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Valencia no es Praga

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Mucho después, en 1989, su hija estudiante de secundaria participó en las protestas pacíficas que culminaron con la caída del régimen comunista de su país. La Revolución de Terciopelo fue el triunfo, tras tres décadas añadidas de totalitarismo de inspiración y control soviético, de aquella frustrada Primavera de Praga que ha quedado grabada en la cultura europea como un ejemplo de revuelta por la libertad.

Dos décadas después de la derrota del comunismo a manos de los ciudadanos hasta entonces subyugados por la hoz y el martillo en gran parte de Europa, la palabra "primavera" volvía a resurgir para definir movimientos de oposición a las dictaduras. Lo hacía en el Norte de África y Oriente Medio. Las sociedades árabes se rebelaban contra los regímenes autoritarios que les oprimían. Los resultados son dispares. En algunos lugares, ha sido el triunfo del islamismo, igual o más tiránico que la dictadura anterior; en otros, está por definir, y en Siria siguen muriendo cientos de personas a manos del Ejército de Bashar al-Assad.

Las llamadas "primaveras", la de Praga y la árabe, han sido movimientos valientes en los que miles o millones de personas buscan derribar dictaduras y deshacerse de la opresión. Además, en ellas se ha pagado un alto coste de vidas humanas. En la República Checa y Eslovaquia, los muertos se contaron por cientos. En el Norte de África y Oriente Medio, aunque en distinta medida según países, se cuentan por miles. Es, junto con altísimas cifras de detenidos de forma totalmente arbitraria y sin garantías, el caro precio pagado en unos nobles intentos de lograr la libertad. Nada de eso tiene que ver con lo que ocurre en Valencia, donde se ha pervertido de forma indecente el término "primavera" usado en otras ocasiones para referirse a las protestas políticas contra las tiranías.

Los manifestantes de la ciudad del Turia no buscan mayores cuotas de libertad ni se enfrentan a maquinarias represivas dispuestas a reprimir a sangre y fuego a quienes quieren ser ciudadanos en vez de siervos. Aunque España, como cualquier país occidental, pudiera ser más libre de lo que es, no sufre una dictadura. Mientras en Praga o Bratislava en el 68, como en el 89, los ciudadanos se enfrentaban de forma pacífica al comunismo, el líder "estudiantil" de Valencia es un gran admirador del régimen de los hermanos Castro. Él, como otros instigadores de las manifestaciones, están mucho más cerca ideológicamente de quienes desde Moscú ordenaron la invasión de Checoslovaquia que de los manifestantes de Praga, Bratislava y otras localidades de la República Checa o Eslovaquia.

Las agresiones a periodistas que no jalean a los manifestantes dejan todavía más en evidencia que, lejos de una primavera, estamos ante un "otoño valenciano". Los enemigos de la libertad de expresión son necesariamente enemigos de la libertad en su conjunto. Y es esa característica la que explica lo que estamos viendo en el Levante español. Es una revuelta organizada, a la que muchos jóvenes se suman sin darse cuenta de los objetivos reales de sus organizadores, contra un Gobierno legítimamente elegido por los ciudadanos en la que la violencia juega un papel importante.

Valencia no es Praga. Llamar "primavera" a lo que ocurre en la ciudad del Turia es insultar a todos aquellos que, en la capital checa y en otras muchas ciudades del mundo, pagaron un alto precio por buscar la libertad y enfrentarse a las tiranías.

Él no paga, usted sí

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Cautivo y desarmado el ejército zapateresco el así llamado movimiento 15-M alcanza sus últimos objetivos callejeros.

La sucesión de los hechos es la que sigue. Un grupo de entrañables revolucionarios de mayo, es decir, de radicales de extrema izquierda, se ofende por una campaña publicitaria del Metro de Madrid. Dicen que es caro, mucho más que en otras ciudades europeas si comparamos los niveles de renta. Evidentemente esto no cierto. La comparación, para variar, la hicieron mal. Reñidos como están con el dos y dos son cuatro, tomaron la renta per cápita nacional y no la de la Comunidad de Madrid, que es sensiblemente más alta y perfectamente equiparable a la de otras capitales europeas.

Bien, hecha la cuenta del perroflauta (que es como la de la vieja pero incorrecta), burda excusa para liársela a Cristina Cifuentes, nueva delegada del Gobierno en Madrid, se pusieron en marcha; que contar no saben, pero dar la paliza se les da de perlas. Lanzaron entonces la campaña “Yo no pago”, así, con un par, porque ellos lo valen. La operación consistía en algo tan, digamos, convencional, como colarse en el Metro, viejo deporte que todo buen madrileño ha practicado alguna vez en su vida. Con la diferencia de que esa pequeña travesura no la convierte en bandera política y, a ser posible, la practica en la intimidad de un vestíbulo solitario, lejos de las miradas reprobatorias de otros viajeros.

A los animosos jóvenes de la Spanish Revolution, en cambio, les pierde la publicidad y salir en la tele. El día de autos la armaron en las estaciones designadas para la “acción” dotándose de un nutrido aparato gráfico para dejar constancia de la gesta. A falta del Palacio de Invierno no está mal la estación de Callao, o la de Sol, donde, además, después de protestar uno se puede tomar un piscolabis tan ricamente. Como se dieron tanto autobombo, la policía acudió a su encuentro y detuvo a nueve de ellos. Porque, aunque colarse en el Metro sea algo relativamente habitual, no está bien hacerlo y, además, es ilegal.

Era exactamente lo que buscaban. Ya saben, el viejo adagio acción-represión-acción. No importa que la acción sea una tontería infantil y que la “represión” no satisfaga plenamente los sueños húmedos del perroflauta en jefe, poblados de tenebrosos calabozos de la DGS y comisarios fascistas con bigotito que aplican electrodos en salva sea la parte. La historia es simple: unos se cuelan en el Metro, viene un poli y les detiene. ¿Normal, no? Pues eso.

Pero las detenciones eran necesarias, ya que la “represión” es la materia prima que alimenta su fecunda y sublevada imaginación. Al día siguiente tocaba la manifestación de repulsa por las detenciones bajo un lema muy, pero que muy de izquierdas: “si nos tocan a uno, nos tocan a todos”. Obviamente no es así, han “tocado” a nueve, no a todos, y si les han “tocado” ha sido por colarse en el Metro, no por protestar. Parece mentira, pero cosas tan elementales hay que explicarlas.

Pero el fondo de la protesta no era la previsible “represión”, sino los presuntamente abusivos precios del Metro. Dicen que no piensan pagar. Pues bien, la ecuación es sencilla, lo que ellos dejen de pagar lo hará usted, que sí que paga. Cuanta más gente deje de pagar por motivos de conciencia tarifaria, más grande será el agujero en las cuentas de la empresa y más subirán los billetes. Como el Metro no suele ser el transporte habitual de millonarios tipo el Gran Wyoming o Juan Luis Cebrián, sino de la gente de menos recursos, al final la ocurrencia perroflauta la pagarán los pobres, que es algo como muy de progreso. Claro, que la policía podría empezar a hacer su trabajo, que no es otro que velar por el cumplimiento de la ley. En eso parece que están, y que nos dure.

¿Recortes? ¿Dónde?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Desde 2003, sus gastos han aumentado más de un 50% y su endeudamiento se acrecentó alrededor de un 150%, colocándola a la cabeza de todas las autonomías por pasivos sobre el PIB. Por si lo anterior fuera poco, que no lo es, su déficit estimado para 2011 asciende a más de 3.000 millones de euros sobre un presupuesto de apenas 14.000 millones.

En este contexto, uno desearía ver recortes mucho más enérgicos en todas las materias –recortes que, en honor a la verdad, las autonomías no pueden acometer en buena parte a menos que el Gobierno central reforme mucha legislación básica que les impone unos infinanciables niveles de prestaciones mínimas– para, al final, disponer de un presupuesto equilibrado, saneado y austero que permita a las autonomías cumplir con todos sus compromisos sin exprimir al contribuyente.

Pero hete aquí que, en este contexto de cuasi-bancarrota, los imprescindibles recortes son recibidos con indignación por los grupos sociales más o menos organizados que se benefician directamente de esas insostenibles transferencias de renta. Uno de esos grupos son claramente los estudiantes y los profesores de la enseñanza pública, que inconscientes o despreocupados de la crítica situación financiera de su empleador, se sublevan en contra de la más mínima racionalización del gasto.

Y sí, digo mínima porque el gasto en educación no universitaria presupuestado por la Generalitat para 2012 apenas ha sufrido una minoración del 3% con respecto a los desembolso de 2010. ¡Del 3%! Las empresas están cerrando a ritmos alarmantes, el paro se dispara a niveles jamás vistos, los impuestos sobre la renta acaban de ser incrementados a salvajes cotas expropiadoras, y la indignación se conjura por unos muy modestos minirrecortes educativos.

Minirrecortes que, en todo caso, deberían relacionarse con la evolución experimentada por esta rúbrica en los últimos diez años: y es que, entre 2003 y 2012, los gastos de la Generalitat en enseñanzas no universitarias ha crecido más de un 70%. Ahí es nada. Corregida tal explosión de los desembolsos educativos por la inflación y el número de alumnos, llegamos a la igualmente llamativa cifra de que, incluso después de los minirrecortes de 2012, el gasto por alumno habrá aumentado cerca de un 18% con respecto a 2003. Todo lo cual permitirá financiar, en estas caninas épocas de crisis, una ratio de 11,5 alumnos por profesor y de 328 estudiantes por centro. ¿Quién dijo que necesitábamos flexibilidad interna en las empresas? ¿Los mismos que parecen olvidarse de que, a la luz de la evidencia, necesitamos mucha más flexibilidad interna en la administración?

Por supuesto, la parquedad de los recortes es completamente compatible con el hecho de que la Generalitat esté retrasando tanto como se sea capaz los pagos de sus facturas. Una cosa es presupuestar un gasto (adquirir el compromiso de transferir una suma de dinero) y otra disponer del efectivo suficiente para realizar el correspondiente pago. Pero tengámoslo claro: que no se disponga del dinero no significa que se haya recortado demasiado el gasto, como parecen creer las turbas levantinas, sino más bien que se ha recortado demasiado poco.

Al cabo, lo que ilustra la iliquidez de una administración es que ésta ha asumido muchas más promesas de pago (ha gastado mucho más) de lo que estaba realmente a su alcance. Ni dispone de los ingresos ni nadie se fía lo suficiente de ella –por su deteriorada solvencia y su elevado déficit– como para prestarle la diferencia. Si lo que molesta es que la Generalitat no pague a tiempo, seamos coherentes y reclamemos que asuma sólo los compromisos que pueda cumplir, es decir, reclamemos más recortes del gasto. Pero acaso sea pedir demasiado a quienes pretenden convertir un problema presupuestario en una palanca primaveral para retomar la cruzada anticapitalista de los quinceeme.

Rajoy suspende con un tres

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Y es que, el PP ya ha presentado los tres proyectos clave con los que pretende combatir la crisis económica y, de paso, convencer a los inversores de la solvencia y solidez de España: la reforma presupuestaria, la financiera y la laboral.

¿Resultado? Rajoy suspende con un tres. Es decir, por ahora, insuficiente.

En lo que respecta a la primera asignatura, el presidente no pudo empezar del peor modo. En lugar de recortar de forma drástica el gasto público, optó por aplicar la mayor subida de impuestos directos de la democracia, situando así a España como uno de los países con mayor fiscalidad de toda la Unión Europea. Esta medida no sólo no logrará paliar el agujero del déficit público sino que, además, restará capacidad de ahorro e inversión a un economía que languidece bajo una montaña de deuda (pública y privada), cuyo peso ya es difícilmente soportable.

Por si fuera poco, el tan cacareado pacto de estabilidad presupuestaria, esculpido a imagen y semejanza del techo de déficit introducido en la Constitución el pasado verano, sigue siendo un mero gesto a la galería, ya que, en última instancia, el control del déficit seguirá dependiendo, pura y simplemente, de la voluntad política del gobierno de turno. Y en este ámbito, ya sabemos cómo se las gastan nuestros políticos. De hecho, al tiempo que el Gobierno se congratulaba por este supuesto -e irreal- ejercicio de austeridad pública, otorgaba luz verde al rescate indiscriminado de comunidades autónomas y ayuntamientos insolventes, y retrasaba a diez años vista la devolución del dinero que esas mismas regiones adeudan al Estado como resultado de los ingresos extra recibidos erróneamente en los últimos ejercicios. En definitiva, un cero -de tres puntos posibles-. La evaluación en materia fiscal no puede ser peor. Rajoy ha abandonado, nada más empezar, la consecución del objetivo de reducción del déficit al 4,4% del PIB en 2012, hasta el punto de exigir a Bruselas una moratoria en su cumplimiento, tal y como proponía Rubalcaba en plena campaña electoral.

En cuanto a la reforma financiera, nada nuevo bajo el sol. El Gobierno popular sigue la misma senda emprendida por Zapatero. Esto es, exigir más provisiones a la banca, pero sólo en función de su capacidad para generar beneficios (provisiones contra resultados) o absorber pérdidas (contra capital); inyectar más dinero vía deuda pública (FROB) para sostener a las entidades inviables; e impulsar más fusiones. La estrategia sigue siendo, pues, la misma: tratar de sanear el sector poco a poco, a la espera de que la ansiada recuperación económica llegue cuanto antes. El problema es que, de este modo, se prolonga la agonía de la sequía crediticia mediante el mantenimiento de entidades e inmobiliarias zombie. A ello cabe sumar, además, los cambios normativos introducidos para dificultar la extinción de las cajas de ahorro. Por el momento, ni opta por liquidar entidades insolventes ni se atreve a destituir a los gestores irresponsables de las intervenidas -tan sólo les recorta el sueldo, eso sí, pero les mantiene en sus puestos-. Como mucho, una nota de un punto -de tres posibles-.

La reforma laboral es la única que se salva de las tres señaladas. En este caso, el Gobierno sí ha aplicado cambios positivos de relieve, permitiendo una mayor flexibilidad del mercado de trabajo. No en vano, la nueva norma facilita el descuelgue de los convenios colectivos a las empresas en dificultades, abarata el despido y avanza recortes en el personal laboral de las administraciones públicas. Aún así, debería haber ido mucho más allá, y al no hacerlo la reforma corre el riesgo de quedarse a medias. Pese a todo, aprueba e, incluso, logra nota -dos puntos de tres posibles-, siempre y cuando su contenido no se suavice lo más mínimo durante la tramitación parlamentaria.

En definitiva, a grosso modo, apenas tres puntos de diez posibles. Suspenso a la espera de recuperación en junio. Preocupante, teniendo en cuenta que de la aprobación o no del examen por parte de Rajoy dependerá, en gran medida, la permanencia o no de España en el euro.

El partido sigue

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Mariano Rajoy, al fin, está legitimado para ello. Jamás un partido acopió tanto poder. El Gobierno central, con las dos Cámaras. Todos los gobiernos autonómicos, con muy pocas excepciones: Canarias, pese a haber ganado las elecciones, y Cataluña y el País Vasco, aunque estos dos últimos gobiernos necesitan de sus votos. Andalucía es una fruta, podrida, eso sí, a punto de caer. Ni el PSOE de mediados de los 80 tuvo tanto poder municipal. Su rival puede quedarse como máxima responsabilidad administrativa la alcaldía de Zaragoza. 

Pero, en boca de Mariano Rajoy, esas palabras no son una medalla para alardear de sus triunfos, sino una advertencia. Sólo necesita recordar la impepinable ley gravitatoria: todo lo que sube, tiene que bajar. Pero en esta noria hay un eje que permanece: "En los gobiernos se está y se deja de estar; las alcaldías se ganan y se pierden, pero el partido sigue, el partido permanece. El partido es lo estable". En el apogeo del poder, el partido ha sido el protagonista del XVII congreso del PP. Bien está.

Sólo que, aparte de la pretensión de vaciar al humanismo quitándole el apelativo "cristiano", no ha habido ninguna discusión relevante, al menos, sobre lo que sea el Partido Popular. Si el poder fluye pero el partido permanece, lo primero que habrá que resolver qué es lo que permanece; qué es lo que define al PP y lo que le hará reconocible más allá de la noria de los ciclos políticos. ¿Es el partido de los bajos impuestos? Bien, no he dicho nada, pero ¿es el partido de la libertad? ¿Es el partido de la unidad y la continuidad histórica de España? ¿Es el partido que busca mejorar la sociedad española sin cambiarla de arriba abajo? ¿Desparasitará al Estado? ¿Librará a las instituciones de la mano de los políticos? 

No me respondan con el rosario de naderías y vaguedades calculadas de las distintas ponencias. Porque ni dan respuesta a estas preguntas ni pretenden hacerlo ni se las creen sus propios redactores. Quizás un Congreso esté más encaminado al reparto del poder que a la definición del ideario. ¿Cómo criticarlo? Pero este PP, que tanto poder tiene, sigue sonado y contra las cuerdas en el combate ideológico. Si abraza a su adversario es sólo por no recibir más golpes y por no caerse. Y eso no va a cambiar si el propio partido no se lanza a plantear los debates más importantes, en la confianza de que los va a ganar. De otro modo, y contradiciendo lo que dice Mariano Rajoy, lo único que definirá al Partido Popular es la alternancia en el poder.

¿Cuál es el verdadero salario mínimo de España?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Muchos son los liberales que insisten en que tan exigua cuantía bloquea la creación de empleo y muchos son los intervencionistas que consideran que su importe es ridículo y que debe aumentar de manera muy sustancial. Al cabo, ¿cómo puede siquiera insinuarse que un salario de 641,4 euros al mes es un sueldo demasiado elevado que bloquea la creación de nuevo empleo? ¿Quién puede vivir con menos de 641,4 euros al mes? ¿Y cómo pueden protestar los ricachones empresarios de que no pueden pagar apenas 641,4 euros mensuales?

Lo primero, como siempre, es no dejarse llevar por las impresiones iniciales. Es verdad que el salario mínimo bruto que mes a mes percibe el trabajador es de 641,4 euros, pero coincidiremos en que lo relevante para que el empresario decida contratar o no a un trabajador no es el salario que éste finalmente percibe, sino el que en debe abonar la compañía, le llegue en última instancia a él o no. Por ejemplo, si mañana el Gobierno instaura un impuesto del 50% sobre el salario mínimo, el obrero pasará a cobrar sólo 320 euros mensuales, pero al empresario no se le habrá abaratado lo más mínimo el coste de contratarlo.

¿Y cuál es el salario (o coste) mínimo que debe sufragar un empresario para poder contratar a un trabajador? No, desde luego, 641,4 euros al mes. Para empezar, el salario mínimo está compuesto por 14 pagas, no por 12, de modo que prorrateando las dos pagas extraordinarias llegamos a 748,3 euros al mes (8.980 euros anuales). A este importe, sin embargo, hay que añadir la cotización a la Seguridad Social que soporta el empresario y que, como mínimo, será del 29,9% (contingencias comunes, desempleo, formación profesional y FOGASA), esto es, de 2685 euros anuales, lo que totaliza 11.665 euros al año (972 euros mensuales).

Ahora bien, recordemos que esta remuneración es a cambio no de 12 meses de trabajo, sino de 11 (hay incluido un mes de vacaciones durante el cual el empleado cobra pero no trabaja). Si anualizamos este coste, llegaremos a la cifra de 12.725 euros por año de trabajo realmente realizado (o 1.060 euros mensuales). Pero aquí no acaba todo.

Por cada año que transcurre, el trabajador devenga un derecho de cobro en caso de despido, coste que, tras la última reforma laboral, asciende a 20 días por año trabajado (o a 33, si el despido es calificado de improcedente). Dada la crisis actual, podemos cuantificar el coste esperado del despido (asumiendo una probabilidad de despido del 40%) para un trabajador que perciba el salario mínimo en una horquilla de entre 200 y 300 euros anuales. Digamos, para manejar números redondos, que el coste salarial mínimo por ejercicio en España sería de 13.000 euros. ¿Termina aquí la cosa?

No. Existe un último coste que no suele tenerse en cuenta pero que, obviamente, debemos computar. Se trata del llamado "coste del capital", esto es, la rentabilidad mínima que espera obtener el empresario al contratar al trabajador. Algunos podrán considerar que es un coste redundante y que, en cualquier caso, no habría que imputárselo al trabajador. Pero se equivocan: una forma, comprensible, de verlo es imaginar que el empresario en cuestión no dispone de capital propio para contratar al empleado y que, por tanto, debe solicitar un crédito a alguna entidad bancaria; crédito por el cual deberá abonar intereses (esto es, un coste financiero que sí sería imputable al deseo de aumentar su plantilla). Pero es que, aun cuando el empresario sí dispusiera de un capital propio, ¿por qué debería destinarlo a contratar al trabajador si, por ejemplo, puede invertir sus ahorros en adquirir deuda pública española que proporciona una rentabilidad de entre el 4% y el 6% con riesgos (y quebraderos de cabeza) menores a los de contratar un nuevo trabajador? En definitiva, sí hay que tener en cuenta el coste de oportunidad de destinar los ahorros (o de pedirlos prestados) para abonar los salarios mes a mes. Pues bien, dado que el coste del capital, por el mayor riesgo, será superior al interés que ofrece la deuda pública, podemos fijarlo conservadoramente entre el 7% y el 10% (entre 910 y 1.300 euros anuales).

Por seguir con los números redondos, podemos concluir que el coste laboral mínimo en España se sitúa en 14.000 euros anuales o 1.166 euros mensuales, casi el doble de la cifra que se nos suele ofrecer en engañosos titulares periodísticos (y eso que dejamos fuera otros costes más difícilmente cuantificables como el papeleo o el de representación sindical, o que no consideramos el caso de los convenios colectivos de cada sector, que mejoran las condiciones mínimas legales).

Por supuesto, como decíamos, una cosa es el salario mínimo que percibe mes a mes el trabajador en su cuenta corriente (641 euros más dos pagas dobles) y otra el coste salarial que, debido a toda la vorágine regulatoria e intervencionista, debe asumir el empresario. Mi punto no es que el salario mínimo sea muy alto desde la perspectiva del trabajador, que obviamente no lo es en absoluto, sino que, sobre todo en momentos de crisis, puede ser demasiado alto desde la perspectiva del empresario (lo que no significa que la solución deba pasar necesariamente por recortar los salarios que percibe el trabajador, sino que bien puede plantearse la minoración del resto de sus costes asociados).

Pensemos simplemente en que todo empresario, a la hora de decidir si contrata o no a un trabajador adicional, se planteará si ese empleado es capaz de generar unos ingresos adicionales para su compañía de 14.000 euros al año. A aquellos que consideran que el salario mínimo es demasiado bajo y que no obstaculiza la creación de empleo habría que preguntarles si piensan que, en momentos como el actual, todos los empresarios saben como obtener, gracias al trabajo de una persona, ingresos adicionales de 14.000 euros. Yo, al menos, no lo veo tan sencillo.

Una pyme que, por ejemplo, requiera de cuatro personas para iniciar sus operaciones necesitaría contar con un plan de negocios que le proporcionara unos ingresos de, al menos, 56.000 euros anuales para ser rentable (y ello suponiendo que su único coste fuera la mano de obra). De hecho, en el conjunto de la economía, los cinco millones de parados no podrían ser incorporados al sistema productivo a menos que fueran capaces de crear bienes y servicios valorados por el mercado en, como poco, 70.000 millones de euros (lo que equivale a un crecimiento, con respecto a la situación actual, del 6,5%).

Incrementar, como desean algunos, el salario mínimo que percibe el trabajador a 1.000 euros mensuales elevaría el coste laboral mínimo a cerca de 23.000 euros anuales, lo que complicaría todavía más la recolocación de parte o de la totalidad de los cinco millones de parados (que deberían ser capaces de crear bienes y servicios valorados en 115.000 millones de euros). Por no hablar, claro está, de que todos aquellos obreros que contribuyeran a generar unos ingresos inferiores a 23.000 euros anuales tenderían a ser despedidos.

En suma, en muchas ocasiones, aquellos que dicen ser los mayores defensores de los trabajadores suelen ser, consciente o inconscientemente, sus principales enemigos.

¿Puede una reforma laboral crear empleo por sí sola?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Bueno, pongámonos en el caso más extremo posible: la legislación laboral de un país impide que la gente pueda trabajar y, de repente, un Ejecutivo medio sensato opta por derogar ese liberticida mandato. ¿Cree usted que esa reforma laboral crearía empleo? Parece evidente que sí, y que lo haría además en grandes cantidades.

Claro que cualquiera podría objetar, con razón, que el anterior constituye un supuesto muy poco realista y en absoluto aplicable a nuestras sociedades. Bien, modifiquemos un poco ese extremo caso: consideremos una paupérrima economía donde el Gobierno decreta que nadie puede contratar a otra persona por menos de 5.000 euros mensuales (o cualquier cuantía superior a la riqueza esperada que pueden llegar a fabricar los distintos trabajadores); o consideremos otra economía deprimida y con unas perspectivas muy inciertas donde los elevadísimos costes del despido hayan convertido en una actividad de altísimo riesgo el contratar a personas de las que, muy probablemente, haya que prescindir en el futuro cercano; o consideremos una economía muy dinámica donde los empresarios se ven empujados a reconfigurar cada poco tiempo sus planes de negocio –trasladando los factores productivos desde unas áreas a otras de su empresa– pero donde la legislación laboral impide cualquier mínima movilidad interna del trabajador; o consideremos, en suma, cualquier economía donde las leyes laborales entorpecen de un modo apreciable la habilidad empresarial de tejer nuevos planes de negocio, ya sea imponiendo costes artificiales o cercenando gran parte de la productividad de esos planes.

En todos estos casos, una reforma laboral crearía empleo por la sencilla razón de que planes empresariales que antes no eran viables pasarán a serlo y, por tanto, algunos de los individuos con vocación empresarial que antes se quedaban de brazos cruzados o que ni siquiera se planteaban la posibilidad de dirigir una empresa, pasarán a hacerlo. El capitalismo es un sistema de cooperación social que funciona a través de la coordinación interpersonal impulsada por planes empresariales en competencia: restringir legislativamente la cantidad de planes empresariales factibles –por ejemplo, a través de draconianas normativas laborales– equivale a restringir el adecuado funcionamiento del capitalismo y, por tanto, de la creación de riqueza y del empleo. Piénselo un momento: si a un excelente nadador le atamos de pies y manos y lo lanzamos al mar cerca de la orilla, ¿cree que será capaz de salvarse? No. ¿Tendría sentido que alguien afirmara que el problema de ese nadador no son las ataduras, sino que no dispone de manguitos o de una bombona de oxígeno y que, por consiguiente, de nada serviría quitarle las ataduras? Evidentemente, no.

Por supuesto, alguien podría sostener que la reforma laboral es una condición necesaria pero no suficiente para crear empleo, que junto con ella deben darse otras imprescindibles condiciones como un más laxo acceso al crédito o un incremento generalizado del gasto; a saber, que si el nadador se encuentra muy alejado de la orilla o si tiene unas intensas dolencias estomacales, tampoco podrá salvarse por mucho que lo desatemos.

Y sí, obviamente nadie sostiene que la única causa de una crisis económica y su único paliativo sea una profunda liberalización laboral: si los bancos están medio quebrados será menester que se saneen; si el Estado se encuentra al borde de la insolvencia deberá ajustar su presupuesto; si existen otros mercados relevantes tan o más regulados que el laboral (como podría serlo el energético) habrá que proceder a su flexibilización, etc. Ahora bien, una cosa es sostener que una liberalización del mercado de trabajo no será capaz por sí sola de recolocar a todos los parados y otra, muy distinta, que no será capaz por sí sola de recolocar a ninguno de ellos.

 ¿Puede una reforma laboral ser condición suficiente para que muchos parados puedan encontrar un empleo? Sí, y ello aun cuando coincida con una restricción del crédito o del gasto dentro de la economía.

Primero, es verdad que las contracciones del crédito pueden ser devastadoras para un tejido empresarial que se haya acostumbrado a vivir y a funcionar merced a ese crédito, y es verdad que, mientras la sequedad de esa fuente de financiación continúe, muchos empresarios serán incapaces de invertir y de crear empleo por mucho que la reforma laboral les haya permitido descubrir nuevas y atractivas oportunidades de negocio. Ahora bien, no pensemos que el crédito es la única forma en la que se financian los proyectos empresariales y la creación de nuevo empleo; las empresas existentes que siguen ganando dinero (que siempre las hay, incluso en una crisis económica) disponen de una importante fuente de autofinanciación: sus propios beneficios. Las corporaciones asentadas, grandes o pequeñas, tienen la capacidad de expandir sus operaciones merced a la reinversión de sus ganancias, y un paso decisivo para ello puede ser una liberalización laboral que permita ajustar a la realidad las condiciones del mercado de trabajo. En resumen, sin crédito y sin reforma, nadie se lanzará a crear empleo; sin crédito y con reforma, parte de las compañías existentes y con beneficios pueden llegar a hacerlo. ¿Que aun así será insuficiente para recolocar a todos los parados? Es muy probable, pero al menos lograremos que una parte del tejido empresarial amplíe su producción y genere empleo.

Segundo, la tan extendida milonga keynesiana de que sin aumentos del gasto –o sin crecimiento del PIB– no es posible crear empleo debe ser descartada por entero. Sin duda, se trata de un argumento muy del gusto de la izquierda ("si no crecemos, de nada servirá la liberalización del mercado laboral; y si crecemos, no será necesaria"), pero no por ello deja de ser un argumento falaz. Recordemos que el PIB puede interpretarse tanto como lo que una economía gasta cuanto como lo que una economía produce. Dicho de otro modo, producción y gasto son dos caras de la misma moneda: no puede gastarse aquello que no se produce y no tiene sentido producir aquello que no desea gastarse. Sólo existe un modo de gastar hoy sin tener que producir hoy: mediante el endeudamiento (gastamos más en el presente a cambio de desprendernos de parte de nuestra producción futura). Pero si una economía tiene la vía del endeudamiento cerrada (por ejemplo, por hallarse en medio de una crisis causada por el exceso de endeudamiento previo), sólo podrá aumentar el gasto en la medida en que aumente su producción.

¿Y de qué depende la producción? Pues de dos elementos: de la cantidad de factores productivos dedicados a fabricar bienes y servicios y de la productividad de esos factores productivos. Dado que a corto plazo los aumentos generalizados de la productividad son muy complicados (es necesario ahorrar e invertir en bienes de capital que sean tecnológicamente más punteros o que se complementen sinérgicamente con otros ya existentes), la única forma de incrementar la producción, y por tanto el gasto, es incorporando a más factores dentro del tejido empresarial. O dicho de otro modo, en medio de una crisis económica, la creación de empleo no provendrá a corto plazo de un aumento del gasto, sino que en todo caso el aumento del gasto (de la producción) será consecuencia de la creación de empleo.

Es muy sencillo de entender: los individuos pueden gastar en función de sus ingresos y esos ingresos dependen de su producción. Si la reforma laboral permite que una parte de planes empresariales que antes no eran viables pasen ahora a serlo, todos los individuos implicados en esos planes (accionistas, trabajadores, proveedores, etc.) verán aumentar sus ingresos y podrán, por tanto, incrementar sus gastos (lo que rentabilizará la creación de empleo en otras partes del aparato productivo). La reducción del paro no será consecuencia del crecimiento del PIB sino al revés.

En definitiva, una reforma laboral que liberalice en profundidad el mercado de trabajo sí puede por sí sola generar empleo, sobre todo cuando procedamos de una situación de enorme rigidez previa que limitaba en mucho la coordinación empresarial. Evidentemente, su contribución positiva a la creación de riqueza y de puestos de trabajo puede verse total o parcialmente contrarrestada por otras circunstancias adversas dentro de la economía, como podría serlo una contracción muy severa del crédito, una catástrofe natural o una súbita obsolescencia de parte de su producción. La cuestión es que la reforma laboral no contribuye a desatar ninguna de esas circunstancias adversas y, por tanto, en el peor de los escenarios posibles, minimizará o compensará la destrucción de empleo originada por otras causas (facilitando, por ejemplo, la ejecución de nuevos planes de negocio dentro de aquellas empresas que puedan autofinanciarse). En un escenario no catastrófico, incluso cuando concurra estancamiento, una liberalización profunda del mercado laboral sí puede ser capaz de incrementar por sí sola el nivel de ocupación, aun cuando no vaya a solventar todos los desajustes de esa economía y, por consiguiente, a eliminar todo su desempleo.

Los jueces contra Sinde, y Wert

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Es un argumento bastante endeble, porque lo primero que se le ocurriría a una persona sensata es si no sería mejor acelerar el funcionamiento de los tribunales, que afectaría a cosas bastante más importantes que las descargas. Pero dado que ese es un problema que hasta ahora nadie ha logrado solucionar, podría parecer comprensible.

Pero el razonamiento tiene un problema de base, y es que la Ley Sinde-Wert, como empieza a ser conocida, no acelera nada, sino que toma el camino opuesto al que están recorriendo los jueces. Excepto en un par de casos, en los que además hubo sentencia de conformidad –es decir, un acuerdo para evitarse líos–, los distintos tribunales que se han visto con el caso de una web de descargas lo han sobreseído al no apreciar delito alguno. Acaba de saberse el sobreseimiento de Cinetube, que hace unas semanas se puso la medalla de ser mencionado por el FBI en el escrito de acusación del caso Megaupload, pero no es una sorpresa. Lo raro sería lo contrario.

En definitiva, la ley Sinde-Wert crea un atajo que permita a un organismo administrativo cerrar sitios web que los jueces, con las leyes en la mano, consideran completamente legales. Y sin modificar ni la LSSI ni la Ley de Propiedad Intelectual de modo que se considere fuera de la ley la actividad de enlazar a descargas de videojuegos, pelis, series y música. La diferencia entre alojar un contenido protegido y enlazarlo es la que existe entre, pongamos, una web de pornografía infantil y Google. Si se aceptara la ilicitud del enlace no sólo se provocaría grandes dolores de cabeza a multinacionales ya establecidas, sino que sería una piedra más contra la innovación en internet en España.

No sé a ustedes, pero no parece juego limpio por parte del Estado darse la potestad de destruir actividades privadas que el propio Estado reconoce como legales. La única opción que les queda a estos sitios web será recurrir a las primeras decisiones que tome esta corte suprema sin jueces que instaura la Ley Sinde-Wert. Pero mientras se estudian estos recursos estarán cerrados sin haber cometido delito alguno. Es la diferencia entre un Estado de Derecho y un Estado social y democrático de Derecho, supongo.

Megaupload, el fin de un gigante con los pies de barro

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

 

Hasta hace poco más de una semana Megaupload era uno de los grandes puertos virtuales donde millones de internautas hacían parada y fonda. Ofrecía archivos, es decir, películas, discos de música, libros y todo tipo de información que puede ser descargada y visualizada en una pantalla. Era un destino atractivo. Todo, absolutamente todo, estaba allí, desde los taquillazos más recientes de Hollywood hasta el último disco de Lady Gaga pasando por las series de televisión más populares. Utilizarlo era simple, tan sólo hacía falta disponer de un ordenador, una conexión ADSL y tiempo para la descarga y posterior visionado, audición o lectura de los contenidos descargados.

Era el modelo definitivo de file sharing o compartición de archivos. Catálogo amplio, multilingüe, sin esperas y con rapidez garantizada, el nirvana mismo del internauta aficionado a las descargas. Pero, de pronto, para pasmo de medio mundo, se apagó. Y no porque sus dueños decidiesen dedicarse a otra cosa, sino porque el FBI lo cerraba fulminantemente en una cinematográfica operación internacional denominada “Megaconspiracy”. Al minuto la noticia copó las portadas de todos los diarios del planeta abriendo un controvertido debate que no ha hecho más que empezar y que promete momentos de gloria para lo que queda de año.

Pero, ¿qué es lo que hacía Megaupload para ocasionar una reacción tan expeditiva por parte de la temida oficina federal de investigaciones? Simple, una buena parte de los archivos que albergaban sus servidores estaban allí sin el consentimiento de sus propietarios, y eso es ilegal, ya que va contra las leyes de propiedad intelectual. ¿Subían ellos esos archivos sin permiso?, no, su negocio no era tan arriesgado. Si lo hubiesen hecho así hace ya mucho tiempo que les habrían cerrado la web. Lo hacían de un modo más sibilino. Tal y como reza su propio nombre, usuarios de todo el mundo “subían” (upload) contenidos a sus servidores, la empresa los almacenaba, los clasificaba y los colocaba listos para su descarga por parte de otros usuarios.

Todo eso cuesta bastante dinero. Tanto el ancho de banda, es decir, el tráfico de datos, como el alojamiento de esos datos es caro. Ni que decir tiene que, tratándose de películas, la cantidad de datos a almacenar y transferir es altísima. Los dueños de Megaupload, sin embargo, no eran unos benefactores de la humanidad que ponían toda esa infraestructura por amor al arte. Su verdadero negocio, de donde sacaban el dinero, no era de la carga, el upload, sino de la descarga, el download. Los usuarios podían elegir entre dos modalidades: una gratuita con esperas y descarga lenta, y otra rápida previa compra de un bono de descarga que se denominaba “cuenta premium”. La venta de esas cuentas es lo que hizo millonarios a los dueños de Megaupload.

Millonarios y excéntricos. Detrás de la palabra mágica que hacía furor en Internet había cuatro europeos –tres alemanes y un holandés–, capitaneados por Kim Schmitz, un antiguo hacker condenado en tres ocasiones por craquear una red empresarial, por fraude y por desfalco. Lo que Schmitz nunca había pisado hasta ahora era la cárcel, donde de seguro va a pasar los próximos años de su vida. Los otros correrán parecida suerte.

Schmitz, un informático de 38 años nacido en una ciudad de provincias del norte de Alemania, siempre quiso ser millonario. La irrupción de Internet le cogió muy joven, con veinte años recién cumplidos. Se especializó entonces en la naciente piratería informática, lo que le ocasionó la primera de sus condenas, de la que salió ileso. Entonces se empezó a hinchar la burbuja de las puntocom y Schmitz, inquieto y emprendedor, se subió sobre ella. Pero no para crear riqueza, sino para apoderarse de ella con malas artes.

En 2001 compró una compañía, Letsbuyit.com, y anunció que iba a invertir un dineral en ella. Las acciones subieron como la espuma, entonces Schmitz la vendió llevándose una jugosa tajada en concepto de plusvalía. A los pocos días Letsbuyit quebró irremisiblemente, pero el alemán ya había desaparecido con el dinero. Para entonces ya se hacía llamar Kim Dotcom (puntocom) o Kim Tim Investor. Lo cierto es que hacer negocios con él era una práctica de alto riesgo. En 2002, después de quebrar otras dos empresas tras obtener un préstamo sin garantías de 280.000 euros, fue detenido en Bangkok y extraditado a Alemania. Fue juzgado por insider trading (uso de información privilegiada) y condenado a pagar una multa, pero se libró de la cárcel. Al año siguiente volvió a vérselas con la justicia alemana por un caso de desfalco. Fue condenado a dos años de prisión, pero no llegó a ingresar.

Eso le hizo abandonar definitivamente su país natal y conseguir otra nacionalidad a la que recurrir en caso de problemas. Consiguió un pasaporte finlandés y concibió su siguiente pelotazo. Se trataba de Megaupload, fundada en la primavera de 2005 con una pequeña inversión. Para evitar problemas se llevó la sede de la empresa a Hong Kong mientras él, por su parte, se mudaba a la remota Nueva Zelanda, donde alquiló una gigantesca mansión de cuento de hadas muy similar a la que Michael Jackson tenía en California. La llamó Dotcom Mansion. Para evitar problemas con las autoridades locales, se prodigó en donaciones, como las que hizo a la fundación que atendía a las víctimas del terremoto de Christchurch.

El gobierno neozelandés estaba encantado con su nuevo vecino. Llegó a comprar 10 millones de dólares en bonos del Tesoro y era uno de los principales contribuyentes del archipiélago. Y es que Schmitz no era un millonario ahorrador, sino un consumidor compulsivo. Le perdían todos los lujos: jets privados, yates, viajes a la Costa Azul para codearse con las estrellas del celuloide, coches deportivos, fiestas por todo lo alto con mujeres de postín en los destinos más exclusivos del planeta. En la pura ostentación se le iba una buena parte de los cuantiosos beneficios que Megaupload le dejaba. Pero la empresa no hacía más que crecer. Pronto se dio cuenta del potencial de la pornografía y montó Megaporn. Cuando se percató de lo demandado que era el vídeo en streaming al estilo de YouTube lanzó Megavideo, un servicio en el que se podía ver casi cualquier película on line aunque, eso sí, había que pagar si se pretendía ver entera porque a los 72 minutos la reproducción se detenía. Una trampa magistral. El espectador ya había cogido el hilo y quería ver el final, lo que le llevaba a tirar de Visa para adquirir un bono de descarga.    

El modelo Megaupload funcionaba a las mil maravillas pero sus cimientos eran de barro. Alojar y distribuir contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual es un delito en todo el mundo. Schmitz se defendía arguyendo que él no subía esos archivos, que se limitaba a poner el puente y que, si los propietarios se lo pedían, retiraba el archivo en cuestión. Servir de puente y lucrarse con ello es de dudosa legalidad, además, cuando los titulares de los derechos solicitaban la retirada de un archivo no siempre desaparecía, o lo hacía y volvía a aparecer a los pocos días con otro nombre. A fin de cuentas, el núcleo del negocio era disponer de contenidos atractivos. Megaupload premiaba a los que subían las películas o las series más demandadas, lo que demuestra que muy buena fe no tenían.

Un pequeño porcentaje de todo el material que había en los servidores de la empresa estaba allá arriba con todos los papeles en regla. Esos archivos (apuntes de universidad, informes y archivos variados) se podían almacenar y distribuir legalmente, pero ni Schmitz ni sus socios vivían de ellos. Ahora queda por determinar que va a ser de toda esta información, que, en rigor, debería ser devuelta a sus legítimos propietarios. El otro fleco que queda pendiente es retornar a los usuarios el remanente de los bonos de descarga que no han podido consumir.

Eso, y mucho más, se dilucidará en los próximos meses ante un tribunal federal de los Estados Unidos. Por de pronto Schmitz y los suyos se encuentran en una prisión neozelandesa pendientes de extradición. Afrontan tres cargos de máxima gravedad y los reclama el FBI, el servicio aduanero de Hong Kong, la policía holandesa, la fiscalía de Rotterdam, la policía metropolitana de Londres, la oficina de investigación criminal de Alemania y la policía montada del Canadá. De esta Schmitz no va a salir tan bien librado como en ocasiones anteriores. A Kim Dotcom, motejado por el mismo como Kimble (en honor al protagonista de la película “El Fugitivo”) se le ha acabado la huída.  

La reforma laboral que hace falta

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

El mercado laboral español es un mercado anémico. Genera poco empleo, y cuando lo hace es de pésima calidad o mal remunerado. Incluso en época de vacas gordas, en la parte expansiva del ciclo, con el crecimiento y la recaudación fiscal disparados, el paro es anormalmente alto. En los años de la burbuja inmobiliaria las tasas de desempleo bajaron a mínimos históricos situándose en el entorno del 7%, una cifra de la que presumíamos, pero que se corresponde con el desempleo que hay en otros países durante las recesiones. En Estados Unidos, por ejemplo, se empieza a hablar de problemas de empleo cuando el paro sobrepasa el listón del 8%, y en Alemania, un país “de nuestro entorno”, un 10% de la población activa desempleada dispara todas las alarmas.

Las razones por las que nuestra economía genera pocos puestos de trabajo son múltiples. Influye el grado de capitalización del país, que es inferior al de otros países desarrollados. También la tradicional vulnerabilidad de las empresas españolas: pequeñas, poco competitivas en el mercado global y enfocadas en su mayoría al mercado interno, por lo que, en cuanto éste estornuda, muchas se ven condenadas a la quiebra. Aunque es cierto que, durante la última década, han nacido un puñado de multinacionales españolas, no son suficientes para un país del tamaño del nuestro, con 47 millones de habitantes y un PIB que lo coloca entre las 15 principales economías del planeta. En España, para colmo de males, se emprende poco. Por razones culturales, pero también administrativas. El empresario, piedra filosofal de una economía libre tiene que pasar un calvario administrativo y no tiene buena imagen social.

Con todo, el principal obstáculo para la creación de empleo en España no son las empresas, sino la legislación. Nuestro mercado laboral es de los más rígidos del mundo. Contratar un trabajador conlleva un gasto considerable, multitud de trabas administrativas y supone un vínculo difícil de romper por parte del empleador. Las relaciones laborales en España están muy sindicalizadas mediante convenios colectivos que firman unos cuantos sindicalistas y unos cuantos empresarios en nombre de todos los trabajadores y todos los empresarios del sector en cuestión. Estos convenios, generalmente alejados de la realidad concreta de la empresa concreta, son auténticos fabricantes de parados.

El trabajo, que no deja de ser, a fin de cuentas, un factor más en el proceso productivo, se sobreprotege activamente desde las administraciones públicas y la propia legislación. Esta sobreprotección ha obrado lo contrario de lo que pretendía. En lugar de garantizar un puesto de trabajo bien remunerado para todos, ha conseguido que en España se trabaje poco y mal o, directamente, que no se trabaje en absoluto. Las mal llamadas “conquistas sociales” del trabajador, cifradas en privilegios sin cuento para la casta sindical, los empleados públicos y los contratos indefinidos de larga duración, han dejado al resto de trabajadores expuestos al mercado informal (en el que no hay ningún tipo de derecho y todo desafuero tiene cabida) o al desempleo eterno.

La reforma laboral es, por lo tanto, una urgencia si queremos dejar de liderar la Champions League del desempleo. Ante un hecho tan evidente, en el que parecen coincidir casi todos, pueden ir poniéndose parches como se ha hecho hasta ahora o abordar el problema de raíz. Debería empezarse por suprimir el salario mínimo, que perjudica a los menos productivos condenándoles a emplearse en la economía sumergida. Porque, aunque parezca mentira, nuestra legislación a quien más perjudica es a los más débiles: los jóvenes y los menos adiestrados, que no pueden utilizar el salario como arma de negociación. Se debería, a renglón seguido, poner fin a los convenios colectivos de curso obligatorio, un resabio del fascismo corporativo que no tiene cabida en una economía libre que aspira a competir en el mundo. Los convenios no favorecen a los trabajadores, sino a quienes los firman. En el camino se dejan un buen número de parados. Los convenios tienen, además, la peculiaridad de penalizar el esfuerzo y premiar la pereza. Es difícil encontrar algo bueno en ese desfasado marco de relaciones laborales.

Con estas dos reformas el mercado laboral se reanimaría a ojos vista. Luego, si lo que se pretende es que en España se trabaje, el Gobierno no haría mal en rebajar sustancialmente las “cargas laborales” de los trabajadores y liberalizar el despido. Lo primero dejaría más dinero en el bolsillo de los trabajadores y abarataría el coste del factor para los empleadores, lo segundo acabaría de un plumazo con el miedo cerval que los españoles tienen a perder su empleo, simplemente porque sería mucho más fácil encontrar otro nuevo.

Desempleo siempre va a existir, el problema es que en nuestro país ese desempleo es estructural y de larga duración. La relación entre trabajadores y los empresarios viene dictada contractualmente desde arriba, lo que degenera en desconfianza y envenenamiento sistemático, del que se derivan males como el presentismo, las intrigas, los chantajes o las jornadas laborales agotadoras. Un círculo vicioso que sólo una política laboral inspirada en la libre contratación bajo el imperio de la Ley, puede romper.