Durante años, los guías de los autobuses turísticos de dos pisos de Edimburgo explicaban que, cuando Escocia recuperase la independencia, el Parlamento sería un edificio en Calton Hill, la Old Royal High School, de aspecto señorial y, bueno, parlamentario. Sin embargo, en cuanto se supo que finalmente habría necesidad de tener un edificio, el laborista escocés encargado del asunto decidió que lo mejor era construir uno nuevo, que encargaron a un arquitecto catalán. Con toda la intención. La mala intención.

Los nacionalistas escoceses tuvieron como objetivo conseguir el estatus de Cataluña, dado que ellos no disfrutaban de autonomía; y cuando la consiguieron era mucho menor que la catalana. Por las mismas razones, rara vez los catalanes se han puesto como meta ser Escocia. Sin embargo, las tornas han cambiado con el acuerdo alcanzado por David Cameron y el nacionalista Alex Salmond para celebrar en el antiguo reino un referéndum independentista en 2014, cuando se cumplen 700 años de la batalla de Bannockburn, que el australiano Mel Gibson dio a conocer a todo el mundo. Ahora, los catalanes quieren ser escoceses y compartir con ellos algo más que la fama de tacaños.

Antes, el sueño era Quebec. En la provincia canadiense hubo dos referendos por la independencia. El último, en 1995, estuvo a un punto porcentual de lograr su objetivo. Pero hace ya más de una década que la opción independentista se sitúa en los alrededores del 40%, lo que en buena medida explica por qué no se han hecho más intentos. Pero eso es sólo parte de la explicación. También tiene mucho que ver la claridad.

Y es que uno de los trucos de los independentistas es trucar de partida cualquier consulta. Fíjense si no en la engañosa pregunta que Mas quiere plantear en su referéndum:

¿Desea usted que Cataluña sea un nuevo Estado de la UE?

Lo de la Unión Europea es una engañifa, pues eso dependería, claro, de la voluntad de una Cataluña independiente por volver a entrar en aquélla… pero también de los países que ya la conforman, empezando por España. De modo que podría salir el sí y que Cataluña se independizara pero no entrara en la UE.

Aun así, la pregunta de Mas resulta prodigiosamente clara si se compara con la que estuvo a punto de triunfar en Quebec:

¿Está usted de acuerdo con que Quebec acceda a la soberanía tras haber efectuado una propuesta formal a Canadá de una nueva forma de asociación económica y política dentro de lo previsto en la ley que se refiere al futuro de Quebec y en el acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?

Tras aquello, el Tribunal Supremo canadiense fijó en 1998 las condiciones que debería tener una consulta independentista para ser válida. Los principios rectores serían los de claridad y contundencia. Tanto la pregunta como el resultado habrían de ser claros y contundentes. Para asegurarse de ello, la provincia secesionista y el Gobierno central deberían ponerse de acuerdo tanto en la pregunta como en los votos necesarios para darla por convenientemente respondida.

Le habrá pasado en su comunidad de propietarios. Bueno, quizá no a usted personalmente, pero en todo caso lo habrá oído. Una minoría muy persistente quiere algo. Se le niega en una reunión, se le niega en otra… hasta que al final, en una con un quorum menor, logra su objetivo, aunque sea por un voto; y eso vale más que todas las negativas precedentes. Algo similar podría suceder en este caso. Si el resultado fuera favorable a la independencia sería irreversible; si fuera negativo, habría que seguir votando. Para evitar este problema, en Quebec la mayoría debía ser mayor al 50% para que no hubiera dudas sobre la voluntad secesionista de la ciudadanía. Y para que quedara claro qué votaba cada uno, la pregunta debía ser del tipo: "¿Quiere que Quebec sea un nuevo Estado independiente y separado de Canadá?"; es decir, una pregunta clara y concisa, que no dejara lugar a dudas.

Canadá formalizó esta sentencia en 2000 con la Ley de Claridad, que cristalizaba estas reflexiones en su preámbulo:

El hecho de descartar la posibilidad de entablar una negociación sobre la secesión a menos que ésta cuente con el apoyo de una mayoría clara, y no incierta y frágil, pone de manifiesto que la secesión se considera un acto grave y probablemente irreversible, que afecta a las generaciones futuras y que tiene consecuencias muy importantes para todos los ciudadanos del país que, de ese modo, quedaría escindido. La pregunta formulada en el referéndum también debe ser clara, ya que es evidente que sólo una pregunta que aborde verdaderamente la secesión permitiría saber si los ciudadanos la desean realmente.

La ley establece límites a los posibles textos. Así, estipula que la mayoría que vote sí deberá superar no sólo un porcentaje (a negociar) sobre el total de los votantes, sino sobre el total del censo; que, en caso de tener éxito la secesión, deben asegurarse los derechos de los ciudadanos que no la desean en el nuevo país independiente, así como una división justa de activos comunes –como en el caso de España pueda ser la Seguridad Social–. Desde su aprobación, no se ha intentado celebrar referéndum alguno en Quebec.

El nacionalista Alex Salmond es un político hábil, pero David Cameron no lo ha hecho mal. Ha logrado que sólo se pregunte por la independencia, y que la pregunta sea clara, frente a la pretensión de Salmond, que piensa que para 2014 no habrá una mayoría independentista pero sí una que le permita exigir más autonomía, por eso pretendía colar ambas opciones en la pregunta.

La crisis ha hecho crecer el sentimiento independentista en Cataluña. Sin embargo, no me cabe duda de que una consulta bajo las condiciones establecidas por la Ley de Claridad canadiense fracasaría, especialmente si se celebrara una vez hubiéramos salido de la crisis. En el País Vasco, pese a los previsibles resultados electorales del domingo, seguramente el no tendría aún más fuerza.

Curiosamente, alrededor del 25% de los canadienses está a favor de la expulsión de Quebec. Algunas encuestas sugieren que hay más gente en Inglaterra deseando librarse de los escoceses que independentistas en la bella pero pobre y dependiente región del norte. No he visto que aquí se nos haya preguntado si consideramos que los catalanes no merecen ser españoles. No estaría de más.

Este martes tendrá lugar el acto más transparente y genuinamente fascista en muchos, muchos años. "Ocupa el Congreso", se llama, y el llamamiento que publicaron sus promotores en Facebook es revelador:

El próximo 25 de septiembre se llegará a Madrid de forma masiva desde todas partes de España, con el fin de rodear el Congreso de los Diputados y permanecer allí de forma indefinida, hasta conseguir la disolución de las cortes y la apertura de un proceso constituyente para la redacción de una nueva constitución, esta vez sí, la de un estado democrático.

En definitiva, que la ley de la turba sustituya a las urnas es lo que piden estos camisas negras con su intento de reeditar la Marcha sobre Roma. Pero tanto la convocatoria como la simpatía con que se acogen muchas de las reivindicaciones de estos iluminados –que, encima, creen estar luchando contra el fascismo– revelan mucho, y muy malo, de la sociedad española.

No cabe duda de que solucionar los peores errores de la Carta Magna es una exigencia de muchos españoles de diversas ideologías. Acabar con la partitocracia y cerrar el sistema autonómico son quizá las reclamaciones más repetidas a lo largo de los años, y de ellas ha hecho bandera UPyD. Pero cambiar la Constitución no solucionará la crisis, y menos si se hiciera en el sentido esencialmente fascista que proponen los de Ocupa el Congreso.

El español medio cree que el Estado debe resolver sus problemas. Da lo mismo la razón que dé sobre las causas de la crisis, da lo mismo que eche la culpa a los mercados o a los políticos, o a ambos: la solución siempre consiste en que los gobiernos hagan lo que deben y solucionen, no se sabe muy bien cómo, todos los problemas. Si no lo hacen, si no lo han hecho ya, es porque están compuestos por sinvergüenzas.

Muchos españoles viven la política con ese abandono que tan bien cristalizaron Los del Río allá en el Pleistoceno, o 2005, cuando se discutía la aprobación de la Constitución Europea: "Si lo apoyan los políticos más importantes, tanto de izquierdas como de derechas, nosotros por qué vamos a decir que no, si no la hemos leído". Si ni los políticos más importantes, tanto los de izquierdas como los de derechas, han logrado sacarnos de la crisis, la solución debe ser quitarlos de en medio. Y como hemos votado tanto a unos como a otros mayoritariamente, entonces es que igual la democracia está mal. Y como tiene que estar bien, entonces es que nuestro país no es democrático.

Pero lo que está sucediendo es resultado de la voluntad de los españoles. Somos nosotros quienes nos hemos creído que tenemos derecho a que el Estado nos dé tal o cual cosa. Somos nosotros quienes hemos votado a los políticos que nos prometían más regalos con nuestro dinero. Somos nosotros los que nos hemos comprado pisos a precios muy por encima de lo que podíamos pagar. Nadie nos puso una pistola en la cabeza para que firmáramos la hipoteca. Tampoco para meter la papeleta en la urna, excepción hecha de ciertas zonas del País Vasco, claro. Somos nosotros quienes hemos pensado que podíamos vivir a costa de todos los demás.

Sí, es cierto que los políticos han realimentado este bucle que no hacía sino darles más y más poder. El problema es que, en su posición, el españolito medio habría hecho exactamente lo mismo. Pero ahora no tenemos trabajo, se nos acaban los subsidios y en la familia hay pocos que puedan ayudarnos. El Estado, como siempre, promete en tiempos de bonanza lo que no necesitamos y nos lo niega cuando nos hace falta, porque nunca tuvo recursos para garantizárnoslo en tiempos de crisis.

Los españoles estamos preparados para abrazarnos a un líder que nos dé lo que no puede dar nadie: prosperidad para todos a cambio de, bah, la democracia, las libertades, la propiedad privada, el Estado de Derecho y todas esas convenciones burguesas. Manteniendo, como Chávez en Venezuela, la ficción de que siguen en pie. Al fin y al cabo, la democracia no funciona porque los políticos electos no nos solucionan la vida, las libertades y la propiedad (de los demás) son un estorbo cuando impiden que el Estado me dé lo que quiero y el Estado de Derecho deja que la ley se interponga en la Justicia. Da lo mismo si los banqueros públicos que gobernaban las cajas no incumplieron las leyes, o si los políticos que despilfarraron lo hicieron legalmente y con el aplauso de los votantes: deben acabar en la cárcel igualmente.

Estamos preparados. Sólo unos españoles tan españolazos como los catalanes han tenido en la independencia la causa populista que solucione sus males, aunque no lo haga. El resto de los españoles esperamos nuestro líder y nuestra causa. Sólo puedo dar gracias por que aún no haya llegado.