Siempre había creído que España podía salvarse y que su situación económica era reconducible. En parte aún lo sigo creyendo, pero cada día que pasa, cada día que el PP sigue al frente del poder tomando una tras otra las medidas de demolición descontrolada del sector privado de que tanto hace gala, la probabilidad decrece a ritmos acelerados. Al fin y al cabo, padecemos un Gobierno que en apenas seis meses ha hecho bueno al horroroso Ejecutivo de Zapatero: Rajoy y los suyos no sólo han subido todos los impuestos –IRPF, Sociedades, IVA, cotizaciones sociales y especiales– salvajemente más de lo que lo hizo Zapatero, sino que lo han hecho mostrando su lado más descarnadamente izquierdista y estatista, riéndose en todo momento de los ciudadanos, de sus electores y de los inversores de España.

El descrédito antiliberal del PP

El Ejecutivo ha consumido ya todo su crédito político. Al encadenar una mentira tras otra, otro despropósito tras otro y otro ataque a las libertades individuales y a la propiedad privada tras otro sin más criterio que el de salvar de la quema cuantos privilegios para su casta puedan, el Gobierno ha quedado desacreditado ante los ciudadanos, ante los electores y ante los inversores a los que tanto ha maltratado. Todos han descubierto ya que el PP no tiene ningún interés en reventar la burbuja del sector público y que todas las medidas en tal sentido que anuncie sólo consistirán en pura propaganda dirigida a engañar, nuevamente, a esos ciudadanos, electores e inversores.

Es posible que dentro del Gobierno exista gente que entienda la gravedad de la situación y que rechace por entero la estrategia socialista-zapaterina que Rajoy está ejecutando para sangrar a impuestos al sector privado, pero su influencia en las grandes decisiones del Ejecutivo se está dejando notar poco o nada. Bien está que dentro del Gabinete haya decorativos jarrones liberales, pero mejor estaría que esos decorativos jarrones descubrieran que Rajoy, Montoro y cuanta otra fauna socialista mora en el poder los estamparon tiempo ha contra el suelo haciéndolos añicos. Más allá de los muertos vivientes que se creen vivos murientes, este Gobierno no pasa de un caparazón relleno de bilis estatista que sólo se mantiene a flote gracias a una mayoría absoluta parlamentaria que será la última que el PP consiga en décadas.

Mas lo peor de comprobar que Rajoy y su grupo socialdemócrata son unos mandarines al servicio de sus propios privilegios no es descubrir lo que el propio Rajoy se encargó de hacer explícito en Elche hace cuatro años cuando invitó a los liberales a abandonar el partido, sino constatar que este país no tiene ninguna alternativa política dispuesta a adoptar las medidas necesarias para levantar cabeza. O dicho crudamente, la única alternativa a Rajoy es ZP-Rubalcaba y la única alternativa a ZP-Rubalcaba es Rajoy. Desazonadora evidencia que está llevando a muchos a lanzarse a los brazos del populismo comunista en un inquietante pero cada vez más fidedigno parangón del derrumbamiento heleno.

En plena escapada hacia adelante, un PP noqueado por su propia incompetencia sólo se muestra capaz de rogarle un rescate en forma de monetización masiva de deuda a Mario Draghi. Como si el Banco Central Europeo no estuviera, en estos precisos momentos, proporcionando una expansiva línea de crédito de más de 450.000 millones de euros (el 45% de nuestro PIB) a la economía española. ¿Con qué cara acusa Margallo al BCE de ser "un banco clandestino"? ¿Con qué arrestos pide el cabeza de lista de la rescatada Valencia, Esteban González Pons, que el BCE siga incrementando suicidamente su exposición a los pasivos españoles? Por esta vía, por la de echar más gasolina al incendio de un monto de deuda impagable, no conseguiremos otra cosa que comprar tiempo a un precio carísimo. Pero comprar tiempo, ¿para qué? ¿Para diferir todavía más los recortes? ¿Para retrasar un año o dos más el cumplimiento de los objetivos de déficit? ¿Para facilitar que nuestros políticos sigan dilapidando nuestro dinero a manos llenas? ¿Qué estamos esperando al patear el balón para adelante? ¿Que acaezca algún milagro que nos saque de esta situación de quiebra técnica? Nadie que no quiera ser salvado puede salvarse y este Gobierno y esta oposición claramente prefieren la suspensión de pagos antes que un severo recorte del gasto público.

Camino de una mayor servidumbre

Con la prima de riesgo a unos niveles en los que ya empieza a reflejar nuestra devastadora realidad subyacente, ¿qué nos queda? Todo apunta a que en los próximos meses comenzará a librarse una batalla campal en las calles de España para derrocar al Gobierno y repartirse las miserias del poder. No es un fenómeno novedoso, sino algo bastante recurrente en los países bananeros donde una mayoría de ciudadanos y de grupos de presión aspira a meter el cazo en el presupuesto y a vivir de él, esto es, del dinero de su vecino. Ha sucedido recientemente en Grecia, pero también sucedió en la Argentina del corralito cuando las hordas de Duhalde asaltaron los comercios bonaerenses hasta forzar la huida en helicóptero del rajoyano De la Rúa.

Semejante polvorín puede prender fuego en cualquier momento con un mínimo de gestión y manipulación callejera por parte de alguno de los partidos de la oposición en connivencia con los sindicatos o con cualquier otro grupo de presión que ya se haya visto afectado por los recortes o que trate de evitarlos preventivamente tomando las calzadas. El hartazgo derivado de la mezcla de una crisis económica que no se entiende con la falsa retórica de unos recortes cosméticos salvo por lo que atañe a las subidas de impuestos, con las secuelas de décadas de adoctrinamiento socialista en "derechos" irrenunciables que deben ser financiados siempre por el dinero del vecino pero jamás por el dinero propio y con el desencanto hacia los igualmente estatistas partidos mayoritarios, bien puede llevar a un descontento popular cuyo único efecto a medio y largo plazo sería acrecentar todavía más el tamaño del Estado y darle todavía más poder a políticos todavía más nefastos que los actuales.

En cierto modo, la España del PP está siendo la de un vehículo que se está estrellando contra un muro a cámara lenta. Sabemos que avanzamos hacia el siniestro pero el conductor no deja de pisar el acelerador. Certeza a la que, por cierto, también han llegado los inversores nacionales y extranjeros que están liquidando su exposición a España a marchas forzadas; motivo de fondo de que la prima de riesgo se siga disparando y de que nuestros bancos tengan cerrado su acceso al mercado interbancario.

Decía al principio que siempre creí en la capacidad de la economía española para, a trancas y barrancas, terminar recuperándose. Hay tanto gasto que recortar, tantas reformas que aprobar, tanto potencial que dejar de pisotear, que nuestro margen para recuperarnos era enorme: no se trataba de país que ya lo estuviera hacia todo bien y que, por caprichos del azar, hubiese embarrancado en una crisis monstruosa; no, éramos y somos un país que lo estaba haciendo casi todo mal y que, por tanto, podía mejorar y cambiar en múltiples campos. Ahora, empero, veo cada vez más difícil una salida que no pase o bien por una monetización masiva de deuda que no resuelva los problemas de fondo y que sólo aplace la jornada de autos; por una intervención externa que no garantiza, como en Grecia, que finalmente se adopten las medidas correctas; o por una salida del euro que les deje un agujero enorme a nuestros acreedores europeos, que empobrezca a la población española, que conceda omnímodos poderes inflacionistas a nuestros gobernantes y que termine de empujar a España por la senda de la mediocridad económica y del peronismo político. En cualquier caso, menos libertades, menos prosperidad y mucho más Estado: la tradicional realimentación positiva entre las crisis y el engorde de Leviatán. Los políticos, primero los del PSOE y luego los del PP, se han cargado el país, pero los políticos, sean de la partitocracia actual o de otra todavía peor, serán los principales beneficiarios del colapso económico. Un deprimente disparate se mire desde el ángulo en que se mire.

Esta semana el presidente Mariano Rajoy anunció nuevos aumentos de impuestos y recortes de gasto para reducir el monstruoso déficit presupuestario de España, provocando que los manifestantes se unan a la huelga de los mineros para protestar en contra de las medidas de austeridad en las calles de Madrid. Pero a pesar de todo lo que se dice acerca de los drásticos recortes, el riesgo de default de España ni siquiera está cerca de haber sido eliminado. El Estado español todavía gasta a un nivel que sobrepasa ampliamente la capacidad que la economía tiene de generar ingresos para respaldar ese gasto.

Entre las medidas de esta semana —que el Gobierno aprobará oficialmente hoy— está un alza de la tasa del impuesto al valor añadido (IVA) a 21% desde 18%; los salarios de los empleados públicos están se reducen en un 7%; los subsidios para las personas que llevan más de seis meses desempleadas serán reducidos en un 15% y algunos gastos y dispendios burocráticos serán reducidos en un tercio. Más adelante, además, se espera que se adelante el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y que se reduzca el monto de las pensiones.

Hasta ahora, el gobierno de Rajoy ha intentado mantener el hipertrofiado sector público aumentando los impuestos a las familias y a las empresas. Una de sus primeras acciones que acometió Rajoy nada más llegar al poder fue incrementar los tipos marginales sobre la renta, ubicándolas entre las más altas de Europa. En marzo, su gobierno eliminó algunas de las deducciones del Impuesto de Sociedades, imponiendo, a efectos prácticas, una subida tributaria a muchas empresas. Como muchos de sus homólogos europeos, Mariano Rajoy ha preferido imponer la austeridad al sector privado en lugar de imponérsela al Estado.

Los recortes de esta semana son un paso en la dirección correcta, pero Madrid todavía está lejos de una posición fiscal sostenible. Ni siquiera es seguro que las nuevas medidas le permitan al gobierno español cumplir con el objetivo fijado por la Unión Europea de un déficit de 6,3% para el 2012, dado que solo quedan cinco meses del año.

La parte más lamentable de la historia es que la obesidad del sector público español es en realidad algo relativamente reciente. El gasto público se disparó gracias al crecimiento extraordinario de los ingresos generado por la burbuja inmobiliaria. Entre 2001 y 2007, la recaudación creció un 67%, mientras que los gastos aumentaron en un 57%. España tuvo unos modestos superávits presupuestarios durante algunos de esos años, pero estos desaparecieron tan pronto como se evaporaron los ingresos de la burbuja y el gasto continuó creciendo a consecuencia de la crisis: un superávit de 1,9% en 2007 se convirtió en un déficit de 11,2% en solamente dos años. Para finales de 2011, el gasto público era un 75% más alto (33% más alto ajustado para la inflación) que hace una década.

De hecho, España tendría un presupuesto balanceado hoy en día si Madrid hubiese congelado su gasto per cápita durante los años de la burbuja entre 2001 y 2007, como lo hizo Alemania. Si el gobierno español quiere cuadrar sus cuentas, lo único que necesita hacer es reventar la burbuja del sector público que se derivó de las burbujas financiera e inmobiliaria.

El gasto público se reduciría en 21.000 millones de euros, por ejemplo, si el ingreso real y el número de empleados públicos por ciudadano se redujera a los niveles de 2001. Si las pensiones fuesen minoradas (en términos reales) a los niveles de 2001, eso recortaría el gasto en alrededor de 20.000 millones de euros. Otros 15.000 a 20.000 millones se podrían ahorrar si se racionalizaran los beneficios de desempleo. Y, por último, eliminando subsidios a industrias que no son productivas, asociaciones, sindicatos y políticos significaría un ahorro adicional de 20.000 millones.

En otras palabras, simplemente ajustando algunas de las partidas más claramente infladas del sector público español, podrían lograrse unos ahorros de alrededor de 80.000 millones de euros. Eso permitiría recortar nuestro déficit de 2011 en un 90%… sin aumentar un solo impuesto.

La buena noticia es que Mariano Rajoy finalmente ha admitido que todas las rúbricas del presupuesto son susceptibles de ser recortadas, incluso aquellas que hasta ahora se decía que eran intocables. Pero para que la economía española crezca y no simplemente se estabilice, necesitamos tanto recortes adicionales del gasto público como reducciones de impuestos: precisamente lo que el Partido Popular prometió hacer antes de las elecciones del año pasado. Es hora de que el Sr. Rajoy cumpla con esa promesa.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 12 de junio de 2012.

La burbuja financiera –la enorme expansión crediticia que llevaron a cabo los bancos gracias a la manipulación de los tipos de interés que efectuó ese monopolio público llamado Banco Central Europeo– engendró la burbuja inmobiliaria y, a su vez, la burbuja inmobiliaria, en tanto en cuanto dio lugar a un hinchazón de la actividad que disparó los ingresos tributarios, dio lugar a la burbuja estatal.

Puede que por burbuja financiera e inmobiliaria todos entiendan perfectamente a qué nos referimos. Pero, ¿qué es la burbuja estatal? La burbuja estatal consiste en haber creado una estructura del sector público mucho más inflada y sobredimensionada de la que la economía privada puede sufragar. Y es que durante los años ilusoriamente felices de la burbuja inmobiliaria, la recaudación fiscal aumentó casi un 70%, lo que llevó a los políticos a comprometer unos niveles absurdamente elevados de gastos que nos fueron imposibles de mantener cuando esta pinchó.

Son muchos los estatistas que argumentan que nuestro sector público fue extremadamente austero durante los años del boom económico porque incluso acumuló un cierto superávit durante tres ejercicios consecutivos. Mas tal aserto es simplemente fruto de una tergiversación cortoplacista de los hechos. Imaginen que a un tipo le toca un millón de euros en la lotería y ese mismo año asume una hipoteca con una letra anual de 900.000 euros. ¿Diríamos que esa persona ha sido prudente y austera por el hecho de que, durante el primer año, exhibiese un superávit de ingresos sobre gastos de 100.000 euros? No, diríamos que esa persona se ha suicidado financieramente.

Pues lo mismo le sucedió a nuestro Estado: pese aque la gran mayoría de sus ingresos eran extraordinarios y no recurrentes, sus gastos se inflaron con la idea de no reducirlos jamás. De hecho, si algo sucedió durante la crisis es que, si bien la recaudación derivada de la burbuja inmobiliaria desapareció en gran parte, los gastos totales del Estado continuaron creciendo. Fue así como, en un par de años, pasamos de un superávit del 2% del PIB a un déficit superior al 11%. Es decir, en dos años el Estado pasó de ahorrar 20.000 millones de euros a endeudarse por más de 110.000 millones: ¡para que luego digan que necesitamos todavía más planes de "estímulo" de la demanda!

No, lo que necesitamos es pinchar la última de las burbujas que ni siquiera hemos comenzado a pinchar: la estatal. Fruto del enorme desequilibrio entre ingresos posburbuja y gastos burbujísticos, los ahorradores temen razonadamente que nuestro país pueda entrar en suspensión de pagos, lo que les está llevando a huir en desbandada hacia el extranjero (por eso, por ejemplo, Alemania o Francia han llegado a pagar tipos de interés negativos por su deuda a corto plazo).

Hasta la fecha, sin embargo, tanto Zapatero como Rajoy intentaron mantener el Estado sobredimensionado fruto de la burbuja inmobiliaria mediante un saqueo más sistemático y desacomplejado de las haciendas de todos los españoles. Sin ir más lejos, en apenas unos meses Rajoy elevó los tipos de nuestro IRPF hasta los niveles más altos de Europa, suprimió la mayoría de beneficios fiscales dentro del Impuesto de Sociedades y, ahora, ha incrementado el IVA hasta el 10% (tipo reducido) y 21% (tipo general). Se trata, pues, de exprimir mucho más al ciudadano para que los políticos puedan seguir gastando a manos llenas, tal como lo hacían durante la insostenible etapa del boom artificial.

Sin embargo, este miércoles pudo empezar a cambiar algo desde el Congreso. Por primera vez desde su llegada al Gobierno, Rajoy ha recortado gastos de verdad (no como los demagogos y falsos recortes precedentes que no hacían más que bajar los desembolsos en un lado para aumentarlos en otro). No es mucho –tirando muy por lo alto, apenas 20.000 o 25.000 millones al año, frente a un déficit total que supera los 90.000 millones– pero podría ser un primer paso. Eso sí, dada la decepcionante trayectoria acreditada por Rajoy hasta el momento, también podría quedarse en el último paso, la última concesión, que está dispuesto a dar el PP en aras de la consolidación fiscal, de un modo muy parecido a lo que sucedió con el tijeretazo de ZP. Si así fuera, a España no le quedaría probablemente otro remedio que suspender pagos.

Sucede, pues, que si Rajoy no opta por pinchar de manera controlada pero veloz la burbuja estatal –por recortar muchos más gastos con más intensidad– esta terminará explotando de manera caótica y se nos llevará a todos por delante. El tiempo corre en nuestra contra y de momento el Gobierno sólo ha sabido subir sangrantemente los impuestos y rebajar tímidamente algunos gastos. Esperemos que, después de la sesión del miércoles, haya un cambio de estrategia. Es la última oportunidad que tendremos.

Optó este Gobierno por la estrategia equivocada desde el comienzo: la de ir lloriqueando a nuestros acreedores, fundamentalmente Alemania, con la milonga de que, tras un simulacro de ajustes que no reducían en absoluto el gasto total de las Administraciones Públicas pero que orwellianamente fueron denominados "los presupuestos más austeros de la historia", España ya no podía hacer más.

Era un farol: un farol dirigido a que los alemanes y otros noreuropeos siguieran corriendo con los gastos de nuestro sobredimensionado Estado. Para desgracia de Rajoy, los políticos del norte de Europa no se tomaron en serio sus lamentos, pues seguían viendo ahí nuestro modelo de Estado, a todas luces disparatado, sino que, mucho más importante, a los mercados les trajo literalmente al pairo si era verdad o no lo era que el Gobierno no pudiese recortar más: si no lo era, teníamos un Ejecutivo demasiado poco fiable como para seguir prestándole dinero; si lo era, España iba a caer en suspensión de pagos, motivo más que razonable para cortar de cuajo toda financiación.

Así las cosas, los acontecimientos se sucedieron tal como es sabido: la prima y el bono se fueron por las nubes, el euro fue puesto contra las cuerdas y, por último, Rajoy consiguió, en un momento de máxima tensión política y económica, que Europa toda financiara el rescate a la banca española. Sólo entonces, sólo cuando Alemania, Holanda y Finlandia llegaron con un saco de dinero a recapitalizar nuestros bancos, descubrimos que sí, que el Gobierno podía hacer más, muchísimo más, para sanear su situación financiera y evitar la suspensión de pagos.

Acaso el mejor titular que nos deja el recorte que acaba de anunciar Mariano Rajoy –como también le ocurriera a su mellizo de hace un par de años, el célebre tijeretazo de Zapatero– es que el PP deja de echar balones fuera y comienza a ser consciente de la realidad. Dicho esto, el problema es que, por un lado, parte de los balones los lanza contra la portería del sector privado (las subidas de impuestos), y que, por otro, todavía tendrá que marcar muchos más goles al gasto público si quiere, al menos, empatar el partido.

Pues, por mucho que el Gobierno hable de un ahorro de 65.000 millones de euros en dos años y medio, convendría que no nos hiciéramos trampas al solitario. De momento, el ahorro anual de las medidas anunciadas se sitúa, más bien, y tirando muy por lo alto, en el entorno de los 25.000 millones, a falta de cuantificar el recorte adicional que se impondrá a las autonomías y a los pensionistas: 3.000 con la reforma de la Administración Local, 6.000 con la supresión de una paga extra de los empleados públicos, 5.000 con la reducción de la prestación por desempleo, 6.000 con el aumento del IVA y 5.000 con el resto de lo anunciado. Esto, como digo, tirando muy por lo alto en las estimaciones.

No es poco, desde luego, pero no es suficiente. Un ajuste de 25.000 millones anuales que, si se cargara la mano en pensiones y autonomías, podría llegar hasta los 40.000 sigue dejando nuestro déficit en el entorno del 5% del PIB (por encima del objetivo inicial). Dicho de otro modo, continuamos sin despejar incertidumbres. Habría sido necesario recortar con mucha más ambición y convicción; no sólo en las partidas que se han tocado (por ejemplo, habría que prescindir de alrededor de 500.000 empleados públicos), también en aquellas que o bien no se han tocado o bien se tocaron insuficientemente en "los presupuestos más austeros de la historia". En suma, reduciendo mucho más los gastos (y sí, hay margen para ello, como ya lo había antes, por mucho que el Gobierno lo negara) nos habríamos ahorrado tanto esas nocivas subidas de impuestos que deprimirán todavía más la actividad en el sector privado (obviemos la cosmética rebaja de dos puntos en las cotizaciones sociales) como seguir instalados en la cuerda floja.

Pero no. Rajoy prefiere no acometer un ajuste intensísimo pero definitivo –tabla rasa– y opta, en cambio, por marchar poco a poco, a ver si milagrosamente Europa sigue dándonos dinero o si, aún más milagrosamente, la economía deja de hundirse y la recaudación tributaria repunta lo suficiente como para evitar rebajas adicionales de nuestro mórbido gasto público. Mas no habrá recuperación sostenible mientras las dudas sobre el ajuste de nuestro déficit terminen de despejarse: hoy se ha dado un paso que, en general, y dejando de lado esa torpe y sangrante nueva subida de impuestos, va en la buena dirección. El riesgo cierto es que, como le sucedió a ZP tras el tijeretazo, a Rajoy se le olvide dar los pasos que todavía faltarán para llegar a la meta. En tal caso, no levantaríamos cabeza; y no por exceso de austeridad, como no se cansarán de repetirnos los keynesianos de todos lares, sino por la misma razón por la que el capital está huyendo de España: una espantosa falta de la misma.