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Otro ajuste sigue siendo posible

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero que sean "los más austeros" hasta el momento no significa que sean especialmente austeros; a la postre, ya sabemos que el tuerto es el rey del país de los ciegos.

Hace unos meses publiqué una relación de 32.000 millones en desembolsos de la Administración Central del Estado que podían y debían ser recortados para cumplir con nuestros objetivos de déficit sin necesidad de incrementar impuesto alguno que lastrara nuestra actividad económica. Mi propuesta era relativamente conservadora, en la medida en que evitaba afectar aquellas partidas que constituyen lo que generalmente se consideran las funciones centrales del Estado (defensa, seguridad y justicia), así como el mal llamado Estado de Bienestar (sanidad, educación y prestaciones de desempleo) y el salario de los empleados públicos.

Como ya manifestaba entonces, mi opinión personal era que también había que meter la tijera a muchas de esas partidas, pero mi propósito era menos ambicioso: demostrar que otro ajuste era posible tan sólo eliminando gastos superfluos, subvenciones e inversiones públicas que realiza o puede realizar sin problema alguno el sector privado.

Si comparamos los presupuestos de 2012 con los de 2011 comprobaremos que la mayoría de los recortes que ha aprobado Rajoy proceden de las partidas que nosotros propusimos. Ahora bien, en lugar de eliminar la totalidad de esas partidas inservibles o contraproducentes, se ha limitado a aplicarles una tijera de alrededor del 20%, con lo cual (y añadiendo otros recortes que no propusimos) Rajoy y su Gobierno dicen que han sido capaces de minorar el gasto público en 12.900 millones de euros.

Bien, procedamos ahora a repetir el ejercicio que ya realizamos con los presupuestos de 2011 pero con las nuevas y super-austeras cuentas generales del Reino presentadas por Cristóbal Montoro en el Congreso. Como puede observarse al final del artículo, no sería demasiado complicado minorar el gasto estatal en otros 27.000 millones de euros, adicionales a los ya recortados por el PP. O dicho de otro modo, la Administración Central del Estado bien podría haber reducido el déficit público español en 40.000 millones exclusivamente por el lado de los gastos: podría haberse promovido un ajuste un 50% superior al de Rajoy y sin subir impuestos.

Si a estos 40.000 millones de euros les añadiéramos otro ajuste similar del gasto en la administración autonómica y local, es fácil comprobar que habríamos alcanzado de forma muy holgada no ya el 5,3% de déficit sino el 4,4% pactado originalmente con Bruselas (y de hecho, no sería nada complicado bajar del 3% y volver a cumplir este mismo año el Pacto de Estabilidad y Crecimiento). No hablemos ya de que, como sería necesario, procedamos a redimensionar el Estado de Bienestar y el personal de las administraciones públicas (más allá del implicado en el ajuste anterior), en cuyo caso podríamos lograr el equilibrio presupuestario este mismo año sin rapiñar ni un euro adicional a los ciudadanos.

El problema, como hemos dicho muchas veces, es que no existe ni valentía ni convicción para acometer esta amplia reforma del sector público: ante la disyuntiva entre recortar el tamaño del Estado o recortar el bolsillo de los ciudadanos, el PP ha optado claramente por maximizar lo segundo para minimizar lo primero.

En cualquier caso, les dejo con la relación de recortes. Como ya indicamos en el anterior artículo, no hace falta suscribir la totalidad de los mismos para darse cuenta de que en España hay muchísimo gasto público que minorar: verbigracia, sólo aprobando la mitad de los recortes subsiguientes, nos habríamos ahorrado la subida del IRPF y de Sociedades (cuyos efectos recaudatorios esperados se cifran en unos 11.500 millones).

Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación: 1.102 millones

Cooperación para el desarrollo: 678 millones
Cooperación, promoción, y difusión cultural en el exterior: 104 millones
Transferencias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 240 millones
Transferencias al Instituto Cervantes: 80 millones

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: 616 millones

Incentivos regionales a la localización: 128 millones
Investigación y desarrollo de la sociedad de la información: 14 millones
Regulación y vigilancia de la competencia en el mercado de tabacos: 9 millones
Regulación del juego: 6 millones
Servicios de transporte de ministerios: 42 millones
Transferencias a sociedades y entes públicos (como RTVE): 417 millones

Ministerio del Interior: 110 millones

Financiación de partidos políticos: 110 millones

Ministerio de Fomento: 4.490 millones

Promoción, administración y ayudas a la rehabilitación de vivienda: 781 millones
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre: 998 millones
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo: 57 millones
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo: 228 millones
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías: 20 millones
Aportaciones patrimoniales a ADIF: 287 millones
Préstamos participativos a sociedades concesionarias de autopistas: 250 millones
Inversiones en nuevas carreteras: 1.000 millones
Inversiones nuevas en transporte ferroviario: 869 millones

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 524 millones

Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior: 28 millones
Nuevas tecnologías aplicadas a la información: 50 millones
Promoción y cooperación cultural: 24 millones
Promoción del libro y publicaciones culturales: 11 millones
Fomento de industrias culturales: 29 millones
Música y danza: 89 millones
Teatro: 45 millones
Cinematografía: 71 millones
Fomento y apoyo de las actividades deportivas: 177 millones

Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 6.394 millones

Fomento de la inserción y de la estabilidad laboral: 5.759 millones
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas: 5 millones
Subsidio de desempleo para eventuales del Régimen Especial Agrario: 615 millones
Subvenciones a sindicatos y patronal: 15 millones

Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 3.731 millones

Desarrollo industrial: 423 millones
Reconversión y reindustrialización: 575 millones
Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón: 41 millones
Explotación minera: 523 millones
Coordinación y promoción del turismo: 438 millones
Ayuda a la pequeña y mediana empresa: 140 millones
Infraestructuras a las comarcas mineras del carbón: 101 millones
Investigación y desarrollo técnico-industrial: 274 millones
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información: 116 millones
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones: 671 millones
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información: 70 millones
Transferencia al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras: 359 millones

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 1.663 millones

Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios: 63 millones
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria: 31 millones
Desarrollo del medio rural: 1.521 millones
Programa de Desarrollo Rural Sostenible: 28 millones
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible: 20 millones

Ministerio de Economía y Competitividad: 5.835 millones

Cooperación para el desarrollo: 2 millones
Promoción comercial e internacionalización de las empresas: 490 millones
Investigación científica: 661 millones
Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica: 1.392 millones
Investigación y desarrollo técnico-industrial: 1.789 millones
Investigación y experimentación agraria: 75 millones
Investigación oceanográfica y pesquera: 58 millones
Investigación geológico-minera y medioambiental: 26 millones
Investigación energética, medioambiental y tecnológica: 84 millones
Defensa de la competencia: 12 millones
Aportación patrimonial al ICO: 520 millones
Transferencias a organismos autónomos y agencias estatales dependientes de la Secretaría de Estado de Innovación (IGME, CIEMAT, IEO, IAC, CSIC…): 756 millones

Miscelánea: 2.240 millones

Imprevistos y funciones no clasificadas: 1.990 millones
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre: 250 millones

Un diagnóstico erróneo

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Así, por ejemplo, resulta evidente que el Plan E de "estímulo económico" puesto en marcha por Zapatero tras el estallido de la crisis fue un gran error, ya que dilapidó miles de millones de euros de dinero público en obras y proyectos del todo inútiles en el peor momento posible, agudizando así el histórico déficit fiscal que presenta España. Pese a ello, muchos fueron entonces los analistas y políticos que aplaudieron tal medida, al considerar –erróneamente– que el desplome del consumo privado debía ser corregido y compensado mediante una mayor expansión del gasto público, tal y como estipula el keynesianismo. Diagnóstico errado, solución equivocada.

El problema es que, pese a que los socialistas ya no están en el poder, el Gobierno del Partido Popular sigue cometiendo errores de base que son claves. El pasado viernes, al fin, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se dignó a presentar el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, después de haber retrasado su anuncio de forma innecesaria, irresponsable y contraproducente bajo la esperanza de obtener el poder en Andalucía. Pero más allá de las cifras concretas, lo más relevante es el discurso que subyace en la política económica del PP. Y es que, durante estos días se han reiterado, principalmente, dos argumentos sobre los que justificar tales cuentas: por un lado, la subida del Impuesto de Sociedades y la polémica amnistía fiscal eran la "única alternativa" para no tener que elevar el IVA y, por tanto, dañar el consumo; y, por otro, los recortes de gasto público se han efectuado de forma cuidadosa para no lastrar en exceso el crecimiento económico.

Pues bien, ambos principios, puramente socialdemócratas, demuestran que el Ejecutivo de Rajoy, por desgracia, sigue ignorando cuál es la enfermedad que aqueja a España. El país no necesita más consumo sino menos, al tiempo que las cuentas públicas no lograrán sanearse con leves recortes sino mediante drásticos ajustes en el gasto. La subida del IVA, siendo perjudicial, habría sido, sin duda, un mal menor en comparación con el brutal aumento fiscal aplicado sobre particulares (IRPF) y empresas (Impuesto de Sociedades). España es una de las economías más endeudadas del mundo, está fuertemente sobreapalancada como resultado de una enorme expansión crediticia previa que incentivó grandes errores de inversión empresarial (construcción de hasta 800.000 viviendas al año) y permitió a los españoles –durante un tiempo– vivir muy por encima de sus posibilidades reales, de ahí el abultado déficit por cuenta corriente que, pese a casi cinco años de crisis, sigue existiendo aún hoy.

La crisis no es consecuencia de un desplome del consumo, ése es tan sólo un efecto de la recesión, del inevitable ajuste o correctivo que precisa la economía y, por ello, es erróneo tratar de frenarlo. Para saldar la inmensa deuda acumulada, las familias y las empresas tienen que reducir sus costes –menos consumo e inversión– para poder afrontar los pagos. Es decir, España necesita más ahorro, no más consumo, para amortizar sus deudas, evitar la quiebra y acometer nuevos proyectos rentables, liquidando los inviables, para impulsar así el crecimiento sobre bases sólidas. La subida del IRPF y de Sociedades daña, precisamente, esta salida, pues desincentiva de forma sustancial el ahorro y deteriora la competitividad del tejido empresarial.

Asimismo, recortar sólo algunas partidas para "no dañar el crecimiento", tal y como aseveró Montoro, implica mantener en pie una estructura estatal que, simplemente, España ya no se puede permitir. Además, bajo este mismo argumento se podría afirmar que "incrementar el gasto público favorece el crecimiento", lo cual abriría la puerta de par en par a nuevos planes de "estímulo" como los aplicados por Zapatero. Curiosamente, hace escasas semanas, Rajoy afirmó en el Congreso que lo que realmente le gustaría es contar con 20.000 millones de euros más de gasto "para poder hacer muchas más cosas". Por el contrario, el conjunto del sector público sigue gastando un 24% más de lo que ingresa por vía fiscal y, por tanto, el ajuste presupuestario debe efectuarse sólo por el lado del gasto, independientemente de que el PIB caiga más o menos. La alternativa al ajuste drástico de la estructura estatal es, simplemente, el estancamiento –prolongar la agonía– o la insolvencia soberana.

Así pues, lo realmente grave de los Presupuestos no son las cifras en sí, blandas en materia de gasto y contraproducentes en cuanto a impuestos, sino el discurso teórico que los acompaña. El PP mantiene un diagnóstico erróneo sobre la crisis, y mientras esto siga así sus recetas serán insuficientes y/o equivocadas. 

O Iberia Express o la nada

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Tarde y con sobresalto llega la filial de bajo coste de Iberia. Tarde porque Iberia Express, que es como han dado en llamarla, tendría que haber nacido hace cuatro años, cuando empezó la crisis. Y con sobresalto porque, a pesar de lo evidente, los pilotos la han terminado armando contra toda lógica tratando de mantener sus privilegios a cualquier precio. Lo cierto es que, se pongan como se pongan los pilotos, a la que fue aerolínea de bandera española no le quedan muchas más opciones si quiere sobrevivir: o se adapta al mercado o el mercado la entierra después de una historia larguísima de más 80 años.

El de las líneas aéreas es uno de los negocios más difíciles que existen. Dada su naturaleza, es complicado de planificar. Requiere, además, un capital muy costoso como las aeronaves o las instalaciones aeroportuarias que implican, especialmente las primeras, un mantenimiento que encarece aún más la factura. Luego viene el capítulo de personal, que ha de ser numeroso y cualificado. Por último, los aviones no se mueven sin queroseno, y el queroseno está por las nubes desde hace años.

Todos estos inconvenientes se compensaban en tiempos con monopolios aéreos que garantizaban la rentabilidad, y sino lo hacían, como las principales líneas aéreas eran estatales, el Gobierno de turno se limitaba a enchufarlas al presupuesto. Todo era muy bonito pero, claro, volaban cuatro. La apertura de los cielos europeos y la irrupción de las compañías de bajo coste en los años noventa fue la que terminó de poner el mercado patas arriba.

La cuestión era simple, puramente evolutiva: o los jugadores se amoldaban a las nuevas normas impuestas por el mercado –es decir, por nosotros los consumidores– o desaparecían del mapa. Resumiendo, Iberia Express llega porque así lo hemos pedido, no por un capricho de los directivos de la empresa que, por lo demás, vivirían tan ricamente si Iberia fuese un mostrenco estatal, ineficiente y malo como lo fue en los años de su servidumbre pública.

Iberia, cuya red intercontinental da bastante dinero, corría el riesgo de quebrar arrastrada por el desastre en la red de vuelos nacionales y europeos, que es precisamente el campo donde las low cost hacen su agosto a costa de hacer verdaderas virguerías en la gestión y de, por qué no decirlo, de sacar buenos dineros a los Gobiernos autonómicos que quieren su Barajitas privado con sus avioncitos subvencionaditos. Los que mandan en Iberia dicen que no van a tirar de los segundo y que van a ser unos artistas de la eficiencia. Si lo consiguen será motivo de alegría para los accionistas, para los clientes y, naturalmente, para los trabajadores.

140.083 millones de razones

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

…lo que equivale al 13,1 por ciento de toda la riqueza que produce el país entero a lo largo de un año. El dato tiene su importancia tratándose de unos organismos creados de forma artificial no para dar respuesta a las necesidades ciudadanas, sino para usurpar competencias ajenas y formar un paisaje político en el que las aspiraciones nacionalistas tuvieran cabida constitucional.

¿Para qué sirve una comunidad autónoma? Evidentemente, para nada; para nada bueno, me refiero. Sólo para depredar la riqueza de los ciudadanos y exacerbar las contiendas con el resto de autonomías y el gobierno central, al objeto de que la nutridísima clase política periférica pueda justificar su provincianismo cateto de boina, chapela, barretina y mariscada.

El eje vertebrador de la política autonómica es el victimismo hacia un agravio ancestral, unas veces cometido por el Estado y otras por las provincias limítrofes, cuya solución histórica exige un esfuerzo económico cada vez mayor de los contribuyentes, los mismos a los que jamás se ha pedido opinión por esas supuestas traiciones de las que son objeto por parte de sus compatriotas.

Con las transferencias en educación y sanidad, decisión de Aznar por supuesto sin consultar a los usuarios, la ruina del sistema era sólo cuestión de tiempo. Ese momento ha llegado y la solución que se nos propone es pagar todavía más por unos servicios de los que somos rehenes todos los ciudadanos, porque la clase política se cuida mucho de no permitirnos elegir acerca de la forma de educar a nuestros hijos, cuidar nuestra salud o garantizarnos el retiro.

El mal llamado "copago" -porque no se va a pagar a medias con otro y además se trata técnicamente de una nueva tasa autonómica -, es la última afrenta de una casta política que ha hundido el sistema sanitario y aún así se niega a renunciar a sus prebendas devolviendo la competencia al gobierno para su gestión de forma centralizada. Falta dinero para financiar la sanidad pública, pero en lugar de ahorrar 20.000 millones de euros agrupando compras, costes y suministros, los políticos han decidido mejor dejar todo como está y sacar esos millones adicionales del triste bolsillo de los contribuyentes.

Siempre ha habido razones más que suficientes para execrar el sistema autonómico. En el mismo momento de su creación, pero especialmente ahora que nos ha llevado a la ruina al país entero. Desde 2008, año en que comenzaron a hacerse patentes los efectos de la crisis, las comunidades autónomas han duplicado el volumen de su deuda pasando de 72.000 a 140.000 millones, un baldón infame que esmalta esta construcción sociopolítica tan española, cuya principal utilidad ha sido el servir de colocación para doce mil desocupados con carné de partido.

Ciento cuarenta mil millones de euros, veintitrés billones de pesetas, es el montante del pufo autonómico. ¿Le parecen a la ministra Mato pocas razones para oponerse al copago?

El virus francés

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

 Aunque tuvo escasa vigencia en España, llegamos a exportarla en la primera mitad del siglo XIX. Este lunes se cumplen 200 años de su proclamación, y a los liberales de hoy nos toca pagarle el homenaje correspondiente a aquéllos hombres que quisieron reconstruir la nación, aherrojada por los franceses, apelando a las libertades que pertenecen a la persona y que no se habían reconocido plenamente.

Pero yo creo que debiéramos reconocer que aquéllas cortes, y la Constitución que alumbraron, constituyeron un inmenso error. A aquéllos hombres, que todavía nombran nuestras calles y plazas, no se les puede negar su patriotismo, e incluso su heroísmo. Se negaron a entregarse al invasor y se propusieron aprovechar aquél peligroso trance para que la España que saliese de él fuera mejor que la que habían heredado. Pero su efecto sobre la política española a largo plazo ha sido muy negativo.

Introdujeron la soberanía nacional, una idea engañosa que en el nombre de la voluntad del pueblo le otorga al Estado el poder absoluto para decidir sobre nuestra vida. Soberanía nacional o soberanía del individuo. La segunda no llega más que hasta donde se asiente la primera. Coronada por el prestigio de la democracia, la soberanía nacional es prácticamente ilimitada. Hoy nos parece normal que el Estado decida por nosotros sobre asuntos que nos atañen en exclusiva, como lo que consumimos o la educación que le daremos a nuestros hijos.

Pero hay un cambio más sutil, pero quizás más brutal, que fue introducido por la Constitución de 1812, y es la idea de que un papel escrito por unas personalidades ilustres y en el que se expresan ideas reconocibles por muchos, puede cambiar todo el sistema político. Así, todo es mudable. Nada es fijo. Liberado del peso de la tradición, el sistema político puede encaminarse hacia la reconstrucción plena de la sociedad, sin que nada le detenga. De 1812 a 1931 sólo hay un paso.

Con La Pepa dimos varios pasos adelante, muy importantes, como el reconocimiento de varias libertades, como la de la imprenta o algunas otras de carácter económico. Pero al concederle al Estado la facultad de otorgarnos libertades, también le dimos la facultad de retirárnoslas. Había ya una Constitución española, acervo de usos e instituciones heredados de antiguo. Debía ser modificada, modernizada, reformada, para un mayor reconocimiento de los derechos de los españoles. Pero nos dejamos inocular el virus francés de la soberanía nacional y de la voluntad general, con el corolario de que nuestros derechos no tienen más consistencia que la plastilina en las manos de los políticos.

¿Qué es el efecto expulsión?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En cierto modo, pues, podríamos decir que la elevación del precio derivada de la competencia por acaparar un bien o servicio expulsa a una parte de sus potenciales compradores: justamente aquellos que no lo valoran lo suficiente como para pagar más que sus consumidores rivales.

Tres cuartos de lo mismo podría decirse con respecto a los mercados financieros: si algún agente económico quiere endeudarse mucho, el precio del crédito (los tipos de interés) aumentará y parte de los otros demandantes de crédito se quedarán sin él. Habitualmente, el mayor deudor de nuestras sociedades es el Estado, de modo que bien puede decirse que cuando éste emite amplias cantidades de deuda está expulsando a otros demandantes de crédito del sector privado. Esto es lo que en jerga económica se conoce como "efecto expulsión" (o, en inglés, efectocrowding-out) y constituye una de las críticas más potentes contra la persistente acumulación de déficits públicos: si el Estado se endeuda mucho, acapara parte del crédito que habría acudido al sector privado, pero haciendo un uso mucho más ineficiente del mismo.

En principio, la lógica del efecto crowding-out parece implacable: lo que el Estado gaste de más, el sector privado lo gastará de menos. Sin embargo, la verosimilitud del efecto expulsión ha sido sometida a dos críticas que aparentemente minoran gran parte de su relevancia práctica: por un lado, ¿qué sucedería si el crédito fuera infinito?; por otro, ¿qué sucedería si el Estado demanda crédito cuando el sector privado no lo hace en absoluto?

Empecemos por la primera de las dos hipótesis: ¿qué sucedería si el crédito se volviera infinito porque, por ejemplo, el banco central de un país prestara ilimitadamente a gobiernos, familias y empresas? Dado que nadie pide un crédito para mantener el dinero aparcado en la cuenta corriente, sino para adelantar su consumo o para acometer inversiones (es decir, la gente se endeuda para gastar el dinero en adquirir bienes de consumo, bienes de equipo, materias primas o trabajadores) y dado que los recursos no son infinitos, un crédito infinito sólo presionaría al alza los precios de todos los recursos, de modo que el efecto expulsión sobre una parte de los compradores a crédito seguiría operando: no vía tipos de interés pero sí vía precios. Por ello, por cierto, todo el crédito debería estar respaldado por ahorro: el poder adquisitivo que se transfiere vía crédito debe ir de la mano del poder adquisitivo al que se renuncia vía ahorro: en caso contrario, inflación.

Estando claro, pues, que un crédito infinito no nos conduce a unas disponibilidades infinitas de recursos y que, por tanto, el efecto crowding-out sigue vigente, ¿qué sucede cuando la oferta de crédito no aumenta y, sin embargo, la demanda del mismo por parte del sector privado sí se hunde? ¿Acaso el Estado no podría endeudarse sin desplazar con ello a la inversión privada?

En apariencia así es: en algunos casos, los tipos de interés pueden llegar a descender aun cuando la demanda estatal de crédito se dispara –como sucedió en casi todo el mundo durante 2009, por ejemplo–; pero cuando analizamos los hechos con algo más de detenimiento descubrimos que no, que el efecto expulsión sigue vigente también en esas circunstancias.

Primero, el sector privado puede no acceder al crédito porque él mismo sea renuente a endeudarse: durante las crisis, es habitual que los agentes económicos no encuentren oportunidades de inversión y, por tanto, rechacen endeudarse más. Sin embargo, el que los tipos de interés no aumenten cuando el Estado comience a endeudarse no significa que no existan potenciales demandantes de crédito dentro del sector privado que no estén siendo desplazados. Al cabo, si la administración no emitiera grandes cantidades de deuda, los tipos, lejos de mantenerse estables o de caer ligeramente, se reducirían de manera mucho más intensa, de modo que un mayor número de proyectos empresariales pasarían a ser rentables merced al menor coste de financiación. Dicho de otra manera, si los empresarios no conocen inversiones que proporcionen una rentabilidad superior al 4% anual, no demandarán crédito si los tipos de interés se ubican en el 5%, pero sí pasarán a hacerlo en caso de que caigan al 3% o al 2%.

Segundo, en caso de que el sector privado no acceda al crédito porque los bancos se encuentren demasiado descapitalizados como para arriesgarse a prestar a deudores moderadamente solventes (como las familias y empresas renqueantes), un aumento de la deuda pública deteriorará todavía más la solvencia del Estado y, a su vez, del sector bancario. En la medida en que la deuda pública suele ser una de las mayores inversiones de la banca, una degradación de su calidad erosionará la solvencia de las entidades financieras y, por tanto, su predisposición y capacidad para asumir mayores riesgos prestando al sector privado.

Y por último, supone un error pensar que toda la inversión que se acomete dentro de un país se financia a través del crédito. Una parte muy importante de la misma es, por el contrario, sufragada vía ahorro interno de cada empresa: o dicho de otro modo, aunque asumiéramos que, bajo ciertas circunstancias, el mayor endeudamiento público no afecta a las posibilidades de endeudamiento del sector privado (ya sea porque no demanda o no se le oferta crédito), podría suceder que los déficits públicos sí tuvieran una marcada influencia negativa sobre la inversión basada en el ahorro interno. ¿La tiene? Pues sí y por dos razones.

Por un lado, un aumento significativo de la deuda pública incrementa la probabilidad de que los impuestos aumenten en el futuro (o, al menos, de que no disminuyan). Dado que la predisposición a invertir en un proyecto empresarial depende de la rentabilidad después de impuestos que éste proporciona a lo largo de toda su vida útil, más pasivos estatales dan lugar a mayores reticencias a ahorrar y a inmovilizar el ahorro. En otras palabras, no es lo mismo plantearse invertir en una comunidad con una deuda pública equivalente al 120% de su PIB que en una con un 10%: en la primera los impuestos tenderán a subir o a mantenerse elevados mientras que en la segunda tenderán a bajar o a mantenerse reducidos.

Por otro, la deuda pública efectúa una competencia desleal y fraudulenta sobre el resto de usos alternativos del ahorro privado. Algunos ahorradores preferirán invertir en deuda pública antes que ejecutar planes de negocio menos rentables o más arriesgados. Por ejemplo, un empresario puede preferir invertir sus ahorros en deuda pública libre de riesgo al 5% antes que ampliar su negocio asumiendo importantes riesgos a cambio de una rentabilidad del 8%. Otros agentes, por su lado, optarán por invertir su capital en deuda pública antes que sanear su situación patrimonial: verbigracia, puede resultarles más rentable adquirir deuda pública al 5% que amortizar parte de sus enormes deudas por las que abonan unos intereses del 4%.

¿Es esto positivo desde un punto de vista económico? En absoluto. Recordemos que la deuda pública es sólo un instrumento para realizar transferencias cruzadas de renta: no genera riqueza, sino que se la rapiña a quienes sí la generan. En la medida en que los tipos de interés que abona la deuda pública contribuyen a posponer ora inversiones que sí generan riqueza ora el saneamiento de deudas que lastran la solvencia y la credibilidad de una economía, el saldo neto de la operación es claramente negativo: no sólo arrebata la riqueza a quienes la generan, sino que se incentiva el que otros no lleguen a generarla.

En definitiva, la emisión de deuda pública termina expulsando la inversión privada a lo largo de todas las fases del ciclo económico. No deberíamos caer en la trampa de pensar que los bajos tipos de interés constituyen una barra libre para el endeudamiento gubernamental: en especial porque, casi siempre, una de las mejores inversiones que podrá acometer un país será, precisamente, dejar de endeudarse.

Menos libertad en Internet

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Por desgracia, nada ha cambiado a mejor desde hace doce meses. Al contrario, la situación ha empeorado desde un punto que ya era pésimo. Son muchos los millones de seres humanos que no pueden disfrutar de un acceso a la red en libertad, y más de cien las personas que se han visto en prisión por oponerse en el ciberespacio a sus gobernantes. En la lista de gobiernos represores encontramos algo que también se repite de forma constante: está formada por dictaduras de signo comunista o que reprimen a poblaciones de mayoría musulmana.

En la primera de estas categoría entran desde tiranías que se mantienen en la máxima pureza de la hoz y el martillo, como Cuba o Corea del Norte, hasta otras que aunque no se definen como comunistas están más cerca de esta definición que de cualquier otra. Es el caso de Bielorrusia, país gobernado por un Alexander Lukashenko que recientemente decía de sí mismo que es mejor "ser un dictador que ser gay" . Aunque existen elecciones, en la última dictadura de Europa los tics de la época soviética siguen dominando la forma de ejercer el poder, y los opositores, en la red y fuera de ella, son reprimidos con dureza y muchas veces terminan en prisión.

Tampoco faltan los regímenes que han optado por una mezcla de comunismo político con ciertos niveles de apertura económica, como Vietnam, Birmania (gobernada por una junta de militares comunistas) o China. De este último país cabe destacar que es desde hace muchos años la mayor cárcel de internautas del mundo. En la actualidad, en el gigante asiático sufren penas de prisión 78 personas condenadas por el "delito" de expresarse a través de la red.

Entre las dictaduras musulmanas también hay variedad: suníes como Arabia Saudí y chiíes como Irán; teocráticas, como las dos anteriores, o laicas como Siria; del Golfo, como Bahréin, o del Asia Central como Uzbekistán y Turkmenistán; abiertamente anti occidentales, Irán y Siria de nuevo, o nominalmente aliadas de Europa y de EEUU, como la petro-monarquía más extensa de la Península Arábiga. A pesar de todas sus diferencias, comparten algo respecto a la red: cualquier represión es poca. Todo vale para impedir su normal desarrollo, desde la censura hasta la detención de internautas.

Las principales vícitmas de las tiranías que someten a las poblaciones de Arabia Saudí, Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Irán, Uzbekistán, Siria, Turkmenistán y Vietnam, Bahréin y Bielorrusia son sus ciudadanos, tanto los que se conectan (o quisieran hacerlos) como los que no. Pero también sufrimos los efectos de su represión quienes nos conectamos a internet en el resto del mundo. Se nos impide acceder a opiniones e informaciones independientes de esos países, así como comunicarnos con libertad con sus habitantes si es nuestro deseo. Nuestra libertad también está siendo restringida por esa colección de dictadores musulmanes y comunistas.

Ventanas rotas

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Pat Moyniham, cuando era asesor de Nixon en política interior, le dijo en una ocasión: "Señor presidente, James Q. Wilson es el hombre más inteligente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos debería prestar atención a lo que tiene que decir". Y dijo cosas muy relevantes antes de morir el segundo día de marzo, a los 80 años.
De Wilson destacaba, y no debiera haberlo hecho, su estudio cuidado y honrado a la realidad y a los datos. Pero en aquélla época en la que la intelectualidad estadounidense estaba más interesada en cambiar la sociedad que en entenderla, a quienes sometían las nuevas políticas de los 60’ al filtro de la razón y la realidad les llamaron neoconservadores. "Habría sido mejor que nos llamasen escépticos de la política", precisó años después.

Sus intereses eran amplios, pero siempre será recordado como el autor de la teoría de las ventanas rotas, junto con George L. Kelling. Ya saben. Si permanece un tiempo una ventana rota, dará la impresión de que a nadie le importa, y a no muy tardar, pronto habrá más, muchas más. Lo mismo ocurre con esos comportamientos que violan las normas de la convivencia, y que están a la vista de todos, todos los días. Diluyen el sentimiento de pertenencia a la comunidad, entronan la impunidad y extienden la conciencia de que todo vale. Le sigue una degradación de la vida ciudadana, abono de las flores podridas del crimen. Es curioso que James Q. Wilson, el empirista, se haya ganado la fama gracias a una idea que apela al carácter moral del hombre en sociedad, y que no es más que una intuición.

Rudy Giuliani y su comisario de Policía William Bratton siguieron estas ideas, y lograron que Nueva York dejase de inspirar películas de una ciudad en decadencia, como Saturday Night Fever o Taxi Driver. Personalmente, creo que el Estado es un mal sustituto de la fibra moral de una ciudad, que debiera ser suficiente para impedir según qué comportamientos. Pero es indudable que el sólo hecho de abandonar la idea de que el criminal viola la ley porque se lo mandan su raza o su clase social y reconocer que es una persona racional y entiende el juego del palo y la zanahoria ha sido suficiente para hacer que el crimen caiga a plomo.

Hoy volvemos a ver las ventanas rotas. No es que me disguste ver cómo el Estado demuestra ser una filfa, y se queda paralizado ante unos centenares de jóvenes que se saltan la ley para ocupar calles y plazas, o que recurren a la propaganda por el hecho, delictivo. Pero se benefician de un espacio de impunidad que les hemos permitido y que no les pertenece.

Pero, ¿cómo pueden ser tan ricos?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Cómo es posible que el dinero esté tan mal distribuido en el mundo? ¿Cómo es posible que unas pocas manos acumulen los recursos que podrían alimentar durante mucho tiempo a tanta gente?

Por ejemplo, si un señor tiene una fortuna de 40.000 millones de euros, es fácil echar cuentas y concluir que 40 millones de personas podrían recibir una asignación de 1.000 euros (o un millón de personas, las más desfavorecidas de un país, una compensación de 40.000 euros). ¡Y estamos hablando de redistribuir la riqueza de una sola persona! ¿Qué sucedería si tomáramos la riqueza de 100 ó 1.000 de estos superricos? Es normal que algunos incluso elucubren con la posibilidad de que, atacando solo algunos de estos patrimonios, pueda ponerse fin a la pobreza en el mundo.

El asunto, por supuesto, dista de ser tan simple. Estamos habituados a imaginarnos a los multimillonarios como personas con una inmensa cantidad de dinero en efectivo: algo así como un Tío Gilito al que le gusta zambullirse entre sus monedas de oro y billetes de banco. Sin embargo, el dinero en efectivo es sólo uno de los muy diversos activos que componen el patrimonio de un multimillonario; y en ocasiones, uno de los activos con una presencia más reducida.

El rico, salvo marginales excepciones, no es la persona que tiene mucho dinero, sino la persona que tiene muchos activos muy valiosos: acciones, bonos, inmuebles, locales comerciales, suelo, empresas no cotizadas, etc. Cuando se dice que un multimillonario posee una riqueza de 40.000 millones de euros, lo que en realidad se está afirmando es que el valor de mercado estimado de todos los activos que comprenden su patrimonio asciende a 40.000 millones de euros.

Pero, y esto es lo fundamental, el valor de mercado de un activo no subsume el valor de todos los bienes presentes que ya ha contribuido a producir, sino el de todos los bienes futuros que se espera que produzca. O dicho de otra manera, quien posee 40.000 millones de euros en activos no dispone de 40.000 millones de euros en bienes de consumo inmediatamente disponibles, sino la más o menos razonable expectativa de que sus propiedades generarán (o contribuirán a generar) en los próximos lustros unos bienes de consumo valorados hoy en 40.000 millones de euros. Verbigracia, si una tierra de labrar se vende por 100.000 euros no es porque vaya acompañada de un almacén adosado que contenga abundantes toneladas de trigo valoradas en 100.000 euros, sino porque se espera que esa tierra sirva a cultivar a lo largo de las próximas décadas una cierta cantidad de trigo cuyo valor presente es 100.000 euros.

Por consiguiente, si un archirrico quiere disponer de parte de su riqueza tendrá dos opciones. La primera y más razonable, si es que el tiempo no le apremia, es la de gastar año a año los rendimientos que percibe por esos activos (los beneficios distribuidos de sus compañías, los dividendos, los intereses, los alquileres, etc.). Conforme el tiempo pasa, los activos van fabricando una pequeña porción de aquellos bienes de consumo futuros que les daban valor en el pasado: y son justamente esos bienes de consumo los que sí pueden disfrutarse sin demasiadas complicaciones (aunque con ciertas limitaciones, pues parte de la renta periódica que proporcione un activo deberá destinarse a reponer, mantener y amortizar ese activo).

La segunda y más radical opción, si es que el tiempo le apremia, pasa por liquidar todo su patrimonio, pero aquí ya comienzan los problemas: el importe que previsiblemente obtendrá de una venta apresurada de una enorme cantidad de activos no será ni mucho menos tan alto que si sólo tuviera que vender una pequeña porción. Al cabo, para colocar a buen precio todos sus activos, será necesario encontrar a suficientes ahorradores que, primero, dispongan de cuantiosos ahorros en efectivo que, segundo, deseen utilizar en la adquisición de esos activos. ¿Sencillo? Ni mucho menos. Para empezar, el canje de efectivo por activos no constituye ni mucho menos una decisión automática: quien tiene efectivo no se encuentra sometido a ningún riesgo y puede gastarlo en cualquier momento ya sea en consumir o en invertir; quien posee un activo, en cambio, tendrá que soportar los riesgos inherentes a la inversión, esperar a que le vaya proporcionando una renta con el paso del tiempo y verse en el brete de tener que liquidarlo si es que necesita hacer frente a un imprevisto.

Pero además, el volumen de ahorros en forma de bienes de consumo intercambiables no es tan abundante como para absorber cualquier oferta de activos. Por ejemplo, el valor de mercado de todas las bolsas en 2011 alcanzó los 45 billones de dólares, mientras que el PIB mundial –el valor de todos los bienes y servicios producidos– se situó en 65 billones. Teniendo en cuenta que alrededor del 70% del PIB consistirán en bienes de consumo (45 billones), el máximo importe que podrían aspirar a consumir los accionistas de empresas cotizadas equivaldría a 45 billones de dólares, y ello bajo el muy restrictivo supuesto que toda la población mundial decidiese no consumir nada durante ese ejercicio y que los propietarios de otros activos (inmuebles, empresas no cotizadas, bonos, etc.) no decidieran liquidarlos al mismo tiempo para adquirir bienes de consumo.

Y precisamente aquí se encuentra la razón de por qué la redistribución de la riqueza de los archimillonarios no serviría en absoluto para erradicar la pobreza en el mundo. Por un lado, porque si lo que queremos es elevar la calidad de vida actual de los más desfavorecidos (esto es, elevar su consumo), ya sabemos que los valiosos activos de los ricos no se pueden comer ni trocar por grandes cantidades en bienes de consumo en el presente. Si, por otro, nuestro objetivo es convertir a los más desfavorecidos en rentistas (propietarios de activos que proporcionen una renta periódica), lo que debemos tener presente es que esos activos monitorizan y son parte integral de todos los procesos productivos de una economía.

Sería una completa ficción el pensar que la productividad de una economía puede mantenerse con independencia de quien controle (y tenga una capacidad de decisión última) las empresas, los inmuebles o las materias primas de esa economía. Alterar políticamente la estructura patrimonial de una sociedad va aparejado a mutar las estructuras financieras y productivas de prácticamente todas las compañías, lo que repercutirá en su capacidad para producir bienes y servicios valiosos.

Por ejemplo, si les arrebatamos el control de Google a Sergei Brin y Larry Page para entregárselo a millones de personas repartidas por todo el mundo, es bastante probable que alguno de los siguientes escenarios (o todos ellos) se materializaran: Google perdería la visión estratégica de sus fundadores que es la que lo ha hecho grande; los accionistas minoritarios se unirían para reclamar una mayor remuneración en perjuicio no ya de la capacidad de la empresa para crecer y seguir generando riqueza, sino incluso de la capacidad de la empresa para reponer su equipo de capital actual; la dirección de Google lo tendría más fácil para no ser fiscalizada por millones de dispersos accionistas y podría asignarse sueldos mucho mayores; y la visión desorientada de la compañía la llevaría a perder cuota de mercado y a sucumbir ante sus mejor gestionados competidores.

Imaginen este devastador proceso pero a escala generalizada. No: ni podemos comernos los activosen el presente ni tampoco redistribuirlos de manera arbitraria sin afectar a la comida disponible en el futuro. Sí: hay algunos individuos que son tremendamente ricos, pero si no han recibido ningún favor gubernamental, lo son en la medida en que han generado muchísimo valor para millones de consumidores. Si lo que queremos es que haya más ricos en una comunidad, lo que necesitamos no es perseguir la acumulación de capital, sino facilitarla tanto como sea posible (reducir impuestos y regulaciones). Recuerde: el que haya muchos ricos no le dificulta a usted la labor de hacerse rico; al contrario, se la facilita enormemente.

Público y notorio

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Deja en el paro a 160 profesionales, que tendrán que buscarse la vida en un momento de crisis económica a la que se suma una lacerante crisis del sector. Muchos son los que han mostrado solidaridad con ellos, y yo lo hago desde aquí como ya lo he hecho por otros medios. 

Hay un canto fúnebre que se repite en estas ocasiones. Una fúnebre cantinela, más valdría decir, por lo que tiene de recurso fácil y poco reflexivo. Es la que dice que con el cierre de un diario se pierde pluralidad. Es cierto que se pierde una plataforma para la expresión de una corriente de opinión. También se dice que con la muerte de un periódico merma la libertad en España, como si la libertad se midiese en el número de cabeceras. Roures siempre tuvo la libertad de crear su periódico, de cerrarlo y la de mantenerlo: Nadie le impide perder millones a esgalla y mantener la edición diaria del periódico. Si no quiere perder más dinero es sólo porque no le da la gana.

Pero hemos perdido algo importante. En un momento en que el Gobierno tiene más poder que nunca  respecto de los medios de comunicación, Público habría podido desvelar alguna información incómoda para el Gobierno, hubiera sido una vía para que cayese alguna filtración desde las grietas del poder. Bien, no es el único periódico dispuesto a hacerlo, pero eso no quiere decir que no hayamos perdido nada.

Sólo que, en realidad, Público no hacía periodismo contra el poder. Todo su relato contestatario contrasta brutalmente con el hecho de que fue concebido, creado, mantenido, por y para el poder. Y en cuanto éste se ha perdido, el diario ha perdido su razón de ser. Público era como esos periódicos sapos del siglo XIX, aferrados al poder y dependientes de él. El propio Roures lo ha reconocido al decir que su proyecto, creado en 2007, tenía un plazo de cinco años. Los que le quedaban a Zapatero, en principio, en el Gobierno.

Era público y notorio que era el periódico de Zapatero y su entorno. Era público y notorio que no había dictadura de izquierdas, actual o pasada, que no encontrase una palabra amable, un gesto de reconocimiento, de aliento, de esperanza, en este periódico. Era público y notorio que despreciaban la sociedad libre y próspera que les permitió existir. Era público y notorio que el diario destilaba odio, un odio sincero, desenvuelto, descarado, hacia media España. Era público y notorio que algunos de los periodistas que lamentamos su pérdida no tendríamos la oportunidad de mostrarlo si sus ideas, esa amalgama compuesta por los restos del socialismo real, triunfasen en España. Pero Público nunca podría haber llegado tan lejos.