. De los 3.800 millones de dólares presupuestados inicialmente se ha ido, según la prensa británica, a los 38.000 millones. Sólo en seguridad el coste se ha cuadruplicado pasando de 361 millones de dólares planificados originalmente a 1.200 millones. Las instalaciones han costado auténticas fortunas. El estadio olímpico 850 millones de dólares, el centro de deportes acuáticos 426 millones y el velódromo 166 millones.

Si para una economía en forma semejante tren de gasto supone un desafío, para una que atraviesa una profunda crisis como la británica es un presagio de mayores problemas. Cada libra que el Estado y los patrocinadores han vertido sobre un evento que dura quince días es una libra retirada de la economía productiva, y más cuando buena parte de esas libras son simple endeudamiento. El "sueño" olímpico podría convertirse, una vez más, en pesadilla olímpica.