Ir al contenido principal

‘Fraude’ y ‘Sobredosis’

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Este documental, de producción española, aspira a convertirse en un referente internacional gracias a su diáfano y acertado diagnóstico sobre la crisis financiera mundial.

Inspirado en las enseñanzas del profesor Jesús Huerta de Soto y en la teoría del ciclo de la Escuela Austríaca de Economía, dicho documento recorre uno a uno los principales factores que han terminado desembocando en la mayor crisis desde la Gran Depresión de los años 30, así como los enormes errores cometidos por los reguladores y autoridades públicas durante esta dura y larga travesía. Su conclusión es clara: a diferencia de lo que se dice habitualmente en medios de comunicación y esferas políticas de toda índole y condición, la denominada "Gran Recesión no ha sido culpa del libre mercado. Por contra, su causa debe buscarse en la profunda intervención del Estado y los bancos centrales en la economía, provocando, de manera fraudulenta, ciclos recurrentes de expansión artificial, burbuja y recesión económica que terminan pagando todos los ciudadanos". Ésta y no otra es la verdad de la crisis.

Por desgracia, este discurso políticamente incorrecto no es, precisamente, el que impera entre la opinión pública. Muy al contrario, el capitalismo, la supuesta desregulación y el siempre denostado libre mercado se han convertido, una vez más, en los chivos expiatorios de la actual situación, ocultando de este modo el rostro de los auténticos culpables. A saber, políticos, banqueros centrales y una errónea regulación financiera que propicia el crecimiento desaforado del crédito sin necesidad de estar respaldado por ahorro real.

Es la reserva fraccionaria, no la desregulación, la que expande el crédito para formar burbujas que, tarde o temprano, acaban estallando; es la banca central, gracias a sus bajos tipos de interés y a su papel de prestamista de última instancia, la que alimenta y dispara el desajuste entre la inversión y el ahorro, lanzando señales equívocas que conducen irremediablemente a cometer grandes errores empresariales al conjunto de los agentes; y son las autoridades políticas, no los especuladores, las que permiten –y siguen permitiendo– este esquizofrénico ciclo de auge y recesión que azota a las economías desde hace más de un siglo. En definitiva, es el intervencionismo –bancario, monetario y económico–, no el libre mercado el auténtico y único responsable de los males que aquejan hoy día a millones de personas.

Pese a ello, el ínclito Paul Krugman, el Nobel que recomendaba a Greenspan crear una gran burbuja inmobiliaria en 2001 para salir de la recesión que entonces amenazaba a EEUU –tras el estallido de las puntocom–, sigue gozando de prestigio y credibilidad a día de hoy entre numerosos analistas y políticos. Error, gran error. Todos aquellos que quieran comprender la realidad de la crisis de una forma sencilla y visual ya disponen, al menos, de dos grandes documentales: Fraude y Sobredosis.

Un rescate con más oscuros que claros

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Mi propósito, como fácilmente puede comprobarse, no era otro que el de abrir un debate sobre la conveniencia de que la banca española no sea rescatada a costa de un contribuyente –que ya carga a sus espaldas con una billonada de deuda pública y privada– sino a expensas del acreedor que se equivocó al invertir su dinero en entidades hoy insolventes. La ventaja de la capitalización de deuda, o bail-in, es que evita la liquidación desordenada de las entidades financieras y permite que éstas subsistan en su forma actual, cargando las pérdidas a los malos inversores.

Afortunadamente, diría que el debate está más vivo que nunca, tal como acredita el hecho de que Hans-Werner Sinn, presidente del prestigioso instituto alemán IFO, se haya sumado explícitamente a la propuesta del bail-in. Que incluso desde Alemania, nuestro principal acreedor exterior y, por tanto, uno de los países que más sufriría una capitalización de deuda, abracen esta alternativa como la más saludable de las posibles, sólo puede ser recibido con una moderada y cautelosa esperanza.

Pero regresemos a la crítica que Don Juan Velarde ha efectuado sobre mi artículo. Tres son las peticiones de principio que don Juan me afea: la primera, mi impropia comparación entre el rescate a la banca y los planes de despilfarro tipo Plan E; segunda, mi presunción de que gran parte del rescate terminará acarreando pérdidas tanto para el Estado como para, en última instancia, el contribuyente; y tercero, mi apresurada aseveración de que el préstamo de Bruselas, instrumentado a través del Tesoro, condena a nuestro sector público a la insolvencia. Voy a intentar aclarar estos tres extremos.

En cuanto a mi equiparación entre los estímulos de demanda y el rescate de la banca, es verdad que en apariencia no tienen demasiado que ver. El despilfarro público se articula mediante gastos, corrientes o inversiones, cuyo único propósito es el de generar actividad "sea como sea" para mantener a parte de los trabajadores empleados; en cambio, el rescate de la banca se instrumenta mediante un préstamo que, por un lado, tiene que repagarse en el futuro y, por otro, está garantizado por los activos de las entidades financieras.

Sin embargo, a la hora de la verdad puede que ambas políticas no se diferencien tanto como podría parecer: el préstamo privilegiado a la banca no es más que una inversión pública que el Gobierno espera que le proporcione retornos positivos… exactamente del mismo modo en que espera que se los proporcione un programa de gasto público dirigido a estabilizar la demanda, a que las economías se relancen y a que no se desplomen los ingresos tributarios. Por supuesto, lo segundo es una fantasía keynesiana empíricamente incomprobable y teóricamente falaz, mientras que lo primero es una operación cuyas pérdidas y ganancias contables sí podemos calcular en el futuro, pero desde el punto de vista del político intervencionista, ambas decisiones son análogas: lo que se intenta es minimizar los en parte imprescindibles reajustes propios de toda crisis económica, cargando los errores ajenos a las espaldas de todos los contribuyentes.

Justamente, ése es el contexto en el que enmarco el artículo y en el que debe leerse mi analogía: seguimos insertos en un pensamiento burbuja donde se ha tratado de contrarrestar la parálisis crediticia del sector privado con un sobreendeudamiento público para rescatar a todo aquel damnificado por la sequía crediticia (trabajadores en paro, bancos quebrados por acumulación de morosidad, promotores que acumulan stocks de viviendas invendidos, etc.). Huida hacia adelante que obvia que no estamos en disposición de seguir endeudándonos a ritmos expansivos sino que, por primera vez en varias décadas, debemos proceder a desapalancarnos.

Por lo que se refiere a mi pesimismo acerca de las pérdidas del salvamento bancario para el Tesoro, mi postura se basa tanto en consideraciones teóricas como históricas. En cuanto a la teoría, una mera identidad contable: las pérdidas del activo (derivadas en este caso de la morosidad) se han de trasladar forzosamente al pasivo. Si la parte más debilitada del sistema financiero español, que es la que necesita del rescate, no es capaz de absorber con su pasivo actual las pérdidas de su activo, muy probablemente sean los contribuyentes quienes las soporten. Temor que no hace más que acrecentarse cuando descubrimos que ningún inversor privado, ni nacional ni extranjero, se muestra dispuesto a pujar por nuestras peores entidades a menos que el Estado le otorgue un esquema de protección de activos tan gravoso para el contribuyente que ni siquiera nuestros mandatarios se atreven a proponerlo.

En cuanto a las consideraciones históricas, lo cierto es que los procesos de recapitalización estatal de los bancos suelen ser bastante costosos para el contribuyente. Sin ir más lejos, el profesor Velarde cita el trabajo de Álvaro Cuervo, quien estimó que la crisis bancaria de finales de los 70 y principios de los 80 le costó al erario más de un billón de pesetas de entonces: el equivalente al 4% del PIB. Si tenemos en cuenta que la crisis bancaria actual es mucho más grave, no resulta inverosímil especular sobre unas posibles pérdidas cercanas al 8%-10% del PIB, es decir, entre 80.000 y 100.000 millones de euros, que es la práctica totalidad del importe prestado por Bruselas.

Por último, Don Juan Velarde también ve injustificado que asuma sin más que diez puntos adicionales de deuda pública conducen irreversiblemente a la insolvencia del Reino de España, cuando otros países vecinos, como Alemania, tienen unos pasivos gubernamentales superiores sin que ello socave su posición. Sin embargo, tan importante como la cantidad de deuda es la calidad de esa deuda, es decir, la capacidad para continuar pagándola merced a la riqueza nacional anualmente generada y apropiada por el Gobierno. No deberíamos obviar que España tiene un déficit público enquistado en torno al 7% del PIB, lo que significa que en dos años podemos llegar al 100% de deuda sobre PIB. ¿Se habrá solventado para entonces nuestro agujero presupuestario? Sin medidas más audaces por parte del Gobierno, es muy dudoso. Eso es lo que valora el especulador que decide no comprar nuestra deuda: no si ahora no estamos del todo mal, sino si lo vamos a estar en un futuro verosímil.

Y precisamente por ello, el problema de solvencia de España afecta al conjunto de la economía. En esto no existen diferencias categóricas entre sectores: lo que se valora es la solvencia del conjunto del sistema, donde participan gobiernos, empresas y familias. Un sector privado poco endeudado puede estar abocado a la quiebra si padece un sector público hiperendeudado que amenaza con devaluar su divisa (Grecia); y un público poco endeudado puede estar quebrado si la base de su recaudación es un sector privado hiperendeudado y con escaso margen para generar riqueza. De hecho, no olvidemos que muchos defaults soberanos se han producido con niveles de deuda pública aparentemente reducidos: por citar dos casos recientes, Rusia suspendió pagos en 1998 con un 66% de deuda pública sobre el PIB y Argentina en 2001 con un 47%. Por consiguiente, España no se encuentra ni mucho menos inmunizada contra una reestructuración de su deuda pública, sobre todo si, en el contexto actual, le añadimos de golpe y porrazo 100.000 millones adicionales para reflotar a la banca.

Con todo, lo mollar de las anteriores reflexiones es resaltar lo que, a mi juicio, supone el gran error del modo en que se está tratando de atajar la crisis actual: solucionar los problemas derivados de un exceso de endeudamiento mediante dosis adicionales de endeudamiento que arrastren hasta la insolvencia a aquellos pocos agentes económicos que todavía seguían siendo confiables en la economía. La capitalización de deuda, o el bail-in, posee precisamente la virtud de revertir esta tendencia: saneamos a la banca al tiempo que nos desapalancamos. Sólo por ello, y porque no traslada las pérdidas privadas a los lomos de los contribuyentes, ya merece ser tenida en cuenta.

Pero, en efecto, coincido con el profesor Velarde en que el cambio de mentalidad que hace falta en nuestras sociedades es mucho más amplio: austeridad pública de verdad centrada en el gasto, aumento del ahorro familiar y empresarial, liberalizaciones privadas mucho más intensas y reestructuraciones sensatas de aquella deuda impagable.

Al borde del colapso por los errores de Rajoy

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El principal responsable de esta situación es Mariano Rajoy, quien en lugar de cambiar el rumbo de la política económica tras su llegada a Moncloa hace seis meses, ha agravado la situación manteniendo una línea continuista y cometiendo enormes errores en la consecución del equilibrio presupuestario, las medidas para reactivar el crecimiento y la reestructuración de la banca.

El primer error garrafal llegó cuando el presidente mandó a Soraya Sáenz de Santamaría a anunciar el 30 de diciembre de 2011 una brutal subida de impuestos para reducir el déficit. La subida del IRPF fue tan fuerte que nos colocó a la cabeza de la represión fiscal en Europa, desincentivando enormemente el esfuerzo adicional de nuestros trabajadores más competitivos, que era una de las claves en las que confiar la recuperación. Junto al mazazo de la renta vino el subidón en el impuesto sobre el ahorro y la inversión, que el gobierno situó en el 27%, espantando a ahorradores e inversores, nacionales y extranjeros. La alternativa a este intento de tapar el déficit asfixiando a las personas que aún producían valor era plantearle a la ciudadanía que había funciones de las que hasta ahora se ocupaba el Estado que no eran fundamentales que serían traspasadas a la sociedad civil. Todo el mundo hubiera entendido ese recorte vertical con podadora. Sin embargo, Rajoy se empeñó en prometer que el Estado seguiría desarrollando todas sus funciones actuales y que el equilibrio se lograría combinando recortes horizontales con tijerillas de uña y enormes vueltas de tuerca impositivas.

Para reactivar el crecimiento el Gobierno se limitó a realizar una reforma laboral que, si bien iba en la dirección correcta, no permitió el descuelgue automático de los convenios colectivos, el gran generador de rigideces en nuestro mercado de trabajo. Más allá de este intento de llevarse bien con ángeles y demonios, el Gobierno confió el crecimiento económico a las ventanillas de redescuento del Banco Central Europeo y a la labor de unos emprendedores que no necesitan más subvenciones del ICO sino menos trabas para lanzar y desarrollar sus ideas de negocio. Alternativamente, el Gobierno debió acometer, además de una reforma laboral más ambiciosa, una verdadera poda de restricciones a la creación y al funcionamiento de las empresas que protegen a grupos privilegiados, una reducción de tasas e impuestos a la inversión y una liberalización completa pero sencilla y rápida de mercados tan variados como el educativo y el energético. España no crecerá si no genera valor a ojos de los demandantes del mercado global y eso no sucederá hasta que mejoremos nuestra competitividad.

Por último, al Gobierno le quedaba reestructurar el sector financiero y evitar una liquidación desordenada de bancos y cajas insolventes. Aquí el Ejecutivo optó también por el continuismo, elevando poco a poco las exigencias de fondos propios y esperando a ver si las numerosas entidades zombies del sector financiero lograban recapitalizarse soltando lastre al tiempo que seguían financiando al Estado y usando los bonos como colateral para obtener nuevos préstamos del BCE con los que nuevamente comprar bonos. La esperanza parecía estar puesta en que mientras tanto se presentara el Ángel de la Guarda a darle más valor a los activos tóxicos. Así llegó el día en el que la contabilidad creativa de algunos bancos no dio para más y el Gobierno se vio en la necesidad de rescatarles. Sin embargo, el Estado no tenía recursos para hacerlo, por lo que pidió a la Unión Europea que le rescate para él poder rescatar al sector financiero.

En esencia, el rescate anunciado el sábado pasado consiste en que Alemania y otros países le prestan a España el crédito y la liquidez que nuestro país ya no tiene. Esa liquidez sería inyectada en los bancos con problemas para dotarles de un capital con el que reestructurar la entidad. De este modo se evitaría una quiebra desordenada. Sin embargo, de nada sirve la liquidez europea si no se ha solucionado el problema del crecimiento ni el del gasto público. España debe ahora más dinero por un préstamo recibido en buenas condiciones –pero cuya devolución requiere de una mejoría de la economía– para rescatar a una banca que a su vez está rescatando al Estado. En otras palabras, hemos intentado solucionar un problema de hiperendeudamiento tirando de más deuda sin tener claro cómo vamos a devolver ese préstamo ni todo lo que nos han prestado antes.

La alternativa era llevar a cabo una reestructuración del sistema financiero al estilo de las que se realizan en el resto de los sectores empresariales: en lugar de rescatarlas desde fuera, hacerlo desde dentro y así no incrementar la losa de la deuda.

El Gobierno podía haber exigido un canje de bonos y deuda de alto riesgo por acciones. Así, parte de la deuda de los acreedores de las instituciones financieras que están al borde de la quiebra se hubiera hubiera convertido en fondos propios de la entidad, saneando el balance sin afectar negativamente a la deuda pública ni al ráting y dejando a las instituciones en condiciones de reanudar sus labores crediticias.

Apenas cuatro días después del no-rescate que desató la euforia entre los prestidigitadores de palacio, las agencias crediticias rebajan la calificación del Reino de España a un paso del bono basura y el rendimiento del bono toca el insoportable nivel del 7%, con un diferencial de 550 puntos básicos frente al bono alemán. Tras el no-rescate, que según De Guindos no era más que una generosa ayuda por la que debíamos dar botes de alegría y aplaudir con las orejas, España se encuentra al borde del colapso financiero, una situación que no puede entenderse sin los errores de Rajoy y su equipo. La nota positiva en medio de este oscuro panorama es que quizá aún estemos a tiempo de recapitalizar la banca con cargo a sus propios medios, liberalizar de un plumazo gran parte de la economía y recortar verticalmente el gasto público en un gran ejercicio de rediseño del Estado. Eso o la quiebra. Rajoy elige.

Mariano, por lo que más quieras, ¡deja de gastar ya!

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

A día de hoy por cada cien euros que el Gobierno de Mariano Rajoy pida en el extranjero tendrá que devolver 107. Este es, traducido a euros contantes y sonantes de los que cualquier hijo de vecino entiende, el coste del desaforado gasto de un aparato estatal insostenible. Y podría ser peor, podríamos tener que pagar un interés del 10%, del 15% o del 18%, como le sucede a otros Gobiernos manirrotos que será mejor no nombrar por aquello de no mentar a la bicha.

Si todo sigue como hasta ahora, si el Estado sigue devorando la mitad de la menguante riqueza nacional, lo más probable es que, a lo largo de los próximos meses por cada cien euros pedidos fuera tengamos que devolver 110, 115 o 120. Y digo tengamos porque el Gobierno pide en nuestro nombre y poniéndonos a nosotros, los magullados contribuyentes españoles, como garantía del préstamo.

Ante una situación semejante solo caben dos actitudes. La primera –y la más previsible– es que el Gobierno siga a lo suyo hasta que el barco termine de hundirse. Luego la culpa será del BCE, que no depreció la moneda lo suficiente para diluir nuestra monstruosa deuda; de Merkel, que no terminó de saquear a sus contribuyentes para salvar el trasero a los políticos españoles; de los malvados mercados al servicio de la familia Rothschild, o del sursuncorda. En ese momento ya dará todo igual. El grifo se habrá cerrado y lo que venga después, tras la bancarrota, sólo Dios lo sabe.

La otra posibilidad es que Mariano Rajoy de un golpe en la mesa y demuestre que sus muchos años consagrado al estudio del Derecho sirvieron para algo. No se puede gastar lo que no se tiene. No se puede vivir eternamente de prestado. No se puede amortizar deuda con nuevos préstamos. No se puede secar la capacidad productiva de un país mediante exacciones fiscales confiscatorias. No se puede, en definitiva, vivir en Babia a espaldas de la realidad pensando que una aspirina puede curar una neumonía en estado avanzado. Mariano, por lo que más quieras, deja de gastar ya, mañana será tarde.

La demonización del otro

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

El pasado domingo, Carlos Rodríguez Braun publicaba un artículo en La Razón titulado Empobrecer al vecino, en el que explicaba cómo las políticas nacionales que tratan de mejorar la situación de uno empeorando la de otro son perjudiciales. Rodríguez Braun aportaba diferentes argumentos para señalar lo nocivo de estas medidas de corte tan mercantilista. En primer lugar, las limitaciones comerciales benefician a unos pocos a costa de la mayoría de la población. En ese sentido, los grandes perjudicados de las políticas comerciales intervencionistas son los consumidores, es decir, la población en general. Por otro lado, generan una distorsión en la atribución de responsabilidades, lo que resulta muy atractivo ya que los políticos aparecen como salvadores y se señala un culpable extranjero en quien la población puede descargar su frustración.

Estos argumentos tan claros y lúcidos pueden aplicarse, no solamente a empresas o países, sino también a los agentes económicos: a los individuos. Por desgracia, estas reflexiones son de plena actualidad. Una de las aficiones de las sociedades, fruto del mito del Estado del Bienestar, consiste en demonizar al de al lado y tratar de mejorar a costa de los demás. Esa, según Ayn Rand, era la diferencia entre el socialismo y el capitalismo. El socialismo incentiva a los individuos a vivir a costa de los demás. El capitalismo incentiva a los participantes en el mercado a competir entre sí como medio de superar a los demás. Y, exactamente como describe el profesor Rodríguez Braun, el privilegio de unos pocos provoca el empobrecimiento de muchos, los contribuyentes.

Un ejemplo lo tenemos en la reacción de mucha gente cuando se expone la solución propuesta por el Instituto Juan de Mariana al caso de Bankia: la conversión forzosa de parte de las obligaciones en acciones. De esta manera, la deuda pasaría a ser propiedad y serían aquellos acreedores que se fiaron de Bankia y se involucraron más intensamente en su financiación sobre los que recaería el peso de remontar la situación, y no sobre los contribuyentes. Ante esa solución, una de las pegas más comunes consiste en explicar que muchos pensionistas tienen en sus fondos de pensiones obligaciones de Bankia y, acto seguido, añaden que muchos otros compraron convertibles engañados. En primer lugar, son cosas diferentes. El engaño hay que denunciarlo, y no es una característica del capitalismo o de la economía liberal. Es propio de la naturaleza humana: por eso existen leyes que protegen del engaño. Pero el argumento del fondo de pensiones es muy resbaladizo y populista. Es decir, es de los que la gente común se traga fácilmente. Uno se imagina a la pobre abuela que no tiene necesidad de saber los intringulis del mundo financiero y se fía de su caja de ahorros, posiblemente la misma de siempre, en la que le abrió la cartilla al nieto, en la que estaba su nómina. Y, claro, pensar en que esa señora va a perder su pensión nos indigna a todos. A los liberales, a los libertarios, a los capitalistas también. Sobre todo porque la frase con la que te atacan es "¿te parece justo que esa señora pierda su pensión mientras Rato, Blesa, Fernández Ordóñez y los demás se van de rositas?". No me parece justo que los responsables de un delito se vayan de rositas, ni en el caso Bankia ni en ningún otro.

Pero, empleando su lógica, lo que se está diciendo es que lo justo es que una madre soltera que trabaja, que no ha tenido oportunidad de formarse mucho, que mantiene a su hijo de meses, que paga sus impuestos y apenas llega a fin de mes pague el roto que han dejado entre unos y otros en una caja de ahorros con la que ella no tiene nada que ver. ¿Es justo que esa pobre mujer pague?

Para empezar, en el caso de la abuelita, es muy probable que el fondo esté diversificado con lo cual no perdería el valor de todo, y además la propuesta es convertir obligatoriamente sólo parte de las obligaciones, así que el efecto final sería muy pequeño. Y, por otro lado, no se sabe quiénes son los poseedores de obligaciones, pero muchas de ellas están en manos de bancos extranjeros y fondos de inversión de bancos españoles. El caso de la viejecita, como el de la madre soltera, es muy restringido.

Pero, lo peor es el mensaje: no importa dónde ponga usted su dinero, si pierde, ya se lo pagan el resto de los españoles. Es decir, se incentivan las malas inversiones y no las buenas.

No estaría de más plantearse cuál es la causa real de todo el problema de Bankia: la intervención directa del poder político en el sistema financiero. ¿Alguien ha propuesto que se acabe con ello? No, se ha pedido más Estado. Pues eso es lo que, por desgracia, vamos a tener.

Nuestra maldición fiscal

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Nunca antes en ningún momento de la Historia se habían pagado tantos impuestos como ahora. El europeo medio trabaja, de promedio, la mitad del año para alimentar los cuantiosos y crecientes dispendios del leviatán estatal. A cambio, recibe algunos servicios que, o no demanda en absoluto, o sí demanda pero procura satisfacerlos en otra parte. Así nos encontramos con una paradoja. El grueso de los que mantienen vía impuestos el monstruito no recibe nada o casi nada, y, lo que es mejor, tampoco lo busca.

El sistema se basa en eso mismo. Los más productivos, los que más se esfuerzan durante más tiempo financian un aparato gigantesco que redistribuye cantidades masivas de renta hacia los menos productivos y los que menos se esfuerzan. Entre medias se queda buena parte de esa riqueza con objeto de lubricar el funcionamiento del propio monstruito. Nos encontramos, pues, ante un incentivo perverso cuyo corolario final es la quiebra del sistema, después de que se haya esquilmado concienzudamente a todos y cada uno de los yacimientos de riqueza que un país tiene.

Los impuestos, que en una pequeña cuantía (nunca superior al 5% de los ingresos anuales de un individuo o una empresa) son necesarios, se convierten de esta manera en una maldición que condena a toda la sociedad a un colapso seguro. Primero porque incentiva malos hábitos, convirtiendo a buena parte de la sociedad en cliente del redistribuidor, es decir, del político. Y segundo porque desincentiva la generación de riqueza. Nadie en su sano juicio emprende un proyecto productivo en un lugar con altos impuestos pudiéndolo hacer en uno que los tenga bajos.

La disyuntiva es clara. O bajos impuestos que traerán desarrollo y prosperidad o altos impuestos y su reguero de servidumbre y miseria. Nosotros elegimos.

Distinto perro con el mismo collar

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Afirmar que sí lo ha hecho, como hace el Ministro de Economía, es tomar el pelo a los españoles y, lo que quizá sea peor aún en esta coyuntura, a nuestros acreedores. El gobierno del PP debería dedicar menos tiempo a la búsqueda de excusas vacías de contenido para quitarse responsabilidades en caso de rescate y más energía en poner en marcha las medidas que realmente pueden salvar a España.

Al gobierno se le agota el tiempo de descuento para dar un giro a su política económica y no parece dispuesto a tal cosa. La idea de elevar los impuestos y recortar el gasto de manera más o menos horizontal, manteniendo casi todos los programas, ministerios y agencias públicas es un disparate. En el año 2010 el gasto de las Administraciones Públicas prácticamente duplicó el del año 2000. El peso del gasto sobre el número cada vez menor de contribuyentes es asfixiante. El Ejecutivo debió recortar verticalmente el gasto público. Me explico. En lugar de mantener el elefantiásico Estado, debió devolver a la sociedad civil buena parte de los servicios que el mercado puede proveer en iguales o mejores condiciones que el sector público. Así el gobierno de Rajoy pudo haber equilibrado el presupuesto sin subidas impositivas.

Es más, de esta manera el Ejecutivo pudo incluso haber bajado los impuestos animando a la ciudadanía a realizar un esfuerzo adicional y a ahorrar para recapitalizar los proyectos de inversión viables. Lamentablemente Montoro y sus compañeros de Consejo de Ministros hicieron justo lo contrario: desincentivaron el esfuerzo adicional elevando los tipos marginales del impuesto sobre la renta y ahuyentaron el ahorro subiendo sustancialmente el impuesto sobre las rentas del ahorro y del capital. Pero lo peor es que posiblemente quienes ahora se ven obligados a pagar el déficit del Estado y los agujeros dejados por la banca son precisamente aquellas personas que mejor se comportaron durante los años de la burbuja, negándose a sobreendeudarse y ahorrando para poder permitirse un futuro mejor con el fruto de su trabajo.

El efecto previsible en los próximos meses es lo que en el mundo de los seguros se conoce como el fenómeno de la selección adversa. Imaginemos que juntamos a grupos de riesgo muy distintos y les aplicamos primas muy similares para asegurarlos frente a accidentes. Cuando llegue el día de renovar la prima, los asegurados más precavidos se darán cuenta de que lo que están pagando es desproporcionado y de que en realidad están siendo obligados a costear las imprudencias de otras personas de las que ellos no son responsables. Estos clientes más prudentes empezarán a dar de baja su póliza de seguro y se alejarán de este sistema de protección. Ahora los clientes que permanezcan asegurados tendrán un riesgo medio superior y cuando la compañía de seguro se de cuenta de esta circunstancia se verá en la necesidad de subir la prima. Pero entonces un nuevo grupo de clientes, los más precavidos después de aquellos que ya se fueron, tomarán la decisión de marcharse y la historia se volverá a repetir. Esta espiral acaba normalmente en el colapso de la aseguradora.

Como decía, algo similar puede suceder en el conjunto de la sociedad. A medida que los españoles productivos y ahorradores realicen su declaración de la renta se irán dando cuenta de que están pagando los platos rotos de particulares y políticos que arriesgaron mucho más que ellos. Cada vez más ciudadanos tomarán la decisión de sacar su dinero del banco o de irse de España a países más paradisiacos y menos infernales en materia fiscal. La salida de estas personas ahorradoras y productivas elevará el riesgo de suspensión de pagos y hará necesario "asegurar" a quienes se quedan en España con impuestos más altos. Pronto otra capa de la población se dará cuenta de que paga demasiado por arreglar un problema del que no son los principales responsables y seguirán el camino de quienes dejaron el sistema anteriormente. Esta dinámica acabará en una auténtica tragedia griega, con gran parte de la población retirando sus ahorros del banco y buscando países menos opresivos fiscalmente que el nuestro.

Para evitar la debacle a la que llegará España si seguimos avanzando por esta senda, el gobierno debe obligar a quienes se arriesgaron dando préstamos a la banca a recapitalizarla convirtiendo sus títulos de deuda en acciones. Sólo así el crédito volverá a fluir hacia los proyectos privados de inversión. Además, en lugar de subir los impuestos el Ejecutivo debería realizar una profunda reducción de programas de gasto público, cediendo y vendiendo a la sociedad civil todo aquello que pueda. Montoro por su lado debería anunciar una fuerte bajada de impuestos y al mismo tiempo De Guindos y Soria deberían aprobar un amplio paquete de liberalización en sectores tales como el eléctrico, el industrial, el comercial y el urbanístico. Llevar a cabo todas estas medidas está en la mano del gobierno. Lo que ha hecho hasta ahora es continuar con la misma política keynesiana del gobierno anterior: distinto perro con el mismo collar.

Ron Paul, el ejemplo a seguir

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

…y, en el peor de los casos, que la delicada situación que padecen muchos individuos acabe generando un campo de cultivo idóneo para el auge del populismo más abyecto y el extremismo ideológico más aberrante y peligroso. No hay que irse muy lejos, en esta tesitura se encuentra hoy la zona euro.

Europa acaba de situar el dedo en el gatillo. En dos elecciones cruciales para el futuro de la Unión Europea, franceses y griegos votaron el domingo por más crisis, una lenta y más tardía recuperación e, incluso, por abandonar directamente el euro. Por un lado, la elección de Hollande como nuevo presidente de Francia aleja la posibilidad de mantener una posición firme y sólida, junto a Alemania, en favor de la imprescindible austeridad pública. No en vano, elZapatero galo pretende, ilusoriamente, combatir la crisis europea a golpe de talonario público, eurobonos y monetización directa de deuda pública por parte del Banco Central Europeo (BCE). O dicho de otro modo, que los países del norte paguen la factura íntegra de los desaguisados del sur. Ni reformas estructurales, ni mayor libertad económica ni menor Estado sino todo lo contrario: más impuestos, más gasto y mayor intervención pública en una economía continental asfixiada ya por la burocracia administrativa.

El caso de Grecia va mucho más lejos. Los helenos están ya en otra fase, pues, una vez salvados de la quiebra soberana –por dos ocasiones–, rechazan de plano las condiciones del rescate aceptadas hace apenas unos meses. Ahora, las formaciones surgidas de las urnas aspiran, como mínimo, a suavizar la aplicación de las reformas y los recortes públicos y, como máximo, a saltarse por los aires todo lo pactado abandonando la moneda única. Y mucho cuidado porque este último punto no sólo es defendido por los comunistas y los nazis griegos, ya que también cuenta con el apoyo de los nacional-estatistas galos de Jean-Marie Le Pen, cuyo peso político se ha disparado en Francia.

El auge de movimientos comunistas, nacional-socialistas y cuasifascistas parecía hasta hace poco un fenómeno desterrado de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, pero la mayor crisis de los últimos 80 años está impulsando el resurgimiento de ideologías totalitarias y/o autoritarias en el seno mismo del continente. No es algo nuevo. En el primer cuarto del siglo XX, la guerra y el hambre allanaron el camino de la revolución marxista en la Rusia de los zares, mientras que la hiperinflación germana de los años 20 en la República de Weimar fue la espita indispensable que posibilitó la posterior conquista del poder por parte de Hitler en las urnas. Hoy por hoy, esto es impensable en la UE, pero el hecho de que partidos de similar naturaleza estén cosechando relativos éxitos electorales en países como Francia o Grecia, entre otros, no deja de ser un motivo de honda preocupación y espanto para el futuro del continente.

Pero, independientemente de este tipo de fenómenos, la cuestión clave es que la mayoría de franceses y griegos han rechazado la austeridad que pretende imponer Merkel, abogando así por más estado y menos mercado. Francia desea construir un superestado europeo socialista a su imagen y semejanza, alejado pues de la ortodoxia monetaria del Bundesbank alemán, mientras que Grecia amenaza con salirse del euro, lo cual condenaría a sus habitantes al corralito financiero, una elevada inflación y un prolongado calvario económico bajo el yugo de su casta política.

La pregunta, por tanto, es: ¿hay alternativa? Y la respuesta es sí, sólo que Europa al igual que España, está huérfana de políticas opuestas al estatismo reinante. La mayoría de formaciones que gobiernan en los estados miembros de la zona euro, si bien se dividen en socialistas y conservadores, mantienen un nexo común: el colectivismo en mayor o menor grado. Estados Unidos no es ajeno a este fenómeno, con Obama a la cabeza y un Partido Republicano enfrente como fervientes defensores del poder de Washington.

Sin embargo, algo inédito está aconteciendo al otro lado del Charco. El denominado Tea Party supuso un revulsivo para la clase política norteamericana en plena tormenta financiera, tras la quiebra de Lehman Brothers y el posterior rescate público de la banca, hasta el punto de que el precandidato republicano Ron Paul ha cosechado importantes e inesperados éxitos durante su campaña para aspirar a la Casa Blanca. Paul es un político puramente liberal, amante del libre mercado y la globalización, defensor de un estado mínimo y contrario a la banca central –culpable de la actual crisis internacional–. Paul es el mayor exponente de la denominada Vieja Derecha estadounidense (Old Right, en inglés), una escisión dentro del Partido Republicano cuyo origen se remonta a la Gran Depresión de los años 20, y que ya entonces se opuso de forma rotunda al New Deal de Roosevelt y al intervencionismo militar al tiempo que defendía la ortodoxia monetaria (patrón oro), el libre comercio y la mayor libertad económica posible.

Entre los miembros de este partido destacan grandes académicos de la Escuela Austríaca, tales comoMurray Rothbard y Lew Rockwel. La Vieja Derecha es, en esencia, la continuación en EEUU del liberalismo clásico europeo del siglo XIX (laissez-faire), hoy desaparecido en la UE. De ahí, precisamente, que Europa -y especialmente España- precise con urgencia un Ron Paul autóctono capaz de contrarrestar el socialismo imperante. La cuestión no es elegir entre partidos que se presentan bajo diferentes siglas pero aplican políticas similares sino optar claramente entre liberalismo o colectivismo. Europa, cuna del laissez-faire, está, paradójicamente, exenta en gran medida de lo primero, y prueba de ello es que franceses y griegos le han vuelto a dar la espalda en las urnas. Otro día aciago para el futuro de la Unión y del euro.

¿Cuáles son los efectos de subir el IVA?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, cuando de analizar el impacto económico de los impuestos se trata, de nada sirve acudir al texto legal, pues una característica esencial de los tributos es que pueden ser repercutidos: no los paga el que figura como sujeto pasivo, sino aquel otro al que el sujeto pasivo es capaz de trasladarle total o parcialmente la carga del impuesto. Es necesario, pues, ir más allá de lo evidente y estudiar cuáles son las consecuencias últimas del IVA. 

Empecemos explicando grosso modo su funcionamiento: aunque el IVA lo paga el consumidor, es cada empresario el que tiene que repercutir el gravamen sobre los bienes o servicios que vende a sus clientes, esto es, es al empresario a quien le corresponde la obligación tributaria de recaudar e ingresar al erario el monto del impuesto. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el cliente de un empresario es otro empresario? Pues que ese otro empresario soporta el pago del IVA pero también se lo repercute más adelante a sus propios clientes, por lo que únicamente deberá abonar a Hacienda la diferencia entre el IVA que ha soportado y el IVA que ha repercutido (es decir, cada empresario ingresará el gravamen sólo en función del valor añadido que ha aportado a la producción).

Por ejemplo, supongamos un tipo fijo del IVA del 20%. El empresario A vende madera por 10.000 euros al empresario B, a cuyo importe ha de repercutirle el gravamen del 20% (siendo el precio final 12.000 euros). El empresario B utiliza la madera para fabricar sillas y se las vende al empresario C (un minorista) por 15.000 euros más el IVA (es decir, 18.000 euros). Finalmente, el empresario les venderá las sillas a los consumidores por 30.000 euros más el IVA (es decir, 36.000 euros). Si repasamos las transacciones anteriores, comprobaremos que el empresario A ha repercutido a B 2.000 euros por IVA (cantidad que tendrá que ingresar a Hacienda), que el empresario B ha soportado de A un IVA de 2.000 euros y ha repercutido a C 3.000 euros (de modo que tendrá que ingresar a Hacienda sólo 1.000 euros) y el empresario C ha soportado de B 3.000 euros por IVA y ha repercutido a los consumidores 6.000 euros (por lo que tendrá que ingresar a Hacienda 3.000 euros). En total, Hacienda recibirá 6.000 euros (2.000 de A, 1.000 de B y 3.000 de C), que coincidirá con el monto abonado por los consumidores.

Hasta aquí los efectos que busca el legislador. Pero, ¿cuáles son sus consecuencias reales de establecer o incrementar el IVA?

La primera, claro está, es una fuerte presión a que se incrementen los precios de todos los bienes de consumo. Ahora bien, esa presión no será uniforme, pues ni todas las empresas lo tendrán igual de fácil para repercutir el nuevo impuesto al consumidor final ni a todas les interesará hacerlo en la misma medida. En concreto, aquellas empresas con márgenes de beneficio muy estrechos y que sobreviven gracias a vender un gran número de unidades (por ejemplo, los supermercados) preferirán repercutir el IVA a menos que su demanda experimente un desplome colosal; por otro lado, aquellas empresas que venden pocas unidades a unos márgenes de beneficios muy amplios (por ejemplo los astilleros) optarán por no repercutir el IVA a poco que se les pudiera reducir la demanda.

La razón es sencilla de comprender: a las primeras les interesa conservar su margen de beneficio (aun a costa de menores ventas) mientras que a las segundas les compensa conservar sus ventas (aun a costa de un más estrecho margen). Por consiguiente, no siempre un mayor IVA se traducirá en precios más altos.

Lo que sí sucederá en cualquier caso, sin embargo, es que los beneficios de las empresas serán menores que en ausencia del impuesto, ya se deba a la caída de las ventas o a los más estrechos márgenes. Y esta reducción de beneficios nos lleva a la segunda consecuencia de la subida del IVA: las empresas irán cancelando aquellos proyectos que dejen de ser rentables, despidiendo a los factores productivos allí empleados. Vemos, por tanto, que el IVA, lejos de pagarlo en exclusiva el consumidor, extenderá sus efectos perversos tanto sobre los accionistas de las empresas cercanas al consumo cuanto sobre los trabajadores y proveedores de esas compañías.

Por eso, dicho sea de paso, es importante que las empresas tengan libertad para decidir si quieren tratar de repercutir el IVA sobre sus precios finales o no. Lo esencial no es que se minimice la influencia del IVA sobre el consumidor, sino que se minimicen las pérdidas derivadas de su implantación, pues, en caso contrario, se estará maximizando la destrucción de producción y de empleo en perjuicio del conjunto de la economía. De ahí también, por cierto, que muchos economistas aboguen por combinar la subida del IVA con una reducción de las cotizaciones sociales, pues algunas de las líneas de producción que dejan de ser rentables con el aumento del IVA pueden volver a serlo con la rebaja de los costes laborales (si bien el resto de factores no se salvarían de la quema).

En tercer lugar, la caída de beneficios empresariales podría contenerse mediante las alteraciones que el aumento del IVA genere sobre las relaciones comerciales. Por un lado, el IVA encarece no sólo la producción nacional, sino también la producción extranjera, por lo que hasta cierto punto podría existir una cierta sustitución de importaciones: los consumidores nacionales podrían dejar de comprar bienes foráneos para mantener sus compras interiores, cargando las tintas del ajuste del gasto en los productores extranjeros. Por otro, dado que las exportaciones se encuentran exentas de IVA, los productores nacionales se verán incentivados a dar salida en los mercados exteriores a su producción –donde no se habrá encarecido–, lo que podría compensar en todo o en gran parte la caída interna de las ventas.

En este sentido, suele decirse que los efectos del IVA sobre el comercio exterior son parecidos a los deuna devaluación de la moneda, pero en realidad sus efectos no son exactamente iguales. Primero, porque la tendencia a la sustitución de importaciones es muy inferior en el caso de la subida del IVA (la devaluación encarece sólo los productos extranjeros, mientras que el IVA encarece los internos y los extranjeros); segundo, porque la promoción de las exportaciones es menos intensa con la subida del IVA (la devaluación abarata las exportaciones en moneda extranjera; el aumento del IVA no abarata las exportaciones, simplemente no las encarece); tercero, porque las distorsiones sobre los precios relativos son menores con el IVA (la devaluación encarece las importaciones de factores extranjeros, lo que necesariamente modifica los patrones de producción internos); y cuarto, la expectativa de un aumento del IVA no incentiva por sí mismo una salida de capitales del país, como sí lo hace la expectativa de devaluación. En resumen: los efectos del aumento del IVA sobre el comercio exterior serán más bien parcos y muy probablemente no compensen la reducción interna de la demanda.

En cuarto término, en la medida en que el aumento del IVA encarece el gasto en consumo, podría pensarse que promueve el ahorro y todos los muy beneficiosos efectos sobre la economía que éste acarrea. Pero esto no es necesariamente así: de hecho, el incremento de los gravámenes sobre el consumo bien podría terminar generando un desahorro en el conjunto de la economía, pues las familias podrían optar por consumir un mayor porcentaje de sus rentas para mantener sus encarecidos niveles de consumo. Si, en cambio, el IVA impulsa en mayor o menor medida el ahorro y la inversión, a corto plazo se podría reabsorber a parte de los factores desempleados en las industrias de consumo y a largo plazo sería posible regresar a los niveles anteriores el consumo privado gracias a la mayor productividad. Con todo, en países con fuertes incertidumbres internas, el acrecentado volumen de ahorro podría terminar refugiándose en el extranjero, con lo que no habrá una mayor inversión interna y, por tanto, el mayor consumo futuro sólo sería posible para los capitalistas y no para los trabajadores.

Y, por último, el aumento del IVA agravará los problemas de liquidez de algunas de las empresas de la economía. Por un lado, no será inhabitual que los empresarios deban ingresar su cuota diferencial entre el IVA que han repercutido y el que han soportado antes de que hayan cobrado las facturas que contienen el IVA repercutido. Por otro, algunos empresarios acumularán saldos acreedores por IVA con la administración tributaria en el curso normal de sus actividades (por una gran inversión inicial en activos fijos o circulantes que no hayan repercutido por completo en sus ventas). En ambos casos, los profesionales deberán disponer de reservas de tesorería o de líneas de crédito extraordinarias, lo que les acarrearán un sobrecoste financiero que en buena medida contrarrestará los efectos positivos del mayor ahorro potencial atribuible al IVA.

En definitiva, el aumento del IVA deprime de manera desigual las ventas de las empresas más cercanas al consumo y promueve el cierre de aquellas explotaciones menos rentables; dos pauperizadores efectos que aparentemente podrían compensarse en parte con la mejora del saldo exterior, el aumento de la inversión interna y el (ineficiente) incremento del gasto público que el IVA puede conllevar. Sin embargo, lo primero y lo segundo no es seguro que se den de manera apreciable y lo tercero no tiene por qué ser más deseable para los consumidores que los bienes que hubiesen podido adquirir en ausencia del mayor IVA: es decir, en cualquier caso, la sociedad se empobrecerá.

De “gratis” nada

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

… bien a través del repago de servicios públicos bien mediante tasas y "céntimos sanitarios" de toda índole y condición, resulta de una hipocresía sublime el lenguaje maniqueo que emplean los políticos para seguir engañando a sus subordinados –el resto de la sociedad–. De aquella famosa frase socialista "el dinero público no es de nadie" hemos pasado ahora a la popular "la sanidad gratuita está garantizada" sin que sus respectivos autores se ruboricen lo más mínimo y, por tanto, pidan mil perdones ante lo aberrante de tal afirmación.

Y es que, ambas declaraciones constituyen una simple y pura mentira, un engaño masivo propio del desvirtuado lenguaje que acostumbra a emplear la clase política española. El dinero público tiene dueño, el contribuyente, cosa distinta es que su titularidad y legítimo uso haya sido expropiado de forma coactiva por el Estado vía "impuestos", mientra que la sanidad pública nunca fue, es ni será gratuita, más bien todo lo contrario. El sistema público de salud es enormemente costoso y, de hecho, muy caro si se compara con la provisión privada de este mismo servicio.

En concreto, el gasto público en Sanidad supera los 90.000 millones de euros, habiéndose más que duplicado a lo largo de la última década, lo cual supone un coste anual próximo a los 2.000 euros por habitante. Así pues, dicho servicio podrá ser muchas cosas pero, desde luego, no es "gratuito". Sanidad y educación, competencias transferidas a las comunidades autónomas, consumen, precisamente, la mayor parte del gasto regional, y junto a las pensiones –cuyo coste supera los 100.000 millones al año– son los tres pilares básicos del llamado Estado del Bienestar.

De hecho, no es la primera vez, ni será la última, que este sistema sufre sustanciales cambios a fin de garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Hasta 1999, este servicio se financiaba con las cotizaciones sociales (Seguridad Social), y desde entonces se sufraga vía presupuestos (impuestos), lo cual pone de manifiesto su quiebra técnica. Sin embargo, tales reformas no han servido para mantener el modelo en pie, de forma que el Ejecutivo se plantea ahora aplicar el copago. Esta medida no es nueva, ya existe en los fármacos y, muy posiblemente, se extenderá a la provisión de ciertos servicios médicos de forma progresiva, creciente y continuada a lo largo de los próximos años. De hecho, muchos contribuyentes que han optado por contratar un seguro privado sufren en sus bolsillos el pernicioso efecto del doble-pago, al tener que costear igualmente la sanidad pública independientemente de si la usan o no.

Además, a la reiterada falacia de la "gratuidad" se le suman otros dos calificativos muy habituales en boca de los políticos, "universal" y "de calidad", que por mucho que se repitan no dejan de ser también falsos. En primer lugar, no todo el mundo tiene acceso a todos los servicios públicos sanitarios, existen importantes limitaciones, de ahí la necesidad de contar con una tarjeta sanitaria y un número de la Seguridad Social. Por otro, pese a que muchos coinciden en que la sanidad española es una de las mejores del mundo, la realidad es bien distinta si se atiende a la calidad de ciertos servicios y, sobre todo, a las abultadas listas de espera en materia de consultas, realización de pruebas y operaciones.

Por desgracia, la revisión en profundidad que necesita el Estado del Bienestar español sigue sin plantearse. Todas las medidas propuestas van destinadas a mantener, al precio que sea preciso, la provisión pública de servicios, como la sanidad, la educación o las pensiones, que son ofertados por el sector privado de forma mucho más barata, eficiente y rentable para los usuarios, sin que ello importe lo más mínimo a los políticos. Así pues, tendremos sanidad "gratuita" por mucho tiempo. Vayan preparando sus bolsillos…