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Liechtenstein, por Dios, el Príncipe y la Patria

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Imagine un lugar con una tasa de desempleo que ronda el 1% y que nunca supera el 2%. Un sitio donde la inflación es del 0,5%, el IVA no pasa del 7% y la renta per cápita es de 135.000 euros al año. Un país donde hay más empresas que habitantes, donde fundarlas es sencillo y rápido, sin más trámites administrativos que inscribirlas en un registro mercantil y pagar sus impuestos correspondientes cada ejercicio, unos impuestos que jamás van más allá del 20% de los beneficios. Este nirvana económico existe, y no está tan lejos de España, a apenas un día conduciendo cómodamente por la autopista. Se trata de Liechtenstein, el país más rico del mundo.

La abundancia en la que nadan sus habitantes no se la deben a la naturaleza, que ha sido extremadamente avara con ellos. Liechtenstein se encuentra en el fondo de un valle alpino. Hace frontera con Austria y Suiza, dos países que carecen de acceso al mar, convirtiéndose de este modo en uno de los dos países doblemente bloqueados del mundo (el otro es Uzbekistán). El clima extremado de los Alpes y lo accidentado del terreno no invitan a explotar con provecho la ganadería o la agricultura. Los inviernos son largos y nevosos, los veranos cortos y húmedos. Liechtenstein, un pequeño principado de poco más de 35.000 habitantes lo tenía todo para ser uno de los lugares más pobres y atrasados de la Tierra.      

Y así sería sino fuese porque, tanto sus habitantes como el príncipe que los gobierna desde hace siglos, han confiado siempre en las bendiciones del comercio y su prima hermana la libre empresa. Liechtenstein pertenecía en tiempos al Sacro Imperio Romano Germánico y era uno de los rincones más abandonados de Europa. Entonces, allá por el siglo XVII, un noble austriaco compró un minúsculo señorío a orillas del alto Rin. Este señorío, conocido como Schellenberg, recibió el nombre del duque Karl von Liechtenstein, un acaudalado aristócrata que contaba con grandes heredades repartidas por todo el imperio.

Karl recibió el título de Príncipe de manos del Emperador y fundó el Principado de Liechtenstein enfeudándolo al Imperio. Con el correr del tiempo los Liechtenstein fueron perdiendo todas sus posesiones hasta quedarse tan solo con aquel remoto valle encaramado en el corazón de los Alpes. Tras la Primera Guerra Mundial y la derrota sin paliativos del Imperio Austrohúngaro, Johann II, un heredero lejano de aquel Karl von Liechtenstein, decidió separarse de Austria y pactar con los suizos un ventajoso acuerdo de cooperación monetaria y aduanera. Liechtenstein seguiría siendo independiente, pero prescindiría de lo que suele caracterizar a un país: la moneda, el ejército y los puestos fronterizos.

La decisión de Johann fue muy sabia. Su diminuto país carecía de todo y eso le echó en manos de la globalización, que en los años veinte ya existía y era extremadamente activa. Visto que a los Gobiernos de todos los países de Europa suprimieron el secreto bancario de sus ciudadanos, convertidos ya, irremediablemente, en súbditos fiscales, los liechtensteiner se especializaron en la banca y en convertirse en un lugar atractivo para las inversiones. Así se obró el milagro. Liechtenstein no está en la Unión Europea pero no tiene fronteras vigiladas.

Un simple mojón y un cartel con el escudo del Príncipe indican que se entra en el Fürstentum alpino. A partir de ahí el país despliega sus encantos. Aparte de la belleza del paisaje, que en algunas épocas del año alcanza lo sublime, en Liechtenstein todo es lo que parece. Está formado por 11 comunidades (Gemeinde), que se corresponden con los 11 municipios del Principado. Cada una de ellas puede separarse del país cuando lo crea oportuno si el parlamento (Landtag) legisla en contra de los intereses de la comunidad. Por intereses hay que entender eso mismo, intereses. Los liechtensteiner son muy suyos. Como son pocos, ricos y, por lo general, pueblerinos, no están dispuestos a ceder en lo que ellos consideran sagrado.

Lo suyo empieza en la conciencia y termina en los impuestos. Liechtenstein, mayoritariamente católico, es uno de los países más conservadores de Europa, lo que echa por tierra dos mitos muy persistentes: que conservadurismo y progreso económico son incompatibles y que catolicismo es sinónimo de pobreza. En el Principado se verifica todo lo contrario. Liechtenstein triplica la renta per cápita nominal de Alemania y lo hace, además, sin sacrificar comodidades tal y como demuestra su sexto puesto del Índice de Desarrollo Humano de la ONU (España está en el 20). Resumiendo, que la prosperidad puede alcanzar a todos sin que haya que confiscar y redistribuir la riqueza a la fuerza.

Una incorrección política como la de Liechtenstein se ha hecho merecedora de todo tipo de epítetos. Dicen que todo se lo deben a la banca off-shore pero no es del todo cierto. Las empresas off-shore radicadas en el país sólo aportan el 30% del PIB, el resto lo generan sus habitantes fabricando artículos de alto valor añadido y prestando servicios, básicamente de turismo. Aunque parezca chocante, la economía de Liechtenstein vive, básicamente, de la industria. Naturalmente no hay altos hornos, acerías o grandes plantas de ensamblaje de automóviles. Se han especializado en la precisión. De sus empresas salen dispositivos ópticos, maquinaria especializada y, sobre todo, suministros para odontología, campo en el que las firmas del Principado tienen fama mundial. La empresa local es de tamaño pequeño o mediano, aunque el país tiene también su gran multinacional: Hilti, un gigante de la maquinaria de construcción con presencia en 120 países y 20.000 empleados repartidos por el globo, más de la mitad de los que viven en Liechtenstein y cuatro veces los censados en la pequeña Gemeinde de Schaan, de la que procede y donde tiene su sede central.

La riqueza de Liechtenstein es proverbial, pero no menos que la manía de sus habitantes por autogobernarse y no permitir que les vengan a poner normas desde fuera. En el Principado todo se vota. Es quizá el país que más referéndums tenga del mundo. Los hay para todos los gustos, cada vez que un debate sobre cualquier tema agita a la sociedad se convoca un plebiscito para decidir. Así, por ejemplo, se han dado casos realmente sorprendentes como el de 2003, en el que los electores decidieron aumentar los poderes del Príncipe Hans Adam II. Le dieron algo insólito: capacidad de veto sobre las leyes emanadas del parlamento. Esto indica que los liechtensteiner se fían más del monarca que de sus políticos. Lo consideran, por decirlo de algún modo, menos amenazante para sus intereses individuales y comunitarios.

Esta capacidad de la que dispone el Príncipe se puso a prueba hace no mucho, en septiembre de 2011, cuando se celebró un referéndum sobre el aborto. Al final salió que no, que no estaban por la labor de despenalizarlo, pero antes de eso el Príncipe Alois aseguró que no sólo no firmaría la Ley, sino que la vetaría sin pestañear. Por suerte no tuvo la necesidad de hacerlo. Esta consulta llenó los periódicos de medio mundo, aunque, por lo general, no suele ser así. Los habitantes del Principado acuden a las urnas todos los años a refrendar los asuntos más insospechados como, por ejemplo, construir o no una comisaría de policía (dijeron que no 2004), si se dotan de una seguridad social estatalizada (dijeron que no en 1999), si se levanta un nuevo edificio para el parlamento (dijeron que no en 1993) o si se reduce el horario escolar librando a los estudiantes de dar clases los sábados (dijeron que no en 1991). Es normal que haya tanta consulta, con 1.000 firmas basta para poner en marcha un referéndum.

El pequeño principado alpino es, en definitiva, el peor lugar del mundo para ejercer de político. Sólo hay 25 diputados, tan pocos que no necesitan ni hemiciclo para reunirse, con una mesa redonda les basta. El Gobierno es minúsculo: cuatro ministros y un secretario general. La cosa pública es tan poca cosa que el Ejecutivo y el Legislativo al completo se apañan en un pequeño edificio de estilo austrohúngaro en el centro de Vaduz, a pocos metros de la catedral, una antigua iglesia parroquial que Juan Pablo II elevó a sede diocesana en 1997. Con tan poco estómago que mantener pueden permitirse el lujo de disfrutar de los impuestos más bajos de Europa. Ese es el secreto de su éxito, y no, como dicen las malas lenguas, el blanqueo de dinero sucio. El problema es que la verdad es incómoda, y cuando esa verdad tiene aplicación práctica lo es mucho más.

Problemas paquidérmicos

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Artículos en prensa.

…el ciudadano español se ve aplastado por grandísimos problemas de dimensiones, digamos, paquidérmicas.

Pero este artículo no va a ir del mastodóntico sector público español, ni del elefantiásico déficit… Va a ir de otros problemas y de otros paquidermos…
 
Efectivamente, hace poco ha saltado a los medios el escándalo del enésimo derroche del Ministerio de Asuntos Exteriores que se pulió 300.000 eurazos en “la mejora de la producción agrícola de las regiones de Cacheu, Bissora y Carantab, mediante resolución de conflictos con los hipopótamos, en Guinea-Bissau".
 
Sin duda un autentico despilfarro “trinitario”. Pero esto no ha sido lo más grave. En este caso, la pasta, 50 millones de las antiguas pesetas aunque parecen un pastizal para cualquier ciudadano medio, que no viva de la política, son una insignificancia dentro de los 63 millones de euros que se decidieron destinar en el último consejo de ministros de la era zapatera a oenegés dedicadas a causas tan necesarias como  subvencionar la Red Iberoamericana de Festivales de cine lésbico, gay, bisexual y transexual o a las Emisoras de radio con enfoque de género en Camboya.
 
Lo más grave fue el método por el cual, siguiendo paso a paso las estrategias y hojas de ruta ya probadas del PSOE, se solucionó “El Conflicto”, aunque a favor de Trini hay que decir que, en este caso, las iniciativas españolas no solo tuvieron como interlocutores a hipopótamos homosexuales o hipopótamas lesbianas…
 
Sin  duda, era un problema muy enquistado, pues desde hace casi medio siglo, desde mediados de los sesenta, los hipopótamos destrozaban las cosechas y atacaban a los lugareños. Algunos ejemplares, muy agresivos, guiados por un primitivo y exacerbado instinto territorial, y sin duda, encantados por sustituir su dieta de vegetación de la sabana por exquisiteces hortofrutícolas, incluso entraban en los poblados ribereños, campando por sus respetos con total impunidad.

Se intentaron varias soluciones. De 1996 a 2004 se puso en práctica una política de firmeza, ante la amenaza hipopotámica. Se cazaron y enviaron a zoos alejados del río a los ejemplares más violentos, dentro de una acertada política de dispersión, y se sometió a las manadas a un intensivo seguimiento por parte de los rangers que impidió que se organizasen para sus asaltos. Se pusieron cercas, se persiguió a los hipopótamos conflictivos incluso dentro de los santuarios o parques nacionales del otro lado de la frontera.

Con la captura de dichos ejemplares, que eran los líderes de la manada, y su sustitución en la jerarquía por otros individuos menos problemáticos, el conflicto parecía en vías de solución…los asaltos y los ataques disminuían.
 
Pero las cosas cambiaron. Con dinero español, la firmeza, basada en no ceder ante los hipopótamos violentos, fue sustituida por una política de dialogo, de concesiones… de paz.

Se dejó de perseguir a las manadas problemáticas, se dificultó la acción de los rangers, e incluso los de National Geographic grabaron un vídeo en el cual se ve a un viejo hipopótamo con antecedentes recibiendo un chivatazo y, gracias a él, escapando de una batida…

Los ejemplares agresivos retomaron el liderazgo de la manada. Y sí, manifestaron  de forma unilateral que iban a dejar la violencia a cambio de unas contrapartidas que incluían la vuelta a casa de los hipopótamos dispersos por los zoos, su alimentación a cargo del erario público y la cesión de territorios exclusivos en los cuales los hipopótamos fueran soberanos, territorios que, según el razonamiento paquidérmico,  siempre habían pertenecido a su especie, y en el cual los humanos no tendrían ningún derecho…

A las víctimas de los ataques, a los agricultores que habían perdido sus cosechas, se les dijo que había llegado el momento de la paz, que no había vencedores ni vencidos, que había que olvidar…Fue muy duro para muchos lugareños ver cómo los hipopótamos volvían a pasearse impunemente por las calles de sus poblados, cómo acosaban a cualquiera que se atreviese a acercarse a la orilla del río, cómo las cosechas que tanto había costado producir ahora acababan en el estómago de los paquidermos como precio político por la paz…Incuso hipopótamos asesinos se pavoneaban y exhibían sus colmillos en un gesto de desafío y burla delante de los familiares de sus víctimas…

Pero el “conflicto” estaba solucionado… mientras se accediese a su voluntad, los hipopótamos no volverían a atacar…

Y sí, es vergonzoso, pero se ha conseguido la Paz… Lo malo es que también las hienas han tomado nota de cómo se ha resuelto el conflicto.

Asesino de internautas

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Quienes estamos en contra de la pena de muerte la rechazamos con independencia de dónde tenga lugar, pero hay algunos casos que resultan aún más repugnantes que el resto. Uno de ellos es el de Irán y la pena capital impuesta a los internautas Saeed Malekporu y Vahid Asghari. Ambos van a enfrentarse, si nada logra impedirlo, a la ejecución por mostrar en la red su disconformidad con la teocracia de Mahmud Ahmadineyad y Alí Jamenei.

Se les ha condenado, en un país en el que las garantías judiciales son inexistentes, por unos delitos que no deberían serlo en ningún lugar del mundo. Van a ser ejecutados por ofensas al islam y por "agitar a la sociedad" contra el sistema islamista. En definitiva, se les impone la pena capital por delitos de opinión. Para que todo resulte más grotesco, y deje más en evidencia lo injusto del sistema judicial iraní, no se ha permitido que sus familias conozcan las sentencias hasta más de un año después de ser dictadas. Pocas cosas pueden reflejar mejor que esto la crueldad del régimen teocrático persa amigo de los Castro, Chávez, Ortega y demás caudillos iberoamericanos.

Es la cara más cruel, pero no la única, de la represión de internet en Irán. La dictadura teocrática teme, como cualquier otra, a la red por ser un ámbito donde resulta muy complicado cercenar la libertad. Por eso no debe de extrañar que Ahmadineyad siga con sus planes de crear una internet propia iraní separada del resto del mundo y sometida a la Sharia. Este ciber-Dar al Islam persa no es más que una copia islamista de la triste y censurada intranet creada por los Castro en Cuba en sustitución de la red libre que podemos disfrutar en otros muchos lugares del mundo.

El iraní es un régimen asesino de internautas, y de ciudadanos en general, cuyos dirigentes odian y temen la libertad. Quienes, por el contrario, defendemos la dignidad y la autonomía de cada ser humano no podemos guardar un cómplice silencio ante sus crímenes, ni ante los de ninguna otra tiranía.

Nosotros o ellos

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

No en vano, medios de comunicación y políticos suelen ser un fiel reflejo del tipo de sociedad existente en un país. La cuestión es que un mero repaso de titulares desvela con rotunda claridad que algo muy importante ha cambiado en España… ¡El Gobierno! Más concretamente su color político.

Así recogían algunos periódicos la noticia del día, referida a la exitosa subasta del Tesoro Público, tras lograr colocar en el mercado 10.000 millones de euros, el doble de lo previsto, a un coste financiero menor que en ventas equivalentes previas.

En primer lugar, los medios comúnmente asociados o más próximos al PP:

  • ABC: "Los mercados premian los ajustes de España", sobre una foto en la que llueven billetes del cielo.
  • El Mundo: "Los mercados aplauden los ajustes de Rajoy con una compra masiva de deuda".
  • La Razón: "El plan Rajoy funciona".

¿Y los de izquierdas –entiéndase PSOE–?

  • El País: "La barra libre de dinero del BCE alivia la presión sobre la deuda española".
  • Público: "La banca gana. Las entidades compran deuda española al 3,5% con dinero prestado por el BCE al 1%".

Lo relevante aquí es que los primeros no destacaron con tal rotundidad y contundencia el abrumador éxito que viene cosechando el Tesoro en las subastas de las últimas semanas, antes de que Rajoy anunciara su famoso plan de ajuste –que no es otro que subir impuestos– y, casualmente, después de que el Banco Central Europeo (BCE) reabriera su línea extraordinaria de liquidez a los bancos, mientras que los segundos obviaron, precisamente, esta última variable en las anteriores colocaciones de bonos, cuando Zapatero aún ostentaba el poder.

La clave, sin embargo, sigue siendo la misma. Es posible que el cambio de Gobierno haya podido influir algo en la percepción de los inversores hacia los bonos españoles, pero el factor fundamental sigue siendo la facilidad financiera otorgada por el organismo monetario, reabriendo así el famoso carry tradellevado a cabo en 2009 y 2010. A finales del pasado noviembre, el BCE comenzó a atragantarse con la deuda de España e Italia, desatando una creciente preocupación en los mercados que, pocos días después, fue aliviada tras anunciar que reabría el grifo de la liquidez ilimitada a tres años y a un tipo de interés del 1% (mínimo histórico). Es este nuevo balón de oxígeno a la banca, y no el ajuste de Rajoy, el que logró inflar artificialmente la subasta del Tesoro, no sólo español sino también italiano.

Por desgracia, España tiene graves déficits estructurales en materias muy diversas, pero por encima de todas destaca un denominador común: la profunda politización y partidismo que sufre el conjunto del país. La política levanta pasiones muy similares a las del fútbol, de forma que unos y otros militan con devoción en PP o PSOE, sin atender a más razones que a esas siglas como si de Madrid o Barça se tratara. Y ello, con independencia de las ideas o fundamentos ideológicos que profesan sus particulares formaciones, lo cual denota una profunda ausencia de reflexión y actitud crítica en la sociedad española.

Así, en los últimos días sorprende cómo tertulianos y votantes del PP defienden con ahínco la subida tributaria aprobada por Rajoy cuando hace apenas unos meses lanzaban pestes contra medidas similares adoptadas por Zapatero. Las siglas, no las ideas, gobiernan España, y esto es, sin duda, un motivo de grave preocupación. La crisis no se resolverá mediante eslóganes o pancartas sino a través de la implementación de medidas correctas. Y estas últimas sólo podrán fructificar a través del debate de las ideas no de los partidos. No es una cuestión de PP o PSOE sino de libertad o estatismo, liberalismo o colectivismo… Nosotros o ellos.

El coste de la ciberprohibición

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Desafortunadamente, como afirma Antonio José Chinchetru, esta iniciativa empresarial no es de esperar en España. Los políticos, y la gente en general, tienden a pensar que la prohibición es el remedio a todos los males. La poca madurez intelectual, moral y económica de muchos les hace pensar que las prohibiciones son una acción necesaria para una sociedad mejor. En este caso no me refiero a las prohibiciones de imperativo ético como el robo o el asesinato, sino las que condenan estilos de vida. La realidad es que su único origen es la protección de los grupos de presión, y sus excusas mera propaganda para autojustificarse.

Las prohibiciones sobre estilos de vida no funcionan porque no hacen desaparecer la demanda real, es decir, no eliminan las ganas que tiene la gente de consumir aquel bien o servicio prohibido. La ley no es mágica. En Estados Unidos prohibieron el alcohol en los años 20 y solo trajo el aumento de la delincuencia, el nacimiento de bandas e incluso el aumento del consumo de alcohol. El propio presidente de Estados Unidos tenía su reserva de alcohol en la Casa Blanca. Hace un siglo que se prohibieron las drogas y hoy día más gente conduce drogada que bebida. Prohibir estilos de vida solo tiene costes para la sociedad.

Y es que prohibir cuesta dinero. Mucho. Ese dinero lo paga el ciudadano. Cada euro gastado en una prohibición significa un euro menos que se gasta en políticas públicas, sanidad, seguridad, justicia, carreteras o cualquier otro servicio privado o estatal. Por ejemplo, un grupo de policías investigando webs no puede a la vez detener a violadores. Y así, en toda la estructura que la ley mande como funcionarios, jueces, abogados, carceleros, papeles, programas informáticos, controles que disminuyen el rendimiento de las empresas privadas que tendrán que fiscalizar a sus usuarios…

¿Y todo para qué? Para satisfacer a lobbies como SONY, los actores, productoras, distribuidores, a Walt Disney… Este lunes entrevistaron a Alex de la Iglesia. Afirmaba que la cultura ha de tener suficiente entidad como para verse reflejada por un Ministerio que luchara contra los lobbies. Se refería a las telecos que, según él, ganan con las descargas a pesar de que estas empresas afirman que los que consumen grandes cantidades de tráfico son clientes deficitarios que aumentan el precio global del servicio.

Alex de la Iglesia quiere asegurar sus rentas por medio de la prohibición y la violencia de la ley. ¿Qué hemos de hacer los ciudadanos? ¿Exigir un Ministerio del Pueblo para que nos defienda de gente como esta? Eso ya existe y se llama Estado. Sin embargo, no solo nos ha dejado abandonados, sino que nos ha atacado. Y si SOPA o la ley Sinde no funcionan ¿qué pedirá el señor de la Iglesia, SONY y Walt Disney? ¿La creación de una subdivisión del ejército para aniquilar a los que se bajen películas? En fin, mejor no dar ideas.

La propiedad intelectual es un invento que no tiene nada que ver con un delito. Lea atentamente este escrito de Stephan Kinsella (famoso abogado americano especializado en el tema): Contra la propiedad intelectual. O puede ver este video (hecho cuando el proyecto SOPA se llamaba ACTA).

Ni SOPA, ni la ley Sinde van a hacer un mundo mejor, al revés. Estaremos más controlados, tendremos menos libertad, nos costará dinero y el Estado hará peor el trabajo que ya hacía. Todo ello para satisfacer a los lobbies que son incapaces de adaptarse a su tiempo. Son las empresas que han de satisfacer a los consumidores, no al revés. Los ciudadanos podemos existir sin empresas, pero al revés no tiene sentido. Por más que lo obliguen por ley.

Armenios, genocidios y censuras

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Francia aprobará, previsiblemente, una ley que reconoce en aquella matanza un genocidio. Yo no soy partidario de que la política haga historia porque habitualmente esta última queda sacrificada a la primera. Pero en este caso comparto ese criterio. Los Jóvenes Turcos ejecutaron un plan de exterminio del pueblo armenio, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, con un éxito que se cifró en millón y medio de personas. Por el objetivo (el exterminio de una comunidad), el método y el resultado, no merece otro calificativo que el de genocidio.

Pero la nueva ley francesa, que se someterá pronto a la consideración del Senado, no se queda ahí. Penalizará con hasta un año de cárcel o 45.000 euros de multa a quien niegue tal genocidio. La ley ya lo prevé contra los negacionistas de la Shoah. Yo siempre he considerado que la censura es un error moral y práctico. También con posiciones tan abrumadoramente falaces y miserablescomo el negacionismo. Si este es falso, que enseñe sus pobres armas frente a los inapelables recuentos de cadáveres, a los minuciosos relatos, cosidos a los hechos, de planes de exterminio aplicados con implacable sistemática. Una mentira tan burda no puede sobrevivir mucho tiempo en libertad. La censura, sin embargo, la protege. La expulsa de la crítica y le otorga un halo de malditismo y conspiración. La censura es su única salvación.

¿Cómo puede no entenderlo un autor como Bernard-Henri Lévy, que niega que la ley francesa sea liberticida? ¡Si su función consiste en acabar con la libertad de expresión de unos cuantos! Henri Lévy se basa en "el derechos que todos tenemos a no ser injuriados públicamente". Pero yo niego ese derecho. La injuria está en la mente de quien la sufre. Uno puede sentirse injuriado, o no, por cualquier afirmación de un tercero. Si reconocemos la injuria como delito, cualquiera puede decir sentirse injuriado por cualquier manifestación que no le guste. Y acabaríamos en la censura más absoluta.

Dice que esta historia "fue escrita, y bien escrita, hace mucho tiempo", por lo que debemos pensar que ya no cabe una línea más sobre ella. No está claro cómo puede temer que los "caprichos", "locuras", "artimañas" y "mentiras vertiginosas" de los "agitadores" podrían tener más peso que la labor de los historiadores. Y se desdice a sí mismo al aferrarse a una misteriosa "sabiduría de la representación nacional". Si esa sabiduría procede del recuento de votos, no necesitamos a los Bernard-Henry Lévy, nos vale con un Silvio Berlusconi cualquiera.

Dejemos de veras que los historiadores hagan su trabajo en libertad y no temamos a quienes quieren hacer política negando el pasado. A no ser, claro, que estén en el poder y se escuden en un Henri Lévy de turno para censurarnos.

Déficit público: ¿culpa de los ingresos o de los gastos?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

O dicho de otro modo, el problema del sector público no es que gaste demasiado, sino que ingrese demasiado poco; en consecuencia, lo que toca ahora no es adelgazarlo, sino crujir un poco más al ya de por sí debilitado sector privado para que sostenga cuanto pueda los despilfarros estatales.

El argumento no es del todo falaz. En efecto, de 2008 a 2009 (año de nuestro máximo déficit público) los ingresos tributarios cayeron en casi 57.000 millones de euros y los gastos aumentaron en 70.000 millones. Dejémoslo, pues, en tablas: tanto lo uno como lo otro explican decisivamente el enorme desequilibrio en nuestro saldo presupuestario.

¿Significa ello que hay que atajar el gasto en la misma medida en que se suben los impuestos? ¡No! La mentira yace en otra parte: durante la burbuja inmobiliaria (2002-2007), la recaudación fiscal aumentó a un ritmo vertiginoso al socaire del propio crecimiento artificial de la economía. Lo prudente en aquel entonces habría sido tomar esos ingresos públicos como lo que eran: regalías extraordinarias y no recurrentes que en ningún caso podían servir de base para consolidar gastos permanentes a largo plazo. Pero no se hizo: no sólo los ingresos aumentaron espectacularmente (un 54% entre 2002 y 2007) durante ese período burbujil, sino que también lo hicieron los gastos (un 45%).

Que sí, que se me dirá que en 2006 tuvimos un superávit del 2% del PIB, mas la realidad es que, como se ha visto luego, ese superávit era demasiado pequeño para absorber la caída de ingresos ulterior. La estampa me recuerda a la de un señor que ganara en la lotería 10 millones de euros y que decidiera elevar sus gastos anuales con carácter permanente hasta los 9 millones de euros: para algunos, tal individuo pasaría por un ser extremadamente austero al lograr amasar el holgado superávit de un millón de euros; para otros, en cambio, sería un completo irresponsable que habría hipotecado su futuro, pues al año siguiente, ayuno de ingresos extraordinarios por lotería, no tendría manera de hacer frente a sus millonarios desembolsos. De hecho, a partir de entonces padecería un déficit de 9 millones de euros aun cuando congelara sus gastos. ¿Diríamos en tal caso que su déficit es consecuencia del aumento de sus gastos tras la crisis (tras no ganar de nuevo la lotería) o de la caída de los ingresos con la crisis? Pues, claro está, sería responsabilidad del aumento permanente de los gastos durante la percepción de sus ingresos extraordinarios.

Lo mismo le sucedió a España: si entre 2002 y 2007 hubiésemos congelado los gastos del Estado, habríamos tenido margen para que, a partir de 2008, actuaran los desestabilizadores automáticos sin generar un colosal déficit. Y, de hecho, aunque en 2006 tuvimos un superávit presupuestario del 2%, el FMI nos informaba por esas fechas de que, en realidad, presentábamos un déficit estructural del 1,2%. A saber, en ningún momento de la década experimentamos un déficit estructural inferior al 1%: las presuntamente superavitarias Administraciones Públicas españolas de mediados de la década pasada habrían incumplido todos los años el laxo criterio aprobado recientemente por Merkel y Sarkozy para limitar el déficit estructural al 0,5% del PIB.

A la postre, no hay que ser un lince para descubrir que los Estados que se encaramaron con más entusiasmo a la ola de gastar a manos llenas conforme los ingresos entraban a carretadas entre 2002 y 2006 son los mismos que ahora presentan problemas de viabilidad: fueron Grecia, Irlanda, Portugal y España los Estados europeos que más aumentaron sus gastos durante ese período. Comparen si no las cifras de crecimiento de los desembolsos públicos (que oscilan entre el 32 y el 60%) con las de la austera Alemania, quien apenas incrementó sus gastos un 2% en seis años:

En definitiva, la Administración española, ahorrar ahorró poco: más bien comprometió su viabilidad financiera futura haciendo explotar los gastos sobre la base de unos endebles e insostenibles niveles de ingresos públicos. La borrachera de la burbuja sacudió a todo el país; también, como no podía ser de otro modo, a los políticos. En este sentido, afirmar que la recaudación tributaria se ha hundido desde 2008 no es un argumento a favor de la subida de impuestos, sino más bien de la reducción del gasto: la marea ha bajado y ha demostrado que el adiposo Estado español se estaba sufragando con unas entradas de caja que eran puro humo. Y por eso, la única salida posible para no estrangular al renqueante sector privado español es reducir con decisión nuestro hipertrofiado gasto público.

Rajoy, otro socialista mentiroso

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, este sueño fue barrido de un plumazo en el Consejo de Ministros del pasado viernes, cuando, por sorpresa, el presidente popular aprobó una de las mayores subidas fiscales de la democracia. Esta decisión, más allá de las nefastas consecuencias que tendrá para el conjunto de la economía nacional, demuestra que Rajoy es un socialista más en materia presupuestaria y, sobre todo, un mentiroso en la arena política. Nada nuevo bajo el sol, aunque millones de electores depositaron su confianza en los populares, que prometieron que el cambio era posible.

Resulta desolador observar lo poco que ha durado dicha promesa, poco más de un mes desde las generales del 20-N, y lo endeble e ilusorio que ha sido el discurso del PP en estos últimos años. El brutal aumento de impuestos aplicado sobre las rentas del trabajo, el ahorro y la vivienda tan sólo puede ser calificado de traición. Traición a los votantes del PP, porque este partido incluyó en su programa electoral el compromiso explícito de no subir los impuestos, algo que su líder, Mariano Rajoy, reiteró hasta la saciedad:

– 11 de julio de 2009: "En una situación de crisis, donde todo el mundo lo está pasando mal, donde todo el mundo tiene dificultades, donde mucha gente ve cómo no le paga ni siquiera la Administración, es un disparate quitar recursos a los particulares y subir los impuestos. Y eso va contra el empleo".

– 27 de septiembre de 2009: "La subida de impuestos no es necesaria. La subida de impuestos no se justifica y la subida de impuestos es profundamente insolidaria con las clases medias y trabajadoras españolas".

– 22 de agosto de 2010: "Ahora el Gobierno habla de que va a subir los impuestos, incluso ha llegado a decir que para ponernos a nivel europeo. Eso es un insulto a los españoles, porque los españoles son los terceros ciudadanos de la Unión Europea que hacen más esfuerzo fiscal, los terceros".

– 17 de noviembre de 2011: "En principio, no voy a tocar ningún impuesto si gano las elecciones, salvo los impuestos a emprendedores, que esos sí hay que bajarlos porque la gran prioridad nacional en España es la creación de empleo (…) En el medio y largo plazo, pues según cómo vaya evolucionando la economía, pero en principio no vamos a tocar ningún otro impuesto".

– 19 de diciembre de 2011 (Discurso de investidura): "Mi intención es no subir los impuestos porque creo que en un momento como éste, y más a los pequeños y medianos empresarios o a las empresas, con las dificultades que están pasando, no me parece lo más razonable".

Quién te ha visto y quién te ve. La palabra de Mariano vale lo que vale, es decir, nada. Rajoy fue elegido presidente con un discurso en el que prometía reducir el déficit sin subir los impuestos, pero a las primera de cambio gobierna como el resto de sus nefastos homólogos en Grecia, Italia o Portugal –el caso de Irlanda presenta importantes matices–.

De hecho, los engaños no acaban aquí. El PP justifica ahora esta medida "extraordinaria" y "temporal" de forma… injustificable, ya que, si bien el descuadre presupuestario para 2011 puede superar el 8% del PIB –frente al 6% previsto por Zapatero–, no es menos cierto que algunos miembros del actual Ejecutivo, como el propio De Guindos (ministro de Economía), conocían de antemano este dato, por lo que no es una sorpresa. Por otro lado, el PP gobierna en casi todas las comunidades autónomas, y son éstas, precisamente, las principales responsables del desvío presupuestario, no el Gobierno central. Además, resulta cuanto menos extraño que en Génova desconocieran la grave situación financiera con la que han de bregar sus barones. Por último, pero no menos importante: si hay que reducir el déficit en 40.000 o 50.000 millones de euros este año, ello no justifica el sangrar aún más la economía productiva con vistas a sufragar el derroche público, sino que es la prueba fehaciente de que los políticos deben apretarse el cinturón, pues siguen gastando más de lo que ingresan.

La gravedad de esta subida fiscal no radica sólo en la flagrante mentira de Rajoy, sino en sus efectos. La promesa de austeridad pública, unida a la conformación de un Gobierno capacitado para acometer los grandes retos que afronta el país, permitía aventurar un fuerte saneamiento económico en el presente ejercicio. Sin embargo, por desgracia, la partitura mostrada por Rajoy se asemeja mucho, al menos por el momento, a la ejecutada por Zapatero desde 2008. El nuevo presidente se decidió el pasado viernes por una política fiscal puramente socialista, tal y como proponían PSOE e IU en sus respectivos programas; de hecho, mantiene el Impuesto de Patrimonio y la subida fiscal a la grandes empresas aprobadas hace poco por Salgado, así como políticas sociales de Zapatero como la Ley de Dependencia, el PER de 400 euros para parados, la renta básica de emancipación o el permiso de paternidad. Rajoy se ha comprometido a garantizar las bases del insostenible Estado del Bienestar, revalorizando las pensiones públicas y el actual régimen de prestaciones por desempleo; y hasta ha otorgado luz verde a la inefable Ley Sinde.

Por si fuera poco, el PP ya baraja avalar la deuda autonómica, lo cual supondría socializar desmanes ajenos, cubrir los agujeros bancarios mediante la creación de un banco malo que sufragará el contribuyente o mantener intacta la actual Ley Antifumadores, entre otros despropósitos. Sin duda, aún está todo por hacer, y medidas como el recorte público de casi 9.000 millones de euros en el primer trimestre están muy bien encaminadas, pero, por el momento, el socialismo domina de forma contundente la partida. Mucho tendrá que cambiar el PP en los próximos meses para reconducir el resultado. Hoy por hoy, tras sus primeras decisiones, Rajoy tan sólo ha demostrado ser otro socialista mentiroso y, por tanto, su período de gracia llega a su fin.

El PP prefiere el siglo XX al XXI

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero eran otros tiempos, y la desgracia de aquellos honrados empresarios no se tradujo en leyes de solidaridad con el sombrerero que nos obligaran a todos a ponernos algo para cubrirnos la cabeza al menos una vez por semana. Fue lo lógico, lo racional, lo liberal. El cambio de gustos de una desgracia para ellos, pero nadie tenía la culpa, así que los Gobiernos de entonces no decidieron imponer ningún "recargo complementario temporal de solidaridad" para sufragarles las pérdidas.

Estamos en 2011, y muchas cosas han cambiado. De modo que varias industrias están sufriendo el embate de las nuevas tecnologías. Son en su mayor parte intermediarios dedicados a acercarnos arte y entretenimiento, que se han visto en un escenario en el que los costes de distribución de sus productos se acercan a cero. Si estuviéramos en los años 50 habrían adaptado sus procesos de negocio para competir en el nuevo escenario. Pero estamos en 2011, y muchas cosas han cambiado a peor.

Así pues se empezó imponiendo un canon digital primero sobre discos ópticos y más tarde sobre muchos otros dispositivos de almacenamiento bajo el razonamiento de que podían ser empleados para almacenar esos productos de la industria discográfica y audiovisual en formato digital. Aquella medida atentaba contra la justicia, pues partía de una presunción de culpabilidad: daba lo mismo que usaras aquello para copiar las fotos de tus niños; debías pagar. De modo que desde internet muchos ciudadanos empezaron a organizarse en contra de ese canon digital y el PP aparentemente ha decidido hacerles caso. Pero es sólo eso apariencia: este extraño impuesto privado no será eliminado sino sustituido por los impuestos que pagamos al Estado. Seguiremos subvencionando a la  SGAE pero a través de los presupuestos. Es decir, ya no son culpables sólo los que se compran un pincho USB; también lo es la abuela que no ha visto un ordenador ni en fotos. Ahora se nos presume la culpabilidad a todos y cada uno de los españoles. Un gran avance. Y eso que nos prometieron eliminar subvenciones a la cultura.

Pero lo peor es que con esta medida el PP ha intentado ocultar lo peor: la aprobación del reglamento de la Ley Sinde y, con él, la facultad de una comisión administrativa para cerrar sitios web. Quisieron cerrarlas por la vía judicial y perdieron, así que han decidido –en lugar de cambiar la ley– quitar a los jueces de en medio. Tanto el nuevo ministro Wert como otros apologistas de esta ley han querido pintar a la oposición a esta medida como un apoyo incondicional a los sitios web de descargas. Sin duda hay de eso. Pero lo principal es que existen muchos modelos de negocio en internet que nunca podrán aparecer en España gracias a esta norma.

Imaginen que Youtube hubiera nacido en enero de 2011 en España. Ya sé que requiere un esfuerzo, pero háganlo. Mucha gente subiría vídeos sacados de la tele o el DVD, aunque fueran fragmentos. Con esta ley, una comisión administrativa tendría perfecto derecho a cerrarlo antes de que prosperara y lo comprara Google. Evidentemente, las trabas a las nuevas empresas son muchas más, pero añadir a toda prisa esta inseguridad jurídica añadida no va a ayudar. El PP está favoreciendo a empresas de toda la vida, que no consiguen adaptarse a lo que quieren los consumidores, a costa de las compañías punteras que sí podrían hacerlo. Un hurra por el chiste ese del Ministerio de Competitividad.

A por la cartilla de racionamiento

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Sí, aquí y en 1984 sí puede. Facua Madrid, ONG "con un carácter marcadamente progresista, democrático, plural y participativo" (sic), rechaza de nuevo la liberalización casi total de los horarios comerciales que acaba de incluir el Ejecutivo de Esperanza Aguirre en el Anteproyecto de Ley de dinamización del comercio por fomentar un consumo "irracional e impulsivo".

Ay estos cretinos de los consumidores, si es que no se les puede dejar solos; abres un poquito la mano y se te descontrolan. Tan irracionales e impulsivos se vuelven, que la mejor manera que atina Facua para defender sus derechos es imponiéndoles caenas, esto es, arrebatarles el más elemental de esos derechos que es el de elegir.

No ya sólo para protegerles de sí mismos sino también porque en su vorágine despilfarradora los consumidores van dejando otros muertos por el camino: a saber, si no se les prohíbe comprar en ciertos horarios, asestarán un "severo golpe" a "buena parte del pequeño y mediano comercio, restándole capacidad competitiva". ¡Una asociación para defender a los consumidores mutada en lobby promotor de los crematísticos intereses de aquellos empresarios que peor satisfacen a los consumidores! Menos mal que Facua, según su declaración de principios, es "independiente de gobiernos, partidos políticos, confesiones religiosas e intereses empresariales"; mas algunos de esos intereses parece tenerlos muy en cuenta cuando le conviene.

Sucede que la irracionalidad, la impulsividad o los falsos perjuicios al pequeño comercio son meras excusas para cargar contra lo que Facua verdaderamente detesta, que no es ni el consumo excesivo, ni el consumo dominical, ni el consumo nocturno, ni el consumo suntuario, ni el consumo en grandes superficies, sino el consumo libre.

He ahí la clave del asunto, aun cuando quede feo –muy feo– decirlo: los consumidores (y los vendedores) deben ser reprimidos por el Estado para impedirles formalizar transacciones voluntarias y mutuamente beneficiosas. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. Un peligroso paso desde el legítimo paternalismo asesor hasta el bochornoso paternalismo opresor. Al cabo, una vez nos empezamos a cuestionar si consumidores y comerciantes son lo suficientemente mayorcitos como para llegar a acuerdos sobre cuándo comprar y vender, ¿acaso no se impone plantearse lo mismo con respecto a qué partido político votar? ¿O es que un ciudadano puede escoger sin problemas las siglas de aquellos que van a ejercer la coacción sobre 47 millones de españoles pero, al tiempo, puede no ser lo bastante maduro como para optar entre comprarse un par de zapatillas ora el viernes ora el domingo?

Ya puestos, ¿por qué no avanzar hacia la reintroducción de las cartillas de racionamiento, auténticos centinelas contra el consumo irresponsable, impulsivo e insostenible? Al menos así se caerían las máscaras y ya tendríamos claro que los chicos de Facua no aspiran a promover nuestro consumo responsable, sino a ser los responsables de nuestro consumo.